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La violencia contra los periodistas en Colombia ha sido, históricamente, producto de la acción de grupos armados ilegales y de estructuras asociadas al tráfico de drogas, pero hoy en día, se ha tornado en un fenómeno más complejo y diversificado.
Ha habido una difícil transición entre la mordaza de las armas y la de las decisiones judiciales, a las amenazas en redes sociales, al acoso judicial, a las campañas de estigmatización y otros métodos, que aunque no siempre están relacionados directamente con la dinámica del conflicto armado, logran restringir e imposibilitar el ejercicio periodístico.
La Presidenta de la Federación Colombiana de Periodistas (FECOLPER), Adriana Hurtado, en el marco del Día del Periodista, que se celebra por Ley cada 4 de agosto, alertó, a través de www.ecospoliticos.com sobre cuatro nuevas situaciones problemáticas contra los periodistas, que deben integrarse a la Agenda de Seguridad del Nuevo Gobierno y a la vez exhorta, a las autoridades a que se investiguen los últimos asesinatos contra trabajadores de medios de comunicación.
1.- ¿Amenazas virtuales o reales?
Desde 2015, Fecolper ha documentado el aumento progresivo de las amenazas contra periodistas. En el 2018 se ha registrado un número alarmante de amenazas desde las redes sociales, como Facebook y Twitter, que no puede ser reducido a la existencia de “reacciones agresivas de inconformes” frente a las temáticas que se informan o investigan, sino que obligan al Estado a revisar con seriedad las motivaciones, medios y responsables detrás de los mensajes amenazantes.
La intimidación, el acoso y las amenazas a través de redes sociales se han convertido en un modus operandi que no sólo busca amedrentar al periodista, sino que constituye el “aviso” de agresiones directas contra su vida e integridad que tienen capacidad de materializarse.
Fecolper ha conocido casos en los que las amenazas por redes han escalado a seguimientos, intimidaciones físicas e incluso el exilio de periodistas, sin que la Unidad Nacional de Protección (UNP) y la Fiscalía General de la Nación haya siempre iniciado medidas efectivas para investigar los hechos y proteger a las víctimas.
Urge que el Estado desarrolle acciones de investigación oportunas, calificadas y efectivas que impidan que la impunidad allane el camino para la continuidad de este método de intimidación a los periodistas. La inoperancia de la Fiscalía General de la Nación frente a las amenazas virtuales, deja en evidencia que no se cuenta con las herramientas técnicas e informáticas necesarias para identificar a los responsables de las amenazas virtuales. Así lo ha reconocido la propia entidad.
¿Temas vetados?
Aun cuando no existen en Colombia vetos explícitos al ejercicio periodístico, es posible identificar en el país temas sobre los cuales operan restricciones especialmente relacionadas con presiones e intereses de estructuras de poder y control territorial de grupos armados, cuyo cubrimiento generalmente representa un riesgo para la vida de los periodistas.
En muchas de estas restricciones o formas de censura intervienen de forma directa funcionarios públicos, especialmente quienes ejercen cargos políticos o de elección popular y la Fuerza Pública.
Cada vez que se impide a un periodista el cubrimiento de una audiencia judicial, se restringe el acceso a la información sobre asuntos de interés nacional como el manejo de los dineros públicos, se le intimida por el ejercicio de su oficio buscando que se retire información publicada o se prohíbe investigar temas relacionados con la administración pública, se estrecha la libertad de prensa y, por ende, la Democracia.
En 2018 ha quedado en evidencia que el cubrimiento de temas judiciales, de medio ambiente, corrupción, economías ilegales (micro-tráfico, tráfico, minería), control territorial de estructuras armadas ilegales y los posibles vínculos de estas con elites de poder local y regional todavía representa riesgos a los periodistas, especialmente para quienes ejercen su labor en los territorios y regiones.
Además de los temas “vetados” o de riesgoso cubrimiento, Fecolper también ha conocido que, en algunas regiones de los Departamentos de Caquetá y Norte de Santander, se está restringiendo el acceso de los periodistas al territorio, al tiempo que se prohíbe a sus pobladores la entrega de información, lo que constituye una censura programada y generalizada que impide informar a la sociedad sobre asuntos de su interés.
¿Búsqueda de justicia o acoso judicial?
El uso de mecanismos o acciones judiciales como estrategia para censurar la actividad periodística se enmarca en la reconfiguración de las formas de violencia contra la Libertad de Prensa en el país que ha tenido lugar en los últimos años y que registra un aumento sostenido de casos en los que particulares, políticos y funcionarios públicos abusan del derecho a la rectificación con el fin de censurar el libre ejercicio periodístico.
Uno de los casos más recientes se registró al cierre del primer semestre del año con el fallo del Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Medellín que obligaba a Noticias Uno a un imposible: la rectificación de una noticia cierta y su retiro de la página web. Esta decisión va en contravía del propósito de la rectificación, que no procede cuando la información publicada es veraz. Así también se han documentado casos contra medios de comunicación en Santander y Huila.
Para Fecolper es grave el desconocimiento de los fiscales y jueces de los estándares internacionales y constitucionales de protección a la libertad de prensa en el tratamiento de este tipo de casos.
Para que se configure el acoso judicial no es necesario llegar a una condena, sino que basta con someter al periodista a un proceso judicial desgastante y engorroso que no sólo afecta la credibilidad, sino que además genera costos emocionales, económicos y laborales que afectan el ejercicio del oficio.
2.- Protección riesgosa
Fecolper alertó desde 2015 sobre las fallas en el modelo de protección a periodistas en situación de riesgo a cargo de la Unidad Nacional de Protección (UNP), referidas al déficit presupuestal de la entidad, limitaciones en la evaluación de los riesgos específicos de la actividad periodística, morosidad en los trámites y la toma de decisiones sobre esquemas de protección y los retrasos injustificados en la implementación de los mismos.
También se alertó sobre los riesgos de la tercerización de los servicios de seguridad con empresas privadas o uniones temporales sin que la UNP cuente con mecanismos de seguimiento que permitan asegurar la idoneidad de los escoltas y la eficacia de la protección.
Este vacío se conecta con denuncias e informes periodísticos sobre infiltración de personas como escoltas en los esquemas de protección, que podrían estar relacionadas con investigaciones sensibles de periodistas en riesgo en Colombia, comprometiendo la responsabilidad directa de la UNP en el aumento de la situación de inseguridad y en vulneración a la libertad de prensa, a quienes, debido a graves amenazas contra sus vidas, se ven obligados a recurrir a la protección del Estado.
Finalmente, es importante insistir en la necesidad que la Fiscalía General de la Nación acelere los procesos de investigación sobre agresiones a la libertad de prensa como medida para enfrentar los altos niveles de impunidad, que se traduce en un estímulo para la continuidad de la violencia contra los periodistas.
Las reformas, ajustes institucionales y creación de nuevas estrategias de protección en el marco de la implementación del Acuerdo de Paz deben considerar de forma diferenciada los riesgos y necesidades de protección de los periodistas locales y regionales.
3.- Precariedad del empleo periodístico
¿De qué manera influyen las condiciones laborales de los periodistas en la calidad e independencia de la información que producen? Las malas condiciones laborales de los periodistas en Colombia es uno de los factores que afecta la Libertad de Prensa e incide en la decisión de muchos periodistas de abandonar la profesión o cambiar de oficio.
En Colombia, los periodistas generalmente no cuentan con estabilidad laboral, ni garantías de seguridad social: se ven sometidos a la rotación permanente de personal en los medios, extensas jornadas laborales sin reconocimiento de horas extras, despidos masivos y, en muchos casos, a la venta de pauta publicitaria como forma de asegurar sus ingresos. Sumado a esto, las mujeres periodistas enfrentan condiciones laborales más difíciles que las de sus pares, muchas se ven obligadas a dejar de trabajar en cuanto forman una familia, sus ingresos en ocasiones son más bajos y están expuestas al acoso laboral e incluso sexual por parte de sus compañeros, jefes de trabajo y de hombres asignados a sus esquemas de protección.
En los últimos años se han conocido varios casos de despidos sin justa causa aparente o despidos masivos de periodistas en distintos medios de comunicación, sin que haya sido posible hacer una verificación del debido proceso.
Esta realidad se refleja en restricciones a la independencia periodística, especialmente en las regiones del país. Las presiones de anunciantes, de la misma empresa periodística y de diversos factores económicos, permiten afirmar que no están dadas las condiciones necesarias para un pleno desarrollo de la calidad informativa.
La inexistencia de bases de datos oficiales sobre el gremio periodístico y el subregistro de denuncias sobre afectaciones laborales, hace difícil el seguimiento a este tipo de casos. Se ha naturalizado esta “forma de funcionamiento” del oficio, tanto así que en muchos casos los periodistas optan por no denunciar o impulsar procesos legales para la protección de sus derechos por miedo a ser vetados en otros medios o empresas periodísticas.
Fecolper insiste en el impulso de una Mesa de Concertación con participación del Ministerio del Trabajo, las empresas periodísticas, los medios de comunicación y organizaciones gremiales de base, que permita dialogar y construir consensos sobre la garantía y protección de los derechos laborales de los y las periodistas, que redunde en un ejercicio periodístico más libre.
4.- Inexistencia de una Política Pública para la Libertad de Prensa.
El Gobierno de Juan Manuel Santos cerró su periodo sin la formulación de la “Política Pública para garantizar el derecho a la libertad de expresión de las personas que ejercen la actividad periodística en Colombia” a cargo del Ministerio del Interior y el Proceso de Reparación Colectiva a Periodistas a cargo de la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas.
Desde FECOLPER se hace un llamado a dar continuidad a estos procesos de concertación y construcción interinstituicional iniciados en 2012. Es central para el gremio culminar de forma exitosa estos procesos, en los cuales se han focalizado esfuerzos, propuestas y recursos por parte de las distintas organizaciones de la sociedad civil, universidades y organizaciones gremiales que han participado durante más de 4 años.
En el mismo sentido, sobre el proceso de reparación colectiva a periodistas, es fundamental que se finalice la fase de diagnóstico del daño para avanzar en la formulación del Plan Integral de Reparación Colectiva, con claridades sobre el alcance efectivo de las medidas que se consignen. No puede perderse el camino andado, ni lo construido por los distintos actores que han participado de estos procesos.
FECOLPER invita al nuevo gobierno de Iván Duque Márquez y a su gabinete a entablar un proceso de diálogo abierto con el gremio periodístico que permita concertar una agenda de trabajo, construir alternativas de solución y consolidar sinergias para su efectiva implementación.
Bogotá, 3 de agosto de 2018.-
Por Luis Fernando García Forero.
Fuente: FECOLPER.
Los relatores especiales para la libertad de expresión de las Naciones Unidas (ONU) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), David Kaye y Edison Lanza, respectivamente, condenaron los "repetidos ataques" del Presidente de EE.UU., Donald Trump, a la libertad de prensa y le instaron a cesarlos.
"Sus ataques son estratégicos, diseñados para socavar la confianza en el periodismo y para generar dudas sobre hechos verificables", señalaron en un comunicado conjunto los dos expertos.
El Presidente de EE.UU. ha dicho que los medios de comunicación son "enemigos de los estadounidenses" y "muy deshonestos", y les acusa a menudo de difundir noticias falsas, de distorsionar la Democracia y de publicar teorías de la conspiración, recordaron Kaye y Lanza.
"Estos ataques son contrarios a las obligaciones del país de respetar la libertad de prensa y el derecho internacional de DD.HH.", recalcaron los relatores, que expresaron su temor a que los periodistas puedan sufrir actos de violencia por los comentarios negativos hacia ellos proferidos por Trump.
Kaye y Lanza expresaron que el presidente estadounidense y otros funcionarios de su administración han pretendido "socavar" el periodismo que ha descubierto casos de fraude, abusos y eventuales comportamientos ilegales, así como fomentar la desinformación.
"Cada vez que el presidente llama a los medios el enemigo de los ciudadanos o no permite preguntas de periodistas de corporaciones mediáticas que él detesta, sugiere que existen motivaciones malvadas o una inquina hacia él" por parte de la prensa, indicaron.
A su juicio, es esencial que el Gobierno Estadounidense "promueva el papel de una prensa vibrante que haga frente a la rampante desinformación". "Por ello instamos al Presidente Trump a no solamente cesar de utilizar su plataforma (como mandatario) para denigrar a los medios, sino que también condene los ataques contra ellos, como las amenazas dirigidas a la prensa en sus propios mítines" políticos, afirmaron.
También exhortaron al gobierno estadounidense, incluido al Departamento de Justicia, a evitar promover casos contra periodistas para identificar fuentes confidenciales, algo que socava la independencia de los medios y la capacidad de la opinión pública a tener acceso a la información.
EE.UU., señalan Kaye y Lanza, debe dejar además de recurrir a la ley contra el espionaje para evitar filtraciones de denunciantes que se mantienen en secreto.
Por último, solicitaron a todos los periodistas a actuar en solidaridad para contrarrestar "los esfuerzos del Presidente Trump de dar prioridad a unos medios por encima de otros".
San José de Costa Rica, 3 de agosto de 2018.-
Por Felicia Saturno Hartt.
A escasos días de dejar la jefatura de estado, el Presidente Juan Manuel Santos, se fue en contra de su homologo de Venezuela Nicolás Maduro por considerar que su políticas acrecientan cada día la crisis social y humanitaria que viven “nuestros hermanos del vecino país”.
“Quiero reiterar nuestra condena a las acciones del régimen venezolano que ha generado esta crisis humanitaria, estos problemas no son solamente en Colombia, ya los demás países de América Latina están sufriendo estas consecuencias”, dijo el Jefe de Estado colombiano.
Durante la firma del decreto que beneficia a personas inscritas en el registro administrativo de migrantes venezolanos y colombianos retornados, el Presidente Santos fue contundente en señalar que el Gobierno venezolano es un régimen que no escucha y menos actúa, "está en un estado de negación total” y agregó que “así como condenamos ese régimen, somos generosos con nuestros hermanos venezolanos, que sufren las consecuencias de las decisiones del Gobierno de Maduro”.
Destacó que la comunidad mundial está aterrada con “lo que día a día está sucediendo en Venezuela (...) un país tan rico, con las reservas más grandes de petróleo del mundo entero y una población que se está muriendo de hambre y de enfermedades por falta de medicamentos”.
Bogotá, D. C, 2 de agosto de 2018.
Redacción Ecos Nacional
Vuelve al ruedo político el ex candidato presidencial Germán Vargas Lleras. Una reunión liderada por el ex vicepresidente de la República del Gobierno Santos, con 6 senadores, podría ser el camino definitivo para establecer las mayorías en el Congreso, o al contrario, fortalecer la oposición, lo que pondría en peligro que el Gobierno, que se posesiona este 7 de agosto, consolide sus fuerzas que le permitan hacer realidad sus proyectos y reformas.
Los seis senadores de la Comisión Primera de la Cámara Alta: Roy Barreras, Armando Benedetti y Rossovelt Rodríguez del Partido de la U y Temístocles Ortega, Germán Varón Cotrino y Rodrigo Lara, de Cambio Radical, se convirtieron en los alfiles clave del futuro político de Duque y el éxito o fracaso de la agenda legislativa gubernamental.
Orientados por el ex presidente del Congreso Germán Vargas Lleras, la posición que asuman los seis congresistas de las dos bancadas, será definitivo porque podrían sumarse a la oposición, hacer coalición con el Gobierno o se convierten en una fuerza independiente, pero dejando en claro que es prioritario defender el Acuerdo de Paz.
Dicho encuentro fue informado ante la opinión por Gerardo Aristizabal de CMY, quien al hablar con los protagonistas logró establecer que los seis alfiles del juego democrático de la Comisión Primera, no van a permitir aprobar proyectos que de una otra manera retrocedan la continuidad del camino del posconflicto, defensa y protección de las víctimas de la violencia en Colombia. Un hecho político determinante y que está al mando de Vargas Lleras, toda vez que se convierte en el escudero en la sombra en defensa del capital político más importante del Presidente saliente Juan Manuel Santos: la paz y el desarrollo del posconflicto.
Simple y llanamente el tema es de números: si los seis senadores de Cambio Radical y de la U se suman a los cinco de la oposición, en la Comisión Primera de la corporación, consolidan la fuerza mayoritaria en dicha célula legislativa y pondrían en jaque la agenda legislativa del nuevo Gobierno.
Bogotá, D. C, 2 de agosto de 2018
Por Luis Fernando García Forero
Durante todo ese tiempo se registraron 262.197 víctimas fatales, donde 46.813 fueron combatientes, 215.005 civiles y de las restantes, 379, no se encontró información, según el resultado de una investigación del Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica, que recibió testimonios de 13.160 desmovilizados y que están compilados en 330.000 documentos de derechos humanos.
El documento que fue entregado por el Centro Nacional de Memoria Histórica a la Comisión de la Verdad, a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, en 10 informes, destaca las impresionantes cifras del absurdo conflicto armado que vivió el país en seis décadas.
Las 80 investigaciones establecen que por masacres murieron 24.518 compatriotas, 80.514 personas cayeron víctimas de la desaparición forzada y fueron mártires del secuestro 37.094 personas, mientras que 15.687 sufrieron la violencia sexual. En total, 353.531 hechos relacionados con diferentes crímenes cometidos en el marco del conflicto, han sido documentados por la Institución.
El documento recoge el resultado de investigaciones desde el 2011, al igual que el trabajo realizado por el Grupo de Memoria Histórica que nació en el 2008 con la Ley de Justicia y Paz; en el marco del evento “La función transformadora de la memoria en tiempos de transición: entrega de Balances y Observatorio al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición”.
En el informe se reportan los resultados del Observatorio de Memoria y Conflicto sobre lo ocurrido en el conflicto armado entre 1958 y julio del 2018. "Hemos documentado 353.351 hechos de violencia, 262.197 colombianos murieron en el conflicto armado. Algo que permite replantear y hacer pensar un poco lo que significa y lo que se está en juego con la paz. 80.514 desaparecidos, 37 mil secuestrados, 18 mil niños víctimas de reclutamiento forzado. 400.400 masacres perpetradas en el conflicto con 25 mil muertos. La cifra más aterradora quizás, los 180 mil asesinatos selectivos y más de 15 mil víctimas de violencia sexual", sostuvo el director del Observatorio del Centro, Andrés Suárez.
La Presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz, Patricia Linares, fue contundente en señalar que dicho informe con las cifras de víctimas “es uno de los insumos más importantes para la reconstrucción de la verdad judicial que nos corresponde".
Bogotá, D. C, 2 de agosto de 2018
Por Luis Fernando García Forero.
Fuente: Informe del Centro Nacional de Memoria Histórica, 2 de agosto de 2018.
En octubre de 2016, este abogado y geólogo, Orlando Velandia Sepúlveda, asumió la Presidencia de la ANH. Fue la época más dura de la crisis por los más bajos precios del crudo de los últimos 30 años. Fue necesario generar mecanismos para que la producción no decreciera. Las empresas del sector los acogieron, la actividad exploratoria se recuperó y hoy el país aumentó la producción diaria de crudo a 850.000 barriles. Las reservas de petróleo ahora son de 5.7 años y en gas 11.5 años. El directivo detalla cómo lo hizo.
¿Qué pasaba en el sector en 2016, cuando tomó posesión de este cargo?
Llegué y el país y el mundo estaban viviendo quizás la mayor crisis de precios de los últimos años. La actividad exploratoria estaba cayendo y las cifras eran preocupantes, porque cuando los precios están bajos, las compañías no están buscando petróleo, y si las compañías no buscan petróleo no tiene sentido que salgamos a ofertar, sería una torpeza fiscal.
Ante ese panorama, la tarea de la ANH consistió principalmente en garantizar que Colombia tuviera combustible. Tener combustible se traduce en el gas en los hogares, la gasolina en los vehículos y poder llevarles a muchos de los campesinos los cilindros de gas que requieren. Pero para garantizarlo necesitamos dos cosas: primero, que estemos produciendo lo que las refinerías exigen, y segundo, que produzcamos las acciones necesarias para reponer las reservas que se van consumiendo
¿Qué medidas tomaron?
Desarrollamos varias acciones. La primera consistió en que las compañías no nos entregaran los contratos por la caída de precios. Para ello adoptamos unas medidas para flexibilizar los términos de los contratos y así garantizar que se quedaran en Colombia y que las inversiones no se perdieran, sino que las pudiéramos materializar de cara a un futuro mejoramiento en los precios.
La segunda era mantener los niveles de producción para llevar el crudo a las refinerías y al mismo tiempo generar los excedentes de exportación necesarios para tener una balanza comercial adecuada. Las dos tareas las logramos: las compañías se quedaron y se mantuvieron los compromisos de inversiones por más de US$1.200 millones, y esas inversiones son las que ya se están empezando a ejecutar, específicamente en el año pasado.
Las crisis permiten replantearse. ¿Pasó lo mismo en este caso?
Sí. Aprovechamos ese momento para repensar la competitividad del sector. ¿Qué tan competitivos somos a nivel mundial y dónde pueden estar los reparos al esquema contractual? Para ofrecer a futuro elementos a tono con las necesidades del mundo. Este sector se dinamiza permanentemente, es un negocio de compradores, y los compradores son las compañías que, dependiendo de cómo están las relaciones del mercado, van a buscar en cada país la mejor opción para invertir. Miran dónde es más fácil celebrar un contrato y dónde encuentran más facilidades de infraestructura y de servicios y donde ofrecen mejores condiciones contractuales.
La ANH había contratado un estudio de competitividad en el 2014 y muchos de los elementos que estaban plasmados en él los retomamos, rediseñamos el esquema contractual y hoy tenemos un panorama mucho más competitivo desde el punto de vista de obligaciones contractuales. Dos tareas que teníamos que hacer para administrar la crisis y una para prepararnos hacia el futuro.
La recuperación del sector empezó en el 2017. Hablemos de las cifras.
Comenzamos este gobierno con un nivel de producción cercano a los 769.000 barriles diarios y el crudo a US$80. Tuvimos que enfrentar la más dura crisis de precios y, con todo, logramos producir 100.000 barriles más en medio de ese panorama, de tal forma que llegamos a 2017 con cerca de 855.000 barriles de producción diaria, con el crudo a US$42. Si no hubiésemos administrado esa coyuntura de forma adecuada, nuestra producción se hubiese caído por debajo de los 700.000 barriles, que sería una cifra muy difícil de manejar.
Nuestro nivel óptimo es estar por encima de los 850.000 barriles. Creo que lo hemos logrado en 2015, 2016 y 2017.
¿Qué pasó con el número de pozos y de taladros en ese momento?
Pasamos de 21 en 2016 a 59 pozos en 2017. Y de tener 27 taladros en campo operando pasamos a más de 120 el año pasado. Por eso, lo peor que hubiera podido pasar es que nos hubiera cogido la recuperación de precios de 2017 sin contratos.
¿Cuál es la técnica que han usado para la extracción durante estos años?
En Colombia no producimos un barril de petróleo en yacimientos no convencionales y, por ende, no producimos petróleo con la técnica del fracking. Estamos en la fase de conocer cuáles son nuestros potenciales y evaluar si existen o no. Hay que darle tranquilidad a la gente de que en Colombia no se está haciendo fracking, que es la tecnología de extracción cuando el hidrocarburo se queda atrapado en la roca generadora.
Usted hablaba de la importancia de estar a la vanguardia en el mundo. Actualmente, ¿cuántas empresas extranjeras están instaladas en Colombia?
La mayoría de las compañías son de capital extranjero. Son 131 empresas con contratos vigentes según lo que está en el SSCH, a esas empresas se le restan 28 que confirmado con la Cámara de Comercio son 100% colombianas, para un total de 28 colombianas y 103 extranjeras.
¿De cuánto fue la inversión extranjera este año?
En el año crítico (2016) tuvimos cifras de US$2.900 millones de inversión extranjera. El año pasado subimos a US$3.400 millones, y este año vamos a estar entre US$4.200 millones y US$4.500 millones al final. Eso muestra el nivel de cambio del comportamiento. Yo aspiraría a que lleguemos muy rápido al orden de los US$6.000 millones de inversión en el sector, para lograr los niveles de actividad exploratoria que nos permitan mantener la producción y aumentar la autosuficiencia petrolera.
¿Cuántos empleos genera la industria actualmente?
Tenemos un estimativo de aproximadamente 100.000 empleos directos, y por cada empleo directo se generan cuatro indirectos. Así mismo hay que tener en cuenta que cerca del 50 % de la inversión social regional es financiado por las regalías derivadas del petróleo, todos esos empleos que generan la construcción de esas obras no se han contado.
¿Cuáles son las tareas para los próximos años?
Afortunadamente supimos administrar bien la crisis, pero hay que seguir trabajando en el relacionamiento con las comunidades, generar una mayor articulación institucional entre todas las entidades que tienen que ver con el desarrollo, autoridades ambientales, regionales y, obviamente, las del sector minero-energético.
Bogotá, 1 de agosto de 2018.-
Fuente: Diario El Espectador.
El Consejo de Seguridad de la ONU está preocupado por la inseguridad, el tráfico de drogas y la violencia en algunas áreas de Colombia, afectadas por el conflicto y ha reafirmado su compromiso de seguir trabajando con el país sudamericano en el cumplimiento de los Acuerdos de Paz.
Por ese motivo, insta al Gobierno y a todos los responsables de la seguridad y de las instituciones civiles a “redoblar los esfuerzos en la expansión de su presencia en tales áreas, reforzando las medidas de protección”. Además, pide que se lleve ante a la justicia a los responsables de la violencia.
En este sentido, los quince miembros del máximo órgano de decisión de la ONU celebran el Pacto Nacional firmado por el Presidente Juan Manuel Santos y el Presidente electo Iván Duque para rechazar la violencia.
“Los miembros del Consejo de Seguridad reiteran la importancia de la completa reincorporación política, legal y socioeconómica de los antiguos miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo FARC-EP”, se expresa contundentemente en la declaración.
Los miembros del Consejo de Seguridad reiteran la importancia de la completa reincorporación política, legal y socioeconómica de los antiguos miembros de las FARC-EP.
Además, el Consejo reafirma su compromiso de continuar trabajando con Colombia en el cumplimiento de los acuerdos de paz “para asegurar una paz duradera en los meses y años venideros”.
Para lograrlo, destacan “la urgencia de llevar la seguridad, el estado de derecho y el desarrollo a las áreas afectadas por el conflicto a través de una extensión de la presencia del Estado” y celebran “el compromiso del presidente electo Duque de promover la unidad y superar la polarización”.
El Consejo expresa la importancia de que el proceso de paz en Colombia continúe siendo una fuente de inspiración en los esfuerzos en muchas partes del mundo por acabar con los conflictos y construir la paz.
Nueva York, 1 de agosto de 2018.-
Por Felicia Saturno Hartt.
El Presidente Juan Manuel Santos inauguró el viaducto más extenso de Colombia, ubicado sobre la Ciénaga de La Virgen, que conectará de manera eficiente a Barranquilla y Cartagena y constituye en una de las obras más emblemáticas de la Cuarta Generación de nuevas autopistas.
La mega obra tiene 5,4 kilómetros y $650.000 millones en inversiones, conecta a Barranquilla y Cartagena de la Costa Caribe, al tiempo que reduce los tiempos de recorrido en un 50% y protege uno de los cuerpos de agua más grandes del país.
Se trata de la tercera obra de su tipo más extensa de América Latina, la cual hace parte del proyecto Cartagena-Barranquilla y Circunvalar de la Prosperidad, a cargo del consorcio son Mario Huertas Cotes (MECO) Colpatria y Castro Tcherassi, concesionada por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).
“Esta obra es algo que nos debe llenar de orgullo a todos los colombianos. E entregó meses antes de lo previsto y costó lo que dijeron que iba a costar y eso muestra seriedad, buena estructuración que las cosas se pueden hacer bien y con más rapidez y eficiencia”, dijo el Presidente Santos.
El llamado 'Viaducto de la Paz', en cuya construcción no se vació a la Ciénaga de La Virgen ni una gota de cemento, operará con dos carriles en sentido Cartagena – Barranquilla, los dos carriles de la calzada existente pasaran a operar en sentido Barranquilla – Cartagena y la calzada de servicio para el ingreso a la zona residencial y hotelera se habilita en doble sentido, permitiendo mantener la movilidad del sector, sin interferir con el ingreso al centro de la ciudad.
El Viaducto también ayudará a preservar la zona de manglares y minimizar la ocupación en la Ciénaga, por lo cual el Concesionario implementó un novedoso método constructivo denominado Top Down, que priorizó el componente ambiental y respetando la naturaleza, al evitar la necesidad de dragado y la construcción de vías de acceso temporales.
Los elementos estructurales pilotes, cabezales y vigas están hechos en prefabricados de hormigón y fueron instalados utilizando un equipo especial de montaje llamado Viga Lanzadora diseñado para este tipo de construcción, el cual no requiere acceso desde el suelo y se desplaza sobre el Viaducto.
Ciénaga de la Virgen, 31 de julio de 2018.
Por Redacción Ecos.
Los nuevos Ministros que se posesionan el 7 de agosto, después que el Presidente electo, Iván Duque Márquez, jure ante el Presidente del Congreso cumplir con la constitución y la ley, para regir los destinos de la Nación, tienen según el nuevo mandatario de los colombianos, todas las condiciones y experiencia para sacar adelante las propuestas gubernamentales, pero están lejos de conocer verdaderamente los problemas sustanciales de las regiones y localidades de Colombia, en pleno camino de un posconflicto donde se necesita que el estado vuelva a asumir la presencia de la administración nacional, que fue olvidada y dio origen, de una u otra manera, al conflicto armado durante décadas.
Nadie niega las calidades y cualidades de los más inmediatos colaboradores del nuevo jefe de Estado, pero el reto está en el tapete del escenario político para demostrar cada uno de los ministros que no han tenido la experiencia en materia política, que las soluciones a los principales problemas de la otra Colombia, la olvidada y que está en el camino de la reconciliación, debe ser prioridad teniendo en cuenta a la gente.
Por ello se necesita un gran entendimiento entre el Gobierno, senadores y representantes que se posesionaron este 20 de julio y que según el mapa político de las diferentes bancadas, es un Congreso representativo y plural, que pinta un panorama de trabajo para sacar con reformas y control político al ejecutivo, el desarrollo de la nación y alcanzar la verdadera paz.
La mayoría de ministros demuestra con sus hojas de vida sus formaciones con especializaciones, maestrías, es decir tecnócratas y que representan las regiones, pero su trayectoria profesional y académica, está enmarcada en las urbes nacionales e internacionales.
Hay pocos políticos de carrera, se reconoce el liderazgo y la experiencia de la nueva ministra del interior Nancy Patricia Gutiérrez, lo mismo el canciller Carlos Holmes Trujillo, igual los casos de Guillermo Botero como ministro de Defensa y de Alicia Arango en la cartera de Trabajo.
Ante las grandes expectativas que tiene el país, se espera que el Presidente electo, dé una mirada a quienes en su campaña se pusieron la camiseta en todas las regiones del país para lograr la victoria y que siempre han estado en el escenario del ejercicio de la buena política, para que en verdad se acerquen a las regiones. Eso oxigenaría aún más el programa de gobierno de Duque.
Es un gran avance democrático la diversidad del gabinete anunciado, con alta presencia de mujeres, comunidades y etnias, pero todavía hay pesimismo, esperamos que en el camino del trámite de los proyectos legislativos y de control al ejecutivo, en el escenario de la política: el Congreso, se logre el verdadero objetivo de la democracia con las mayorías, para sacar adelante a la nación.
Desde Ecos consideramos que si bien es cierto que reinó el criterio técnico en la designación del equipo de colaboradores del Presidente electo, Iván Duque Márquez, ese gabinete y equipo inmediato y los que se va a designar, deben trabajar mancomunadamente para dar soluciones a todo un país diverso, que respira un nuevo aire de inclusión y ávido de alcanzar por fin la convivencia, sin odios, para lograr el verdadero progreso con justicia social y liderazgo mundial, pero en paz.
Bogotá, D. C, 29 de julio de 2018.
Por Luis Fernando García Forero
La vicepresidenta electa de la República, Marta Lucía Ramírez, negó vínculos suyos y de su esposo en el escándalo de corrupción por lavado de activos de la petrolera estatal venezolana Pdvsa, a través de las empresas Global Security Advisors y Global Strategic Investments.
Ramírez admitió a la Caracol Radio que prestó servicios de “asesoría” alrededor del año 2006 a la firma Global Security Advisors, cuando esta llegó a Colombia. Pero señaló que se retiró de su participación en esa empresa “hace cinco o seis años”, antes del 2014, cuando presuntamente se habrían cometido los ilícitos.
El tema volvió de nuevo a girar ante la opinión pública por la detención del alemán Matthias Krull y el colombiano Gustavo Adolfo Hernández Frieri, ordenada por la justicia estadounidense, en medio de una investigación por el lavado de 1200 millones de dólares, en EE. UU., desfalcados de la venezolana Pdvsa.
El lavado de dinero se dio a través de Global Security Advisors y Global Strategic Investments, empresas del colombiano Hernández Frieri.
Marta Lucía Ramírez salió mencionada en este caso porque su esposo, Álvaro Rincón Muñoz, figuraría como socio de Global Securities, y porque ella misma había sostenido relaciones contractuales con esa firma en el pasado.
Ramírez fue precisa en señalar que además del servicio de “asesoría”, también tuvo participación como accionista en bolsa de Global Securities, junto a Ángela María Orozco, quien recientemente fue designada como Ministra Transporte, para el gobierno de Iván Duque.
“Cuando se estaba armando lo de la bolsa Latinoamerica, nosotros los asesoramos en eso, compraron un puesto en Colombia, y nosotras nos quedamos con un 10 por ciento de ese puesto de bolsa, entre el 2006 o 2008, no recuerdo bien la fecha”, dijo la Vicepresidenta.
Bogotá, 29 de julio de 2018
Redacción Ecos Nacional
