Actualidad
En medio de una controversia nacional del sí o no, a participar en la Consulta contra la Corrupción, lo único cierto es que la Registraduría Nacional, tiene todo dispuesto para que este domingo 26 de agosto a partir de las 8 AM y hasta las 4 PM, 36.421.026 colombianos puedan sufragar en 11.233 puestos, donde están ubicadas 97.027 mesas de votación.
Para consultar el lugar de votación los ciudadanos deben ingresar a la página web www.registraduria.gov.co y donde se lee “consulte aquí su lugar de votación”, usted ubica el número de la mesa donde debe votar. También pueden descargar la aplicación por la tienda de aplicaciones llamada “Infovotantes consulta 2018” donde podrá verificar su puesto de votación y si es jurado.
La consulta popular será aprobada cuando cada pregunta haya obtenido el voto afirmativo de la mitad más uno de los sufragios válidos, siempre y cuando haya participado no menos de la tercera parte de los electores que componen el respectivo censo electoral que para la Consulta Popular Anticorrupción es de 36.421.026 colombianos, esto quiere decir que para que la consulta sea aprobada tendrían que votar 12.140.342 ciudadanos.
Las 7 preguntas
Pregunta 1. Reducir el salario de congresistas y altos funcionarios del Estado
¿Aprueba usted reducir el salario de los congresistas de 40 a 25 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes-SMLMV, fijando un tope de 25 SMLMV como máxima remuneración mensual de los congresistas y altos funcionarios del Estado señalados en el artículo 197 de la Constitución Política?
Pregunta 2. Cárcel a corruptos y prohibirles volver a contratar con el Estado
¿Aprueba usted que las personas condenadas por corrupción y delitos contra la administración pública deban cumplir la totalidad de las penas en la cárcel, sin posibilidades de reclusión especial, y que el Estado unilateralmente pueda dar por terminados los contratos con ellas y con las personas jurídicas de las que hagan parte, sin que haya lugar a indemnización alguna para el contratista ni posibilidad de volver a contratar con el Estado?
Pregunta 3. Contratación transparente obligatoria en todo el país
¿Aprueba usted establecer la obligación a todas las entidades públicas y territoriales de usar pliegos tipo, que reduzcan la manipulación de requisitos habilitantes y ponderables y la contratación a dedo con un número anormalmente bajo de proponentes, en todo tipo de contrato con recursos públicos?
Pregunta 4. Presupuestos públicos con participación de la ciudadanía
¿Aprueba usted establecer la obligación de realizar audiencias públicas para que la ciudadanía y los corporados decidan el desglose y priorización del presupuesto de inversión de la Nación, los departamentos y los municipios, así como en la rendición de cuentas sobre su contratación y ejecución?
Pregunta 5. Congresistas deben rendir cuentas de su asistencia, votación y gestión
¿Aprueba usted obligar a congresistas y demás corporados a rendir cuentas anualmente sobre su asistencia, iniciativas presentadas, votaciones, debates, gestión de intereses particulares o de lobbistas, proyectos, partidas e inversiones públicas que haya gestionado y cargos públicos para los cuales hayan presentado candidatos?
Pregunta 6. Hacer públicas las propiedades e ingresos injustificados de políticos elegidos y extinguirles el dominio
¿Aprueba usted obligar a todos los electos mediante voto popular a hacer público a escrutinio de la ciudadanía sus declaraciones de bienes, patrimonio, rentas, pago de impuestos y conflictos de interés, como requisito para posesionarse y ejercer el cargo; incorporando la facultad de iniciar de oficio investigaciones penales y aplicar la extinción de dominio al elegido y a su potencial red de testaferros como su cónyuge, compañero o compañera permanente, a sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil, y a sus socios de derecho o de hecho?
Pregunta 7. No más atornillados en el poder: máximo 3 períodos en corporaciones públicas
¿Aprueba usted establecer un límite de máximo tres periodos para ser elegido y ejercer en una misma corporación de elección popular como el Senado de la República, la Cámara de Representantes, las Asambleas Departamentales, los Concejos Municipales y las Juntas Administradoras Locales?
Bogotá, D. C, 24 de agosto de 2018.
Redacción Ecos Nacional
El ex procurador y precandidato presidencial Alejandro Ordóñez fue nombrado como embajador extraordinario y plenipotenciario de Colombia ante la OEA en Washington, Estados Unidos.
El Gobierno oficializó su nombramiento a través del decreto 1630 del 24 de agosto del 2018: “Nómbrese al doctor Alejandro Ordóñez Maldonado en el cargo de embajador extraordinario y plenipotenciario, código 0036, grado 25, de la planta de personal del Despacho de los Jefes de Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares, adscrito a la Misión Permanente de Colombia en la OEA”, asegura el documento de la Presidencia.
Ordóñez es abogado de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga. Ha ejercido cargos como Concejal de Bucaramanga, Magistrado del Tribunal Administrativo de Santander, presidente del Consejo de Estado de Colombia y Procurador General de la Nación durante el periodo 2009-2016.
Bogotá, D. C, 24 de agosto de 2018
Redacción Ecos Nacional
La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) piden a Ecuador y Perú que garanticen que los venezolanos, que necesitan protección, puedan ingresar al país, aunque no tengan pasaporte, porque estas naciones les exigirán este requisito para ingresar. Más de 5000 venezolanos siguen abandonando su país a diario.
La ruta que conecta Colombia y Perú, pasando por Ecuador, es una de las más usadas por los que huyen de la inseguridad y la escasez en Venezuela. Hasta ahora, los venezolanos podían cruzar las fronteras con su cédula de identidad y la Tarjeta Andina, un documento migratorio regional. El pasado 18 de agosto, Ecuador comenzó a exigir el pasaporte y Perú, comenzará a pedirlo este sábado.
El Alto Comisionado para los Refugiados y el Director de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) han emitido un comunicado en el que muestran su “preocupación” por estas medidas.
“Reconocemos los crecientes desafíos asociados con la llegada a gran escala de venezolanos. Pero sigue siendo crítico que cualquier nueva medida continúe permitiendo que los que necesitan protección internacional puedan llegar a un lugar seguro y pedir asilo”, dice Filippo Grandi, Director de ACNUR.
Más de 2,3 millones de venezolanos viven en el extranjero. 1,6 millones han salido desde 2015 y un 90 por ciento de ellos se ha quedado en América del Sur. Según las cifras de ACNUR, entre 2700 y 3000 cruzan a diario de Colombia a Ecuador.
“Si no hay posibilidad de proceder, habrá más gente que va a quedarse en Colombia. Pedimos a los Gobiernos de la región solidaridad y su apoyo. Necesitamos un enfoque regional e integral, para responder a las necesidades de los venezolanos y el apoyo de la comunidad internacional”, explica Yukiko Iriyama, la representante adjunta de ACNUR en Colombia.
“En este momento, en Venezuela es muy difícil obtener pasaporte porque cuesta mucho y el trámite es muy largo. A veces no hay papel y tinta para producir pasaportes”, sostiene Yriyama.
A ACNUR le preocupa que la gente que ha abandonado su país “por inseguridad, violencia, falta de comida y medicinas o falta de medios para ganarse la vida” no pueden regresar y para poder llegar a un lugar seguro podrían “tomar rutas con muchos riesgos si hay una imposición de pasaporte”.
“Pueden ser víctimas de traficantes, de reclutamiento forzado de niños por parte de grupos armados ilegales o de violencia sexual y de género”, asegura Iriyama. Los casos de niños no acompañados y las familias en la que no todos los miembros tienen pasaporte son especialmente vulnerables.
Cumbre regional
Ecuador ha convocado a una cumbre de 13 países del continente, incluido Venezuela, para buscar acciones conjuntas a la salida masiva de venezolanos.
“Felicitamos la iniciativa de esta cumbre regional y la OIM y ACNUR estaremos ofreciendo apoyo técnico”, dijo la representante de ACNUR en Colombia.
La agencia de la ONU para los refugiados centrará sus peticiones en cuatro puntos:
Acceso: Hay venezolanos que necesitan protección internacional como refugiados y los estados deben garantizarles el acceso y permitirles solicitar asilo.
Derechos básicos: Los estados deben considerar otorgar un estatuto legal alternativo de protección a los venezolanos, que les permita trabajar y acceder a la salud y la educación.
Enfoque regional: Los estados deben mantener la hospitalidad y la generosidad al recibir a los venezolanos. “Deben entender que los venezolanos fueron muy generosos con los migrantes y refugiados durante décadas”, recuerda Iriyama.
Apoyo internacional: con 2,3 millones de venezolanos que han salido del país desde 2014, se necesita más apoyo de la comunidad internacional. Es la salida de población más grande de la historia reciente de América Latina.
En marzo, ACNUR solicitó 46 millones de dólares de los que han recibido casi la mitad. La OIM pidió 32 millones y ha obtenido un 32% de los fondos. Desde marzo, las salidas han aumentado considerablemente por lo que estas agencias, junto a otros organismos, harán una nueva petición.
Cucuta, 24 de agosto de 2018.-
Por Felicia Saturno Hartt.
La trama argentina, recogida en ocho cuadernos, que detallan los sobornos en los contratos de obras públicas durante el Kirchnerismo, vuelve a poner en el centro del debate el tema de la Corrupción en América Latina.
Los apuntes del chófer Oscar Centeno apenas muestran el costillar de una bestia que sigue moviéndose a sus anchas por estas tierras, sin importarle mucho los colores políticos ni las ideologías.
La investigación judicial de la presunta red de coimas que mantuvieron los Gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, empieza a revelar el volumen y la anatomía de una criatura que se alimenta del dinero de las arcas públicas y de la extorsión, para al final dejar a la sociedad del país sudamericano aún más herida por la inquietud y la desconfianza que emana desde la ciudadanía hacia las autoridades. El golpe a la credibilidad del Estado es demoledor.
Por una década, Centeno anotó cada viaje que realizó con bolsos cargados de dinero, que exigió o entregó a una extensa lista de nombres. Un ir y venir de billetes en el que se movió un monto que podría superar los 200 millones de dólares. Los apuntes de este "lleva y trae” van describiendo con una precisión casi obsesiva al animal insaciable cuya cabeza estaba en la Casa Presidencial pero cuyo cuerpo alcanzaba a políticos, funcionarios y empresarios de todo tipo. Es difícil prever hasta dónde llegan los zarpazos de este monstruo o sus mordidas, literalmente hablando.
Lo que sí fue fácil de vaticinar es que Fernández y sus seguidores justificarían la arremetida judicial como parte de un proceso de hostigamiento político y de persecución ideológica. Sin embargo, más allá del color partidista y del tono del discurso populista que marcó su gestión, las revelaciones no guardan relación alguna con la tendencia de los Kirchner, sino con su profunda falta de ética. Como buena parte de los políticos de este continente, vieron en la carrera hacia el máximo puesto del Estado un camino del que beneficiarse económicamente. Para ellos la presidencia no fue un servicio a los ciudadanos, sino una manera de saquear desde el poder las riquezas del país.
Mientras se parapetaba en un discurso salvador que le hablaba a los más pobres y a los desvalidos, tras bambalinas le rendían culto a la riqueza, amansaban fortunas y se volvían cada vez más insaciables. El anuncio de una obra pública desde la tribuna podía ser en muchos casos la oportunidad para llenarse los bolsillos.
Ahora, cuando la apretada letra de unos cuadernos revela todo ese entramado de pagos ilegales que tejieron por años los Kirchner, el daño causado no irá solo a la cuenta de la "pareja presidencial” sino que afecta a todos los políticos y empresarios argentinos, sobre los que lloverá un mayor rechazo y suspicacia.
Esa voraz fiera de la corrupción que ellos alimentaron en la Casa Rosada tiene todavía, lamentablemente, un plato bien servido en otros muchos palacios, senados y cámaras de comercio de esta región.
La Habana, 24 de agosto de 2018.-
Por Yoani Sánchez.
El Presidente Iván Duque aseguró que aunque respeta la decisión del Consejo de Estado de condenar a la Nación por el atentado de El Nogal, ocurrido en 2003, considera que hay un desequilibrio por la falta de sanción a las Farc, que fueron los autores.
“No voy a controvertir una decisión del Consejo de Estado, pero sigo creyendo que hay que buscar un balance en la sociedad colombiana. Si quienes han cometido esos crímenes no tienen una sanción efectiva, proporcional, que le muestre al pueblo colombiano que es ejemplarizante y por otro lado se condena al Estado, me parece que hay un gran desequilibrio”, dijo Duque desde Apartadó, Antioquia.
El jefe de Estado señaló que los colombianos lo que quieren es que el Estado no sea el que termine pagando con sus impuestos por hechos terroristas de otras personas, que tanto le dolieron a la Nación.
Durante una Mesa por la Protección de la Vida de los líderes sociales, en compañía del procurador General de la Nación, Fernando Carrillo; el gobernador de Antioquia, Luis Pérez; el Alto comisionado para la Paz, Miguel Antonio Ceballos; la alta consejera para las Regiones, Karen Abudinen; la ministra de Trabajo, Alicia Arango; y el ministro de Defensa, Guillermo Botero, para discutir la creación de una política pública para contrarrestar el asesinato de defensores de derechos humanos, el presidente Duque se pronunció sobre el tema luego del fallo del Consejo de Estado, en el que se condenó a la Nación por este atentado de las Farc en el que murieron 39 personas y otras 198 salieron heridas.
La sentencia del Consejo de Estado establece que el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional, el Ministerio del Interior, la Fiscalía General de la Nación y el extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), también tuvieron responsabilidad administrativa y patrimonial en el hecho e impuso el pago de sanciones económicas en favor de las víctimas.
Acciones contra asesinatos
“Suscribimos un acuerdo donde vamos a trabajar de manera articulada para la protección de la vida y la integridad de los líderes sociales de nuestro país, que el sistema de alertas tempranas funcione de manera rápida y que haya una reacción oportuna por parte de las autoridades” anunció el presidente Duque.
Sostuvo que junto a la Procuraduría y la Fiscalía se prevenga, pero también se castigue a los autores intelectuales y materiales de los asesinatos contra los líderes sociales.
Bogotá, D. C, 23 de agosto de 2018
Redacción Ecos Nacional
El registro de los últimos acontecimientos políticos demuestra que se avecina un nuevo escenario en el Congreso de Colombia, que pondría en jaque el trámite legislativo de los proyectos de ley radicados por el Ejecutivo. Cambio Radical, La U y el Partido Liberal, se encaminan a declararse independientes a pocos días de cumplirse el término que establece el Estatuto de la Oposición para que las bancadas definan su posición frente el Gobierno de turno.
El primer campanazo sucedió con la elección del Contralor General de la República el pasado 20 de agosto, cuando fue derrotado el candidato del Centro Democrático José Felix lafourie. El segundo, se dio en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes cuando el Partido del jefe de Estado daba por hecho que elegirían a un miembro de esa bancada como integrante del Consejo Superior de Política Criminal: el resultado fue adverso para esta colectividad, una vez más, Cambio Radical, la U y el Partido Liberal, con el apoyo de la oposición, se impusieron y derrotaron al Centro Democrático.
Dos derrotas seguidas que demuestran que el Gobierno no tiene mayorías en el Congreso. En Casa de Nariño hay preocupación por los últimos acontecimientos. Este miércoles, la Vicepresidenta de la República, Marta Lucia Ramírez se sienta a manteles con la bancada del Partido Conservador y por otro lado, el Alto Consejero para la Política, Jaime Amín, busca contactos urgentes con varios congresistas para revisar el tema, que de una u otra manera, pone en aprietos el futuro de la agenda legislativa gubernamental en el Congreso.
Las matemáticas son exactas. Si nos remitimos a la composición de las fuerzas de las diferentes bancadas en el Congreso, es claro que el Centro Democrático no alcanza el 20 % del total de las cúrules, lo que significa que pueden seguir siendo derrotados en su ejercicio legislativo.
Así las cosas, el panorama para el Ejecutivo no es alentador. Las últimas declaraciones del presidente Duque sobre el tema, han dejado ver que acabó con la representación de los Partidos en el Gobierno, lo que en efecto ha sucedido, pues hasta el momento ninguna colectividad, diferente al Centro Democrático, ha tenido representación en su gabinete.
Las circunstancias políticas establecen que empieza un enfrentamiento democrático entre el Gobierno y el Legislativo, lo que permite poner en jaque el sistema presidencialista que por años ha rodeado la administración del Estado.
¿Le llegó la hora al Congreso para que demuestre su independencia?
Bogotá, D. C, 22 de agosto de 2018
Por Luis Fernando García Forero
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) denuncia con la campaña #NotATarget que niños, mujeres, refugiados y quienes les asisten, sufren agresiones deliberadas. 313 trabajadores humanitarios fueron víctimas de ataques en 2017, en 22 países.
La infancia es, cada vez más, blanco de ataques deliberados en contextos de conflicto, desde secuestros, reclutamiento o agresiones sexuales hasta asesinatos. Así lo constata el informe Los niños y los conflictos armados, elaborado por Naciones Unidas. En 2016, las fuerzas gubernamentales habían cometido al menos 4.000 violaciones verificadas contra menores de edad y los diversos grupos armados no estatales, más de 11.500. El año pasado esas cifras aumentaron a 6.000 y 15.000 respectivamente.
Cada 19 de agosto, con motivo de la celebración del Día Mundial de Asistencia Humanitaria, la ONU denuncia que la población civil es víctima de ataques deliberados o indiscriminados en guerras que nada tienen que ver con ellos, salvo la coincidencia geográfica. En 2017 la organización contabilizó más de 26.000 civiles asesinados o heridos en solo seis países en conflicto: 10.000 en Afganistán, más de 8.000 en Irak, unas 2.600 en Somalia y aproximadamente el mismo número en Yemen. En la República Centroafricana fueron más de 1.100 y casi 2.000 en la República Democrática del Congo.
Los niños y las mujeres, enfatiza el organismo, son especialmente vulnerables a la violencia. Lo mismo ocurre con los desplazados internos y los refugiados, que ya suman 65,6 millones. Por eso, su protección debe ser reforzada.
Pero quienes se dedican a ayudarles en los momentos de necesidad tampoco están exentos de riesgo. Todo lo contrario: 139 trabajadores humanitarios fueron asesinados mientras realizaban su labor en 2017, un 23% más que el año anterior (107), según los datos que recopila anualmente el Aid Workers Security Report. A los fallecidos hay sumar a aquellos que resultaron heridos (102) y secuestrados (72). En total, 313 víctimas en 158 incidentes en 22 países. En 2017, 139 trabajadores humanitarios fueron asesinados, un 23% más que el año anterior.
Con el lema #NotATarget (#NoSonUnObjetivo, en español), la ONU repite el mensaje de la pasada edición de este día conmemorativo. Así exige el cese de las acciones violentas contra personas ajenas a las partes en conflicto que, aunque representan una violación del derecho internacional, no dejan de crecer.
"Los ataques contra la población se han convertido en un arma de guerra. Se fuerzan movimientos de población hacia territorios de otros grupos, lo que supone más presión para ellos. Lo vemos en el sur de Siria: con ataques se empuja a la gente a huir y se genera tensión en las zonas a las que llegan, donde no pueden alimentarse y hospedarse", analiza Mónica Acosta, jefa de emergencias de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid).
Salvar vidas, arriesgar la propia
Todos los años de los últimos diez, salvo alguna excepción, han aumentado el número de trabajadores humanitarios asesinados o heridos por ataques deliberados. Las 313 víctimas de 2017 son un 42,3% más que las 220 de 2007, según los registros de la Aid Work Security Database. Los datos reflejan la mayor dificultad que enfrentan quienes dedican a ayudar a otros en contextos de conflicto, pese a que su labor es cada vez más necesaria. La ONU estima que este año 136 millones de personas necesitarán asistencia urgente para sobrevivir.
Anna Nieto, responsable del Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU para cooperación con ONG en Yemen, conoce bien los obstáculos. "Tenemos muchas dificultades para salir a terreno, debido a la falta de permisos para poder viajar y al hecho de que el país está controlado por partes en conflicto distintas. Un ejemplo: hasta el mes pasado, para poder ir al sur, teníamos que salir del país, ir a África (Yibuti) y entrar otra vez a Yemen por aire o por mar. Poder salir a terreno es esencial para mantener la perspectiva de la situación humanitaria", detalla.
Su primera salida en Yemen era ya un aviso de lo que le esperaba. "Cuando me destinaron a cubrir el puesto de jefa de delegación, al día siguiente mis colegas organizaron una visita a unos hospitales y puntos de distribución de alimentos en zonas rurales. Nunca llegamos a esos sitios porque nuestros vehículos fueron detenidos en el primer punto de control antes de salir de la ciudad. Por lo visto ¡las autoridades no estaban de acuerdo en que no les hubiera ido a visitar antes de salir de misión!"
Es un poco paradójico, especialmente en contextos con grandes necesidades como en Yemen, pero la ayuda humanitaria no siempre es bienvenida
La movilidad no es su único problema. "Mi trabajo consiste en gestionar la relación con las ONG con las que trabaja el PMA. Sin ellos no podríamos facilitar alimentos a casi ocho millones de personas al mes", destaca Nieto. Sin embargo, a veces se encuentra que las organizaciones con las que trabaja han sido obligadas a cerrar sus oficinas por una parte en conflicto que acaba de controlar el territorio e impone otras ONG más afines políticamente. "Hay mucha desinformación y tenemos que programar en función de varios escenarios posibles, cambiar el tipo de asistencia, preposicionar alimentos...".
Para llevar a cabo su labor con seguridad, los actores humanitarios insisten en la importancia de negociar su presencia y labor con las comunidades, autoridades, grupos... Ganarse su confianza. "No es realista pensar que podemos llegar a un país y hacer lo que creemos que tenemos que hacer, aunque sea con las mejores intenciones. Es un poco paradójico, especialmente en contextos con grandes necesidades como en Yemen, pero la ayuda humanitaria no siempre es bienvenida", asegura Nieto.
El personal expatriado de las organizaciones cuenta, además, con fuertes protocolos de seguridad que contemplan desde el toque de queda hasta la evacuación. Los trabajadores locales, sin embargo, están más expuestos al riesgo. De los 313 cooperantes víctimas de ataques en 2017, 285 eran de los países donde se produjeron. A todos ellos, se les rinde homenaje cada 19 de agosto, aniversario del atentado en 2003 contra la sede de la ONU en Bagdad, en el Hotel Canal, en el que fallecieron 22 trabajadores de la organización.
Ginebra, 21 de agosto de 2018.-
Por Felicia Saturno Hartt.
Fuente: ONU.
El Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, calificó al Terrorismo como uno de los problemas más desafiantes a los que se enfrenta la humanidad y resaltó que representa una grave amenaza a la Paz y la Seguridad Internacionales.
Guterres hizo esas declaraciones durante la inauguración de la exposición “Sobrevivir al terrorismo: Voces de las víctimas”, en la celebración del primer Día Internacional de Conmemoración y Homenaje a las víctimas del Terrorismo que se celebra este mes.
“Ningún país puede considerarse inmune al terrorismo, y casi todas las nacionalidades del mundo son víctimas de ataques terroristas. El número y la mortandad de estos despiadados ataques contra civiles han aumentado en los últimos años, destrozando innumerables comunidades y vidas”, dijo.
El diplomático portugués destacó que el personal de las Naciones Unidas también es víctima de esta lacra y recordó que durante esta semana se cumple el 15º aniversario del ataque contra la Misión de la ONU en Iraq donde fallecieron veintidós personas, entre ellas el representante especial de la misión, Sergio Vieira de Mello.
Igualmente, subrayó el olvido en el que caen las víctimas del terrorismo, sus familias, amigos o comunidades tras los ataques. “Es hora de detenerse y escuchar a las víctimas y supervivientes del terrorismo. Es hora de levantar sus voces y reconocer el impacto que el terrorismo tiene en sus vidas”, sostuvo. “Necesitamos apoyar a las víctimas y proporcionarles asistencia a largo plazo, incluido el apoyo financiero, jurídico, médico y psicosocial”.
El Secretario General indicó que el apoyo a las víctimas es “un imperativo moral” basado en la defensa, protección y respectos de sus derechos humanos. A su vez, es un poderoso instrumento para luchar contra el terrorismo, cuyo primer objetivo es dividir a nuestras sociedades.
Asimismo, quiso destacar la relevancia de la exposición multimedia en la que diversas víctimas nos explican cómo el terrorismo afectó a sus vidas y sus logros tras los ataques.
“Sus voces importan. Su coraje frente a la adversidad es una lección que nos inspira a todos. La celebración del próximo Día Internacional de Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo es una oportunidad para reconocer, honrar y apoyar a las víctimas y los sobrevivientes, y para alzar las voces de aquellos que quedaron atrás”, finalizó Guterres.
Nueva York, 21 de agosto de 2018.-
Por Redacción Ecos Internacional.
Zeid Ra’ad Al Hussein, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los DD.HH., recomienda en su último reporte a los estados y al sector privado tomar acciones para respetar y proteger el derecho humano a la privacidad, en un contexto en que las tecnologías digitales explotan continuamente información ligada a la vida de millones de personas y amenazan con crear un ambiente digital intrusivo.
El reporte “El Derecho a la privacidad en la Era Digital”, publicado el 3 de agosto, presenta un diagnóstico de los retos que enfrenta el derecho a la privacidad desde los sectores públicos y privados. Además, el documento provee una revisión sobre las principales tendencias mundiales en el marco legal actual y señala las responsabilidades de estos sectores para proveer adecuadas salvaguardas y supervisión.
“Aunque no se puede negar que las tecnologías impulsadas por datos pueden tener usos muy benéficos, estos desarrollos tecnológicos tienen riesgos significativos para la dignidad humana, autonomía, privacidad y el ejercicio de los DD.HH., en general, si no se manejan con gran cuidado”, señala Al Hussein.
El alto comisionado advierte que, para cumplir por completo con su obligación de respetar el derecho a la privacidad, los Estados deben establecer un marco legal y de políticas apropiadas que incluya protección legislativa, así como “regulaciones que incorporen los principios de legalidad, proporcionalidad, necesidad y establezcan salvaguardas supervisión y remedios”.
Finalmente, el reporte presenta una serie de recomendaciones para los Estados como: 1) Asegurarse que los sistemas que dependen intensivamente en la recolección y procesamiento de datos sean utilizados únicamente cuando se pueda demostrar su proporcionalidad y necesidad; 2) Establecer autoridades independientes que puedan monitorear e investigar prácticas estatales y privadas; además de 3) Castigar abusos e incrementar la transparencia y rendición de cuentas en la adquisición de tecnologías de vigilancia, entre otras.
Para el sector privado, Al Hussein recomienda implementar un alto nivel de seguridad y confidencialidad de todas las comunicaciones y los datos personales que recolectan, almacenan o procesan; tomar todas las acciones apropiadas para prevenir, mitigar y resolver cualquier impacto negativo, actual y potencial, al derecho a la privacidad y otros DD.HH. ; además de cooperar en la remediación a través de mecanismos legítimos de procesos en los que han causado o contribuido a impacto adversos.
Ginebra, 20 de agosto de 2018.-
Por Felicia Saturno Hartt.
Por primera vez en la historia del Congreso de la República, el Senado y la Cámara de Representantes en pleno, eligen al Contralor General de la República teniendo en cuenta a la academia y donde la votación mayoritaria en las dos corporaciones, favoreció a Carlos Felipe Córdoba, quien será el máximo jefe del control fiscal en Colombia.
Córdoba alcanzó 203 votos, de los cuales 75 los obtuvo en el Senado mientras que en la Cámara de Representantes lo apoyaron 128 congresistas. En la Cámara Alta le siguió en votación Julio Cesar Cárdenas,con 16 votos, 3 por José Félix Lafourie y 1 en blanco. En la Cámara, la segunda votación fue para Julio César Cárdenas con 15 votos, 9 por Lafourie y 1 por José Andrés O’Meara.
Mientras el gran ganador de este proceso fue la democracia, representada en el Congreso de Colombia, el gran derrotado fue el Presidente de Fedegan, José Felix Laufurie, quien empezó su candidatura con un respaldo mayoritario por parte del Centro Democrático, pero que se fue desvaneciendo y sepultada por el encuentro entre los expresidentes Álvaro Uribe, César Gaviria y Andrés Pastrana, quienes coincidieron en dar el guiño a Carlos Felipe Córdoba, quien fue apoyado desde un principio por el Partido Liberal.
El expresidente Álvaro Uribe se declaró impedido para votar, entre otros senadores y representantes que tienen investigaciones fiscales.
Es importante destacar que la Oposición incluyendo a las Farc, apoyó al candidato Julio Cesar Cárdenas, quien obtuvo un total de 31 votos.
El proceso de elección del Contralor se caracterizó por un trámite donde el primer filtro para ir clasificando los aspirantes, que fueron casi 100 inscritos, fue la Universidad Industrial de Santander, UIS, que luego de una prueba, clasificó a 59 que pasaron después a una Audiencia Pública entre congresistas y las Veedurías Ciudadanas y que finalmente presentaron a consideración del Congreso a 10 candidatos, cuyo resultado final fue la elección de Carlos Felipe Córdoba.
El nuevo Contralor General, Carlos Felipe Córdoba, nació en Pereira y es profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Alta Gerencia de la Universidad Libre de Pereira y máster en Acción Política.
Fue Auditor General de la República, Vicecontralor General, Director Nacional del Programa Anticontrabando de la Federación Nacional de Departamentos, Contralor Delegado para la Participación Ciudadana, Director de Promoción y Desarrollo del Control Ciudadano de la Contraloría General de la República y Contralor General encargado.
Actualmente se venía desempeñando como director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos y participó en el proceso de elección para nuevo contralor en donde alcanzó 86 puntos en la prueba de conocimiento y 60,5 puntos en su experiencia en las pruebas realizadas por la Universidad Industrial de Santander UIS, una de las Universidades más importantes de Sur América.
Bogotá, D.C, 20 de agosto de 2018
Por Luis Fernando García Forero
