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El Sistema de las Naciones Unidas en Colombia celebró la determinación empleada por la Fiscalía General de la Nación, Migración Colombia y las fuerzas del orden en la investigación y la lucha contra la trata de personas y la explotación sexual comercial de menores y adolescentes, tanto en Cartagena como en otras ciudades del país.
La reacción de la ONU se debe a la reciente liberación de cuarenta y nueve mujeres, veintitrés de ellas venezolanas, que eran víctimas de explotación sexual en la zona de la Bomba de El Amparo, en la capital del Departamento de Bolívar y la captura de un proxeneta miembro de una red de explotación.
Según la ONU en Colombia, ambas acciones representan “una muestra del compromiso del Gobierno Nacional para prevenir y combatir la trata de personas y sus delitos conexos que financian otras actividades ilícitas”.
Igualmente, la Organización mostró su apoyo al Gobierno para aumentar las capacidades de identificación y respuesta ante esta clase de delitos y, a su vez, destacó la tarea desarrollada por Migración Colombia por garantizar “la protección en la cadena de atención a las víctimas” y respaldar sus derechos.
El Sistema de la ONU destacó, además, el modo ejemplar en el que Colombia se opone a este delito como país, que ratificó la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y su Protocolo contra la Trata de Personas.
Bogotá, D.C. 26 de agosto de 2018.-
Por Redacción Ecos.
Fuente: ONU Colombia.
En el primer discurso de su visita a Irlanda, pronunciado en el Castillo de Dublín, el Papa Francisco sostuvo no poder evitar "reconocer el grave escándalo que ha causado en Irlanda el abuso de menores de edad, por parte de miembros de la Iglesia que estaban encargados de protegerlos y educarlos".
"El hecho de que las autoridades eclesiásticas (obispos, superiores religiosos, sacerdotes y otros) no afrontaran adecuadamente estos repugnantes crímenes ha dado lugar a la indignación y sigue siendo una fuente de dolor y vergüenza para la comunidad católica", dijo Francisco y añadió: "Yo mismo comparto esos sentimientos".
Por otro lado, el Papa ha aludido al papel positivo de la institución católica en aquel país: "La Iglesia en Irlanda ha desempeñado en el pasado y en el presente un papel en la promoción del bienestar de los niños que no debe quedar tapado" por estos hechos”. Francisco ha alabado, asimismo, la "intervención franca y decisiva" de su predecesor, Benedicto XVI, para hacer frente a la crisis de los abusos clericales.
En su agenda vespertina, el pontífice se ha reunido "con ocho víctimas de abusos por parte del clero, de religiosos e institucionales", según ha informado el portavoz del Vaticano, Greg Burke.
"Heridas abiertas"
Al dar la bienvenida al Papa, el Primer Ministro irlandés, Leo Varadkar, señaló que Irlanda tiene un "herencia amarga y rota" de abusos que ha dejado un "legado de dolor y sufrimiento, una historia compartida de pena y vergüenza".
Varadkar pidió a Francisco que aproveche su influencia para que "la justicia y la verdad" se impongan y que no se repitan "los crímenes indescriptibles perpetrados y encubiertos por personas con el fin de proteger la institución eclesial".
La primera autoridad irlandesa insistió en la necesidad de que, tras las palabras, vengan los hechos: "Le pedimos que escuche a las víctimas y los supervivientes. Sabemos que usted lo va a hacer", dijo el primer ministro, quien también recalcó que las "heridas siguen abiertas".
Dublín, 26 de agosto de 2018.-
Por Redacción Ecos.
La Consulta Anticorrupción no pasó el alto umbral establecido, pero ganó con ese mecanismo de participación ciudadana, porque permitió que 11.688.008 compatriotas se manifestaran en las urnas por una Colombia que quiere estar libre de ese grave fenómeno social y que más de $2 billones de los dineros públicos hayan quedado en los bolsillos de la clase dirigente ladrona, que han sumergido a la nación en más atraso y violencia.
En el resultado de la votación, que superó el alcanzado por Iván Duque como Presidente, los colombianos hablaron en forma contundente para pedir los cambios necesarios y urgentes de una nación que desea consolidar la paz y trabajar para superar sus grandes desafíos, que pasan por desaparecer del mapa el fenómeno de la Corrupción y a quienes pretenden a través del poder, seguir robándose los recursos públicos.
Si bien es cierto que se necesitaban 12.140.342 votos para que este ejercicio democrático fuese válido, los más de 11 millones de votos es suficiente para que esa expresión democrática representada en las urnas en siete puntos, le de las herramientas suficientes al Gobierno y al Congreso e inicien la verdadera arremetida política, legislativa y jurídica contra la Corrupción en el territorio nacional.
El resultado de la Consulta Anticorrupción derrotó no sólo a los corruptos sino a los abstencionistas, a las maquinarias políticas y hasta el mismo ex presidente y senador Álvaro Uribe Vélez, quien en el Congreso estuvo de acuerdo y apoyó la iniciativa para que se llevara a cabo ese mecanismo de participación ciudadana, pero que en los últimos días reversó lo que había votado cuando el Congreso autorizó la realización de esa consulta.
También venció a quienes la calificaban de innecesaria, populista y a quienes argumentaban el costo de la realización de la misma, pero cuyo valor, jamás, superaba todo cuanto se han robado en recursos para beneficio de la nación.
Otro aspecto que se destacó en este histórico domingo fue que no hubo problemas con los jurados de votación en el territorio patrio ni en el exterior, ni problemas de orden público, “un proceso de plenas garantías”, como lo afirmó el Registrador Juan Carlos Galindo.
Para muchos analistas de la política colombiana, el desarrollo y resultado de la Consulta Anticorrupción, es un avance del Posconflicto y de la consolidación de la Paz, no solo para el desarrollo de la democracia, sino para lograr un país mas desarrollado, pujante, equitativo y justo.
Desde la Constitución de 1991, es la primera vez que se realiza una Consulta Popular a nivel nacional y pese a que no alcanzó los 12.140.342 votos de umbral para volverla vinculante ante el Congreso, se convirtió en un histórico hecho político contundente que obligará al Gobierno y al Congreso a repensar su lucha contra la corrupción.
Bogotá, D.C, 26 de agosto de 2018
Por Luis Fernando García Forero
Por Luis Fernando García Forero*. A manera de Editorial.- Los que creemos apasionadamente en la democracia con sus imperfecciones y grandes aciertos, observamos que la realidad sociopolítica de Colombia comienza a mostrar indicadores de un cambio favorable en dos perspectivas que enrumbarán al país a la consolidación de la paz y a un desarrollo posible sustentable a mediano y largo plazo.
La consulta anticorrupción más allá de su gran significado como propuesta política, es un gran barómetro sobre los valores, las expectativas y las esperanzas del ciudadano colombiano de a pie que vive y siente las implicaciones de la corrupción endémica, que a todo nivel ha golpeado a los estratos sociales y a la institucionalidad colombiana.
Este evento de participación ciudadana, que ya se cumple fuera del país y que se realiza este domingo 26 de agosto en el territorio nacional, es un desafío ciudadano a ir más allá de la indignación individual y la impotencia colectiva contra aquellos que teniendo el poder de defender los intereses y derechos de la ciudadanía, solo han encontrado la posibilidad de usufructuarse.
Por desgracia, toda manifestación de los derechos políticos y toda iniciativa ciudadana, tienen en Colombia un importante grupo de detractores. Muchos no entienden que la capacidad limitada de exigir los derechos, parte del pobre ejercicio de la ciudadanía que se expresa en la no participación. De allí que Colombia haya sido una de las naciones con más alta tasa de abstención electoral, aunque ya hemos superado este grave problema en los últimos comicios.
Ecos Políticos como tribuna de la paz, los DD. HH. y la democracia, estima que la Consulta Anticorrupción es uno de los pasos decisivos para desarrollar la pedagogía de la paz y sus necesarios avances en el posconflicto.
Ciertamente este mecanismo de participación ciudadana y democrática, es costoso, pero menos que todos los dineros públicos robados; el peculado de uso en las entidades estatales y las obras no realizadas en las diferentes regiones del país, cuyos dineros se quedaron en los bolsillos de quienes se han lucrado del erario público y hoy critican que el ciudadano común de Colombia tenga voz y voto para expresar su criterio en siete importantes decisiones de estado y que están en las preguntas de la Consulta que lucha contra uno de los problemas sociales más graves de las naciones: la corrupción.
A votar colombianos, como quieran, como lo sientan, como lo crean.
Bogotá, D. C, 24 de agosto de 2018
*Director Fundador www.ecospoliticos.com
En medio de una controversia nacional del sí o no, a participar en la Consulta contra la Corrupción, lo único cierto es que la Registraduría Nacional, tiene todo dispuesto para que este domingo 26 de agosto a partir de las 8 AM y hasta las 4 PM, 36.421.026 colombianos puedan sufragar en 11.233 puestos, donde están ubicadas 97.027 mesas de votación.
Para consultar el lugar de votación los ciudadanos deben ingresar a la página web www.registraduria.gov.co y donde se lee “consulte aquí su lugar de votación”, usted ubica el número de la mesa donde debe votar. También pueden descargar la aplicación por la tienda de aplicaciones llamada “Infovotantes consulta 2018” donde podrá verificar su puesto de votación y si es jurado.
La consulta popular será aprobada cuando cada pregunta haya obtenido el voto afirmativo de la mitad más uno de los sufragios válidos, siempre y cuando haya participado no menos de la tercera parte de los electores que componen el respectivo censo electoral que para la Consulta Popular Anticorrupción es de 36.421.026 colombianos, esto quiere decir que para que la consulta sea aprobada tendrían que votar 12.140.342 ciudadanos.
Las 7 preguntas
Pregunta 1. Reducir el salario de congresistas y altos funcionarios del Estado
¿Aprueba usted reducir el salario de los congresistas de 40 a 25 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes-SMLMV, fijando un tope de 25 SMLMV como máxima remuneración mensual de los congresistas y altos funcionarios del Estado señalados en el artículo 197 de la Constitución Política?
Pregunta 2. Cárcel a corruptos y prohibirles volver a contratar con el Estado
¿Aprueba usted que las personas condenadas por corrupción y delitos contra la administración pública deban cumplir la totalidad de las penas en la cárcel, sin posibilidades de reclusión especial, y que el Estado unilateralmente pueda dar por terminados los contratos con ellas y con las personas jurídicas de las que hagan parte, sin que haya lugar a indemnización alguna para el contratista ni posibilidad de volver a contratar con el Estado?
Pregunta 3. Contratación transparente obligatoria en todo el país
¿Aprueba usted establecer la obligación a todas las entidades públicas y territoriales de usar pliegos tipo, que reduzcan la manipulación de requisitos habilitantes y ponderables y la contratación a dedo con un número anormalmente bajo de proponentes, en todo tipo de contrato con recursos públicos?
Pregunta 4. Presupuestos públicos con participación de la ciudadanía
¿Aprueba usted establecer la obligación de realizar audiencias públicas para que la ciudadanía y los corporados decidan el desglose y priorización del presupuesto de inversión de la Nación, los departamentos y los municipios, así como en la rendición de cuentas sobre su contratación y ejecución?
Pregunta 5. Congresistas deben rendir cuentas de su asistencia, votación y gestión
¿Aprueba usted obligar a congresistas y demás corporados a rendir cuentas anualmente sobre su asistencia, iniciativas presentadas, votaciones, debates, gestión de intereses particulares o de lobbistas, proyectos, partidas e inversiones públicas que haya gestionado y cargos públicos para los cuales hayan presentado candidatos?
Pregunta 6. Hacer públicas las propiedades e ingresos injustificados de políticos elegidos y extinguirles el dominio
¿Aprueba usted obligar a todos los electos mediante voto popular a hacer público a escrutinio de la ciudadanía sus declaraciones de bienes, patrimonio, rentas, pago de impuestos y conflictos de interés, como requisito para posesionarse y ejercer el cargo; incorporando la facultad de iniciar de oficio investigaciones penales y aplicar la extinción de dominio al elegido y a su potencial red de testaferros como su cónyuge, compañero o compañera permanente, a sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil, y a sus socios de derecho o de hecho?
Pregunta 7. No más atornillados en el poder: máximo 3 períodos en corporaciones públicas
¿Aprueba usted establecer un límite de máximo tres periodos para ser elegido y ejercer en una misma corporación de elección popular como el Senado de la República, la Cámara de Representantes, las Asambleas Departamentales, los Concejos Municipales y las Juntas Administradoras Locales?
Bogotá, D. C, 24 de agosto de 2018.
Redacción Ecos Nacional
El ex procurador y precandidato presidencial Alejandro Ordóñez fue nombrado como embajador extraordinario y plenipotenciario de Colombia ante la OEA en Washington, Estados Unidos.
El Gobierno oficializó su nombramiento a través del decreto 1630 del 24 de agosto del 2018: “Nómbrese al doctor Alejandro Ordóñez Maldonado en el cargo de embajador extraordinario y plenipotenciario, código 0036, grado 25, de la planta de personal del Despacho de los Jefes de Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares, adscrito a la Misión Permanente de Colombia en la OEA”, asegura el documento de la Presidencia.
Ordóñez es abogado de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga. Ha ejercido cargos como Concejal de Bucaramanga, Magistrado del Tribunal Administrativo de Santander, presidente del Consejo de Estado de Colombia y Procurador General de la Nación durante el periodo 2009-2016.
Bogotá, D. C, 24 de agosto de 2018
Redacción Ecos Nacional
La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) piden a Ecuador y Perú que garanticen que los venezolanos, que necesitan protección, puedan ingresar al país, aunque no tengan pasaporte, porque estas naciones les exigirán este requisito para ingresar. Más de 5000 venezolanos siguen abandonando su país a diario.
La ruta que conecta Colombia y Perú, pasando por Ecuador, es una de las más usadas por los que huyen de la inseguridad y la escasez en Venezuela. Hasta ahora, los venezolanos podían cruzar las fronteras con su cédula de identidad y la Tarjeta Andina, un documento migratorio regional. El pasado 18 de agosto, Ecuador comenzó a exigir el pasaporte y Perú, comenzará a pedirlo este sábado.
El Alto Comisionado para los Refugiados y el Director de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) han emitido un comunicado en el que muestran su “preocupación” por estas medidas.
“Reconocemos los crecientes desafíos asociados con la llegada a gran escala de venezolanos. Pero sigue siendo crítico que cualquier nueva medida continúe permitiendo que los que necesitan protección internacional puedan llegar a un lugar seguro y pedir asilo”, dice Filippo Grandi, Director de ACNUR.
Más de 2,3 millones de venezolanos viven en el extranjero. 1,6 millones han salido desde 2015 y un 90 por ciento de ellos se ha quedado en América del Sur. Según las cifras de ACNUR, entre 2700 y 3000 cruzan a diario de Colombia a Ecuador.
“Si no hay posibilidad de proceder, habrá más gente que va a quedarse en Colombia. Pedimos a los Gobiernos de la región solidaridad y su apoyo. Necesitamos un enfoque regional e integral, para responder a las necesidades de los venezolanos y el apoyo de la comunidad internacional”, explica Yukiko Iriyama, la representante adjunta de ACNUR en Colombia.
“En este momento, en Venezuela es muy difícil obtener pasaporte porque cuesta mucho y el trámite es muy largo. A veces no hay papel y tinta para producir pasaportes”, sostiene Yriyama.
A ACNUR le preocupa que la gente que ha abandonado su país “por inseguridad, violencia, falta de comida y medicinas o falta de medios para ganarse la vida” no pueden regresar y para poder llegar a un lugar seguro podrían “tomar rutas con muchos riesgos si hay una imposición de pasaporte”.
“Pueden ser víctimas de traficantes, de reclutamiento forzado de niños por parte de grupos armados ilegales o de violencia sexual y de género”, asegura Iriyama. Los casos de niños no acompañados y las familias en la que no todos los miembros tienen pasaporte son especialmente vulnerables.
Cumbre regional
Ecuador ha convocado a una cumbre de 13 países del continente, incluido Venezuela, para buscar acciones conjuntas a la salida masiva de venezolanos.
“Felicitamos la iniciativa de esta cumbre regional y la OIM y ACNUR estaremos ofreciendo apoyo técnico”, dijo la representante de ACNUR en Colombia.
La agencia de la ONU para los refugiados centrará sus peticiones en cuatro puntos:
Acceso: Hay venezolanos que necesitan protección internacional como refugiados y los estados deben garantizarles el acceso y permitirles solicitar asilo.
Derechos básicos: Los estados deben considerar otorgar un estatuto legal alternativo de protección a los venezolanos, que les permita trabajar y acceder a la salud y la educación.
Enfoque regional: Los estados deben mantener la hospitalidad y la generosidad al recibir a los venezolanos. “Deben entender que los venezolanos fueron muy generosos con los migrantes y refugiados durante décadas”, recuerda Iriyama.
Apoyo internacional: con 2,3 millones de venezolanos que han salido del país desde 2014, se necesita más apoyo de la comunidad internacional. Es la salida de población más grande de la historia reciente de América Latina.
En marzo, ACNUR solicitó 46 millones de dólares de los que han recibido casi la mitad. La OIM pidió 32 millones y ha obtenido un 32% de los fondos. Desde marzo, las salidas han aumentado considerablemente por lo que estas agencias, junto a otros organismos, harán una nueva petición.
Cucuta, 24 de agosto de 2018.-
Por Felicia Saturno Hartt.
La trama argentina, recogida en ocho cuadernos, que detallan los sobornos en los contratos de obras públicas durante el Kirchnerismo, vuelve a poner en el centro del debate el tema de la Corrupción en América Latina.
Los apuntes del chófer Oscar Centeno apenas muestran el costillar de una bestia que sigue moviéndose a sus anchas por estas tierras, sin importarle mucho los colores políticos ni las ideologías.
La investigación judicial de la presunta red de coimas que mantuvieron los Gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, empieza a revelar el volumen y la anatomía de una criatura que se alimenta del dinero de las arcas públicas y de la extorsión, para al final dejar a la sociedad del país sudamericano aún más herida por la inquietud y la desconfianza que emana desde la ciudadanía hacia las autoridades. El golpe a la credibilidad del Estado es demoledor.
Por una década, Centeno anotó cada viaje que realizó con bolsos cargados de dinero, que exigió o entregó a una extensa lista de nombres. Un ir y venir de billetes en el que se movió un monto que podría superar los 200 millones de dólares. Los apuntes de este "lleva y trae” van describiendo con una precisión casi obsesiva al animal insaciable cuya cabeza estaba en la Casa Presidencial pero cuyo cuerpo alcanzaba a políticos, funcionarios y empresarios de todo tipo. Es difícil prever hasta dónde llegan los zarpazos de este monstruo o sus mordidas, literalmente hablando.
Lo que sí fue fácil de vaticinar es que Fernández y sus seguidores justificarían la arremetida judicial como parte de un proceso de hostigamiento político y de persecución ideológica. Sin embargo, más allá del color partidista y del tono del discurso populista que marcó su gestión, las revelaciones no guardan relación alguna con la tendencia de los Kirchner, sino con su profunda falta de ética. Como buena parte de los políticos de este continente, vieron en la carrera hacia el máximo puesto del Estado un camino del que beneficiarse económicamente. Para ellos la presidencia no fue un servicio a los ciudadanos, sino una manera de saquear desde el poder las riquezas del país.
Mientras se parapetaba en un discurso salvador que le hablaba a los más pobres y a los desvalidos, tras bambalinas le rendían culto a la riqueza, amansaban fortunas y se volvían cada vez más insaciables. El anuncio de una obra pública desde la tribuna podía ser en muchos casos la oportunidad para llenarse los bolsillos.
Ahora, cuando la apretada letra de unos cuadernos revela todo ese entramado de pagos ilegales que tejieron por años los Kirchner, el daño causado no irá solo a la cuenta de la "pareja presidencial” sino que afecta a todos los políticos y empresarios argentinos, sobre los que lloverá un mayor rechazo y suspicacia.
Esa voraz fiera de la corrupción que ellos alimentaron en la Casa Rosada tiene todavía, lamentablemente, un plato bien servido en otros muchos palacios, senados y cámaras de comercio de esta región.
La Habana, 24 de agosto de 2018.-
Por Yoani Sánchez.
El Presidente Iván Duque aseguró que aunque respeta la decisión del Consejo de Estado de condenar a la Nación por el atentado de El Nogal, ocurrido en 2003, considera que hay un desequilibrio por la falta de sanción a las Farc, que fueron los autores.
“No voy a controvertir una decisión del Consejo de Estado, pero sigo creyendo que hay que buscar un balance en la sociedad colombiana. Si quienes han cometido esos crímenes no tienen una sanción efectiva, proporcional, que le muestre al pueblo colombiano que es ejemplarizante y por otro lado se condena al Estado, me parece que hay un gran desequilibrio”, dijo Duque desde Apartadó, Antioquia.
El jefe de Estado señaló que los colombianos lo que quieren es que el Estado no sea el que termine pagando con sus impuestos por hechos terroristas de otras personas, que tanto le dolieron a la Nación.
Durante una Mesa por la Protección de la Vida de los líderes sociales, en compañía del procurador General de la Nación, Fernando Carrillo; el gobernador de Antioquia, Luis Pérez; el Alto comisionado para la Paz, Miguel Antonio Ceballos; la alta consejera para las Regiones, Karen Abudinen; la ministra de Trabajo, Alicia Arango; y el ministro de Defensa, Guillermo Botero, para discutir la creación de una política pública para contrarrestar el asesinato de defensores de derechos humanos, el presidente Duque se pronunció sobre el tema luego del fallo del Consejo de Estado, en el que se condenó a la Nación por este atentado de las Farc en el que murieron 39 personas y otras 198 salieron heridas.
La sentencia del Consejo de Estado establece que el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional, el Ministerio del Interior, la Fiscalía General de la Nación y el extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), también tuvieron responsabilidad administrativa y patrimonial en el hecho e impuso el pago de sanciones económicas en favor de las víctimas.
Acciones contra asesinatos
“Suscribimos un acuerdo donde vamos a trabajar de manera articulada para la protección de la vida y la integridad de los líderes sociales de nuestro país, que el sistema de alertas tempranas funcione de manera rápida y que haya una reacción oportuna por parte de las autoridades” anunció el presidente Duque.
Sostuvo que junto a la Procuraduría y la Fiscalía se prevenga, pero también se castigue a los autores intelectuales y materiales de los asesinatos contra los líderes sociales.
Bogotá, D. C, 23 de agosto de 2018
Redacción Ecos Nacional
El registro de los últimos acontecimientos políticos demuestra que se avecina un nuevo escenario en el Congreso de Colombia, que pondría en jaque el trámite legislativo de los proyectos de ley radicados por el Ejecutivo. Cambio Radical, La U y el Partido Liberal, se encaminan a declararse independientes a pocos días de cumplirse el término que establece el Estatuto de la Oposición para que las bancadas definan su posición frente el Gobierno de turno.
El primer campanazo sucedió con la elección del Contralor General de la República el pasado 20 de agosto, cuando fue derrotado el candidato del Centro Democrático José Felix lafourie. El segundo, se dio en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes cuando el Partido del jefe de Estado daba por hecho que elegirían a un miembro de esa bancada como integrante del Consejo Superior de Política Criminal: el resultado fue adverso para esta colectividad, una vez más, Cambio Radical, la U y el Partido Liberal, con el apoyo de la oposición, se impusieron y derrotaron al Centro Democrático.
Dos derrotas seguidas que demuestran que el Gobierno no tiene mayorías en el Congreso. En Casa de Nariño hay preocupación por los últimos acontecimientos. Este miércoles, la Vicepresidenta de la República, Marta Lucia Ramírez se sienta a manteles con la bancada del Partido Conservador y por otro lado, el Alto Consejero para la Política, Jaime Amín, busca contactos urgentes con varios congresistas para revisar el tema, que de una u otra manera, pone en aprietos el futuro de la agenda legislativa gubernamental en el Congreso.
Las matemáticas son exactas. Si nos remitimos a la composición de las fuerzas de las diferentes bancadas en el Congreso, es claro que el Centro Democrático no alcanza el 20 % del total de las cúrules, lo que significa que pueden seguir siendo derrotados en su ejercicio legislativo.
Así las cosas, el panorama para el Ejecutivo no es alentador. Las últimas declaraciones del presidente Duque sobre el tema, han dejado ver que acabó con la representación de los Partidos en el Gobierno, lo que en efecto ha sucedido, pues hasta el momento ninguna colectividad, diferente al Centro Democrático, ha tenido representación en su gabinete.
Las circunstancias políticas establecen que empieza un enfrentamiento democrático entre el Gobierno y el Legislativo, lo que permite poner en jaque el sistema presidencialista que por años ha rodeado la administración del Estado.
¿Le llegó la hora al Congreso para que demuestre su independencia?
Bogotá, D. C, 22 de agosto de 2018
Por Luis Fernando García Forero
