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Seis horas históricas tuvieron los participantes de la Cumbre Anticorrupción para acordar en 10 puntos consensos que permitan viabilizar el trámite del paquete legislativo y erradiquen al máximo ese fenómeno social que desangra las arcas del estado en Colombia.
El escenario fue la casa de Nariño donde los representantes de las diferentes fuerzas políticas y donde por primera vez asistieron dos voceros del nuevo partido: Las Farc y los jefes de los organismos de control, entre otros, donde coincidieron en que el paquete legislativo incluye la presentación de un proyecto por parte de la Procuraduría, otro por la Fiscalía y la reforma política, que también cuenta con el apoyo de las mayorías en el Congreso.
“Creo que hemos avanzado muchísimo para darles un mensaje a los colombianos. El primero, es que se va a dar impulso a los proyectos anticorrupción que han sido presentados por el Gobierno Nacional, por el señor Fiscal General de la Nación, por el señor Procurador General de la Nación. Como ustedes saben, del paquete legislativo que presentó el gobierno hay tres iniciativas que son coincidentes con lo que se presentó en la consulta. Adicionalmente, se van a presentar otros cuatro proyectos que corresponden a lo que fue incluido en la consulta anticorrupción del pasado domingo”, dijo el presidente al hacer un balance de la Cumbre.
Una Mesa Técnica coordinada por la ministra del interior Nancy Patricia Gutierrez y donde todos los partidos van a tener un representante trabajará con el objeto de lograr consensos y se viabilice la aprobación del paquete legislativo de un tema que es eje central en la opinión nacional: la lucha contra la corrupción y donde cerca de 12 millones de ciudadanos se manifestaron en las urnas votando el pasado 26 de agosto.
“Celebro toda la disposición de los partidos y la buena disposición también de todos los miembros del comité promotor, a quienes felicité. Y quiero felicitar sobre todo a los colombianos que se expresaron en las urnas y que le han dicho con claridad a Colombia y al mundo: no queremos más corrupción. Aquí no hay vanidades”, señaló Duque.
Por su parte, Claudia López, una de las principales promotoras de la Consulta Anticorrupción que se votó el domingo pasado, aseguró que se llegó a un gran acuerdo para cumplir el mandato ciudadano que se hizo en las urnas de luchar contra la corrupción.
“El Gobierno y todos los partidos han acordado que aprobarán estas iniciativas y el Gobierno les dará mensaje de urgencia a estos proyectos para cumplir los siete mandatos de la Consulta Anticorrupción. Serán en total diez proyectos anticorrupción”, dijo López.
Roy Barreras, del Partido de la U, aseguró que el resultado fue un hecho político trascendental que fue capaz de convocar a todos los partidos políticos sin excepción.“Es un hecho político trascendental que ha hecho que todos los partidos políticos, sin excepción, incluyendo a Claudia López, a Timochenko, a Gustavo Petro, al Partido liberal, a los cristianos, se pongan de acuerdo para aprobar los proyectos anticorrupción que apoyaron los casi 12 millones de colombianos. Y lo más importante, según la opinión nuestra, se va a hacer una reforma política en el país que arranca de raíz el sistema clientelar, acabando con la compra y venta de votos, que es el origen de la corrupción en el poder”, sostuvo el médico uy senador de la U Roy Barreras.
El líder de las FARC, Rodrigo Londoño, conocido como ‘Timochenko’, quien visitó la Casa de Nariño por primera vez durante el mandato de Duque, que se opuso a su participación política derivada del acuerdo de paz de La Habana, sostuvo que se sintió emocionado por hacer parte de este pacto y añadió que es una muestra que el camino que les queda es la reconciliación.“Es algo muy importante sentir que se recogió el clamor del pueblo colombiano expresado en las elecciones del pasado domingo. Yo creo que ser partícipe de esta mesa de concertación, donde se llegan a acuerdos muy importantes en función de atacar uno de los generadores de la violencia en Colombia, es algo muy importante, que nos satisface porque vamos en el camino correcto de la reconciliación y de la consolidación de la paz en Colombia . Lo que hicimos en La Habana fue el camino acertado”, agregó.
En la reunión estuvieron presentes representantes de los partidos Centro Democrático, Liberal, Conservador, La U, Cambio Radical, Mira, Maís, Alianza Verde, Farc, Colombia Justa Libres; Lista de los Decentes; y el movimiento Colombia Humana. También estuvieron presentes el fiscal General, Néstor Humberto Martínez, y el procurador General, Fernando Carrillo.
La tarea del Gobierno, el Congreso y los jefes de los organismos de control está en la óptica de la opinión nacional para que por fin se logre erradicar la corrupción en Colombia.
Bogotá, D, C, 30 de agosto de 2018
Por Luis Fernando García Forero
El Alto Comisionado para los DD.HH. de las Naciones Unidas, Zeid Ra’ad Al Hussein, llamó a tomar medidas urgentes para abordar la crisis en Nicaragua, donde “el grado de represión es tan alto” que ha forzado a las personas que participaron en las protestas, o que simplemente tienen opiniones disidentes, a esconderse o salir del país.
Zeid lamenta que “la represión y las represalias contra los manifestantes prosiguen en Nicaragua, mientras el mundo aparta la vista” y pide al Consejo de DD.HH. y a la comunidad internacional que adopten medidas para evitar que la crisis actual degenere “en disturbios políticos y sociales aún más graves”.
Un informe publicado por la Oficina del Alto Comisionado denuncia graves y diversas violaciones a los DD.HH. en Nicaragua cometidas entre el 18 de abril, cuando comenzaron las protestas en el país centroamericano, hasta el 18 de agosto.
El estudio indica que desde el inicio de la crisis han fallecido 300 personas y 2000 fueron heridas y detalla varias violaciones como el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía, que a veces condujo a ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias y generalizadas, las torturas y los malos tratos y las violaciones del derecho a la libertad de opinión, expresión y reunión pacífica.
También señala que militantes del Partido Sandinista, funcionarios del Gobierno y miembros de las fuerzas de seguridad (en particular, de la Policía Nacional), fueron agredidos y que fallecieron 22 agentes de policía. “El grado de brutalidad de algunos de estos episodios, que incluyeron quemaduras, amputaciones y profanación de cadáveres, ilustra la grave degeneración de la crisis”. Además detalla que es preciso investigar estos abusos, "que no legitiman en modo alguno una respuesta del Estado que no se ajuste al derecho internacional de los derechos humanos".
Igualmente, destaca la presencia de elementos armados progubenamentales durante las protestas que “actuaron con el beneplácito de autoridades estatales de alto nivel y de la Policía Nacional, a menudo de forma conjunta y coordinada”.
El estudio subraya que las autoridades nicaragüenses no desmienten la existencia de los elementos armados, pero sí “aprueba sus acciones y les permite operar con impunidad”.
Tras la represión de las protestas, la tercera fase de la crisis, todavía en curso, ha consistido en la persecución y penalización de los manifestantes y otras personas consideradas opositoras al Gobierno.
El estudio describe un grado de represión “tan alto” que ha forzado a algunos de los ciudadanos que participaron en las protestas o defendieron a los manifestantes a esconderse o abandonar el país.
De acuerdo con la información que maneja la Oficina, hasta el 18 de agosto por lo menos 300 personas fueron imputadas “con cargos de terrorismo y delincuencia organizada, por haber participado en las protestas o por haberlas apoyado”. Durante estos procesos “no se respetan las normas del debido proceso ni la imparcialidad de los tribunales”, indica el informe.
El Alto Comisionado pidió que finalice de inmediato el acoso, la intimidación y la criminalización en relación con la participación en las protestas y que se desarticule inmediatamente a los elementos armados progubernamentales.
Réplica de Nicaragua al informe
Por su parte, las autoridades nicaragüenses emitieron una serie de consideraciones en las que indican que el título del informe “prejuzga la actuación del Estado al dejar por sentado supuestas violaciones de DD.HH. e incorpora en sí mismo afirmaciones a priori, carentes de objetividad y que no están sustentadas”.
Destaca que el concepto de protestas recogido en el informe “fue un intento de Golpe de Estado pretendiendo romper el orden constitucional” y lo desestima “porque éste va más allá del alcance de la visita para la cual fue invitada” la Oficina del Alto Comisionado.
Ginebra, 30 de agosto de 2018.-
Por Felicia Saturno Hartt.
Fuente: Oficina del Alto Comisionado para los DD.HH. de la ONU.
A través del sistema de cifra repartidora donde cada partido postuló a sus candidatos, el Congreso de Colombia en pleno eligió los 9 magistrados del Consejo Nacional Electoral.
La plancha número 1 conformada por los candidatos del Centro Democrático, Partido Liberal y Partido Conservador obtuvo 143 votos lo que le permitió a cada colectividad tener dos magistrados: Renato Contreras y Pedro Felipe Gutiérrez del Centro Democrático; Heriberto Sanabria y Jaime Luis Lacouture del Partido Conservador y Doris Méndez y César Abreu del Liberalismo.
La plancha número 2 eligió al candidato de la U, Hernán Penagos, quien fue Presidente de la Cámara de Representantes.
La plancha 3 le correspondió a Luis Guillermo Pérez de la oposición, mientras que Cambio Radical de la Plancha 4 eligió a Jorge Rozo de Cambio Radical.
Con ese panorama político y la representación de las bancadas en el máximo tribunal electoral en Colombia, los grandes perdedores fueron el partido de la U y Cambio Radical que por diferencias internas no lograron consenso.
La coalición del Centro Democrático, el Partido Conservador y el Partido Liberal, arrasaron con las mayoría de magistrados en el nuevo Consejo Nacional Electoral.
Bogotá, D.C, 29 de agosto de 2018.
Por Luis Fernando García Forero.
En un vistazo a la escena internacional nos lleva a ver las contradicciones de los actuales mandatarios respecto a las graves contingencias globales. No se sabe si es por impericia política, por poca asesoría o por ignorancia de los impactos de sus decisiones. Lo cierto es que afectan la vida de muchos.
Prueba de estas graves contradicciones está reseñado en los diferentes medios en el mundo:
AMLO en México
México es el quinto mayor emisor mundial de contaminación por metano, proveniente de la industria del petróleo y gas y hasta ahora la propuesta energética del gobierno, que encabeza López Obrador, apunta a seguir en el mismo camino.
Con la apuesta energética centrada en el plan para construir dos refinerías, con una inversión aproximada de 6 mil millones de dólares en Tabasco y Campeche con una producción de 300 mil barriles de combustibles diarios, AMLO pondera la dependencia que tiene México a los hidrocarburos en vez de encaminar la transición energética hacia energías limpias.
Duque en Colombia
En Colombia se realizó la histórica Consulta Anticorrupción, donde casi 12 millones de ciudadanos votaron por los 7 mandatos anticorrupción y aunque no lograron alcanzar el umbral establecido, es un importante indicador de la gravedad del asunto. Incluso el Presidente Iván Duque la estima su asignatura más importante y radicó un nuevo proyecto de ley en el Congreso, para combatir la corrupción.
Pero, el joven presidente colombiano designa a Alejandro Ordoñez como Embajador extraordinario y plenipotenciario de Colombia en la Organización de los Estados Americanos (OEA), altamente cuestionada, porque este ex Procurador fue despojado de su cargo por sus prácticas clientelistas y de manejo de influencias. Incluso, más de 50 mil personas piden a Duque que reverse nombramiento de Ordóñez como Embajador en la OEA, integradas por personalidades del quehacer político y cultural.
Emmanuel Macron
El tema de la Inmigración es uno de los desafíos globales que muchos jefes de estado no previsualizaron en sus agendas políticas de campaña y ha dejado sin argumentos y estrategias concretas a muchos.
El otrora país de las libertades, de los inmigrantes aceptados y felices, la segunda patria de los africanos y el respeto de los credos históricos es historia.
La Ley de Asilo e Inmigración, adoptada por el Parlamento francés el pasado febrero, con el peso de la hegemónica Bancada del partido oficialista, ha recibido fuertes críticas, no sólo por sus oponentes en el país galo, sino en la Comunidad Europea, sobre todo en Italia, agobiada por la crisis de refugiados.
Medidas como el endurecimiento de los controles a los sin papeles, el aumento de las expulsiones y la imposición de sanciones penales para quienes entren ilegalmente en el país, han inquietado a las asociaciones defensoras de los DD.HH.
La ley aumenta de 45 a 90 días, ampliables hasta 135, el plazo de retención para las personas en proceso de expulsión. Se trata de dar más margen a las autoridades para negociar la repatriación con los países de origen de los afectados y negar los posibles asilos.
Donald Tump
El Presidente de los EE.UU. es asumido como muestra de lo impredecible. Pero existe un ámbito de gran preocupación para analistas internacionales, el nuclear.
Trump se declaró partidario de iniciar negociaciones con Kim Jong-un, dio a conocer que rompía el acuerdo nuclear suscrito en 2015 con Irán y restableció “al máximo nivel” las sanciones contra el régimen iraní.
Aquel pacto con Irán, también suscrito con la participación de China, Rusia y el Reino Unido, había congelado al menos por diez años el programa nuclear iraní y su acceso a la bomba atómica. En las negociaciones en Viena, los representantes de Irán aceptaron sentarse a la mesa en medio de sanciones económicas que les sofocaban duramente.
Los costos de esta última decisión son múltiples: desata un conflicto de magnitud desconocida en Oriente próximo; reaparece el peligro de las armas nucleares como recurso latente en esa región; hace saltar por los aires la relación transatlántica que deja mal parado al Reino Unido, Francia y Alemania.
Pero mucho más difícil es comprender que ello ocurra mientras el Pentágono pone en marcha los planes para construir armamento nuclear más moderno y más sofisticado: bombas más pequeñas que las conocidas, pero adecuadas para ataques nucleares rigurosamente focalizados.
Trump aprobó un plan para modernizar el arsenal nuclear estadounidense, con una inversión de 1,2 mil millones de dólares en los próximos 30 años.
Esto es sólo una muestra de esas contradicciones peligrosas no sólo para la gobernabilidad y la gobernanza, sino para la supervivencia del planeta.
Maracay 29 de agosto de 2018
Por Felicia Saturno Hartt
Foto: Ecos
No se puede ser indiferente a las demandas de trabajo de los millones de personas que viven en países en conflicto o que han sobrevivido a éstos, ha afirmado el Director de la Organización Internacional del Trabajo que, además, ha señalado que la pobreza amenaza la prosperidad, por lo que ha destacado la necesidad de que se creen empleos decentes.
La Cumbre sobre el Mundo del Empleo donde se trató la importancia del trabajo decente para la Paz y la Resiliencia, abordó los escenarios sobre el terreno y las alianzas de colaboración que pueden fructificar en resultados concretos.
La indiferencia ante la demanda de trabajo, la libertad y la dignidad por parte de cientos de millones de hombres y mujeres, que habitan en países con conflictos en activo o situaciones de desastres “sería la más vergonzosa reacción que podríamos tener”, indicó el Director General de la Organización Internacional del Trabajo.
“A todos nos interesa garantizar la Paz y la capacidad de recuperación, porque una crisis profunda y continua nos pone en peligro a todos. La Constitución de la OIT nos recuerda que la pobreza, en cualquier sitio, constituye un peligro para la prosperidad en todas partes”, resaltó Guy Ryder.
Asimismo, se mostró pesimista respecto al bienestar inmediato del mundo al asegurar que “más países sufren conflictos violentos que en cualquier otro momento en casi tres décadas” y el número de personas desplazadas por la violencia o las guerras alcanza cifras récord.
La relevancia del trabajo decente para la paz
El trabajo decente forma parte de un mundo mejor y más pacífico, subrayó. A su vez, recordó las palabras del Presidente Colombia, Juan Manuel Santos, cuando afirmó que si se desea la Paz hay que cultivar la Justicia Social.
El director general destacó que a lo largo de los años la OIT ha puesto su experiencia y conocimientos al servicio de los pueblos más vulnerables y frágiles en países afectados por conflictos a través de criterios que provienen de los principios fundacionales y valores de la OIT.
Recomendación 205 sobre trabajo y el empleo decente
“La Recomendación 205 constituye un instrumento histórico para el mundo del trabajo a la hora de abordar problemas que están en la encrucijada de la asistencia humanitaria y para el desarrollo”, destacó con relación a la actualización del instrumento adoptado durante la pasada Conferencia con relación al trabajo y el empleo decente.
Además, proporciona a los Estados miembros principios rectores, pautas ante los conflictos y desastres y facilita la recuperación postconflicto.
Destacó la necesidad común de aprovechar las oportunidades que ofrecen las nuevas estructuras humanitarias y de desarrollo para mantener la paz y realizar un mayor esfuerzo para responder a los conflictos e impedir que se produzcan.
Esta nueva agenda exige asociaciones más estrechas, estratégicas y operativas, dijo.
Ginebra, 29 de agosto de 2018.-
Por Felicia Saturno Hartt.
Fuente: ONU/ OIT.
En las guerras del futuro, las máquinas podrían ir por el mundo dándoselas de perdonavidas sin que los humanos las guíen. En Ginebra, se discutirá sobre el desarrollo de la inteligencia artificial con fines bélicos.
En el cine y los juegos de video, las máquinas asesinas que se controlan a sí mismas llevan años causando fascinación entre los amantes del entretenimiento, la ciencia ficción y la violencia explícita; como muestra, un clásico: la película Terminator.
En las ferias especializadas, las armas programables ya se ofrecen de manera habitual, pero no desde hace mucho tiempo. Y eso es bueno, alegan los activistas que ejercen presión a escala internacional para que las armas autónomas sean prohibidas. A sus ojos, aunque el desarrollo de la inteligencia artificial con fines bélicos avanza a grandes pasos, todavía hay tiempo para promulgar y hacer respetar leyes de alcance global que impidan su proliferación. Pero no todos comparten su opinión.
Cuando los miembros de la comunidad internacional se reúnan en Ginebra para debatir sobre los Sistemas de Armas Letales Autónomas (LAWS, por sus siglas en inglés) o, en palabras del Comité Internacional de la Cruz Roja, los sistemas de armas que buscan y eligen sus blancos de manera independiente –sin intervención humana– para luego atacarlos o destruirlos. ¿Qué pasaría si el robot de un bando no sólo decide neutralizar los proyectiles de su rival, sino también asesinar civiles? ¿Es lo mismo un robot que busca, reconoce y desactiva minas, que uno dedicado a cazar, identificar y matar gente? No todos los Estados responden de la misma manera a esas preguntas.
Más allá de la ciencia ficción
Aunque la distinción entre combatientes y civiles es una de las reglas más trascendentales del Derecho de guerra, en tanto que obliga a los protagonistas de un conflicto a garantizar al máximo la protección de los civiles y de sus edificios, hay naciones cuyos Gobiernos se niegan a prohibir las armas autónomas de manera vinculante; los más reacios son los que más recursos invierten actualmente en el uso militar de la inteligencia artificial: Estados Unidos, Israel, Rusia y Gran Bretaña.
Quien lleve la batuta en este ámbito dominará el mundo, dijo al respecto el “hombre fuerte” de Moscú, Vladimir Putin. Y en Washington, este tipo de armamento es hasta elogiado porque supuestamente contribuye a reducir el número de “daños colaterales” en el marco de un enfrentamiento.
Se presume que, cuando un soldado está abrumado por la información que recibe desde el frente, las computadoras pueden mantener su “mente clara” y cometer menos errores. Ese fue uno de los argumentos articulados por la delegación estadounidense en la última cita de Ginebra dedicada al tópico; Washington desaconsejó estigmatizar a estas armas.
Hasta ahora, sólo 26 Estados han favorecido la prohibición total de las armas autónomas; pero ellos cuentan con el respaldo de las 230 organizaciones y las tres mil personas que firmaron una petición alusiva puesta en circulación por el Instituto Future of Life, que reúne a científicos y empresarios célebres por sus trabajos sobre la inteligencia artificial. Alemania y Francia han propuesto una tercera vía.
¿La hora de la sociedad civil?
Si bien el Gobierno de coalición alemán se comprometió a rechazar internacionalmente las armas autónomas, éste unió su voz a la del Ejecutivo francés para recomendar la redacción de una declaración política y, más tarde, la de un código de comportamiento militar.
A juicio de Berlín y París, un tratado para prohibir ese tipo de armamento debe ser el último paso porque las opiniones al respecto difieren demasiado. La progresión planteada tendría, a los ojos de Alemania y Francia, la facultad de reducir la polarización prevalente. Los activistas de la campaña “Stop Killer Robots” no comulgan con este procedimiento. Ellos sostienen que, dado el peso de Alemania en la Unión Europea, este país debe dar el ejemplo y exigir la prohibición total.
“A las armas autónomas no se les puede implantar un chip para que respeten el Derecho internacional. Si el Gobierno alemán realmente quiere que este tipo de armamento sea rechazado, debe demostrarlo. Eso es lo que significa asumir responsabilidad”, señala Thomas Küchenmeister, Presidente de Facing Finance, una organización que participa en la campaña “Stop Killer Robots”.
Si las discusiones de Ginebra no muestran avances, es muy probable que sea la sociedad civil en varios países la que empiece a ejercer presión sobre sus líderes, pronostica Küchenmeister, recordando que la lucha contra las minas prosperó y derivó en la firma de un tratado para prohibirlas al margen de la ONU; los impulsores de esa campaña internacional fueron reconocidos con el Premio Nobel de la Paz en 1997.
Ginebra, 29 de agosto de 2018.-
Por Nina Werkhäuser.
El movimiento del senador Gustavo Petro, Colombia Humana, perdió la batalla en el Consejo Nacional Electoral y se quedó sin personería jurídica por seis votos contra dos en ese Tribunal Electoral. En consecuencia, queda por fuera del Estatuto de la Oposición perdiendo beneficios en materia de financiación y acceso a los medios de comunicación, entre otros.
Argumentó la mayoría de magistrados que Colombia Humana no obtuvo votos en las elecciones legislativas ya que quienes acompañaron a Petro aspiraron al Congreso en una coalición llamada 'Lista de la Decencia' conformada por partidos que sí tienen personería jurídica, como la Unión Patriótica y la Alianza Social Independiente.
Destaca la ponencia mayoritaria que tanto Petro como su fórmula vicepresidencial, Ángela María Robledo, llegaron al Senado y la Cámara por la reforma que estableció el Equilibrio de Poderes y no como candidatos al Senado y la Cámara respectivamente.
Las críticas sobre esa decisión no se hicieron esperar. La actual representante Ángela María Robledo sostuvo en su cuenta de twitter que “la oposición política es un derecho fundamental y hoy el CNE se lo quiere cercenar a la Colombia Humana”.
El tema se acrecienta cada momento en las redes sociales. Unos en solidaridad con el Movimiento de la Colombia Humana y los que siempre han sido opositores y criticado el ejercicio político del excandidato presidencial y fundador de Colombia Humana: Gustavo Petro.
Bogotá, D. C, 28 de agosto de 2018.
Redacción Ecos Nacional.
El Contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón, a pocos días de dejar su cargo, exhortó al Gobierno Nacional para que siga con la suspensión de la práctica del 'fracking', hasta tanto cuente con la capacidad institucional, el conocimiento científico y una cartografía geológica en detalle, que permita a las entidades conocer las particularidades del lugar donde se explore hidrocarburo.
El Contralor Maya Villazón fue contundente en afirmar que el país aún no está preparado para para mitigar los riesgos y afectaciones de técnicas de explotación de yacimientos no convencionales de hidrocarburos, como el fracking.
Al dar a conocer un informe del organismo de control fiscal sobre el tema de la explotación de hidrocarburos, Maya Villazón aseveró que actualmente no se cuenta con los términos de referencia ambientales para la explotación mediante el fracturamiento hidráulico.
“Si bien el país tiene un potencial recuperable de este tipo de recurso natural, aún falta información técnica precisa, dado que persisten vacíos en estudios de detalle y datos insuficientes sobre la línea base ambiental, que permitan eventualmente promover su aprovechamiento de manera sostenible”, aseguró Maya Villazón.
Bogotá, D. C, 28 de agosto de 2018
Redacción Ecos Nacional.
El resultado de la Consulta Anticorrupción del domingo 26 de agosto y donde cerca de 12 millones de colombianos le dijeron no más a ese grave fenómeno social, llevó al Presidente Iván Duque a convocar a las fuerzas políticas para lograr acuerdos que permitan aprobar las iniciativas contra la corrupción en el Congreso de la República.
Una llamada de la exsenadora y excandidata vicepresidencial Claudia López, al Presidente Duque, generó que esa propuesta se consolide este miércoles a las 6 PM en casa de Nariño con la presencia de los jefes de los Partidos Políticos representados en la Cámara y el Senado de Colombia.
El jefe de Estado, Iván Duque Márquez, sostuvo en su cuenta de twitter: “He convocado el miércoles a la Casa de Nariño a promotores de #ConsultaAnticorrupción, a presidentes de Cámara y Senado, a presidentes de partidos y sus voceros, para analizar juntos lo que viene en la agenda legislativa para enfrentar a los corruptos con toda la determinación”.
Sin embargo los promotores de la Consulta liderados por Claudia López, y los senadores Jorge Robledo y Angélica Lozano, entre otros, radicarán este martes 28 de agosto un proyecto de ley con los siete puntos que estaban incluidos en ese mecanismo de participación ciudadana donde 11.688.008 le dijeron no más corrupción en Colombia.
“Duque tiene que entender que este mandato es mayor al que lo eligió como presidente de la República. Esto implica apoyar todos los puntos…” sostuvo la exsenadora López quien instó al Presidente de Colombia a que convoque al Congreso no solo a apoyar los cuatro proyectos anticorrupción radicados por el Ejecutivo sino también las iniciativas que serían presentadas por los promotores de la Consulta.
Revisarán proyectos
De otra parte la ministra del interior Nancy Patricia Gutierrez, señaló que el Gobierno Nacional revisará los proyectos de ley que presentarán los promotores de la Consulta Anticorrupción, para analizar si son viables.
“Hay algunos puntos que tienen una discusión jurídica y constitucional que habrá que revisar con mucho cuidado, pero los proyectos del Gobierno que se presentaron tienen viabilidad jurídica y que esperamos que tengan la acogida política en el Congreso para sacarlos adelante. Bienvenidas todas las iniciativas y las estaremos analizando desde el punto de vista jurídico y que tengan la posibilidad de ser implementadas”, afirmó la Ministra del Interior.
Pidió el apoyo de las bancadas del Congreso para aprobar el paquete anticorrupción que radicó el Gobierno y agregó que algunos de los puntos que están en discusión en las normas anticorrupción ya están establecidos dentro de la ley, por lo que desde la Presidencia, anunció, se emitirán “directivas presidenciales” para su aplicación.
Bogotá, D. C, 26 de agosto de 2018
Por Luis Fernando García Forero
“Sin importar los resultados, quedó claro que Colombia no aguanta más corrupción. Estos 11 millones de colombianos que salimos a votar hoy enviamos un sonoro mensaje de rechazo al permanente saqueo de los recursos públicos”, afirmó en forma contundente el Presidente Iván Duque Márquez.
En una alocución radiotelevisada y después de conocerse el resultado de la Consulta Anticorrupción, el Presidente Duque sostuvo que la democracia fue la protagonista de la jornada de hoy, “más de 11 millones de colombianos votamos la Consulta Anticorrupción, el 99 % de quienes votamos apoyamos las iniciativas allí planteadas. Desafortunadamente el número de votos no alcanzó el umbral de participación que la ley estipula”.
Enfatizó el jefe de Estado que “La lucha contra la corrupción también requiere que los corruptos no disfruten de los beneficios de casa por cárcel y reducción de penas. Que las empresas que corrompen funcionarios ni sus dueños ni sus gestores puedan volver a contratar con el Estado. Que desmantelemos los carteles de únicos proponentes y le pongamos fin al abuso de la contratación directa (...) Unidos, derrotaremos a los saqueadores de los recursos públicos. Juntos, construiremos el futuro que Colombia se merece”, enfatizó.
El presidente informó que en los próximos días presentará, junto con la Procuraduría General de la Nación, un proyecto de ley, en el cual se consagrará la responsabilidad penal de las personas jurídicas “para endurecer las sanciones a las empresas que pretendan corromper funcionarios”.
La siguiente es la declaración del Presidente Iván Duque Márquez, respecto a la consulta Anticorrupción:
Colombianos:
La democracia fue la protagonista de la jornada de hoy.
Más de 11 millones de ciudadanos votamos la Consulta Anticorrupción. El 99 por ciento de quienes votamos, apoyamos las iniciativas allí planteadas. Desafortunadamente el número de votos no alcanzó el umbral de participación que la ley estipula. En la democracia las reglas son ciertas, pero los resultados, inciertos.
Quiero felicitar a todos los ciudadanos que salieron a votar y a todos los comités promotores que trabajaron en el impulso de la Consulta. También felicito a la Registraduría por la organización de este ejercicio.
La jornada de hoy es una prueba de la fortaleza del sistema democrático colombiano en acción. Esta fue una iniciativa popular de participación ciudadana.
Primero, unos 4 millones de compatriotas respaldaron con su firma la presentación de la Consulta al poder Legislativo.
Después el Congreso la aprobó con amplias mayorías. Partidos políticos de distintas ideologías apoyaron la convocatoria a esta consulta.
La Organización Electoral recibió el mandato de realizar este ejercicio democrático y nuestro gobierno brindó todo el apoyo financiero y de pedagogía para su celebración el día de hoy.
Apoyé la Consulta durante la campaña y ya como primer mandatario invité a todos los colombianos a participar. Más de 97 mil mesas fueron habilitadas en casi 11 mil puestos de votación en todo el territorio nacional y más de 900 mesas fueron instaladas en consulados para que nadie se quedara sin la opción de participar.
Sin importar los resultados de hoy, quedó claro que Colombia no aguanta más corrupción. Estos 11 millones de colombianos que votamos, que salimos a las urnas, enviamos un sonoro mensaje de rechazo al permanente saqueo de los recursos públicos.
Es el mismo rechazo que se expresó en las urnas el pasado 17 de junio y es el mismo rechazo que todos los días sienten la gran mayoría de los colombianos.
Porque la lucha contra la corrupción no tiene tinte ni color político.
La lucha contra la corrupción no tiene partido ni ideologías.
La lucha contra la corrupción es un deber moral que nos corresponde a todos y todos debemos contribuir: el Gobierno, los partidos, el sector privado, los ciudadanos, las entidades de control, el Congreso.
Recorrer Colombia me ha ratificado cómo la lucha contra la corrupción nos une como sociedad. La indignación del país frente al robo de los dineros de todos, frente al despilfarro, frente al desgreño, frente a la politiquería y el clientelismo es un sentimiento generalizado que compartimos todos.
Quiero decirles a los colombianos, a los que votaron hoy y los que se abstuvieron, que lucharemos todos unidos contra la corrupción.
Invito a los colombianos a no descansar en este propósito común. Todos tenemos nuestro papel en esta lucha.
Desde el primer día de nuestro gobierno radicamos en el Congreso un paquete anticorrupción con 4 proyectos de ley. Estas iniciativas legislativas incluyen la limitación a no más de tres períodos para elegirse en una corporación pública; que los delitos contra la administración pública sean imprescriptibles, que se introduzcan “pliegos tipo” a muchos más sectores, garantizando transparencia para contratar con el Estado y que se adelante el levantamiento de la reserva de la declaración de renta para quienes ejercen función pública y manejan recursos públicos.
He invitado a todos los colombianos a que hagamos un Pacto por Colombia. Este acuerdo nacional no puede dejar de incluir un Pacto contra la corrupción.
Por esa razón invito a los congresistas de la República, de todos los partidos políticos, a responder a este clamor ciudadano, al hastío de nuestros compatriotas, con la rápida aprobación de este paquete y la identificación de nuevas reformas.
No podemos darnos el lujo de descansar un solo minuto en esta lucha. Es lo mínimo que esperan los colombianos del Congreso después de hoy.
Además de este paquete legislativo, quiero anunciarles que en los próximos días presentaré, junto con la Procuraduría General de la Nación, un proyecto de ley en el cual, entre otros, se consagrará la responsabilidad penal de las personas jurídicas para endurecer las sanciones a empresas que pretendan corromper funcionarios.
La lucha contra la corrupción no se detiene ahí. Estoy convencido de que debemos empoderar al ciudadano para denunciar por todos los medios posibles, por las plataformas, líneas telefónicas y las redes sociales. Los ciudadanos también pueden contribuir a este propósito por medio de la veeduría ciudadana.
La lucha contra la corrupción también requiere que los corruptos no disfruten de los beneficios de casa por cárcel y reducción de penas. Que las empresas que corrompen funcionarios, ni sus dueños ni sus gestores, puedan volver a contratar con el Estado. Que desmantelemos los carteles de únicos proponentes y le pongamos fin al abuso de la contratación directa.
La corrupción es también un fenómeno con profundas raíces culturales. Debemos retomar la enseñanza de la educación cívica, la educación ciudadana y los valores.
Colombia ratificó hoy la salud de su democracia. Consultamos a la sociedad y la sociedad habló: No más corrupción. La lucha contra los corruptos no es de un día ni se acaba hoy.
La continuaremos en destinos comunes: en el legislativo, en el educativo, en el administrativo, en el de la reforma política, en el de los valores, en el del uso de la tecnología.
Unidos, derrotaremos a los saqueadores de los recursos públicos. Juntos, construiremos el futuro que Colombia se merece.
Porque el futuro de Colombia es de todos.
Que Dios bendiga a Colombia
Muchas gracias.
Bogotá, D. C, 26 de agosto de 2018.
Redacción Ecos Nacional.
