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A un año de los procesos más significativos y trascendentales de la Historia de Colombia, la dejación de armas por parte de las Farc y con el acompañamiento internacional, la Cámara Alta del Congreso de Colombia, debe decidir en pocas horas, una clara posición que determinará el futuro de todos los actores involucrados en el contexto de la Justicia colombiana, que van desde las 83 mil víctimas hasta los efectivos militares y todas aquellas instancias implicadas en el devenir del conflicto armado.

La decisión es histórica porque puede dividir la historia de Colombia y apagar una legitima salida jurídica, ya que el proyecto a consideración del Congreso, el procedimiento para la Justicia Especial de Paz, permitirá que excombatientes, agentes del Estado, fuerza militares y de policía, comparezcan ante dicho tribunal para desarrollar los principios de verdad, reparación y retribución de las víctimas, basado en la Justicia Transicional.

Ecos diálogo con el senador Roy Barreras quien fue contundente en expresar que el procedimiento de la JEP es el eje fundamental de la paz porque garantiza la seguridad jurídica a todos los colombianos.

Las horas y los minutos se están acercando para que el Senado de Colombia defina la suerte del procedimiento de la JEP. El senador Roy Barreras, quien ha entregado  toda su actividad política y legislativa a la paz de Colombia, fue certero en afirmar que “echar por tierra la JEP, destruirla, dañarla, es quitarle a las víctimas el derecho a la verdad. Pero además, es quitar a los militares la salida jurídica que con ellos construimos y que ha permitido que más de 2 mil integrantes de la Fuerza Pública vuelvan a su casa”.

Fue enfático en argumentar que el Congreso aprobando dicha iniciativa, beneficiaría a las víctimas que sólo en la JEP podrían conocer la verdad.

En ese mismo espíritu, Barreras recordó que “dolorosamente hay 84 mil desaparecidos, madres de colombianos que no olvido y que no saben dónde están sus hijos y sus esposos. Es la JEP las que les permitirá saber dónde están”.

Barreras, coordinador ponente del proyecto en mención, dijo que si hunden la JEP y piensan cambiarla “por una sala inconstitucional, como lo propone el Centro Democrático, que no se puede crear en esa ley, deja a los militares en el limbo en manos de la Corte Penal Internacional”.

Señala Roy Barreras que el otro efecto negativo, si se archiva la iniciativa, es que “si destruyen la JEP, la seguridad jurídica que se logró para los terceros, también se echa por tierra y en esa nueva guerra jurídica, que empezaría, los terceros terminarían en la justicia penal ordinaria”.

Expresó el senador valluno que la suerte sobre el proyecto está echada y dijo que “si se traiciona el Acuerdo de Paz, no habría con quien negociar nada, eso fue lo que pasó en Centro América con las Maras. Ese destino violento puede evitarse todavía dejando estable y segura la paz, gracias a la JEP” y agregó que si hunden la JEP, estarían llamando a la CPI para juzgar a los militares.

Finalmente aseveró el médico y senador Roy Barreras, que  el nuevo Gobierno debe tener muy buenos proyectos y una agenda legislativa positiva.

“Lo que sea bueno para Colombia lo apoyaremos, pero si ellos no vienen a construir sino a destruir la paz, no pasarán, aquí estaremos defendiendo la paz”, aseguró.

Bogotá, D, C, 27 de junio de 2018.

Por Luis Fernando García Forero

El tema no se define en el Senado de la República. No hay consenso entre la subcomisión que deberá rendir un informe a la plenaria de la corporación que posibilite la aprobación de dicha iniciativa y que fue aprobada en la Cámara de Representantes.

Las reuniones con el Ministro del Interior Guillermo Rivera y los senadores avanzan, pero sin resultados. Es importante destacar que la JEP ya está en funcionamiento, pero en la realidad jurídica, carece de una ley que reglamente sus funciones.

El Congreso y más directamente la Cámara Alta, tiene la responsabilidad del futuro del proyecto que ya se discute en sesiones extraordinarias que fueron decretadas por el Gobierno, pues el 20 de junio se culminó el periodo legislativo ordinario.

Los senadores Jorge Robledo, Paloma Valencia, Armando Benedetti, Eduardo Baena, entre otros son algunos de los miembros de la subcomisión, pero las propuestas de la bancada del Centro Democrático estancan el consenso.

Los temas que propone el partido del Ex presidente y Senador Álvaro Uribe tienen que ver con crear una sala especial dentro del tribunal, que juzgue a los militares involucrados en el conflicto armado con diferentes magistrados a los ya existentes. Sobre este tema, el senador Armando Benedetti, ponente del proyecto de Ley, ha dicho que esto es imposible porque se requeriría una reforma constitucional.

Benedetti quien ha criticado la actitud de la bancada del Centro Democrático para viabilizar la aprobación de la iniciativa, sostuvo que “ están poniendo trabas y que con lo que proponen dejaran a los militares sin una situación jurídica clara lo que llevaría a la intervención de cortes internacionales”.

La participación en política de los líderes de las Farc ha sido otro de los puntos en controversia. Según los opositores,  lo que se pretende es que los responsables de crímenes de lesa humanidad no puedan participar en política. Y por último se solicita que las víctimas del conflicto puedan tener una participación en los procesos con mayor impacto.

Según el senador Roy Barreras, “la subcomisión no puede encontrar solución para la JEP porque las pretensiones del Centro Democrático son de rango constitucional y no pueden modificarse con una ley ordinaria. Así que lo que corresponde es aprobar ya el texto de la Cámara”, dijo en su cuenta de twitter, y donde también señaló que “No tiene sentido enfrascar al Presidente electo en un debate estéril  y desgastante negándose a aprobar ley de procedimiento JEP que todo el mundo sabe que es necesaria. Van a pasarse los 4 cortos años demoliendo en lugar de construyendo?”.

Presidente Santos insiste

Entre tanto el Presidente Juan Manuel  Santos hizo un nuevo llamado al Senado de la República para que apruebe las normas procedimentales de la Justicia Especial para la Paz, JEP, porque “a las Fuerzas Armadas de Colombia les conviene”.

El Jefe del Estado enfatizó en que “no es cierto, óigase bien, no es cierto que nuestras Fuerzas quieran lo que algunos pretenden decir que quieren: que quieren un espacio especial, unos magistrados especiales dentro de la justicia transicional” y agregó que “eso no es lo que le conviene a nuestras Fuerzas (…) porque inmediatamente los pondrá, nuevamente, en la lupa de la Corte Penal Internacional”.

Recordó el arduo trabajo cumplido ante la Corte Penal Internacional para que esta aprobara la justicia transicional para las Fuerzas Armadas. “No hay excusa para demorar esta decisión que es lo que le conviene a todo el mundo”, puntualizó el Mandatario.

Sobre el tema, el comandante general de las Fuerzas Militares, general Alberto Mejía, afirmó que “nosotros tenemos tres imperativos (…) el primero es impulsar, desarrollar y apoyar a la Justicia Especial para la Paz. El segundo, es armónico con el primero, consiste en fortalecer la Justicia Penal Militar y el tercero, mantener, soportar esa orden constitucional de que las Fuerzas Militares y de Policía “tienen un fuero carcelario especial”.

Dijo que en su condición de representante de las Fuerzas Militares puede afirmar que la Justicia Especial para la Paz en lo que tiene que ver con los integrantes de la Fuerza Pública “no se escribió y no se construyó en La Habana”.

Aseveró que “el Gobierno nos invitó a participar y allí en ese diálogo que realizamos nosotros con el Congreso de la República con los diferentes ministerios ayudamos a construir una Justicia Especial para la Paz, que hoy en día es uno de los elementos vitales del proceso de paz”.

Bogotá, D. C, 25 de junio de 2018.

Por Luis Fernando García Forero.

El presidente electo de Colombia Iván Duque Márquez, luego de visitar el municipio de Gómez plata en el departamento de Antioquía, la tierra natal de su padre, ya fallecido, Iván Duque Escobar, se trasladó al proyecto  hidroeléctrico Ituango.

Allí Duque, quien se posesionará este 7 de agosto del 2018, conoció en compañía del Gobernador de Antioquia., Luis Pérez, y el Gerente de Empresas Públicas de Medellín, los avances de la construcción y la mitigación de la emergencia que se presentó el pasado 28 de abril en HidroItuango, obligando la evacuación de varias poblaciones aguas abajo.

El presidente electo resaltó la importancia de esta mega obra para el país explicó que “estamos hablando de más de 2 300 megas de capacidad instalada, en un país que tiene 16.600. Es el proyecto de generación hidroeléctrica más importante de la historia de nuestro país”.

Destacó el esfuerzo de los trabajadores de la obra y los calificó como héroes porque evitaron lo que hubiera podido ser una gran tragedia y mitigaron bastantes riesgos.

“Se está trabajando con mucha dedicación para poder contener cualquier situación de riesgo que exista. Pero tendremos que seguir deseándole al equipo de ingeniería, trabajadores, al consorcio constructor, a la Gobernación, los mejores vaticinios y deseos para que esta obra se pueda rescatar y sacar adelante para que Colombia se beneficie de un proyecto de semejante envergadura”.

Anunció que aspira a “contribuir y ayudar en todo lo que sea posible para que el proyecto salga adelante, para que se mitiguen los riesgos. Quiero también dar un mensaje a las familias que han tenido que ser reasentadas por la mitigación de riesgos, agradecerles la paciencia que ha tenido. Y también espero como presidente de los colombianos, atenderlos y ayudar a resolver sus problemas inmediatos”. 

Finalmente Iván Duque dijo que “esta visita para mí es la reafirmación del deseo que tenemos todos los colombianos de que un proyecto de esta naturaleza pueda salir adelante y que podamos enfrentar cualquier adversidad, aquí se han enfrentado riesgos grandes”.

Medellín, 24 de junio de 2018.

Redacción Ecos.

La solución a la crisis venezolana pasa inevitablemente por la salida del poder de Nicolás Maduro, afirmó el Presidente Colombiano, Juan Manuel Santos, en una entrevista con EFE, en la que señaló que es “muy difícil” la relación con un vecino así.

“Sin duda alguna. La salida de Maduro es una condición necesaria para un cambio de régimen y para la devolución a los venezolanos de su Democracia“, afirmó el mandatario al responder una pregunta sobre si la salida de Maduro es indispensable para resolver la crisis.

Santos, que entregará el poder el próximo 7 de agosto a Iván Duque, elegido presidente el pasado domingo, afirmó que el mundo ha visto “que Venezuela ha venido avanzando hacia una dictadura“.

“Hoy es una dictadura”, dijo Santos y añadió que el régimen de Maduro “acabó con las instituciones democráticas, no ha hecho otra cosa diferente a violar los DD.HH. de los venezolanos y eso es algo que Colombia no puede aplaudir”.

Explicó que, por ello, no se puede ser socio de un Gobierno como el de Venezuela, país con el que Colombia comparte una frontera de 2.219 kilómetros. “No podemos estar en ese sentido de socios de Venezuela, por eso nos hemos venido distanciando y efectivamente tenemos una relación muy difícil”, manifestó.

Dijo además el Primer Mandatario Colombiano que con el Gobierno de Maduro, los colombianos han sido y serán “implacables” y seguirán “presionando por todas las formas posibles para buscar un cambio de ese régimen y una situación que le permita a Venezuela recobrar sus libertades y su democracia”.

Santos llegó al poder en agosto de 2010 y uno de sus primeros logros en política exterior fue recomponer las relaciones de Colombia con Venezuela y Ecuador, dos de sus cinco vecinos, rotas durante el Gobierno de su antecesor, Álvaro Uribe (2002-2010), pero el deterioro de la democracia venezolana las puso nuevamente al borde de la ruptura. 

“Nosotros mantuvimos unas relaciones cordiales hasta el momento en que comenzaron realmente a destruir las instituciones democráticas. El punto de quiebre, lo que rebasó la copa, fue la Asamblea Constituyente (…) eso fue la confirmación o el principio del fin de la democracia en Venezuela“, afirmó Santos.

Colombia no reconoció la Asamblea Constituyente instaurada por Maduro el año pasado para suplantar a la Asamblea Nacional de mayoría opositora, ni tampoco las elecciones del pasado 20 de mayo en las que fue reelegido el mandatario venezolano.

“Y ahí fue cuando rompimos. No reconocimos esa Asamblea Constituyente, después fuimos los primeros en decir ‘no reconocemos las elecciones convocadas por esa Asamblea Constituyente"”, agregó.

El mandatario colombiano reiteró la condena de su Gobierno a “lo que ha venido sucediendo en Venezuela en materia de represiones y violaciones de los derechos humanos” porque eso significa “acabar con las libertades” algo que considera “un principio inviolable”.

Sobre la llegada a Colombia de más de un millón de venezolanos que huyen de la crisis, Santos afirmó que es “una situación realmente dramática” con un “costo altísimo” para su país.

“Mi obligación y la de todos los colombianos es ser solidarios con los venezolanos, mas no con el régimen que está produciendo esta crisis”, dijo el jefe de Estado, quien afirmó que la ONU, que hace unos días pidió a los países latinoamericanos involucrarse más con este problema es quien debe hacer más.

Bogotá, 22 de junio de 2018.

Por Redacción Ecos.

Foto: EFE

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los DD.HH., Zeid Ra’ad al Hussein, instó a la Corte Penal Internacional (CPI) “se implique” en el caso de los graves abusos cometidos en Venezuela, dada la “impunidad generalizada” y la inacción del Estado.

“Dado que el Estado parece no tener la capacidad ni la voluntad de enjuiciar a los responsables de las graves violaciones de los DD.HH., existen sólidas razones para considerar una mayor implicación de la Corte Penal Internacional en esta materia”, afirmó Zeid.

La Oficina de Alto Comisionado publicó su Segundo Informe a distancia, las autoridades le niegan el acceso al país, sobre la situación en Venezuela, en el que se denuncian cientos de homicidios, presuntas ejecuciones sumarias, uso excesivo de la fuerza en contra de manifestantes, torturas y detenciones arbitrarias a manos de las fuerzas de seguridad.

Concretamente, el Informe documenta las presuntas ejecuciones sumarias perpetradas en el curso de operaciones de lucha contra el crimen organizado denominadas Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP) entre 2015 y 2017, y Operaciones Humanitarias de Liberación del Pueblo a partir de 2017.

La Fiscalía General r,egistró 505 muertes a manos de las fuerzas de seguridad durante las OLP que según las fuentes de la Oficina, seguían el mismo patrón: incursiones en los barrios pobres con el fin de detener a los “criminales” sin orden judicial y manipulación del lugar de los hechos para simular enfrentamientos y poder afirmar que las muertes fueron el resultado de intercambios de disparos. La Fiscalía inició 373 investigaciones de agentes, pero a día de hoy no hay información sobre ninguna de estas.

Asimismo, el Informe documenta la muerte sin investigación de 43 reclusos en una cárcel del Amazonas.

El Informe denuncia también la aparente “impunidad generalizada en beneficio de las fuerzas de seguridad presuntamente responsables de la muerte de al menos 46 personas durante las protestas de 2017″. De las 54 órdenes de detención cursadas por la anterior Fiscal General contra agentes de las fuerzas del orden por esos hechos, solo hay conocimiento del inicio de un juicio formal.

Según las informaciones recabadas, al menos 280 personas han sido “arbitrariamente privadas de libertad por expresar sus opiniones políticas, por ejercer sus derechos o por ser consideradas una amenaza al Gobierno”.

Además, el Informe documenta unos 90 casos de personas detenidas que fueron sometidas a tratos crueles, inhumanos y degradantes desde 2014, lo que “en muchos casos puede llegar a constituir tortura“.

“El hecho de no haber responsabilizado a las fuerzas de seguridad por las violaciones tan graves de DD.HH. que se han perpetrado, sugiere que el Estado de Derecho está prácticamente ausente en Venezuela”, aseguró Zeid.

“Desde hace años se vienen menoscabando las salvaguardas y los equilibrios institucionales, así como el espacio democrático en Venezuela, lo que deja un escaso margen para hacer rendir cuentas al Estado. La impunidad debe terminar”, agregó el responsable.

El texto también se refiere a la grave crisis alimentaria por la que atraviesa el país y acusa al Gobierno de Venezuela de “ignorar” su dimensión. Según cifras citadas en el Informe, el 87 % de la población de Venezuela está afectada por la pobreza, el 61,2 % se encuentra en situación de pobreza extrema, y se ha constatado un rápido incremento de la desnutrición infantil.

Ginebra, 23 de junio de 2018.

Por Luis Fernando García Forero.

Foto: Foreign Policy

La ilusión de un mundo libre de armas atómicas se desvance: se están desarrollando nuevas armas nucleares, informa el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo, en su informe anual.

2017 fue un año especial para quienes luchan contra las armas nucleares: 122 Estados Miembros de las Naciones Unidas firmaron un acuerdo para ni producirlas ni adquirirlas. Sin embargo, el objetivo de un mundo libre de armas atómicas no está más cerca.

Según las últimas estimaciones del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI), todavía hay 14.465 armas nucleares que se encuentran en manos de sólo nueve países: EE.UU., Rusia, Gran Bretaña, Francia, China, India, Pakistán, Israel y Corea del Norte. Aunque estas nueve naciones son pocas, ni siquiera piensan en renunciar a sus arsenales nucleares.

En comparación al año pasado, el número total de armas nucleares ha disminuido ligeramente, pero al mismo tiempo las existentes se están modernizando, destaca Shannon Kile, jefe del proyecto sobre armas nucleares del SIPRI. "Eso significa que las armas más antiguas serán reemplazadas, algunas tienen 40 o 50 años, pero también se desarrollará armamento nuclear con nuevas capacidades y nuevas funciones técnicas".

El gobierno de EE.UU. no confirmó hasta febrero el desarrollo de nuevas armas nucleares, cuando lanzó una versión actualizada de su doctrina nuclear. Alemania, que no tiene armas nucleares propias, se ve también afectada como miembro de la OTAN bajo el escudo nuclear de los EE.UU. La veintena de bombas atómicas estadounidenses B61 estacionadas en la región del Eifel (en el oeste de Alemania) deberán ser reemplazadas en los próximos años por sistemas de mayor precisión.

Los EE.UU. prevén invertir mucho dinero en la renovación de su arsenal nuclear: 400.000 millones de dólares hasta 2026. Para las potencias nucleares más pequeñas, como India y Pakistán, se trata, según Shannon Kile, de una especie de "carrera de armas estratégicas": desarrollan nuevas armas nucleares y aumentan al mismo tiempo su capacidad de producción de material fisible. Las armas nucleares siguen siendo un componente central de su respectiva estrategia de defensa nacional.

Kile considera que no está clara la efectividad de los tratados internacionales: "Lo que me preocupa en este momento es que la relación política y estratégica entre EE.UU. y Rusia se ha derrumbado… y ambos países juntos tienen el 92 por ciento de todas las armas nucleares".

El experto teme que los acuerdos de desarme más importantes, como el "New START", con vencimiento en los próximos años, no sean reemplazados por otros nuevos. En ese caso, no habría restricciones contractuales sobre la limitación de arsenales. "Nos estamos alejando claramente de la visión de Barack Obama de un mundo libre de armas nucleares en 2009", resume.

El rápido progreso técnico alcanzado por Corea del Norte, que en doce meses ha probado bombas nucleares y misiles de largo alcance, resulta sorprendente para el experto del SIPRI, que lleva años monitoriando la evolución de los nueve países nucleares. No está claro, considera, que la reunión entre Donald Trump y el líder norcoreano, Kim Jong-un, vaya a conducir a un desarme nuclear efectivo. "Soy un poco escéptico", admite. Pero la cumbre abrió la puerta para avanzar con medidas de fomento de la confianza.

En su "Informe anual 2018", los investigadores del SIPRI compilaron datos que ponen de relieve la delicada situación de seguridad: nunca antes, desde el final de la Guerra Fría, se gastó tanto dinero en defensa como en 2017. La suma del gasto militar mundial fue de 1.739.000 millones de dólares, 230 dólares por cada habitante del planeta. En 2016, el gasto per capita en armamento era todavía de 227 dólares.

Este aumento se explica por un mayor gasto militar en algunas, aunque no en todas, las regiones del mundo. Sorprende el aumento en Asia: por ejemplo, China incrementó su presupuesto de defensa en un 5,6 por ciento hasta los 228.000 millones de dólares. En Europa, mientras los países del Este gastaron significativamente menos en defensa en 2017 que en el año anterior, los de Europa Central y Occidental aumentaron sus presupuestos militares. 

Alemania destinó el año pasado 37.000 millones de euros (unos 43.500 millones de dólares) al ejército, lo que representa unos 2.000 millones de euros más que el año anterior. El presupuesto de defensa más alto de todos los países se mantiene sin cambios: el de EE.UU., con 610.000 millones de dólares. Le siguen China, Arabia Saudí y Rusia.

Según los investigadores de Estocolmo, otra tendencia continúa: el comercio mundial de equipos militares sigue creciendo tras alcanzar su nivel más bajo a principios de la década del año 2000. Entre los mayores exportadores de armas se cuenta Alemania: tras EE.UU., Rusia y Francia, el país es el cuarto mayor exportador de equipos militares del mundo.

Estocolmo, 20 de junio de 2018.

Por Redacción Ecos.

Foto: Voces del Periodista Diario

Así lo afirmó el  Presidente Electo de Colombia Iván Duque Márquez, en una declaración al término de la reunión y almuerzo con los presidentes de las Altas Cortes, la presidenta de la JEP, el Fiscal General, el Procurador General de la Nación y el Contralor General de la República.

Duque agradeció al jefe del Ministerio Público, Fernando Carrillo, quien fue el anfitrión: “Agradecerle al señor Procurador General de la Nación, al doctor Fernando Carrillo, por haber propiciado esta reunión el día de hoy...Creo que es muy importante, porque respetando la debida independencia de poderes, hoy hemos reafirmado el deseo de todos de avanzar en una lucha frontal contra la corrupción en nuestro país y de hacer de la bandera de la ética pública uno de los grandes lineamientos de todas las instituciones de nuestro país”.

El Presidente Electo destacó el diálogo franco con los participantes en el menú. “Es muy importante que en aras de lograr ese gran consenso por la reforma a la justicia, la lucha contra la corrupción y la promoción de la ética pública, también sembremos en Colombia un gran ambiente de concordia y paz institucional, donde respetando la independencia de los poderes, tengamos la capacidad de dialogar y definir una agenda conjunta”.

Agregó que dicho encuentro “es un avance en lo que va a ser el desarrollo de una reforma en la que todos nos podamos poner de acuerdo como país y que esto contribuya a devolverle la confianza a los colombianos en las instituciones y que se convierta ese consenso en una de las herramientas más efectivas para derrotar la corrupción en nuestro país”.

Bogotá, D. C, 21 de junio de 2018

Redacción Ecos

Foto: Red Medios Digital

El Presidente electo de Colombia Iván Duque Márquez, dijo que “el ejercicio que se ha adelantado es serio y le ayuda a la democracia colombiana, muestra una transición ordenada y respetuosa”, luego de la primera reunión con el jefe de Estado Colombiano Juan Manuel Santos en Casa de Nariño.

El Presidente electo llegó a la Casa de Nariño hacia las 9:00 am y de inmediato fue recibido por el Jefe del Estado, con quien dialogó en la Casa Privada. Más tarde se reunieron en el despacho presidencial y después tuvieron una reunión ampliada con los miembros de los grupos designados por ambos para el proceso de empalme.

Por el Gobierno nacional estuvo presente el Vicepresidente de la República, general (r) Óscar Naranjo y los ministros de Hacienda, Mauricio Cárdenas; y de Comercio, Industria y Turismo, María Lorena Gutiérrez; y el Secretario General de la Presidencia, Alfonso Prada.

En representación del Presidente electo Iván Duque asistió la Vicepresidente electa, Marta Lucía Ramírez; el ex ministro Alberto Carrasquilla y María Paula Correa.

“Hablamos de temas de coyuntura, hablamos de temas importantes de la agenta nacional y después sostuvimos una reunión con el equipo que el señor Presidente ha designado para acompañar al Gobierno entrante en este ejercicio del empalme”, precisó.

Explicó que en el encuentro, el Jefe del Estado les informó que el Vicepresidente Naranjo “va a manejar en el proceso de empalme los temas relacionados con el acuerdo que se ha adelantado con las Farc y su implementación”.

Por su parte el Presidente electo encomendó a la Vicepresidente electa “que esté al frente de ese proceso, para tener toda la información y que nosotros podamos adelantar la transición de la forma más rigurosa posible”.

Bogotá, D. C, 21 de junio de 2018.

Redacción Ecos.

Foto: SIG.

El Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira, destapó un escándalo de corrupción electoral donde involucra a tres senadores y a tres representantes electos, dos diputados del Atlántico y dos concejales de Barranquilla, por corrupción al sufragante en los pasados comicios del 11 de marzo, donde los colombianos eligieron al nuevo Congreso de Colombia que se posesiona el 20 de julio del 2018.

Ya el Fiscal había anunciado la existencia de una red de compra de votos a la que denominó de “nauseabunda”, de acuerdo al resultado de una investigación en diferentes regiones del país, donde también se involucra a un alcalde, dos diputados del Atlántico, dos concejales de Barranquilla y más de 50 funcionarios, así como a ciudadanos que cumplían diferentes objetivos delincuenciales en las redes de compras de votos.

La siguiente es la relación de la investigación de la Fiscalía sobre el tema y dada a conocer a la opinión pública nacional e internacional, teniendo en cuenta que el ente acusador le compulsó copias a la corte Suprema de Justicia a los congresistas involucrados.

Operación Casa Blanca

Así se le denominó a la investigación tras las elecciones parlamentarias de marzo anterior y donde fue capturada la senadora electa Aida Merlano porque las investigaciones de la Fiscalía encontraron que habría incurrido en corrupción al elector. Hoy el organismo tiene claro que la casa en Barranquilla en donde se encontraron talonarios de pago y registro de ciudadanos que habrían vendido el voto, era el centro de operaciones de una organización delincuencial que empezó a operar en las elecciones regionales de 2015.

“Se pudo establecer que, en realidad, se trataba de una organización delictiva que operaba como una empresa al servicio de campañas políticas”, señaló la Fiscalía y agregó que la organización funcionaba al servicio de candidaturas que eran apoyadas por un grupo de dirigentes políticos regionales que, a su vez, contactaban líderes encargados de reclutar electores de sus mercados cautivos.

Según la fiscalía, esta organización funcionó no solo a favor de la campaña de Merlano, también para la candidata a la Cámara por Atlántico, Lilibeth Llinás, quien no fue elegida. La estructura delincuencial en materia electoral, estaría  estado conformada por los candidatos al Congreso, Aida Merlano y Lilibeth Llinás; los diputados del Atlántico Jorge Rangel y Margarita Balén; los concejales de Barranquilla, Juan Carlos Zamora y Aissar Castro Bravo, entre otros.

Respecto al caso en mención están capturados e imputados siete ciudadanos. El próximo 30 de julio la Fiscalía imputará a la candidata Lilibeth Llinás los delitos de concierto para delinquir y corrupción de sufragante en concurso homogéneo y sucesivo, mientras que a los diputados y los concejales s les sindica de concierto para delinquir y corrupción de sufragante en concurso homogéneo y sucesivo.

Compra de votos en Ciénaga

Se destaca dentro de la investigación dada a conocer por el Fiscal Martínez que durante las pasadas elecciones a Congreso fue capturado Sergio Andrés Lora, quien portaba casi 7 millones de pesos en efectivo, un aparente listado de votantes y propaganda política alusiva al candidato al Senado, Fabián Castillo, actual Representante a la Cámara.

El alcalde de Ciénaga, Edgardo de Jesús Pérez Díaz – conocido como “el Nene Pérez” – una vez supo de la captura, se dirigió hasta el Puesto de Mando Unificado del día de las elecciones en la Dirección de Policía del Magdalena. Una vez allí, solicitó tomar contacto con el director seccional de la Fiscalía y le pidió ayuda para que el señor Lora no fuera judicializado.

Se anota en el expediente que el electo senador Fabián Castillo habría estado visitando al detenido Lora Ávila en la estación de policía a la cual fue inicialmente conducido para el proceso de judicialización. Por ello, el fiscal de conocimiento radicó audiencia de imputación en contra de Lora Ávila por los delitos de corrupción al sufragante, falsedad en documento privado y fraude procesal porque habría intentado desviar las investigaciones.

En Medellín compra de votos

Se investiga la campaña de Margarita Restrepo, candidata a la Cámara de Representantes, reelegida al Congreso, quien según la Fiscalía ofreció a sus votantes, de manera subsidiada, viajes a San Andrés Islas por un valor de 120.000 pesos, tabletas a 30.000 pesos y televisores de 49 pulgadas a 350.000 pesos, siempre y cuando se comprometieran a marcar el número 102 en el tarjetón de su partido a la Cámara de Representantes por Antioquia.

Subdirector del Sena de Caucasia

El subdirector del SENA en Caucasia, Braulio Suárez, habría reunido a empleados y particulares en diferentes lugares públicos para exigirles que votaran por el representante a la Cámara y ahora senador electo, Julián Bedoya.

Según las investigaciones, Suárez habría exigido el voto advirtiendo que si el candidato era elegido en el Congreso, el subdirector del SENA se encargaría que quienes tenían contrato con el SENA lo mantendrían y quienes no lo tenían, podrían ser nuevos contratistas.

Constreñimiento

Desde noviembre de 2017, Julián Gutiérrez, contratista de la Secretaría de Integración Social de Bogotá, supuestamente exigió a las profesoras de jardines infantiles de la localidad de Kennedy que votaran de forma direccionada por el candidato a la Cámara, Diego Caro, y su fórmula al Senado, María Fernanda Cabal, con la amenaza de que en caso de no hacerlo, no se les renovarían sus contratos, indicó la Fiscalía.

Añadió que para confirmar el compromiso, les exigió la elaboración de un listado con el nombre de al menos 10 familiares, sus números de cédula y barrio de residencia y la participación en reuniones a las que asistieron mínimo 20 personas.

Tarjetones marcados en Cauca

Felipe Muñoz, aspirante a la Cámara y miembros de la comunidad de López de Micay denunciaron que, en este municipio pudo haber alteración en los resultados de las elecciones a Congreso, que habría beneficiado a Faber Muñoz, quien fue elegido como cuarto representante a la Cámara por el departamento del Cauca.

Según la denuncia, el fraude se habría presentado en siete  mesas de seis  corregimientos donde, aparentemente, los resultados del preconteo no se habrían reportado oportunamente a la Registraduría departamental y, además, habrían aparecido más de 250 votos marcados en favor del entonces candidato.

Jurados en Soledad

En las pasadas elecciones de Congreso de la República se denunció una presunta alteración en el procedimiento de selección de jurados de votación para el municipio de Soledad (Atlántico). Esta habría consistido en el registro irregular de candidatos a jurado en el sistema de la Registraduría.

La Fiscalía estableció que la Registraduría especial de Soledad envió a la señora Sheyla Ali Barrios, quien figuraba en el directorio de un partido político para anteriores comicios, sin previa verificación, el código de acceso para cargar al sistema los nombres de los candidatos a jurado de votación en ese municipio. La señora Barrios inscribió 1.370 aspirantes a ser jurados, de los cuales resultaron elegidos 1.107.

Bogotá, D.C, 21 de junio de 2018

Redacción Ecos

Foto: Ecos

Los Sistemas de Alerta temprana son una herramienta fundamental para cualquier nación en la prevención de desastres.  Analizar las experiencias exitosas y reflexionar sobre el futuro desarrollo de estas prácticas fue el objetivo de una sesión organizada, en Cartagena de Indias, por la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNISDR).

El evento, previo a la celebración de la VI Plataforma de Regional para la reducción del Riesgo de Desastres en las Américas, que tendrá lugar del 20 al 22 de junio, sirvió para evaluar las contribuciones del Servicio de la Comisión Europea a cargo de la Protección Civil y de las Operaciones de Ayuda Humanitaria (ECHO) a las estrategias regionales de prevención de catástrofes.

Una de las experiencias exitosas que se presentó fue DEWETRA de Bolivia.  Leo Pereyra Rodríguez, Jefe de la Unidad de Gestión de Riesgos del Servicio Nacional de Hidrología y Meteorología de Bolivia, explicó los logros alcanzados por la Plataforma DEWETRA y cómo funciona.

DEWETRA es una plataforma de intercambio de información que principalmente cuenta con información dinámica y con información estática. Información estática sería la relacionada a la vulnerabilidad y a la exposición (a desastres) de la infraestructura o los suelos, después también tenemos unidades educativas y hospitales. La información dinámica se basa en todo lo que sería la observación hidrometeorológica: un modelo hidrometeorológico a 10 km, información de estaciones meteorológicas en tiempo real… toda esta información nos permite generar pronósticos del tiempo y agrometeorológicos.

Esta información también retroalimenta a la plataforma que está compartida con Defensa Civil en Bolivia. Defensa Civil usa estos datos agregando las capas de la información estática y con esta información elabora los diversos escenarios de riesgo en tiempo real.

Principalmente, explicó Pereyra, que los objetivos de DEWETRA sería la generación de información de riesgos. Ha sido importante la implementación de esta herramienta pues ha permitido que una entidad como Defensa Civil se vincule al Sistema Meteorológico de Bolivia, principalmente en la parte de coordinación de la información. A partir de esto, tanto el Servicio nacional de Meteorología como Defensa civil han trabajado con diversos niveles del Estado a nivel departamental o el municipal para proveer este tipo de información.

Ya se ha trabajado algunos conceptos de sistemas de alerta temprana coordinada a nivel municipal como el llamado monitoreo escalonado, que sucede principalmente en eventos de inundación, y se da al monitorear empíricamente la parte alta de la cuenca de un río incluso sin contar con el material requerido. Esta supervisión se comunica rio abajo a través de mensajería instantánea (Whatsapp) de tal manera que se puedan ir tomando las previsiones para afrontar el evento.

Existen planes para implementar este sistema además en Perú y Paraguay, con el financiamiento del Servicio de la Comisión Europea a cargo de la Protección Civil y de las Operaciones de Ayuda Humanitaria (ECHO). Ya se ha implementado en otros países europeos, principalmente, en Italia donde se creó.

Cartagena de Indias, 19 de junio de 2018

Por Redacción Ecos.

Foto: andina.pe