Internacional
Por Felicia Saturno Hartt. Foto: Reuters.- Los Sandinistas que derrocaron a Somoza, que lucharon la resistencia hombro a hombro con las mujeres como iguales, que aceptaron la pluralidad democrática en su gobierno y lograron elevar los indicadores sociales de ese país, diverso y plural, con reconocimiento de los Organismos Internacionales, bajo el acoso de la Contra, hoy por hoy están apostando a una Dinastía.
Políticos, académicos e intelectuales de Nicaragua cuestionaron la candidatura a la vicepresidencia de Rosario Murillo, y acusaron al mandatario Daniel Ortega de propiciar una "dinastía familiar totalitaria".
Murillo, de 65 años, fue inscrita este 2 de agosto ante el tribunal electoral como compañera de fórmula de Ortega, para los comicios del próximo 6 de noviembre, de los que fue excluida la Coalición Nacional por la Democracia (CND), principal fuerza opositora.
La nominación de Murillo "era la pieza que faltaba para establecer un régimen dinástico y totalitario", declaró a periodistas el liberal Luis Callejas, frustrado candidato presidencial de la CND.
"Y para imponer ese régimen dinástico y totalitario se está preparando una farsa electoral", agregó Callejas, quien en julio también fue destituido de su puesto de diputado junto a otros 27 miembros de la oposición en el Parlamento.
Al presentarse junto con Murillo ante el tribunal electoral, Ortega dijo que la candidatura de su esposa es parte del principio de "equidad de género" en el Gobierno que asumió en 2007. "Las mujeres también podemos ejercer el poder", exclamó Murillo.
Para la exguerrillera Dora María Téllez, del disidente Movimiento Renovador Sandinista, la candidatura de Rosario Murillo revelaría que el Presidente Ortega "está muy enfermo" y que, de ganar las elecciones como se espera, podría no concluir su próximo mandato. Daniel Ortega, de 70 años, tiene antecedentes cardíacos y una enfermedad no divulgada, que según sus detractores lo obliga a evitar la luz del sol y a permanecer recluido por largos períodos.
La Constitución Nicaragüense establece que el Vicepresidente de la República asumirá la Presidencia en caso de una ausencia temporal o definitiva del primer mandatario de la Nación.
"Están desesperados por garantizar que el poder quede en un círculo de familia", añadió Téllez al referirse a la postulación de Murillo como un hecho inédito en Nicaragua, país que hasta 1979 vivió bajo el régimen militar dinástico de Anastasio Somoza.
Téllez, que apoyó el primer gobierno de Ortega (1985-1990) durante la revolución sandinista, dijo que el Gobierno "ya se robó las elecciones" y llamó al pueblo a no votar en noviembre próximo. Por su parte Humberto Belli, ministro de Educación del Gobierno de Violeta Chamorro (1990-1997), aseguró que en noviembre no habrá elecciones porque Ortega acudirá a las urnas sin un rival de peso.
Votaciones no Elecciones: 6N
"No habrá elecciones sino votaciones, (porque) las elecciones implican, por definición, la capacidad de elegir a quien uno prefiera", indicó Belli.
Para el escritor y Ex Vicepresidente sandinista Sergio Ramírez, en estos comicios "todo ha sido decidido de antemano para que el mismo candidato del mismo partido a lo largo de más de 30 años, Daniel Ortega, sea reelegido".
"Serán unas elecciones sin observadores internacionales, declarados non gratos de antemano y sin un aparato electoral creíble. Tendrán un candidato único y ya hay un ganador de antemano, que pretende sacar más del 90% de los votos. Ya hemos visto esa película", subrayó.
A su vez, la afamada poeta Gioconda Belli lamentó la reciente destitución de los 28 diputados opositores en el Parlamento y calificó esa medida como "una muestra de debilidad" del Gobierno. "La Asamblea Legislativa se volverá un sitio de una sola voz, sin disenso, ni nadie que rinda cuentas sobre lo actuado. Esto es muy descorazonador para un país que tanto luchó por su libertad de ser y expresarse", escribió Belli en las redes sociales.
Por Felicia Saturno Hartt. Foto EFE.- El Parlamento de la Unión Africana ha avalado la prohibición de la mutilación genital femenina, en todo el continente, una práctica en retroceso pero que se sigue realizando en una treintena de países sobre todo en la banda del Sahel, desde Somalia hasta Senegal.
Aunque el Parlamento Panafricano, con sede en Sudáfrica, sólo tiene carácter consultivo y asesor y no legislativo, esta decisión supone un espaldarazo a la creciente adopción de medidas por buena parte de los países afectados, que obedece tanto al trabajo y las presiones ejercidas por los organismos internacionales como a la lucha que desde hace décadas lideran asociaciones africanas de defensa de los derechos de la mujer y la infancia.
El acuerdo se produce tras intensas sesiones realizadas entre miembros del Grupo de Trabajo para la Mujer del citado Parlamento y representantes del Fondo para la Población de Naciones Unidas (UNFPA). En realidad, lo acordado es un plan de acción encaminado a erradicar la ablación, que sufren cada año unos tres millones de niñas en África y Oriente Próximo y que afecta en la actualidad a 125 millones de mujeres.
A partir de ahora comienza la tarea de los 250 diputados firmantes de hacer llegar esta decisión a sus respectivos países e impulsar la puesta en marcha del plan de acción en coordinación con las autoridades nacionales.
En los últimos años, los avances sociales y legislativos en África occidental, una de las regiones afectadas, han sido imparables. Nigeria prohibió la ablación en todo su territorio en mayo de 2015, mientras que Gambia, hasta ahora refugio de esta práctica, hizo lo propio en noviembre pasado. Issatou Touray, histórica activista gambiana, asegura sin embargo que “sólo con el trabajo en las comunidades se podrá dar un cambio real, las leyes son necesarias pero no bastan”.
Cada país admiten ópticas diferentes. En Senegal está prohibida desde hace años, pero se sigue practicando de manera clandestina y por eso, la ONG Tostan sigue llevando a cabo su política de juramentos, en la que las mujeres y líderes comunitarios prometen públicamente el abandono de la ablación. En Guinea también está prohibida, pero la tasa de prevalencia está en torno al 90% porque cuenta con una enorme aceptación cultural.
En Malí, sin embargo, es legal aunque existe un plan nacional desde 2010 para erradicarla. Virginie Moukoro, defensora de los derechos de la mujer y la infancia maliense, cree que aún queda mucho trabajo por delante, pero que en el plazo de una generación se podrá acabar con la ablación. “Un día será historia, como ocurrió con la práctica de atar los pies a las niñas en Japón”, asegura Moukuro.
En África Oriental el optimismo es más moderado. Países como Egipto, Sudán, Eritrea, Yibuti, Etiopía o Somalia tienen el triste honor de concentrar las tasas de prevalencia más elevadas, en este último país del 98%, la más alta del mundo.
Allí se practica un tipo de ablación conocida como la circuncisión faraónica, que además de la extirpación del clítoris y labios mayores y menores conlleva el cosido de la vulva hasta dejar un pequeño orificio para permitir la salida de la orina. Las consecuencias son terribles y provoca cientos de muertes cada año.
Somalia es un ejemplo de la ambigüedad legislativa en la que se mueven muchos países sahelianos, la Constitución establece la prohibición de la práctica pero ninguna ley ha sido aprobada para hacer efectiva esta decisión.
La mutilación genital femenina comprende un conjunto de prácticas que van desde la amputación total o parcial del clítoris hasta la extirpación de labios mayores y/o menores, con consecuencias trágicas para las niñas.
Según la Organización Mundial de la Salud, además del riesgo de muerte y enfermedades, el dolor, el trauma y las lesiones creadas por el procedimiento en sí mismo, muchas veces realizado en penosas condiciones higiénicas, las consecuencias a largo plazo incluyen las infecciones recurrentes, quistes, esterilidad y aumento de las complicaciones durante el parto, además, claro está, de la imposibilidad o dificultad de sentir placer durante el acto sexual. Además de un atentado para la salud de la mujer, supone una violación de sus derechos y una forma de discriminación que refleja la desigualdad entre los sexos.
Por Felicia Saturno Hartt. Foto: Erwin Wodicka.- El Gobierno argentino puso en vigencia el lunes una Ley de Amnistía de Capitales no declarados y un Plan de Moratoria Tributaria, con el que aspiraría a registrar bienes, depósitos y efectivo que se encuentran fuera del sistema tributario y fiscal, con el que busca captar divisas que permitan equilibrar la balanza fiscal, reducir la elevada inflación e impulsar la alicaída economía del país.
La medida, también conocida como "blanqueo", será instrumentada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y regirá hasta el 31 de octubre para el blanqueo de dinero en efectivo, que deberá ser depositado en cuentas bancarias especiales, y hasta el 31 de marzo de 2017 para el resto de los bienes a declarar, como por ejemplo depósitos bancarios e inmuebles en el país o el exterior, valores financieros y objetos de valor.
Entre sus puntos, la ley prevé beneficios para quienes estén en regla con la AFIP y la posibilidad de ingresar a una moratoria para quienes deseen regularizar su situación con el fisco.
"Queremos hacer emerger todo lo que está en la oscuridad. ¿Cuánto hay? No lo sabemos", declaró el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Alberto Abad, al negarse a realizar una estimación oficial sobre cuánto se recaudará, en particular luego del fracaso del plan de blanqueo que impulsó el Gobierno anterior de la peronista Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015).
Analistas y ejecutivos estiman que con la ley podrían ingresar al sistema entre unos 20.000 millones y 60.000 millones de dólares.
"Tenemos optimismo porque todos los actores nos informaron que hay interés", señaló Abad. El Gobierno aplicará además un mayor control a sus contribuyentes, que se sumará al inicio en 2017 del intercambio de información financiera con más de 100 países.
Los ingresos por las multas que deberán pagar los ciudadanos que se adhieran al blanqueo, de entre el cinco y el 15 por ciento de los bienes a declarar, permitirán apuntalar las arcas fiscales para cumplir las obligaciones con jubilados y otros fines. La exteriorización de bienes de hasta 305.000 pesos (unos 20.000 dólares) tendrá costo cero.
La AFIP ofrece una alternativa al pago del impuesto especial por la exteriorización, que será la adquisición de un bono especial a tres años, que no paga interés, emitido para ese fin por el Estado nacional, intransferible y no negociable por el total del capital blanqueado; o un bono a siete años, intransferible por cuatro años que paga interés del uno por ciento y por sólo un tercio del valor total a exteriorizar.
También se podrá suscribir a cuotas partes de fondos comunes de inversión a cinco años destinados a proyectos de infraestructura, inversión productiva, inmobiliarios, etc., que serán definidos por la Comisión Nacional de Valores.
Argentina, que aspira a ingresar a la OCDE, es un país con un alto porcentaje de su economía en la informalidad y de tradición de salida de capitales.
Por Felicia Saturno Hartt. Foto: OpenDemocracy.- El Primer Ministro griego, Alexis Tsipras, propuso este lunes una ambiciosa reforma constitucional, orientada a construir una "nueva Grecia", más democrática y abierta a la opinión del pueblo, que amplíe los referendos, refuerce el control parlamentario y limite el mandato de los diputados y jefes de Gobierno.
Tsipras eligió una fecha simbólica para anunciar sus ideas, el 42 aniversario del fin de la dictadura de los Coroneles, que se cumplió el domingo 24/7.
En un discurso en el patio del Parlamento, el primer ministro esbozó su visión de lo que debe ser la Grecia del siglo XXI, dejando de lado las limitaciones fácticas a las que está sometido desde que asumió el Gobierno hace un año y medio por el corsé que impone el programa de reformas que va unido al tercer rescate.
"En las elecciones la población griega nos encomendó acabar con lo viejo, dejar atrás todo lo que hizo quebrar a Grecia, lo que condujo a la quiebra política y económica", dijo Tsipras, quien recalcó que la crisis "no sólo es económica", sino sobre todo "resultado de una decadencia moral y política".
Concretamente, Tsipras propuso limitar a dos legislaturas o un máximo de ocho años consecutivos el mandato de los diputados y primeros ministros. Además abogó por posibilitar que sea el pueblo y no el Parlamento el que elija al Presidente de la República, aunque solo en el caso extremo de que la cámara legislativa no logre hacerlo.
Con esto Tsipras quiere evitar que haya que convocar automáticamente elecciones anticipadas cuando el Parlamento no logra ponerse de acuerdo sobre un candidato, tal y como ocurrió en diciembre de 2014, cuando el candidato Stavros Dimas no logró salir elegido y se celebraron los comicios que llevaron al izquierdista Syriza a la victoria.
Asimismo propugnó la ampliación de la posibilidad de convocar referendos populares, ahora potestad exclusiva del primer ministro.
Fiel a lo que Syriza propugnaba ya en su programa electoral, Tsipras abogó por facultar a la ciudadanía a forzar la convocatoria de un plebiscito, con medio millón de firmas recogidas para temas de interés nacional y con un millón, para revocar leyes ya votadas, siempre y cuando no afecten a asuntos financieros.
Por Felicia Saturno Hartt. Foto: AFP.- El estado de emergencia entró en vigor en Turquía, el pasado jueves, mientras el Gobierno continúa la purga de opositores tras el golpe de Estado fallido del 15 de julio último. Esta medida de excepción, que no había sido decretada desde hacía 15 años, fue aprobado con 346 votos a favor y 115 en contra por el parlamento turco.
Estará en vigor durante tres meses y supondrá, principalmente, restricciones en la libertad de manifestación y de circulación.
El viceprimer ministro Numan Kurtulmus aclaró a la prensa turca que pese a ello, el Gobierno espera poder desactivarlo “en mes o mes y medio”, si “las condiciones vuelven a la normalidad”.
Kurtulmus anunció asimismo que Turquía va a derogar la Convención Europea de Derechos Humanos (CEDH), alegando que Francia hizo lo propio luego de los atentados de París de noviembre del 2015.
El artículo 15 de esta Convención reconoce a los gobiernos “en circunstancias excepcionales” la facultad de derogar “de forma temporal, limitada y controlada” ciertos derechos y libertades garantizados en la misma.
Este movimiento protege a Ankara contra eventuales condenas en un momento de purga masiva en el ejército, la justicia, la magistratura, los medios de comunicación y el mundo educativo, donde miles de personas han sido detenidas, despedidas o suspendidas de sus cargos.
La amplitud de esta purga ha suscitado preocupación en el extranjero, y Alemania instó a Ankara a respetar “la justa medida de las cosas”.
Por otro lado, el gobierno turco rebajó considerablemente el balance de víctimas durante la noche del golpe fallido, reduciendo la cifra de muertos en el bando rebelde de 104 a 24. En total habrían muerto 265 personas, según Kurtulmus.
El responsable aseguró que el Gobierno no impondrá el toque de queda, aunque en algunas localidades del sureste del país lleva vigente desde agosto del 2015 en virtud de la guerra abierta de Ankara con los rebeldes kurdos.
A pesar de las restricciones al derecho de manifestación previstas por el estado de emergencia, numerosos turcos recibieron un mensaje de texto firmado “RTErdogan” en el que se instaba a sus simpatizantes a seguir saliendo a las calles para continuar movilizados contra los “traidores terroristas”.
Así se refería a los seguidores de un predicador exiliado en Estados Unidos, Fethullah Glen, acusado de haberse infiltrado en las instituciones del Estado y de haber fomentado el golpe.
Ankara solicita a la justicia estadounidense que extradite al septuagenario, afirmando que transmitió pruebas de su implicación, aunque éstas no se han hecho públicas por el momento.
“Mi querido pueblo, no abandones la resistencia heroica de la que has hecho gala por tu país, tu patria y tu bandera”, “los dueños de las plazas no son los tanques. Los dueños son la nación”, escribió en su mensaje de texto el Presidente Erdogan, con su acostumbrada actitud populista.
El miércoles, Erdogan se dirigió a la multitud de simpatizantes, por quinta noche consecutiva, y apuntó que el golpe de Estado “quizás no ha acabado”.
Mientras tanto, la purga de la administración no se detiene. Unos 55 mil turcos, incluyendo militares, jueces, profesores, fueron detenidos, suspendidos o despedidos.
“Seguiremos luchando para eliminar estos virus de las fuerzas armadas”, repitió el miércoles el presidente, asegurando que no “comprometería” las normas democráticas.
Figuras emblemáticas del ejército detenidas ahora son vistas como traidores. El Gobierno los ha hecho desfilar ante los medios estatales, humillados y, por su aspecto, probablemente maltratados durante su estancia en el calabozo.
Uno de ellos es el exjefe de la Fuerza aérea, el general Akin Oztuk, fotografiado con gesto aturdido y una venda en una oreja, y más tarde con un ojo morado. Prácticas que van en contra del Estatuto de Roma.
Mientras tanto, Ankara asegura ignorar quién está detrás del golpe de Estado.
Ocho militares turcos que huyeron a Grecia demandando asilo el sábado tras la intentona golpista, fueron condenados este jueves por un tribunal griego a dos meses de prisión con suspensión de condena.
Pero los estambulitas entrevistados en la calle mostraban su inquietud. Hasan, de 60 años, temía la llegada de “un periodo más oscuro”: “El estado de emergencia jamás ha ayudado a la democracia, la economía o el desarrollo de ningún país”.
Redacción Ecos. Foto: PP Catalá.- El Congreso de los Diputados tiene ya nueva presidenta. La Ministra de Fomento en funciones, la Diputada del Partido Popular (PP) Ana Pastor, fue elegida como nueva Presidenta del Congreso de los Diputados de la XII Legislatura Española.
Pastor obtuvo 169 votos, en segunda votación, frente a 155 del candidato socialista y hasta ahora Presidente de la Cámara Baja, Patxi López. Se registraron 25 votos en blanco.
Pastor no ha logrado salir elegida en primera votación ya que el Reglamento del Congreso exige mayoría absoluta (176 votos) en el primer intento.
Aunque el voto es secreto y en urna, todo indica que Pastor obtuvo los votos del PP y Ciudadanos (169) y López los del PSOE y Unidos Podemos (155), a excepción de uno, después de que el partido de Pablo Iglesias anunciara que votaría por el antiguo lehendakari si su candidato, Xavier Doménech, caía en primera vuelta.
A su llegada a la Cámara, Pastor ya avanzó que su objetivo será el de «ser la presidenta de todos, me hayan votado o no». Será ella la encargada de entregar al Rey la lista de los líderes parlamentarios a los que Don Juan Carlos irá llamando en orden de menor a mayor representación de cara a proponer al próximo candidato a presidente del Gobierno.
Una vez elegida como Presidenta del Congreso, Pastor ha abogado porque el Parlamento sea «generador de los consensos necesarios», y ha apostado por que la legislatura sea «próspera y fructífera». «Necesitamos más que nunca consenso y diálogo y en esta mesa tendrán la máxima disposición», ha apuntado Pastor.
La Vicepresidencia Segunda recae en la socialista Micaela Navarro, la tercera en Rosa Navarro (PP) y la cuarta en Gloria Elizo (Podemos).
Esta última se ha saltado la fórmula oficial en el juramento para acatar la Constitución al utilizar la siguiente «Prometo acatar esta Constitución y trabajar para cambiarla. Nunca más un país sin su gente, nunca más un país sin sus pueblos». Es la fórmula de juramento que han utilizado todos los diputados de Podemos acompañada de una frase personal.
La sorpresa de la jornada la ha protagonizado la hasta ahora vicepresidenta primera, la popular Celia Villalobos, que pierde este puesto y se convierte en portavoz adjunta del grupo parlamentario.
Los Secretarios de la Mesa también han sido elegidos. Repiten la ex Presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, como Secretaria Primera, Marcelo Expósito (Podemos), Secretario tercero y Patricia Reyes (Ciudadanos), Secretaria Cuarta. En la Secretaria Segunda se incorpora, por primera vez, Juan Luis Gordo (PSOE).
En el Congreso han tomado posesión de sus escaños 350 diputados; el Senado se ha constituido con 265 senadores, 208 electos y otros 57 designados por las Comunidades.
En la Cámara Alta no ha habido sorpresas: la mayoría absoluta del Partido Popular ha permitido que Pío García Escudero revalide la Presidencia, en primera votación.
¿Quién es Ana Pastor?
La nueva Presidenta del Congreso de los Diputados pertenece a la élite del equipo de Mariano Rajoy, según periodistas de la fuente en España. Pocos y pocas están tan formados y pueden presumir de su experiencia en cargos ejecutivos.
Ana Pastor Julián (Cubillos del Pan, Zamora, 1957) está licenciada en Medicina en la Universidad de Salamanca y es funcionaria del Cuerpo Superior de Salud Pública y Administración Sanitaria. Casada con un ingeniero industrial gallego, íntimo de Mariano Rajoy, es también de las más próximas al presidente en funciones.
Por Redacción Ecos. Foto El Pais.- El expresidente español Felipe González fue tendencia en las redes sociales, sobre todo en el Twitter, por expresar este lunes su opinión sobre la crítica situación de Venezuela, definiendo que "Venezuela vive una triple crisis que divide y enfrenta al país y exige respuestas urgentes", en un artículo de opinión publicado por el Diario El País de España.
En el mismo, González, con lucidez de estadista, aboga por el respeto a la Constitución y porque el diálogo no debe ser para ganar tiempo, sino para salvar a los venezolanos de la peor crisis de su historia con urgencia humanitaria, por lo que sugirió que la denominada Comisión de la Verdad se constituya de manera paritaria.
Ecos invita a sus lectores a conocer el texto del artículo de Felipe González:
Diálogo, pacto, reconciliación
Los desafíos a los que se enfrenta Venezuela son de tal magnitud que no admiten espera. La división entre Gobierno y oposición no facilita que se aborden medidas para resolver una triple crisis: institucional, social y económica, de seguridad
Venezuela vive una triple crisis que divide y enfrenta al país y exige respuestas urgentes. Los desafíos son de tal magnitud que no admiten espera y, por eso, nadie puede plantear un “diálogo” para ganar un tiempo que los venezolanos no tienen agobiados por esta crisis.
El diálogo debe hacerse para pactar salidas a la crisis. El diálogo debe hacerse para reconciliar a los venezolanos. El diálogo debe hacerse desde el respeto a la Constitución, a los derechos y obligaciones establecidos en ella. Eso no es objeto de canje y por eso no es negociable.
La crisis es institucional, socioeconómica y de seguridad ciudadana. Y lo primero que tienen que acordar las partes son los temas de la agenda, así como la composición de la mediación. La crisis institucional lo condiciona todo, impide las salidas democráticas y encrespa la relación entre las fuerzas políticas, los actores sociales y económicos y el conjunto de la ciudadanía. Esta crisis está motivada por la anulación del papel constitucional de la nueva Asamblea Nacional con mayoría abrumadora desde el 6 de diciembre del año pasado. Durante el mes que transcurrió entre ese día y el 5 de enero de 2016, que toma posesión, la Asamblea saliente cambió el Tribunal Supremo y la Corte Constitucional para producir una composición obediente al poder ejecutivo y anular así las decisiones de la nueva mayoría parlamentaria.
Al mismo tiempo la Presidencia de la República promulgó leyes con el “poder habilitante” de la Asamblea saliente que han restado competencias constitucionales a la nueva Asamblea. Cuando asumió la nueva mayoría nacida de la voluntad soberana de los ciudadanos, no ha podido ejercer sus facultades de control del poder ejecutivo, ni sus facultades legislativas. La Corte Constitucional ha secado literalmente la actuación de la Asamblea Nacional, declarando “inconstitucionales” más del 90% de sus decisiones. Entre las muchas leyes anuladas está la Ley de Amnistía, que habría resuelto el problema de los presos políticos, de los exiliados y represaliados. La democracia no es compatible con presos políticos y exiliados. Asimismo, la Presidencia de la República ha declarado la emergencia económica —prorrogada después dos veces y añadiéndole estado de excepción— saltándose las competencias de la Asamblea Nacional, con la complicidad obsecuente de la Corte Constitucional. O sea, vivimos la paradoja de que es la oposición la que está pidiendo al Poder Ejecutivo que se respete y aplique la Constitución vigente promulgada por el régimen actual. Por el contrario el Poder Ejecutivo, el Tribunal Supremo y otras instituciones del Estado como el CNE, obedientes a los mandatos de aquél, violentan la Constitución e impiden que funcione la división de poderes fundamental para el equilibrio democrático y la solución de los desafíos que enfrenta Venezuela.
El primer elemento del diálogo es, por eso, el respeto a la Constitución, a la división de poderes y el cumplimiento irrestricto de las normas establecidas en ella. Si esto fuera así, estaría fuera de cualquier controversia el derecho constitucional a promover el “revocatorio” y las instituciones como el CNE tendrían que cumplir en tiempo y forma todos los trámites legalmente previstos, salvo que incurran en prevaricación en sus funciones. Este es un derecho de los representados, no de los representantes, que son lo que pueden ser sometidos a revocatorio.
Si se desea el esclarecimiento de hechos acaecidos y la reconciliación de los venezolanos, la propuesta de una Comisión de la Verdad puede ser útil. Pero lo lógico es que se constituya de forma paritaria —igual número de miembros de Gobierno y oposición— con una presidencia de consenso. El primer acto de su constitución sería la puesta en libertad de presos y la vuelta de exiliados, incluso si fuera a resultas de lo que concluya la Comisión. Esta salida corregiría la arbitrariedad que ha supuesto la anulación de la Ley de Amnistía y mejoraría el clima de reconciliación que se pretende. También se podría acordar la composición de la Sala Constitucional, con un nuevo equilibrio que le permita cumplir su función sin sometimiento al Ejecutivo.
La crisis social y económica puede y debe ser abordada en otra mesa paritaria —Gobierno y oposición— a la que se invite a participar a los sectores productivos.
Con carácter inmediato se debería abordar la crisis humanitaria, que se sigue agravando cada día, por la escasez de alimentos y, sobre todo, de medicamentos. Se necesita ayuda de emergencia y canales de distribución que escapen al bachaqueo y al clientelismo. Venezuela ha sido históricamente solidaria y ahora necesita solidaridad de la comunidad internacional.
La mesa debe poner en marcha el aparato productivo del país, acordando de inmediato, con los actores empresariales, respuestas al problema alimentario y de medicamentos. Como fondo, debe enfrentar la profunda crisis económica, tanto en sus aspectos macroeconómicos como en la recuperación del aparato productivo de Venezuela. El plan de ajuste es necesario y cada día que pase se hará más difícil. Ya hemos vivido en otros países la experiencia dramática de la hiperinflación, del inmenso déficit acumulado, de la imposibilidad de pagar la deuda sin reestructuración y ayuda.
El plan para reducir gastos y aumentar ingresos puede ser pactado entre las partes, para generar confianza interna y externa. Además, hay que preservar una línea de protección a los más débiles para que el ajuste no termine de destruirlos. Venezuela tiene recursos humanos y materiales para salir de este marasmo. Tiene capacidad industrial instalada que hay que poner a producir, lo mismo que capacidad para producir alimentos y medicamentos para toda su población con excedentes. El problema es de gestión, o, si prefieren, del fracaso de una gestión errónea durante muchos años, agravada por la caída de los precios del petróleo (¡pero solo agravada por eso!).
La crisis de seguridad ciudadana, aunque sea responsabilidad del Ejecutivo, puede ser planteada por este y la Asamblea para acordar una ley que corte esta hemorragia que destruye a Venezuela. El plan de seguridad llamado OLP es el número 17 o 18 de los que se han implementado para corregir la creciente inseguridad que ha convertido a Venezuela en un país con índices de violencia inaceptables. Pero más allá de los fracasos evidentes de estos planes se pueden y se deben corregir elementos fundamentales desde el punto de vista de la seguridad ciudadana. El Gobierno puede proponer a la Asamblea una legislación que prohíba el uso de armas de fuego a los particulares y hacer un plan de recogida de las que hay dispersas por todas partes. La ley debe reservar el uso de las armas de fuego, en exclusiva, a las fuerzas de seguridad del Estado y, en su ámbito, a las Fuerzas Armadas. Los particulares, solo excepcionalmente y con autorización y control, pueden disponer de armas de fuego. Las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas lo agradecerán, pero sobre todo los ciudadanos empezaran a creer que es posible convivir en paz y en libertad.
Conclusión: no conozco sobre qué bases están trabajando los mediadores internacionales para el diálogo aunque les deseo lo mejor, pero sé que incluso esa mediación debe ser acordada entre la partes para generar confianza.
Felipe González fue Presidente del Gobierno Español de 1982 a 1996.
Por Felicia Saturno Hartt. Foto: N. Hall.- Theresa May, de 59 años, fue nombrada hoy por la Reina Isabel II como la nueva Primera Ministra del Reino Unido y prometió que su gobierno combatirá la "acuciante injusticia" y construirá un “Reino Unido mejor".
"El Gobierno que lidero será conducido no por el intereses de unos pocos privilegiados, sino por ustedes", dijo la Premier, en un discurso brindado en las afueras de la residencia oficial de Downing Street número 10, minutos después de ser nombrada por la monarca británica.
“El Reino Unido debe ser una unión de todos sus ciudadanos”, dijo May, quien se convirtió en la segunda mujer en ocupar el máximo cargo político en el país después de la nefasta Margaret Thatcher (1979-1990).
"Si son de una familia trabajadora común y corriente, la vida es mucho menos segura de lo que mucha gente en Westminster (Parlamento) se da cuenta", expresó May.
La esperanza de los Tories
La intempestiva nominación de Theresa May como jefa del Partido Conservador Británico es sintomática de lo que viene ocurriendo en las últimas semanas en el Reino Unido. El partido de Gobierno quería tomarse originalmente nueve semanas para elegir a quien ocuparía su presidencia y, con ella, el sitial de primer ministro.
Pero, con la súbita retirada de Andrea Leasom, la carrera interna de los Tories tuvo un abrupto final. A Theresa My le quedaron apenas 48 horas para preparar su gobierno.
“La presión para que asignara importantes carteras a partidarios del ‘brexit" ha sido grande, precisamente porque ella estaba a favor de la permanencia de Gran Bretaña en la Unión Europea”, opina Alex Forsyth, corresponsal de política de la BBC. Agrega que, con el anuncio de radicales reformas sociales y económicas, alimentó especulaciones sobre el futuro de antiguos miembros del gabinete.
“En vista del escaso tiempo para tomar difíciles decisiones políticas, la nueva Primera Ministra tiene que sopesar entre cambio y continuidad. Y debe intentar volver a unir a los conservadores después de la corrosiva campaña para el referéndum respecto a la permanencia en la UE”, señala Forsyth.
Medidas controvertidas
May asumió en 2010 la jefatura del Ministerio del Interior, manteniéndose allí por más tiempo que casi cualquier otro político. En ese cargo ganó fama con su dura política contra la inmigración. En 2015 provocó irritación cuando declaró que “la inmigración impide forjar cohesión en la sociedad”.
Su política disuasiva incluyó la prohibición de que ciudadanos británicos con ingresos anuales inferiores a 18.600 libras anuales trajeran al país a sus cónyuges extranjeros y a sus hijos. Las familias afectadas presentaron una demanda contra la norma ante el Tribunal Constitucional.
“La política de Theresa May empeoró activa y directamente la vida de los inmigrantes en este país”, señala Lucy Walker, quien brinda asistencia a refugiados en Londres. “En vista de la creciente xenofobia, me preocupa mucho su futura política como Primera Ministra”, señaló.
Si bien los comentaristas liberales coinciden en que medidas como esa tienen rasgos autoritarios, la política de May está en consonancia con la corriente mayoritaria en el partido conservador. “Muchas de las posturas que adoptó May como ministra del Interior le granjearon credibilidad en el ala derecha del partido”, indica Matts Cole, profesor de historia de la Universidad de Birmingham.
Y agrega Cole: “Eso incluye su postura con respecto a la deportación y la inmigración, su afán de abandonar la Convención Europea de Derechos Humanos y su voluntad de fortalecer la unidad de la federación”.
Política pragmática
Pero Theresa May es considerada también una pragmática que, en el curso de su carrera política, ha asumido diferentes posiciones. En 2002 advirtió a los conservadores que el partido tenía mala imagen y demandó reformas. Respaldó las uniones homosexuales y hace poco advirtió contra el llamado “racial profiling”, en que las personas son clasificadas según su origen étnico.
“May era en realidad una modernizadora”, señala la escritora conservadora Kate Maltby. “Para todos aquellos que intentábamos abrir espacios sociales y liberales en el partido, ella era un farol, aunque ha cambiado de actitud”, apunta.
Serenidad en medio de la tormenta
En el pasado referéndum, May votó por la permanencia de Gran Bretaña en la UE. Pero ahora afirma que la decisión está tomada y no habrá una segunda consulta. Ha prometido que el “brexit” será un éxito y ha anunciado reformas radicales para fomentar la movilidad social y respaldar a los sectores más desfavorecidos de la sociedad.
Su talante sereno y su experiencia política alimentan en muchos la esperanza de que conduzca al país con mano segura por los tiempos difíciles que se avecinan.
“No voto por los conservadores, pero me tranquiliza que en este tiempo caótico asuma el timón una persona con tanta experiencia política”, comenta Matt Pembroke, un abogado de Manchester. Y subraya: “No quiero más intranquilidad derivada de cualquier tipo de votación. Solo quiero que alguien salve algo del desastre en que nos encontramos”.
ONU. Foto: ACNUR/ Sebastian Rich.- Once países del continente americano hicieron este jueves un llamado a la acción para proteger a las personas desplazadas, por la fuerza en el Triángulo Norte de Centroamérica, que comprende El Salvador, Guatemala y Honduras.
El desplazamiento en el mencionado espacio geopolítico, tampoco es de migrantes económicos. Son familias, mujeres, niños que buscan refugio, porque han sido víctimas de abusos indescriptibles a manos de las pandillas y de los grupos criminales. No es una guerra, pero estas personas se ven obligadas a huir de la violencia y afrontan circunstancias similares a las de un conflicto armado.
Los representantes gubernamentales de alto nivel emitieron una declaración al concluir sus deliberaciones, durante una reunión celebrada en San José, Costa Rica, en un encuentro donde participaron delegados de Canadá y Estados Unidos.
El documento acuerda fortalecer las respuestas al fenómeno, haciendo énfasis en el desarrollo socioeconómico y en medidas de prevención, que incluyen mejoras institucionales, la consolidación del estado de derecho, mejoras en el sistema de justicia, acciones contra la impunidad y mecanismos de protección a las víctimas.
El Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, Filippo Grandi, inauguró el encuentro en el que señaló que el problema requiere una respuesta regional que apunte a la colaboración entre todos los actores humanitarios y los gobiernos afectados, incluyendo a aquellos de tránsito y asilo.
Grandi animó a los países a generar programas conjuntos y pidió respaldo de la comunidad internacional.
“Podemos y debemos unirnos en apoyo a los gobiernos de los países afectados y asegurar que cada vez menos niñas, niños y adolescentes, mujeres y otras personas en riesgo se vean obligados a desplazarse porque sus derechos más básicos, como la vida, la integridad física, la libertad y la dignidad de las personas sean violadas por actores no estatales”, puntualizó el funcionario de ACNUR.
Grandi sugirió, como punto de partida, desarrollar estudios analíticos para identificar las causas, tendencias, magnitud y poblaciones de riesgo para asegurar una mejor comprensión del fenómeno y luego utilizar esa información en la elaboración de políticas públicas.
El Alto Comisionado subrayó que el desplazamiento forzado en la región es producto de múltiples causas que incluyen la pobreza y un creciente éxodo generado por la violencia y las actividades del crimen organizado.
Según las últimas cifras de su Oficina, el año pasado, el número de refugiados y solicitantes de asilo de esos tres países en conjunto superó 109.000, en su mayoría con destino a México o Estados Unidos, una cifra que se quintuplicó en tres años.
La visita de Grandi a Costa Rica marcó la conclusión de su primera gira oficial por América Latina desde que asumió su cargo, que también incluyó a Colombia y Ecuador.
Redacción Ecos. Foto CNN.- Una ola de ataques suicidas golpeó tres ciudades de Arabia Saudita en 24 horas. Los ataques se producen poco después de los grandes atentados yihadistas en el mundo musulmán de la última semana.
Aparentemente los atentados fueron coordinados para que se produjeran mientras los ciudadanos se preparan para acabar con su ayuno en el penúltimo día del mes sagrado del Ramadán.
Dos de los ataques fallaron, pero cuatro personas murieron en el tercero. Todos parecen haber sido coordinados, teniendo como blancos las fuerzas de seguridad sauditas y los intereses occidentales.
El más mortal ocurrió en Medina, en donde cuatro personas murieron y otra más resultó herida, según informó la policía saudí. La ciudad es un sitio sagrado porque abriga la Mezquita del Profeta, donde está enterrado Mahoma; es el segundo sitio más sagrado del Islam después de la Mezquita de la Roca en Jerusalén.
El suicida, quien murió en la explosión, buscaba atacar agentes de seguridad, pero aún se desconoce específicamente el número de muertos y heridos, dijo la fuente.
En Qatif, el este de Arabia Saudita, un suicida pretendió atacar una mezquita chiíta pero fracasó, causándose su muerte, pero no hubo heridos.
Cerca del Consulado de Estados Unidos en Yida, un suicida causó solo su muerte al hacer detonar un explosivo y un policía resultó herido, según la agencia estatal Saudi Press Agency. Nadie se ha atribuido hasta ahora la responsabilidad.
La semana pasada hubo atentados en Turquía, Bangladesh, Yemen e Iraq, que dejaron cientos de muertos. Fueron atribuidos —o se cree que fueron ejecutados— por ISIS.
Los ataques se producen al final del mes sagrado musulmán, Ramadán y durante la celebración del 4 de julio, el Día de la Independencia de los EE.UU.
