Opinión

Por Juan Carlos Torres. - No importa qué religión profesas, finalmente todas conducen a Dios; sin embargo, el proceso de Paz ha dado lugar a una variedad de interpretaciones sobre las Sagradas Escrituras en función de una decisión frente al Plebiscito. Mientras la Iglesia católica a través del Sumo Pontífice y sus Párrocos se ha pronunciado a favor del Sí, los cultos cristianos están divididos entre el Sí y el No. Entre los últimos hay quienes aducen que decirle Sí a la Paz representa la apertura de las puertas del infierno y que Santos es el anticristo, evidenciando lo que sería una disidencia del cristianismo que adoctrina según sus intereses y asalta la buena fe de muchos feligreses.

Nos han enseñado que no todos contamos con la excelsitud de poder interpretar la palabra de Dios; sin embargo resulta  fácil deducir, que de ésta se extracta el amor, la paz, el perdón y la reconciliación. El proceso de Paz con las Farc pudiera ser la respuesta de Dios a las millones de veces que nos humillamos de rodillas y pedimos el fin de la guerra; o sobre el tratamiento al problema de las drogas ilícitas al que se refieren en los acuerdos, pudiera ser la respuesta a nuestras plegarias por nuestra juventud y sociedad sumida en las drogas. Nos enseñaron también que Dios se manifiesta de la forma que cree conveniente y no cómo nosotros pretendemos. ¿Quiénes somos los cristianos para reprochar o desobedecer lo obvio de los designios de Dios?

En la viña del señor hay de todo, y no todo el que carga la Biblia debajo del brazo es cristiano. No por casualidad el Senador Uribe oficializó  la campaña por el No en la sede principal de la Misión Carismática Internacional en Bogotá, templo que ha hecho campaña política con él, de propiedad del Pastor Jorge Villavicencio, tristemente célebre por el escándalo de recibir su iglesia, de predios expropiados a las mafias del narcotráfico caleño durante la presidencia de Uribe.

Otros de los fieles devotos del Centro Democrático es el Pastor Miguel Arrázola de la Iglesia Cristiana Ríos de Vida, amigo personal de Uribe que desde su púlpito hizo campaña a favor de Oscar Iván Zuluaga en las últimas elecciones presidenciales y fue promotor en Cartagena de la marcha del pasado 2 de abril convocada por el Uribismo. Es el mismo Pastor, que en el 2010, guiado por el espíritu santo, según él,  invitó a votar por Santos y hoy inspirado por el mismo espíritu santo nos profetiza que Santos es el anticristo. Aberrante  dicotomía de este líder religioso. Desde la presidencia de Uribe unas trescientas iglesias cristianas hacen abiertamente política con él.

Otro sector del cristianismo argumenta que votará No porque las penas para los guerrilleros no son suficientes; muchos de los que nos han evangelizado sobre creer en la justicia divina y hoy fungen de jueces terrenales, quizás poseídos por los deseos de la carne de apedrear a quienes como muchos cristianos también se equivocaron y hoy requieren de una nueva oportunidad, así como otros parroquianos ex criminales, drogadictos, violadores y prostitutas que concurren a estos templos en busca de la salvación. ¿Quién estará más cerca de encontrar a Dios, el que pide perdón y se arrepiente o el que concurre sagradamente a la Iglesia y aún no ha aprendido a perdonar?

El tercer bloque del cristianismo que dice No al plebiscito, es el asaltado en su buena fe, por una supuesta promoción de la ideología de género en los acuerdos de La Habana, una propaganda negra para ganar adeptos por el No; entre sus grandes exponentes el Pastor youtubers Oswaldo Ortiz, quien con claras posturas homofóbicas en una campaña perversa denominada “contra el Lobby Gay” de manera mal intencionada extrajo del discurso de Humberto De La Calle sobre enfoque de género, cinco segundos y los adhirió a sus sermón bufón , sinistrofóbico y de rechazo a la comunidad LGTBI; rumores que él bien conoce engranan en una sociedad mayoritariamente religiosa.

Sobre el video de Humberto De La Calle consultado en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=SG8X50uyz2w   es pertinente hacer las siguientes precisiones: para contextualizar, el jefe del equipo negociador del gobierno expresa el respeto a las diferencias como posibilidad de vivir en armonía y se refiere a la vinculación de un enfoque de género con reconocimiento de derecho. En el minuto 6:11 De La Calle parafrasea a Simón Deborah: “No se nace mujer, se llega serlo”y señala: “y hoy podríamos agregar también: no se nace hombre, se llega a serlo”, previamente manifiesta que se tratan de reflexiones personales y que no comprometen  a la delegación, son acercamientos de carácter personal que decidió compartir.

En los acuerdos nunca se habla del “espanto” de ideología de género, ni una sola vez; y la palabra LGTBI se menciona cuatro veces (páginas 31,73,76 y 78) todo para hacer promoción de: i)  al pluralismo político de la organizaciones y movimiento sociales que incluyen mujeres, jóvenes y población LGTBI en el debate democrático, ii) el diseño de una estrategia para identificar patrones de actividad criminal que atentan contra las mujeres, los niños, adolescentes y la comunidad LGTBI, y iii) implementación de planes de investigación especializados contra la victimización de mujeres, niños, adolescente y población LGTBI.

De lo que sí se habla en los acuerdos múltiples veces es del principio del enfoque de género, que en los acuerdos se refiere según su definición explicita en la página 10 y que para efectos de las 297 páginas significa lo mismo: “Reconocimiento de las mujeres como ciudadanas autónomas, sujetos de derechos con acceso en condiciones de igualdad con respecto a los hombres…”, definición que incluye para la protección con enfoque de género a niños, niñas y adolescentes afectados por organizaciones criminales (página 70).

Queda claro que los acuerdos de Paz no pretenden la imposición de la ideología de género que el Pastor youtubers sugiere a través de su campaña del miedo de Nicolás Maquiavelo, para ganar adeptos en contra del proceso de Paz.

Resulta más sensato para los cristianos leer los acuerdos para no ser asaltados en su buena fe y  orarle mucho a Dios para que les de claridad sobre su decisión y no quedarse únicamente con las sugerencias del Pastor quien es humano, débil, pasional y que en algunos casos tienen profundos intereses y terminan siendo lobos vestidos de ovejas adoctrinando en provecho de sus embestiduras de la fe.

Twitter: @soyjuanctorres

Por Jorge Enrique Robledo.-  En días pasados hice mi quinto debate sobre Saludcoop y las demás fallas y corruptelas del pésimo sistema de Salud, en el que se sufre y se muere por males que la medicina sabe curar. Su detonante, dije, fueron las escandalosas declaraciones del Fiscal Perdomo de que no había decidido al respecto porque no podía demostrarse la corrupción en Saludcoop, porque los $1,4 billones de la sanción de la Contraloría eran el seis por ciento de esa suma y porque no había claridad jurídica sobre los recursos de la salud (http://bit.ly/2cLm8yl).

En el debate controvertí al Fiscal recordando que Saludcoop había sido sancionada por la Superintendencia de Salud por 627 mil millones de pesos –con el respaldo del Tribunal de Cundinamarca y el Consejo de Estado–, por la Contraloría por 1,4 billones de pesos y por la SuperIndustria como parte del cartel de la salud. Que la Procuraduría multó y sancionó con 18 años para no ejercer cargos públicos a Carlos Palacino. Informé de dos decisiones recientes de la Contraloría por fraudes con sobreprecios de medicamentos y recobros al Fosyga, por 42.591 y 50.914 millones de pesos, contra Cafesalud y otras EPS. Que el CID de la Universidad Nacional demostró sobreprecios en medicamentos del Grupo Saludcoop por 800 mil millones de pesos y que en la Fiscalía duerme una denuncia por ocho mil cheques, por 27 mil millones de pesos, que la EPS le cobró al Fosyga pero que no pagó.

Expliqué que la base del desastre es la Ley 100/93, que convierte en ganancias de las EPS lo que debería ir a médicos, medicamentos y procedimientos y sus gerentes tienen como primer deber, no la salud de las personas, sino las ganancias de sus accionistas. Detallé cómo de lo peor de la Ley son sus criterios y normas como para ángeles, que le impiden al Estado controlar y facilitan robarse la plata de la salud. Y rechacé que Alejandro Gaviria no hubiera cerrado el boquete del saqueo de los recursos con el pretexto de su administración, a pesar de lo ordenado por la Ley 1438 de 2011 y por la Corte Constitucional.

Demostré el fracaso del Ministerio de Salud como administrador de Caprecom, Saludcoop y Cafesalud, cuyas quiebras han dejado a millones de colombianos con un pésimo servicio de salud, deudas enormes con las IPS públicas y privadas e innumerables maltratos a sus trabajadores. Advertí que Cafesalud puede generar una crisis sistémica en el sector porque su patrimonio negativo va en un billón de pesos y las pérdidas mensuales en 56 mil millones. Y citando al presidente de esa EPS, expliqué los descaros de varias corruptelas.

Recordé que los interventores oficiales de Saludcoop actuaron como Palacino, pasándole ilegalmente a la EPS 700 mil millones de pesos de la salud, e intentaron tumbar, demandándola, la sanción de 1,4 billones de pesos de la Contraloría. E informé que esa suma se perdió porque el liquidador de Saludcoop, contra la ley, les negó su naturaleza parafiscal y porque la Unidad Nacional y el Centro Democrático cambiaron la ley aplicable por la 1797 de 2016, poniéndolos como deuda quirografaria, de quinta categoría.

Expliqué que la inacción de la Fiscalía tuvo origen en los contratos por 4.953 millones de pesos de Eduardo Montealegre con Saludcoop, que crearon una ruta jurídica –inaceptable, según las autoridades– para convertir en privados los recursos públicos de la salud.

Denuncié que desde 1993 el verdadero ministerio de salud son las EPS, que someten a tantos con los 39 billones de pesos de la UPC de la salud. Y señalé los vínculos con las EPS de Alejandro Gaviria y de su esposa y de Juan Carlos Echeverri, Sergio Díaz-Granados y Enrique Vargas Lleras, quien fue abogado de Palacino y directivo de Cafesalud prepagada, es contratista de Saludcoop y Cafesalud por 5.505 millones de pesos y preside la junta directiva de la Nueva EPS (http://bit.ly/2c6oy8n).

¿Y saben cómo respondió el ministro Alejandro Gaviria? Increpándome, descalificándome de plano, por decir lo que dije, en vez de elogiarle sus supuestas grandes ejecutorias. Qué cómo me atrevía a denunciar estos hechos, que no refutó, en vez de postrarme ante las medallitas que brillan en su pecho… y que se pone él mismo (http://bit.ly/2cKPzPD).

Coletilla: en el plebiscito no se votará si nos gusta Santos. Si así fuera, los polistas votaríamos no. Lo que decide es si se desarma ya a las Farc, dándole fin a una violencia que nada bueno le dejó al país. Castigar a Santos votando no es castigarse a sí mismo.

Bogotá, 9 de septiembre de 2016.

Por Amylkar D. Acosta M.-  El pasado 7 de los corrientes mes y año se publicó por parte del diario económico Portafolio una crónica titulada “consumo de aguardiente sufre un declive difícil de parar”, en la cual se llama la atención sobre el comportamiento de la demanda de licores en Colombia, particularmente en lo que hace relación al aguardiente que produce la industria nacional de licores que, según su análisis cayó el año pasado el 32.7%.

Llama poderosamente la atención que quien enciende las alarmas sea la Asociación Colombiana de Importadores de Licores (ACODIL) y no la Asociación Colombiana de la Industria de Licores (ACIL), que es la que produce el aguardiente. Como dice el adagio popular, afana más el velón que el dueño de la olla.

Es la Presidenta de ACODIL Martha Patricia Gonzalez la que llega a esta preocupante conclusión, para sacar como corolario que “si la ley que modifica el impuesto a los licores pasa su cuarto y último debate en el Senado, la situación empeorará, no solo para los importados sino para los nacionales, como el aguardiente”. Según ella, “el recaudo para las regiones decaerá por el contrabando y por la reducción del consumo”, a consecuencia del aumento de la tasa impositiva prevista en el proyecto de ley de licores que está a un solo debate en plenaria del Senado de su aprobación.

Se trata de magnificar la caída de la demanda y, por consiguiente del recaudo, para disuadir a los senadores después de que estos lo aprobaron en la Comisión III. Se abstiene la Presidenta de ACODIL, deliberadamente, de advertir que el estudio realizado por el Ministerio de Hacienda que soporta la propuesta que cursa en este momento tuvo en cuenta la elasticidad – precio de la demanda (1.4) y arrojó como resultado que dicha propuesta le significará un mayor recaudo por concepto de impuesto al consumo de los licores entre un 18% y un 20% a los departamentos. Y, en cuanto al contrabando y a la adulteración de licores, se prevén en la ponencia medidas drásticas a ser implementadas para combatirlos eficazmente.

Huelga decir que en todas partes del mundo la tendencia es a aumentar los gravámenes a los licores para evitar su excesivo consumo por considerarlo nocivo para la salud. En Europa están yendo más lejos aún, al fijar precios mínimos de venta para desincentivar el consumo de los licores por la misma razón. 

Las cifras, para su mejor entendimiento e interpretación, deben analizarse en su contexto y es lo que pretendemos hacer en esta nota. Es importante señalar que si bien se dio una reducción del 27.57%, no del 32.7%, en el número de botellas de aguardiente vendidas entre 2014 (87.075.165) y 2015 (63.070.134), ello fue coyuntural, pues en el primer semestre del año en curso se evidenció un incremento del 12.22% en relación con el primer semestre del año anterior. Además, concomitantemente con la caida de la demanda de aguardiente entre 2014 y 2015 se dio un incremento en las ventas de ron, también producido por las fábricas nacionales,  del 5.19%. Adicionalmente, en este primer semestre de 2016 se dispararon el 50.3% (¡!) con respecto al primer semestre del año anterior. Luego la situación no es tan dramática para las fábricas de licores nacionales como lo aparentan las cifras agregadas. 

En el caso de los licores importados, las cifras no mienten. Según información suministrada por el Fondo Cuenta de la Federación Nacional de Departamentos, se dio un incremento del 6% en los recaudos por concepto de licores importados, esto si se le compara con la totalidad recaudada por los 32 Departamentos entre el periodo 2014 ($261.482.106.000) y 2015 ($277.958.319.400). Igualmente, existe un incremento del 28.45% entre el periodo comprendido entre enero y agosto de los años 2015 y 2016 ($143.731.648.400 y $184.629.335.000, respectivamente).

Es bueno también tener en cuenta los factores determinantes del comportamiento de la demanda por licores en el país, varios de ellos exógenos, entre los cuales se destaca la adulteración y falsificación de marcas de licores, así como el contrabando. Si bien el consumo de las bebidas nacionales no ha disminuido tanto, sin embargo, el alcohol adulterado ha aumentado su participación en el mercado. El estudio realizado entre la Universidad EAFIT y la FND, registra que del total de licores nacionales que consumen los colombianos, el 24% es alcohol ilegal; destacándose que el porcentaje más alto corresponde a alcohol adulterado (17%) en relación con el licor de contrabando (7%). De acuerdo con el análisis efectuado por las autoridades competentes, le es más rentable al delincuente adulterar que ingresar de contrabando licores al territorio colombiano, convirtiéndose en una actividad que ha aumentado en los últimos años pese a la lucha de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación para contrarrestar este flagelo.

Bogotá, agosto 9 de 2016

www.fnd.org.com

Giovanni Décola.-Celebro que el Consejo de Estado haya declarado la nulidad de la elección del Señor Procurador Alejandro Ordoñez, para un segundo mandato al frente del Ministerio Público.

Deploro que el garante de la sociedad civil haya hecho uso de todas las artimañas posibles, para dilatar el decurso del proceso, que según las voces de nuestra Constitución Política, tiene un término de seis meses para ser fallado cuando se trata de una sola instancia, como es el presente caso. Duró cuarenta meses.

Lamento que Alejandro Ordoñez pretenda hacer ver su separación del cargo como una consecuencia de los acuerdos de la Habana, asociada a presiones indebidas del Gobierno y de las FARC.

Se va, porque su elección estuvo atada a maniobras torticeras de quienes lo nominaron en la terna para Procurador en clara contravía con el Artículo 126 de nuestra Carta Magna, que reza que los servidores públicos no podrán en ejercicio de sus funciones, nombrar, postular, ni contratar con personas con las cuales tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil, o con quien estén ligados por matrimonio o unión permanente. Tampoco podrán nombrar ni postular como servidores públicos, ni celebrar contratos estatales, con quienes hubieren intervenido en su postulación o designación, ni con personas que tengan con estas los mismos vínculos señalados.

Eso fue precisamente lo que hicieron tres Magistrados de la corte Suprema de Justicia, que a pesar de tener familiares trabajando en la Procuraduría, votaron a favor de la postulación de Ordoñez, lo cual fue determinante para lograr la mayoría calificada de 16 Magistrados.

Igual ocurrió con numerosos senadores, pero como obtuvo 80 votos de 102, los mismos no tenían la capacidad para mutar el resultado electoral, por tal razón, no prosperó éste cargo.

En términos coloquiales, su elección fue producto de la corrupción y su separación del cargo, nada tiene que ver con presiones del Gobierno y menos de las FARC, que hasta donde se sepa, no tiene ninguna influencia en el máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

En hora buena se ha ido, quien convirtió su cargo en trinchera de la oposición uribista y arbitrario perseguidor de quienes pensaban distinto a sus retrogradas visiones del Estado. Jamás fue capaz de separar sus ortodoxas orientaciones religiosas con la objetividad e imparcialidad que debe ostentar quien presida el Ministerio Público.

Fue un grosero y pendenciero contradictor del Presidente de la República a quien por obvias razones le debía respeto y consideración.

Fue un frágil investigador de quienes profesaban las tesis uribistas o conservadoras, pero impecable perseguidor de los personajes de la izquierda democrática.

No fue un defensor de la familia, sino un activista de proclamas tercermundistas, que la Corte Constitucional ha equilibrado con sensatos y modernos criterios constitucionales que garantizan los derechos fundamentales de personas naturales que tienen una opción sexual diversa, y que por cuya orientación, jamás pueden ser discriminados.

No fue un gestor de paz como se lo ordena la Constitución; fue un prende fuegos de odios y rencores que en nada ayudan a la paz y reconciliación nacional.

Usó el cargo público de manera descarada, no solo para  intervenir en  política a favor de su partido Conservador y el Centro Democrático, sino para hilvanar su propia candidatura presidencial; en donde se dio el lujo de inhabilitar a posibles contendores (Gustavo Petro, Piedad Córdoba. Etc) y exonerando a los posibles aliados o adherentes como Vargas Lleras y un sin número de parapolíticos.

Por: Ivan Diaz Mateus.- Quienes tienen reparos a los acuerdos de la Habana cuestionan principalmente la participación política, la justicia transicional y el tribunal de paz, y los beneficios económicos para los guerrilleros desmovilizados. Quienes defienden los pactos se aferran a la convicción de que la paz es un bien superior y una aspiración legítima de toda sociedad, mientras la guerra es inútil desgarradora y costosa.

No cabe duda acerca de que, en caso de implementarse los acuerdos, las Farc  se convertirán en un partido político que verá la luz con condiciones bastante favorables: cinco curules en el Senado y cinco curules en la Cámara de Representantes.

Lo que si no está claro y genera dudas son las circunscripciones especiales que en el papel no van dirigidas directamente a las Farc pero parecen ser un espacio que solo ellos podrán copar, de ser así  asegurarían 16 curules adicionales en la Cámara; igualmente su partido accederá al 10% de la financiación estatal que se presupueste y está decidido que podrán manejar 31 emisoras comunitarias. En términos sencillos son prebendas políticas que recibirán a cambio de cesar la violencia.

Preocupa la justicia transicional que no es un tema extraño a otros procesos de paz, pues el riesgo de que delitos graves puedan quedar en una impunidad total o ser castigados con unas penas disfrazadas, se supone un mal precedente para las generaciones presentes y futuras cuyo temor a la ley y su respeto dependen de la capacidad del estado para sancionar los infractores.

De otra parte la creación de un tribunal especial que reemplazará la justicia ordinaria en lo penal y será conformado de una manera sui generis, con magistrados postulados por diversas instituciones, no refleja claridad en cuanto a sus competencias, su funcionamiento, su duración y el alcance de las decisiones que ha de tomar. Sacrificar justicia para obtener paz puede ser válido, pero suplantar justicia para consolidar paz deja muchas dudas.

Para muchos resulta difícil entender que el estado deba acoger a personas que antes se dedicaron a ejercer la violencia en todas sus expresiones (secuestro, asesinato, extorsión, narcotráfico), perdonarles sus delitos y además pagarles un sueldo durante un tiempo determinado, siempre y cuando no tengan otro trabajo remunerado, esto con el fin de que se reincorporen de manera amable y con alguna seguridad económica a la vida normal. Otro costo de la paz difícil de entender.

Solo esas tres cosas le bastarían a cualquiera para pronunciarse en contra de los acuerdos. Pero como en todo hay que hacer un balance, si la paz se consolida y resulta estable y duradera nos ahorraremos mucho más de lo que nos cuesta en vidas humanas, personas mutiladas e incapacitadas, tierras improductivas, destinos turísticos imposibles de visitar, inversiones foráneas que no llegan, hombres y mujeres armados en la defensa del estado, estigmatización internacional por cuenta del narcotráfico y la violencia, dotaciones, municiones y equipos de guerra, ingobernabilidad en muchos lugares de Colombia, desconfianza para crear empresa, y en general todo lo que significa que una guerrilla, con los métodos más impredecibles y sangrientos, esté amenazando a diario a toda la población indefensa e impotente que soporta casi siempre las consecuencias de la barbarie y la irracionalidad.

En esto llevamos 50 años. Si usted como yo considera  que ésta es una buena ocasión de parar vote SI al plebiscito, muy a pesar de que muchas cosas como las acordadas nos causen desazón. Todos merecemos una oportunidad y dársela a  la paz probablemente sea difícil y arriesgado, pero hay que hacerlo.

Por Diego González.-El procedimiento Fast Track utilizado en los Estados Unidos para la negociación rápida de tratados comerciales, mediante la delegación de facultades que confiere el Congreso al Ejecutivo, data de la sección 102 de “The Trade Act of 1974”, en virtud de la cual se autorizó al Presidente para entrar en acuerdos recíprocos hasta 1980, desde esa fecha, el ejecutivo puede negociar directamente acuerdos comerciales mediante este procedimiento, sujetándose solamente a la consulta permanente con el Congreso, este a su vez, se obliga a aprobar los cambios que sean necesarios a la legislación nacional para la implementación de los tratados en el ámbito doméstico, lo que la propia ley denominó “Implementing legislation” .

En el contexto interno Colombiano, el Congreso de la Republica deberá tramitar un paquete de leyes bajo el procedimiento “Fast Track”, es decir por la “vía rápida”,  para garantizar que todo lo pactado en la Habana haga parte del ordenamiento jurídico colombiano y sea incorporado al bloque de constitucionalidad.

Ahora que ya se produjo la firma del acuerdo final, se incluirá un “procedimiento de ley aprobatoria del Acuerdo Especial”, el cual  se desarrollará mediante una ley ordinaria que se debatirá en comisiones constitucionales conjuntas del Senado y la Cámara, y luego en las plenarias de ambas Cámaras.

En principio alrededor de 12 iniciativas van a ser radicadas en el Congreso la semana siguiente a la votación del plebiscito por la paz, para que sean tramitadas bajo este procedimiento, entre las cuales se destaca el acuerdo especial que se desarrollará bajo los protocolos de Ginebra.

Sin lugar a dudas, el “ Fast Trak” es el único procedimiento que le permite al Gobierno nacional aprobar de manera expedita y maratónica todo lo acordado, además lo dota de facultades que normalmente no ostenta y que requiere para culminar con éxito su labor en favor de la construcción de la Paz, como por ejemplo, tener mayor poder para impulsar el trámite legislativo y la exclusividad de los contenidos de los textos normativos que han de ser aprobados por el Congreso, la facultad para establecer la primacía del trámite de estos actos normativos sobre el trámite de cualquier otra iniciativas, la posibilidad de convocar a sesiones extraordinarias para la discusión de las mismas y finalmente y más importante el poder de veto Presidencial de las modificaciones que sean que sean introducidas por el Congreso durante el trámite Legislativo.

Por José Luis Pardo Veiras. Tomado de The NY Times en español.- Cuando Felipe Calderón llegó en 2006 a la presidencia de México, un país ya convertido en epicentro de los grandes carteles de la droga, le dijo a los mexicanos: “Si se preguntan si las cosas pueden cambiar, la respuesta es sí. Y van a cambiar para bien”. Para cumplir su promesa mandó a las calles al Ejército, y se lanzó a una guerra frontal contra el narcotráfico.

Las cosas, en efecto, cambiaron.

El año anterior a su investidura, el índice de homicidios en México era de 9,5 por cada 100.000 habitantes. La cifra se duplicó y entonces el discurso oficial negó que hubiera víctimas civiles: los muertos de la Guerra contra el Narco eran solo los villanos (narcotraficantes) o los héroes (policías y militares que combatían contra ellos). Una década después, esta guerra se ha cruzado en la vida de demasiadas personas anónimas. Se calcula que ha provocado 150.000 muertos y unos 28.000 desaparecidos. La promesa de Calderón fue grandilocuente; su estrategia, simplista.

La lucha de los narcos entre sí y con el Estado se ha extendido. En lugares como Tamaulipas, frontera con Estados Unidos, denunciar equivale muchas veces a una sentencia de muerte. En el Triángulo Dorado (Chihuahua, Durango, Sinaloa), los habitantes de la sierra tienen que huir de sus comunidades por las amenazas de los sicarios. Ni siquiera los santuarios turísticos están a salvo. Acapulco es hoy la ciudad más violenta del país y una de las más violentas del mundo.

Aunque los mexicanos creyeran en la promesa de Calderón, la pregunta que subyacía era: ¿por qué tantas miles de personas se dedicaban al narcotráfico?

El narco es un fenómeno social, cultural, económico, de salud; la inseguridad es solo una de sus expresiones. Viajar por zonas deprimidas de México es entender que, en muchas de ellas, el crimen organizado es la única presencia constante, el principio y el fin de la realidad cotidiana. Allí donde no llega el Estado, o lo hace solo para corromperse o luchar contra el crimen, lo ilícito es en ocasiones la única fuente de trabajo. Para miles de mexicanos el tráfico de drogas es un ejercicio de supervivencia. Los eslabones más débiles de la cadena, como los cultivadores o las mulas, no suelen plantearse si lo que hacen está bien o mal. Solo trabajan en lo que pueden para subsistir.

La Guerra contra el Narco ha demostrado ser un rotundo fracaso. La droga continúa subiendo a Estados Unidos, el gran consumidor, y las armas regresan a México desde el norte, donde siguen causando miles de muertos. La persecución sistemática del narcotráfico ha desembocado en un buen número de detenciones, incluso algunas de grandes capos como Joaquín “el Chapo” Guzmán. Las cárceles, de hecho, se han sobrepoblado. Pero el 41 por ciento de los presos por delitos de drogas han sido arrestados solo por la posesión de sustancias con un valor menor a 500 pesos (unos 30 dólares).

Mientras tanto, el trasiego de cocaína continúa, y también la trata de personas, el tráfico de recursos naturales, la extorsión y las plantaciones de amapola. Según datos de la DEA, la heroína mexicana ya es la más consumida por los estadounidenses, por encima de la colombiana. En Guerrero, el mayor estado productor del país, 50 bandas criminales luchan por el control del territorio.

Si Calderón fue el padre de esta política, Enrique Peña Nieto, el actual presidente, es como el hijo adolescente que quiere romper con el padre pero calcando los gestos paternos que veía en la infancia.

Julio fue el mes más violento de toda su presidencia con 2073 muertos. Hay que remontarse hasta el verano de 2011, el año más sangriento bajo el gobierno de Calderón, para encontrar una cifra similar.

Diez años son suficientes para tener perspectiva y ensayar otras soluciones. Empezar por despenalizar la posesión para el consumo personal sería un buen primer paso: aliviaría un sistema de justicia colapsado, aplacaría los incentivos de los policías para hacer detenciones y estos podrían centrar sus esfuerzos en apresar a aquellos traficantes que realmente atemorizan a los ciudadanos con el uso de la fuerza, no a los consumidores.

El gran giro de la política de Peña Nieto ha sido su apoyo al uso medicinal de la marihuana, una acción necesaria pero insuficiente. Mucho más si se compara con otras iniciativas en la región.

En los últimos años Colombia ha suspendido las fumigaciones de plantaciones, ha impulsado un plan nacional de sustitución de cultivos y el presidente Juan Manuel Santos decretó la regulación de la marihuana con fines medicinales; en Costa Rica, un país sin Ejército, se ha implementado un programa de reducción de daños; en Jamaica se han aprobado leyes para el uso tradicional y medicinal del cannabis; desde 2009 la Corte Suprema de Argentina declaró inconstitucional la punición a la tenencia de drogas, y Uruguay ha regulado la producción, distribución y uso de la marihuana.

México tabula las cantidades de droga que alguien puede poseer sin que se considere que podría estar traficando. Pero esa tabla no se ajusta a la realidad de los consumidores (por ejemplo, alguien solo puede llevar cinco gramos de marihuana). Si bien las políticas de drogas deben atender a las características de cada país, la descriminalización de los consumidores debería ser una base común.

Desde hace más de 15 años Portugal despenalizó la tenencia de drogas para uso personal y creó un sistema para la reducción de daños y la reinserción social. El consumo de cannabis sigue estabilizado, el número de adictos a la heroína ha bajado un 70 por ciento, y las muertes por sobredosis también se han reducido. Holanda, con su sistema de cafeterías, ha creado una fuente de trabajo legal alrededor del cannabis y, en parte, gracias a no perseguir a los consumidores, se ha quedado sin presos. En los últimos años varias cárceles holandesas han cerrado por la falta de delincuentes. El consumo de drogas —de todas las drogas— es un problema de salud, no penal. Y así debería ser tratado.

La Guerra contra el Narco como solución a la problemática en México ha sido una enfermedad mucho peor que la propia enfermedad. Diez años en estado de excepción, con el ejército inmune a las investigaciones sobre sus responsabilidades, ha probado ser otro fracaso.

Para que las cosas cambien realmente, el gobierno debería devolver las acciones antinarcóticos progresivamente a la autoridad civil. Después de esta década de luto, de matanzas sin castigo, de corrupción en las autoridades, es necesario pensar una política integral que visualice al narcotráfico más allá de un combate entre héroes y villanos. En medio de estos extremos, la sociedad se ha tenido que adaptar a una situación de violencia permanente. La despenalización del consumo no arreglará un problema tan arraigado en el país, pero ayudará a que los mexicanos distingan la droga de la Guerra contra el Narco. Los consumidores de los narcotraficantes. Es el primer paso para aceptar que otra solución es posible.

________________________________________________

José Luis Pardo Veiras es periodista independiente y coautor de "Narcoamérica: de los Andes a Manhattan, 55.000 km tras la ruta de la cocaína".

Por Jorge Gómez Pinilla.- Esta es una de esas columnas difíciles de escribir porque trata sobre cosas sucias, pero constituye un deber con la Historia contarlas, para que quede huella imborrable de la ignominia.

De un tiempo para acá se ha desatado por las redes sociales una demoledora campaña de propaganda negra orientada a confundir a la población, que centra su accionar en utilizar a figuras públicas de inmenso reconocimiento, a las que se les ve manifestándose a favor del NO en el plebiscito.

Primero fue el caso de Juanes, y detrás de este se han venido con una lluvia de basura que no respeta prestigio ni valía. Juan Gossaín ya ha sido utilizado dos veces, y en esta segunda ocasión fue con una diatriba en la que arremete contra Santos diciéndole cosas como “No es desconocido que usted perteneció a los grupos alzados en armas, como el ‘Comandante Santiago’. ¿Es usted sí o no Señor Presidente el comandante e ideólogo de las FARC?”.

A Pirry lo acaban de usar sosteniendo entre sus dedos un letrero a favor del NO, por lo que le tocó salir a explicar con un video lo que decía el letrero original antes del montaje.

Y en días recientes circuló por Whatsapp entre empresarios de Santander un documento que luego se viralizó en redes sociales, atribuido a la historiadora Diana Uribe, donde la supuesta autora pretende desmontar “seis sofismas basados en premisas falsas”, y del que cito la cuarta: “Es que a las FARC no las hemos podido derrotar: Falso. Estaban derrotadas y escondidas en madrigueras como ratas y reducidas a su mínima expresión gracias a la seguridad democrática. Resucitaron y se fortalecieron con una política de mano tendida y apaciguamiento en este gobierno”.

Ya Diana Uribe desmintió la autoría de ese libelo, pero no sobra aclarar: las FARC no estaban derrotadas sino golpeadas, y fue precisamente por los golpes que recibió de Uribe y de Santos (o ¿quién les mató a su comandante Alfonso Cano?) que se sentaron a negociar. Pero ese no es el tema que nos ocupa, sino comprobar escandalizados que los ‘creativos’ del uribismo en su desvergüenza se metieron hasta con la persona que más conoce de conflictos armados en otras latitudes, y que asumió como propia la causa de contribuir a afianzar la reconciliación nacional con videos como este, titulado “Dejemos de matarnos: el espíritu del acuerdo de paz”.

Y faltaba ‘la tapa’, como dicen las señoras, con el montaje que le hicieron a Nairo Quintana después de que, tras alcanzar el liderato en la Vuelta a España, publicó una foto con su esposa y bebé en brazos portando un letrero que dice “Colombia, SÍ a la paz”, el cual cambiaron por uno donde se lee “Digo NO al plebiscito y a la falsa paz”.

Las fuerzas oscuras del uribismo están apuntando a la yugular de la paz, sembrando confusión. Todos los días sabemos de casos que muestran a figuras notorias expresando mediante montajes su apoyo al NO o su rechazo visceral al gobierno Santos, y no se ha sabido de nadie del Centro Democrático ni de la Procuraduría General de la Nación que hayan condenado dicha campaña de propaganda sucia, por una sencilla razón: porque son sus directos beneficiarios.

Detrás de la fabricación de tantas toneladas de basura debe haber legiones de personas contratadas para trabajar desde las alcantarillas de la red, y su accionar recuerda los oscuros vínculos que se conocieron entre la campaña de Óscar Iván Zuluaga a la presidencia y el hacker Andrés Sepúlveda, cuyas confesiones condujeron a la orden de arresto para el ‘asesor espiritual’ del Centro Democrático, Luis Alfonso Hoyos, la cual acaba de ser ratificada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá pero no se pudo hacer efectiva porque el sujeto siguió la misma recomendación que en su momento recibiera Andrés Felipe Arias: huyó a Miami.

Hoy en la campaña por el plebiscito la trama se repite de manera casi calcada, y de ello da cuenta un trino del escritor Héctor Abad Faciolince: “¿Han notado que hay un nuevo ejército de trollers contratados por el No? Todos tienen entre 3 y 30 seguidores. Moscas que zumban”. (Ver trino). Que zumban entre la ‘mierda virtual’ que ellos mismos producen, si se me permite el atrevimiento.

Hablando de cosas sucias, en días recientes se conoció un video donde aparecen los expresidentes Álvaro Uribe adelante y Andrés Pastrana detrás suyo haciendo la ‘presentación en suciedad’ de su alianza a favor del NO. Valga decir que ahí la memoria traiciona a Pastrana, pues hace cuatro años decía de su ahora socio político cosas como esta: “Mis asesores están siendo llamados al nuevo gobierno, los de Uribe están siendo llamados a indagatoria” (Ver declaración). O como esta: “A mí explíqueme cómo Uribe se sentó con el narcotráfico, con el cartel de Medellín y con los paramilitares, y no le da la oportunidad a Santos de hacer un proceso con la guerrilla”. O como esta: “la llegada de José Obdulio Gaviria al Senado es un premio al narcotráfico”.

Si el que ha dicho esas cosas hoy se hace detrasito de su vilipendiado, tiene que ser porque es un hombre sin escrúpulos. ¿Y para qué se ubica como segundón a cubrirle la espalda a Uribe? Para escucharle al final del video hablar de su “preocupación por el peligro de Colombia al entregarle la Patria a las Farc, reflexionemos.” Y es cuando uno reflexiona, y la memoria traiciona de nuevo al hijo díscolo de Misael entregándoles a las FARC durante cuatro años una extensión de Patria dos veces superior al departamento de Santander. Y para colmo del absurdo: ¿cómo olvidar que Uribe llegó a la presidencia montado sobre el fracaso del proceso de paz del Caguán, liderado por Pastrana?

¿Será que estamos locos, Lucas? ¿O qué será lo que buscamos…? ¿Alguna cosa sucia, como por ejemplo impedir que Santos SÍ consiga la paz que nosotros NO alcanzamos?

DE REMATE: El eslogan de los partidarios de la ratificación del ‘Acuerdo final para terminar el conflicto y construir una paz estable y duradera’ debería ser ¡OBVIO SÍ!

Por Jairo Gómez.- A un mes de su mandato, el fiscal Martínez comenzó a mostrar sus dientes: dos opiniones suyas sobre reimplantar la fumigación con glifosato y la suerte de los empresarios en la Justicia Especial de Paz, estremecen los Acuerdos de La Habana.

Llegan en el momento más inoportuno porque ensucian el debate en el que hoy convergen los colombianos, El Plebiscito que definirá el ‘Sí‘ o el ‘No‘ a los acuerdos suscritos en Cuba entre el Gobierno y las FARC.

Como bien lo asegura el jefe negociador, Humberto de la Calle, volver o no a asperjar glifosato vía aérea para erradicar los cultivos de hoja de coca no se pactó en La Habana, por tanto no debería provocar sobresaltos entre los miembros de la guerrilla, hasta ahí todo bien. Sin embargo, en la mesa se acordó la creación de un nuevo Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, que será la autoridad competente para darle solución a los campesinos en materia de sustitución de cultivos, es decir, implícitamente se reconoció el fracaso de la fumigación. ¿Habrá tenido en cuenta este punto del acuerdo el Fiscal Martínez antes de lanzar su propuesta? ¿Por qué no esperar a que entre en rigor?

En rigor, lo dicho por Martínez Neira, es un mensaje de doble filo pues pone sobre la mesa cómo será la Fiscalía del Posconflicto. Si a lo anterior le sumamos las inquietudes manifiestas sobre los empresarios y el Tribunal de Paz, diseñado por la Justicia Especial de Paz, el mensaje deja entrever una participación activa y polémica en relación a sus actuaciones futuras. Lo acordado en Cuba es una realidad irrefutable, entonces qué sentido tiene poner entre dicho las investigaciones a los determinadores del conflicto. En este punto, tarde o temprano se sabrá la verdad sobre la participación activa de los empresarios en la guerra, cuál es el temor. Como dicen por ahí, los muertos flotan así los entierren 500 metros bajo tierra.

El fiscal Martínez picó en punta y sus reflexiones no son aisladas, buscan alinearse con las del vicepresidente Vargas Lleras, su mentor político. Este es un coctel que jugará duro en el 2018 y, desde ya, pone un manto de duda sobre el futuro de los acuerdos próximos a firmar, si el segundo al mando es elegido presidente.

Ahora bien, los campesinos que han padecido el conflicto mirarán con desencanto el volver al pasado de las fumigaciones con glifosato, químico responsable de la destrucción de la vida humana y animal. Está científicamente comprobado que el herbicida puede producir cáncer, malformaciones físicas y ser un agente generador del Síndrome de Down. ¿Votarán ‘Sí‘  los campesinos, después de la sugerencia del ente acusador?

Por fortuna, los Ministros de Justicia y Salud rechazaron la propuesta con los contundentes argumentos que se esgrimieron en el pasado y que sustentaron la suspensión de la fumigación de los cultivos ilícitos; pero al mismo tiempo honraron los Acuerdos de La Habana en materia de drogas, que ponen en el centro de la solución a los millones de campesinos que siguen a la espera de la presencia del Estado, que genera progreso, no represión.

Por Amylkar D. Acosta M[1].- El Sumo Pontífice Pablo VI dijo en la Encíclica Populorum Progressio que “el desarrollo es el nuevo nombre de la paz”. Por su parte el Papa Juan Pablo II afirmó acertadamente “que nadie se haga ilusiones de que la simple ausencia de guerra, aun siendo deseada, sea sinónimo de una paz verdadera. No hay verdadera paz sino viene acompañada de equidad, verdad, justicia y solidaridad”. Están en lo cierto y esa es la importancia que reviste el Acuerdo suscrito en La Habana: abre las posibilidades para la más profunda transformación política, económica, social y ambiental de nuestro país.

Es esta la oportunidad para el campo, por tantos años relegado al olvido, para que a quienes fueron despojados de su única heredad que era la tierra se les restituya, sin poner en riesgo, como se ha dicho tendenciosamente, la tenencia y la propiedad adquirida con justo título y buena fe. Para que hasta esa Colombia profunda, postergada y atrasada vuelva el Estado por sus fueros, a marcar territorio con su presencia, llevándoles oportunidades de progreso y de inclusión social y de esta manera empezar a corregir la desigualdad de trayectoria que agobia a sus moradores.

El Alto Comisionado para la paz Sergio Jaramillo acertó cuando afirmó que la paz es territorial y ello ha sido de buen recibo en las regiones, por razones obvias. En las regiones se abriga el temor de que el centralismo, que se resiste a desaparecer, perviva a estos cambios y a estas transformaciones y que al final tengamos que repetir con el poeta León De Greiff que “todo pasó sin que pasara nada”. Por ello, interpretando el querer de los señores gobernadores y las señoras gobernadoras, hemos sido claros y categóricos con el Gobierno Nacional en demandar un Nuevo trato. Esperamos de él que la implementación de los acuerdos se haga desde los territorios y no desde los escritorios, con un enfoque territorial, diferencial y diferenciado, que consulte la real realidad de las regiones.

También se le ha planteado al Gobierno Nacional la necesidad de integrar una Misión especial que permita avanzar en la ampliación, profundización y consolidación de la descentralización administrativa y encaminarnos hacia la autonomía territorial, prescrita en la Constitución Política. En este sentido aspiramos y esperamos que se concrete un acuerdo sobre los términos de un proyecto de ley de fortalecimiento territorial para la paz, que cree las condiciones para revitalizar la figura de las Regiones Administrativas y de Planificación (RAP) y avanzar en el propósito de que las regiones se puedan constituir como entidades territoriales (ET). Así mismo, se debe trabajar por parte de esta Misión en la expedición de un nuevo y actualizado Código de Régimen Departamental.

Finalmente y no por ello menos importante, queremos llamar la atención del alto gobierno sobre la circunstancia de que el verdadero desequilibrio de poderes en este país no es propiamente entre las ramas del poder sino entre el poder central y el poder de los entes territoriales. A lo largo de estos 25 años de la Constitución de 1991, a contrapelo de lo dispuesto por la Carta, se ha venido dando silenciosamente una descentralización disfuncional, delegándole funciones y competencias a los departamentos, pero sin transferirle los recursos necesarios y suficientes para asumirlas.

Y ahora, de contera, los departamentos tendrán que asumir nuevas y variadas competencias de cara al postconflicto, las cuales demandarán su financiación. Por ello, le hemos solicitado al Gobierno Nacional que, en ejercicio de las facultades conferidas al señor Presidente de la República por parte del Congreso se le introduzcan los ajustes necesarios al Sistema General de Participaciones (SGP) de modo que este responda a las nuevas realidades y retos a asumir. Igualmente, vemos en la anunciada reforma tributaria estructural la oportunidad para fortalecer los tributos territoriales y de esta manera arbitrarle mayores recursos propios a las regiones para que estas puedan asumir con éxito el rol que están llamados a cumplir  en el postconflicto.

Por todo ello saludamos el advenimiento de este nuevo escenario, el del post-acuerdo, que deberá pasar primero por el cedazo de la refrendación popular del Acuerdo final a través del Plebiscito próximo a convocarse. Y una reflexión final: para alcanzar la paz no basta con desarmar a las FARC también hay que desarmar los espíritus y, algo muy importante, desengatillar la lengua!

 Barranquilla, septiembre 3 de 2016

www.fnd.org.co

 [1] Director Ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos