Opinión
Por Fabio Callejas Ramírez.- Resulta inconcebible, pero nada anormal, que un personaje de la talla del Señor Procurador Alejandro Ordoñez siga, desde su cargo, abusando de su poder y desconociendo a la Constitución Nacional, cuando juró respetarla, en el momento de asumir su cargo.
Jamás, en este país, se había visto un funcionario utilizar, de manera descarada y grotesca, su poder para irrespetar el propio estado y al Presidente de la República.
El Procurador como un “viejo buey “y terco en sus condiciones filosóficas, se aferra a ideas del pasado, oponiéndose que los jóvenes quieran ejercer el liderazgo y edificar una Colombia oxigenada.
Al señor candidato Ordoñez le gusta la paz a su manera, a su estilo, a su forma de la blasfemia, porque para él, quienes apoyamos el proceso de paz, somos guerrilleros.
No Señor Procurador. Respete al país, respete a los colombianos. Respete a los que no tenemos su facilidad burocrática para, con su voz temblorosa, aplastar a quienes no comulgamos a lado de su iglesia, que para nosotros es Católica y para Ud. debe ser diabólica.
Este es un mensaje de un colombiano que no tiene ni votos ni poder. Este es un mensaje para que no asuste al país diciendo que los funcionarios públicos no pueden hablar de la Paz, ni de plebiscito.
Entonces, ¿por qué usted Señor Procurador, ya hace campaña en contra del Si en el plebiscito?
Hágalo por sus hijos, por mis hijos, que tanto adoramos. Por qué no hace un acto de Paz con Dios. No incendie más al país.
Usted está haciendo política en contra del plebiscito desde la Procuraduría, fustigando, a su forma, a quienes quieren la Paz.
Así a usted no le guste, el país si quiere la Paz.
Por Jorge Enrique Robledo.-De la privatización de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) puede decirse lo que se dijo de la venta a menosprecio de Isagén definida por Santos y Cárdenas: que no la venden por ser una mala empresa sino una muy buena. Es más. Si la ETB fuera de propiedad de Carlos Slim –el dueño de Claro– y su gerente decidiera venderla, sería fulminantemente destituido. Pero en la Bogotá de Enrique Peñalosa, en la que no se gobierna en función del interés ciudadano, el gerente de la ETB, Jorge Castellanos, cumple sus órdenes y puede, además, dedicarse a desacreditar a la empresa que le pusieron a su cargo, maltrato que obviamente la desvaloriza antes de su venta. En otro país, ya le habrían abierto un proceso por dañar el patrimonio público.
Entre otras, resalto tres grandes razones para rechazar esta privatización. La ETB no es una empresa de teléfonos, como se dice para minusvalorarla, sino de telecomunicaciones, que no es lo mismo, y de gran importancia para Bogotá y Colombia, en razón del sector estratégico en el que actúa. Se trata de un grupo empresarial que, además de su empresa matriz, posee el 88 por ciento de Colvatel, el 75 por ciento de Skynet y el 40 por ciento de American Business Process Services. Presta servicio de telefonía fija local y de larga distancia, internet de alta velocidad, televisión digital e interactiva, telefonía móvil 4G, almacenamiento masivo en la nube y seguridad informática. Durante 132 años ha construido una infraestructura subterránea en toda la ciudad, más segura y estable y de mejor calidad que la de sus competidores.
La avidez con la que observan a la ETB las trasnacionales que acechan para comprarla –seguramente a la barata, como ha sido la norma en las otras privatizaciones en Colombia– también se explica por su fortaleza en Bogotá, aunque opera en el resto del país. Su participación en el mercado de la capital de la República, de lejos el mayor y de más rápido crecimiento en el país, es sobresaliente: 55 por ciento de la telefonía fija, a la que solo por ignorancia se le puede restar importancia, 34 por ciento del internet y 3.5 por ciento de la televisión por cable, negocio recién montado y de excelentes perspectivas.
La composición de sus negocios cambió positivamente. En 2008, el internet representaba el 16 por ciento de sus ingresos, la telefonía básica el 53 por ciento y el resto –larga distancia, datos y negocios especiales– el 31 por ciento. Para 2015, internet representó el 26 por ciento, la telefonía básica el 35 por ciento y el resto –los anteriores más TV y móvil– el 39 por ciento. Es decir, se ha movido a nuevos servicios y los presta en forma competitiva. En el estrato tres, por ejemplo, mientras que Claro ofrece 10 MB de navegación, 97 canales y telefonía ilimitada por 119.900 pesos, la ETB ofrece 25 MB, 103 canales y telefonía ilimitada por 118.300 pesos. Según un estudio de EAFIT, en 2016 el retorno del capital invertido (ROIC) de la ETB alcanza el 10.8 por ciento y para el 2023 ascenderá a 18.5 por ciento.
A un costo de 1.3 billones de pesos, la ETB acaba de montar una excelente red de fibra óptica en Bogotá, lo que la hace en transmisión de datos y TV interactiva la empresa más avanzada del país. Es en buena medida tras esta poderosa capacidad tecnológica tras lo que medran las trasnacionales a las que quiere favorecer Peñalosa. Una alcaldía y una gerencia realmente preocupadas por el progreso de Bogotá estarían dedicadas, no a su venta, sino a promover la comercialización de la fibra óptica, en lo que casi todo está por hacer.
Además del gran repudio ciudadano que genera esta privatización, también ha caído muy mal la maniobra de Peñalosa de meter de contrabando, dentro del salpicón del Plan Distrital de Desarrollo, la privatización de la ETB, en lugar de proponérsela al Concejo de Bogotá de frente, dando la cara, en un proyecto de acuerdo separado que pueda debatirse rigurosamente. Tira esta maniobra, muy de su talante en nada democrático, porque considera que posee unas mayorías incondicionales en el Concejo, dispuestas a votarle hasta el peor adefesio. Que cada concejal y cada partido cante su voto y explique si defenderá o no los intereses de los bogotanos y las bogotanas.
Bogotá, 20 de mayo de 2016.
Por Iván Díaz Mateus.-Acabamos de salir de una emergencia costosa y dramática causada por el verano, las voces de alarma cundieron entre agricultores, ganaderos, pescadores y muchas poblaciones se vieron abocadas a racionamiento de agua, solo el cambio del clima nos salvó de un apagón que le iba a costar al gobierno de Santos los pocos puntos de opinión favorable y al país millones de pérdidas por su afectación a la industria, el comercio, el turismo, etc.
Tristemente semanas después de esta coyuntura llegan los efectos adversos de las lluvias y ahora no es por falta de agua sino por su exceso que se presentan contingencias, en viviendas, vías, cultivos y explotaciones económicas. El fenómeno de la Niña empieza su cadena de estragos y le dará paso a su oponente El Niño para que vuelva y haga de las suyas.
Difícilmente aprendemos las lecciones de la naturaleza que son tozudas, sistemáticas e imposibles de ignorar y así no hemos diseñado un política pública y de inversiones dirigidas a enfrentar estos fenómenos no mediante paliativos de urgencia, sino con una preparación estratégica y puntual que nos permita vivir lo más normal posible durante su ocurrencia o sin ella, y aunque parece remoto prepararnos de manera perfecta para afrontar los caprichos del clima si debemos empezar por entender que aunque somos un país tropical, sin estaciones, los tiempos de verano e invierno vendrán tan acentuados cada uno que es obligatorio iniciar un camino hacia una trasformación de nuestra manera de pensar y de actuar.
Hasta hace pocos años nos guiábamos por el almanaque Bristol y el poster de la Cabaña, o nos concentrábamos en los primeros días del año para predecir lluvias o tiempo seco de acuerdo al comportamiento de los días respectivos, eso es historia patria, las circunstancias son diferentes ya que como lo ha sostenido James Lovelock en su libro “La Venganza de la Tierra”: “…para comprender y tratar de salir del lio en el que nos hemos metido con el cambio climático es necesario conocer la verdadera naturaleza de la Tierra e imaginarla como el ser vivo más grande del sistema solar, no como algo inanimado, al modo de esa vergonzosa idea de “la nave espacial tierra”, y agrega citando al escritor Michael Crichton quien afirma que: “… la previsión del tiempo a largo plazo es imposible debido a las matemáticas del caos que dominan los sistemas meteorológicos”.
Los frentes en que hay que trabajar son diversos, como son los problemas que se vienen, pero hay que empezar a consolidar una voluntad política que vea ese tema con responsabilidad, poco se habla hoy de energías renovables como la solar, la eólica, la mareomotriz fuentes alternativas reconocidas y probadas; son escasos los proyectos de apoyo al campo para el riego, el análisis de suelos, la producción alimentos almacenables; tampoco hemos tomado con seriedad los planes de ordenamiento para evitar urbanizaciones en sitios con alto riesgo; la guerra por sitios de disposición final de basura nos hace ignorar la posibilidad de convertirla en energía, en fin hay multiplicidad de temas que los expertos sabrán tratar con mayor puntualidad.
Es inevitable que nos preparemos para tiempos difíciles porque lo cierto es que la era del almanaque Bristol ha llegado a su fin.
@idiazmateus
Por Amylkar D. Acosta M.- En el último mes se ha venido especulando en torno a la idea de crear una Gerencia para La Guajira que, según rumores más recientes, sería inminente. El sólo anuncio ha despertado una encendida polémica entre la dirigencia guajira en la que ha habido más calor que luz. Para que no se preste a equívocos o malas interpretaciones mi posición al respecto prefiero fijarla por escrito, como acostumbro a hacerlo.
No se trata de estar o no de acuerdo con la designación de un Gerente para La Guajira, que no es lo mismo que un Gerente de La Guajira. Hago esta distinción, para explicar que si de lo que se trata es de nombrar un Gerente que vaya a suplantar o a desplazar a las autoridades legítimamente constituidas (tanto la Gobernadora como los alcaldes fueron elegidos por el voto popular que, además, es programático) no estaría de acuerdo. Pero, si de lo que se trata y creo que de eso se trata, es de una Gerencia con el propósito de que coordine y articule las acciones de las distintas entidades nacionales que han venido interviniendo en La Guajira, sí estoy de acuerdo, porque lo que tenemos actualmente es un verdadero caos, en donde la mano derecha no sabe lo que hace la mano izquierda y ello le resta eficacia a su intervención en procura de superar la problemática que embarga a nuestra tierra.
También dije que, en todo caso, esa Gerencia deberá trabajar de la mano con la Gobernadora, los alcaldes, la Asamblea departamental y los concejos municipales, además de contar con las autoridades tradicionales de las comunidades indígenas, especialmente los Wayüu, asentadas en nuestro territorio. Y no es para menos, sólo de esta manera se podrán implementar soluciones efectivas y sostenibles en el tiempo.
Para la muestra un botón: allá andan perforando pozos a la topa tolondra por todas partes, sin orden ni concierto, el Ministerio de Agricultura, el DPS, el Ministerio de Vivienda y la Dirección Nacional de Gestión de Riesgo, cada quien por su lado, incluso sin tener en cuenta la información de la que dispone el Servicio Geológico Colombiano sobre las aguas subterráneas en el Departamento y además sin pedirle permiso siquiera a CORPOGUAJIRA, que es la entidad que tiene la responsabilidad del manejo del recurso hídrico en La Guajira. Eso no puede continuar y la Gerencia entraría a poner orden.
Ya el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina tuvieron la Gerencia por casi cuatro años en la administración de AUV del Ex Senador Juan Guillermo Ángel y fue de muchísima utilidad. Y más recientemente, el ahora Ministro de Medio Ambiente Luis Gilberto Murillo al momento de su designación se venía desempeñando como Coordinador del Plan Pacifico, sirviéndole de puente a la Región Pacífica con el Gobierno Nacional y me consta que, también en este caso, fue de gran utilidad para esta región el papel desempeñado por él.
De modo que lo más prudente es esperar lo que disponga el Presidente Santos al crear la Gerencia y designar su titular. Solo en ese momento sabremos cuales van a ser sus funciones y cuál el rol que va a tener.
Yo entiendo la prevención que hay por parte de la opinión pública en La Guajira, debido a que la presentación inicial que se hizo a través de la W-Radio fue que, en vista de la falta de gobernabilidad que se estaba dando en La Guajira, el Presidente debía nombrar un Gerente que hiciera a un lado a las autoridades tanto departamental y la de los municipios y ocupará su lugar. Desde luego que yo rechazo y no estoy de acuerdo con esta propuesta, por antidemocrática y arbitraria, además de ser inviable por ilegal e inconstitucional. Así de claro!
Bogotá, mayo 21 de 2016
Por Juan Fernando Londoño. Foto Daniel Reina Moreno.-Las noticias de la semana pasada han llevado al país a una profunda discusión jurídica –como las que tanto nos gustan- sobre los alcances del blindaje al proceso de paz. Pero la noticia de fondo es más bien otra, pues dicho anuncio oficializa la cuenta regresiva para finalizar la negociación de paz. Con la tranquilidad de que no será posible desconocer lo acordado, las Farc se aprestan a resolver los temas de desarme, desmovilización y reintegración que vienen trabajando con delegados de las propias Fuerzas Armadas hace más de un año.
Y mientras en La Habana las Farc deciden cómo van a emprender su transición a la vida civil, en Colombia las fuerzas políticas se preparan para enfrentar el nuevo escenario que implicará la firma de la paz y la presencia de una nueva fuerza política en la vida nacional.
El primero en anticipar sus cartas ha sido el ex Presidente Álvaro Uribe, quien ante la inminencia de la firma del acuerdo ha presentado su próximo movimiento con el ambiguo anuncio de la famosa resistencia civil. La propuesta, que tiene mucho de propaganda y muy poco de doctrina, parte de aceptar la derrota que para él y su grupo implica que la paz se firme.
Luego de múltiples intentos para hacer la negociación inviable, de torpedearla, de ensombrecerla, de desprestigiarla, finalmente Uribe y su grupo se han resignado ante el hecho evidente de que no lograron impedirla.
Esto supone una gran derrota para el líder del Centro Democrático pues su aspiración de revertir el proceso y de volverse indispensable para su terminación se ha visto frustrada. Pero no por ello se resigna el expresidente a su ambición de ser el último que ponga el visto bueno a los acuerdos, y atropellado por la fuerza de los acontecimientos prepara su próximo movimiento para liderar la abstención en el plebiscito.
Ante la evidencia de que liderar una votación por el no dejaría su fuerza política en la mínima expresión y sometida al desprestigio local e internacional, la jugada de Uribe será la de presentarse como adalid de la abstención y tratar de cobrar como propia la ausencia de millones de colombianos en las urnas. Y claro, dicha apuesta, en un país abstencionista por naturaleza, tendría sentido si no fuera porque la regla para la refrendación del acuerdo facilita su aprobación, incluso en caso de mantenerse las altas tasas de ausentes en las urnas. Reclamarán entonces como propios los millones de colombianos que se abstendrán ese día, pero en democracia los votos que cuentan son los que se depositan, no los que se abstienen.
Y luego de que los acuerdos sean aprobados, enarbolará su resistencia civil para oponerse a la puesta en marcha de los acuerdos, que es al final lo que le importa. Porque Uribe no se opone a la paz, según él mismo dice, sino a sus consecuencias. Es claro que el programa de Uribe es la apuesta por el statu quo, por una paz sin transformaciones, que no cambie nada, que no afecte intereses y que deje todo tal como está. Y los acuerdos de La Habana implican justamente lo contrario.
La cuenta regresiva para la paz y para un nuevo escenario político ha comenzado.
Por José Gregorio Hernández.-Ha propuesto el ex presidente y congresista Álvaro Uribe Vélez el ejercicio del derecho a la resistencia civil, que también es conocido en la filosofía política como derecho de rebelión, contra el proceso de paz y contra los acuerdos que se firmen en La Habana entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las Farc. Los contenidos no los conocemos.
Aun considerando que ha habido equivocaciones fundamentales del Gobierno Santos en esa materia, la verdad es que la propuesta uribista nos ha parecido exagerada. No parece que, en Colombia, pese a la desinstitucionalización que varias veces hemos señalado, estén dadas las condiciones para dar lugar a una actitud popular de resistencia contra la opresión.
Debemos recordar que dicha posibilidad es la más extrema de las opciones, ante situaciones en las cuales los derechos y las libertades públicas son conculcados por un régimen despótico. Y, dígase lo que se quiera –conste que tenemos varias diferencias con el actual gobierno; no nos han parecido acertadas sus políticas en materia económica y juzgamos equivocado el proyecto de reforma a las reglas aplicables al plebiscito, entre otras cosas-, pero sinceramente no creemos que la situación colombiana actual sea siquiera cercana a la que plantearon en su momento Platón, Aristóteles, Santo Tomás de Aquino; los estadounidenses contra Inglaterra; los criollos americanos contra España; los revolucionarios franceses de 1789; la resistencia que hubo de organizarse en varios países contra el régimen nazi; los impulsores de la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos; los argentinos contra Videla, o los chilenos contra el dictador Augusto Pinochet.
Es cuestión de proporción. La resistencia ciudadana o el derecho de rebelión se ejercen contra la ley injusta, no existiendo otros instrumentos o mecanismos que permitan al pueblo reaccionar contra los opresores. De modo que una invocación a la resistencia debe estar sólidamente fundamentada y justificada. De lo contrario, se parece más a un levantamiento contra el régimen jurídico; a una rebelión, o a una guerra contra la institucionalidad.
La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 se encabezaba así:
“Los Representantes del Pueblo Francés, constituidos en Asamblea Nacional, considerando que la ignorancia, el olvido o el menosprecio de los derechos del Hombre son las únicas causas de las calamidades públicas y de la corrupción de los Gobiernos, han resuelto exponer, en una Declaración solemne, los derechos naturales, inalienables y sagrados del Hombre...".
En el preámbulo de la Declaración de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, de 1948, se expresó:
“Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión”.
La pregunta es: ¿Nos hallamos en una de las situaciones descritas? ¿Hay lugar al ejercicio legítimo del derecho de rebelión? ¿A la resistencia ciudadana? ¿Hay opresión gubernamental en Colombia? ¿El Gobierno de Santos es comparable al de Hitler, Videla o Pinochet? No nos parece, aunque creamos que en muchas cosas se equivoca.
Por Jaime Enrique Durán Barrera.-Colombia vive el momento más importante de su historia republicana. Y al mismo tiempo, su etapa más peligrosa y comprometedora, porque está en juego lo que vamos a dejar a las generaciones futuras. No es momento de equivocaciones, es un instante de definiciones y de una decisiva claridad para que la historia no nos condene.
Equivocarnos seria retroceder en el momento más cercano al logro de la firma del acuerdo de paz, para iniciar el proceso sociopolítico más costoso y más trascendente, luego de la emancipación: el complejo postconflicto.
Retroceder seria iniciar de nuevo el camino de 50 años de guerra, porque ni el gobierno ha derrotado la insurgencia, ni los guerrilleros tomaron el poder.
Ante la inminencia de la firma de los Acuerdos de Paz de La Habana, Colombia está en camino a importantes y significativos cambios, en la escena política. Otros actores, otras reglas del juego, otras alianzas y proyectos van a definir la Agenda Política Nacional.
Indudablemente no va a ser un proceso fácil, sobre todo para los partidos políticos, porque los cambios van a generarles nuevos desafíos como interlocutores de los ciudadanos y comunidades y mayores propuestas al poder.
Mi colectividad, Partido Liberal, no ha cesado en buscar la salida política del conflicto armado. Desde el inicio del gobierno de Juan Manuel Santos, nos matriculamos en la mesa de la Unidad Nacional, desde la perspectiva de apoyar, desde el ámbito legislativo y político, el esfuerzo del jefe de estado de lograr la reconciliación con la insurgencia.
Por ello, no hemos dejado de apoyar en el Congreso, la redacción de las leyes que den las herramientas legales para articular y viabilizar el camino del proceso de paz.
En este sentido, el Senador Serpa, que ojalá se siga recuperando de sus quebrantos de salud, ratificó nuestra posición política al expresar que “El Liberalismo ha estado, está y estará con el Gobierno, porque acompaña el principal propósito del Presidente Santos, que es el de la solución negociada al conflicto armado en Colombia”.
De hecho, los roles del Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo y del Presidente del Congreso, Luis Fernando Velasco y la bancada liberal a la que pertenezco con orgullo y honor, han pasado a la historia de Colombia, por su compromiso con su futuro de paz, inclusión y bienestar para todos.
Como senador y ciudadano estoy consciente que el mayor desafío está por venir, ya que es evidente que el camino a la Paz está trazado.
Los recientes anuncios del equipo negociador del gobierno en La Habana, con el aval de los organismos internacionales, demuestran que estamos cada vez más cerca no sólo de la firma, sino de los procedimientos legales, institucionales y pragmáticos del manejo del conflicto, como lo es la salida de los menores de los campamentos armados para su reinserción a sus comunidades, bajo la tutoría de los expertos de la ONU.
Ya se puede observar un escenario nacional de aceptación del proceso de paz. El Consejo Gremial y los Industriales han expresado, desde diferentes perspectivas su apoyo a las negociaciones y los avances de la misma.
Esto implica un paso muy significativo para el proceso, porque estos colectivos representan la posibilidad de la reinserción económica, la contribución y el apoyo de los costosos programas, que harán inclusivas a la vida civil, las estrategias de reparación de las víctimas y reeducación de los victimarios.
Ciertamente aún hay quienes no asumen el desafío de la Paz, porque temen el impacto que tendrá el fin del conflicto en la vida de la nación. Porque vivir en Paz, luego de 50 años, será todo un proceso de aprendizaje social. Todo lo postergado será posible y todas las voces que el conflicto silenció querrán expresar sus ideas y concretar sus metas, en un escenario político, seguro más plural y más complejo, pero favorecido por la reconciliación.
Como Liberal celebro el cambio que viviremos en Colombia a partir del fin del conflicto y me alisto entre los que asumirán, en sus dificultades y alegrías, el reto de una sociedad incluyente y próspera en todos los aspectos, que deberá construirse en el Postconflicto.
No marchitemos las flores en plena primavera, la paz en Colombia no da espera.
Por Felicia Saturno Hartt.- Como bien lo expresó Ramin Jahanbegloo, catedrático de Ciencias Políticas en la Universidad de Toronto, cuando se escriba la historia definitiva del pensamiento democrático en el siglo XX, Mohandas K. Gandhi e Isaiah Berlin serán considerados los dos teóricos más distinguidos de la tradición pluralista.
Aun cuando la realidad de ambos no confabuló para encontrarlos, su vínculo filosófico está intacto en su obra y su hacer. Y desde este punto de vista, lo más valioso es aún encontrar lo que, hoy en día, tienen en común, una desconfianza total de los absolutos, es decir, de las nociones que no admiten la diversidad y los contextos.
De allí que el pluralismo, como valor central de la democracia, es necesario para otorgar el obligatorio respeto a la persona, en su diversidad y complejidad individual, como sujeto de derecho.
El respeto a la persona y el aprendizaje del dialogo entre opuestos, es la expresión de una ética de la pluralidad. El horizonte humano común surgirá de la consideración de los derechos, que son universales y que no pueden ni deben ser juzgados, a la luz de las diferencias. Son derechos propios de la condición humana.
Y es precisamente en este aspecto, donde comienzan a aparecer las deudas pendientes. Una de las más terribles, en términos materiales, es la deuda social y humana que tenemos con las personas lesbianas, homosexuales, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI).
Aun cuando existen avances registrados en las últimas dos décadas, la situación de esta importante población diversa es preocupante. Los derechos de estas personas no son completamente respetados, protegidos o reconocidos, debido a leyes y políticas punitivas, el estigma, la discriminación y la violencia.
Más de 70 países, como lo documenta el Banco Mundial, aún tipifican la homosexualidad como un delito mientras que, en un grupo reducido de países, la homosexualidad se castiga con la pena de muerte.
Si bien hay una escasez de datos sólidos y organizados, las cifras existentes señalan que las personas de la comunidad LGBTI obtienen menores resultados educativos, registran mayores tasas de desempleo, así como acceso insuficiente a atención de salud, vivienda y servicios financieros.
Con este panorama es muy difícil poder lograr su inclusión social y darles un papel completo como ciudadanos, en la búsqueda del desarrollo social. Sin ser sujetos de derechos, jamás seremos ciudadanos. Y aun cuando se pueda alcanzar ese status jurídico, si no se formulan políticas donde se articulen procesos de concientización, educación y aprendizaje sobre la situación de estos colectivos poco se puede lograr.
El aprendizaje de la diversidad, en términos de entendimiento, comprensión y aceptación, es un proceso pedagógico, pero como proceso requiere espacios de participación, discusión y encuentro, que se sustenten en el logro de las siguientes premisas:
1) Uno de los desafíos es romper la ignorancia sobre esta población en término de sus cualidades y en función a las cifras, que describen su realidad material como grupo humano.
2) Crear grupos profesionales multi e interdisciplinarios para lograr enfoques inclusivos de estos grupos, para lograr la comprensión de la identidad de género y poder tener la orientación técnica adecuada y el liderazgo integrador para su inclusión social y comunitaria.
3) Promover un diagnostico sistemático de las diferencias culturales y de identidad de género, para generar políticas más realistas que reduzcan la marginalización y la discriminación ante la ley y la sociedad.
4) Lograr la integración comunitaria y política de estos grupos a la Agenda de los Estados, a los fines de materializar su rol y papel en los países como ciudadanos.
No creo que el Desarrollo de una nación podrá ser posible y viable si no se estima qué sucede con su gente. La agenda política no la determinan los prejuicios, los estereotipos, los antivalores, los miedos y las fobias, sino los derechos fundamentales y todos aquellos que busquen resguardar y garantizar al sujeto de las amenazas, retos y desafíos jurídicos y políticos de la dinámica sociopolítica.
La homofobia, la transfobia y la bifobia son formas de discriminación, basadas en concepciones irracionales, prejuiciosas e irrespetuosas de la orientación y el rol sexual, que atropellan los derechos fundamentales de la diversidad y pluralidad y niegan la participación plena de estos ciudadanos y colectivos, en la vida social y comunitaria.
Ojalá que se rechazara con tanta fuerza y pasión a los corruptos, pederastas, pedófilos, cleptócratas y olocratas, que no sólo están destruyendo vidas, sino arruinando el futuro de todos.
Por Juan Fernando Cristo.- En 1997, el ELN acribilló a mi padre, el senador Jorge Cristo, en el centro de Cúcuta, cuando llegaba a la oficina que él seguía llamando “su consultorio" donde, como médico traumatólogo, atendió durante años a sus pacientes. Desde entonces, la reflexión sobre el perdón siempre me ha acompañado y el anuncio del inicio del proceso de paz con el ELN la ha puesto en el primer plano.
Estoy convencido de que la única salida para nuestro país está en la reconciliación. El camino de la guerra eterna que ofrecen algunos suena, a oídos de muchos, atractivo porque las FARC y el ELN se han ganado el odio y la desconfianza de amplios sectores de la opinión. Pero sería un suicidio para Colombia como nación.
La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que redacté y lideré desde 2007, abrió el camino a la reconciliación. La Ley 1448 plasma un reparación integral de un alcance sin precedentes en las experiencias internacionales y ello mismo hace que estemos recorriendo un camino nuevo y corrigiendo errores mientras avanzamos.
Su implementación ha encontrado obstáculos como la realidad fiscal, que demora el acceso a la oferta de la Ley, las debilidades institucionales de las entidades territoriales y las dificultades de coordinación Nación-territorio.
Más allá de estos desafíos, la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras cumplió: devolvió a las víctimas su condición de ciudadanos. Al hacerlo, creó un campo fértil para la reconciliación. De poco nos serviría la paz negociada si no reconociéramos los derechos de las víctimas. Ningún proceso de paz en el mundo ha contado con su participación, ni ha privilegiado tanto sus derechos. Las víctimas hoy tienen voz. Por eso, desde el Gobierno decimos que las víctimas están en el centro de la paz y lo seguirán estando.
A los enemigos del proceso de paz, les digo que podemos disentir en medio del respeto. La virulencia de las palabras en la política, en la televisión, en las redes sociales impide la construcción de un diálogo social responsable. Quienes buscan como estrategia política la polarización y la radicalización sobre la base de los sentimientos de rencor y venganza contra quienes equivocadamente usaron las armas para generar dolor y sangre a millones de colombianos, no hacen otra cosa que garantizar una guerra eterna que debemos acabar entre todos.
El ELN ha dejado miles de víctimas en el país. En mi departamento, Norte de Santander, durante la década de los 90, prácticamente liquidó la dirigencia política y social. No fuimos en mi familia sus únicas victimas. Esa es la verdad. Pero si permitimos que nos carcoma el odio, el rencor y la sed de venganza, cerraremos la puerta de la paz y reproduciremos por décadas en la sociedad el círculo vicioso de la violencia.
Para desatar ese círculo y construir reconciliación, necesitamos mucha verdad, una dosis adecuada de justicia y reparación y la garantía de no repetición de los hechos. En lo personal, espero que este proceso que se abre con el ELN me traiga la verdad sobre el miserable asesinato de mi padre. Nada más pero tampoco nada menos.
Hay víctimas que exigen cárcel perpetua para los victimarios. Otras esperan una reparación justa para reconstruir sus proyectos de vida. Y no son pocas las que no están dispuestas a cicatrizar sus heridas y solo claman venganza. Respeto el dolor de cada víctima y su forma de tramitarla. En mi caso y el de mi familia, esperamos la verdad como condición indispensable para el perdón.
Muchos me preguntan y no entienden cómo respaldo conversaciones con el ELN que, no solo asesinó a mi padre, sino pocos años después secuestró a mi tío. Y muchos me insultan con una furia que asusta. Hace un año, ya como Ministro de Interior, el exintegrante del ELN Francisco Galán, en un acto público en Antioquia, pidió perdón a mi familia por el asesinato de mi padre. Ese día recordé, como lo he hecho toda esta semana al ver en los medios a Pablo Beltrán, negociador del ELN, cuando el en la Serranía de San Lucas hace ya más de 15 años me dijo escuetamente que " lo que había sucedido hace unos años en Cúcuta había sido una equivocación" . Son miles las que han cometido ellos y las FARC durante esta cruel guerra. Ojalá no se sigan equivocando y la decisión de dejar las armas sea sincera.
Como víctima del ELN, acojo con esperanza los diálogos con esta guerrilla y exijo verdad. Verdad para aceptar, verdad para reconciliar, verdad para vivir en paz. Un acuerdo, no solo con las Farc, sino también con el Eln asegurará una paz integral, más seguridad y una mejor implementación. Y nos garantizará, sobretodo, que nuestros hijos no tengan que vivir en el maldito país de la guerra y el odio que nos tocó vivir a nosotros. Solo espero verdad y que el ELN esté a la altura de lo que el país le exige.
Por Iván Díaz Mateus.-Con bombos y platillos se anunció desde La Habana un acuerdo básico para "blindar" lo que se pueda llegar a convenir entre las Farc y el Gobierno al término del proceso de paz. A la fórmula, tan sencilla como compleja desde el punto de vista constitucional y tan audaz como tan singular desde el punto de vista político, le han surgido, naturalmente, detractores y partidarios. La cuestión está de la siguiente manera:
Se tramita en el Congreso un proyecto de Reforma Constitucional que crea “instrumentos” normativos para facilitar en adelante la implementación de los acuerdos, es decir para hacerlos realidad con un sustento jurídico. El proyecto ha surtido seis de los ocho debates necesarios y le restan dos, Comisión Primera y Plenaria de Cámara, ya no habrá ni discusión ni votación en el Senado.
La iniciativa contiene tres temas: un procedimiento legislativo especial dirigido a agilizar la expedición de normas que se requieran en el cumplimiento de los acuerdos, tanto Leyes como Reformas de la Constitución; unas facultades al Presidente para expedir decretos con fuerza de ley encaminados a la realización de lo pactado; y la creación de un fondo especial para La Paz con una proyección de veinte años.
De otra parte Colombia es suscriptor de los Convenios de Ginebra que en uno de sus artículos, el tercero, establece la posibilidad de que en caso de conflicto interno las partes se obliguen a tener unos comportamientos específicos mínimos especialmente en materia de derechos humanos. Dichos acuerdos, de celebrarse, quedan incorporados automáticamente al ordenamiento jurídico propio y tienen alcance de jurisdicción internacional.
Esta semana se divulgó un comunicado firmado por los negociadores, en el cual solicitan al Congreso, en este caso a la Cámara donde se encuentra en curso el proyecto de Acto Legislativo “para una paz estable y duradera”, que se incorpore un artículo nuevo, se dice textualmente: “Con el fin de ofrecer garantías de cumplimiento del Acuerdo Final, una vez éste haya sido firmado y entrado en vigor, el anterior ingresará en estricto sentido al bloque de constitucionalidad para ser tenido en cuenta durante el periodo de implementación del mismo como parámetro de interpretación y referente de desarrollo y validez de las Normas y las Leyes de Implementación y desarrollo del Acuerdo Final.”
Todos hemos escuchado que uno de los principios básicos de los diálogos en La Habana es que “nada está acordado hasta que todo este acordado”, y aquí surge la primera pregunta, ¿si nada está acordado cómo puede el Congreso ordenar incorporar un acuerdo inexistente al bloque de constitucionalidad de la República de Colombia?
Igualmente en el texto del mismo Acto Legislativo se establece la refrendación como prerrequisito para que opere jurídicamente, segunda pregunta: ¿Si los acuerdos por el hecho de firmarlos y depositarlos quedan incorporados al bloque de constitucionalidad, es necesaria o es inocua una refrendación popular?
Como advertimos el Artículo que se invoca de los convenios solo hace relación a temas de derechos humanos, tercera pregunta: ¿Puede ahora el Congreso de Colombia por sugerencia de las Farc ampliar el espectro de este tratado a otros temas llegue a contener el acuerdo de paz?
Y finalmente un tema procedimental, la Corte Constitucional ha dicho suficientes veces que no es dable incorporar temas nuevos no tratados ni discutidos en cada uno de los ocho debates de un Acto legislativo, cuarta pregunta: ¿Será posible que pase el examen de forma una disposición que solo va a tener discusión y votación en dos debates que le restan en la Cámara, sin haber pasado debidamente por el Senado de Colombia?
Una última, ¿Por qué el Estado Colombiano y su sociedad toda deben dar siempre primero muestras de Paz y no al revés?
