Opinión
Por: José Félix Lafaurie Rivera*.- El presidente Duque anunció la reanudación de aspersión con glifosato y, sin demora, la presidente de la Corte Constitucional le “recordó” que las condiciones de 2017 continuaban vigentes; y ante el pedido de flexibilizarlas, respondió tajante que estaban escritas en la sentencia, como quien dice, que “lo escrito, escrito está”, para que el Gobierno no se haga ilusiones en la revisión de la sentencia de tutela que las impuso.
Yo le diría a la magistrada que no es necesario “recordarle” nada al presidente con tonito de advertencia, porque él, respetuoso de las instituciones, no ha olvidado tales condiciones, y si decide hacer el anuncio es porque, a pesar de su complejidad –la Corte abrió una puerta, pero con obstáculos, como para que nada entrara por ella–, ya tiene listos los seis protocolos, como anunció el ministro de Defensa, para entregarlos al Consejo Nacional de Estupefacientes, que decidió la suspensión en 2015 y debe resolver la solicitud de reanudación.
Como el tema volvió a la palestra, revisé la narrativa que se construyó del glifosato como enemigo de la salud pública y la naturaleza. Según ella, la aspersión se suspendió en el gobierno Santos por “los efectos adversos en la salud humana”. Primera mentira –o media verdad–, pues esos efectos “no están probados en humanos”, como precisa la clasificación de "probablemente carcinogénico” en la que incluyó al glifosato la Agencia Internacional para la Investigación en Cáncer (IARC), con productos como los esteroides que usan algunos deportistas, los gases automotores que inhalamos todos, y actividades como ¡peluquería! y destilación petrolera.
La segunda, esa sí mentira, es que “la salud” haya sido la causa de la decisión de Santos. La aspersión aérea se suspendió en Putumayo en 2013 por exigencia de Correa, luego en Catatumbo por exigencia de Maduro y, al final, en todo el país por exigencia de las Farc en las negociaciones. Otra cosa es que el informe de la IARC de 2015 haya caído “como anillo al dedo” para justificar la suspensión definitiva.
La tercera –media verdad– es el efecto ambiental, que lo tiene, como todo lo que consumimos y como todos los seres vivos por el hecho de existir. Muy claro se lo dijo el presidente a “The Guardian”: Si los que se dicen ambientalistas fueran coherentes, entenderían que, frente al riesgo ambiental del glifosato, regulado y controlado, es mucho mayor el daño causado por la producción de cocaína, que destruye bosques y esparce químicos sin control en áreas protegidas y fuentes de agua.
¿Qué tenemos? De una parte, un lío enorme: Un país con 200 mil hectáreas de coca, otra vez la condición paria de primer productor mundial; una sociedad consumidora; violencia rural por la guerra por cultivos y rutas; inseguridad urbana por el microtráfico y la drogadicción; instituciones contaminadas por la corrupción; y una economía distorsionada y amenazada por la descertificación.
De otra parte, un falso dilema ético, difícil de enfrentar porque toca los temas de salud y naturaleza. Acojo la “Teoría de la ponderación”, que defendió el presidente en la Corte. Poner en la balanza los derechos en conflicto, los de todos los colombianos y, entre ellos, los de tantos policías y soldados asesinados o lisiados en la erradicación manual en medio del infierno. Ellos y sus familias no son ciudadanos de segunda y también tienen derechos.
Sí. Hay que poner en la balanza el riesgo bajo de usar glifosato con controles, frente a la amenaza de permitir la devastación incontrolada de la coca, con gravísimas consecuencias sociales económicas y políticas. La amenaza de un país fallido.
@jflafaurie
Por Gabriel Ortiz*.- En Estados Unidos se abrió la feria de las promesas, los sustos, las advertencias, sermones y puyas. Trump se fue con todo a la Florida. Concretamente a Orlando, en donde congregó a 20 mil adeptos que frenéticamente lo aclamaron cada vez que hacía promesas para medir el entusiasmo de los asistentes.
Así empezó su nueva campaña por la presidencia de su nación. Es el hombre que hoy mantiene al mundo en vilo. El que embroma, debilita y pone a temblar al mundo con sus anuncios económicos. Aunque cada declaración y cada twitter se contradicen, los norteamericanos se convencen de que su líder cumplió a cabalidad. Especialmente los supremacistas blancos respaldan las actuaciones de Trump, como ocurre con muchos políticos que se creen los Mesías en sus naciones.
Esta vez, Tump anunció que deportará más de un millón de inmigrantes, muchos de los cuales han ingresado ilegalmente a su país. Esta revelación ocasionó la más grande ovación durante el evento. Dio para escuchar comentarios de analistas e hispanos en favor y en contra de semejante propósito. Unos señalaron que su pretensión le daría el voto hispano, porque “no hay peor enemigo de los inmigrantes que los inmigrantes”. Consideran que muchos llegan con sus “espaldas mojadas”, alcanzan la residencia o la nacionalidad y entran al exclusivo club de críticos de sus congéneres.
También dijo el candidato-presidente que de todas maneras durante su nuevo gobierno construirá el muro que separa a Estados Unidos de Méjico, pero que será un muro no tan costoso, es decir algo así como un muro económico, barato o pobre, pero con altísima tecnología. Venezuela pasó a un segundo plano.
La realidad es que, de un tiempo para acá, “la migra”, esa que descubre, detiene y deporta a los indocumentados, es ahora ambulante. Hay buses que recorren barrios, conglomerados, carreteras con funcionarios que detienen a los inmigrantes y de una los envían a sus países.
La gran estrategia de Tump es que cuanto dice, lo cumple, sea bueno a malo. Por ello, tiene grandes posibilidades de repetir presidencia. Además, presenta cifras económicas sorprendentes, desempleo hacia abajo, incentivos a las empresas que quieran regresar a los Estados Unidos y piensa en poner de nuevo los aranceles a trabajar, para castigar a aquellos gringos que están “maquilando” en Centro y Suramérica.
Claro que la cosa no es del todo favorable. Tiene las encuestas en su contra. Las “chuzadas” lo embroman, lo mismo que las mentirillas y otras explicaciones que no han calado en la opinión pública sobre actuaciones judiciales. Esto ha despertado molestias en muchos sectores que quieren recuperar la tradicional moral de los norteamericanos.
Esto le ha imprimido una credibilidad ascendente al exvicepresidente Joe Biden, quien se fortalece cada día. El juego entre demócratas y republicanos, entra en la palestra, porque ya hay muchos de los segundos que quieren lograr la recuperación de la moral. Ahí está el detalle.
BLANCO: Colombia tiene en el bolsillo la Copa América.
NEGRO: Congreso y gobierno nos ratificaron como país corrupto.
Bogotá, D. C, 21 de junio de 2019
*Exdirector del Noticiero Nacional y de Notisuper
Por Lorena Rubiano.- "La probabilidad de perder en la lucha no debe disuadirnos de apoyar una causa que creemos que es justa": Abraham Lincoln
Un tema de nunca acabar, en nuestro país, es la extradición. Es la negativa de un país de juzgar a sus nacionales y entregárselos a una justicia extranjera para juzgarlos por posibles delitos cometidos en su territorio.
Lo más grave es que se está volviendo a extraditar con fines políticos, disfrazados con posibles delitos comunes, para poderlos juzgar en el exterior.
A raíz de la polémica desatada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez y la senadora Paloma Valencia y otros miembros del CD sobre si existe o no tratado de extradición con EE.UU, en medio del proceso jurídico contra el exministro Andrés Felipe Arias por el caso de Agro Ingreso Seguro, dijeron que “la extradición de Andrés Felipe Arias es ilegal y que Colombia no tiene tratado de extradición con Estados Unidos”.
Lo más sensato ante esta incertidumbre es volver a negociar un Tratado de Extradición con los Estados Unidos, en donde queden claras todas las reglas de juzgamiento, que se cumplan las garantías con las cuales se extraditan los nacionales, y que simples raspachines o ayudantes puedan en muchos casos ser juzgados en el país y que los miles de millones de dólares que pagan los extraditables a la justicia norteamericana se dividan entre los dos países, por el nuestro también es víctima de ese flagelo del narcotráfico.
Por ejemplo, a finales de 2015, los Estados Unidos exigieron a Honduras que entregara a la justicia americana al abogado y empresario de ochenta años, Jaime Rosenthal, quién fuera miembro del congreso nacional de Honduras y vicepresidente del país. En octubre de 2015 las cuentas en los bancos estadounidenses pertenecientes a Rosenthal y sus familiares fueron embargadas. El motivo formal es la acusación de la familia Rosenthal de que el blanqueo de dinero había beneficiado a la delincuencia del tráfico de drogas.
Al exdictador de Panamá, Manuel Noriega, después de que se negara en 1987 a proporcionar territorio panameño para actividades contra Nicaragua, el gobierno estadounidense lo acusó de tráfico de drogas y lavado y en aras del "restablecimiento de la democracia” invadieron y el jefe de un estado soberano, fue capturado en la capital de su propio país.
A nivel mundial está el caso del ciudadano ruso Víctor Bit que en el 2008, fue detenido por la policía de Tailandia acusado de ayudar a los "terroristas" colombianos de las Farc.
Otro caso de alto perfil está relacionado con la detención en Liberia del piloto ruso Konstantin Yaroshenko y su posterior extradición a los Estados Unidos, acusado del transporte de 4 toneladas de coca a Liberia y Ghana cuyos proveedores de la sustancia ilegal eran militantes de la organización de izquierda Farc, que operaban en Colombia.
Considero que debemos Juzgar aquí a nuestros nacionales que no hayan cometido delitos en el exterior. Tenemos jueces y tribunales capaces de hacer justicia. Son muchos los países que no extraditan a sus nacionales y no les pasa nada.
Bogotá, D. C, 20 de junio de 2019
Por José G. Hernández*.- La equivocada sentencia mediante la cual fueron declarados inexequibles dos apartes de los artículos 33 y 140 del Código Nacional de Policía, estimulando el consumo de estupefacientes -hoy prohibido por la Constitución-, o el de alcohol, en lugares públicos, mueven a reflexión acerca de los límites que, en el Estado Social de Derecho, han sido establecidos para todos los órganos y ramas del poder público, incluido el Tribunal Constitucional, al fin y al cabo un órgano constituido, sujeto a la Constitución.
Distingamos entre el control político sobre el Gobierno y la administración, que corresponde al Congreso como una de sus más importantes funciones, y el control jurídico en abstracto, a cargo de la Corte Constitucional. Mientras aquél recae sobre aspectos tales como conveniencia, oportunidad, idoneidad, utilidad, ventajas o desventajas sociales, económicas y políticas de normas o decisiones, el segundo se centra exclusivamente en la verificación fundamentada acerca de la conformidad o disconformidad entre las normas cuyo examen le corresponde y la Constitución.
A la Corte Constitucional no le compete el ejercicio del control político, ni tiene que ocuparse en ver si unas determinadas políticas gubernamentales, medidas o disposiciones cumplen con eficacia sus propósitos; si son o no convenientes; si son oportunas o inoportunas; prudentes o imprudentes; adecuadas o no desde el punto de vista estratégico; si pueden o no ser útiles para lograr una finalidad. Eso es propio de otras instituciones. La Corte debe ocuparse únicamente en lo suyo: asegurar el imperio de la Constitución y evitar que rijan normas contrarias a ella. Su función consiste en guardar la vigencia efectiva, el imperio, la integridad y supremacía de la Constitución, debe ser ejercida de modo estricto y exigente, con rigor jurídico, y en todos los casos que la Constitución contempla, bien por el ejercicio de la acción pública o en razón del control oficioso de constitucionalidad, retirando del ordenamiento las normas que coliden con los mandatos superiores.
Pero, para que así ocurra, es decir, para que una norma sea declarada inexequible por la Corte, es preciso que ese precepto y la Constitución no puedan coexistir por ser incompatibles. No le debe importar si le agrada o no la norma; si es popular o impopular; si es útil, o si es la más eficaz. Esa evaluación no es propia del control de constitucionalidad. No puede, so pretexto de guardar la Constitución, asumir las funciones de gobierno, ni las propias del Congreso; ni está llamada a fijar pautas o estrategias administrativas.
El Congreso, en cambio, ejerce control político, y decide si los proyectos que se le presentan deben ser o no aprobados, según su conveniencia u oportunidad. La Corte verá si, desde el punto de vista jurídico, por razones de fondo o de forma, las leyes que dicta el Congreso –o, de manera extraordinaria, el Presidente de la República- son o no constitucionales.
Declarar inexequible -total o parcialmente- una norma legal porque parece a los magistrados -según su opinión política o administrativa- que puede haber otra medida o fórmula más útil o conveniente, es algo que no le atañe a la Corte Constitucional.
Finalmente, la Corte no es órgano constituyente. No le corresponde reformar, ni sustituir la Constitución, sino respetarla y hacerla respetar.
Bogotá, D. C, 19 de junio de 2019
* Ex presidente de la Corte Constitucional.
Por Víctor G Ricardo*.- La Orinoquía o los Llanos Orientales de Colombia, son algo más que el paisaje y los atardeceres de los cuales hablamos todos. Son 285.437 KM2 , el 27% del territorio colombiano, olvidado por cientos de años por la cultura urbana del colombiano, que finalmente puso sus ojos en esta región ante el desarrollo de la industria del petróleo que ha producido más de $30 billones en regalías a la Nación.
Gracias a ello o a pesar, como aseguran ecologistas, se abrió un horizonte de cercanía a los centros de consumo, con la construcción de vías que permitieran el trasporte de hidrocarburos a los centros de refinamiento y así las grandes multinacionales y los grupos económicos pusieron su interés en esas tierras algo áridas, pero hidrográficamente inmensamente ricas. Gracias a la iniciativa privada, la llanura oriental paso de ser un terreno histórico y lejano, a un centro productivo que hoy abastece al centro del país, que lograron que un Estado indolente con sus áreas rurales, entendiera que las vías de comunicación son fundamentales para posibilitar el trasporte en términos agiles y económicos y servir como despensa a la capital de la República.
De allí sale la habilitación de algunas vías pequeñas antitécnicas y sin mayor mantenimiento, que permitieron durante más de tres décadas, un acceso limitado, a los terrenos de nuestra Orinoquía, acceso rodeado de los peligros de una Nación en conflicto, donde las fuerzas del orden se encontraban acorraladas por movimientos subversivos, que de la mano de los dineros del narcotráfico, desarrollaron un Estado delictivo dentro de nuestra país. Pero el empuje de una nación creciente, ávida de terrenos productivos, hizo patente la necesidad de un sistema vial integrador de esa gran porción del terreno colombiano.
Esto fue la causa del nacimiento de un gran esfuerzo nacional, comunicando a los Departamentos con medios de comunicación que le otorgaran un mercado a su producción agropecuaria.
Y parecía que ya estaba al alcance; la vía al Llano y su doble calzada de 110 kilómetros abría los horizontes y remplazaba las ilusiones llaneras, en realidades colombianas. Adjudicada esa vía a uno de los mayores núcleos de ingeniería del país se dio inicio a una gran trasformación, que se veía crecer merced a la vía y que comunicaba la llanura periférica, con el consumidor urbano del centro de la nación. Por esa vía ya se trasportaba el petróleo nacional del llano, 15 mil toneladas de alimentos, 1.800 cabezas de ganado, más de 1.300 cerdos, 4 millones de ejemplares avícolas, 600 mil litros de etanol, y la oferta de la hoy constituida como la mayor productora de arroz y maíz de la nación.
Todo lo que ha ocurrido ha causado uno de los mayores desastres para nuestra economía. Y el portal del colapso del mayor puente colgante de la vía en la vereda de Chirajara, dio aviso ignorado de como la naturaleza pasaría la cuenta de cobro, a la espalda de una hidrografía indomable.
Así se ha sepultado una vía al progreso y destrozado una ilusión de incorporar al llanero. El llano pide una explicación, un juicio a los culpables, una reparación ágil y pronta, que les confirme y amplíe el horizonte que ya creían formado y que hoy contempla devastado.
Bogotá 19 de junio de 2019
*Excomisionado de Paz
Por Jairo Gómez.- Fue casi un linchamiento, el que ocurrió en la Cámara de Representantes cuando hizo su ingreso a ese recinto el exguerrillero Jesús Santrice. Salvo escasos llamados a la cordura, predominó en el ambiente una expresión inmadura de la política llena de pasiones y arengas teñidas de odio y, por qué no decirlo, de hipocresía.
Lo tórrido de la escena es que esta fue protagonizada, en su mayoría, por políticos jóvenes que apenas despuntan en cuestiones de Estado y Democracia y que en un futuro tendrán sobre sus hombros la responsabilidad de conducir los destinos del país.
No fueron doctrinas políticas serias ni coherentes las que brillaron, tampoco conceptos de Estado sobre la justicia y la lucha contra esa plaga universal que es el narcotráfico, el argumento más elocuente fue aullar sentencias al exguerrillero hoy congresista: “Asesino, narcotraficante … no descansaré hasta que estés en una cárcel en Estados Unidos”.
Creo que nunca ha existido un momento ni una ocasión en el que hayamos estado en Colombia tan cerca de una auténtica solución al conflicto que nos dividió por décadas. Pasamos de lo utópico a la oportunidad de lograr consolidar un país sin balas; que no te maten por pensar distinto. Pero lo ocurrido en la Cámara con estos párvulos de la política revela la lejanía de un discurso innovador y pacificador, como si viniéramos de pasados muy distintos y la salida fuera la guerra.
La política es un vehículo de oportunidades para redimir el discurso esperanzador, pero en este caso se utilizó la tribuna para ofender, vilipendiar y dejar a un lado el argumento inteligente; pretender asociar los problemas que históricamente nos han afligido como sociedad en una persona -Santrich-, es tener una visión muy corta de nuestra propia realidad. Al país hay que sacudirlo de ese discurso elitista que por años engañó a los colombianos haciéndonos creer que el problema estaba en los grupos armados insurgentes, en el comunismo, para no cambiar el estado de las cosas.
Valdría la pena que estos muchachos se enteraran que en esas curules que hoy ocupan estuvieron sentados narcotraficantes; que desde el atril del cual expusieron sus vehementes posiciones hablaron los paramilitares Mancuso e Iván Roberto Duque, y fueron ovacionados hasta la saciedad por ese 40 por ciento de congresistas que ellos eligieron.
Que en los años setenta mandó la bonanza marimbera, y en los ochenta financiaron campañas políticas de liberales y conservadores; que en esos mismos años, incluidos los noventa, a través de bandas privadas armadas o llamadas Convivir, diseñaron deliberadamente un proyecto político-paramilitar que los llevó a controlar el Congreso, el poder local y regional; que hicieron una reforma agraria a punta de tiros, desplazaron ocho millones de colombianos y acabaron con un partido político asesinando uno a uno a sus militantes, incluidos dos candidatos presidenciales. Olvidar esa historia es como no reconocernos a nosotros mismos.
A Hernández Solarte, hay que cuestionarle su soberbia y arrogancia política; hay que enfrentarlo ideológicamente y derrotarlo con argumentos sólidos, pero no es suplantando la justicia como se logra; Santrich, como ustedes noveles congresistas, es un aforado y a los aforados los investiga la Corte Suprema de Justicia, como también lo está haciendo en los casos del senador Uribe y el representante Prada. Y la Suprema lo hace sobre la base de unos presuntos delitos por los cuales tendrán que responder, luego serán los magistrados quienes digan la última palabra y, gústenos o no, hay que acatar su decisión.
Les pediría a esos párvulos de la política más mesura, sosiego y agudeza en su homilía; no hay derecho a tanta dosis de fariseísmo cuando, por ejemplo, la mayoría de los congresistas va a votar un proyecto de ley sobre temas anticorrupción, como el que elimina la casa por cárcel o las suites en guarniciones militares a los delincuentes de cuello blanco, se tienen que declarar impedidos; ¿cómo se llama eso? Hipocresía a la carta.
Bogotá, D. C, 18 de junio de 2019
*Periodista y Analista Político.
@jairotevi
Por: Guillermo García Realpe*.- El proyecto que prohíbe y regula el uso de plásticos y otros materiales de un único uso en el Archipiélago de San Andrés, Santa Catalina, Islas Menores y la reserva de la biosfera Seaflower, está a un paso de convertirse en Ley de la República.
La Plenaria del Senado del pasado 10 de junio, en un día histórico para el ambientalismo en Colombia dio vía libre en su último debate a esta iniciativa que es muy importante para el cuidado y preservación del medio ambiente y los ecosistemas marinos en nuestra isla de San Andrés.
Es necesario aclarar que aún falta la conciliación para que pase a sanción presidencial y así poder tener una legislación inicial frente a este grave problema de contaminación que hoy azota a nuestras ciudades portuarias que son receptoras de gran cantidad de desechos por cuenta de la falta de cultura ciudadana y conciencia ambiental.
La iniciativa establece una transición de dos años, a partir de ser promulgada como Ley de la República para que se reduzca el uso de plásticos de un solo uso como pitillos, vasos y platos desechables y otros elementos de poliestireno de un único uso y de esta manera se busquen otras alternativas de emprendimiento e innovación de materiales biodegradables amigables con el medio ambiente.
La futura ley también dispone que los buques comerciales que arriben al departamento, no podrán realizar la disposición de desechos y deberán realizar dicha disposición cuando lleguen a puerto en el territorio continental.
El Gobierno nacional tendrá un año para reglamentar la Ley, y dos años después de su sanción se aplicará de manera definitiva. Por ahora, de manera inmediata se tendrán que implementar campañas pedagógicas de cultura ciudadana tanto con los isleños como con los turistas por parte de Coralina y la Gobernación de San Andrés y Providencia.
El proyecto también contempla algunas excepciones, como por ejemplo, las bolsas de residuos sólidos y hospitalarios, las de procesamiento y presentación para su comercialización de productos alimenticios elaborados en el departamento Archipiélago o introducidos en él, así́ como los utilizados para el empaque de ropa, lencería, licores, perfumería, cosméticos y medicamentos.
Esperamos que en los próximos días se surtan los últimos trámites de esta iniciativa, que sin duda será la Ley ambiental más importante para San Andrés y todos sus ecosistemas, incluyendo por supuesto a la reserva de la biosfera SeaFlower, con una extensión de 350 mil kilómetros cuadrados que representan unas 18 millones de hectáreas, siendo una de las mayores áreas marinas de arrecife que existen y que fue declarada por la UNESCO.
La reserva SeaFlower es un ecosistema particular dado que la plataforma que rodea a las islas contiene formaciones coralinas con arrecifes barreros, de parche, de orla y costeros, con pastos marinos y manglares, que juntos forman el mayor complejo de arrecifes del océano Atlántico, por ende su gran importancia, lo que traduce que necesitamos hacer mayores esfuerzos para su cuidado y su preservación indefinida y mantenerla aislada de la amenaza de los plásticos que la contaminan, afectando los ecosistemas marinos.
Muchas especies como moluscos y crustáceos, peces, aves, tortugas e incluso cetáceos, pueden ingerir micro plásticos, o bien incorporarlos mediante la ingesta de presas, lo que puede causar problemas reproductivos y amenazas en su supervivencia y de paso problemas en la salud de los humanos.
Se hace entonces, de suma importancia seguir avanzando en este tipo de iniciativas y extenderlas a otras regiones colombianas que hoy sufren de éste fenómeno ambiental de la contaminación en sus mares y que se convierten en las grandes receptoras de todo tipo de desechos, pero sobre todo de material plástico que es un gran contaminante y cuya degradación puede tardar entre 40 a mil años, algo realmente ¡alarmante!
Buscaremos con nueva legislación introducir medidas similares para ciudades y puertos colombianos como Tumaco, Buenaventura, Puerto Colombia, Barranquilla y otras que hoy están asfixiadas por este mismo flagelo.
Seguiremos insistiendo en garantizar nuevas leyes que preserven nuestro medio ambiente, que defiendan y cuiden nuestros entornos verdes, nuestros ríos, nuestra biodiversidad y todo lo que implique Paz con la Naturaleza.
Mi agradecimiento sincero a todos quienes hicieron posible esta gran iniciativa, a las organizaciones ambientales, a su autor Jack Housni, a los medios de comunicación que replican sus avances, al Congreso por estar a la altura de este desafío y desde luego a cada colombiano que desde cada rincón del país ha seguido en detalle los avances de lo que próximamente será esta nueva Ley: #SanAndrésSinPlástico.
Bogotá. D. C, 17 de junio de 2019
*Senador Liberal
@GGarciaRealpe
Por Amylkar D. Acosta M.- En días recientes el Gerente general del Banco de la República Juan José Echavarría dijo que en Colombia rondaba “la gran preocupación de por qué los consumidores” y no sólo los consumidores, añadiría yo, “siguen intranquilos porque la inversión no despega y en parte la respuesta puede estar en esta polarización política”. Pero, lo que rebosó la copa fue cuando el Gerente se atrevió a afirmar que “el estancamiento de la economía, la polarización política y el aumento del desempleo en prácticamente en todas las regiones del país y en la mayoría de los sectores productivos”. Y, para rematar, afirmó que el crecimiento del PIB en el primer trimestre de este año no había sido del 2.8%, como él lo reportó sino de sólo el 2.3%. Y ahí fue Troya!
Mientras el Director del DANE salió tímidamente a decir que la economía no estaba estancada sino que había “nubarrones importantes” en la economía, el Ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla pasó del eufemismo al sarcasmo y dijo que eso de la tal polarización y su impacto en la economía era pura “paja”. No obstante es el propio Presidente del gremio de los empresarios (ANDI) Bruce Mac Master quien afirmó que “la polarización genera, sin duda alguna, efectos sobre el resto de la sociedad” y la economía no es la excepción.
Pero, como el Ministro Carrasquilla le cree más a los gurú de la economía que a los jurisconsultos, por aquilatados que estos sean, traemos en auxilio de nuestra argumentación lo que concluyeron dos brillantes economistas de Corficolombiana, José Ignacio López y Julio César Romero, quienes apelando a la econometría pudieron establecer que una reducción de la polarización disminuiría el costo de la deuda del gobierno más que un aumento en la calificación de su deuda soberana, hoy en grave predicamento.
Y no es para menos, pues es consabido que la economía no se puede divorciar de la política, siempre van de la mano, son siameses, inseparables. Pretender separar la política de la economía sería tanto como intentar aplaudir con una sola mano. Bien dijo el gran hecendista colombiano Esteban Jaramillo: “dadme una buena política y os daré una buena economía”.
Por lo demás, equivocados están quienes intentaron silenciar al Gerente del Emisor con el socorrido argumento de que el Banco de la República no se debe inmiscuir en los asuntos de la política económica, que consideran privativa del Ministerio de Hacienda. A juicio de ellos la competencia del Emisor es el manejo de la política monetaria y cambiaria y su función objetivo la defensa del poder adquisitivo de la moneda y a ello se debería limitar. Como lo dejó claramente establecido claramente la Corte Constitucional, aunque esa es su prioridad, mantener a raya la inflación, dicha misión la debe ejercer el Banco sin perjuicio de que “también debe considerar el desempleo, el crecimiento económico, el desarrollo y hasta el medio ambiente”. Así de claro!
Riohacha, junio 17 de 2019
*Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía.
www.amylkaracosta.net
Por Juan Manuel Galán*.- ¡Vuelve y juega! En un reencauche que propusieron en septiembre de 2017 algunos congresistas del partido de Gobierno, se inició la recolección de firmas para un nuevo referendo con miras a derogar la JEP y, como “novedad”, sacar del cargo a todos los Magistrados de las altas Cortes, lo que significaba revocar el Estado Social de Derecho. Con la falsa premisa de dos años atrás de “devolverle el poder constituyente al ciudadano” se esperaba que en junio de 2018 la Registraduría convocara a los colombianos a las urnas, lo que no sucedió. Un desgaste de tiempo y recursos, que se convirtió en un show mediático.
Ahora, si bien el Centro Democrático no es el autor del mismo, mencionar que se apoyarían varios puntos de lo que se propone, le hace un gran daño a nuestra democracia y a la estabilidad política -si la hay- del país. Con esto, se sigue alimentando la polarización en la que vivimos y nos condena a seguir estancados en un debate que ya está superado.
No se entiende cómo muchos miembros de esta colectividad en diferentes intervenciones han dicho que están comprometidos con la implementación del Acuerdo e incluso, y aún así continúan avalando ideas extremas e irracionales que demuestran una única cosa: continuar viendo el retrovisor. Da la impresión que no se han percatado que ya no son una bancada de oposición sino gubernamental, que debe procurar la garantía de los derechos de toda la ciudadanía, no sólo de sus simpatizantes.
Igualmente pareciera que con esto buscan que el país no aborde temas críticos que, gracias al acuerdo de paz, están en el pensamiento de todos los colombianos. Sólo un ejemplo es la situación económica, que con el marco fiscal de mediano plazo presentado por el Ministerio de Hacienda esperan un crecimiento del 3,6%, pero que para el BNP Paribas será del 3%, y la baja en la calificación para inversión por parte de calificadoras como Moody’s. Este panorama plantea que será necesaria una nueva reforma tributaria, contrario a lo que piensa el Gobierno.
Con base en lo expuesto hago un llamado urgente a la objetividad y a la sensatez. El proceso de paz con las Farc es un hecho, la JEP es una realidad y están para quedarse. Atacarlos no debe ser la estrategia a seguir, todo lo contrario, debe garantizarse su implementación. Con esto, los temas que afectan el día a día de los colombianos estarán en la agenda nacional.
Bogotá, D. C, 17 de junio de 2019
*Exsenador Liberal
Por Juan Camilo Restrepo*.-La negociación de los TLC y su implementación, se han vuelto especialmente riesgosos para países como el nuestro en la era Trump.
El actual Presidente de los Estados Unidos está cambiando a punta de caprichosas patadas todo el escenario del comercio internacional que con esmero y, no sin dificultades, se fue construyendo desde la finalización de la segunda Guerra Mundial.
Lo que le está sucediendo a México en este momento es especialmente aleccionador: con el arma de los aranceles se le amenaza para que tome tales o cuales medidas en materia de migraciones. Olvidando que los aranceles no están diseñados para modelar las políticas migratorias de los países. Haciendo un símil podríamos decir que la administración Trump está utilizando las tarifas y los aranceles como un instrumento extorsivo.
Toda la prensa europea por estos días coincide en señalar la molestia con la manera arbitraria como el Gobierno de Washington está utilizando los elementos de comercio exterior para imponer sus caprichos. Así lo viene haciendo con la China, con Corea del Sur, con Irán, con México por supuesto, y con tantos otros países que si no se pliegan a las disparatadas exigencias del señor Trump se ven enfrentados al riesgo de caer golpeados o por aranceles o por otras medidas distorsionadoras del comercio exterior.
Se está rompiendo así en mil pedazos el tejido multilateral que se empezó a forjar desde 1948 con la Carta de La Habana cuando se creó el GATT.
Todo este contexto hay que tenerlo en cuenta al estudiar los TLC en la era Trump. Hay que ser mucho más cuidadosos y desconfiados con los Estados Unidos que en el pasado sino queremos llevarnos sorpresas desagradables.
Por eso hay que aplaudir dos medidas que recientemente anunció el Gobierno colombiano y que van en la dirección correcta. La primera consiste en excluir el sector lácteo de la negociación con la Alianza del Pacífico, y muy especialmente con Nueva Zelandia. Este último país es un pequeño gigante de todo lo que tiene que ver con la producción de lácteos. Habernos metido en la Alianza del Pacífico a negociar este rubro hubiera sido probablemente un tiro en el pie que nos habríamos propinado.
La segunda medida tiene que ver con las medidas compensatorias al documentado dumping con el que nos están llegando las exportaciones norteamericanas de biocombustibles, que allá son producidos fundamentalmente a base de maíz. Por primera vez el Gobierno colombiano resolvió encarar este problema y le va a imponer a las exportaciones que vienen de los Estados Unidos, y que están agobiando a los productores nacionales, medidas compensatorias que, aunque transitorias, son de gran utilidad.
Los Tratados de Libre Comercio no se diseñaron para que nos llenaran las exportaciones, a menudo subsidiadas y desleales, provenientes de países que cuentan con una capacidad fiscal de subsidio y apoyo a sus industrias nacionales mucho más fuerte que las nuestras. Por eso los centroamericanos tuvieron la clarividencia que no tuvimos nosotros de excluir al sector lácteo de su Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos.
No hay que olvidar que las atolondradas medidas que viene tomando Trump en su comercio exterior, que consiste en subir atrabiliariamente los aranceles a terceros, que a su turno toman medidas retaliatorias como lo viene haciendo China contra las importaciones provenientes de los Estados Unidos, está generando primero un perjuicio grande a los consumidores de Estados Unidos a los que se les encarecen sus importaciones, pero también a ciertos sectores exportadores de este país.
Como sucede con el sector agrícola Norteamericano que es la primera víctima en la guerra comercial que está atizando el Señor Trump. Estas exportaciones agrícolas de los Estados Unidos que se ven imposibilitadas de llegar a los mercados de los países que están en primera línea en estos fuegos de la guerra comercial, buscan una salida desesperada hacia mercados más débiles y emergentes como es el nuestro.
Por eso hay que ser especialmente cautelosos con el comercio exterior en esta época. El multilateralismo le está teniendo que ceder el puesto a los caprichos del Señor Trump.
Bogotá, D. C, 17 de junio de 2019
*Abogado y Economista. Exministro de Estado.
