Opinión

Por: Mons. Víctor Manuel Ochoa Cadavid - En dos ocasiones, cada año, todos los Obispos de Colombia, de las distintas arquidiócesis y diócesis, así como de los Vicariatos Apostólicos, provenientes de todas las zonas de Colombia nos encontramos fraternalmente en la Sede de nuestra Conferencia Episcopal en Bogotá para revisar la situación de la realidad nacional y entrar en temas que son de fundamental importancia para la evangelización y la actividad de la Iglesia de Cristo en nuestra Patria, para animar y fortalecer el camino de nuestras comunidades.

Este año, en la semana del 1 al 6 de julio 2019, celebraremos la (CVIII) Centésima octava Asamblea Plenaria, para estudiar el tema: La Economía al servicio de la dignidad humana y el bien común.  Estamos dedicando tres años al estudio de la incidencia de la evangelización en los distintos ambientes sociales.  La Iglesia quiere entrar en lo profundo de la realidad social y, desde el Evangelio de Cristo, tratar de comprender e iluminar el camino de nuestra acción social y de anuncio de las verdades de la fe.

Esta temática nos hace entrar en lo profundo de la Doctrina social de la Iglesia, en la lectura que se hace desde el evangelio de los distintos temas que se han ido creando en el último siglo, para comprender la lectura que los cristianos han hecho de los distintos temas que tocan la vida humana y las realidades del hombre, que vive en común con otros hombres y tiene particulares modos de reflexión y vida.

La Doctrina social de la Iglesia se ha desarrollado a partir del Magisterio de los Pontífices desde el papa León XIII, con la publicación de la Encíclica Rerum Novarum (1891) y que ha continuado a lo largo de los decenios con enseñanzas muy precisas y claras para los cristianos, orientando su forma de comprender las realidades sociales.  En los últimos años hemos tenido dos Encíclicas sociales de mucha importancia, Caritas in Veritate (Caridad en la verdad) de Benedicto XVI y Laudato si (Alabado seas) del Papa Francisco.  Ellas nos han hecho entrar en el tema de la caridad y el servicio a los hermanos y la vivencia de la caridad en primer lugar y, en el cuidado de la casa común y del entorno en el cual vive el hombre.

El objeto de nuestro encuentro nos hará entrar en una dimensión muy importante de la Doctrina social de la Iglesia, la Dignidad de la persona humana.  La Iglesia en su enseñanza a lo largo de los siglos, no ha dejado de indicar al hombre, su realidad, sus derechos, su ser, como objeto de la reflexión y de las respuestas que deben darse desde la fe.  El hombre, su ser, ha alcanzado una respuesta clara y precisa en el evangelio de Cristo, en la misión y tarea que se le ha confiado y en el horizonte para el desarrollo de su ser, según la voluntad de Dios.

La dignidad humana surge de la acción de Dios, pues el hombre es creatura de las manos del Altísimo, habiendo recibido del creador su alma y su cuerpo, además de una tarea y una misión concreta en la realidad y en el mundo.  El hombre fue creado de las manos de Dios y de su acción, recibiendo ser “imagen” de El (Génesis 1, 26).

En virtud de su dignidad el hombre ha recibido una tarea una misión, que realizar en el mundo, tanto en sus relaciones interpersonales, como en el cuidado y el desarrollo, además del aprovechamiento de lo creado.  Este es uno de nuestros grandes retos en la humanidad que vivimos y experimentamos hoy.

El Concilio Vaticano II, en la Constitución pastoral Gaudium et Spes (Gozo y esperanza) nos enseña:  «Todos los bienes de la tierra deben ordenarse en función del hombre, centro y vértice de todos ellos (…) La Biblia enseña que el hombre ha sido creado «a imagen y semejanza de Dios» (…) y que por Dios ha sido constituido señor de la entera creación visible para gobernarla y usarla glorificando a Dios (…) Pero Dios no creó al hombre en solitario (…) El hombre es, en efecto, por su íntima naturaleza, un ser social y no pue­de vivir ni desplegar sus cualidades sin relacionarse con los demás»  (Concilio Vaticano II, Gaudium et spes, 12).

Precisamente en este orden es que queremos revisar y estudiar el tema de la economía, de las distintas relaciones sociales que se establecen en torno al trabajo, a la compensación justa y necesaria para el trabajo humano, en la propiedad a la cual tiene derecho el hombre y, también al acceso que todos tienen como derecho fundamental al uso de los bienes materiales.

En este contexto social en el cual vivimos, la economía a veces parece algo lejano, destinada a ser estudiada y dirigida por unos pocos técnicos, que establecen normas y leyes que nos alejan de la justicia y de los derechos de las personas.

La Doctrina social de la Iglesia ha enseñado siempre que hay unas cuestiones fundamentales en la lectura del orden social (base de la economía).  Ya el Papa León XIII en la Encíclica  Rerum Novarum, había puesto tres valores fundamentales que debían ser tenidos en cuenta: el uso de los bienes materiales para todos; el valor del trabajo -su respeto, fortalecimiento, justa compensación-; y los derechos de la familia en la justicia y la garantía de salarios y derechos justos  (Este tema es ratificado por San Juan XIII en la Encíclica Mater et Magistra (Madre y Maestra) n. 42.

En nuestros días se va fortaleciendo la propuesta de una nueva economía, que tenga al hombre y sus derechos como fundamento, con la propuesta de un nuevo modelo alternativo de economía y de sociedad.   La Iglesia en Colombia ha valorado y apoyado en muchos momentos estos temas, con el fortalecimiento del cooperativismo; con la creación y fortalecimiento del SENA, como oportunidad de formación de los jóvenes; con la creación de un comercio equitativo, solidario y respetuoso de la naturaleza y de los bienes comunes.

El tema de la economía, de los parámetros sociales de lectura de los bienes económicos, de los medios de producción y de sus ganancias, tiene que pasar necesariamente por el bien común y destino social que estos bienes tienen, la Iglesia lo ha llamado una hipoteca social   (San Juan Pablo II, Encíclica Sollicitudo Rei Socialis (Solicitud por las cosas sociales, n. 42).

Los bienes, la propiedad privada tienen también su valor y deben ser respetadas, pero es necesario que se fortalezca un camino de justicia y de participación de los bienes para todos, sin distinción, evitando la inequidad y la injusticia para muchos.Es necesario proponer una respuesta a la realidad social, en el ejercicio y cumplimiento de cuanto la Iglesia ha enseñado que es la justicia social, el derecho a todos a acceder a los bienes de la naturaleza, de la producción económica, al satisfacer sus necesidades primarias y fundamentales.  El Evangelio de Cristo, está claramente en la base de estas opciones y de estas respuestas que son tan necesarias.  Les pido queridos lectores de LA VERDAD que pongan esta intención en sus oraciones, pidiendo las luces del Espíritu Santo sobre el trabajo que realizaremos.

Bogotá, D. C, 5 de junio de 2019

*Obispo de Cúcuta

Por Gabriel Ortiz*.- Ya nadie sabe en este mundo qué es verdad, qué es mentira, ni mucho menos para donde van las fake news que se arman, cuidadosa, o graciosamente, pero con funestos propósitos.

Lo cierto es que una gran parte de la población mundial cae en las trampas que tienden los “supremacistas” de todos los países. Esos anarquistas, de extrema derecha que quieren implantar gobiernos de opinión, xenófobos, misóginos, conspiradores, infiltrados en ejércitos y cuerpos de seguridad, para manejar unas supuestas mayorías fundamentalistas que engatusan y aprovechan a los incautos.

En nuestro medio una secta quiere entrar por la llamada puerta del estado de opinión y acude a todo. Quienes no piensen igual, son de extrema izquierda y la paz es un embeleco de esos pensamientos que nos convierten en una Venezuela castrochavista.

Los “supremacistas” de nuestro medio, criollos, mestizos o mulatos, no son blancos, como los norteamericanos.  En todas partes ven conspiraciones o las fabrican para favorecerse. Proceden en forma abierta y pública para construir odio político, racial y religioso. Han tomado la paz, para afianzarse en sus propósitos. La ven como un estandarte propicio para torcer el pensamiento de quienes por tantos años han sufrido el yugo de una violencia demencial, atroz y destructiva. Para ellos, esta paz es mala e inconsecuente. No le encuentran sentido, porque han apoyado la guerra que tantas víctimas ha dejado por más de medio siglo en esta sufrida Colombia. Esa que propiciaron los viejos partidos, los paramilitares, los despojadores de tierras y los desplazadores de campesinos.

Los ¨supremacistascd¨, observan con temor, pánico, miedo, odio y hasta cobardía, cómo más de diez mil hombres de las antiguas Farc, cumplen con los acuerdos. Cómo están alejados de la violencia y cómo soportan el ajusticiamiento de sus líderes.

Por ello, buscan elementos que les servan de acicate para sembrar el odio y desprestigiar el proceso de paz. Y han encontrado violadores de los acuerdos que dan a diario ¨papaya¨. Algunos están desaparecidos. Dicen que se encuentran en Venezuela. Otros en la clandestinidad. Y desde luego el ¨papayero mayor¨, Santrich que como saltimbanqui aparece y desaparece como por encanto. Nuestros ¨supermacistas¨, lo graduaron de único elemento de la paz que estamos formando, cimentando y fortaleciendo, pero solo para torpedear el proceso. Si llega al congreso -con la arrogancia que lo hizo- lo desechan y censuran y lo insultan. Lo utilizan para esconder nexos de un fiscal renunciante, con Odebrecht.  No ha ocurrido así con otros especímenes de igual o peor calaña. Si Santrich se esconde, si ni usa escoltas, si se desconoce su paradero, está violando la paz.

Ni la paz es Santrich, ni Santrich es la paz. Esa es la dura realidad que no admiten los ¨supramarcistas¨ criollos, mestizos y mulatos.  

BLANCO: El despiste de Vargas Llosa, elogia a Uribe por ¨haber firmado la paz con las Farc.

NEGRO: El despiste de Uribe: Vio a Santos en París, durante la operación Jaque.

Bogotá, D. C, 5 de julio de 2019

*Exdirector del Noticiero Nacional y de Notisuper.

Por José G. Hernández*.- Como hemos escrito en otras ocasiones, en el Estado de Derecho es imperativo que se respeten las competencias y los ámbitos de cada órgano. De lo contrario, el Estado de Derecho resulta teórico e inoficioso.

A la vez, debe hacerse efectiva la libre expresión del pensamiento. Ella ha de ser facilitada y estimulada tanto por los organismos estatales como por instituciones privadas, toda vez que resulta inherente a la naturaleza de la persona humana participar en la toma de decisiones que puedan afectar sus propios intereses o los de su comunidad.

Pero la participación y la libre expresión no pueden ser ejercidas de cualquier manera sino dentro de reglas establecidas, y sin invadir órbitas reservadas a ciertas autoridades. Y además, el uso de estos derechos no puede conducir a una sustitución de las leyes por las opiniones de la mayoría.

En esta ocasión nos referimos a la práctica frecuente de algunos medios de comunicación, en especial de radio y televisión, según la cual someten todo asunto -sea el que sea- a consulta con el público, al dictamen de la opinión mayoritaria.

Desde luego, en la mayor parte de los casos, esa medición es útil para la sociedad y también para las autoridades, que pueden establecer el rumbo de la opinión, la aprobación o rechazo de la ciudadanía sobre ciertas actividades, decisiones o medidas; el concepto general o preferencia en temas  políticos, culturales, artísticos, costumbristas o de otra índole.

Pero hay cosas que no corresponden a la opinión, y que, si se consultan, en vez de servir o beneficiar, causan daño, bien a la gestión pública o a los derechos de las personas.

Así, por ejemplo, preguntar a la opinión pública si alguien es penalmente responsable; si es culpable o inocente; si debe ser condenado o absuelto, es algo que, en el Estado de Derecho, no depende de la opinión mayoritaria, sino de las decisiones de los jueces competentes, adoptadas después de haberse tramitado un debido proceso, con observancia de la totalidad de las garantías constitucionales. Es decir, la presunción de inocencia -según lo estipula la Constitución y lo declaran los tratados internacionales sobre Derechos Humanos ratificados por Colombia- solamente puede ser desvirtuada mediante sentencia judicial en firme.

Someter eso a la opinión, sin que el público tenga conocimiento del proceso, ni conozca de Derecho Penal, ni haya examinado las pruebas, ni tenga autoridad para calificarlas y valorarlas, es algo contrario al Estado de Derecho; puede causar daño a la honra y el buen nombre de las personas, o al interés colectivo; y además implica presión indebida sobre los jueces y tribunales.

En ello se necesita criterio de los comunicadores.

Bogotá, D. C, 3 de julio de 2019

*Expresidente de la Corte Constitucional

Por Victor G Ricardo*.-Hace unos días soñé que estaban pasando cosas maravillosas y que nuestro país iba creciendo en todos los sentidos.

Con el liderazgo del gobierno, había pasado la Ley anticorrupción y ya los parlamentarios que habían incurrido en actos delictivos, eran procesados y enviados a prisión como cualquier otro criminal, sin condiciones especiales en batallones militares, guarniciones de policía o pabellones exclusivos en cárceles comunes. Pero además, también se había integrado un comité interinstitucional para tomar medidas que garantizaran la debida y pronta aplicación de justicia a todos los personajes involucrados en los escándalos que ha habido por actos de corrupción, como es el caso de Odebrecht, Reficar, el cartel de la Toga, la Fiscalía donde jefe anticorrupción preso en los Estados Unidos iba a contribuir a la justicia contando quiénes más estaban vinculados en tan despreciable y lamentable escándalo en el cual se vio vinculado. En Bogotá, el carrusel de corrupción específicamente en la Administración de Samuel Moreno, o los terribles actos ilícitos que se cometieron en la dirección nacional de estupefacientes. Y qué decir de los escándalos en los departamentos y municipios.

También soñé que el Gobierno estaba haciendo una gran tarea y un gran trabajo; que había hecho un pacto de gobernabilidad convocando algunas fuerzas políticas para llegar a un acuerdo programático y una alianza que permitiera sacar adelante la reforma a la justicia, la reforma pensional, la reforma tributaria estructural que dé estabilidad jurídica al país, la Ley anticorrupción y todas aquellas que necesitamos para poder construir un mejor Estado.

No me lo van a creer, pero soñé que los dirigentes políticos preferían votar las leyes apartándose de los intereses personales o políticos y dándole prioridad al interés nacional. Soñé que uno podía caminar por las ciudades sin preocupación por ser atracado y podía dejar su vehículo parqueado sin preocuparse de que se lo robaran y que en las calles podían andar los automóviles con vidrios abajo sin riesgo de que algún delincuente despoje a sus ocupantes de su reloj o su celular, las carteras de las señoras o sus billeteras.

Me desperté y estaba tan emocionado que cerré los ojos para seguir durmiendo. Pude hacerlo y continué soñando que en nuestro país se respetaba la vida de los líderes sociales, de quienes se habían sometido al Estado de Derecho y que teníamos una policía que garantizaba la seguridad ciudadana y el respeto por la vida y los bienes de todos los habitantes del territorio nacional. Había paz en las ciudades y el campo y así los campesinos que habían tenido que emigrar a los centros urbanos estaba regresando a sus tierras y de esta manera se estaba dinamizando la economía campesina; estábamos incrementando nuestras exportaciones y logrando mayor desarrollo y equidad en las zonas rurales. Las carreteras se terminaban con una calidad extraordinaria como sucede en Estados Unidos o Europa sin caerse los puentes o producirse derrumbes por falta de construcciones de terraplenes adecuados. 

En el sueño sentía una gran alegría de ver cómo los valores de la ética y la moral los habíamos rescatado y estábamos educando a las nuevas generaciones con mayor calidad en sus estudios y adecuando la enseñanza a las necesidades tecnológicas que él futuro nos exigirá.

Cuando me desperté del todo, seguía lleno de felicidad, aun sabiendo que era tan solo un sueño.

Pronto llego el periódico, prendí el radio e inevitablemente mi alegría se fue al piso. ¿Será que estos sueños nunca podremos volverlos realidad?

Bogotá, D. C, 3 de julio de 2019

*Excomisionado de Paz

Por: Jairo Gómez *.-No es extraño que alias Jesús Santrich haya abandonado el proceso de paz; tampoco me parece extraño que le sacara partido a su libertad para desaparecer, seguramente con la cómplice participación de su carnal amigo alias Iván Márquez. Destinos entrelazados, caminos cruzados y vidas paralelas unen a estos dos personajes, en su momento protagonistas en la mesa de negociación en Cuba.

Ni a Santrich ni a Márquez les interesó respetar el documento que se acordó en La Habana; llenos de justificaciones y supuestas razones, siempre cuestionaron el eventual cumplimiento del acuerdo final, al tiempo que conspiraron sistemáticamente para ahondar las diferencias en el seno del partido Farc, pues nunca dejaron de reprochar a quienes asumieron el compromiso de respetar la firma que estamparon en el contrato de paz con el Estado colombiano. 

Estos dos alias, junto al Paisa y Romaña, no volverán a la JEP y, de paso, perderán todos los beneficios sin importar el monumental daño que le hacen al proceso de paz con la subyacente torpeza de concederles a sus enemigos los argumentos necesarios para desprestigiar una negociación que, con todos sus defectos, arrojó resultados positivos para el país, como lo revela la sustancial disminución de la confrontación y el número de víctimas que dejaba a diario el conflicto armado.

Da rabia que estos señores le mamen gallo al país entero de esa manera; no es entendible argumentar incumplimientos para no dar la lucha desde la civilidad; para nadie es un secreto, y así lo han documentado analistas e historiadores durante décadas en sus investigaciones, que las élites políticas y económicas de este país prometen y no cumplen; sin embargo, ello no ha sido óbice para que otras fuerzas alternativas que comparten los mismos objetivos sigan en la lucha en busca de cambios estructurales de manera pacífica y democrática. 

Esa lectura ya no hace parte de sus códigos; el relato al que le apuestan con la decisión de abandonar el proceso de paz es al de la guerra: ¿Cómo la harán Márquez y su banda? ¿Con el apoyo del gobierno bolivariano? ¿Buscarán los cambios vía armada? ¿Con el apoyo de quién? ¡Eso sí es mear fuera del tiesto! Su incompetencia política civilizada los llevó de nuevo al fusil, no tienen otra manera de hacer proselitismo.  

Por: Amylkar D. Acosta M*.- Acaba de ser sancionada la Ley 1962 del 28 de este mes y año, gracias a la cual se fortalecen las regiones administrativas y de planificación (RAP), para bien de las regiones. En virtud de la misma “se dictan normas orgánicas para el fortalecimiento de la RAP y se establecen las condiciones para su conversión en regiones como entidad territorial (RET)”, teniendo como primera prioridad la derogatoria de ese artículo 32 de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial que se convirtió en el freno de mano que ha impedido el avance y la consolidación de las RAP al establecer que por cuenta de la RAP “no se generará gasto del Presupuesto General de la Nación, ni del Sistema General de Participaciones, ni del Sistema General de Regalías”.

Gracias a la gestión del los gobernadores, liderados por el Gobernador del Atlántico y ex constituyente Eduardo Verano de la Rosa se pudo lograr la concertación del texto final. Ellos resistieron los embates de la abulia centralista, insistieron, persistieron y nunca desistieron de la causa autonomista y al final se cumplió el adagio popular de que la constancia vence lo que la dicha no alcanza. Ello es una muestra palmaria de lo que se puede lograr cuando se anteponen los intereses generales a los intereses particulares y gracias a ello se forja la unidad. Unidos somos más y más fuertes como región! 

Como es bien sabido, con fundamento en el artículo 306 y 307 de la Constitución Política de 1991 se constituyeron las RAP del Centro, la del Pacífico y, más recientemente la de la Región Caribe el 19 de octubre de 2017, mientras está en ciernes la del Eje cafetero. Siempre hemos dicho que las RAP son la escala técnica para llegar a las regiones como entidad territorial, también previstas en la Constitución Política, que es su puerto de destino, para avanzar en el propósito de alcanzar un sueño largamente acariciado por las regiones, cual es la autonomía regional para dejar de ser alfil son albedrío del agobiante centralismo. 

Al no contar con fuentes de financiamiento propio para su funcionamiento, ni poder acceder a los recursos necesarios para financiar y acometer proyectos de inversión de impacto regional, que es su razón de ser, las RAP estaban llamadas a fracasar. Pues bien, el texto de la Ley prevé que los departamentos que hagan parte de las RAP podrán aportar los recursos con cargo a su presupuesto para su funcionamiento, al tiempo que el Gobierno Nacional también podrá hacer lo propio, no les está vedado hacerlo.

Se dice, explícitamente que “el Gobierno Nacional podrá asignar una partida en las leyes de presupuesto general de la Nación para cofinanciar el cumplimiento de las atribuciones conferidas”. Sólo se hace la salvedad de que “esta partida, en ningún caso, afectará los recursos que por concepto del Sistema General de Participaciones hayan sido asignados a los departamentos, municipios y distritos”. También podrán las RAP gestionar recursos de cofinanciación con los distintos niveles de gobierno, así como de cooperación internacional y, cómo no, a través de las alianzas público-privadas. 

Y algo muy importante, se les faculta a las RAP para que estas puedan presentar proyectos, siempre de impacto regional, para su trámite y aprobación por parte de los órganos colegiados de administración y decisión (OCAD) y la asignación de recursos para el financiamiento de los mismos provenientes del Sistema General de Regalías, amén de la ejecución de los mismos. Igualmente.  Podrán presentarse por parte de las RAP proyectos de impacto regional a los distintos fondos de cofinanciación de los que dispone el Gobierno Nacional y así acceder a contrapartidas provenientes del Presupuesto General de la Nación. También podrán contar con recursos provenientes del crédito público.

Uno de los propósitos primigenios de de esta Ley era “establecer las condiciones para su conversión en Región Entidad Territorial y su funcionamiento”. Pues bien, allí se establece la hoja de ruta que nos habrá de conducir a tan preciado como anhelado propósito. Ahora las RAP, una vez cumplan cinco años de su constitución, quedan habilitadas para iniciar el trámite conducente para constituirse como RET, a la cual también se le establecieron sus funciones, competencias y fuentes de financiación. 

Y algo tan fundamental como trascendente, en esta Ley se dispone que “el Gobierno Nacional, por medio del DNP, con la participación de los departamentos conformará una Misión de descentralización en los 6 meses siguientes a la aprobación de esta Ley”. Y la misma dispondrá  de “un plazo de 18 meses para presentar al Congreso de la República iniciativas constitucionales y legales para ordenar y definir la distribución de competencias entre la Nación y las entidades territoriales señaladas en el artículo 286 de la Constitución Política”. Es decir, que, además de los departamentos, los distritos, los municipios y los territorios indígenas, contempla también a las regiones y provincias que se constituyan hacia el futuro como entidades territoriales, las cuales se equipararán en su tratamiento a aquellas. 

Ello es tanto más importante dado que el país está en mora de revisar, actualizar lo concerniente a las competencias, concomitantemente con la reforma del Sistema General de Participaciones (SGP), que ha debido tramitarse desde el año 2017, después que perdió vigencia el Acto legislativo 04 de 2007, que modificó el Acto legislativo 01 de 2001. Como es bien sabido, estos dos actos legislativos, que modificaron los artículos 347, 356 y 357 de la Constitución Política, le costaron un ojo de la cara a las regiones, al tiempo que desequilibraron aún más la distribución de los ingresos públicos en desmedro de ellas. 

Santa Marta. Junio, 29 de 2019

*Expresidente del Congreso y Exministro de Estado

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Por Guillermo García Realpe*-. Ante la manifestación clara del Ministro de Defensa, Guillermo Botero, de que en diez o doce semanas iniciarán las fumigaciones con glifosato en Colombia, comenzando por los departamentos de Nariño, Cauca y Norte de Santander, sobre este anuncio, tengo que decir; que sin duda, es una manifestación absolutamente grave por parte del Gobierno Nacional, pero de alguna manera facilista también, que desde el alto gobierno pretendan enfocar su lucha contra el narcotráfico atacando la población más vulnerable de esta cadena. 

No solamente se tiene que enfocar en el tema de la producción, sino que el Gobierno debe afinar sus esfuerzos en reforzar la interdicción  que consiste en la incautación de grandes laboratorios y en los diversos controles terrestres, marítimos y aéreos. Aquí se tiene que atacar a las verdaderas mafias, pero no afectando a humildes campesinos que son utilizados por éste negocio criminal y que ante la carencia de oportunidades en estas regiones, no tienen más salida que ser permeados por el narcotráfico, no significa ello, que justifiquemos esta situación, de ninguna manera, pero el Estado sí debe encontrar soluciones de fondo que les permita a esas familias hacer la transición hacía la productividad lícita. 

Fumigar a los campesinos es condenarlos a la pobreza y a la marginalidad, pero se arriesga el Gobierno Nacional de que la resiembra que está alrededor de 40% cuando es forzada la erradicación o por fumigaciones, como lo demuestra un reciente informe de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito –UNDOC-, entre tanto dice ese mismo informe, que los programas de sustitución voluntaria y acordados, tiene un porcentaje inferior al 1% de resiembras, lo que traduce esto, es que la fumigación no sólo es absolutamente contraria a la salud, al medio ambiente y a la sociedad en general, sino que es ineficaz en la lucha contra el narcotráfico. 

También riñe esto con las declaraciones del mismo Presidente de la República, que ha dicho que en los pasados diez meses de su gobierno han erradicado 80 mil hectáreas de cultivos de uso ilícito, ¿entonces, para qué fumigar?, esa es la pregunta que hoy nos hacemos muchos en el país. Si han sido tan exitosos en programas sin aspersión aérea, para qué insistir en un herbicida que se ha comprobado con evidencia científica que es perjudicial para la salud, que atenta contra el medio ambiente y las fuentes hídricas y que no diferencia entre los cultivos lícitos de los ilícitos. 

El Gobierno Nacional debe apuntar sus esfuerzos, sus programas y sus planes para cumplir el punto tercero de los Acuerdos de La Habana, entorno a la sustitución de los cultivos ilícitos por productos legalmente rentables para fomentar una economía también legal y rentable en las zonas con presencia de cultivos de uso ilícito. Esa es la ruta acertada, la ruta de las oportunidades, la ruta de las inversiones, la ruta de construcción de vías para que haya mercadeo a precios justos de los productos de nuestros campesinos de Colombia, insistir en el retorno del glifosato es continuar por la ruta equivocada. 

Nuestra posición está del lado de nuestra región, por eso, no dudaremos en acompañar a todos los campesinos que se movilicen de iniciarse las fumigaciones con glifosato en nuestro país, particularmente en el departamento de Nariño. Nunca nos pondremos la camiseta de los gobiernos, nos pondremos la camiseta de nuestra región y especialmente de su gente más vulnerable: los campesinos. 

Igualmente seguiremos reclamando las obras y las inversiones que el Sur de Colombia y particularmente Nariño requieren desde hace mucho tiempo por los gobiernos. 

Los nuestros han sido históricamente territorios que han padecido el abandono estatal, que han sufrido con rigor los embates de la guerra, fenómenos que han conllevado a que concentremos grandes niveles de pobreza, marginalidad y exclusión. La inversión social ha sido escasa y el único apoyo que recibimos de los gobiernos es redoblar el pie de fuerza de soldados y policías, hombres y mujeres que tienen que ponerle el pecho a una violencia que no les pertenece, cuando lo que verdaderamente requerimos es inversión en salud, educación, infraestructura, vías, productividad, fuentes de empleo, en fin tantas cosas de las que hemos estado huérfanos por décadas y ahora como “premio” nos quieren fumigar con glifosato. ¡No más! 

Pasto, 2 de julio de 2019

*Senador de la República

@GGarciaRealpe

Por Juan Camilo Restrepo*.- Lo que viene sucediendo con las normas sobre regalías hace recordar la historia de Penélope, quién esperando el retorno de su marido Odiseo hacía y deshacía una tela indefinidamente.

Hace algún tiempo hicimos un dispendioso cambio a la ley de regalías dándole más recursos a las regiones no productoras de recursos no renovables, y menos a las regiones donde está ubicada geográficamente la explotación del recurso no renovable.

Esto fue lo que el exministro Echeverry denominó en su momento “esparcir mejor la mermelada en toda la tostada nacional”, expresión que terminó convirtiéndose inexactamente en sinónimo de corrupción parlamentaria.

Aquella reforma se apoyaba en una lógica muy sólida: la explotación de un recurso no renovable no se hace solo gracias al lugar geográfico donde está ubicado el recurso, que finalmente es fruto del azar, sino por el esfuerzo y ahorro de todo el país. De todos los colombianos.

Cuando se explota un pozo petrolero, pongamos por caso, no se hace solamente porque esté ubicado en tal o cual región sino gracias al ahorro y al esfuerzo de Ecopetrol que, solo o asociado con terceros, hace posible sacar el recurso no renovable a la superficie y comercializarlo.

Por eso la justicia reclama que el producido de ese esfuerzo nacional se haga a lo largo de todo el territorio nacional (la famosa tostada), y no solamente en provecho predominante de las entidades territoriales a las que les cupo en suerte acoger en su geografía la reserva del recurso no renovable, sea crudo, gas, oro, carbón o cualquier otro mineral.

Ahora parece que en desarrollo de una promesa de campaña del Presidente Duque se decidió deshacer la tela de Penélope, y comenzar de nuevo.

Se acaba de aprobar en el cuarto de ocho debates una nueva reforma constitucional que vuelve las cosas al estado anterior, es decir, que las regiones productoras recibirán de nuevo más regalías.

En efecto, las regiones productoras que hoy reciben 11,2% pasan al 25% de las regalías, al paso que la participación de las regiones no productoras permanece inalterada.

¿Cómo se financia la mejora de las regiones productoras? Sustrayéndole una tajada significativa al fondo de pensiones de las entidades territoriales que se nutre con parte de las regalías y que pasa del 22,5% al 4,5%. Un ahorro importante se transforma en gasto.

En buen romance: se le da gusto a las regiones productoras pues se restablece su mayor participación, las no productoras quedan en su plata, pero el fondo de pensiones de las entidades territoriales queda en los huesos.

Grave costo el que se asume para dar desarrollo a la promesa electoral del entonces candidato Duque. El fondo de pensiones de las entidades territoriales (que nadie defiende ahora por supuesto pues no tiene doliente) queda desprovisto de su más importante fuente de recursos.

Cuando vengan las crisis en los departamentos y municipios que no habrá de demorar, cuando éstos se vean en dificultades para cubrir las mesadas pensionales a su cargo, cosa que pueden no tardar mucho, nadie se acordará entonces que el origen del problema se gestó en una promesa electoral que derivó a deshacer la tela de las regalías, penosamente tejida, como lo hacía Penélope.

Bogotá, D. C, 1 de junio de 2019

*Abogado y Economista. Exministro de Estado.

Por Mauricio Cabrera Galvis*.- Si una imagen vale más que mil palabras, en esta época postmoderna de las redes sociales un video vale más que mil estadísticas. La opinión pública que había permanecido pasiva e insensible frente a la matanza de centenares de líderes sociales, defensores de derechos humanos y exguerrilleros desarmados, reaccionó con rabia e indignación frente al video del niño que grita desconsolado frente al cadáver de su madre recién asesinada.

Las cifras de la masacre son impresionantes. Desde enero de 2016 se registran 872 asesinatos relacionados con el postconflicto: 702 líderes sociales y defensoras de Derechos Humanos, 135 exguerrilleros de las Farc y 35 de sus familiares, incluyendo un bebé de 6 meses. Pero son estadísticas frías, noticias rutinarias que no conmueven a un país narcotizado –en todos los sentidos de la palabra- frente a la sangre derramada.

El video del grito doloroso del niño le puso rostro a esta tragedia. Quienes no lo han visto acá lo encuentran (https://bit.ly/2YmEicv). Su madre era María del Pilar Hurtado, una líder social del Cauca, que había tenido que salir de su pueblo por amenazas tras denunciar las “casas de pique” de narcos y paramilitares. Se fue a esconderse de la muerte en Tierralta, Córdoba, pero hasta allá la alcanzó, ahora por exigir tierra y vivienda para los desplazados.

El país y el mundo entero han reaccionado, con la excepción del silencio cómplice del señor Almagro que prefiere callar para asegurar su reelección a la secretaría de la OEA. La sociedad civil ha convocado una gran manifestación para el próximo 26 de julio para exigir que paren la masacre. Este es el texto de la convocatoria en la que todos tenemos que participar para acompañar el grito de los huérfanos:

“... Este baño de sangre debe terminar. Es imperativo que se emprendan las acciones necesarias para acabar con estos asesinatos, garantizar la presencia integral de las instituciones del Estado en los territorios y poner en marcha la protección efectiva de la vida de estas personas.

Llamamos a nuestros compatriotas a que el próximo 26 de julio salgamos a las calles y plazas, en Colombia y en el exterior, para rendir homenaje a los líderes y lideresas sociales y para exigir que se ponga punto final a estos crímenes. Invitamos a los medios masivos de comunicación, a los partidos políticos, a las iglesias, a los gremios empresariales, a las universidades, a las organizaciones sociales, y a la ciudadanía en general a respaldar y promover esta iniciativa.

Las niñas y los niños de Colombia merecen que persistamos en nuestro esfuerzo de paz para lograr que ni uno más tenga que llorar su orfandad.”

Cali 30 de junio de 2019

*Filósofo y Economista. Consultor.

Por José F. Lafaurie*.- “Naciones Unidas debe volver por sus fueros”

La OEA, la prestante “Organización de Estados Americanos”, surgida de la mano de Alberto Lleras en medio del estallido de violencia bogotana de abril de 1948, casi como “hermana menor” de la ONU (1945) para el continente, y las dos paridas entre las esperanzas del final de una guerra y las incertidumbres de una nueva, la “Guerra fría” contra el comunismo por el dominio político y económico del mundo; esa OEA respetable vuelve por sus fueros, después de una “insulsa”  y nefasta gestión entre 2005 y 2015.

Durante la Secretaría de Insulza, y con la indiferencia de los Estados Unidos de Obama -hay que decirlo-, la OEA se dejó eclipsar por la pretensión bolivariana de “barajar” la institucionalidad multilateral del continente, pero sin Estados Unidos, sobre la base del odio al “imperialismo yanqui” y a favor del comunismo internacional instalado en el Foro de Sao Paulo desde 1990.

Nacieron el ALBA en 2004, Unasur en 2008 y Celac en 2010, y todos los países al sur del Río Bravo cayeron en esa trampa disfrazada de integración, en gran parte por la presencia gris de la OEA, que llegó, inclusive, a respaldar fraudulentas elecciones que mantuvieron a Chávez en el poder.

Desde 2015, con Almagro, la OEA no solo recupera espacio frente a la multilateralidad bolivariana que se desmorona, sino que asume posiciones verticales frente  a la dictadura venezolana, que hoy se consolidan en su 49º Asamblea General, con la presidencia de Colombia en Medellín, que aceptó las credenciales de Julio Borges y la  delegación del gobierno Guaidó, con las esperadas réplicas de los amigos de Maduro y el retiro de la delegación uruguaya.

Y mientras la OEA vuelve por sus fueros, ¿qué pasa en la imponente ONU, concebida en la Conferencia de Yalta  (1945) y, sin duda, la más importante organización mundial? Me atrevo a diagnosticar gigantismo burocrático y exceso de diplomacia “jet set”, que se deja ver en el rito anual de su Asamblea General y en la gestión de sus delegaciones nacionales.

Pero además, en su defensa de los Derechos Humanos, un objetivo loable, por supuesto, se percibe una influencia “ideologizada”, evidente en sus posiciones frente a la dictadura venezolana y el “proceso de paz” en Colombia. Su más reciente expresión son las declaraciones de la Alta Comisionada Bachelet, “preocupada” por las sanciones contra Maduro, las cuales se apresuró a rechazar, precisamente, el secretario Almagro, afirmando que “le dan aire a un régimen oprobioso”.

Las reacciones de la ONU frente al gobierno Duque son del mismo talante. Calló mientras el país se inundaba de coca durante el gobierno Santos, pero su delegado, con argumentos de ocasión, se pone del lado de los enemigos de la aspersión aérea.

Mientras el gobierno Santos firmó un Acuerdo, chamboneó con su implementación y lo dejó sin recursos, el gobierno Duque muestra resultados. En un año pasó de 2 proyectos productivos colectivos a 24, y de cero individuales a 300; extendió los apoyos financieros, tiene listas para entrega 500 parcelas, focalizó  las “obras por impuestos” hacia los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial y ya entregó 400 obras.

Sin embargo, la ONU parece ciega a estos resultados y los “expertos” de la señora Bachelet, no solo se atrevieron a “instar” al Gobierno a cumplir el Acuerdo, como si no lo estuviera haciendo, sino a acusarlo de incitar a la violencia contra excombatientes, como si efectivamente lo estuviera haciendo.

Como la OEA, la ONU también debe volver por sus fueros de garante de los Derechos Humanos con independencia ideológica y política.

Bogotá. D, C, 30 de junio de 2019

*Presidente de Fedegan

@jflafaurie