Opinión

Por Horacio Serpa Uribe*-.Cuando en los años sesenta del siglo pasado se crearon las guerrillas, iban por el poder. Con ideologías definidas, con ideas bien estudiadas, con base social, con apoyos intelectuales y bastante comprensión internacional, desbordados de entusiasmo, las Farc y el Eln primero, luego el Epl, después el M19 y otros sectores contestatarios armados, buscaron acabar el Frente Nacional, destronar “el orden actual”, imponer sus postulados revolucionarios e implantar un sistema político  diferente, con distintos gobernantes y partidos, para que llegaran una nueva democracia y un compromiso social diferente.

La tarea no fue fácil. Distintos factores internacionales se sumaron a la contienda, los criterios intelectuales y los propósitos políticos fueron degradados por la gravedad de una lucha atroz, violenta en demasía, sucia en todos sus rincones, prolongada en exceso y sin resultados definitorios. La intensidad de la guerra se contaba por litros de sangre, diferentes lados y épocas reclamaron victorias estratégicas, empate técnico, fin del fin, y medio siglo no alcanzó para que se esculpiera el triunfo “en letras de molde”. ¿Quién ganó? En términos reales, fuera de explicaciones, teorías y pretextos, ninguno. Pero la guerrilla no logró su cometido, las posibilidades se cerraron, la perspectiva inmediata era la de continuar una guerra de desgaste, cruel para el país, y por fin surgió la razón de la inteligencia, tan subestimada por tantos, tanto tiempo.

La paz es la salida de todos. La paz abre el camino de perseguir y lograr ideales sin destruir, y brinda la oportunidad general de consolidar una buena democracia y de alcanzar un propósito común: el bienestar del pueblo.

El gobierno del Presidente Santos y las Farc dieron el paso, se lograron unos Acuerdos que no sin dificultades fueron acogidos por las instituciones y amplios sectores ciudadanos, políticos, sociales, intelectuales y empresariales. El país hace esfuerzos, en medio de incomprensiones y de mucha mala leche, para cumplirlos. Surgió un punto interesante: el Presidente Duque y su gobierno han dado muestras de apoyarlos. Se han presentado problemas, hay incumplimientos atribuibles a la parte institucional e inconformismo en las filas del partido fariano. El más retrechero ha sido Iván Márquez, quien está a punto de mandar los Acuerdos para el chorizo.

De Marquez se esperaba, como líder que fue de las Farc en los diálogos, que lo fuera también en la labor de buscar el cumplimiento de los Acuerdos. Pero hace rato se distanció de tales trámites y ahora, en declaración internacional, se duele de la entrega de las armas. Menciona la paz, no habla de guerra, pero la gente piensa: si Márquez desprecia la oportunidad de ir 8 años al Congreso Nacional, ¿cuál puede ser el plan B de este guerrero que no quiere hacer política constitucional? ¿De nuevo la guerra? Sería volver a las armas por el solo prurito de generar problemas, desgracia, muerte, sin destino, sin espacios. Ojalá este personaje interesante e inescrutable dé la talla en democracia y decida, de una vez por todas, hacer la guerra por sus ideas, pero “por otros medios”. ¡Aún es tiempo!   

Bogotá, D, C, 17 de enero de 2019

*Abogado. Excongresista, Exministro del Interior, Excandidato Presidencial, Exdiplomático, Exgobernador de Santander.

Por Victor G Ricardo*.- Esta semana está anunciado que el Presidente de la República, Iván Duque, se reunirá con los dirigentes de las principales fuerzas políticas representadas en el Congreso de la República. Los colombianos vemos con mucho interés y esperamos con mucha expectativa los resultados de estos encuentros, sobre todo porque por el bien del Gobierno y de todos los colombianos es fundamental que se adquiera la gobernabilidad necesaria para poder sacar adelante los proyectos sobre reforma política, judicial y económica.

Necesitamos que estos proyectos se adelanten adecuadamente y que ello permita la ejecución de obras en las distintas áreas y regiones, derrotar la corrupción, organizar un sistema judicial adecuado que garantice que no haya impunidad y se dé pronta justicia y que se hagan o lleven a cabo las reformas necesarias para tener un Estado que garantice los derechos ciudadanos, la seguridad de las distintas ciudades del país así como de las zonas rurales, pero sobre todo que nos permita llevar a cabo un mejor desarrollo con equidad. 

Que la paz se consolide en el marco de la verdad, justicia, reparación y no repetición, como política de Estado y no de gobierno que la haga sólida y duradera. Para adquirir la gobernabilidad anhelada no se deben confundir alianzas o acuerdos o concertación con mermelada. En todos los países del mundo cuando los gobiernos no tienen mayorías, acuden a construir coaliciones en el marco de acuerdos programáticos que se entren a desarrollar en un gobierno en que participen las fuerzas políticas que lo apoyen  y así mismo también se definan los grupos o movimientos políticos que harán oposición.

Lo que no puede entender la ciudadanía es cómo en los Ministerios hay personas vinculadas a partidos o movimientos que no reflejan su apoyo en el Congreso a las iniciativas gubernamentales. Tenemos ejemplos cercanos en nuestra región latinoamericana de cómo, por no construir los gobiernos y fuerzas políticas a partir de gobernabilidad, no han podido cumplir con las promesas presentadas al pueblo e incluso se ha llegado a que, por falta de coaliciones, hasta las economías se hayan visto afectadas y hayan perdido credibilidad tanto a nivel interno como internacional. 

Todo esto nos lleva a que realicemos los esfuerzos que sean necesarios para poder, gobernando para todos los colombianos, hacer las obras y acciones de gobierno que todos esperamos. Colombia hoy en el continente tiene un puesto de privilegio que no podemos desaprovechar. No podemos ser inferiores a la responsabilidad de la hora presente. Por tanto, esperemos que los esfuerzos de identificar puntos de coincidencia se logren y así podamos contar con la coalición necesaria que le dé mayor gobernabilidad al Presidente y su gobierno y así tengamos la garantía de los éxitos en su gestión.

Bogotá, D. C, 16 de enero de 2019

*Excomisionado de Paz

Por José G Hernández*.- Hablando de la virtud de la imparcialidad, que debe imperar en el servicio público, en la administración de justicia y en los medios de información, vale la pena recordar algunos elementos en relación con estos últimos.

Como lo recordábamos en intervención radial, la Constitución garantiza a todas las personas -como un derecho fundamental-  el derecho a la información, el cual, según reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional, es “de doble vía”, en cuanto, bajo un principio de libertad, se tiene tanto derecho a buscar y a divulgar informaciones como a recibirlas. La Carta califica de manera expresa la información que se suministra y se recibe: debe ser veraz e imparcial. Si no lo es; si es una información manipulada, sesgada, arreglada o editada, de manera que produzca ciertos efectos, la exigencia constitucional es quebrantada y los derechos de la audiencia  son vulnerados. Y ello comporta una responsabilidad social, como lo subraya el mismo precepto superior.

Obviamente, desde el punto de vista de la actividad del Estado, el derecho a la información así como la libre expresión del pensamiento y los conceptos, exigen que se preserve la libertad. De allí la prohibición total de la censura, consagrada en el mismo precepto, y la garantía otorgada constitucionalmente a los particulares para fundar medios de comunicación y para  ejercer su papel como una función social. Ello implica, por contrapartida, responsabilidad social.

La información, pues, tiene que ser veraz e imparcial. Veraz, es decir, conforme a la verdad, que, según el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, significa “conformidad de las cosas con el concepto que de ellas forma la mente”. En esta materia, la conformidad debe ser establecida entre lo que se informa y la realidad de los hechos informados.

Imparcialidad significa que, en las informaciones estará ausente lo que el mismo Diccionario presenta como “designio anticipado o prevención en favor o en contra de personas o cosas”, lo que a su vez “permite juzgar o proceder con rectitud”. Así, el medio o el periodista que informa no tiene por qué inclinar la información en un sentido favorable o desfavorable a una cierta persona o entidad, ni a una determinada corriente política, ni le corresponde tomar partido respecto a los hechos a que se refieren las informaciones, y menos acomodar los datos que suministra para ocultar o tergiversar algo. Simplemente, debe informar, enterar, entregar la noticia desnuda y pura; los acontecimientos deben transmitirse al público en forma completa y tal como se produjeron, sin alterarlos ni desfigurarlos, y sin inducir, por fuera de ellos, la opinión de quienes reciben la información.

Es lo propio de la ética profesional del periodista y de la credibilidad de los medios de comunicación. Su papel consiste en registrar lo que pasa, de modo fidedigno y auténtico.

Lástima que, de un tiempo para acá, la polarización en que se encuentra el país  haya  afectado a varios medios -no todos afortunadamente-, cuya imparcialidad se ha perdido. Algunos de ellos, en vez de suministrar información veraz e imparcial, desinforman, intercalando en la noticia sus propias opiniones, inclinaciones u objetivos, y  dando lugar a confusión. Exactamente lo contrario de su función social.

Bogotá, D. C, 16 de enero de 2018

*Expresidente de la Corte Constitucional

Por Jairo Gómez*.- El palo no está para cucharas y menos cuando entramos en una etapa preelectoral y la violencia política arreciará en todo el territorio nacional, en donde las castas regionales y las mafias politiqueras aupadas por el narcotráfico, cerrarán filas para preservar el control de la administración local.

¿No sentirá vergüenza el canciller Trujillo García, el tener que ir a foros internacionales a suscribir declaraciones contra terceros países que no respetan los valores democráticos, mientras en su país, a diario, asesinan un líder social o un defensor de los derechos humanos?

¿No se dará cuenta el ministro que mientras él posa, adusto y serio, junto a sus homólogos latinoamericanos, millones de ojos en el mundo entero lo están observando y, al mismo tiempo, haciéndose la pregunta: Cómo así que en Colombia desde el primero de enero de 2016 al 10 de enero de 2019 han asesinado (cifra de INDEPAZ) 566 líderes sociales y defensores de derechos humanos, y no pasa nada?

El asesinato de estos líderes -representantes de campesinos y de la población más vulnerable del país- en las regiones más apartadas de Colombia y la magnitud de sus pérdidas no tienen parangón en la historia contemporánea de América Latina. Lo más grave es que la mayoría de los asesinatos perpetrados son contra personas comprometidas con la implementación del acuerdo de paz.

Son tan aterradoras las cifras que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya está contemplando la posibilidad de nombrar un relator en Colombia para abordar tan delicado tema. Claro que es urgente que lo haga, se reclama desde muchos sectores de la sociedad civil que además se mueven en Estados Unidos para que el Congreso de ese país, ahora que los demócratas asumieron el control de la Cámara de Representantes, priorice esta realidad que viola flagrantemente los derechos humanos.

No se trata de socavar la institucionalidad colombiana, pero ante esta masacre, gota a gota, sí es necesario que la comunidad internacional mire con lupa un hecho que ya suena a extermino; con un lamentable asterisco y es que desde las mismas autoridades militares y políticas en muchos casos estos líderes sociales son asociados a actividades opositoras, antipatriotas y señalados de traidores, como lo denunció en su reciente visita el relator de la ONU, Michael Fort.

Si a esta realidad le sumamos, y no se puede dejar de soslayo, el asesinato de más de 80 desmovilizados de las Farc que suscribieron el acuerdo de paz con el Estado colombiano, nos estamos acercando a un escenario crítico que corrobora seriamente la percepción que se tiene sobre la falta de compromiso de la actual administración con la consolidación de la paz y la generación de un clima de tolerancia y de respeto por los derechos humanos.

El palo no está para cucharas y menos cuando entramos en una etapa preelectoral y la violencia política arreciará en todo el territorio nacional, en donde las castas regionales y las mafias politiqueras aupadas por el narcotráfico, cerrarán filas para preservar el control de la administración local.

El anterior es un escenario que el gobierno del presidente Duque debe contemplar seriamente para evitar que ese ciclo de violencia se agudice, si es que ya no comenzó con el asesinato de 114 líderes sociales y defensores de derechos humanos en tan solo cinco meses y medio del actual gobierno.

Qué impotencia! Qué tristeza me produce el sistemático asesinato de líderes sociales en Colombia y, lo peor, no poder hacer nada para evitarlo. Qué vergüenza! que en la llamada democracia más antigua de América Latina, se asesinen defensores de derechos humanos y no pase nada. Qué dolor de patria.

Bogotá, D. C, 15 de enero de 2019

*Periodista y Analista Político.

@jairotevi

Por Juan Carlos Bocanegra*.- Vivimos en un mundo competitivo donde solo un bajo porcentaje de la población puede acceder a unos medios de vida digna. En general, las condiciones sociales, económicas y laborales son precarias en la mayoría de los países y Colombia se encuentra en el puesto 90 según el Índice de Desarrollo Humano (IDH) elaborado por Naciones Unidas.

Las sociedades que se encuentran en escenarios de pobreza se desenvuelven en un ambiente hostil, limitado en educación y una baja formación en valores y principios que no les permite gozar de buenas relaciones dentro de una comunidad; siendo los actos violentos y las decisiones egoístas el vehículo preferido para la supervivencia.

Resultado de lo anterior, se edifican gobiernos que dirigen erradamente las naciones y no garantizan equidad ni bienestar entre sus habitantes. Se crea un circulo vicioso que poco a poco deteriora la sociedad y va nutriendo el peor de todos los males que nos puede rodear: la corrupción.

La corrupción son los actos cometidos por personas que abusan de su poder e influencia para hacer uso indebido de los recursos financieros y humanos que tienen a su disposición. Como consecuencia de este fenómeno, se forja una cultura del “todo vale” que afecta de manera negativa el comportamiento ciudadano y en el caso que concierne a la administración de un Estado, se reduce la capacidad para atender las necesidades de su población.

Los hechos derivados de la corrupción impiden el crecimiento de un país. Se construyen carreteras con materiales de mala calidad, los puentes se vienen al piso, se pierden los subsidios de los niños y abuelos, se ofrecen medicinas vencidas en los hospitales, y toda la desviación de recursos que deberían ser invertidos para la educación, salud, deporte, generación de empleo, cultura e infraestructura, termina siendo el fortín económico de unos pocos que endulzan a sus seguidores con mercados y una falsa amistad.

Ahora, creo que el país esta despertando frente a las injusticias que hemos padecido y muestra de ello son las expresiones sociales que han tomado fuerza estos años. En los últimos meses los estudiantes a nivel nacional se organizaron y le exigieron al Gobierno más inversión para la educación, hace unos días cientos de ciudadanos salieron a las calles para pedir la renuncia del fiscal Néstor Humberto Martínez por el caso de Odebrecht y, durante todo este tiempo, las redes sociales han sido el canal de expresión más eficiente por medio del cual se han denunciado los miles de abusos que día a día cometen las personas que ejercen algún tipo de autoridad.

Sin embargo, debemos entender los actos de corrupción como un comportamiento que puede estar presente en cualquier persona, indiferentemente de su ocupación, esta mala conducta no esta definida únicamente para el funcionario público. Hay que tomar conciencia que somos nosotros los que debemos cambiar si queremos transformarnos en una sociedad de bien y no pretender solamente que señalando a los demás encontraremos la solución.

El problema debe ser corregido desde la infancia, y a razón de esto, la educación que se imparte en la familia es esencial. Acostumbrar al niño a ser honesto, a jugarle limpio a la gente y a respetar las normas es fundamental para consolidar la futura generación que, desde su libre albedrío, ejercerá acciones éticas que favorecerán a la comunidad.

De igual manera, hay que cambiar la cultura que premia el enriquecimiento ilícito y el facilismo; esa cultura que no sanciona debe ser sustituida por aquella que fomenta el respeto por la dignidad humana y los valores esenciales que rigen las conductas honestas y transparentes. Si algo nos ha enseñado la historia, es que cuando se han detectado actos indebidos y no se ha hecho nada, lo que termina prevaleciendo es la tolerancia al delito y esa actitud nos convierte en cómplices.

Para nosotros, nuestros vecinos, amigos e hijos es fundamental tener estos conceptos claros para poder mitigar las consecuencias de la corrupción y los males que esta produce. Solo de esta manera podemos construir las bases de una sociedad más inteligente, más consciente a la hora de elegir a sus gobernantes y más capaz de demostrar que la fuerza de sus acciones colectivas esta medida en la solidez de sus principios individuales.

Bogotá, D. C, 14 de enero de 2019

*Administrador de Empresas de la Universidad de los Andes, especialista en Gestión Regional del Desarrollo de la misma universidad. Orgullosamente cucuteño, convencido en el potencial de nuestra región e interesado en temas de emprendimiento y políticas públicas sobre desarrollo territorial.

Por Juan Camilo Restrepo.- La entrega del fondo parafiscal de la carne y la leche debió hacerse por licitación pública, y no a dedo como ocurrió. Las razones son las siguientes:

1. La ley 1753 de 2015 (Ley del Plan Nacional de Desarrollo Vigente) no permite la contratación directa con Fedegan. La Corte Constitucional declaró exequible la intervención temporal del Ministerio de Agricultura, a través de encargo fiduciario, en la administración y recaudo de contribuciones parafiscales en forma reglada

La expedición de la Ley 1753 de 2015, Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, artículo 106, implicó una modificación esencial del artículo 7 de la Ley 89 de 1993, pues estableció las reglas generales para la administración de todas las contribuciones parafiscales agropecuarias y pesqueras; omitió cualquier referencia a la contratación directa con Fedegan; incluyó autorizar al Gobierno nacional, Ministerio de Agricultura, asumir la administración temporal de estos recursos, a través de encargo fiduciario, si la entidad contratante no está en condiciones de garantizar el cumplimiento de las reglas y políticas que deben regir la ejecución de las contribuciones parafiscales; y, señaló la obligación de garantizar la participación y representación de los gravados con la cuota parafiscal respectiva.

Las atribuciones al Ministerio de Agricultura de asumir temporalmente, por medio de un encargo fiduciario, contenidas en los incisos tercero y cuarto de esta disposición fueron demandados ante la Corte Constitucional.

En sentencia C-644 de 2016 se declaró la exequibilidad de tales incisos. La Corte hizo un detallado estudio sobre la parafiscalidad y las atribuciones del Congreso en esta materia. Precisó que sólo puede ejercerse de conformidad con el reglamento y la ley. Es decir, que no es cierto que el Presidente o el Ministerio puedan hacerlo en forma discrecional, sino que deben ceñirse estrictamente al reglamento respectivo. Y que este reglamento le compete expedirlo al Gobierno nacional en desarrollo de su potestad reglamentaria.

Recordó la Alta Corporación que en otras oportunidades, la ley ha autorizado al Gobierno revocar la administración de contribuciones parafiscales, tal como lo dispuso la Ley 321 de 1996, en relación con la cuota de fomento cacaotero, que fue declarada exequible en la sentencia C-002 de 1998.

2.- El Gobierno nacional asumió temporalmente la administración de las contribuciones parafiscales a Fedegan

El Gobierno nacional, mediante Decreto 2537 de 29 de diciembre de 2015, asumió directamente  la administración de las contribuciones parafiscales ganadera, pues consideró que se daba la causal de cuando una entidad administradora “no está en condiciones de garantizar el cumplimiento de las reglas y políticas que debe regir la ejecución de las contribuciones parafiscales, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, por razones especiales definidas mediante reglamento, podrá asumir temporalmente, a través de un encargo fiduciario, la administración de dichas contribuciones y efectuar el recaudo”.

Esta administración temporal, por encargo fiduciario, en cabeza de Fiduagraria.

3.- Decisiones del Consejo de Estado en acción de cumplimiento y de nulidad

Fedegan ha acudido a la jurisdicción administrativa en numerosas oportunidades para oponerse a la pérdida de su contratación directa y especial. Veamos los más importantes:

Acción de cumplimiento ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en la que pretendía que se le ordenara al Ministerio de Agricultura contratar con Fedegan la administración y recaudo de las cuotas de fomento ganadero y lechero, de conformidad con el artículo 7 de la Ley 89 de 1993.

En sentencia de 9 de febrero de 2017, el Tribunal denegó esta solicitud, por cuanto el artículo 106 de la Ley 1753 de 2015 modificó la autorización de la contratación directa como lo estipulaba la Ley de 1993.

Esta decisión fue apelada por Fedegan. La Sección Quinta del Consejo de Estado, en sentencia de 6 de abril de 2017, la confirmó con base en el cambio operado en la Ley del Plan, Ley 1753 de 2015, artículo 106.

Fedegan acudió al Consejo de Estado en acción de nulidad contra el Decreto 2537 de 2015, que reglamenta la asunción temporal de las contribuciones parafiscales, con solicitud de suspensión provisional.

En providencia de 1º de agosto de 2016, la Sección Primera del Consejo de Estado denegó la suspensión provisional y confirmó esta denegación el 19 de diciembre de 2016.

4.- Concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado

El 12 de diciembre de 2017, la Sala de Consulta resolvió el interrogante expresado por el Ministro de Agricultura sobre si en la licitación pública para seleccionar el nuevo administrador de la cuota parafiscal de carne y leche puede participar Fedegan.

La Sala expresó que no existe ningún instrumento o figura jurídica que le impida participar en el proceso de licitación. Y no puede aplicarse la analogía para restringir su participación. Además, que no es posible tener en cuenta los antecedentes del participante, pues los pliegos deben establecer reglas generales.

Debió hacerse por licitación pública y no a dedo.

Bogotá., D. C, 14 de enero de 2019

*Abogado, Economista y Exministro de Estado

Por Amylkar D. Acosta M*.- Este 12 de enero, se cumplen cien años de la primera Asamblea de la Liga Costeña, hito este de la mayor importancia de la incesante y persistente lucha  de las regiones en Colombia por recobrar la autonomía perdida luego que Rafael Núñez declarara que "la Constitución de Rionegro (1863) ha dejado de existir, sus páginas manchadas  han sido quemadas en las llamas de la Humareda”, refiriéndose a la batalla en la que sus huestes derrotaron al radicalismo liberal, para darle paso a la Constitución de 1886, que introdujo la fórmula dicotómica de la centralización política y la descentralización administrativa, que en la práctica tiene más de centralización que de descentralización.

La Región Caribe no fue ajena a las tensiones entre las tendencias centralistas y federalistas del siglo XIX; por el contrario, aunque con alguna intermitencia, históricamente, la lucha en pos de la integración y la autonomía regional ha sido la constante. El año 1874 se constituyó en uno de los primeros hitos de esta larga marcha; en respuesta a la discriminación y el ninguneo del que era objeto la región Caribe y su dirigencia por parte del gobierno central, se constituyó por aquellas calendas la Sociedad de Representantes Costeños por parte de un grupo de 16 congresistas de los estados de Bolívar, Magdalena y Panamá. 

Este 12 de enero es memorable, pues en esta fecha  justamente se cumplen 100 años desde que el ex ministro de Hacienda, Tomás Suri Salcedo, instaló en Barranquilla la asamblea constitutiva de la Liga Costeña. La iniciativa de crearla partió de los periódicos de la región y fue secundada por connotados dirigentes políticos, cívicos y gremiales del Magdalena grande, de la Sabana de Bolívar y el Atlántico, que vieron en ella la más fiel expresión del descontento y la inconformidad crecientes en la región, producto del agobiante centralismo. Como nos lo recuerda el historiador Eduardo Posada Carbó, decisiones tomadas por el gobierno central como “destinar fondos provenientes del impuesto de canalización – un tributo del río – para invertirlos en el Ferrocarril del Tolima provocaron la ira regional” y exacerbaron los antagonismos entre la región y el centro. 

Desafortunadamente las elecciones presidenciales de 1922 dieron al traste con la Liga Costeña, que sucumbió a los intereses banderizos. La desbandada no se hizo esperar, sus principales líderes se alistaron al lado de la candidatura liberal de Benjamín Herrera unos y de la conservadora de Pedro Nel Ospina los otros y la división se tornó irreversible e insuperable, cuando en la unidad estaba su fuerza. En 1934 se dio un frustrado intento de revivir la Liga mediante la creación de la Asamblea Interdepartamental de la Costa, la cual se dio cita en Cartagena, pero una vez más el entusiasmo fue pasajero y su existencia efímera. Posteriormente, con la constitución de CORELCA en 1967, la aspiración presidencial de Evaristo Sourdís y la creación del Sistema Integrado de Planificación Urbana y Regional (SIPUR) en 1975, se le dio otro envión a esta gesta en procura de la integración y la autonomía regional. 

Estos antecedentes sentaron las bases para los desarrollos ulteriores, los cuales se concretaron en la Ley 76 de 1985 a través de la cual se crearon las regiones de planificación regional, más conocidas como CORPES, el reconocimiento por parte de la Constituyente de 1991 que Colombia es un país de regiones  y además la autonomía de las mismas. Desde entonces las regiones se pueden llegar a constituir en entidades territoriales, algo que no era viable mientras estuvo en vigencia la Constitución de 1886. Pero casi 28 años después no sólo no se ha concretado dicha autonomía territorial, que sigue como letra muerta en la Carta, sino que se ha retrocedido y en cambio se ha venido dando una creciente recentralización. 

Se malogró la oportunidad que tuvo el Congreso de la República para desarrollar lo prescrito por la Constitución del 91 en materia de ordenamiento territorial, descentralización, autonomía, recursos y competencias expidiendo la Ley Madre, como la denominara Orlando Fals Borda y terminó expidiendo una que no es más que un saludo a la bandera. Se espera que con el nuevo impulso que han recibido desde las regiones las regiones administrativas y de planificación (RAP), pese a la reticencia del gobierno central, se despeje el camino para avanzar en el propósito de que las regiones puedan alcanzar, por fin, el anhelo largamente acariciado de alcanzar su autonomía. 

Con la aprobación por parte del Congreso de la República, después de muchos idas y venidas, vueltas y revueltas,  del proyecto de Ley 182 de 2017 – Senado por medio del cual “se dictan normas orgánicas para el fortalecimiento de la RAP y se establecen las condiciones para su conversión en RET”, que ahora está para sanción presidencial, se da un paso fundamental para el fortalecimiento de las regiones administrativas y de planificación (RAP). Y posibilita, además, el tránsito de las RAP hacia las regiones como entidad territorial (RET), que es el verdadero puerto de destino. Su entrada en vigencia es una feliz coincidencia con la conmemoración del Centenario de la Liga Costeña. 

Bogotá, enero 12   de 2019

*Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía

www.amylkaracosta.net

Por: Mons. Ismael Rueda Sierra* - El tema de la jornada mundial de la paz 2019 dirigido por el papa Francisco, como es usual el 1.º de enero de cada año, aborda un tema que puede ser recurrente por lo esencial pero como ocurre en el pensamiento social de la Iglesia, busca provocar y conmover el discernimiento hacia la paciente y perseverante construcción de la paz y dar un paso adelante en el compromiso de construirla. Este año el papa, inspirado en el saludo misionero indicado por Jesús a sus enviados, “Paz a esta casa” (Lc 10,5) como modo apropiado de “abrir camino” en el anuncio del Evangelio, propone el tema de la profunda relación que existe entre la paz y el ejercicio de la buena política. La casa a la que llega este anuncio es en primer lugar, cada persona y toda persona, así como también cada familia, cada comunidad, cada país, cada continente y el mismo planeta que como lo ha mencionado en otras intervenciones, es nuestra “casa común”, con la propia historia y características de cada uno (Cfr. JM, 1).

A sabiendas de que es tan frágil la construcción de la paz, advierte Francisco de entrada, que “la búsqueda de poder a cualquier precio  lleva al abuso y a la injusticia” lo cual representa la antítesis de la política, diríamos con mayúscula, que busca el bien común lejos de toda corrupción o imperio del individualismo y los intereses personales. La buena política por tanto, como desafío permanente, entendida ésta como servicio, a ejemplo de Jesús, en cuanto forma sublime de realizar la caridad, luchará por defender la vida, la libertad y la dignidad de las personas en busca de un futuro también justo para todos.(Cfr.2)

Pero sería difícil construir la paz desde la dimensión política y en favor de los derechos humanos si no está acompañada de otras virtudes que confluyen en la caridad como son “la justicia, la equidad, el respeto mutuo, la sinceridad, la honestidad, la fidelidad.”. Aquí menciona el papa las “bienaventuranzas del político”, citando al cardenal vietnamita Francois-Xavier Nuyen Van Thuan, añadiendo así otras virtudes como la credibilidad, interés por los demás, coherencia, unidad, búsqueda de cambio y capacidad de escuchar y no tener miedo (Cfr. #3).

Lamentablemente existen también los vicios de la política, o sea la mala política, a veces por ineptitud de las personas que quieren ejercerla o por la deformación en los ambientes donde se aplica. La corrupción, en sus diversas expresiones y derivados es sin duda, la principal. La  ilegalidad, el enriquecimiento ilícito, el poder mediante la fuerza, el racismo, xenofobia y la depredación del medio ambiente, entre otros, la completan. A los vicios se añade la preocupación por la amenaza constante de la guerra, con sus consecuencias de intimidación, miedo y la proliferación incontrolada del armamentismo que, como siempre, victimiza a los más vulnerables. (Cfr.4;6).

El Santo Padre no omite su preocupación, por las nuevas generaciones que han de heredar una buena o mala política, a sabiendas que son los jóvenes y los niños los encargados de consolidar auténticos proyectos de paz para el futuro. Si son marginados, obviamente el futuro está en peligro, si ganan en confianza para participar y aplicar sus propios carismas y capacidades, hay una segura esperanza. (Cfr.5)

Para construir la paz con responsabilidad política, que se ha de fundar en el derecho y el diálogo sincero entre sus actores, se necesita, por una parte, de un gran proyecto fundado en la “recíproca responsabilidad y la interdependencia de los seres humanos” pero también requiere una conversión del corazón que se expresa en tres dimensiones que no se pueden separar: la paz con nosotros mismos, la paz con el otro y la paz con la creación. Y la política de la paz se inspira también en María, Reina de la paz cuando en el Magníficat canta la misericordia de Dios que “llega a sus fieles de generación en generación” (Lc 1,50). (Cfr.7)

Con mi fraterno saludo de paz.

Bucaramanga, 13 de enero de 2019.

*Arzobispo de Bucaramanga.

Fuente Conferencia Episcopal de Colombia.

Por Mauricio Cabrera Galvis*.- Más que sorpresa o asombro, produce rabia y desconsuelo ver salir de la cárcel a los Nule y compañía, responsables del cartel de la contratación sin haber cumplido las penas que les impusieron los jueces, ni haber devuelto nada de los miles de millones que se robaron de los recursos públicos.

Son muchas las noticas parecidas que producen la misma reacción: narcotraficantes confesos y convictos que después de unos pocos años en prisión salen a disfrutar sus fortunas mal habidas; directivos de Odebrecht que quedan exonerados de toda culpa a cambio de una leve multa, irrisoria en comparación con el tamaño de los multimillonarios contratos que lograron con coimas.

En ocasiones la situación es todavía más paradójica pues los delincuentes logran convertirse en víctimas y pretenden que el Estado les pague lo que no se pudieron ganar con sus corruptas maniobras. Los mismos Nule reclamándole a Bogotá $24.000 millones por haberle quitado el contrato de la construcción de la calle 26; es Odebrecht demandando al Estado por los intereses de su inversión en la ruta del Sol y las utilidades esperadas en ese chanchullo.

¿Qué está fallando en la justicia, que permite estas aberraciones? Las posibles respuestas: a) los jueces que otorgan los beneficios; b) los fiscales que no aportan todas las pruebas; c) el sistema acusatorio que permite acuerdos leoninos; d) las leyes que autorizaron los beneficios judiciales; e) todas las anteriores, a las que habría que añadir la complicidad de una sociedad permisiva que aplaude la cultura del dinero fácil.

Corresponde a los penalistas analizar por qué se ha llegado a esta distorsión de la justicia y proponer los correctivos necesarios. Para el ciudadano de la calle lo único claro es que la justicia se ha convertido en un negocio donde la mano de la noble dama con los ojos vendados ya no sostiene en su mano la balanza para decidir, sino que la extiende para negociar sus fallos a cambio de lo que le ofrezcan los delincuentes.

La propuesta de un lego es simple: no debe haber ningún beneficio judicial a los corruptos hasta que no devuelvan la plata que se apropiaron.

Cali 13 de enero de 2019 

*Filosofo,Economista y Consultor.

Por José Félix Lafaurie Rivera*.- El Ministerio de Agricultura, en cumplimiento de la ley 89 de 1993, el 4 de enero contrató con Fedegán el manejo del Fondo Nacional de Ganado, pues además había concluido la administración temporal de Ministerio a través de Fiduagraria, con el gravísimo daño de la pérdida del estatus de país libre de aftosa.

Por esa situación, el pasado 3 de octubre asistí a la Comisión Nacional de Aftosa, convocada por el ICA con la participación de PANAFTOSA, para evaluar acciones orientadas a recuperar el estatus. Allí se plantearon dudas sobre el crecimiento del hato durante los últimos ciclos de vacunación, que de 22 millones de cabezas registradas por Fedegán y por el Censo Agropecuario, pasó a ¡26 millones! en un año. Ante la necesidad de cifras claras, ofrecí la capacidad técnica del equipo de Fedegán, operador durante 20 años del programa que logró la certificación internacional, para apoyar el ciclo que iniciaba y para hacer un análisis predio a predio, a partir de la información que el ICA entregaría con un compromiso de confidencialidad, que suscribí como presidente de Fedegán.

Solo Fedegán fue convocada porque la Comisión, creada en la Ley 395 de 1997, así lo determinó, pues se consideraba a Fedegán como la entidad ganadera más representativa, hasta que el gobierno Santos armó una campaña de difamación para voltear esa percepción.

Esa es la realidad. Ahora paso al novelón que, ladinamente, alguien le contó a una periodista de la W, y a partir del cual se hicieron afirmaciones aventuradas contra Fedegán. La reunión técnica se convirtió en secreta y para “cocinar” la entrega de la parafiscalidad a Fedegán, y su presencia por mandato de la ley en discriminación contra otras entidades. La entrega de información con fines técnicos pasó tener oscuras intenciones de control sobre los ganaderos; el acuerdo de confidencialidad se tornó en secretismo sospechoso; el ofrecimiento de apoyo con personal calificado, que hice al anterior gobierno y fue despreciado, es calificado de tráfico de influencias y costosa contratación.

Me pregunto qué se pretendía con este novelón para inducir a un medio a tan fantasiosa interpretación de una reunión técnica. ¿Acaso desviar la atención del billonario negocio del contrabando y la corrupción en el ICA que lo permitió?

El ministro respondió preguntas y explicó las decisiones y sus argumentos de legalidad, sobre el novelón de la reunión técnica y sobre el proceso de contratación de Fedegán.

Bogotá, D. C, 13 de enero de 2019

*Presidente de Fedegan