Opinión
Por Juan Camilo Restrepo*.- Hace algunos años se cantaba con frecuencia una cancioncilla cuyo estribillo decía así: “Si quieres una cerveza, un trago de vino y otro de anís, por eso no te preocupes que eso lo paga Roberto Ruiz”.
Con las masivas emisiones de TES que está en marcha, habría la tentación de decir otro tanto: “por eso no te preocupes que eso lo paga Roberto TES”.
Los TES que, como se sabe, son títulos de deuda pública han venido tomando un auge inusitado. Desde los años 90 del siglo pasado son los documentos principales para documentar la deuda pública. Pero ahora están teniendo un momento de esplendor.
Recientemente el Ministerio de Hacienda informó que en lo corrido de este año ya se han emitido TES por $ 25.5 billones, la mayoría de los cuales se han colocado en el mercado de capitales mediante subastas, y otra parte la han suscrito entidades públicas con excedentes de liquidez. En el presupuesto del 2020 se contempla otra importante emisión de TES.
El nuevo auge de los TES proviene de autorizaciones que se concedieron al gobierno en el Plan de Desarrollo, ratificadas por el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP). Y tienen una lógica impecable: sustituir pasivos muy costosos a cargo de la Nación por TES que tienen un costo mucho más bajo. Casos típicos de estos pasivos costosos son, entre otros, las sentencias judiciales en donde el Estado resulta condenado, laudos arbitrales y conciliaciones, entre otros pasivos.
El Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) ha hecho un ejercicio en el que concluye que los pasivos tradicionalmente tienen un costo del orden del 27% efectivo anual, mientras que su atención a través de TES reduce el costo, a niveles de 5.3% efectivo anual.
“Esto quiere decir concluye el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP), que se tendría en un ahorro superior al 70% anual en reconocimiento de intereses”. La operación es, pues, sin duda alguna, benéfica para las finanzas públicas.
El descubrimiento de este nuevo uso de los TES que tradicionalmente habían servido para proveer recursos de liquidez y tesorería pero que ahora sirven para sustituir pasivos costosos, está despertando un auge febril por parte del Ministerio de Hacienda.
Ya se ha anunciado que con ellos se financiará una buena parte de la operación de punto final para sanear las resquebrajadas finanzas del sistema de salud. Que se pagarán pasivos contraídos con universidades públicas. Que se pagará a contratistas acreedores como los de la Ruta del Sol II. Para pagar subsidios para la prestación de servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica. Para el pago de bonos pensionales. Entre otros.
Es decir, las finanzas públicas han descubierto en el nuevo uso de los TES no sólo una manera de abaratar su deuda flotante, sino de inyectarle al mercado de capitales un mecanismo que bien manejado puede darle un gran dinamismo.
Ahora bien: el mecanismo sirve siempre y cuando se utilice única y exclusivamente para cancelar pasivos que ya están reconocidos de antemano por el Estado. Lo que no puede hacerse de ninguna manera es financiar con colocaciones de TES nuevo gasto público corriente. Pues ello desquiciaría toda la prudencia fiscal y rompería en mil pedazos los objetivos de la regla fiscal.
Hay que tener mucho cuidado entonces que los TES se utilicen exclusivamente para cancelar pasivos ya reconocidos, y nunca pasivos nuevos. Esto sería caer en el facilismo que inmediatamente dispararía los volúmenes de deuda pública que ya vienen por lo demás subiendo a un ritmo acelerado.
Así como en la cancioncilla citada Roberto Ruiz pagaba las cuentas de cerveza, vino y anís en que incurrieran los asistentes a esa animada fiesta, hay que tener mucho cuidado que a cargo de Don Roberto TES no se vaya a pretender pagar las cuentas de una fiesta de nuevo gasto público.
Bogotá, D. C, septiembre 16, 2019
*Abogado y Economista. Exministro de Estado.
Por Yazmer Ramos García.- Nuestra Constitución Política incluye varias disposiciones que incorporan el derecho a la igualdad entre hombres y mujeres en todos los ámbitos de la vida y la obligación estatal de promoverlo, de garantizar su efectividad y de adoptar medidas a favor de grupos discriminados. Uno de los ámbitos dónde se aplica este derecho es la política y los cargos de elección popular. Así, el artículo 2° establece que uno de los fines esenciales del Estado es “facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación”.
El artículo 13° desarrolla el derecho a la igualdad entre todas las personas sin ningún tipo de discriminación por razones de sexo y ordena al Estado promover las condiciones para que la igualdad sea efectiva y adoptar medidas a favor de grupos marginados. El artículo 40 indica que todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación del poder político y que una de las formas de hacerlo es siendo elegido y accediendo al desempeño de funciones y cargos públicos, y de manera específica indica que “las autoridades garantizarán la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios de la administración pública”.
Finalmente, el artículo 43° señala que “la mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades. La mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación”. Adicionalmente y en virtud de modificaciones realizadas por los Actos Legislativos 01 de 2003 y 01 de 2009 al régimen electoral y el sistema de partidos, el artículo 107 establece que uno de los principios que determina la organización y funcionamiento de los partidos y movimientos políticos es la equidad de género.
Adicionalmente, existen una serie de normas incluidas en diversos instrumentos universales y regionales del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que forman parte del bloque de constitucionalidad y que establecen obligaciones en cabeza de los Estados para promover la igualdad y no discriminación de las mujeres en escenarios políticos, adoptar medidas especiales de carácter temporal, y señalan el derecho de las mujeres a acceder a las funciones públicas y a participar en la vida política y pública.
La prevalencia de la figura del voto preferente, así como, la inexistencia de un mandato de posición o alternancia, han generado la aparición de candidaturas femeninas de “relleno” que son utilizadas por los partidos y movimientos políticos como mecanismo para cumplir con el requisito legal pero que en la práctica no tienen mayores opciones de éxito electoral (Cardozo & Quintero, 2013). Para que la prohibición de la figura del voto preferente genere un impacto positivo y verificable en materia de participación femenina, es necesario que se incluya la obligatoriedad de un mandato de posición.
La literatura comparada sobre la elección de mujeres y las leyes de cuotas, ha insistido en afirmar que uno de los factores que explican la diferencia de aplicación de esta medida entre unos países y otros es el “mandato de posición o de colocación” (también llamadas cuotas obligatorias, por oposición a las cuotas indicativas), es decir, el requerimiento de la cuota especificando los lugares dónde deben ser nominadas las cándidas femeninas. La finalidad de esta exigencia es obstaculizar que los partidos ubiquen a las candidatas femeninas al final de la lista, en lugares simbólicos, las “amontonen”, o las sitúen en lugares donde no tienen la posibilidad real de resultar elegidas. De esta manera, para que una ley de cuotas resulte efectiva, deberán incluir, entre otros elementos, un mandato de posición que precise el lugar que las mujeres han de ocupar en la lista. Aunque realizar un análisis de la ubicación de las mujeres en las listas no pareciera ser pertinente por las características del sistema electoral colombiano y la vigencia de la figura del voto preferente opcional (lista cerrada no bloqueada), si se tiene en cuenta la preponderancia de ciertos imaginarios electorales y las dificultades en los procesos pedagógicos de las diferentes reformas al sistema electoral y de partidos, se encuentra que el lugar de la lista sigue teniendo algún grado de relevancia en el electorado y en las organizaciones partidistas.
Durante la ola de la democratización en América Latina y Centroamérica se contrapuso el ambiente de desconfianza hacia las acciones afirmativas, con el fuerte impulso de los movimientos sociales y políticos de mujeres de la región, que, con el apoyo de los organismos de la cooperación internacional, trabajaron por posicionar el tema de la equidad de género en la agenda pública. Fue en ese contexto en donde se dio el paso discursivo y práctico entre las acciones afirmativas o medidas preferenciales y la búsqueda de la paridad, que ya no suponía una ley temporal como en el caso de las primeras, sino un cambio de paradigma basado en el concepto de igualdad de oportunidades: “(…) mientras las cuotas son consideradas medidas correctivas, la paridad es entendida como una medida definitiva orientada a extender el derecho a la igualdad tanto de hombres como de mujer
El 27 de octubre todos los colombianos podrán acudir a las urnas para elegir a los próximos alcaldes, gobernadores, diputados, concejales y miembros de las juntas administradoras locales, para el periodo 2020 – 2023. En todo el país se elegirán 1.101 alcaldes, 32 gobernadores, 1.101 concejos municipales, 32 asambleas departamentales y 1.040 juntas administradoras locales. En total se realizarán 3.306 elecciones de Autoridades Locales.
En el desarrollo de esta elección se elegirán 32 cargos para gobernaciones, 1.101 alcaldes, 12.063 concejales, 418 diputados y 6.814 ediles. 5.187 candidatos se inscribieron para participar por alcaldías, 3.583 para las asambleas departamentales, 95.487 para concejos municipales, 176 para gobernador Del total de las inscripciones 176 candidatos aspiran a la gobernación, 5.187 candidatos para alcaldías, 3.583 candidatos para asambleas, 95.487 candidatos a concejos municipales y 13.389 candidatos a Juntas Administradoras Locales. 3.571 modificaciones fueron realizadas por los partidos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos. 13 modificaciones en las inscripciones para la alcaldía, 145 en las listas a las asambleas departamentales, 2.950 en las listas a los concejos municipales.
Esperamos positivos resultados para estas próximas elecciones de las mujeres inscritas a participar como candidatas demostrándose la profundización de la Democracia y se amplié la participación Política, que puedan superar las barreras que encuentran para seguir la carrera Política, que van desde el conflicto que supone conciliar la vida Pública con la vida personal y familiar, los altos costos personales que implican para llevar una vida pública; hasta el desencanto profundo, ya sea de ellas con las prácticas políticas o de su electorado con ellas, al no encontrar formas de hacer política distintas a la reproducción de las ya conocidas y rechazadas practicas clientelistas.
Sin embargo, para conocer la efectividad electoral de las mujeres , determinar y conocer el éxito electoral de las mujeres, más allá del simple cálculo del porcentaje que representan las elegidas del total de posiciones a elegir, es establecer qué porcentaje de las candidatas resultan elegidas frente a los candidatos que son elegidos, desafortunadamente, los logros no han sido tantos para afirmar la igualdad de oportunidades y de ejercicio de derechos entre hombres y mujeres , por ello se requiere seguir transitando el camino del cambio culturar que lleve a la real inclusión de las mujeres en igualdad de condiciones, oportunidades y un no rotundo a la práctica de que solo se necesitan las mujeres para relleno de las listas y cumplir con la ley de cuotas.
Barranquilla, 16 de septiembre de 2019
*Abogada y Magister en Ciencias Políticas.
Por Jorge Enrique Robledo*.- Iván Duque no debió nombrar a Marta Lucía Ramírez como jefa de la poderosa Comisión de Infraestructura, que la convirtió en nada menos que “la superior funcional” de ese sector y el de transporte (Decreto 1714/18)o ella ha debido declararse impedida para actuar en las ocho concesiones viales de Luis Carlos Sarmiento Angulo, empezando por la carretera al Llano y el puente de Chirajara. Porque el artículo 11 de la Ley 1437 de 2011 –norma anticorrupción diseñada para resolver conflictos de intereses– determina que, por razones de parentesco, odio o amistad, los servidores públicos no podemos decidir, y ni siquiera participar, en ciertos asuntos de otras personas o empresas. Es común ver a los congresistas declarándonos impedidos en el trámite de leyes.
En entrevista en Blu ( bit.ly/2klnGDm ), Marta Lucía Ramírez defendió muy mal su conducta. Luego de reconocer que Sarmiento Angulo sí fue su jefe y “he tenido amistad” con él, agregó que eso “no es ningún delito”, frase astuta porque nadie ha dicho que lo sea. Lo que sí dijimos es que viola la Ley 1437 al participar en decisiones que atañen a su amigo y favorecedor de toda la vida, con quien debe de tener sentimientos de enorme gratitud y cariño, además de negocios comunes, como se verá, que le impiden actuar con la debida objetividad e imparcialidad que se les exige a los funcionarios púhttp://bit.ly/2klnGDmblicos.
Luego de reconocer que asistió a una reunión con los banqueros para tratar con ellos el regalo de 1,2 billones de pesos de recursos públicos, ¡incluidos 600 mil millones para los bancos de Sarmiento Angulo!, Ramírez se exculpó diciendo que “yo no tengo ninguna facultad de decisión”, frase que también busca engañar. Porque el impedimento le prohíbe decidir y además actuar y participar. Y porque si bien formalmente el poder de decisión lo tenían el director de la ANI, los ministros de Transporte y Hacienda y hasta los árbitros del Tribunal de Arbitramento, ella, por razones políticas y legales, por ser la jefa de la Comisión de Infraestructura, tenía y tiene un enorme poder a la hora de decidir. Negarlo constituye un fraude y es otra razón por la que debe renunciar a meter mano en los negocios de Sarmiento Angulo, indiscutible pilar de su éxito personal.
En la entrevista, Ramírez también descalifica la plata de Odebrecht –pero solo la de esa empresa– a la campaña de Santos 2014 –y no a la de Zuluaga–, crítica que evidencia su falta de imparcialidad sobre Sarmiento Angulo, pues ella tiene que saber que van cuatro decisiones de autoridades judiciales y administrativas señalando que el Grupo Aval no fue víctima de Odebrecht sino su compañero de ilegalidades, así la Fiscalía no las investigue.
Son las décadas de negocios y estrechas relaciones entre Marta Lucía Ramírez y Sarmiento Angulo la base de su inhabilidad, según la Ley 1437. Porque ella fue directora de la Anif, representante legal de la fundación LCSA, asesora jurídica del banquero, consultora de los bancos de Occidente y Bogotá y miembro de la Junta directiva de este último, es decir, del curubito del poder financiero de Sarmiento. Se sabe también que los créditos del Grupo Aval para sus campañas presidenciales –incluida la de Duque– ascendieron a 17.169 millones de pesos y que Hitos Urbanos SAS, la firma de su esposo, Álvaro Rincón, aparece con créditos con el Banco de Bogotá –2016 y 2017– por 4.884 millones de pesos.
Hitos Urbanos se ufana además de tener entre sus éxitos empresariales a Edificio 13-35, sede de las oficinas corporativas del Banco de Bogotá. ¿Quiénes son los socios de Rincón en dicha empresa, de la que posee apenas el 37 por ciento de las acciones? ¿Y con quién tiene Hitos deudas tan altas que equivalen al 90 por ciento de sus activos? Tanto le debe Ramírez a Sarmiento que ella dice que diseñó el Ministerio de Comercio “aplicando todo lo que había aprendido con LCSA en cuanto a calidad, competencia, la gente más capacitada”.
Ante la renuencia de Marta Lucía a declararse impedida con Sarmiento Angulo –imitando al Fiscal Martínez–, cabe preguntarse: ¿por qué actúa así? ¿Nadie más está capacitado para hacer lo que ella hace, técnicamente y legalmente, digo? ¿No tendrá esta llamativa renuencia que ver con que Duque además le entregó, como cuotas suyas y en combo, el ministerio de Transporte y la Agencia Jurídica de Defensa del Estado? Más razones para exigirle que se declare impedida en los negocios de su gran amigo y socio de Odebrecht.
Coletilla: en el cuarto debate sobre Odebrecht se mostró a Juan Manuel Santos y a Iván Duque sirviéndole en llave a Sarmiento Angulo. En 2017 coincidieron en impedir que se le caducara el contrato a Ruta del Sol 2 (Odebrecht-Aval) y en 2017 aprobaron juntos la Ley 1882, la cual creo la posibilidad jurídica de regalarles a los banqueros del Grupo Aval 600 mil millones de pesos, intentona que llevó a una moción de censura a la ministra del Transporte.
Bogotá, 15 de septiembre de 2019.
*Senador del Polo Democrático Alternativo.
@JERobledo
Por Mauricio Cabrera Galvis*.- Si la filantropía se define como las acciones realizadas por amor a la humanidad y por el bienestar de la comunidad, la Fundación de Bill y Melinda Gates (BMG) es uno de los casos más extraordinarios de esta actividad que ojalá fuera replicado en muchas partes.
Bill Gates es conocido por ser el fundador de Microsoft y una de las personas más ricas del mundo, pero es menos conocido que desde el 2008 dejó su trabajo cotidiano en esa empresa para dedicarse a trabajar en una fundación que su padre había creado en los años 90 y que después fue transformada con su propio nombre y el de su esposa. Ella, Melinda, es una ingeniera que también trabajaba en Microsoft de donde se retiró para dedicarse a sus hijos y, cuando ya crecieron, a trabajar de tiempo completo en la Fundación.
Dos son los aspectos más sorprendentes de esta Fundación: uno el tamaño de su patrimonio y, por lo tanto, el valor y el alcance de las obras que realiza, y dos sus objetivos y el enfoque empresarial con el que realiza sus actividades.
El año pasado la Fundación BMG financió programas por valor de USD 5.000 millones (más de $16 billones). Aportes de esta cuantía son posibles porque el patrimonio actual de la Fundación es de USD 48.000 millones y en estas dos décadas ha promovido programas y realizado donaciones por otros USD 50.000 millones. Para tener una referencia, la suma de estas dos cifras es superior al presupuesto nacional que se acaba de aprobar en el Congreso.
¿De dónde ha salido esa enorme cantidad de dinero? La mayoría de los aportes de los Gates, quienes han donado USD 36.000 millones, y de otro billonario filántropo, Warren Buffet, quién ha donado otros USD 30.000 millones. Ellos decidieron que no aspiraban a ser los más ricos del cementerio y se comprometieron a donar la mayor parte de sus fortunas mientras estuvieran vivos. Pero no para cualquier causa, sino para combatir la pobreza y la desigualdad en el mundo.
Interesante señalar que en el caso de los Gates, ellos mismos reconocen que el origen de esta decisión está en los valores cristianos en que fueron educados: “nuestras familias creían que si la vida lo ha bendecido, usted debe devolver esos regalos de la manera más sabia posible”. Muy diferente al enfoque de salvación individual y negocio de los pastores de muchas, no todas, de las llamadas iglesias que ahora pululan.
El otro aspecto distintivo de la Fundación BMG es el manejo empresarial y no asistencialista de sus programas y donaciones.
Es cierto que la mejor contribución que pueden hacer los billonarios del mundo para reducir la pobreza y la desigualdad es pagar los impuestos que les corresponden, pero mientras se logra que lo hagan, son necesarios filántropos como la Fundación BMG.
Bogotá, D. C, 15 de septiembre de 2019
*Filósofo, Economista y Consultor.
Por Amylkar D. Acosta M*.- El Presidente Iván Duque preocupado por el creciente desempleo, el lento crecimiento de la economía y la vulnerabilidad de esta frente al choque externo que significa el déficit en la cuenta corriente de la Balanza de pagos, según la OCDE, del 4.4% del PIB para el primer trimestre de este año y una tasa de cambio débil que se prolonga en el tiempo, convocó una cumbre con los empresarios del país. Al referirse a las criticas por los magros resultados de la reforma tributaria que disfrazaron de Ley de financiamiento dijo, al instalarla, que “esto no es, como algunos han tratado siempre de caricaturizar, que el Gobierno les da gabelas a los empresarios, no. Aquí no se les dan gabelas a los empresarios. Aquí se hace una apuesta por el crecimiento y la generación de empleo, a partir del más importante motor que puede tener una sociedad democrática, que son sus micro, pequeños, medianos y grandes empresarios”.
Y, al clausurar el evento, subrayó: “hoy se firman 12 pactos por el crecimiento y la generación de empleo, con más de 500 compromisos, y faltan muchos más. No son pactos de lugares comunes, sino medidas concretas, sector por sector, con dos grandes objetivos: crece más el sector y generar más puestos de trabajo”. Se espera que con estos 12 pactos y 500 compromisos (¡!) que la economía crezca por encima del 5%, se generen 866 mil empleos en los próximos 3 años, que los 45 gremios firmantes generen $6.2 billones adicionales de inversión, al pasar de la cifra de $41.3 billones del período entre 2014 – 2018 a $47.6 billones de aquí al 2022. Crecimiento de las exportaciones en US $3.576 millones (unos $12.1 billones, aproximadamente). Y en materia de producción de los sectores por ellos representados, se comprometieron prácticamente a duplicarla, pasando de $15.8 billones en 2018 a $29.2 billones (¡!). Habrá que esperar que tan importantes compromisos se cumplan, no vaya a ser que se esté pensando con el deseo y la declaración suscrita no pase de ser un catálogo de buenas intenciones.
A todas estas, el Ministro Carrasquilla ha descartado una nueva reforma tributaria para poder cumplir con la Regla fiscal; es más, recientemente hasta descartó que por lo pronto tenga que apelar a la privatización de activos del Estado, como lo había anunciado, porque dice él “no necesitamos vender activos este año. La situación fiscal está completamente bajo control y en junio tenemos un superávit primario bastante importante y la mejor dinámica fiscal que hemos visto en muchos años". Por su parte el Director de la DIAN José Andrés Romero manifestó, refiriéndose al comportamiento del recaudo de impuestos, que “las metas de recaudo, al igual que las expectativas, se han venido cumpliendo. Eso ayuda a dar la tranquilidad de que no tenemos que salir corriendo a vender compañías como Ecopetrol o ISA porque tenemos una administración tributaria que es eficiente”. Cabe preguntarse si la eficiencia de la administración tributaria, de la que se vanagloria el Director de la DIAN, será suficiente para arbitrar los $8 billones que hacen falta para balancear el Presupuesto.
El contraste no puede ser mayor entre la euforia del Ministro y del Director de la DIAN y la opinión informada de Johns Hopkins en el sentido que “los nuevos logros (en materia fiscal) se esconden detrás de cambios en la forma de medir el déficit que han puesto en duda la confianza en esas cuentas. Si midiéramos el déficit de este año con la misma métrica del pasado lo más probable es que haya crecido”. Se refiere él a los malabares que viene haciendo el Ministro Carrasquilla y los subterfugios a los que viene recurriendo para hurtarle el cuerpo a la Regla fiscal. Y va más lejos Hopkins al advertir que “la posibilidad de que las calificadoras de riesgo terminen bajando nuestra nota, poniendo en riesgo el grado de inversión es, paradójicamente, mucho más alta ahora que hace un año”. Amanecerá y veremos!
Bogotá, septiembre 13 de 2019
*Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía.
www.amylkaracosta.net
Por: José Félix Lafaurie Rivera*.- El país esperaba sindéresis por parte del Consejo de Estado frente a la solicitud de dar vía libre, ni siquiera al fracking, como pregonan los ambientalistas, sino a una reglamentación provisional que, además, permitía desarrollar los “pilotos” recomendados por la comisión de expertos.
Sin embargo, los magistrados, que al parecer saben más que los expertos, le dieron un portazo a la posibilidad de los pilotos, recomendados para establecer los riesgos, definir medidas de mitigación, normativas técnicas y el fortalecimiento institucional para un manejo controlado.
Aún no hay pronunciamiento de fondo, pero es mala señal que el Consejo haya dejado en firme la suspensión de los actos administrativos que reglamentaban el fracking provisionalmente. De confirmarse esa posición, el país estaría condenado a ser inviable económicamente en el mediano plazo, pues las reservas con explotación convencional alcanzan para seis años de crudo y diez de gas. Después…, a importar.
El país no se imagina ese escenario. Dejaría de recibir 20 billones de pesos en divisas y las reservas se consumirían en el pago de las importaciones petroleras. Después… el caos. El Gobierno dejaría de recibir 10 billones en impuestos y las regalías serían algo del pasado. Se estancarían las obras públicas y el empleo, y ni hablar de proyectos sociales, entre ellos la implementación del Acuerdo, que nació desfinanciada, como toda promesa populista.
Colombia perdería credibilidad y competitividad, y la inversión extranjera caería dramáticamente. Las costosas importaciones afectarían primero el transporte y los alimentos, jalonando la economía hacia la inflación desbordada y la derrota en la lucha contra la pobreza. ¿Quién responderá cuando eso suceda?, ¿acaso el Consejo de Estado?
Nos enfrentamos a una justicia que parece vivir en un país diferente al que a pulso construimos todos los colombianos. Los casos asombran: desde el “cartel de la toga”, la “volada” de Santrich, la impunidad de la JEP y las libertades por vencimiento de términos, hasta los jueces que, sin mayores argumentos técnicos –pero sí muchos políticos–, le dan vía libre al microtráfico en las ciudades, bloquean la erradicación de cultivos ilícitos –la maldición de Colombia–, detienen megaproyectos como la Carrera Séptima en Bogotá, echando por la borda millonarios recursos, aprueban inverosímiles tutelas para garantizar los más extraños e insólitos “derechos” en materia de salud, que tienen colapsadas a las EPS, y ahoraempujan al país por el camino de la quiebra.
Es el gobierno de los jueces, ciegos a la realidad del desarrollo sostenible del fracking, que es posible y al que le apuestan Canadá, Estados Unidos, Australia y el Reino Unido, entre otros. Es la coadministración desde la justicia, herencia de la Constitución del 91, que decide lo que se hace y no se hace, al vaivén de corrientes de opinión que se manipulan sin escrúpulos en las redes, vendidas como lo “políticamente correcto” y como la “nueva democracia”. Es el gobierno de jueces sin el mandato ni la responsabilidad del gobernante.
Hay que diversificar exportaciones, ¡claro!; y también la canasta energética, ¡claro!; y hay que acelerar la reconversión del transporte hacia energías más limpias, ¡claro!, pero mientras tanto es irresponsable cerrarle la puerta a la autosuficiencia petrolera con la precaución recomendada por los expertos, pues el petróleo seguirá necesitándose. No solo es una talanquera al progreso del país, sino un suicidio económico, patrocinado, como siempre, por la izquierda, que extiende su mano populista a incautos ambientalistas que sueñan un mejor país, pero a espaldas de la realidad.
Bogotá, D. C, 14 de septiembre de 2019
*Presidente de FEDEGAN
@jflafaurie
Por Lorena Rubiano*.-“Jamás penséis que una guerra, por necesaria o justificada que parezca, deja de ser un crimen".Hernest Hemingway.
Señor Presidente Duque, señora vicepresidenta, Martha Lucía Ramírez; señor Canciller Carlos Holmes Trujillo: la mayoría de los colombianos no queremos una guerra con Venezuela. No nos lleven a una confrontación que no es nuestra. Los que no nos podemos ir para Miami, vamos a poner los muertos de un conflicto que nos están creando y que cada día lo vemos más cerca.
No es cierto que estemos preparados, nuestro pueblo no está preparado para ninguna guerra, o dónde están los refugios antiaéreos en Bogotá y otras ciudades, los centros de acopio, las alarmas para advertir de un ataque inminente, los misiles y demás armas de guerra. Mientras llega la ayuda internacional ya habremos perdido la guerra y desaparecidos centenares de compatriotas.
Sensatez señores gobernantes. Eso es lo que pedimos, nada de acaloramientos ni respuestas belicosas. Todos podremos saber cuándo y dónde empieza una guerra pero no donde termina.
La posibilidad no es remota porque pareciera que ambos gobiernos necesitan del conflicto Maduro para sostenerse y Colombia para satisfacer presiones extranjeras.
La situación es explosiva, es de gravedad, es de tener los pies sobre la tierra y no discursos belicosos, el hecho de que los países del acuerdo Tiar nos respalden, no quiere decir que estemos a salvo de una guerra, ellos no van a enviar sus soldados a defendernos mientras el pueblo derrama su sangre.
Venezuela debe resolver sus problemas sola, en su soberanía, nosotros no podemos imponer allá nuestros criterios.
No es sensato desestimar la capacidad militar del vecino y hermano país, ni de hacer retos, ni amenazar cuando la realidad y capacidades son otras.
El Presidente Maduro y sus militares tienen toda la información de nuestros puntos claves y débiles que no son muchos, pero que acabarían con nuestra capacidad económica y militar.
¿Y cuántas vidas humanas se pueden perder? ¿Quién responde por eso? ¿La comunidad Internacional? La misma que nos ofreció ayuda para atender a los queridos hermanos venezolanos y no aparecen con nada. Nos dejaron solos en esa atención humanitaria.
No caen en cuenta los guerreristas colombianos que Venezuela tiene cerca de dos millones de milicianos armados. ¿Cuándo terminaría de matarlos para tomarse el poder, años de confrontación? No quiero ser dramática con este tema pero si advertir sobre el peligro en el que estamos. Frente a una posible guerra, que insisto no es nuestra, y que no debemos apoyar. Que los que quieren tumbar a Maduro que vayan solos y lo hagan.
¿Y la ayuda internacional? ¿Cuánto se demora un permiso en el Congreso para autorizar el tránsito de tropas por nuestro territorio? ¿Y cuánto se demora un avión venezolano en bombardearnos?
NO con nuestros campesinos, soldados y policías. Ambas naciones y nosotros sus ciudadanos, debemos saber que es suicida, irnos a una confrontación.
Definitivamente sería una confrontación, puede ser que no una guerra, pero ambas posibilidades sin sentido, sin razón alguna, y sin sentido lógico. Una guerra absurda e irracional.
Bogotá, D. C, Septiembre 13, 2019
Por Gabriel Ortiz*.- En 50 días conoceremos los ganadores y perdedores en las elecciones para gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles, y como van las cosas, no sabemos si serán en paz o en guerra y si serán ellas o criminales, quienes impongan limpiamente las mayorías.
Hay, según la ministra Gutierrez, 130 municipios en ¨alerta roja¨, es decir al borde del abismo en materia de orden público. Zonas difíciles de controlar por parte del Estado. Esta sombra que se extiende por amplias regiones pone a pensar a muchos habitantes sobre lo que ocurrirá en las elecciones del 27 de octubre. Hay mafias de narcotraficantes, de políticos y redes de contratistas que quieren afianzarse en sus feudos. Existen invasores de tierras, dueños de siembras ilícitas y minería ilegal, disidencias de la guerrilla, enemigos de la paz y de los acuerdos de La Habana, que torpedean el proceso electoral.
La Fundación Pares denunció la existencia de políticos que ¨están pagando a criminales para que maten a sus competidores¨. Ariel Ávila, director de ese organismo reveló la soledad en que dejó la empresa privada a los políticos. Desde Odebrech, pocos aportan dinero a las campañas. Han dejado a gran parte de los candidatos en brazos de los ilegales, el narcotráfico y la delincuencia. Ávila advirtió: ¨si el riesgo es alto para un candidato, se registra el asesinato del contrario¨. Increíble: dio a conocer la devaluación del precio del voto. En Cordoba, por ejemplo, hace 4 años un sufragio valía 140 mil pesos, hoy 50 mil.
El senador Luis Fernando Velasco, reveló cómo en el Cauca, su departamento y otras regiones, se falsifican carteles y volantes de los candidatos por parte de sus adversarios, para ponerlos en alto riesgo. A uno de ellos, le inventaron una carta en la que decía públicamente que la única opción era la fumigación del aérea para acabar con la coca. Ese término ¨fumigación¨, es explosivo en muchas zonas del país, por lo que representa para la salud, la vida y la tranquilidad.
A todo lo anterior se suman los mensajes de odio y polarización; la violación de las normas electorales, como adelantarse a las fechas fijadas para recoger firmas, iniciar campañas y propaganda antes de tiempo.
A través de la televisión el país entero vio con estupor cómo el expresidente Uribe utilizó para hacer política uno de los foros que realiza semanalmente el jefe del Estado. El Senador quería sentar su enérgica protesta por el asesinato de uno de sus candidatos. Era válido que lo hiciera, pero no en un acto oficial del Presidente Duque. Mucho menos para, de paso, lanzar arengas eminentemente políticas, fervientemente aplaudidas por sus súbditos.
Estos son apenas algunos dramáticos casos que llaman a la reflexión, porque los ciudadanos esperan unos comicios diáfanos, imparciales, claros y en paz. Solo así se Construye País.
BLANCO: El duro golpe a las aseguradoras con la reforma a la Contraloría.
NEGRO: Peñalosa insistirá en destruir la reserva Van der Hammen.
Bogotá, D. C, 13 de septiembre de 2019
*Exdirector del Noticiero Nacional y de Notisuper.
Por José G. Hernández*.-De acuerdo con el artículo 23 de la Constitución, "toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales".
Y, si de ello se trata, el de petición es, en una democracia, un derecho fundamental de primer orden, y el primero que está obligado a respetarlo y a hacerlo respetar es el Estado.
Por contrapartida -claro está- , ello implica obligaciones y cargas en cabeza de las autoridades públicas, de los servidores públicos y de las organizaciones particulares ante quienes, al tenor de la norma constitucional y según la ley, pueden acudir las personas con el objeto de presentar las solicitudes que deben ser respondidas de manera pronta y responsable.
En cuanto derecho de contenido democrático, el aludido derecho no puede ser restringido en su ejercicio, mientras las peticiones sean respetuosas, como lo exige la propia Carta Política.
Como dice la Ley Estatutaria 1755 de 2015, mediante él se podrá solicitar: "...el reconocimiento de un derecho, la intervención de una entidad o funcionario, la resolución de una situación jurídica, la prestación de un servicio, requerir información, consultar, examinar y requerir copias de documentos, formular consultas, quejas, denuncias y reclamos e interponer recursos".
Infortunadamente, como ha venido pasando también con la acción pública de inconstitucionalidad ( dadas las excluyentes y artificiales exigencias de forma que han agregado los magistrados de la Corte), y con la acción de tutela (en virtud de pretextos orientados a negar la protección), las normas estatutarias -previstas para facilitar el derecho de petición- son mal interpretadas y distorsionadas por entidades y funcionarios, con el fin de establecer talanqueras y dificultades ilegales, complicando su trámite y convirtiendo algo tan sencillo como resolver sobre las peticiones en interminables y prolongados "procesos" que en la práctica hacen inútil tan valioso instrumento de defensa de los derechos individuales y colectivos.
Así, por ejemplo, la posibilidad de usar formatos o formularios -que la norma legal dice que busca facilitar las peticiones- se convierten en realidad (contra la Constitución) en barreras infranqueables para formular peticiones. Lo propio pasa con la presentación de los documentos anexos, y con los casos en que se permite avisar al peticionario que se requiere un tiempo adicional para responder. Hay casos en que el ciudadano nunca logra completar los requisitos –muchas veces absurdos- que les exige la correspondiente entidad pública.
Es necesario que la Procuraduría y las personerías, así como los jueces de tutela -ante quienes pueden acudir los ciudadanos- vigilen mejor los trámites que se han venido añadiendo contra la Constitución y en detrimento del derecho fundamental; que exijan resolver de fondo, motivar las respuestas y contestar oportunamente (sin mayores complicaciones), y que el Ministerio Público imponga las sanciones que merezcan los funcionarios transgresores.
Es necesario hacer que los derechos fundamentales se respeten. Allí radica la verdadera paz.
Bogotá, D. C, Septiembre 11, 2019
*Expresidente de la Corte Constitucional.
Por Clara López*.- La ofensiva contra el pluralismo está en pleno desarrollo y con ella se abre paso la confección de una historia oficial, el silencio de la crítica y la invisibilización de la diferencia. La sociedad y la justicia deben actuar antes de que sea demasiado tarde.
Escribe Madeleine Albright[1] que el paso al autoritarismo es lento e imperceptible. Consiste en un cúmulo de hechos que individualmente considerados no revisten el peso específico para descarrilar la democracia, pero que en conjunto acaban por hacerla irreconocible. Esa voz de alerta referida a países como Turquía, Hungría e incluso los Estados Unidos, merece ser considerada a la luz de lo que viene sucediendo en Colombia. La responsabilidad de cuidar la democracia atañe a todos, a la sociedad civil, a la empresa privada, al movimiento social, a la academia y desde luego a los gobiernos y empieza por proteger el derecho a la libre expresión, al libre examen, a la crítica del poder y a la escogencia entre distintas opciones e ideas.
Son varios los episodios que llaman a esta reflexión. Al comienzo del Gobierno Duque se nombraron personas con posiciones contrarias a la objetividad que requiere la dirección académica del Centro Nacional de Memoria Histórica. En un país que busca superar un conflicto armado de sesenta años, quién y cómo se maneja el tema de la memoria histórica es fundamental para garantizar la pluralidad de lecturas de cara a la construcción de una democracia robusta y de calidad.
En esta misma línea se ubica la directriz emitida por el comandante del Ejército, Nicacio Martínez, que busca unificar el relato de la fuerza pública para las comparecencias de sus integrantes ante la Comisión de la Verdad y la JEP; o la polémica versión de la “Seguridad Democrática” del expresidente Álvaro Uribe en un texto escolar para quinto de primaria de la editorial Santillana que apela más a la propaganda que al libre examen.
También se han registrado decisiones oficiales orientadas a suprimir el pluralismo en otras esferas. La embajadora en Italia y Grecia, Gloria Isabel Ramírez, retiró el apoyo de Colombia al Festival de Literatura en Atenas, “por encontrarlo fuera de las líneas de pertinencia”, al haber invitado el año anterior a escritores críticos del actual Gobierno, según informó una funcionaria de la embajada.
En el Ministerio de Justicia se presentó otro incidente. El catedrático Ricardo Posada Maya presentó su renuncia a la Comisión Asesora de Política Criminal después de “reflexionar profundamente sobre la independencia académica de la comisión". El ministerio se había rehusado a divulgar el documento de los expertos con la posición adversa a la cadena perpetua.
Más publicitada ha sido la “jugadita” del senador Macías en la instalación del Congreso el 20 de julio con la que pretendió impedir el ejercicio del derecho de réplica de la oposición al Gobierno. Más grave aún, su reiteración por parte del primer mandatario, quien ha optado por emitir sus alocuciones a través de las redes sociales que no usan el espectro electromagnético para que los medios de comunicación no tengan la obligación legal de transmitir las réplicas de la oposición.
Los casos más graves por su sensibilidad frente a la libertad de expresión tocan a los medios de comunicación. La empresa PRISA, dueña de Caracol Radio, ordenó sacar del espacio noticioso a connotados columnistas que analizaban semanalmente los acontecimientos y Noticias UNO anunció que el Canal UNO sacará este noticiero del aire por no ser rentable.
Todo lo anterior se da en el contexto de la intimidación armada y el asesinato de más de 450 líderes sociales y políticos y 150 reincorporados de las Farc cuyo denominador común es pensar diferente en materia de sustitución de cultivos de uso ilícito, restitución de tierras, derechos humanos y corrupción.
Este patrón de acontecimientos indica que la libertad de expresión está siendo erosionada de manera grave y en casos aniquilada. La ofensiva contra el pluralismo está en pleno desarrollo y con ella se abre paso la confección de una historia oficial, el silencio de la crítica y a la invisibilización de la diferencia. La sociedad y la justicia deben actuar antes de que sea demasiado tarde. ¡SOS! ¡En Colombia se asfixia el pluralismo y con ello la democracia!
Bogotá, D. C, 12 de septiembre de 2019
*Exalcaldesa de Bogotá, Exministra de Trabajo.
