Opinión
Por Mons Luis Adriano Piedrahita Sandoval*.- El próximo 27 de octubre se celebrará una nueva jornada electoral en Colombia que, como todas las acciones de esta naturaleza, reviste una especial importancia. Al elegir a nuestros gobernantes en las alcaldías y gobernaciones, y a quienes nos representaran en las asambleas departamentales, concejos municipales y miembros de las juntas administradoras locales, los ciudadanos nos hacemos responsables y partícipes o no de la marcha que emprenda nuestra región hacia el desarrollo y la reconciliación que se generan ante todo desde el territorio.
Siempre Colombia necesita del aporte de todos por medio del ejercicio democrático del sufragio, pues a pesar de las limitaciones que pueda tener el sistema, éste sigue siendo por ahora el modo legal para conocer el parecer de los ciudadanos. Por eso es un deber de gran importancia el acercarse a votar, pues, de lo contrario, no habría lugar a quejarse de gobernantes o servidores públicos que otros eligieron.
Es sano, pues, comprometernos todos a votar con la debida libertad y rectitud de conciencia, reflexionando lo que se hace, no presionados por otros ni por intereses egoístas que pueden ser dañosos a la sociedad, con conocimiento y discernimiento de los programas y de las personas de los candidatos, de tal manera que sean elegidos los más idóneos y capaces, personas que piensen en el bienestar de todos por encima de su interés particular, alejadas de toda clase de corrupción, y que brinden las necesarias garantías de probidad moral, de honestidad y de transparencia en el ejercicio de sus funciones.
La política es una tarea honrosa que busca el bien común de la sociedad, y quien se dedica a ella ha de interesarse en verdad por ser un servidor público y no servirse de su cargo o de su rango. En el ejercicio de la política, y hoy particularmente, se necesitan ciudadanos que amen a su patria, que pongan medios concretos para dejarle a las siguientes generaciones un país mejor que el que encontraron, y que tengan la decisión de combatir las causas estructurales que dan origen a las múltiples formas de inequidad, subdesarrollo, corrupción y violencia que, entre otros males, padece nuestra nación.
Conscientes de la existencia de una “anticultura política” caracterizada por arraigados y variados vicios electorales, hemos de reconocer el altísimo valor ético que posee la política en sí misma. Tales vicios desaparecerán en el momento en que los candidatos y quienes los respaldan asumen la grandeza de lo que implica el servicio al pueblo que les permite llegar a tener las aspiraciones que ahora tienen.
Al próximo gobernador de nuestro departamento del Magdalena, al alcalde de Santa Marta y a los alcaldes de los demás municipios, diputados, concejales y ediles, que serán elegidos, la comunidad entera les reclama no defraudar al pueblo que confía en ustedes.
+ Luis Adriano Piedrahita Sandoval
Obispo de Santa Marta
Por Gabriel Ortiz*.- El presidente Duque nunca pensó que la semana del 22 fuera la más ardua y espinosa desde que asumió el poder y, mucho menos, que se convertiría en el “palo en la rueda”, para su anhelo guerrerista con los abominables y aviesos vecinos que tanto lo incomodan.
Consideró que su periplo iba a estar repleto de éxitos y conquistas. Se veía en medio de sobredosis de lisonjas de Trump y sus allegados. Llevaba nada más y nada menos que la “prueba reina” para “demostrar” las atrocidades de Maduro y sus secuaces contra Colombia y este continente. Esas que mantienen viva la llama de un conflicto armado, ante el apoyo de esa dictadura a las Farc y el ELN.
Duque ordenó a las Fuerzas Armadas la preparación de un dosier con “pruebas” irrefutables que pusieran al descubierto las andanzas de Maduro en esa dirección. Los Boteros y Nicacios que estuvieron en la jugada, reclamaron su autoría, entregaron la “obra maestra” al Presidente.
Todo era alborozo y “júbilo inmortal”. Se les hicieron largas las horas para depositar el documento ante las 200 naciones reunidas en la ONU. La delegación de Colombia en el recinto aplaudió fogosa el discurso y la entrega del dosier. Esa noche los delegados durmieron como lirones, mientras su Jefe, de reunión en reunión, repartía declaraciones.
En estos actos siempre hay un “aguafiestas”. Fue ese que espulgó el dosier y descubrió que varias fotos eran falsas, y aún no se sabe si algunos textos.
Los medios y quienes utilizan ilustraciones y escritos ajenos, se cuidan de dar el crédito correspondiente. Es usual superponer la palabra ”archivo”, para señalar que no son de su propiedad. Tremendo olvido y tremenda vergüenza por la que tuvo que atravesar el Presidente.
Como en el partido de gobierno es usual actuar con jugaditas, ganar elecciones con engaños y emberracadas, la cosa hubiera podido pasar inadvertida, pero fue tal la magnitud de las Fake Photos, que todo se salió de control.
Como suele suceder se ordenó investigar hasta sus últimas consecuencias la embarrada y fue cuando la cuerda se rompió por lo más delgado: el general Oswaldo Peña. Otros culpables, civiles y uniformados, permanecen agazapados, ampliando un dosier, que perdió toda importancia y que debería incinerarse con vergüenza y todo, para escapar al Oso internacional. Entre tano Maduro con toda su desfachatez, exhibe semejante trofeo y lo cobra internacionalmente.
Entre tanto, el Presidente Duque, antes y después del fiasco, tuvo oportunidad de hablar de la paz, pero para quitarle importancia. La paz es la paz. Cuando se le agrega algo, queda herida de muerte y Duque ahora la llama “Paz con Legalidad”, para restarle importancia a un proceso que nos dio un Nobel y que empezamos a disfrutar.
BLANCO: La verdad y la ética del periodismo que le merecieron el Premio Gabo a Jesús Abad.
NEGRO: Los colombianos empezamos a pagar el robo que los políticos costeños hicieron a la energía.
Bogotá, D. C, 4 de octubre de 2019
*Exdirector del Noticiero Nacional y de Notisuper
Por José G. Hernández*.- A propósito de marchas y reuniones públicas organizadas por distintos sectores para expresar disensos, reclamar derechos o criticar decisiones o políticas gubernamentales, reiteramos que el derecho a la protesta social es fundamental en una genuina democracia y está garantizado en las constituciones políticas y en los Tratados Internacionales. El principio democrático no se cumple si los gobernantes se empeñan en impedir, dificultar o sancionar a los ciudadanos por causa de su legítimo ejercicio.
Pero no se debe confundir el uso de ese derecho -derivado de la libertades de expresión individual y colectiva, de reunión y de oposición política, entre otras- con los desafueros propios de la violencia, el delito, la perturbación de la tranquilidad pública, el daño a personas, el ataque a bienes públicos o privados, la interrupción de servicios públicos, el sabotaje al transporte o el indebido bloqueo a la libre locomoción de la ciudadanía.
Según nuestra Constitución, el Estado debe brindar plena garantía a las diversas modalidades de protesta, mientras sean ejercidas de manera pacífica y respetuosa de los derechos individuales y colectivos, de la legalidad y del orden público. Por ello dice el artículo 37 de la Carta que “toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente” y que “sólo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho”. Al paso que el 95 señala que el ejercicio de las libertades y derechos reconocidos implica responsabilidades; que toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes y que el primero de los deberes de la persona y del ciudadano consiste en respetar los derechos ajenos y en no abusar de los propios.
Así que el derecho a la protesta no se confunde con su abuso, ni puede ser tomado como pretexto para cometer delitos, ni para afectar a la comunidad, ni para generar el caos.
Las autoridades -particularmente las policiales- tienen a su vez una función constitucional cuyo fin primordial es, en términos del artículo 218 constitucional, “el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz”. Luego deben velar por el mantenimiento del orden público y también por la garantía del mismo derecho a la protesta pacífica. Esa función la deben cumplir de manera razonable y proporcionada a su finalidad, sin uso excesivo o abusivo de la fuerza.
Bajo esa perspectiva constitucional debemos lamentar lo ocurrido en Bogotá el viernes último, cuando una protesta de estudiantes de universidades públicas y privadas, que se llevó durante varias horas de manera pacífica y respetuosa, culminó sin embargo con la actividad delictiva de grupos de infiltrados encapuchados que atacaron el edificio del Icetex, destrozaron bienes públicos y amenazaron a personas que se encontraban en su interior.
Sería injusto achacar la responsabilidad al conjunto de los estudiantes; impedir o prohibir futuras manifestaciones; dar pasó a que el Esmad ingrese violentamente en el territorio autónomo de las universidades, o pretender -como algunos quieren- que sean los estudiantes quienes cumplan la función propia de las autoridades y capturen a los infiltrados. Se requiere que unos y otros respeten el Derecho y la razón.
Bogotá, D. C, 3 de octubre de 2019
*Expresidente de la Corte Constitucional
Por Víctor G. Ricardo*.- Lo sucedido con el documento que entregó el presidente Iván Duque Márquez en la ciudad de Nueva York, ante la audiencia de Ministros de Relaciones Exteriores, embajadores y representantes del mundo en Naciones Unidas es imperdonable de quienes hicieron el informe y debieron revisarlo.
Se han demorado en el Gobierno en identificar a todo los responsables para imponer las consecuencias que merece tal situación, que no puede ser otra que la declaratoria de insubsistencia o la baja de quienes tenían la responsabilidad de preparar y revisar dicho documento.
¡Qué vergüenza para el Presidente de la República, su Canciller, el Embajador de Colombia ante las Naciones Unidas y para todos los colombianos!
No puede ser que el libro que contenía las pruebas de las acciones de la guerrilla y grupos al margen de la ley desde territorio venezolano haya contenido algunas fotografías que supuestamente habían sido tomadas en el país hermano y limítrofe, cuando la realidad indica que no era así y que por el contrario habían sido tomadas en territorio colombiano por fotógrafos de distintos medios de comunicación, agencias internacionales de prensa e incluso ONGs.
La visita del Presidente Duque terminó deslucida, lo pusieron a dar toda clase de explicaciones que conllevaron a que perdiera el efecto, su significado, su importancia y el protagonismo se lo llevara la necesidad de dar explicaciones para defender su credibilidad, la credibilidad que se esperaba de la visita e intentar prevenir que se pusiera en tela de juicio todo el contenido del documento presentado por él ante el foro más importante del mundo.
Es una especie de nuevo falso positivo, implica una gravedad infinita para la reputación del Presidente de Colombia y de su gobierno. Es muy grave que haya sucedido algo así y pone a nuestro mandatario en difícil situación para su credibilidad y respeto.
Esto no puede quedar así, es ‘urgente’ que se establezca la verdad de lo sucedido. No hay excusa válida para que esto hubiera ocurrido.
Si no hay responsables con la celeridad requerida, la credibilidad, confianza, respetabilidad de Colombia y su Presidente estarán gravemente heridas en la comunidad internacional. De cualquier forma, gran daño se ha hecho ya.
Mayor ridículo serie bastante difícil que hubiera podido vivir el señor Presidente de la República y todos los colombianos.
La experiencia vivida con este imperdonable e irresponsable error será difícil de superar.
El Gobierno, además de tomar las debidas correcciones, tiene que establecer un mecanismo que garantice que estos hechos no puedan volver a suceder.
Nota: Ya terminado y enviado este artículo da ha conocido la noticia que el Gobierno determinó darle de baja al General comandante de Inteligencia militar. La reflexión que uno se hace es si es el único responsable.
Bogotá, D. C, 3 de octubre de 2019
*Excomisionado de Paz
Por Guillermo García Realpe*.- A menos de un mes de las elecciones regionales en la que millones de colombianos elegirán a sus próximos gobernadores (as), alcaldes (as), diputados (as), concejales, el clima de violencia electoral no cesa. Cada vez más, escuchamos de candidatos asesinados, amenazados, desplazados, y muchos otros componentes como ataque a sedes políticas, daño a la publicidad de los candidatos, falsas noticias en redes sociales, en fin, un panorama muy desolador que empaña la fiesta democrática que se avecina.
Sobre este particular hay cifras muy serias de la Misión de observación Electoral –MOE-, la Fundación PARES y el mismo Ministerio de Defensa, todos coinciden en general. En el último año por ejemplo, entre líderes sociales, políticos, defensores de los derechos humanos, ha habido 364 casos victimizantes, como asesinatos, secuestros, amenazas, en fin y de estos, 180 casos están asociados al momento político, a la temporada electoral y de esos 364, ha habido 91 asesinatos de líderes en general, pero veinte asociados a la violencia electoral. Algo realmente impactante en un país que busca el camino a la reconciliación nacional.
De por sí Colombia es un país que tristemente ha transitado por la violencia desde hace décadas, los ríos de sangre no son nuevos, y parece que se resisten a desaparecer, somos un país acostumbrado a esos dolorosos episodios, parecemos adormecidos ante la muerte, la violencia y el sufrimiento de los demás, ya es momento de que despertemos de una buena vez y le ganemos la batalla a la violencia. Tenemos todos los potenciales para hacer de Colombia un gran país, tenemos dos océanos, tres cordilleras, infinidad de ríos, de especies, de biodiversidad, tenemos todos los pisos térmicos, todas las despensas agrícolas, tenemos talento humano, gente que brilla y triunfa en el exterior en nombre de nuestra patria tricolor, pero nos hace falta ser más humanos, más tolerantes, y sin eso, nunca podremos ser ese país que anhelamos.
Todos los odios entre unos y otros tienen que desaparecer, tenemos que abrazarnos todos como colombianos y empujar al país hacia adelante, sin rencores, sin violencia, sin egoísmos, pero cada uno de nosotros tiene que hacer ese propósito sea en el espacio que sea.
La verdad, es muy triste ver todos estos hechos de muerte sucedidos en las regiones, en la Colombia profunda, en la Colombia lejana, en el territorio y eso es lo que tenemos que procurar frenar entre todos nosotros, con la responsabilidad sobre todo en los pronunciamientos que hacemos, tan es así que, el Ministerio de Defensa, además de las estrategias con las respectivas entidades como, la Fuerza Pública, la UNP, además de los esquemas de protección, nos recomienda a la dirigencia nacional, acciones contra la estigmatización.
La estigmatización, la descalificación política y social, es uno de los elementos que inducen a la violencia política y electoral, y así lo manifiesta el propio gobierno y yo sí creó, y lo hemos dicho, un discurso en el Congreso descalificando, estigmatizando, unas palabras con ofensa en los debates políticos corresponden a disparos en la provincia, en las regiones, en la Colombia apartada, allá no se echan discursos, allá cuando a un determinado ciudadano que defiende unas ideas en una circunstancia de desmovilizado, de militante de un grupo político o defensor de los derechos humanos o del medio ambiente o de gente que lucha contra la minería ilegal, allá no le echan discursos, allá le echan bala.
Hay quienes construyen la política a partir del odio y del miedo, y el miedo se convierte en un factor de triunfo electoral, entonces por qué no dejar a un lado el lenguaje de odio, de violencia, de estigmatización. Debemos sobreponernos a todas estas amenazas que aún siguen latentes, especialmente en las regiones colombianas, y rodear a los candidatos y candidatas que le apuestan a una verdadera reconciliación y a trabajar por un país en paz.
La decisión de elegir bien a nuestros dirigentes está en nosotros, atrevámonos a cambiar esos estereotipos que sólo buscan el bien individual sobre el particular, la política es el arte de servir, no el arte de servirse de ella, ¡despertemos colombianos!
Bogotá, D. C. 1 de octubre de 2019
*Senador de la República
@GGarciaRealpe
Por Yazmer Ramos García*.- Afirma Maslow sobre la migración que el ser humano está objetivamente orientado hacia la búsqueda de metas y objetivos para la satisfacción de sus necesidades, tanto biológicas como cognitivas, y en los países expulsores, las condiciones para lograr esos objetivos están cortadas por la situación de crisis permanente y violencia perpetua. Además, atendiendo también a las argumentaciones de McClelland, estaremos nuevamente ante una situación en donde la emigración puede aparecer como una alternativa posible, dado que, según dicho autor, todas las necesidades son aprehendidas, hasta el punto de crear un ambiente propicio para modificar cualitativa y cuantitativamente la necesidad de logro y el nivel de aspiraciones.
No obstante, actualmente la migración tiene muchos espacios de partida, ya no solo se refiere a las relaciones entre países desarrollados y subdesarrollados a parte de las motivaciones económicas surgen otras, la realización de proyectos, el querer acceder a las situaciones que plantean los medios de comunicación sobre los países centrales, sistemas políticos no garantistas de los derechos humanos, violencia etcétera. Pero en la visión de la inmigración no suele existir el migrante fracasado. La implicación del proceso puede ser grupal o comunitaria pero también individualizada y familiar. Las dimensiones se han agrandado como una onda expansiva, ya no se busca solo la supervivencia sino la estabilidad.
En la sociedad occidental la Migración no ha evolucionado en muchos niveles con corresponsabilidad masculina en las tareas de género y parentesco hacia relaciones de igualdad, de forma casi mayoritaria son las mujeres las que establecen las relaciones con las instituciones educativas, de salud sociales y de bienestar. Las que enlazan las familias a los servicios e instituciones. Estas mujeres inmigrantes consiguen estar presentes en las relaciones institucionales, como una forma de presencia que se relacionaría con la ciudadanía de facto a través de su reconocimiento y legitimidad en el ámbito público.
Son las mujeres quienes gestionan su proyecto migratorio, pudiendo ser el motor económico, social y emocional de las familias, sobre ellas recae el proceso de socialización de los hijos y de la familia. Su papel central en la construcción y el mantenimiento de los valores, lazos afectivos, ideaciones y discursos de las nuevas y las viejas relaciones. Es crucial el papel que tienen las mujeres en cuanto al mantenimiento de la relación con su familia y la sociedad de origen. Formulan su necesidad de relacionarse y que sus hijos estén al tanto de su representación y cercana de sus principios y raíces. A la vez, son capaces de identificar los valores de procedencia y los de la sociedad de establecimiento, así como los efectos en ellas, sus parejas y sus hijos. El aquí y allá es un constante en su verbalización.
Son las mujeres, quienes observan cómo cambian los valores de origen en las segundas generaciones, los menores ya no quieren ir a la sociedad de partida de los padres y no manifiestan un interés muy acusado por las tradiciones del país de origen de los padres, pero es finalmente, sobre ellas que recae el proceso de socialización de los hijos y de la familia. al igual que para el resto de mujeres, el asunto de autonomía es difuso y está remoto. Se ha de atribuir a las mujeres inmigrantes el reconocimiento de ocupar los espacios públicos, a su propia autonomía y gestión de su vida y no de otra manera.
Siendo por ello, la perspectiva de género en la teoría de las migraciones vivida por los ciudadanos de las sociedades de recepción, en ocasiones, como amenaza. Es responsabilidad de los gobernantes y de sus instituciones responder a este reto, minimizar las amenazas y potenciar la gestión de políticas públicas que reconozcan la gran incidencia socioeconómica, cultural, y humana del fenómeno. Acabando con los obstáculos y las limitaciones ante este hecho emprendedor y de grandes extensiones, beneficiando la cohesión social, cultura y convivencia democrática. La integración es, entonces, un proceso continuo y dinámico que se produce de manera gradual. La ciudadanía ha de reconocer al máximo los deberes y derecho en todas las facetas de la vida de las personas: sociales, económicos, culturales, políticos, civiles.
Por tanto, las políticas públicas tendrían que participar de una necesaria transversalidad que consideren al hecho migratorio como parte de sus objetivos. La transversalidad está considerada como una prioridad de los Principios Básicos Comunes para la Política de Integración de los Inmigrantes.
Finalmente, la integración implica una responsabilidad compartida y de consenso, hombres y mujeres y en la que necesariamente han de participar todos los niveles de la administración, las agentes sociales y la ciudadanía; requieren pues de la participación activa de las personas inmigradas y autóctonos. La convivencia se fundamenta en el entendimiento, más allá de la coexistencia, a través de un proceso bidireccional, de diálogo, tolerancia; sabiendo que el conflicto es inevitable, el concepto de convivencia obliga a las personas, grupos y sociedad a buscar la función del bien común, siendo las instituciones y administración los que han de buscar formas de animar la responsabilidad cívica de todos y la escucha de todos, hombres y mujeres.
Barranquilla, 30 de septiembre de 2019
*Abogada y Magister en Ciencias Políticas.
Por Amylkar D. Acosta M*.- Como si hubiera presentido la inminencia de su partida, Guillermo Perry Rubio publicó el pasado 14 de agosto, hace menos de dos meses, su obra cumbre, Decidí contarlo, en el cual compendia y examina, con la sapiencia y ponderación que lo caracterizaban, los avances y las transformaciones que ha experimentado Colombia en los últimos 50 procelosos años. Él, que como en el teatro pirandélico fue actor y a la vez espectador de esta historia, fue ante todo un servidor público integérrimo, inciándose como Subdirector del DNP entre 1969 y 1970, luego se desempeñó como Director Nacional de Impuestos y así fue escalando posiciones hasta ocupar dos carteras ministeriales, la de Minas y Energía y la de Hacienda y Crédito público, las cuales desempeño con lujo de competencia. Y como constituyente le puso su impronta al capítulo de la economía y las finanzas públicas de la Carta de 1991.
A su paso por el Ministerio de Minas y Energía, con una gran visión de futuro, como adelantado de su época que fue, planteó, diseñó y puso en marcha su programa del Gas para el cambio, con miras a masificar su uso en Colombia. A él se le debe que hoy más de 9 millones de hogares estén conectados a las redes del gas domiciliario y que más de medio millón de vehículos tengan en el gas natural comprimido (GNC) una mejor alternativa.
La guajira tiene una deuda perenne con Guillermo, pues siendo Ministro expidió la Resolución No. 0057 de enero 20 de 1987, cuando a la sazón me desempeñaba como Secretario de Planeación de La guajira, en respuesta a nuestro reclamo, reconociéndole el derecho que le asistía a recibir regalías por la explotación del gas natural en el campo de Chuchupa, que se le venían escamoteando con el socorrido argumento de que el mismo quedaba costa afuera y por ende no estaba en su jurisdicción. Y fue más allá, al reconocerle lo que había dejado de percibir desde 1976, cuando empezó a explotarse, hasta 1987, cuando se firmó por parte de él y el entonces gobernador de La guajira Luis Felipe Ovalle el Acuerdo de Villanueva el 9 de abril del mismo año.
En su calidad de Ministro de Hacienda, cuando se avizoraba el boom petrolero con el reciente hallazgo de Cusiana (1991), tuvo la perspicacia de presentar al Congreso de la República su iniciativa, convertida en la Ley 209 de 1995, creando en Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera (FAEP), con miras a vacunar la economía colombiana y evitar así que contrajera la enfermedad holandesa, al tiempo que se ahorraba en la época de las vacas gordas para afrontar la de las vacas flacas, ya fuera por la caída de los precios del crudo o por la declinación del yacimiento. Como se recordará el FAEP tuvo un triste final, porque terminaron feriándose lo ahorrado, en medio del auge de la producción, en la cresta de la ola de la coyuntura de altos precios del crudo (US $146.50 por barril, en julio de 2008).
Con la muerte súbita de Guillermo, el experto, el doctorado en economía del Massachusetts Institute of technology, se nos fueron sus luces, las de un brillante profesional, las de un lúcido pensador, las del investigador infatigable, que legó a Colombia dos centros de pensamiento, FEDESARROLLO y el CEDE de la Universidad de Los Andes, de los cuales fue cofundador y Director.
Brilló con luz propia a su paso por el Banco Mundial, como economista Jefe para Latinoamérica y el Caribe, así como en la cátedra, que la ejerció con la dedicación y el rigor que le eran propios hasta el final de sus días, alternándola con sus acostumbradas columnas de prensa, a través de las cuales orientaba e ilustraba a la opinión, así la de los legos como la de los expertos. Guillermo nos va a hacer mucha falta, sobre todo al sector minero – energético, en donde era tan apreciado como admirado, fue y seguirá siendo un obligado referente.
Yo, personalmente, tengo un agradecimiento imperecedero con Guillermo, pues gracias a él pasé de la Coordinación del CORPES de la región Caribe a la Presidencia de la Compañía Colombiana de Gas (COLGAS) primero y al Viceministerio de Minas y Energía después, recibiendo el apoyo y el impulso inicial de parte de él, gracias a los cuales me pude proyectar a nivel nacional, siempre siguiendo su ejemplo. De él aprendí la importancia de conjugar la economía con la energía y que la economía es energía, lo que hoy es mi convicción y predilección, así en la docencia como en la investigación. Gracias, Guillermo, mil gracias!
Bucaramanga, septiembre 27 de 2019
*Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía
www.amylkaracosta.net
Por Mauricio Cabrera Galvis*.- El llamado del presidente de un gremio a sus colegas gremiales para “cerrar filas para defender la Ley de Financiamiento” ante la posibilidad de que la Corte Constitucional la tumbe, no solo es una presión irrespetuosa al alto tribunal, sino que desconoce principios constitucionales del manejo estatal de la economía.
El argumento del dirigente gremial es que en esta Ley “está sustentada la esperanza del nuevo el crecimiento económico del país”, pues los enormes beneficios tributarios que dio a los empresarios van a estimular la inversión y, por lo tanto, el empleo. El mensaje implícito es que es necesario defender los supuestos efectos positivos de la Ley frente al activismo judicial de un tribunal que no los toma en cuenta.
La realidad es otra. La Corte si está realizando un análisis detallado de los impactos económicos que tendría una eventual declaratoria de inexequibilidad total o parcial de la Ley, que va más allá del estudio de los posibles errores procedimentales en el trámite de la Ley que han aducido quienes la demandaron. Pero lo está haciendo a la luz del principio constitucional de la sostenibilidad fiscal, y no de los intereses particulares de unos gremios.
Para hacerlo la Corte ha recurrido a la opinión de los mejores expertos del país, a quienes pidió su concepto técnico sobre el impacto que tendría una eventual caída de la Ley sobre las finanzas públicas y la sostenibilidad fiscal del país. La consulta fue formulada por el magistrado Alejandro Linares tanto a las autoridades (Minhacienda, DNP, Contraloría y Procuraduría) como a los principales centros de investigación (Fedesarrollo, Anif, CID, CEDE entre otros) y a las facultades de Economía de 6 prestigiosas universidades. En cualquier caso se tratará de una decisión informada y sustentada.
El enfoque de la Corte es acertado, No se trata de entrar en debates teóricos sobre el efecto de las gabelas tributarias sobre la inversión y el crecimiento económico, que tienen más de ideológico y de defensa de privilegios económicos. Así sucedió con la rebaja de impuestos de Trump que no generó un impacto significativo sobre el crecimiento.
Lo que pretende la Corte es un análisis, con hechos y datos, del impacto sobre el recaudo fiscal y las finanzas públicas. Pero desde la perspectiva del principio de la sostenibilidad fiscal, que hace unos años fue elevado al rango constitucional (artículo 334). Es lo que le corresponde hacer como guardiana de la Constitución.
Llama la atención, pero no sorprende, que los gremios, que en su momento fueron defensores de introducir en la Constitución el principio de la sostenibilidad para limitar el gasto público y sobre todo los subsidios a los estratos bajos, se olviden de ese principio cuando se trata de mantener un gasto público (pues las gabelas y beneficios tributarios son una forma de gasto) que es un beneficio para sus estados financieros. Frente a esa posibilidad llaman a ponerse en posición de batalla y cerrar filas para defenderlos.
* * *
ADENDA. Guillermo Perry fue uno de los más constantes defensores la estabilidad macroeconómica y ya no tendremos su autorizada opinión sobre estos debates. Con su inesperada partida el país pierde uno de los grandes formuladores de las políticas económicas de la últimas décadas, y sus amigos perdemos al compañero de tantos caminos y la posibilidad de seguir construyendo juntos tantos sueños compartidos.
Cali, 29 de septiembre de 2019
*Filósofo y Economista. Consultor.
Por José Félix Lafaurie*.- Lunes 2 de septiembre, Suárez, Cauca. Karina García, candidata a la alcaldía, es asesinada con su madre y dos personas más. Su juventud, sus videos premonitorios y el salvajismo de su asesinato consternaron al país.
Una víctima más de la violencia política que regresa a ese medio país, extenso, incomunicado, con ausencia de Estado, atacado por una violencia narcoterrorista a la que llaman guerra, que busca hacerse al poder político en esos municipios abandonados.
De hecho, el Acuerdo mismo, es decir, las Farc, seleccionó 170 de ellos, los más afectados por la violencia que ellas mismas generaron, para que allí se desarrollarán Planes de Desarrollo con Enfoque territorial y sobre ellos se volcarán prioritariamente los recursos.
Cuando se pone sobre la mesa ese mapa de los 170 municipios a conveniencia de las Farc, y se superpone el mapa de la guerra, o mejor, el de la ilegalidad, los cultivos ilícitos y la minería ilegal, que es también el de la presencia de los grupos armados ilegales, la coincidencia es total pero realmente no sorprende.
Y si superponemos un tercer mapa con las decisiones derivadas del Acuerdo en cuanto a Zonas de Reserva Campesina y a Zonas Veredales Transitorias de Normalización, pues también calzan a la perfección.
Mi ejercicio de geografía termina con el mapa de las pretendidas 16 Circunscripciones Especiales de Paz, y todo coincide. Entonces la sumatoria de esos “podercitos” locales es una red de “poder real”, en regiones donde sigue faltando el Estado y donde se desenvuelven los negocios boyantes del narcotráfico y la minería ilegal.
Buena combinación: poder nacional en el Congreso; poder local en alcaldías y consejos.
Entonces se entiende la insistencia en las circunscripciones, dizque para las víctimas, en regiones donde se mantiene encendida la hoguera de violencia de la amenaza narcoterrorista. Entonces se entiende por qué la violencia y los asesinatos contra alcaldes y concejales. ¿O alguien piensa que, después del asesinato de Karina, habrá elecciones democráticas en ese municipio?
Con ella, han sido asesinados siete candidatos; cinco han sufrido atentados, dos más secuestro, 40 recibieron amenazas y 54 han sido víctimas de violencia, pero aunque el gobierno es responsable de hacerle frente a la situación, y a fe que lo ha hecho, es claro que no es culpable de haber generado las condiciones de la violencia electoral, porque nadie sale a matar y amenazar candidatos de la noche a la mañana.
La responsabilidad es del gobierno que permitió esa superposición de violencias y “condiciones” negociadas con las Farc, de la cual Cauca y Nariño son ejemplo. 56 mil hectáreas de cultivos ilícitos, superpuestas sobre 218 mil de Zonas de Reserva Campesina. Cuatro Zonas Veredales, sobre las cuales se superponen 25 municipios con PDET. Presencia de los grupos ilegales, de donde, paradójicamente, los indígenas echan a machete a la Fuerza Pública, y finalmente, sobre la región se superpone la Circunscripción Especial No. 1.
¿Quién está poniendo alcaldes bajo la amenaza de las armas en esas regiones? Elenos, pelufos, disidencias, bacrim; es lo mismo, es el narcotráfico que necesita control territorial efectivo a partir del poder político, para que nadie meta las narices en sus negocios ilícitos, para corromper por las buenas o por las malas, para que el dinero de la recuperación se desvíe, porque no les interesan las vías, ni las escuelas ni el progreso. Necesitan mantener a la Colombia de esos mapas en el oscurantismo que proteja sus fechorías.
No es tarde para un gran operativo que permita el ejercicio de la democracia en esa Colombia olvidada y tan estratégica.
Bogotá, D. C, 29 de septiembre de 2019
*Presidente de FEDEGAN
@jflafaurie
Por Lorena Rubiano.- “La Justicia es la reina de las virtudes republicanas y con ella se sostiene la igualdad y la libertad.” Simón Bolívar.
La reciente propuesta de la bancada del Centro Democrático de que mediante “vía referendo se puedan modificar o tumbar las decisiones de la Corte Constitucional” propuesta hecha por el senador Álvaro Hernán Prada y avalada por 33 congresistas de su partido, es un gran golpe a la Corte Constitucional y a la Constitución Política de Colombia. Si bien es cierto que es un proyecto que hasta ahora se presentó, es un mensaje contundente a la administración de justicia y es una más de las tantas propuestas y ataques que recibe el poder judicial desde el Legislativo.
Propuesta irresponsable que distorsiona y politiza las decisiones judiciales e independencia de los jueces y magistrados. Y conlleva a una desinstitucionalización del estado, teniendo en cuenta que sea cual sea, la decisión de cualquiera de las Cortes con la cual los ciudadanos que no estén de acuerdo, podrán convocar un referendo para tumbar esa decisión.
No es la primera vez que el “uribismo” pretende reformar nuestra Constitución. Tan solo en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez se hicieron 26 reformas de las casi 50 reformas que ha tenido nuestra Carta magna en tan solo 28 años de existencia. Han convertido nuestra Constitución en una colcha de retazos y han trapeado con ella por doquier, acorde a los intereses de cada gobierno de turno.
Para el senador Uribe ha sido su mayor sueño y anhelo eliminar la Corte Constitucional y la Justicia Especial de Paz y crear una “súper Corte” que agrupe la Corte Suprema de Justicia, Corte Constitucional, Consejo de Estado, Consejo Superior de la Judicatura, Jurisdicción Especial para la Paz y Consejo Nacional Electoral.
El ataque a las altas cortes por parte del gobierno Duque ha sido permanente y constante partiendo desde el bochornoso acto de posesión del presidente Duque, el pasado 7 de agosto de 2018, donde ubicaron en las sillas traseras a los Honorables Magistrados, presidentes de las altas Cortes y no en las sillas de honor de invitados especiales, y posteriormente tuvieron que aguantarse el deplorable discurso del presidente del senado Ernesto Macías quién se fue lanza en ristre contra el poder judicial con insultos y ataques, hecho tan canalla y desagradable que les hubiese sido más cómodo escuchar el discurso de posesión desde el Palacio de Justicia.
Si bien es cierto que algunos miembros de la rama judicial han violado su juramento a la Constitución y la ley, no es óbice para destruir uno de los poderes del Estado. Sería importante conocer la opinión del Primer Mandatario y su Ministra de Justicia sobre esta nueva propuesta.
Me pregunto ¿por qué la obsesión del uribismo de atacar, extinguir y eliminar las altas cortes y por ende el poder judicial en Colombia? ¿Están legislando en causa propia? ¿Por qué el odio y el constante ataque del ejecutivo y legislativo al poder judicial? ¿Este gobierno y el Congreso de la república están fraguando una dictadura?
Bogotá, D. C, 27 de septiembre de 2019
