Opinión

Por Jorge Enrique Robledo*.- Si a Estados Unidos o a un país de su nivel se le toma una fotografía desde un satélite, en la imagen aparece un océano de modernidad, desarrollo y riqueza, en el que hay unas cuantas islas de atraso, que también existen, muy distantes de los avances que predominan en sus territorios. Si la misma foto se le saca a Colombia, sale lo contrario: un océano de atraso, subdesarrollo y pobreza, salpicado con unos cuantos islotes de modernidad, parecidos a los océanos de los países desarrollados. Esta es la lamentable realidad nacional, así intenten negarla, mirándose a sus ombligos y actuando como propiciadores o víctimas del cuidadoso lavado de cerebro de los últimos años, que aquí y en todas partes metió el cuento neoliberal de que se estaban superando las causas del subdesarrollo, fábula en la que mucho se usó el fraude del llamado “milagro chileno”, el mismo que acaba de desenmascararse.

En términos de productos percápita, aquí estamos en 6.400 dólares y Estados Unidos y sus pares rondan por 40, 50, 60 mil, con esas enormes diferencias actuando a favor de ellos cada año y por décadas. Allá disfrutan de numerosas y grandes empresas con avanzados desarrollos industriales y agropecuarios, ciencia y tecnología de punta, alta productividad del trabajo, bajos desempleos, salarios mayores y vigorosos mercados internos. En Colombia, por el subdesarrollo de su capitalismo, pulula todo lo contrario, según lo ilustra el hecho escandaloso de que el desempleo y la informalidad son del orden del 70 por ciento. ¿Puede estar bien una economía de mercado en la que tantos no pueden aportarle con fuerza a la creación de riqueza ni tienen la capacidad de compra suficiente para ayudar a dinamizarla?

El atraso predominante también está en la base de la extendida y profunda corrupción nacional, incluidos los fraudes con los que por norma ganan las elecciones aunque gobiernen muy mal, al igual que una de las mayores desigualdades sociales del mundo, desigualdad que también es causa y consecuencia del capitalismo subdesarrollado y de amigotes característico de Colombia.

Incluso la minería lleva esta impronta. Porque mientras que en los países avanzados la minería le suma al progreso del agro y la industria, aquí tienen el objetivo imposible e idiota de reemplazarlos con ella, hasta el punto de usarla para revaluar la moneda y hacerles daño. Solo a la tecnocracia neoliberal criolla, tan protegida por sus mandantes, se le puede ocurrir que con la minería sola – ¡un producto no renovable, que se acabará inexorablemente!– puede construirse un país próspero, y más cuando el grueso de esos ingresos se despilfarra en clientelismo y politiquería.

Las crisis periódicas de los países capitalistas desarrollados obedecen a la mucha riqueza que generan, en tanto la crisis permanente de los subdesarrollados se explica porque crean muy poca. No habrá solución a ninguno de los problemas nacionales si no se empieza por crear más riqueza y empleo, crear más riqueza y empleo y crear más riqueza y empleo. Quien se apegue a la experiencia reconocerá que no puede pretenderse que, con una pobreza africana, las calles colombianas se parezcan a las europeas.

Puede demostrarse que en Colombia ningún gobierno se ha propuesto modernizar el país de verdad. Aquí, cuando mucho, se han estimulado modernizaciones parciales, capaces de enriquecer a algunos pero no de permitirle a la Nación desplegar toda su potencialidad para crear más riqueza y empleo. Es falso que quienes han gobernado se hayan propuesto que el país se parezca a los desarrollados. Y se sabe que lo que ordenan las potencias que controlan la OCDE y los demás poderes globales es: “Hagan lo que les decimos, no lo que hacemos”.

Empezar a sacar a Colombia de su crisis perpetua, que puede llevarnos hasta un Estado fallido, exige un acuerdo nacional como los que se han dado en las naciones exitosas –entre trabajadores, campesinos, indígenas, clases medias asalariadas, empleados por cuenta propia y empresarios–, tendiente a lograr un país que cree más riqueza y empleo, sea más democrático, no tolere ninguna corrupción, cuide su medio ambiente y no deje de relacionarse con los demás países del mundo, entre otros puntos importantes.

Bogotá, 10 de noviembre de 2019.

*Senador del Polo Democrático Alternativo

@JERobledo

Por: José Félix Lafaurie Rivera*.-  Con la dignidad con que enfrentó el hoy exministro Botero su primera moción de censura en el Congreso, le dio la cara por segunda vez al país, aunque lo que debió ser un debate fue una “encerrona” previamente negociada; otra andanada para torpedear la gobernabilidad de Iván Duque.

Guillermo Botero cumplió su deber con rectitud en una cartera compleja: la de Defensa, en un país amenazado por la violencia y el peligroso control territorial del narcotráfico, herencia de una paz mal hecha. Por ello no merece el vilipendio mediático sino el reconocimiento ciudadano.

De hecho, una de las razones que se agitaron fue la situación del suroccidente del país “bajo el yugo del narcotráfico y la minería ilegal”. ¡Eureka!, pero los que nunca censuraron al gobierno que lo permitió por exigencia de las Farc, se ensañaron con el ministro que logró revertir el crecimiento de cultivos ilícitos con erradicación manual.

De la izquierda no se podía esperar nada y del partido del senador citante menos, como deja ver el sigilo con que jugó su “carta guardada” para recaudar votos y, luego, el sesgo y el triunfalismo con que la destapó en el Senado, al punto que un medio llegó a titular: “Mindefensa bombardeó niños en Caquetá, advirtió Roy Barreras”. Muy infame.

Solidaridad con las familias a las que les secuestraron sus hijos para prostituirlos y usarlos como carne de cañón, pero los bombardeos no son el ejercicio alocado de unos militares botando explosivos sin ton ni son, sino acciones soportadas en el uso legítimo de la fuerza, precedidas de procesos de inteligencia y planeación con altos niveles de certeza y rigurosos protocolos de cumplimiento del DIH, pero impredecibles.

Los pájaros siguen tirándoles a las escopetas. La guerrilla secuestra menores - delito de lesa humanidad- y el Gobierno resulta en la picota pública por su infortunada muerte. No puede ser que se busque deslegitimar a las Fuerzas Militares, como intentan desde el inicio del gobierno Duque, porque el país caerá en algo así como el “síndrome caucano”: los indígenas acusan al Gobierno de indolencia por los asesinatos y exigen protección, pero impiden el ingreso de la Fuerza Pública a sus territorios y la agreden, mientras los narcoterroristas…, sonríen.

En su afán de “comer ministro”, el senador desconoce procesos y competencias. El levantamiento de cadáveres es de la Fiscalía, y su posterior identificación y el manejo de esa información es de Medicina Legal ¿Cómo la obtuvo cuando ya era documento judicial reservado? ¿Cómo tuvo acceso a una investigación que ya tenía ese carácter reservado y no había concluido, como afirma Medicina Leal en su comunicado oficial?

Detrás de todo, sin embargo, hay temas de fondo: Primero: Siempre el narcotráfico como determinador de la violencia en Cauca, Putumayo, Catatumbo y donde están plantadas las 200.000 hectáreas de coca.

Segundo: La neutralización del ejército en sus cuarteles y de la Fuerza Aérea en tierra. Los bombardeos son el terror de los narcoterroristas. Así cayeron Cano, Reyes y Jojoy.

Tercero: la desarticulación del sistema democrático basado en tres poderes autónomos. Vía consulta popular asistimos al “gobierno de las comunidades” y al “de los jueces” que deciden lo que se hace o no se hace.

Y ya se asoma lo que parece el tránsito de un régimen presidencial a uno parlamentario, en que las diferencias políticas no se ventilan en la discusión abierta y argumentada sino tumbando ministros, y los intereses burocráticos insatisfechos bloqueando la gobernabilidad; apostando al fracaso del gobierno.

Miro al vecindario con desazón y repito con las abuelas: “el palo no está para cucharas”.

Bogotá, D. C, 10 de noviembre de 2019

*Presidente de FEDEGAN

@jflafaurie

Por Gabriel Ortiz.- Terminó la pesadilla en Colombia. Hay vacante en el Ministerio de Defensa, tras la salida de Guillermo Botero, que no logró superar una segunda moción de censura por parte del Congreso. No otra cosa podría haber ocurrido ante la impreparación de una persona impuesta por el “eterno” para ocupar esa cartera.   

La “operación 40.0” que se desarrolló el martes en el Senado liderada por Roy Barreras, puso definitivamente al descubierto que Uribe en “conntvbernivn” con Fenalco, no podían disfrazar e imponer a alguien tan inexperto para dirigir la Defensa Nacional.

Guillermo Botero, en su última aparición, quiso involucrar a 40 generales en la política; los llevó al Senado para intimidar a más de 100 parlamentarios con el verde oliva, para salvar su pellejo. Un General cayó por el famoso dosier embustero que Botero le entregó al Presidente Duque para llevar a la ONU. Ni el exministro, ni los otros integrantes de la “operación 40.0” pusieron la cara.

Tal vez, esta ha sido la moción de censura más cimentada y fundamentada que el Congreso de Colombia haya adelantado contra funcionario alguno. Los “fracasos” de Botero expuestos por Roy Barreras, fueron irrebatibles, categóricos. Los presentes y los televidentes, se abismaban cada minuto, con la cantidad de desatinos del jefe de los 40.0. Bancadas tradicionalmente solidarias con Botero y el gobierno, cambiaban de opinión en la medida en que avanzaba el debate. Los 55 votos que se requieren para censurar y remover un ministro, se completaron rápidamente.

El titular de Defensa, tuvo todas las garantías para justificar su proceder en el caso del bombardeo que causó la muerte a los niños del Caquetá, de sus versiones sobre “forcejeos” para explicar asesinatos de líderes comunitarios y exguerrilleros, de los nuevos falsos positivos, de las dudosas cifras sobre erradicación de coca y de tantas cosas más… pero sus argumentos cada vez lo desfavorecían, su pólvora estaba mojada.

Este episodio nos lleva a reflexionar si un Senador, por importante que sea, puede cogobernar e imponer funcionarios, o si por el contrario, el país debe fortalecer a su Presidente, para que, según su sabiduría, se rodee de quienes saben manejar el Estado con destreza, juicio y madurez. Que le permitan instaurar una agenda de país, con un acuerdo nacional, que garanticen la consolidación e implementación de los acuerdos de paz La Habana.

Lo contrario nos llevaría a permanentes mociones de censura, como la que se avecina con la reforma tributaria 2.0, a la que se quieren colgar las mismas prebendas y canonjías de la ley de financiamiento, que no creó un solo empleo y aumentó la pobreza y la desigualdad. 

Aquí, por ahora,  ¡vamos a estrenar ministro!

BLANCO: El anunciado plan de desarrollo para los indígenas.

NEGRO: el tráfico de influencias de Peñalosa, para favorecer a la ladrillera Santa Fe.

Bogotá, D. C, 8 de noviembre de 2019

*Exdirector del Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper

Por Yazmer Ramos García.- Entre los derechos humanos y el Estado de Derecho existe un vínculo esencial de complementariedad e interdependencia. Podemos considerarlos como dos aspectos que, en el fondo, buscan proteger, promover y garantizar la dignidad de la persona humana y alcanzar el desarrollo integral de todos los ciudadanos en la promoción del bien común. Ambos son instrumentos de carácter ético, jurídico y político cuya génesis reposa en el proyecto de la Ilustración europea, y por eso son deudores de las características y límites con que se constituyeron las sociedades democráticas en dicho continente.

Los derechos humanos sirvieron inicialmente como un instrumento ético-jurídico para exigir el respeto del individuo frente a los potenciales abusos de orden político del Estado. Y el Estado de Derecho, surgido con ocasión de la sistematización racional de la teoría del Estado moderno, buscaba asegurar las condiciones para un ejercicio justo del Derecho. Por eso el Estado de Derecho tiene como núcleo ético-jurídico el respeto, la protección y fomento de los derechos humanos como forma de legitimar su existencia.

En ese sentido los aspectos o dimensiones constitutivas de un Estado de Derecho legítimo (democrática, constitucional, social y pluralista) buscan desarrollar en forma consistente, desde distintas perspectivas, la defensa sistemática de los derechos humanos.

La democracia permite la más amplia participación igualitaria entre los ciudadanos; la Constitución permite otorgar las garantías jurídicas para esa participación democrática; el Estado socialista contribuye a minimizar el individualismo económico impulsando los esfuerzos hacia el logro del bien común, es decir, del desarrollo integral de todos los ciudadanos, y, por último, un Estado pluralista garantiza que todas las distintas manifestaciones que caracterizan a una cultura tenga iguales posibilidades y oportunidades de desarrollo, impidiendo el monopolio de la verdad que abre una puerta falsa a las exclusiones y a los regímenes absolutistas y autoritarios de todo tipo.

Los derechos humanos aportan entonces la savia, el alimento que nutre de contenido fundamentalmente moral a cada una de las instituciones, procedimientos y mecanismos de control jurídico que representan el poder efectivo del Estado. Los derechos humanos deberían coadyuvar así al máximo desarrollo efectivo del Estado y, con este, al máximo desarrollo de cada uno de sus ciudadanos.

 Por su parte el Estado de Derecho, entendido como la institución que organiza el poder en forma justa para beneficio de la sociedad, tiene como función preservar, proteger y garantizar el respeto irrestricto de los derechos humanos con la finalidad de que las personas alcancen niveles de desarrollo dignos de su condición humana. Un Estado de Derecho no debería –a riesgo de contradecir su núcleo moral- amparar la desigualdad económica o social que hace vulnerables los derechos humanos de los individuos que habitan en su seno y mucho menos justificar con protocolos de guerra  obsoletos masacres, violencias y asesinatos  de manera sistemáticas contra líderes y el pueblo indígena como viene ocurriendo en Latinoamérica.

En la actualidad, no es suficiente la mera declaración retórica de la existencia de derechos, el desarrollo de los mecanismos jurídicos pertinentes del Estado está en condición de garantizar mejores condiciones de vida para todos. Por ello, en vistas al desarrollo integral de las personas, es preciso que todos seamos considerados y tratados como ciudadanos con iguales derechos y oportunidades.

Un Estado de Derecho legítimo debe estar en condiciones de garantizar el efectivo cumplimiento de la gama más amplia posible de los derechos y libertades a través de los mecanismos jurídicos correspondientes. Y el núcleo ético de estos derechos y libertades, fruto de las luchas sociales ocurridas a lo largo de la historia, está constituido sin duda alguna por los derechos humanos de las personas.

 Pero no hay que olvidar tampoco que los derechos humanos no son un fenómeno hermético, absoluto o concluyente, son una realidad dinámica que para hacerse más efectiva y viable en la realidad social y no sólo en el plano del discurso teórico deben considerarse como instrumentos en constante evolución, sujetos a progresivos desarrollos, mejoras y rectificaciones a través de auténticos procesos de diálogo intercultural, en los que la dignidad de cada ciudadano, independientemente de su origen cultural, debe ser respetada de manera incondicional, como requisito básico para avanzar hacia libertades que emancipen a los hombres de cualquier forma de opresión que les impide su plena realización material y espiritual en el mundo.

Sin duda, pienso que no será posible alcanzar cuotas tan altas de desarrollo y realización para la dignidad humana si no es a través del cultivo constante de valores éticos supremos como son la igualdad, la equidad y la solidaridad, practicada en las formas más diversas, entre los integrantes de las distintas familias culturales de nuestro planeta.

Barranquilla 7 de noviembre de 2019

*Abogada y Magister en Ciencias Políticas.

Por José G. Hernández.- La ola criminal que tiene lugar en varias regiones, pero con especial fuerza en el departamento del Cauca -en donde siguen siendo asesinados nuestros indígenas- no puede continuar. El horror de lo que pasa debe conmover a la sociedad colombiana -que no puede ser indolente- y por supuesto al Estado y sus competentes órganos, pero no solamente con el objeto de condenar y rechazar lo que ocurre -como en efecto se debe hacer-, sino para prever, instrumentar y adelantar de manera oportuna  las acciones necesarias –inclusive, si fuere absolutamente indispensable, las de carácter extraordinario que la Constitución contempla-  para prevenir y contrarrestar la actividad de las organizaciones y bandas delictivas que operan en la región; restablecer el orden público quebrantado; proteger la vida, la integridad y los bienes de los habitantes; hacer posibles y efectivas las capturas de los autores materiales e intelectuales; adelantar las investigaciones y los procesos respectivos, entre otras finalidades inmediatas. Subrayo: inmediatas. Porque se trata de una situación particularmente urgente y grave, y porque cada día que pasa es un peligro: otros indígenas y comunidades pueden ser atacados por los asesinos.

Ahora bien, el Estado debe asumir también tareas de la mayor importancia para que cuanto se haga en materia de orden público y protección actual no se quede en solución temporal y precaria, sino para que la verdadera paz se consolide en esa y en otras zonas del territorio colombiano. Ya hay unos compromisos derivados del Acuerdo de Paz, y unas normas que –si bien fueron objeto de justificada discrepancia de muchos sectores- ya están en vigor, son una realidad, y además -pese a todas las deficiencias e incoherencias de los fallos proferidos- en su mayor parte fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional. Debe actuarse con efectividad en la lucha contra el narcotráfico, en la sustitución de cultivos, en las oportunidades de los indígenas y campesinos, en la recuperación -por parte de las víctimas- de las tierras de las que fueron despojadas y desplazadas durante el conflicto armado.

Eso tampoco es suficiente. Más allá del cumplimiento del Acuerdo de Paz, la población en general requiere mayor atención por parte del Estado, y la fijación de políticas públicas y planes de mayor aliento en materia económica y social; en salud, seguridad social, educación, trabajo, garantías laborales y mayores oportunidades de empleo y actividad agrícola bajo el cuidado y con la colaboración de las autoridades. Es claro que, durante muchos años, la población ha sufrido el abandono, y por ende, ha sido caldo de cultivo para el delito y para que la delincuencia del narcotráfico se haya aprovechado de la situación.

Reiteramos: es indispensable dar cumplimiento a los principios constitucionales. La paz es un derecho y una obligación de todos, como lo estipula el artículo 22 de la Constitución; el Estado Social de Derecho (Arts. 1 y 2 de la Carta) debe ser realidad y no mera expectativa y, como advirtió con fortuna el parágrafo vigente del artículo 334 superior, al interpretar el famoso concepto de sostenibilidad fiscal,  “bajo ninguna circunstancia, autoridad alguna de naturaleza administrativa, legislativa o judicial, podrá invocar la sostenibilidad fiscal para menoscabar los derechos fundamentales, restringir su alcance o negar su protección efectiva”.     

Bogotá, 6 de noviembre de 2019

*Expresidente de la Corte Constitucional

Por Víctor G. Ricardo.- El próximo domingo España celebra, por cuarta vez en 4 años, elecciones generales. Nada hace, sin embargo, augurar que el bloqueo político en el que se encuentra sumido el país y que imposibilitó la formación de gobierno tras las elecciones de abril de este año, vaya a desaparecer. Al menos así lo reflejan las encuestas que han hecho en España y que esperamos se aproximen a la realidad a diferencia de nuestro país en que han venido fallando en las últimas elecciones. Ni las coaliciones de izquierda (Psoe + Unidas Podemos) ni las de derecha (PP+ Ciudadanos+ Vox) parece que lograrán los escaños necesarios para que se forme finalmente un gobierno.

Pero más allá de analizar las encuestas que se han venido publicando en los últimos días vale la pena intentar entender qué está pasando en España. Por ejemplo, la ley electoral en función de la cual se reparten los escaños en España. Esta ley distribuye los escaños de manera desigual dependiendo del número de habitantes de cada circunscripción electoral y de si un partido en cuestión se presenta en todo el territorio nacional o en parte de él. Ningún partido se ha atrevido a plantear su reforma pero hoy parece claro que es uno de los factores que dificulta la formación de mayorías necesarias para gobernar.

Por otra parte, la cuestión de Cataluña y el desgarro social que en dicha región se ha producido en los últimos años, con incluso de familias enfrentadas por unos ideales ideológicos. Ni gobiernos del PP ni del Psoe parecen haber encontrado la fórmula para aliviar las heridas y restablecer la convivencia. Estas elecciones del 10 de noviembre vendrán marcadas por estas heridas, cada vez más abiertas. Los distintos partidos se enzarzan sobre cómo gestionar la crisis política más grave que vive España desde la restauración de la democracia. Dentro del marco constitucional que debe ser en todo momento observado, sería deseable una mayor concertación entre los partidos e incluso que Cataluña fuera objeto de un pacto de Estado entre los partidos constitucionalistas.

Finalmente, son muchos los retos a corto plazo, empezando por el Brexit y por el contexto económico internacional de desaceleración, que hacen necesario contar un gobierno plenamente operativo. Veremos si el 10 de noviembre el 30% de indecisos y la previsible abstención permiten a España desbloquear esta anómala situación, porque España no se puede permitir el lujo de seguir con un gobierno en funciones.

Bogotá, D. C, 6 de noviembre de 2019

*Excomisionado de Paz

Por Mauricio Cabrera Galvis*.- Los análisis de los resultados de las pasadas elecciones resaltan mucho lo que pasó en los principales departamentos y sus capitales, donde los grandes derrotados fueron la extrema derecha, que no ganó en ninguno, y los encuestadores que se pifiaron en la mayoría de sus predicciones. Sin embargo hay más hechos relevantes de estas elecciones, entre ellos la preocupante tendencia al debilitamiento de los partidos políticos y del mismo sistema democrático.

Para estas elecciones se inscribieron 116.428 candidatos, y a primera vista este gran número podría interpretarse como un avance de la participación democrática, pero en realidad los que demuestra es la proliferación de coaliciones y grupúsculos sin ningún proyecto político diferente a la apropiación de los puestos y los enormes recursos de la contratación pública.

Es la única explicación a que se hayan dado coaliciones como las del Partido Liberal con el Centro Democrático, o que Cambio Radical haya hecho 411 coaliciones para alcaldías y 34 para gobernaciones. El Partido Conservador no se queda atrás con 479 y 17, respectivamente.

En los departamentos el 45% de los candidatos se inscribieron por coaliciones o firmas, y obtuvieron 26 de los 32 gobernaciones. En los municipios las candidaturas suprapartidistas o independientes fueron casi el 30% del total y obtuvieron el 45% de las alcaldías, incluidas las de casi todas las ciudades capitales.

Los partidos políticos mantuvieron el control de las candidaturas a concejos y asambleas por la dificultad de hacer coaliciones o inscribirse por firmas para los cuerpos colegiados, pero eso no significa su fortalecimiento sino por el contrario es muestra de su debilidad. En efecto, en estos casos los partidos son solo dispensadores de avales para candidatos con su pequeño feudo de votos amarrados, que sin ningún programa ni ideología se trastean de un partido a otro.

Este panorama se hace peor con la consolidación de caricaturas de partidos como el MAIS, el ASI o el ADA, que no son más que una maquinaria repartidora de avales al mejor postor, que llegaron a avalar al 27% de los candidatos.

Que estas tendencias implican un debilitamiento de la democracia se confirma pues a pesar de la enorme proliferación de candidatos, cada vez crece más el número de ciudadanos que no se siente representado por ninguno de ellos y vota en blanco; hasta tal punto que en el caso de las Asambleas llegó al 16,4%, superando al Partido Liberal que le ganó a todos los demás partidos, pero solo logró el 14.3% de los votos.

Este Partido Blanco viene creciendo más que todos los demás. En el 2011 logró el 12,7% de los votos para las Asambleas, el 8% de las Gobernaciones, el 6% de los Concejos y el 3,9% de las Alcaldías. En 2019 subió a 16,4%, 11,2%, 8,2% y 5,1%, respectivamente. Es urgente una reforma política de fondo para que sobreviva la democracia.

Cali 3 de noviembre de 2019

*Filósofo y Economista. Consultor.

Por Amylkar D. Acosta M*.- “El pesimista se queja del viento, el optimista espera que cambie la dirección del viento, el realista ajusta las velas” : William George Ward.

Se cumplen 25 años del congreso de energía mayorista y también se cumplen 25 años de la Ley eléctrica (Ley 143 de 1994), de la cual fui uno de los ponentes. Mucha agua ha corrido por debajo de los puentes durante estos cinco lustros. Quiero recordarles que esta Ley nace de las lecciones aprendidas del gran apagón de 1992 – 1993, las cuales recogimos en el informe que me correspondió coordinar como Senador de la República, en el cual se establecieron las causas del racionamiento y las responsabilidades del mismo. 

Durante los 25 años de vigencia de esta Ley, Colombia ha pasado indemne tres fenómenos de El Niño, los cuales la pusieron a prueba. Por ello, no es de extrañar el reconocimiento internacional al sistema energético colombiano. Según el Índice global de desempeño de la arquitectura de energía (EAPI) del Foro Económico Mundial (FEM), Colombia ocupa el 8o lugar en el ranking. Colombia es el único país ajeno a la Unión Europea (UE) que se cuenta en el top 10 entre los sistema energéticos del mundo. Pero, ello no nos puede llevar a la autocomplacencia; de hecho en el 2015, con motivo del fenómeno de El Niño, tuvimos amagos, estuvimos a punto de tener un racionamiento; aunque sincerándonos, tenemos que reconocer que no tuvimos racionamiento pero sí un autoracionamiento que lo evitó. 

Estamos en una coyuintura excepcional, en la que confluyen la cuarta revolución industrial y los compromisos de la comunidad internacional, de la que colombia no escapa, con los ODS y la COP21, que buscan detener, aguantar, conjurar los estragos del Cambio climático. De allí que estemos haciendo tránsito de una época de cambios a un cambio de época muy singular. Bien dijo Darwin, que tenía por qué saberlo, que “los sobrevivientes no serán ni los más capaces ni los más inteligentes, sino aquellos que sean capaces de adaptarse mejor al cambio”. Y en esas estamos comprometidos. 

Con la expedición de la Ley 1715 de 2014 y la regulación de la CREG, Colombia puso la pica en flandes y con la reciente subasta de energía generada a partir de fuentes no convencionales de energías renovables (FNCER) arrancó con pié derecho la Transición energética que está al orden del día. Esta se resume en las 4 D: descarbonización de la economía, digitalización de los procesos, descentralización del sistema y democratización, haciendo más asequible al servicio del fluido eléctrico, sobre todo a la población más vulnerable. 

Se acaba de cerrar con éxito la primera subasta convergente, en la que concurren al tiempo generadores y comercializadores, como ha dicho la Ministra de Minas y Energía (MME) María Fernanda Suárez, “las dos puntas”. Con la adjudicación de 5 proyectos de generación de energía eólica y 3 de granjas solares – fotovoltaicas a 7 empresas generadoras y 22 comercializadoras, más los adjudicados en la subasta de febrero de este año, se dispondrá hacia el 2022 con una capacidad instalada de generación de energía con FNCER de 2.250 MW, excediendo en más del 50% la meta que se fijó el gobierno en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) para los cuatro años, que fue de 1.400 mw2. 

Con la incorporación de las FNCER está teniendo lugar la reconfiguración del mercado energético, están surgiendo nuevos agentes de la cadena, en la que el usuario dejó de serlo para convertirse en cliente, que por lo demás deja de ser sujeto pasivo para convertirse en un agente activo merced a la gestión y la respuesta de la demanda, lo cual lo convierte en el centro de gravedad de esta transición energética. Ya no se trata simple y llanamente de prestar un servicio al usuario sino de ofrecer soluciones al cliente, ahora en su condición de productor y consumidor al mismo tiempo de energía (PROSUMIDOR). 

Es claro que con la integración de las FNCER a la matriz energética esta se torna más robusta, más diversificada, más resiliente frente al cambio climático, más sostenible y más confiable y así se podrá cumplir con lo dispuesto en la ley, prestando un servicio más eficiente, con continuidad, firmeza y equidad. 

Las FNCER no están llamadas a reemplazar a las fuentes convencionales sino a complementarlas. Ello, como se ha dicho en todos los tonos, le dará al sistema mucha más flexibilidad. La capacidad de generación con FNCER debe servir de respaldo a los generadores a partir de fuentes convencionales y estos a aquella. Se terminarán por imponer las soluciones híbridas, combinando las FNCER y las convencionales. De allí la importancia de la articulación de todos los agentes de la cadena y la compaginación de sus actividades, sin excluir ninguno de sus eslabones.  

Una de las fortalezas del sistema eléctrico de Colombia es la preponderancia de la generación de energía hídrica, que participa con el 68% en la matriz energética; pero esta es al mismo tiempo su talón de aquiles, dada su susceptibilidad frente a la sequía que traen consigo los recurrentes fenómenos de El Niño, habida cuenta que el país, según las Naciones Unidas, es el segundo en el mundo en vulnerabilidad frente al Cambio climático. Entre tanto, si bien la generación de energía a partir de FNCER es intermitente, se caracteriza por ser contracíclica, pues justamente cuando el verano es más intenso y los embalses de las centrales de generación bajan a niveles críticos, es cuando los vientos son más fuertes y cuando se cuenta con más horas de brillo solar y es mayor la radiación. 

Esta Transición tiene que contribuir, además, a tener precios de energía más competitivos y al final del día ello habrá de redundar en tarifas de energía más bajas al usuario final, que ahora deberá ser tratado, como ya dijimos, como cliente, con quien siempre, de aquí adelante, hay que contar. 

Como ha quedado claro, aunque tenemos un mercado maduro, se deberán introducir ajustes a la institucionalidad y a la regulación para responder a este reto, adaptándolas y adecuándolas a las nuevas realidades. Hay que remover todas las barreras que se interpongan en el camino al cambio y para ello hay que vencer la resistencia al mismo, que no es poca. Tan importante es el rol que deben cumplir los agentes de la cadena, que ahora serán más, con los nuevos que surgirán, como el que debe cumplir el Estado. El lema debe ser sí a la intervención del estado no al intervencionismo, sí a la regulación no al regulacionismo. 

Finalmente, no hay que olvidar que uno de los aspectos contemplados en la Ley 1715 es la urgencia, además de la rápida reconversión de la matríz energética, de promover la eficiencia energética en el país. Siempre he dicho que la energía más costosa es aquella de la que no se dispone justo en el momento que se requiere y la menos costosa es aquella que no se consume haciendo un uso más eficiente de ella. Vale la pena recordar que, de acuerdo con un estudio de la UPME3, mientras el porcentaje de energía útil es del 48%, las pérdidas en la matriz energética es del 52%, las que le cuestan al país la friolera de us $4.700 millones anuales (¡!). 

Sea la oportunidad de reconocer el compromiso contraído por el Presidente de la República Iván Duque y la Ministra de Minas y Energía María Fernanda Suárez con la tarea que se impone para adelantar con éxito la Transición energética, que se convirtió en uno de los issus del PND. Por ello, tenemos que celebrar la decisión de crear la Misión de Transformación Energética, para que esta, de la mano del sector, le de sus recomendaciones al gobierno y este disponga de una hoja de ruta para su implementación. 

Son cinco los focos de esta Misión de cara al 2030, como meta volante: 

1) La competitividad, participación y estructura del mercado eléctrico. 2) El rol del gas natural en la transformación energética. 3) La descentralización, digitalización y gestión eficiente de la demanda. 4) Aumento de la cobertura de energía eléctrica y la focalización eficiente de los subsidios. 5) Revisión del marco institucional y regulatorio. 

Indudablemente, la Transición energética ya es una realidad, el futuro se hizo presente, la integración de las FNCER a la matriz energética y la reconversión de esta no tiene reversa. Colombia se está convirtiendo, junto con Chile, en referente a nivel mundial por los pasos afirmativos que viene dando la Transición Energética. Ya estamos en el punto de no retorno. 

Cartagena, 3 de noviembre de 2019. 

*Exministro de Minas y Energía

www.amylkaracosta.net 

Por Mons. Juan Carlos Cárdenas Toro*.- El pueblo colombiano acaba de elegir a sus nuevos gobernadores, alcaldes, diputados y concejales.

Teniendo en cuenta las palabras del Concilio Vaticano II, en el sentido de que “nada hay verdaderamente humano que no encuentre eco en el corazón de la Iglesia” (Cf. Constitución Gaudium et spes, n. 1), quisiera plantear respetuosamente y de modo especial a los nuevos servidores públicos, que se reconocen hijos de la Iglesia Católica, algunos imperativos éticos y morales que es necesario tener en cuenta con la misión que se disponen a asumir en nombre de sus electores.

El servidor público ha de buscar soluciones a los problemas de su pueblo

Si bien, las necesidades del pueblo son reconocidas en las campañas políticas y a ellas se acuden para “prometer” respuestas tan diversas, son muchos los ciudadanos que se lamentan porque, una vez elegidos, los gobernantes parecen distanciarse del sentir real de sus conciudadanos.

Por ello, vale la pena recordar a quienes acaban de recibir el mandato popular, que “no deben olvidar o subestimar la dimensión moral de su representación”. El servidor público debe mantener viva en su memoria que “comparte el destino de su pueblo” y hacer de sus angustias también las suyas para buscar encontrar honestamente respuestas y soluciones (Cf. Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia (DSI), n. 410). Si los ciudadanos están bien, los gobernantes estarán bien.

El título más honroso de los ciudadanos elegidos para ocupar cargos públicos es el de “servidor”, palabra de profunda raíz cristiana que es necesario levantar en la esfera pública; un servicio vivido con paciencia, modestia, moderación, caridad y generosidad.

El servidor público ha de ser correcto, no corrupto

Una grave deformación de los sistemas de gobierno, ayer y hoy es el de la corrupción. Se trata de un modus operandi que “traiciona los principios de la moral y las normas de la justicia moral”, dejando gravemente comprometida la estabilidad del Estado y la sana relación entre gobernantes y gobernados (Cf. DSI, n. 411).

Por ello, el servidor público, y muy especialmente el que se reconoce discípulo de Jesús, debe sentir en su conciencia el fuerte llamado a la coherencia, a la pulcritud en el obrar y al decidido compromiso por el ejercicio de un gobierno transparente, serio, y delicado en la administración de los recursos públicos.

No puede haber mejor rédito para el servidor público, nada puede ser un tesoro mayor, que el apoyo de sus ciudadanos que ven recompensado su voto de confianza, traducido en una gestión pública que genera mejores condiciones de vida para todos, con especial predilección por los más necesitados.

El servidor público ha de dar prevalencia al bien común sobre los intereses particulares

Finalmente, es tan bien una voz general entre los ciudadanos que quienes son elegidos parecen obedecer más a proyectos particulares de ciertas personas o grupos, que responder al sagrado bienestar de todos.

Sobre el particular, el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia recuerda que la administración pública debe estar ordenada a hacer cumplir este imperativo moral de garantizar el bien de todos los ciudadanos. Para ello advierte que la “burocratización excesiva” y el “funcionalismo impersonal” son dos sombras que pueden oscurecer el cumplimiento de los fines propios de la gestión pública.

Por el contrario, los servidores públicos están llamados a transformar las dependencias de lo público en verdaderas instancias de “ayuda al ciudadano”, tendiendo puentes que acerquen a los gobernados con sus gobernantes y no levantando muros que hacen más complejos los caminos para encontrar soluciones a las grandes problemáticas sociales.

De esta manera, sea esta la ocasión para invitar a dar esperanza de que es posible superar los viejos vicios que paralizan y postran a la comunidad, para establecer verdaderas políticas públicas coherentes que, superando las posturas personalistas y egoístas, pongan primero la dignidad humana de los ciudadanos y su bienestar.

Bogotá, D. C, 3 de noviembre de 2019

*Obispo Auxiliar Cali - Secretario General del Celam

Por: José Félix Lafaurie Rivera.- Los estudiantes, indignados por todo y por nada, no respetaron el “Día de los niños” y organizaron una marcha a todas luces peligrosa y sin antecedentes, vespertina y enmascarada, que colapsó el tráfico y desesperó a los padres ansiosos por llegar a sus hogares a cumplir con el rito infantil del disfraz y los dulces.

Durante el día, las redes incitaban al levantamiento con mensajes del tipo “Si Chile y Ecuador pudieron, nosotros también podemos”, y claro, no faltaron la violencia, la destrucción y los enfrentamientos con el Esmad, el “malo del paseo” por cumplir con su deber de tratar de controlar los desmanes con las manos atadas, pues deben recibir insultos y graves ataques físicos como si no fuera contra ellos, mientras cualquier reacción frente a los vándalos, que no es otra cosa que la utilización de la fuerza legítima del Estado para mantener el orden , se convierte en violación de un “Estado reaccionario” al derecho a la movilización.

Sin duda es sagrado el derecho a movilizarse, pero desde la escuela aprendí que todo derecho encarna deberes y tiene límites. Los estudiantes ya protagonizaron uno de los paros más prolongados de los últimos años –¡66 días! –, como desquitándose con Iván Duque por la incuestionable deuda histórica con la educación. El Gobierno estuvo dispuesto al diálogo y respondió con compromisos realistas, incluido un esfuerzo presupuestal sin precedentes, pero nada parece satisfacer a los estudiantes, que completaron ¡16 manifestaciones! en los 15 meses del gobierno Duque.

¿Qué hay detrás?, ¿qué es lo que “también pudieron” los estudiantes chilenos? ¿Acaso incendiar al país? No se me aparta la idea de que la “marcha de las máscaras” tenía una intención peligrosa, pero el pueblo colombiano, que tan cerca tiene la desgracia de Venezuela y sigue sufriendo la violencia del narcotráfico y de una paz mal hecha, se resiste a ese “despertar chileno” al caos, a más violencia y a la destrucción física y social.

“Chile despertó” ante la inequidad, vociferan los incendiarios de Santiago, volviendo al “cuento chino” de la lucha de clases, la igualdad por lo bajo –todos pobres– y la infamia de lo que llaman el “capitalismo salvaje” que, paradójicamente, les ha permitido un ingreso y un bienestar que supera al del resto de América Latina. Y así se asoman peligrosamente al abismo al que cayó Venezuela.

Mientras tanto, se torna descarada la proclama del movimiento que parecía morir con el desastre venezolano pero resucita con inusitada violencia. Maduro advierte con arrogancia que el Plan del Foro de Sao Paulo, que no es otro que la implantación del comunismo, “va perfecto… No puedo decir más… ustedes me entienden”, y desde el imperio de Putin, que lo utiliza y le da oxígeno, vaticina “un mundo sin imperios” para América Latina y un plan estratégico con apoyo ruso.

Vuelve el Kirchnerismo a Argentina; Diosdado se refiere a la violencia en Chile y Ecuador como una “brisa” y amenaza con un huracán del cual no puede escapar Colombia: “Es absolutamente imposible que Colombia se quede tal como está”, dice, mientras Petro, tras su nuevo fracaso electoral, amenaza con “enfrentar los nuevos retos de la movilización del pueblo”.

Es un mensaje inquietante que llega desde la dictadura venezolana y desde un Chile desestabilizado que ojalá reencuentre su camino.

Nota bene. Mientras el expresidente Uribe solicitó durante meses su derecho a la versión libre y le fue negado, a Santos se lo ofreció de oficio el CNE, pero no asistió a responder por la financiación de Odebrecht a su campaña. Es el talante, decía Álvaro Gómez.

Bogotá, D. C, 3 de noviembre de 2019

*Presidente de FEDEGAN

@jflafaurie