Opinión

Por: Guillermo García Realpe* - Después de 42 años de haberse registrado el paro nacional del 14 de septiembre de 1977, durante el gobierno del entonces presidente Alfonso López Michelsen, Colombia volvió a vivir una jornada de grandes proporciones, donde el inconformismo ciudadano se vio reflejado en la mayoría de urbes y pueblos, todos reclamando un país más equitativo, en paz y donde las grandes transformaciones se hagan realidad. 

Las marchas y el cacerolazo incluido son señales de una ciudadanía que se cansó de lo mismo. Pero lo que se necesita hacer de fondo es enfrentar la enorme desigualdad social frente a odiosos privilegios del Estado. 

Lástima que el gobierno y los medios de comunicación hayan invisibilizado y ninguneado al 99% de la marcha que fue justa, legítima y pacífica y que en cambio hiciera eco a los desmanes y vandalismo presentados al final de la jornada por una minoría de desadaptados y quitado mérito a las justas reclamaciones del pueblo colombiano que, son la inmensa mayoría y que se vio reflejada en las calles durante la jornada del paro cívico nacional. Desconocer a esas inmensas mayorías de ciudadanos genuinos, libres, que marcharon de manera pacífica, es otro grave error de este gobierno y ese sólo hecho, hará que vengan futuras jornadas de protesta más fuertes, porque el inconformismo es generalizado. 

Aun así, la jornada del pasado jueves es un fuerte llamado de atención para que el gobierno escuche al país, se sintonice con Colombia, escuche el clamor de los indígenas, de los líderes sociales, de los excombatientes de las FARC, de los líderes ambientales, de restitución de tierras, defensores de Derechos Humanos, porque los están matando y el gobierno sigue sin margen de maniobra para actuar y preservar la vida de sus ciudadanos. 

Se requiere que se abra una agenda nacional, no una agenda de partido, porque el Gobierno y su bancada en el Congreso están centrados en su doctrina, en su dogma y en su ideología extremadamente partidista, desconociendo el gran espectro nacional que se siente aislado de las decisiones desacertadas del ejecutivo y su gabinete. 

Es el momento ideal para que el Gobierno Nacional entienda que se debe hacer una gran cruzada, un pacto por Colombia, donde lo social y las grandes reformas que hoy se necesitan, por ejemplo, en materia pensional, laboral, salarial, sean las protagonistas para garantizar un país más equitativo y viable, sólo así se evitará que estalle esa bomba social que se ve venir. 

También urgen soluciones para nuestra educación superior pública, y ello, solo se atiende con mayores recursos para el saber. 

Por si fuera menos, la poca voluntad política para garantizar la continuidad del proceso de paz con las FARC y ejecutar los programas del pos conflicto en las regiones donde con mayor intensidad se vivió la violencia y por el contrario apostarle a ser trizas la Paz, fue otro de los motivos que hizo que los y las colombianas salieran masivamente a las calles. 

Colombia hoy más que nunca necesita del liderazgo de su Presidente, pero dista mucho Iván Duque de ese liderazgo que a gritos reclama la ciudadanía en cada rincón del país. Existe hoy un sentimiento unificado de los colombianos, que cada día sienten como el país no evoluciona, que se estanca y donde el temor a dar el paso a las grandes reformas es la constante gubernamental. 

Se requiere que entre todos avancemos hacia ese gran pacto nacional, y desde el liberalismo estamos listos a apostarle a las grandes transformaciones, pero a las que estén encaminadas a defender al ciudadano de a pie, al pueblo trabajador, a la clase obrera, a nuestros estudiantes, líderes y lideresas sociales, al pueblo indígena, a quienes le apostaron a la Paz, un pacto que garantice trabajo bien remunerado, el desarrollo económico y competitividad del campo colombiano, un pacto por la Colombia profunda para que goce de inversión social, un pacto por la seguridad nacional, por la vida y la sana convivencia, sólo así lograremos un país donde quepamos todos a pesar de las diferencias, de lo contrario, cada vez veremos convertidas nuestras calles y plazas en escenarios de protesta ciudadana, donde la gente legítimamente reclame sus derechos. 

Necesitamos poner en cintura a las grandes multinacionales que saquean nuestras riquezas, dejándonos solo el daño ambiental, necesitamos que el empresariado colombiano piense en el bien general y no individual, necesitamos que la banca sea regulada y no usure más el bolsillo de los usuarios del sistema financiero, todo eso necesitamos cambiarlo y es el momento, Colombia despertó y cuando el pueblo despierta no hay barreras que lo detengan. 

Bogotá, D. C, 25 de noviembre de 2019 

*Senador Liberal 

@GGarciaRealpe

Por Amylkar D. Acosta M*.- Como es bien sabido, ya está en la recta final el trámite y aprobación por parte del Congreso de la República de la reforma al régimen de regalías, con miras a redistribuir los recursos del Sistema General de Regalías (SGR), oportunidad propicia para introducirle ajustes al funcionamiento y operación del mismo. Desde luego, no necesariamente este ajuste deberá quedar en la Constitución, dado que justamente uno de los objetivos del proyecto de acto legislativo que sometió el Gobierno a la consideración del legislativo  fue desconstitucionalizar aspectos que se pueden contemplar en la Ley que lo desarrolle, sin caer en el reglamentarismo.  

En cuanto al funcionamiento y operatividad del SGR, así como lo relativo a los trámites para la aprobación de los proyectos de inversión susceptibles de financiar con recursos del SGR, luego de hacer borrón y cuenta nueva del mismo, como lo hace este proyecto de reforma del régimen de regalías, considero que deben repensarse los procedimientos a seguir, pues el sistema de los órganos colegiados de administración y decisión ( OCAD) han sido un fiasco total. A la vista está, que allí se quedaron atorados en los meandros de dicho sistema más de $6 del bienio anterior (2017 – 2018) sin poderse ejecutar. Esto no puede continuar, además debe de ser revisado todo el proceso desde la gestación misma de los proyectos que se financian con recursos provenientes del SGR hasta la ejecución de los mismos, pasando por su correcta priorización, formulación y estructuración, para lo cual se requiere desarrollar capacidades en las regiones.

Una de las razones que se invocaron para la reforma del 2011, por ejemplo, fue impedir la atomización de los recursos y se siguió dando. Así lo pudo establecer la Contraloría General de la República, según esta “los riesgos de dispersión de los recursos de regalías persisten. El valor promedio de los proyectos es bastante bajo, en el caso de los OCAD municipales $1.030 millones y en los OCAD departamentales $3.170 millones”. Por lo tanto es menester que se establezcan unos parámetros muy exigentes y de obligatorio cumplimiento para que los recursos del SGR se inviertan en proyectos de mayor impacto en la competitividad regional.

Esta es la ocasión, además, para reivindicar la autonomía territorial consagrada en el artículo 287 de la Constitución Política, transgredida groseramente por la norma que le permite al Gobierno Nacional tener poder de veto en las decisiones sobre la aprobación de los proyectos a los cuales se les asigne recursos del SGR. Así mismo, debe evitarse que, como lo permite la norma vigente, el Gobierno Nacional pueda tener la prerrogativa de entrar a competir por los recursos del SGR con sus propios proyectos frente a los que presenten las entidades territoriales. En este último caso, el Gobierno nacional es juez y parte, porque al tiempo que viabiliza los proyectos tiene la última palabra a la hora de aprobar los proyectos y asignarles los recursos. Esto es absurdo.

También nos parece peligroso que haga carrera la propuesta planteada por la Ministra de Minas y Energía, en el sentido que ella espera que “del presupuesto de regalías de 2020 por lo menos el 10% o 15% se hiciera a través de este mecanismo de obras por regalías”, pues las empresas privadas estarían desplazando a los entes territoriales como ejecutores de sus propios recursos. Ello, con base en lo establecido en la Ley del Presupuesto bienal 2019 – 2020 del SGR. Y, algo muy importante, que no se debe dejar pasar, es lo que se establece en la ponencia, según el cual “el SGR tendrá un sistema presupuestal propio, de iniciativa del Gobierno Nacional”, lo cual viola flagrantemente el principio constitucional de la autonomía territorial. Ello, a todas luces, es inadmisible. 

Bogotá, noviembre 22 de 2019

*Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía

www.amylkaracosta.net

Por Juan Camilo Restrepo.- De la reforma pensional sabemos varias cosas: Primero, que no hay todavía ningún proyecto de reforma preparado por el gobierno; Segundo, que válidamente y como uno de los argumentos para enfriar las marchas de protesta del pasado 21 de noviembre, el gobierno repitió hasta la saciedad que no está de acuerdo con elevar la edad para acceder a la condición de pensionado. O sea, el gobierno se apartó en esto de las recomendaciones del BID y de la OECD.

Tercero, que el gobierno se dispone a llevar el tema del futuro de las pensiones a la comisión de concertación tripartita (sindicatos, empresarios y gobierno) que usualmente se ocupa del salario mínimo, pero que próximamente será convocada para discutir la llamada reforma laboral, así como la pensional.

Cuarto, que como la ley de financiamiento (II) copará lo que queda de esta legislatura, el gobierno posterga la presentación de la reforma pensional para el año entrante.

Quinto, que según lo ha dejado entrever el Ministro de Hacienda, la idea es que en el futuro la gente se jubile de conformidad con lo que “haya ahorrado”.

Y sexto, que no está dentro de los cálculos del gobierno acabar con Colpensiones.

Lo anterior es lo que sabemos, pero… ¿qué es lo que no sabemos?

Primero y lo más importante: ¿cuál es la opinión del gobierno sobre el sinnúmero de otros asuntos que conforman una reforma pensional seria e integral, además del tema ciertamente muy sensible de la edad de jubilación?

Sobre esto, o sea, sobre lo que habrá de conformar el “corpus juris” la reforma pensional del futuro el mutismo gubernamental ha sido absoluto. Aunque no sabemos si sus opiniones las ha ido presentado en privado en unos comités técnicos que han venido funcionando.

Segundo, ¿será que de tanto haber repetido en estas semanas que no estaba de acuerdo con que se aumente la edad de jubilación (estribillo utilizado para enfriar el paro pero que algunos han tachado de populista o falto de coraje como requiere una reforma pensional de verdad), el gobierno puede haber llevado a muchos sectores de la opinión a creer que lo de la edad no es importante. A pesar de que sin duda lo es desde el punto de vista técnico y de la sostenibilidad del sistema?

Tercero, en teoría se concierta sobre una propuesta que ha preparado de antemano el gobierno. Que es quien dispone de todos los elementos técnicos, actuariales y estadísticos para diseñarla. Pero si como se sospecha el gobierno no tiene nada preparado ¿qué es lo que va a concertar? ¿O será que el gobierno está confundiendo un verdadero proceso de concertación en el seno de la comisión tripartita con una mera “lluvia de ideas” sobre el futuro de las pensiones en Colombia?

Cuarto, ¿Será que habrá tiempo y músculo político el año entrante (cuando el sol comienza a alumbrarle la espalda al gobierno Duque) para tramitar un par de reformas de tanta envergadura y complejidad como lo son la laboral y la pensional?

Quinto, si como lo ha dicho el Ministro de Hacienda la gente se pensionará con lo que logre ahorrar; y como el 90% de los colombianos no tiene ninguna capacidad de ahorro, ¿ello significa que el concepto de “solidaridad” está ausente en el diseño gubernamental del futuro pensional?

No hay que olvidar que esa ausencia de solidaridad en el sistema pensional fue precisamente uno de los detonantes del tremendo malestar social que estalló en Chile durante las últimas semanas.

Y, sexto: está bien que se preserve a Colpensiones, o sea el sistema de prima media; pero ¿cuáles son los irritantes privilegios y exageraciones que el gobierno tiene en mente eliminar del sistema pensional de los tantos que existen?

Empezamos, pues, a barruntar algo de lo que piensa el gobierno sobre el tema. Pero ¿es mucho más lo que nos queda aún por descubrir de su ignota visión pensional?

Bogotá, D. C, 24 de noviembre de 2019

*Abogado y Economista. Exministro de Estado.

Por Mauricio Cabrera Galvis*.- Con un crecimiento de 4,9% en el tercer trimestre el consumo de los hogares se ha convertido en la estrella de la economía colombiana. Además, como representa el 70% del PIB, es el principal factor que explica el leve aumento en la tasa de crecimiento del PIB, hasta llegar al 3,3%; tasa mediocre pero que es la mayor de toda Latinoamérica, con la excepción de Bolivia que crece por encima del 4%.

Es cierto que la inversión en capital fijo crece un poquito más, (5,1%), pero su impacto en el crecimiento es mucho menor por dos razones: primero porque es más pequeña su participación en el PIB -solo el 23%-, y segundo porque tiene un alto componente de importaciones, especialmente en el rubro de vehículos que están creciendo el 18%, que no contribuye a estimular la producción doméstica. De otra parte, a pesar de los estímulos tributarios, las importaciones de maquinaria y bienes de capital propiamente dichas solo están creciendo 2,8%

En muchos países los gastos de consumo de los hogares también son el motor del crecimiento. En Estados Unidos, por ejemplo, la rebaja de impuestos de Trump a los más ricos y a las empresas no ha servido para estimular la inversión, y la economía está siendo jalonada por los gastos de consumo.

La diferencia radica en que allá está cayendo el desempleo, mientras que en Colombia está aumentando. ¿Cómo explicar entonces el crecimiento del consumo de los hogares cuando el número de personas que tienen trabajo formal e informal está disminuyendo y, por lo tanto, se puede pensar que sus ingresos no están creciendo?

Hay cuatro factores que pueden explicar esta aparente paradoja. El primero es el aumento de los ingresos por las remesas que mandan a sus familias los millones de colombianos en el exterior. Hasta septiembre ya llegaban a USD 5.000 millones, con un incremento de 18% frente al año anterior, cuando se miden en pesos, que no solo permiten un mayor consumo sino que compensan en parte el enorme déficit de nuestra balanza comercial.

El segundo es el aumento del crédito de consumo que va creciendo a una tasa del 14%, lo cual pone más plata en los bolsillos de los consumidores, pero como toda prosperidad al debe aumenta el riesgo hacia el futuro, si bien hasta ahora no hay síntomas de deterioro de la calidad de la cartera.

En tercer lugar están los inmigrantes venezolanos: Un millón y medio de personas que han llegado escapando de la crisis de su país tienen que comprar por lo menos alimentos, ropa y medicamentos. Finalmente, los ingresos del narcotráfico, pues el aumento del área sembrada de coca implica mayores ingresos para los campesinos cultivadores y para toda la cadena asociada a la producción del alcaloide.

Cali, 24 de noviembre de 2019  

*Filósofo y Economista. Consultor.

Por: José Félix Lafaurie Rivera.-Después de nueve años de labor y exitosos resultados, culmina uno de los proyectos más significativos de cooperación internacional en beneficio del sector: “Ganadería Colombiana Sostenible”, promovido y dirigido por Fedegán, y financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, GEF, de la Organización Banco Mundial, y por el Departamento de Energía y Cambio Climático del Gobierno del Reino Unido.

El proyecto, que contó también con la participación del Centro de Investigación CIPAV, el Fondo Acción y The Nature Conservancy, estuvo centrado en los Sistemas Silvopastoriles, que no solo permiten la preservación de la naturaleza, sino el incremento sustantivo de la productividad y, por esa razón, están llamados a convertirse en norte para la ganadería, a partir de una meta, para 2022, de 100 mil hectáreas en Sistemas Silvopastoriles, que el Gobierno incluyó en su agenda ambiental y fue presentada por el presidente Duque ante la Cumbre Mundial sobre Cambio Climático el pasado mes de septiembre en la ONU.

Este es uno de los temas centrales del 37º Congreso Nacional de Ganaderos, que se realiza en Bogotá entre el 25 y 26 de noviembre, bajo el lema de “Ganadería Sostenible: el futuro”. Creemos en ese postulado desde la esquina de la reconversión productiva de la ganadería, a partir de la aplicación de la ciencia, la tecnología y la innovación al quehacer ganadero, y es también nuestra convicción desde la perspectiva de la responsabilidad social ganadera frente a la realidad del cambio climático.

Esa nueva ganadería estará en mejores condiciones de acceso a los principales mercados, el otro de los temas centrales del Congreso, en el que expertos nacionales e internacionales harán un análisis sobre el potencial exportador de nuestra ganadería y las posibilidades de acceso de la carne colombiana al mercado chino.

Se trata de una posibilidad real, en un momento en que los ojos están puestos en el sector agropecuario como alternativa de diversificación exportadora. Aunque adolece, como todo el sector agropecuario, de grandes carencias en competitividad por las precarias condiciones para el desarrollo, comenzando por la red vial terciaria y la inseguridad prevalente, Colombia tiene importantes ventajas comparativas para la producción y exportación de productos ganaderos, que deben ser aprovechadas como factor de cambio para la modernización ganadera y la recuperación del campo.

*Nota bene*.

Lo que tenía que pasar pasó, la Colombia urbana salió a marchar por un mosaico variopinto de motivaciones y, en muchos casos, sin motivación alguna. Los vándalos hicieron de las suyas impunemente, agredieron a la Fuerza Pública y destruyeron bienes públicos a su antojo; y al caer la noche, las cacerolas sonaron más estridentes en los conjuntos residenciales de las clases más pudientes. ¿Por qué protestaban?

Respeto profundamente el derecho a la protesta social, pero rechazo la irresponsabilidad de llevar al país al borde de abismos peligrosos, a sabiendas de los enormes riesgos, mientras los medios suman rating como si se tratara de un espectáculo ajeno y distante, y el “centrosantismo” se frota las manos alebrestando una inconformidad acumulada, cuya factura le corresponde más que a nadie al mismo Santos, que dejó resembrar el país de coca y de violencia, y no tuvo límites para comprar con mermelada los apoyos para una paz mal negociada.

Mientras tanto, la olvidada Colombia rural, ella sí con motivos de sobra, no marchó ni hizo sonar sus cacerolas, sino que siguió trabajando en silencio para alimentar a esas masas urbanas que protestan por todo y por nada.

No acabo de escribir estas líneas y ya se amenaza con un segundo día de marchas. Dios nos guarde.

Bogotá, D. C, 23 de noviembre de 2019

*Presidente de FEDEGAN

@jflafaurie.

Por Gabriel Ortiz.- Por fin se puso al descubierto la refriega que existe dentro del gobierno, entre los uribistas “purasangre” y los que acompañan a Duque, con lealtad, porque según dicen: siendo desleal, el hipócrita también es ingrato.

Indigno el diálogo secreto entre el embajador Pacho Santos y la nueva Canciller. El honor es un ave extraña, para engañar al Jefe de Estado.  

Dentro del partido de gobierno hay muchos que son más papistas que el Papa. Se ven muy por encima de quien fue elegido. No respetan su autoridad. Se alinean sin pudor al lado del “eterno”. Solo ante él se inclinan y por él vociferan. Desde el mismo día de la posesión, un “bachiller” pasó por encima de quien estaba jurando defender la Constitución. Fueron muchas las sonrisas y abundaron los aplausos de la galería, que consideraba que otro que se encontraba entre los invitados, era el hombre fuerte: el patrón.

En el espíritu de Duque parecía existir el deseo de cumplir con los principios y promesas de su campaña, empezando por fortalecer la paz, crear empleo, fortalecer la economía, beneficiar a las clases populares y demás ofertas.

Los colombianos consideraban que había llegado una juventud al poder, con propósitos que se fijan las mocedades cuando llegan a la cosa pública. Y seguramente esa era su intención. No contaba con la presencia de falsos consejeros y exprimidores de poder. Esos que le trabajaron la voluntad, para desviarlo hacia el restablecimiento de la hegemonía en el gobierno. Fue cuando Duque empezó a separarse del propósito que traía de ser el Presidente de todos los colombianos.

Bachilleres, primos, cabales, palomas, sanpachos y eternos formaron filas para apoderarse de pérfidas costumbres políticas, fortaleciendo una polarización que creyeron estruendosamente rentable para sus ambiciones.

Duque alcanzó a liberarse de las amarras e invitó a todos los partidos políticos a acompañarlo. El país vibró de emoción, pero la frialdad se apoderó rápidamente de la idea, cuando se descubrió que en la trastienda de los “purasangre” existen otros intereses rabiosamente destructores.

Bogotá, D. C, 22 de noviembre de 2019 

*Exdirector del Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper.

José G. Hernández*.-Es mucha la expectativa -con alguna exageración- que ha generado en el país el paro que, como forma de protesta, está programada para este jueves 21 de noviembre. Mientras el Gobierno considera que no hay motivo para la protesta -por cuanto, según afirma, se funda en falsedades-, los organizadores sostienen que hay muchas razones para marchar: posibles reformas en materia laboral y pensional; desempleo; influjo de organismos internacionales neoliberales en la política económica; privatizaciones;  errónea política en materia tributaria; crímenes que se cometen contra indígenas, defensores de Derechos Humanos y desmovilizados; abandono oficial de muchas regiones del país; incumplimiento de los compromisos gubernamentales en materia presupuestal para educación universitaria; incumplimiento de lo pactado en el Acuerdo de Paz; deplorable administración de justicia; casos de corrupción. En fin, se protesta contra varios males de nuestra democracia.

Consideramos que el Ejecutivo no es el llamado a calificar o dictaminar si hay o no motivos justificados para la protesta, porque no es él quien protesta y además porque, en buena parte, son sus decisiones u omisiones las que constituyen la razón del descontento. Quienes deben saber si tienen o no -una o muchas- razones para expresarse contra el Ejecutivo son aquellos que decidan salir a marchar. Por algo irán el jueves a las calles, y están en todo su derecho, protegido por la Constitución, siempre que la marcha sea pacífica y respetuosa del orden jurídico.

¿Qué debe hacer el Gobierno y qué deben hacer las autoridades al respecto? Garantizar el libre ejercicio del derecho, en cuanto el artículo 2 de la Constitución les ordena asegurar la efectividad de los derechos, facilitar la participación popular  en la toma de decisiones y proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida y en sus derechos, a la vez que el 37 es claro en establecer que "toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente"  y que las limitaciones a ese derecho básico solamente las puede prever la ley, no el Gobierno, ni la administración. Lo propio consagra los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos -por ejemplo, la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos-. Se trata de manifestaciones legítimas de apoyo o de protesta, que el Gobierno, en una democracia, debe garantizar, comparta o no los motivos.

Desde luego, las autoridades de policía deben garantizar la marcha o reunión pacífica, y también preservar el orden público, de manera que deben reaccionar cuando haya desmanes, violencia, ataques a las personas o a los bienes públicos o privados. La violencia no hace parte de este derecho. Es constitutiva de delitos, y los violentos deben ser judicializados.

Ahora bien, es preocupante que algunos ciudadanos hayan decidido organizar "comandos" o "grupos" de particulares "antidisturbios" parapoliciales. Eso no le corresponde a la ciudadanía sino a las autoridades. Se presta para abusos, confusión, obstrucción, enfrentamientos que se salen del control de la autoridad -la cual ve invadidos sus terrenos-, y puede ocasionar daños muy graves a la comunidad. Tales grupos son, por definición ilícitos, y favorecen formas delictivas por uso de armas y por usurpación de autoridad pública. Mucho cuidado con esa clase de experimentos, que son inconstitucionales y anti democráticos.

Bogotá, D. C, 21 de noviembre de 2019

*Expresidente de la Corte Constitucional

Por Víctor G. Ricardo*.- Surgen incertidumbres en España tras la nueva convocatoria electoral. Por una parte, si el preacuerdo alcanzado por el PSOE y Unidos Podemos lograr atraer a otros partidos con el fin de conseguir una mayoría suficiente que permita sumar apoyos de cara a una investidura de Pedro Sánchez. Por otra parte, qué opciones le quedan al centro derecha español ante este preacuerdo y qué posibilidades tendría de perdurar en el tiempo.

Como se viene diciendo, tanto Pedro Sánchez como Pablo Iglesias han ganado, a su vez perdiendo. No se logró el respaldo que predecían las encuestas al Sánchez perder dos escaños e Iglesias siete. Con todo, el sistema de formación de gobierno en España exige unas mayorías que están muy lejos de los escaños que suman ambas formaciones, obligando a Sánchez a buscar el apoyo de una amalgama de partidos regionalistas y nacionalistas, algunos claramente partidarios de “romper” España, o con ex miembros de ETA al frente, como es el caso de Arnaldo Otegui, coordinador general de EH Bildu. La siguiente pregunta es ¿a cambio de qué estos darían su respaldo a Sánchez?

La situación es delicada. Ahora se le critica a Sánchez porque “para este viaje no hacían falta alforjas”, en el sentido de que ahora está aceptando sin condiciones una oferta de UP que rechazó tajantemente antes, como es dar a Pablo Iglesias una vicepresidencia del gobierno. Se están poniendo sobre la mesa cuestiones que no tendrían encaje en un Estado de Derecho como el español, como el derecho a la autodeterminación (no contemplada en la Constitución) o la amnistía para los políticos del proceso, condenados el pasado octubre por el Tribunal Supremo. Se habla de una crisis institucional en España. Porque, sí o sí, para que Sánchez pueda formar gobierno deberá contar con el apoyo explícito (votando a favor) o implícito (absteniéndose) de ERC, esto es, los independentistas que aspiran romper el país.

Mientras tanto, el PP de Pablo Casado se debate entre ofrecer una “abstención patriótica” al PSOE para que no pacte con UP ni independentistas, o hacer oposición mientras dure este gobierno “Frankenstein” como se le conoce comúnmente en España. La primera de las opciones dejaría cancha libre a Vox para que se erija como principal partido de la oposición. La segunda de ellas permitiría poner en marcha un gobierno que despierta demasiados recelos en el mundo empresarial, entre otros, pudiéndose, a la postre, responsabilizar a Casado por no haber hecho nada ante el desastre que se avecinaba. Hay una línea dentro del propio partido que plantea ofrecer una propuesta tripartita que integre a Vox, Ciudadanos y PP para formar un gobierno de gran coalición. Si fuera esta la opción final de Casado, lo idóneo sería que lo planteara cuanto antes para evitar que el más que probable portazo de Sánchez le ocasione el menor daño posible. Es, sin duda, un dilema de difícil solución, sobre todo, teniendo en cuenta que su liderazgo en el partido sigue lejos de consolidarse.

Bogotá, D. C, 20 de noviembre de 2019

*Excomisionado de Paz.

Por Jairo Gómez*.- El cerco mediático que el Gobierno Duque le ha montado al paro de este jueves delata la debilidad de una administración que no ha logrado cuajar en la opinión y que por más esfuerzos que haga para desmentir las razones sociales y económicas que mueven a los ciudadanos, sabe que más temprano que tarde las regresivas reformas que hoy se empeña en desconocer tendrá que realizarlas.

Sabe el ciudadano del común, porque no es bobo, que el FMI y el Banco Mundial tienen sometidas estas economías a un bucle impositivo que diseña sus políticas macroeconómicas, luego de nada le sirve la coral estrategia para impedir la reivindicación de unos derechos sociales y económicos que por más de cuatro décadas de neoliberalismo se han atropellado no solo en Colombia, sino a lo largo y ancho de América Latina.

Miremos en contexto por qué llegamos hasta aquí: la democracia liberal y la economía de mercado están haciendo crisis porque la desmedida desregulación no resolvió el problema del desempleo y menos las aspiraciones individuales de la sociedad; al contrario, ese complejo sistema macroeconómico que nos montaron lo hicieron sobre la base de los constantes recortes en la inversión social que agudizó la pobreza y la inequidad.

“Hoy la credibilidad de la fe neoliberal en la total desregulación de mercados como forma más segura de alcanzar la prosperidad compartida está en terapia intensiva, y por buenos motivos. La pérdida simultánea de confianza en el neoliberalismo y en la democracia no es coincidencia o mera correlación: el neoliberalismo lleva cuarenta años debilitando la democracia”, dijo recientemente en un artículo el premio nobel de economía, Joseph Stiglitz.

Ese fracaso neoliberal que nos vaticina Stiglitz ya está haciendo agua en Colombia, y el descreimiento de su gente por la democracia, sus vetustas y corruptas instituciones está copando la paciencia de los colombianos, como ocurrió en Chile y Ecuador.

Esa situación respalda el paro nacional en Colombia pues como dice Stiglitz ya no hay fe y la confianza se desvanece; lo corroboran las encuestas que revelan la baja popularidad de Duque, quien debe estar calibrando los alcances de una bomba social en plena ebullición. Chile y Ecuador son el mejor ejemplo. La desafiante actitud de las élites en esos países provocó un estallido social sin precedentes y trajo consigo el rechazo generalizado a una política económica que enriqueció exponencialmente a quienes están en la cúspide de la pirámide y, de contera, estafó al pueblo.

No lo dude, proteste. La marcha tiene rebosante justificación. No pueden las élites de este país seguir mirando para otro lado; la aberrante desigualdad está generando un clima de máxima tensión porque ya no son los estratos bajos los únicos paganinis, las capas medias de la sociedad se están proletarizando sin que los políticos, anestesiados por las abultadas dietas, cumplan lo prometido a sus electores.

Duque trata por todos los medios neutralizar una ciudadanía que hoy no traga entero, que despojada de prejuiciadas opiniones mediáticas es más autónoma e independiente. Los colombianos ya no son pendejos; desmontar la movilización haciendo promesas y proponiendo acuerdos no le es útil al gobierno, menos cuando pretende imponer una reforma tributaria que beneficia a los poderes económicos en detrimento de los salarios, las pensiones y la inversión social.

Ahora, la marcha no la podemos limitar al plano económico y social, la protesta también incluye el dolor por el asesinato de indígenas, líderes sociales y desmovilizados de Farc, sin dejar de soslayo la constante arremetida legislativa del gobierno para desconocer el acuerdo de paz y neutralizar su implementación. Llegó el momento de corregir o de lo contrario…

Bogotá, D. C, 20 de noviembre de 2019

*Periodista y Analista Político.

@jairotevi

Por Guillermo García Realpe*. – Este jueves 21 de noviembre será una fecha memorable para el país. Después de muchos años Colombia vuelve a tener un paro cívico nacional de enormes proporciones donde diversos sectores manifestaran en las calles su inconformismo con las políticas del actual gobierno. 

No sólo marcharán los estudiantes, también los indígenas, las centrales obreras, el magisterio, los campesinos, los ambientalistas, los afro, los líderes sociales, defensores de los derechos humanos y todos quienes de una u otra manera hemos visto que las condiciones actuales del país no son las mejores en diversos frentes, por eso acompañaremos la marcha, eso sí, debe dejarse claro que la marcha debe hacerse de manera pacífica, sin atentar contra los bienes públicos del Estado, ni de la empresa privada, hay que manifestarse pero de manera respetuosa. 

Motivos los hay suficientes y es una justa causa la que se defenderá éste jueves. La percepción general de los colombianos es que hay falencias muy graves en diversos sectores que no están permitiendo que el país se enrute como debe ser. 

Colombia vive hoy un baño de sangre generalizado que no respeta raza, ideología o credo. A los líderes sociales los están matando, también a los desmovilizados de las FARC, volvieron los bombardeos, los falsos positivos, y mientras el país llora a sus muertos, el gobierno nacional por el otro lado bajo la mesa preparando las reformas pensional, laboral, salarial, que se siente van a radicar el año entrante y que desde luego serán muy gravosas para la gente. Pero desde ya, el liberalismo anuncia que no le va a halar a esos proyectos que menoscaban la calidad de vida de los colombianos más vulnerables. 

El gobierno nacional es duro con los colombianos del común y la clase trabajadora, pero generoso con las multinacionales y el empresariado, a ellos se les perdonará diez billones de pesos en exenciones tributarias y eso desde todo punto de vista además de absurdo, es injusto. 

Por todo ello marcharemos, pero además por la dura situación de desempleo que ya supera los dos dígitos y que ubica a dos millones 600 mil personas sin una fuente de trabajo, eso es vergonzoso y triste que el país no brinde oportunidades a su gente, también la inflación que hacía años no se sentía de la forma en que hoy está. A los trabajadores, a las familias ya ningún salario les alcanza y eso va en detrimento de una buena economía del hogar y en detrimento de una buena calidad de vida. 

Nosotros marcharemos, también, en respaldo de los estudiantes que reclaman financiación justa y debida de la educación superior pública. No es posible que los recursos de la educación que les pertenece a nuestros jóvenes para poder tener saberes y aportarle profesionalmente al país en un corto tiempo no se garanticen de una forma adecuada, eso es inaudito. 

Ahora bien, la poca voluntad política de éste gobierno para implementar el proceso de paz es un aliciente más que nos convoca a colmar las calles y avenidas del país, no es posible que los programas del posconflicto no se estén ejecutando o estén marchando a medias. Eso es inadmisible, un proceso de paz que fue catalogado por el mundo entero como modelo, es hoy un desastre por la falta de ganas del ejecutivo, de su gabinete y de su partido de gobierno de sacarlo adelante. 

Se necesita de la misma manera avanzar en la consolidación de temas tan relevantes como el de la formalización, legalización y acceso a la tierra, a promover la sustitución de cultivos de uso ilícito por proyectos productivos legales y rentables, es así como se reconstruye el tejido social en las regiones y desde sus bases, no de otra manera. 

Los indígenas, los líderes sociales, ambientales, de derechos humanos, los líderes promotores de la restitución de la tierra, tienen todo el derecho de pedir que no los maten más. Un llamado al gobierno nacional a que respete a la sociedad colombiana y no la descalifique porque tienen todo el derecho, el fundamento y toda la justicia. Por eso yo también marcho el 21 de noviembre, hagámoslo todos y todas, pero de manera pacífica. 

Bogotá, 19 de noviembre de 2019

*Senador de la República

@GGarciaRealpe