Opinión

Por Guillermo García Realpe*.-En un hecho sin precedentes en la historia del Congreso, el pasado miércoles, un numeroso grupo de Senadores y de Representantes a la Cámara, levantamos las Plenarias respectivas, nos dirigimos en bloque hacia la Casa de Nariño buscando ser atendidos directamente por el Presidente de la República Iván Duque, la idea nuestra y de los demás colegas de diversas bancadas de departamentos como Nariño, Cauca, Valle, Huila, Caquetá, Putumayo, Chocó, Boyacá e incluso Bogotá, y otros departamentos solidarios, era poder tener un dialogo directo con el primer mandatario para aportar soluciones a la grave crisis social y económica que vive nuestro sur del país por cuenta del bloqueo de la minga indígena a la vía Panamericana y que tiene paralizado a toda nuestra región desde hace ya tres semanas. 

Pero ¡oh sorpresa!, no fuimos recibidos por el Jefe de Estado, a cambio envió a poner la cara al Alto Consejero para la Política, Jaime Amín, quien improvisadamente brindó algunas palabras, sin ninguna respuesta efectiva. 

Francamente todos quienes estábamos en la puerta de la Casa de Nariño, salimos muy decepcionados por la actitud presidencial, desconocer la representatividad política de más de 50 congresistas que lo único que buscábamos era brindar nuestra mediación para una pronta salida a la crisis. Era todo lo que buscábamos. Pero el manejo que se le dio a ese momento fue muy desacertado. 

Al día siguiente, en su alocución presidencial ratificó lo dicho en otras oportunidades, que NO viajaría al Cauca hasta tanto la vía se mantenga bloqueada y mientras existan vías de hecho, entendemos la posición presidencial, pero también entendemos las reclamaciones legítimas de los pueblos indígenas. En este momento las conversaciones están en un punto muerto, no hay voluntad política eficaz del Gobierno Nacional para hallar soluciones definitivas. 

Reconocemos el trabajo y la agenda intensa que ha venido desarrollando desde hace varios días la Ministra del Interior Nancy Patricia Gutiérrez y la directora de Planeación Gloria Alonso, pero las han dejado solas, los demás ministros no han hecho presencia para abordar los temas claves como tierras, el exterminio a los líderes sociales, el cumplimiento del Decreto 1811 del 2017 y su inclusión dentro del Plan Nacional de Desarrollo, entre otros. 

Es inaudito que por la falta de diálogo, a veces por la soberbia y por las posiciones ideológicas no se puedan concertar salidas de fondo y definitivas a una crisis social y económica que tiene a toda una vasta región colombiana padeciendo las más grandes necesidades en su día a día. 

Nariño, por ejemplo, mi departamento es uno de los más golpeados por el bloqueo de la vía Panamericana, en todos los 64 municipios escasean los combustibles y el gas, las medicinas también se agotan, la red pública hospitalaria declaró la alerta amarilla, pues están sin insumos vitales como oxígeno, sangre, y líquidos hemáticos, el Programa de Alimentación Escolar –PAE- tuvo que ser suspendido en las instituciones educativas, las pérdidas en el sector transportador son incalculables, los sectores productivos están colapsados, diariamente se pierden 500 mil litros de leche, el precio de los productos ha bajado notoriamente, pues no pueden ser remitidos a las grandes ciudades, y ni qué decir del sector de la construcción, se han perdido 23 mil empleos directos, la escasez de insumos y materiales de construcción ha tenido un impacto negativo en la ejecución y desarrollo de las obras. 

En fin, las pérdidas según el Comité Intergremial supera los 200 mil millones de pesos en los sectores lecheros, avícola, constructor, transporte de carga, transporte de pasajeros, ferreterías, comercio y servicios, es una situación insostenible, pareciera que al Gobierno poco le interesa solucionarla. 

Necesitamos que el Presidente de la República se libere de su doctrina e ideología política y se libere también incluso de algunos sectores de su partido que lo tienen literalmente preso y sin dejarle margen de maniobra. 

Presidente Duque, venga al Cauca y a Nariño, estás regiones aunque no son de Venezuela, sí hacen parte de la frontera sur de nuestro país y merece toda la consideración y su atención. 

Bogotá, D. C, 1 de abril de 2019 

*Senador Liberal 

@GGarciaRealpe

Por Horacio Serpa Uribe*.- Acabo de escuchar, como lo hago casi todos los domingos, el programa radial El Club de Lectura, de Caracol, dirigido por Norberto Vallejo. Muy bueno, como todos, pero el de esta noche especialmente bueno. Fue una entrevista con el médico y escritor caldense Gustavo López sobre su reciente novela histórica “Los dormidos y los muertos”, en la que se relacionan episodios, acontecimientos y situaciones políticas ocurridas en el país durante época de la violencia, ocurrida durante dos décadas en toda la mitad del siglo anterior.

Se entiende que no he leído el libro, pero lo haré lo más pronto que pueda. Por la importante entrevista de Vallejo a López  y los agudos comentarios del autor, se conoce que se trata de una novela recreada en hechos verdaderos, desde la época en la que el liberalismo llegó al poder en 1930, luego de una hegemonía conservadora de 40 años, hasta los comienzos del Frente Nacional, en el gobierno del doctor Guillermo León Valencia. Fueron unos años duros, violentos, de enorme sectarismo político, especialmente en los gobiernos de Mariano Ospina Pérez, Laureano Gómez, el general Gustavo Rojas Pinilla, la Junta Militar y la llega del Frente Nacional.

En esa época tremenda hubo violencia gobiernista conservadora, el asesinato de Gaitán que esta semana cumple  71 años, violencia de la guerrilla liberal, violencia en la dictadura a título de buscar la paz,  violencia de bandoleros liberales y conservadores, que en apariencia terminó al finalizar el primer cuatrienio del Frente Nacional. Fueron 300.000 muertos enterrados en silencio, lo que para el futuro se quiso evitar creando un sistema político en el que solo participaran liberales y conservadores. Gobiernos alternados, Corporaciones públicas paritarias lo mismo que gabinetes y empleados públicos, incluida la rama judicial. Los disentimientos fueron declarados ilegales porque se buscaba una paz duradera. El bullicio del éxito no dejó ver que desde 1964 se crearon otras guerrillas. Fíjense en lo que estamos ahora.

Me parece notable que en la obra de Gustavo López se pongan en conocimiento de esta época, un momento desgraciado de nuestra historia que se ha pretendido desconocer. Mejor, sobre el cual se tendió un manto de olvido, como pretendiendo evitar ingratos recuerdos y responsabilidades judiciales y políticas. Lo que han hecho es hacerle creer a la gente de ahora que la violencia pasará pronto, cuando muchos sabemos que está enquistada en nuestra historia y en nuestros comportamientos.

El mensaje de tan repetidos aconteceres sangrientos es el de que la violencia, el sectarismo, las retaliaciones, la delincuencia general que es hija de esta violencia, no se terminarán solo con más violencia ni con acuerdos políticos que nieguen nuestras verdades y nuestras desnudeces.

No es sensato pedir que se destape la verdad de nuestra historia para estimular sectarismo o deducir responsabilidades. Es para encontrar el camino. No lo conocemos y estamos peor que antes. El libro de Gustavo López es una contribución a la necesidad de que sepamos en donde estamos parados.

Bogotá, D. C, 1 de abril de 2019

Por Mauricio Cabrera Galvis*.- La contaminación del aire que respiramos tiene efectos muy negativos para la salud. Según estudios del DNP, por esta causa se producen unas 8.000 muertes al año, además de millones de enfermedades y síntomas respiratorios, que tienen un costo estimado de USD4.000 millones, equivalente al 1,5% del PIB. El mismo estudio muestra que en las grandes ciudades la principal fuente de contaminación es la emisión de material particulado (PM), que en un 80% proviene de fuentes móviles.

La mejora en la calidad del diesel que suministra Ecopetrol es una contribución importante a mejorar la calidad del aire que respiramos, pero no es suficiente. Se ha reducido de manera significativa el contenido de azufre en el diesel, a niveles que cumplen las más exigentes normas europeas, pero los combustibles fósiles emiten otros materiales contaminantes que también son perjudiciales para la salud.

Además del dióxido de azufre (SO2), que ya se ha reducido, la combustión del diesel en los motores de los vehículos genera residuos de hidrocarburos aromáticos y poliaromáticos, de PM y otros elementos como los óxidos de nitrógeno (NOx), el monóxido de carbono (CO), o el Ozono, todos los cuales producen asma, cáncer pulmonar y otras afecciones respiratorias.

Existen dos caminos para reducir estas emisiones contaminantes: uno es la modernización de la flota vehicular del país, sobre todo la del transporte de carga y los buses de servicio público, pues los motores viejos producen mucho más contaminación; el otro es aumentar la mezcla de biodiésel en el combustible, lo que reduce de manera significativa las emisiones de material contaminante, pues no contiene ninguno de los residuos mencionados.

El documento CONPES 3943, de julio de 2018, que define la política para el mejoramiento de la calidad del aire en el país, plantea como una de las principales líneas de acción la renovación y modernización del parque automotor, incluyendo mecanismos que desincentiven el uso de vehículos altamente contaminantes, como por ejemplo impuestos de rodamiento más altos para los vehículos obsoletos, e incentivos tributarios para vehículos eléctricos y a gas. Se trata de una estrategia de largo plazo, pues la renovación de la flota vehicular tomará varios años.

Sorprende que el CONPES no haya incluido dentro de las acciones para mejorar la calidad del aire el aumento de la mezcla de biodiésel y etanol en el diesel y la gasolina, que es una medida de impacto inmediato y demostrado para reducir la contaminación.

Tampoco dice nada sobre eliminar el privilegio que hoy tiene la gran minería de no estar obligada a usar biodiesel en su operación.

Cali 31 de marzo de 2019

*Folósofo y Economista. Consultor.

Por Juan Camilo Restrepo Salazar*.- En Colombia estamos adquiriendo la mala costumbre de atiborrar de normas cualquier iniciativa legislativa. Pero no sólo las leyes. También las sentencias. Un fallo de la Corte Constitucional que se respete no tiene menos de 400 o 500 páginas. La sentencia que profirió sobre la JEP tenía 700 páginas. Nos estamos acostumbrando malamente a que mientras más atiborradas sean las leyes, o las sentencias, es porque están muy bien. Y puede resultar todo lo contrario.

Cuando se aprobó a las volandas en primer debate el Plan de Desarrollo (2019-2022) el panorama era el siguiente: extensión de la ponencia 1.000 páginas; extensión de las bases del plan de desarrollo otras 1.000; artículos propiamente dichos de la ley del plan 328; y proposiciones presentadas por los parlamentarios 2.600. Todo esto, anticipa una gran confusión en lo que va a ser la discusión del plan en plenarias y naturalmente la aplicación del mismo. Quiero ilustrar lo anterior con tres ejemplos.

Primero, se aprobó una inesperada sobretasa nacional a los usuarios de energía eléctrica ubicados en los estratos 4, 5 y 6, lo mismo que a los usuarios industriales y comerciales, para salvar a Electricaribe. Este fue, según ha trascendido, el caramelo que logró completar el quorum a última hora. Nos enteramos por televisión que uno de los ausentistas más conspicuos se desplazó desde Barranquilla quebrantando las instrucciones de su propio partido simplemente para votar esta sobretasa.

Pero ya de entrada la sobretasa en beneficio de Electricaribe y a cargo de todos los usuarios a lo largo y ancho del país plantea una duda constitucional gigantesca. Una tasa, y con mayor razón una sobretasa, solo se acepta en la jurisprudencia constitucional como una contraprestación que un usuario paga por la recepción de un servicio que alguna entidad pública le preste. Y en esto se diferencia la tasa del impuesto, en el cual no se requiere contraprestación alguna.

¿Qué contraprestación de Electricaribe va a recibir el usuario de estrato 4, 5 y 6 residenciado en Pasto, en Medellín, en Cali o en Bogotá? No es claro. Y por lo tanto no es nada claro tampoco la constitucionalidad de esta norma.

Cabría esta pregunta: ¿Qué opinaría el usuario del servicio público de transporte de Cartagena, Santa Marta o Barranquilla si se les impusiera una inesperada sobretasa para salvar el sistema S.I.T.P de Bogotá que, como es sabido, atraviesa por graves dificultades económicas? Probablemente el rechazo de la costa sería inmediato a esta sobretasa.

Deja también mucho que pensar, y muchas dudas que seguramente se planteará también la Corte Constitucional en su momento, el hecho de que acabando de salir de la ley de financiamiento se hubiera aprovechado habilidosamente la ley del plan para incluir una nueva mini reforma tributaria. Según Fedesarrollo en la ley del plan se encuentran 7 nuevas normas de corte tributario que van desde exenciones, deducciones y hasta becas por impuestos. ¿Qué va a pensar la Corte de todo esto?

Y una última reflexión: ha trascendido que uno de los pedimentos de los organizadores de la Minga indígena y campesina consiste, además de exigir la presencia del presidente de la Republica, que los $10 billones que están dispuestos en el Plan de Desarrollo se adicionen con otros $ 4.6 billones para inversiones de interés entre la dirigencia indígena. Ojalá el gobierno no ceda a esta descabellada pretensión como costo para levantar el paro en la carretera panamericana. Deber recordarse que $14.6 billones (10 que ya están en el plan de desarrollo y 4.6 de las nuevas pretensiones) es una suma que supera el presupuesto todo de Colpensiones para atender a 1.3 millones de pensionados.

Si queremos que la ley siga siendo un instrumento útil para dirigir las políticas públicas hay que comenzar por desatiborrarla.

Bogotá, D. C, 31 de marzo de 2019

*Abogado, Economista y Exministro de Estado.

Por Amylkar D. Acosta M*.- Como es bien sabido, a Colombia la ronda el fantasma de la pérdida del autoabastecimiento de crudos para cargar sus refinerías, lo cual la obligaría a tener que importarlo, en razón de las precarias reservas probadas con las que cuenta (1.782 millones en diciembre de 2017), que sólo garantizan el suministro para 5.7 años. Para conjurar este peligro, se plantea en el proyecto de Plán Nacional de Desarrollo 2018 -2022 que se tramita en el Congreso de la República la necesidad de reactivar “la actividad de exploración y producción de yacimientos no convencionales”, para lo cual se busca fortalecer “un régimen fiscal competitivo” y el robustecimiento por parte de la ANH de “los términos contractuales, que permitan ubicar al país entre los más atractivos de Latinoamérica para la inversión en el sector de hidrocarburos”.

Consciente de las falencias que acusa la institucionalidad del sector se dice que, a partir de los resultados de los distintos estudios, “se mejorará, de ser necesario, la institucionalidad, el marco contractual y la normatividad (Pacto por la Sostenibilidad), que deberá cumplirse y fiscalizarse para la exploración y producción de estos hidrocarburos”, al igual que para “los proyectos de exploración y producción de hidrocarburos costa afuera...con las mejores prácticas internacionales”. Con ello se le estaría dando respuesta al Informe presentado por la Comisión de Expertos, que contiene sus conclusiones y recomendaciones presentado el pasado 14 de febrero, el cual concluyó: “cumpliendo unos requisitos, se puede avanzar con proyectos pilotos integrales de investigación con técnica de fracturación hidráulica propuestos en los programas exploratorios” por parte de ECOPETROL.

Por mi parte propondría que, si el gobierno acoge las recomendaciones de la Comisión de expertos, se integre un Panel de expertos con la finalidad de que el mismo monitoré y le haga seguimiento a la implementación de los pilotos y al término de este ensayo evalúe y valide sus resultados, para que, dependiendo de estos, decidir si de el paso subsiguiente de la comercialidad del procedimiento.

En nuestro concepto las condiciones están dadas y la industria lo que demanda es, fundamentalmente, seguridad jurídica, que no les cambien las reglas de juego en la mitad del juego y que la coordinación entre las autoridades nacionales y las territoriales en la toma de decisiones con respecto al desarrollo de la actividad extractiva, como lo mandó la Corte Constitucional en recientes fallos, se materialice, amén del diálogo informado con las comunidades, para que de esta manera se viabilicen los proyectos.

Extrañamente, en las Bases del Plan no se espera incrementar las reservas y la producción ni de petróleo ni de gas natural sino mantenerlas al mismo nivel del año 2018; en el caso de la producción de petróleo dicha meta (854 mil barriles/día) está incluso por debajo del volúmen de producción que sirvio de base para la aprobación del Presupuesto para la vigencia de 2019 (872 mil barriles/día). Ello no se corresponde con las metas que se esta imponiendo el Plan de aumentar el número de pozos exploratorios, pasando de 46 en 2018  a 207 y en cuanto a sísmica se propone pasar de correr 1.107 kilómetros a 6.900 kilómetros.

Huelga decir, que asegurar el autoabastecimiento no tiene porque alejarnos de la transformación productiva como estrategia para diversificar la economía y reducir la dependencia con respecto al petróleo. Para nadie es un secreto que, a las modestas reservas de crudo con las que cuenta el país, se viene a sumar el hecho cierto que el petróleo va de retirada por cuenta de la Transición energética global, razones suficientes para que el país tome en serio esta estrategia para evitar sobresaltos hacia el futuro.

Sorprende que se diga en el proyecto que será la Presidencia de la República la que “coordinará las entidades con competencias en materia de viabilidad, permisos y licencias para el desarrollo de proyectos energéticos de transporte, extracción y producción, con el fin de atender los requerimientos con la oportunidad respectiva”. A todas esas cabe preguntarse en qué quedan los ministerios del ramo, acaso no se confía en ellos, para que asuman sus propias responsabilidades y competencias. Por qué, más bien, no se apela al instrumento creado mediante el CONPES 3762 de agosto 20 de 2013, que establece los “lineamientos de políticas para el desarrollo de proyectos de interés nacional y estratégicos – PINES”, que ha mostrado y demostrado su eficacia para hacer más expeditos los procesos de licenciamiento y permisos para la ejecución de los proyectos. 

Bopgotá, marzo 30 de 2019

*Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía

www.amylkaracosta.net

Por Jorge Enrique Robledo*.- Muchísimos fueron los votos que Iván Duque sacó por autoproclamarse como el Presidente “de los textileros y los confeccionistas” y por prometerles que “a esas importaciones de textiles de los países donde pagan una miseria de sueldos, que son sueldos de esclavitud, les vamos a aplicar el máximo arancel posible, para que no les quiten los puestos de trabajo a las operarias de las confecciones en Colombia” (http://bit.ly/2FAfJRc1). Y lo de los sueldos bajísimos no eran exageraciones electorales. Por ejemplo, el salario mínimo textil de China comparable (PPA) es 2,49 veces menos que el colombiano y el de Bangladesh, 3,42 veces menor.

Pero a ocho meses de posesionado, y después de numerosas reuniones con el ministro de Comercio conocidas por Iván Duque, confeccionistas y textileros, empresarios y trabajadores, concluyeron que el Presidente les había puesto conejo. Imitando a sus antecesores: “Prometer para conseguir y una vez conseguido olvidar lo prometido”. Poco le importó a Duque que hubiera empeñado su palabra y que, de acuerdo con la Cámara Colombiana de las Confecciones y Afines (CCCyA), organización que representa a los productores de prendas, telas, hilos, estampados y accesorios, en los últimos años las confecciones extranjeras hayan destruido más de seiscientos mil empleos. Cuánta pobreza y miseria hay detrás de una tragedia que los importadores y sus propagandistas más conspicuos pretenden despachar con toda frialdad, como si no significara nada.

La historia de este conejazo –de los mayores que se recuerden– se empeora porque Duque pudo cumplir sus promesas de campaña -*con toda facilidad, dado que esas importaciones asiáticas y africanas ni siquiera obedecen a las cláusulas leoninas de los TLC –pues con esos países Colombia no tiene ninguno–, sino que son una concesión gratuita de los gobiernos de Santos y Duque, al literalmente regalarles el mercado interno a quienes ni siquiera compran manufacturas nacionales. En esto también, los gobernantes colombianos actúan de la peor manera, según lo prueban las cifras: los aranceles de Colombia a esa ropa son de apenas el 15 por ciento, aunque la OMC la autoriza para imponerles hasta el 40, mientras que Brasil, por ejemplo, protege a sus confeccionistas con el 35 por ciento.

Para empeorar las cosas, esta política contra la producción y el trabajo nacionales también favorece a los grandes contrabandistas, contrabando facilitado por un TLC entre Colombia y Panamá que, además de servirle a esta y a otras actividades ilícitas, no tiene explicación, porque ese país no produce manufacturas pero sí sirve de puente para que a las confecciones extranjeras se les facilite llegar a hacerles daños a los colombianos, incluida la industria del calzado. Todo indica que Duque, como Santos, tampoco pondrá en cintura a esa guarida fiscal –que no paraíso– en que un puñado ha convertido a Panamá.

Quienes defienden que Colombia se inunde de prendas extranjeras, que en grandes proporciones venden las grandes superficies, andan con la falacia de que lo que los mueve no son sus ganancias sino su gran amor a los colombianos que así pueden –dicen– comprar más barato. Paja. Cuento manido de treinta años utilizado para justificar el daño que le hacen al país. Porque la verdad es que sí importan a costos menores para desplazar o arruinar a la industria nacional y destruir empleo, pero esos precios más bajos no se le trasladan a la gente, a la que esquilman sin consideraciones. Y se sabe además que los desempleados y los pobres y paupérrimos no tienen con qué comprar, ni siquiera lo de menor precio, porque para poder consumir, primero, hay que percibir ingresos. Otro caso en el que lo supuestamente barato sale caro.

Ante semejante engaño de Duque a sus electores, los empresarios y los trabajadores de las confecciones, respaldados por las centrales obreras, CUT, CGT y CTC, y una mayoría de congresistas de distintos sectores políticos, en una coincidencia ejemplar, logramos que en el Plan de Desarrollo, en su primera votación, se protegiera a este sector contra importadores y contrabandistas con un arancel del 37,5 por ciento. Pero como es notorio que a Duque y a Carrasquilla no les gusta la idea, hay que elevar la vigilancia para asegurar que en la votación definitiva no se favorezca a las trasnacionales.

Coletilla: el gobierno tiene decidido montar, con grandes costos oficiales y subsidios a poderosos particulares, otra regasificadora, decisión que implica traer de Estados Unidos el gas que puede producirse en Colombia, y eso que el de allá sale bastante más costoso que el de aquí. Si los gobiernos de este país hicieran por la producción nacional siquiera el cinco por ciento de lo que hacen por la foránea, seríamos una potencia industrial y agropecuaria.

Bogotá, 29 de marzo de 2019.

Senador del Polo Democrático Alternativo

Por Lorena Rubiano.-  La verdad se corrompe tanto, con la mentira, como con el silencio. Cicerón.

Tarde o temprano la verdad se impone. Ya que la justicia no ha podido encontrar la verdad y llegar al  fondo de la realidad del origen de nuestro conflicto armado con sus  masacres, asesinatos y violaciones, son los protagonistas de esos desafueros, los que van a contar la verdad.

Y bienvenida esa verdad, para que los colombianos, y el mundo entero que tenga interés sobre nuestra realidad, la conozcan, y sepan quiénes y por qué se han sacrificado tantas vidas humanas sin razón alguna. Por qué y qué razón han tenido los que han desplazado campesinos y comunidades indígenas de territorios que  después aparecen como dueños grandes empresas nacionales y multinacionales.

Es hora de que el país conozca esa verdad, duélale a quien le duela y cause los escándalos que sean, pero a la verdad nadie, ni nada la puede seguir escondiendo y teniéndola sumergida, para que no aflore al conocimiento de los colombianos.  

Y se va a descubrir que después de cada homicidio, matanza o desplazamiento, sus autores tenían listas las noticias falsas para desviar las investigaciones y confundir a la opinión pública y para lo cual lamentablemente se prestaban varios medios de información. Por eso los medios de comunicación tienen que estar alerta para no servir de idiotas útiles ayudando a publicar falsas informaciones.

Lo que se va a saber es que detrás de cada magnicidio, atentado, o desplazamientos había grandes intereses económicos, que financiaban estas actividades delincuenciales buscando beneficios propios o para terceras personas.

Por eso es bienvenido el anuncio de los autores y partícipes del conflicto armado en nuestro país que desde las cárceles advierten que concurrirán ante la JEP, ante la Comisión de la verdad y ante las instancias internacionales como la Corte Penal Internacional, para decir la verdad de lo ocurrido en el país entre 1984 y el 2016. Ellos, exmiembros de las bacrim, Farc-Ep, Autodefensas, Paramilitares, narcotraficantes financiadores del conflicto,  están dispuesto a entregar sus versiones a estos organismos.

Expresan los firmantes en el comunicado que: “estamos dispuestos a aportar verdad plena, es decir, de exponerla de manera exhaustiva y detallada, verdad y relatos de las actividades o conductas cometidas en desarrollo del conflicto  y las circunstancias de su comisión y también a brindar informaciones necesarias y suficientes para atribuir responsabilidades “.

De manera que a la gran sacrificada del conflicto armado, la verdad, que durante años y años ha estado escondida, en los más recónditos lugares del alma para que no salpicara a los verdaderos autores intelectuales o materiales de los ilícitos, le ha llegado su hora, su momento de salir a contarle al pueblo colombiano  todo lo que sepa de las causales y protagonistas del conflicto armado en nuestro país. Y eso puede tener incómodos a muchos de  los participantes, pero eso es irreversible, la verdad aflorará por encima de intereses mezquinos y personalistas que la tenían sepultada y tal vez llegaron a pensar que jamás saldría a flote.

Bogotá, D. C, 29 de marzo de 2019

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Por Gabriel Ortiz*.- El proceso de paz ha enfrentado más agresiones que Colombia en la época de Pablo Escobar. Montoneras de enemigos han querido manejar la voluntad de la población colombiana, a la que jalonan con mensajes falsos y engaños. Con igual patraña quisieron urdir a la comunidad internacional. Pero nada han logrado porque el conjunto de naciones y entidades guardianas de la paz actúan con sabiduría, madurez, inteligencia y equilibrio. Ellas defienden la paz y piden garantías para la JEP.

Por ello vale la pena analizar lo que expresa el Premio Nobel de Paz, Juan Manuel Santos, en su libro “La Batalla por la Paz”:

“Se recomendó a Álvaro Uribe, principal enemigo de la paz, ir al Vaticano a “torpedear” la entrega de un galardón -La lámpara de la Paz- amparado por la Iglesia para los constructores de paz en el mundo. Si Uribe lograba un pronunciamiento de ellos en contra del proceso, sería un gran golpe para su credibilidad entre los millones de católicos colombianos. Así lo hicieron y aprovechando una visita que realizó Uribe a Italia, en julio de 2016, en la que no desaprovechó micrófono para acusar a mi gobierno de entregar el país a las Farc, fueron al convento donde el expresidente les habló largamente a los hermanos franciscanos”.

“Los frailes quedaron alarmados ante la diatriba que les soltó Uribe en contra del proceso de paz y, para lograr una opinión más equilibrada, llamaron al embajador Escobar y le pidieron que fuera a Asís y les expusiera la realidad del proceso desde el punto de vista del gobierno. Luego de escuchar sus explicaciones, con las dos posturas que habían escuchado sobre la mesa, los religiosos deliberaron y tomaron una decisión: otorgarme la Lámpara de la Paz. ¡Dios sabe cómo hace sus cosas!

Y como lo señala Santos en “La Batalla por la Paz”, el expresidente “centrodemocratiano” solo tenía en su mente recorrer el mundo, ir a los foros para desviar la verdad, con miras a evitar que en Colombia triunfe una paz con verdad, justicia, reparación y no repetición, no como la que él buscó con los narcoparamilitares, que sin decir la verdad vacacionaron en USA y regresaron a sus andanzas. Por ello, la documentación de las negociaciones con los paras desaparecieron. Si algo llega a emerger, se esfumará en Centro de Memoria Histórica. Para eso hay nuevo director.

Cuántas muertes, cuántas violaciones de menores y mujeres, cuántos muertos, cuántos militares y policías asesinados, cuántas tomas de poblaciones, secuestros, extorsiones, falsos positivos, despojos y demás desastres se hubieran evitado en Colombia, si el senador Uribe y sus áulicos, hubieran atenuado su afán destructivo de la paz firmada en La Habana.

Entre tanto y para más rabia, el senador, seguirá siendo expresidente, mientras Santos será “Premio Nobel de Paz” y punto. Ello exaspera, irrita y atiza el odio.

BLANCO: La JEP reprime la impunidad, dice la Canciller noruega.

NEGRO: Dos reformas tributarias en siete meses. Ley de financiamiento y Plan Nacional de Desarrollo.

Bogotá, 28 de marzo de 2019

*Exdirector del Noticiero Nacional y de Notisuper, la Noticia Viva.

Por Andrés Cristo Bustos*. - Entiendo al Gobierno y al presidente al querer dejar plasmado “todo” en un PND. Entiendo al Gobierno y al Presidente al querer tener las herramientas y facultades para sus proyectos, evitando de la mayor forma posible al Congreso. Pero me preocupa que al cerrarle todas las posibilidades de gestión al ente colegiado, pretenda también auto legislar dejando un Plan plurianual de inversiones, léase  “Plan de buenas intenciones” (que lo han dejado todos los presidentes), al lado de un articulado que no es coherente con el mismo.

Por eso, me parece irresponsable que el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, no haya definido de manera específica temas macro, que exigen políticas y hechos concretos del ejecutivo.

¿Por qué en vez de utilizar la famosa frase “transversalizar el gasto”, no hubo asignaciones específicas para la implementación del proceso de paz? Es decir, tierras y seguridad para las comunidades del Cauca, sustitución de cultivos para las comunidades del Catatumbo o un plan de contingencia económica para la frontera con Venezuela, así como varios temas que pondrían al presidente de la República en un contacto más directo con la base que lo eligió.

Por el contrario, de manera irresponsable mostrando su vanidad y arrogancia, el ministro de Hacienda, el doctor Carrasquilla sin haber tomado parte directa en las discusiones, radicó su proyecto, el miércoles 20 de marzo ya en horas de la tarde, con una serie de artículos nuevos que no fueron socializados- exactamente 128- donde se reformaban leyes orgánicas, derogaban otras y se tomaban decisiones donde el Congreso de la República simplemente terminaría asintiendo sin mayores objeciones.

No hay duda, el PND se terminó debatiendo en 5 horas y se votaron artículos nuevos sin proposiciones. Me pregunto: ¿Cómo iban a tener proposiciones si se radicaron el día anterior?, es decir, aparecieron una serie de artículos a última hora que traían aval del gobierno y que no tenían siquiera un numeral en el proyecto, ¡nadie los conoce! En conclusión, no había forma de estudiarlo ni siquiera de revisarlo.

PD: Entre otras cosas, para Norte de Santander, dejó regulada la internación de vehículos, al igual que la situación de las zonas francas y hasta ahí, llegó la “hojas de ruta” del gobierno con un departamento que fue generoso electoralmente con el presidente. Al final no quedó nada que haga sentir a la ciudad de Cúcuta medianamente tranquila ante la crisis que quedamos sumidos después de enero.

Bogotá, D. C, 27 de marzo de 2019

*Senador Liberal