Opinión

Por Mauricio Cabrera Galvis*.- El título de esta columna no se refiere a las consecuencias del reciente bloqueo de la carretera Cali-Popayán, ni al desencuentro del presidente Duque con la minga indígena después de levantado el bloqueo. La gran vergüenza de la Vía Pana-mericana en el suroccidente del país es que, a pesar de su gran importancia estratégica para el país, es todavía una carreterita de muy bajas especificaciones. Lo peor de todo es que no hay ni siquiera planes para construir una verdadera autopista de doble calzada.

La Vía Panamericana es la única conexión terrestre de Colombia con el sur del continente, con un alto volumen de tránsito tanto de pasajeros como de carga pues es el paso obligado de buena parte de las mercancías que vendemos a países como Ecuador y Perú. Desde el norte y centro del país hasta Cali se cuenta ya, o están en proceso de construcción con buena parte de los tramos en doble calzada; pero desde allí hacia el sur es una vía con especificaciones del siglo pasado.

Para recorrer hoy los 490 km del trayecto Cali-Rumichaca (en la frontera con el Ecuador) un carro puede demorar más de 10 horas (si no encuentra derrumbes) y un vehículo de transporte de carga el doble o más. Solo los primeros 50 km hasta Santander de Quilichao son de doble calzada, mientras que el resto es una vía de calzada sencilla donde la velocidad promedio no llega a los 50 km/hora.

Dentro del programa de concesiones de carreteras 4G están incluidos solo dos tramos de esta vía: 76 km, de Santander de Quilichao a Popayán y 82 km de Pasto a Rumichaca. Para el trayecto más largo, los 250 km de Popayán a Pasto no hay ningún proyecto de concesión en marcha y continuará siendo el cuello de botella de la vía, con el descenso al cañón del río Patía. Para colmo de males, de los dos tramos concesionados desde hace casi 4 años, el primero no ha podido comenzar y el segundo tiene un avance de menos del 8% de las obras.

Es totalmente desproporcionada la poca participación que tiene este trayecto de la Panamericana dentro del programa de concesiones 4G. En efecto, este contempla la construcción de 8.500 Km de carreteras con una inversión cercana a los $45 billones, lo que significa que las nuevas vías en la ruta Cali-Rumichaca serán solo el 2% del total construido. Como referencia cabe recordar que en las Autopistas de la Prosperidad en Antioquia se están construyendo 1.200 km, es decir el 15% del total, y en la región Caribe 1.500 km, el 18% del total.

La vergüenza de los colombianos es pasar el puente internacional de Rumichaca y entrar al sistema de carreteras del Ecuador, frente a las cuales las vía Panamericana del antaño “coloso del norte” parece casi una trocha.

Cali, 21 de abril de 2019

*Folósofo y Economista. Consultor.

Por Amylkar D. Acosta M*.-Es una realidad que el mundo entero transita por la senda de la transición energética, migrando desde las energías de orígen fósil hacia aquellas fuentes no convencionales de energías renovables y limpias, pero también es cierto que en aquellos países en donde históricamente se ha dependido de aquellas, tienen en los recursos que genera su explotación la fuente de financiación de dicha transición.

Así lo han entendido los Emiratos árabes, que cuentan con las mayores reservas de petróleo del mundo y otros países, como es el caso de Chile, que paulatinamente ha venido diversificando su economía y reduciendo su dependencia con respecto al cobre. Y no hay que olvidar, la transición energética es tecnológica y la manera de avanzar por esta vía es conectando la materia prima con la materia gris, mediante la inversión en ciencia, tecnología e innovación.

Según la OCDE “la economía de Colombia continúa dependiendo de los recursos naturales y cada vez lo hace en mayor medida...Hace dos años, la producción primaria y la minería representaron un 80% de las exportaciones, diez puntos porcentuales más que en 1991”. De allí que, como lo acota la Presidenta del Consejo Privado de Competitividad Rosario Córdoba, “la recomendación central de la OCDE es categórica, Colombia debe priorizar la agenda de transformación productiva y asignarle recursos a la altura del reto”.

Como es apenas obvio, la transición energética es un proceso gradual, no es dable pensar que se pueda dar como si fuera un salto de garrocha. Conscientes de ello, el mundo y Colombia no es la excepción, han venido tendiendo puentes que sirven de rampa para llegar al objetivo propuesto. En este sentido, Colombia se hizo parte del Acuerdo de París, ratificado por el Congreso de la República mediante la Ley 1844 del 14 de julio de 2017 y se comprometió con los Objetivos del Desarrollo Sostenible, del cual fue además su promotor y propulsor, suscritos en 2015.

El proyecto de Plan Nacional de Desarrollo (PND) deja claramente establecidos dos pactos con el sector energético, el primero “por la calidad y eficiencia de servicios públicos para promover la competitividad y el bienestar de todos” y el segundo “por los recursos minero-energéticos para el crecimiento sostenible y la expansión de oportunidades”. A ello habrá de contribuir el “fortalecimiento de la Comisión para el uso Racional y Eficiente de Energía (URE) y fuentes no convencionales y la inclusión de metas obligatorias de eficiencia energética en el Programa de uso racional y eficiente de energía” incluido en las Bases del Plan.

Al considerar el PND la “energía que transforma: hacia un sector energético más innovador, competitivo, limpio y equitativo”, la Red Nacional de Tecnoparques del SENA que trae el Plan incluye a los biocombustibles entre los sectores a apoyar, junto con las energías verdes, con “proyectos de investigación aplicada, desarrollo tecnológico e innovación”. La emergencia que afrontan en este momento, especialmente, Bogotá y Medellín, que obligó a sus alcaldes a extremar medidas para paliar la contaminación de estas urbes, hacen imperativo reducir las emisiones de GEI de su parque automotor. Y para lograrlo, como se dice en el proyecto del PND, hay que “utilizar eficientemente los recursos, incorporar teconologías vehiculares de cero o bajas emisiones” y, entre estas últimas está la mezcla de los biocombustibles como parte de la solución. Lástima que nada se dice en el proyecto sobre la necesidad de incrementar el porcentaje de las mezclas, toda vez que a mayor porcentaje de mezclas la reducción de las emisiones de GEI es mayor.

La “consolidación de la integración de las fuentes no convencionales de energías renovables (FNCER) a la matriz energética” que plantea las Bases del Plan va en la dirección correcta. Como se recordará en el año 2014 fué expedida la Ley 1715 mediante la cual “se regula la integración de las energías renovables no convencionales al Sistema Energético Nacional”. Recientemente se adjudicaron los primeros 1.160 MW de potencia, entre eólicos y solares, dándose así el primer paso en firme para integrar las fuentes no convencionales de generación a la matríz energética.

Es de destacar también la modificación que se propone del artículo 11 de la Ley 1715 de 2014, ya que a través de este proyecto se está extendiendo el incentivo de la deducción anual de su renta al ejecutor de los proyectos de generación a partir de FNCER el “50% del  valor de la inversión realizada” de 5 años que contempla la Ley a 30 años, “como fomento a la investigación, desarrollo e inversión en el ámbito de la producción y utilización de energía a partir de FNCER, la gestión eficiente de la energía”. Este es un gran apoyo e impulso a las energías renovables y limpias en este país.

Finalmente, nos parece muy atinada la iniciativa que trae las Bases del Plan de integrar una “Misión para la modernización de los mercados actuales y la promoción de la innovación”. Este es un paso primordial para la consolidación del proceso de transición energética, para que esta se asuma como política de Estado y no como política de gobierno. 

El Peñol, abril 19 de 2019

*Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía

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Por: Mons. Darío de Jesús Monsalve Mejía *.- Semana Santa es nuestra oportunidad de cruzar la mirada con Jesús, de vivir su PASO por nuestras vidas.

La Iglesia en Cali convoca a los fieles y a quienes buscan un nuevo acercamiento a la persona del Señor Jesús, revelación de Dios en nuestra propia naturaleza y realidad humana, a abrirle la agenda, la casa y el corazón a los días santos.

Las parroquias y centros de culto estarán también abiertos y dedicados a la liturgia, a las celebraciones y al sacramento de la reconciliación con Dios que el mismo Cristo nos confió.

CONFESAR LA VERDAD se ha convertido en el gran desafío de nuestras vidas. Es el acto de encontrarse con Cristo y dejar que él rescate la conciencia de cada persona, difusa en las cosas y afanes de la vida. Tomar conciencia de lo que estoy siendo y haciendo, junto a Jesús, nos abre a la gracia del CAMBIO DE ACTITUD ante la vida, las relaciones con los demás y la percepción de los acontecimientos.

Es la gracia de detenerse y agradecer, de escuchar una palabra iluminadora y reconocer mi parte en las cosas. Es la gracia de vivir la vida como proceso de conversión permanente.

El sacramento de la CONFESIÓN nos permite este ejercicio de cinco puntos: *examen de conciencia, *contrición de corazón, *propósito de enmienda, *confesión de boca y *satisfacción de obra.

Este ejercicio es también el que debemos aplicar a nuestra vida de parejas y esposos, de corrección fraterna en familias y comunidades de vida. Y, por supuesto, en la construcción de paz y reconciliación que las realidades nos reclaman a todos.

CONFESAR LA VERDAD que nos hace libres en Jesús y abre la puerta al perdón, la corrección y la reparación es también la opción para una sociedad herida, en la que algunos hacen víctimas a muchos, en la que todos necesitamos oportunidad de vida y de cambio, de reconciliación y paz.

Este es el GRAN DESAFÍO que Dios, en Jesús, nos hace ahora y aquí.

Respondámosle con decisión.

Cali, 20 de abril de 2019

* Arzobispo de Cali

Por Gabriel Ortiz*-.Colombia avanza rápidamente hacia una deforestación que puede acabar de tajo con la extraordinaria riqueza con la que nos dotó la naturaleza y que nos ha convertido en un lugar súper apetecido por los buenos y por los malos.

El del Ministerio del Medio Ambiente, ha accionado de nuevo con la alarma que, desde hace varios años fue activada por los diferentes gobiernos y entidades nacionales, y por numerosas organizaciones locales y mundiales, que se encargan de cuidar los recursos de los que dependen las actuales y futuras generaciones de Colombianos y habitantes del mundo.

Las hojas caen y, tras ellas las ramas y los troncos de los árboles que nos mantienen aún el lugar sobresaliente en materia de biodiversidad. Aparecen a diario enfermedades que se convierten en epidemias, por la contaminación, producto de la deforestación y acelerada aparición de fuentes de polución y envenenamiento del medio ambiente.

Los dos fenómenos marchan al unísono y multiplican los peligros para una población, que goza y se lucra con el estado actual de las cosas que nos agobian y nos llevan al deterioro de la vida que merece el ser humano.

A nadie le duele, a muy pocos les preocupa que se tale un árbol, se incinere o se utilice sin necesidad. La industria los aprovecha, pero no los repone. Las selvas cada vez son más precarias. Las fotos satelitales y aéreas, muestran como le llega la calvicie a esa gran riqueza que podría calmar la sed a este globo.

Contrasta la acción de esos industriales con espíritu ecológico que invierten ingentes cantidades de dinero para producir guardando el saneamiento ambiental, con aquellos que solo quieren engrosar sus arcas, sin importarles el planeta. Vemos como la industria automotriz avanza en tecnología para minimizar los gases nocivos. Pero hay otra que aprovecha a los venales para vender y salir de las existencias de vehículos descontinuados, por ser altamente contaminadores, pero que gracias a ellos, pasean sus chimeneas a lo largo y ancho de las ciudades. Bogotá, una de ellas, muestra una alta contaminación que enferma a su población, especialmente a la infantil, con serias alteraciones pulmonares crónicas.

Y nada hay que hacer, porque a nadie le duele lo que está pasando, mientras esta tala incontrolada del bosque continúe.

Esta Semana Santa, podría revivir la costumbre que existía para motivar a los estudiantes para que siembren árboles y volvamos a repoblar selvas, campos y ciudades de vida sana, limpia y prometedora.

En Colombia no hay cultura para ello. Los narcos tumban selva para su coca, los ganaderos sin rubor incendian grandes extensiones para hacer potreros y así cada quien aprovecha la falta de cultura y la ausencia de gobierno. Y en Bogotá, si Peñalosa ve un árbol, se inventa un parque pavimentado.

Necesitamos con urgencia entrar por la ruta ecológica, antes de que sea tarde; antes de que hasta los tanques de oxígeno escaseen y solo queden unos pocos ataúdes de madera, para sepultar a los últimos que aún habiten en las ruinas que queden en este planeta.

BLANCO: Vale la pena pensar en controlar el oro. Otro contaminador en todos los órdenes.  

NEGRO: El fallecimiento del expresidente Alan García. Y Odebrecht ahí.

Bogotá, D. C, 18 de abril de 2019 

*Exdirector del Noticiero Nacional y de Notisuper: La Noticia Viva     

Por Guillermo García Realpe*.- Durante 27 días, casi todo el mes de marzo, el sur colombiano se conmocionó por el bloqueo de la vía Panamericana entre Cali y Popayán por parte de la minga indígena caucana que destaponó la vía por el anunciado y frustrado encuentro con el Presidente Iván Duque. 

Nos alegramos mucho porque regreso la transitabilidad de carga, productos, pasajeros y usuarios de la vía, pero todos sabemos que la minga sigue y en estado de una movilización inconclusa. 

Muchas lecciones tenemos, la primera es que el Gobierno Nacional no fue precavido y no adelantó un diálogo con las comunidades indígenas que pudo haber evitado, no la movilización, pero sí el bloqueo. 

Nuestro reconocimiento a la labor misional, casi de apóstol de la Ministra del Interior Nancy Patricia Gutiérrez y de la Directora de Planeación Nacional, Gloria Alonso, quienes durante más de quince días estuvieron al frente de las conversaciones con los dirigentes indígenas, tanto en Santander de Quilichao, como en la vía a Buenaventura, con un incidente muy grave de por medio. 

Pero, se les vio solas a estas preocupadas funcionarias, no las acompañaron más ministros de otros sectores importantes, y de interés para los reclamantes. 

Dolorosa la muerte del policía Boris Benítez y del comunero Deiner Yunda, toda muerte es dolorosa, pero mucho más, las muertes que se pudieron haber evitado y se pudieron haber evitado con el diálogo previo que no se realizó.

Pero pudo haber sucedido cosas más graves, incidentes más dolorosos, al fin se impuso el buen criterio de la Fuerza Pública que con un manejo ponderado hizo caso omiso de voces extremistas de la derecha recalcitrante que pretendían la apertura de la vía a sangre y fuego. 

El expresidente ÁLvaro Uribe, fue el más extremista, con sus trinos que hoy reemplazan los tambores de guerra y de muerte. 

Formalmente el diálogo aunque inconcluso, se impuso, el buen sentido común se impuso, tenemos una vía funcional. 

Pero quedan lecciones aún más y de fondo. El sur del país es un territorio diverso, de enormes potencialidades no desarrolladas, pero muy vulnerable, un solo corredor vial es una gran limitación, necesitamos las transversales Pasto-Mocoa, Popayán-Isnos-Pitalito, desarrollar de manera integral el Puerto de Tumaco, como Puerto pesquero, de carga, de combustibles y de turismo y por supuesto la vía de Popayán a Güapi. 

No estamos preparados para estas contingencias, también no existen planes para el manejo de estas adversidades. Colapsan nuestras poblaciones, y ciudades, el combustible no nos dura dos días, la salud se afecta, y no tenemos cómo comercializar nuestros productos y bienes de consumo. 

En unas cuantas horas, 500 mil litros diarios de leche de pequeños productores nariñenses se ponen en riesgo de ser desechados, se impone la necesidad de una planta pulverizadora de leche, los paperos pierden en estas circunstancias decenas de miles de toneladas, definitivamente es una tragedia que se repite y no aprendemos de esto. 

La movilización social campesina e indígena es una variable permanente, sus reclamaciones siempre justas que ni el Estado colombiano, ni los gobiernos regionales pueden desconocer, este es un hecho de vida en nuestro territorio, la descalificación no es la ruta de solución, es entender que nacimos y vivimos con esta diversidad cultural, social y económica. 

El Sur, el Pacífico y la Amazonia, la zona más rica en generación de agua, de vida y de naturaleza en Colombia tiene estos componentes y debemos aceptarnos y ser conscientes que aquí debemos caber todos, sin descalificarnos. 

La vida nos puso aquí, convivamos constructivamente, vivamos propositivamente en paz y dignidad. 

Bogotá, D. C, 17 de abril de 2019 

*Senador de la República 

@GGarciaRealpe

Por Amylkar D. Acosta M*.- Hablando de combustibles, el proyecto de Plan Nacional de Desarrollo (PND) se ocupa de dos asuntos espinosos y sensibles. En las Bases del Plan “se asignará a la CREG la regulación económica de los combustibles líquidos. Así mismo, la CREG revisará la metodología de formación de precio de combustibles líquidos, biocombustibles y GLP, que incluya tanto el producto nacional como importado”. Ímproba tarea la que le estarían delegando a la CREG, en momentos en los que la Corte Constitucional le dió 2 años al Congreso de la República para establecer la base gravable de la sobretasa a la gasolina que certifica mensualmente el Ministerio de Minas y Energía^<.

El Congreso debería aprovechar esta oportunidad para hacerlo, aunque el proyecto plantea que “el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Energía revisarán el esquema de sobretasa que aplican los municipios para considerar los nuevos energéticos que se incorporen a la matriz para movilidad”. Por su parte el Ministerio de Minas y Energía, según se dice en las Bases del Plan, “revisará los subsidios del transporte de combustibles líquidos, gas combustible y crudo, asi como  los de transporte en zonas especiales, zonas de frontera y diesel marino”. Y ya sabemos que cuando se habla de “revisar”, es el eufemismo que se usa para no decir abiertamente que de lo que se trata es de eliminar el subsidio.

Nos parece interesante la propuesta planteada en el artículo 30 del proyecto para dar cabida a la posibilidad de utilizar “instrumentos y/o contratos de cobertura financiera sobre los precios del petróleo o de los combustibles líquidos en el mercado internacional o sobre la tasa de cambio”, como una forma de enfrentar su volatilidad.

Otro aspecto que tiene que ver con el precio de los combustibles es el atinente al Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), respecto al cual tambien se plantea que “se hará una revisión...a fin de establecer una metodología que posibilite una estructura con sostenibilidad fiscal a largo plazo”. Se establece en el artículo 31 del proyecto que las “obligaciones derivadas de las cuentas por cobrar constituidas por la Nación al FEPC creado por el artículo 69 de la Ley 1151 de 2007, prorrogado por el artículo 267 de la Ley 1753 de 2015, se entenderá extintas a partir de la expedición de la presente Ley”, lo cual querría decir en buen romance que quedaría saldado el déficit de $14 billones que acusa el FEPC.

A renglón seguido se dice que “para dar cumplimiento a lo establecido en el presente artículo, antes del 31 de diciembre de 2019, el Ministerio de Hacienda realizará las operaciones necesarias para la extinción de la deuda de la que trata el presente artículo y de sus respectivos intereses”. Es decir, borrón y cuenta nueva. Pero nos asalta la inquietud de saber cuáles van a ser “las operaciones necesarias” que realizará el Ministerio de Hacienda para hacer desaparecer esa enorme deuda, como si fuera el mago Lorgia. Acaso el FEPC está al día con sus deudas con ECOPETROL y con REFICAR? El Ministerio de Hacienda se dará la pela? Allí queda una incognita.

En el artículo 32 del proyecto se tiene previsto que “el Ministerio de Minas y Energía o la entidad delegada establecerá la metodología de cálculo del valor del ingreso del productor (IP) de los combustibles líquidos y los biocombustibles, así como las tarifas y los márgenes asociados a la remuneración de toda la cadena de transporte, logística, comercialización y distribución” Y añade que “el Ministerio de Hacienda determinará el mecanismo de estabilización de los precios de referencia de venta al público de los combustibles regulados, que se hará a través del FEPC”. 

Tremendo lío en que se va a meter el Ministerio de Minas y Energía, porque resulta políticamente incorrecto todo aquello que redunde en un alza del precios de los combustibles, en momentos en los que la racionalidad, de cara a los compromisos adquiridos con los ODS, impone la necesidad de dar señales tendientes a desincentivar el consumo de los derivados del petróleo y no a estimularlo.

Compadezco al Ministro que le toque esta ingrata pero impostergable tarea. Si los precios de referencia no reflejan fielmente los costos en que se incurre, que siempre dejan por fuera los costos ocultos de lo que le cuesta al Estado el tratamiento de las enfermedades asociadas a la polución ambiental y las muertes que se le atribuyen, a poco andar reaparecerá y se agigantará nuevamente el déficit del FEPC (!). 

Medellín, abril 16 de 2019

Wwww.amylkaracosta.net

*Expresidente del Congreso y exministro de Minas y Energía. Miembro de Número de la ACCE.

Por Mauricio Cabrera Galvis.- Con su inclusión en el Plan Nacional de Desarrollo ha vuelto a aparecer con fuerza la iniciativa de construir un puerto en la ensenada de Tribugá, en medio de la selva chocoana, esta vez con el respaldo de altos funcionarios del gobierno. Es un error económico, financiero y ambiental.

Las reacciones más visibles en contra de ese puerto han sido las de las comunidades que habitan la zona y los ambientalistas. En el 2014 las organizaciones comunitarios de la zona lograron que se aprobara la creación del distrito regional de manejo integrado (DRMI) Golfo de Tribugá-Cabo Corrientes, un territorio de más de 60.000 Ha. que limita con el parque nacional de Utría, el de las ballenas jorobadas, donde solo se deberían desarrollar actividades económicas ecosostenibles y no puertos comerciales.

Además del impacto que tendría el puerto de Tribugá sobre el frágil ecosistema de la bahía, la principal objeción ambiental contra el proyecto es que requiere construir la carretera Nuquí-Las Animas que lo conecte con el centro del país, la cual tendría un impacto aún más destructivo sobre la biodiversidad de la selva chocoana.

Aún aceptando, en gracia de discusión, que los impactos ambientales se pudieran mitigar, y que pudieran justificarse por los supuestos beneficios sociales y económicos del puerto en Tribugá, la verdad es que el análisis económico y financiero del proyecto muestra que este no sería rentable, salvo para los propietarios de los terrenos aledaños al puerto y la carretera, y que requeriría de enormes subsidios de recursos públicos para hacerlo viable.

Ante todo porque ese puerto estaría subutilizado durante décadas: el país tiene ya, y además está ampliando, una gran capacidad portuaria que sobrepasa con mucho no solo la utilización actual sino la prevista para las próximas décadas. En efecto, según la ANI, en los puertos del país se han invertido USD 2558 millones, que incrementaron su capacidad pasando de 286 millones de toneladas en el 2010 a 444 millones en el 2017, y se espera que al 2021 lleguen a 514 millones de toneladas. Frente a esta capacidad el tráfico portuario marítimo en el 2018 fue de solo 197 millones de toneladas.

En el Pacífico también hay exceso de capacidad instalada. Hoy operan en Buenaventura 3 puertos que, aún teniendo como socios a grandes navieras internacionales (que son las que deciden el destino de la carga) solo movilizaron el año pasado 25 millones de toneladas (cerca del 40% de la carga que entra y sale del país excluyendo el carbón el petróleo), teniendo la capacidad para movilizar el doble de esa cantidad.

Como si esto fuera poco está el factor de la carretera. Los puertos de Buenaventura tienen instalaciones y tecnología para competir a escala mundial, pero el problema está en como entrar y salir a ellos. La conexión actual del país con el Pacífico es el corredor Bogotá-Buenaventura, pero en 20 años no ha sido posible completar la doble calzada de Buga a Buenaventura ni terminar el túnel de la Línea. ¿Qué sentido tiene iniciar otra carretera, que no recortaría la distancia de Bogotá a esa costa,? Cuanto costaría su construcción con doble calzada para que sea competitiva y cuanto tiempo se tardaría en terminarla?

Estas realidades deben llevar a impedir que se comprometan recursos públicos en proyectos como el puerto de Tribugá y su carretera, y mejor se dediquen a terminar la conexión con Buenaventura.

Cali, 14 de abril de 2019

*Filósofo y Economista. Consultor. 

Por Jorge Enrique Robledo*.- El juez del caso condenó a José Elías Melo por su participación en los delitos de cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos a favor del Consorcio de la Ruta del Sol II (Odebrecht y Episol, controlada por Corficolombiana, del Grupo Aval, que presidía Melo). La condena, que da cárcel entre ocho y once años, solo se refiere a los 6,5 millones de dólares que recibió Gabriel García Morales, viceministro de Transporte en el gobierno de Álvaro Uribe, con lo que sigue sin saberse quiénes pagaron el resto de las coimas por once millones dólares que Odebrecht le confesó a la justicia norteamericana, además de las otras detectadas luego, por veinte millones de dólares más, y sobre las cuales la Fiscalía no ha acusado a nadie por pagarlas.

La condena se dio a pesar del Fiscal Martínez. Porque, según Editorial de El Espectador, “el juez se vio motivado a regañar a la Fiscalía por haber hecho una pobre presentación de los hechos” (https://bit.ly/2WJqtn7). La Fiscalía no adelanta este proceso como uno solo, que es lo obvio, sino como varios, para dificultar las investigaciones. Y a fin de impedir que la Justicia actuara a plenitud, la Fiscalía no acusó por lavado de activos ni enriquecimiento ilícito, aunque, según explicó el juez, se confirmó “la existencia de copias de tres cheques, giros que se hicieron entre cuentas del Banco de Occidente y Banco de Bogotá (del Grupo Aval) a través de fiduciarias a la banca privada de Andorra, donde se crearon las cuentas para hacer efectivo el pago de los sobornos” (http://bit.ly/2X4Fkc1). En un país menos pútrido que Colombia, estas omisiones tumban a Martínez.

Como era de esperarse por estar hasta el cuello personas tan poderosas, se oyen voces irresponsables que, sin siquiera referirse a los hechos del proceso, absuelven a Melo y a sus jefes en el Grupo Aval, a pesar de que esta es la tercera decisión legal en su contra. Porque el Superintendente Delegado para la Protección de la Competencia de la SIC señaló que las pruebas “no dan cuenta de una supuesta condición de víctima (de Odebrecht) en cabeza de Episol y Corficolombiana, sino más bien resultan indicativas de que tales compañías conocieron, participaron y consintieron pagos de sobornos a través del retiro ilegal de recursos desde la Concesionaria de la Ruta del Sol y el consorcio constructor Consol”. Por “pago de soborno” además le imputó pliego de cargos a José Elías Melo.

Y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por su parte, condenó a Melo y a Episol y a Odebrecht y a sus ejecutivos al pago de 800 mil millones de pesos por los sobornos con los que lograron el contrato corrupto a favor del Consorcio de la Ruta del Sol II. La sentencia agrega que “las gestiones de José Elías Melo (…) como presidente de Corficolombiana, se enmarcaron dentro del manejo del conglomerado empresarial del que hace parte esa entidad”.

Con cada verdad que se destapa resulta más cínico que el Fiscal Martínez se niegue a abrirles investigación a los jefes y propietarios del Grupo Aval, quienes, por el contrato corrupto de la Ruta del Sol II, se ganaban el 33 por ciento de la utilidad que se produjera, además de las ganancias que les rindiera a sus bancos ser los mayores prestamistas al Consorcio. Para no investigarlos, Martínez –a quien de estas platas le han llegado sumas importantes– da como cierto, sin probarlo, que los de Odebrecht les regalaron a sus socios los diez millones de dólares en sobornos que a ellos les correspondía aportar. Y que Melo se arriesgó a once años y más de cárcel para acabar de enriquecer a sus jefes, sin que estos lo supieran ni les sacara ninguna ganancia personal a sus delitos. Todo en este este caso hiede de lejos.

Aunque sigan echándoles tierra a estas desfachateces, no dejan de saltarles liebres que escandalizan. En el nuevo “carrusel” de contratación, el de las 30 mil aulas para colegios públicos, aparece Eleuberto Martorelli en el Ministerio de Educación preciso cuando dos empresas peruanas asociadas en la corrupción con Odebrecht se quedaban con contratos por 800 mil millones de pesos. Se conocieron más pruebas de dineros de la Ruta del Sol II a la campaña Santos-2014. Como el llamado Fiscal ad hoc, con razón, le reabrió la investigación a Gina Parody y a Cecilia Álvarez por la vía Ocaña-Gamarra, también debe abrírsela al Fiscal Martínez, porque su violación a la Ley 1437 de 2011 es la misma de las exministras http://bit.ly/2G83Odx. A tanto llega el tapen-tapen, que el Consejo Nacional Electoral no le permite a uno de sus magistrados conocer el expediente de archivo de los procesos de Juan Manuel Santos y Oscar Iván Zuluaga por recibir plata de esta corrupción (!!!) (http://bit.ly/2UR8K00)

Bogotá, 12 de abril de 2019.

*Senador del Polo Democrático Alternativo

@JERobledo

Por Juan Camilo Restrepo Salazar*.- El accidentado diálogo con la Minga indígena del Cauca ha puesto sobre la mesa varios asuntos que se pueden resumir de la siguiente manera:

El problema por las tierras del Cauca es real, y no solo con los resguardos indígenas sino también con la comunidad negra y campesina. Y es un asunto que no se puede resolver ni a las malas ni con simplismos.

Uno de los simplismos que se escuchan por estos días es el de que “porqué preocuparnos del problema de la tierra de los indígenas si son los mayores terratenientes del país”. Quienes en este simplismo incurren olvidan que durante la administración de Virgilio Barco se les confirieron a título de resguardo, pero principalmente con fines de protección ambiental a los indígenas, inmensos territorios en la Amazonía. Miradas así las cosas, los resguardos asignados a las comunidades indígenas ascienden a casi un cuarto del territorio nacional. Pero esto no significa que esa sumatoria dispense de estudiar con cabeza fría un problema real de tierras que existe en el Cauca.

Esta semana que termina se presentó en la Academia Colombiana de Historia un libro del Académico Fernando Mayorga que viene como anillo al dedo para interpretar la situación que se está viviendo en los departamentos de Cauca y Nariño. El libro se denomina “Datos para la historia de la propiedad territorial indígena en el suroccidente colombiano”, y allí se demuestra con una rigurosa investigación archivística y jurídica que las raíces del problema en el Cauca con la propiedad indígena de la tierra hunde sus raíces en la legislación republicana que fue mucho menos respetuosa que la colonial con la propiedad colectiva de las comunidades indígenas. Y se sustenta que allí radica justamente el origen del problema que hoy estamos presenciando.

Se ha mencionado mucho también el Plan de Desarrollo (2019-2022) como el argumento concluyente para descalificar los reclamos de las comunidades indígenas. Se aduce que en dicho plan está incluida una partida de inversión por $10 billones que habrán de ser gastados en este cuatrienio en diversos frentes de interés para la comunidad indígena del país.

No debe olvidarse a este respecto lo siguiente: que una partida de inversión figure en el Plan de Desarrollo no significa que ella se traducirá en gasto público efectivo sino la recogen los presupuestos de inversión. Hay una regla de hierro en la presupuestación nacional (consagrada en el art. 347 de la Constitución) que dice paladinamente que en Colombia no podrá haber ningún gasto público que no haya sido autorizado en el presupuesto anual que cada año aprueba el Congreso. “El proyecto de ley de apropiaciones deberá contener la totalidad de los gastos que el Estado pretenda realizar durante la vigencia fiscal respectiva…” dice el artículo de la Carta que estamos citando.

De manera que si se quiere cumplir cabalmente con los acuerdos a que se ha llegado con la comunidad indígena no basta que unos compromisos de inversión queden contenidos en el Plan de Desarrollo. Es indispensable además que ellos aparezcan autorizados cada año en los capítulos de inversión del presupuesto nacional. De no ser así se volverá a quedar mal con las comunidades indígenas, y se sembrarán las semillas de nuevos disturbios en el futuro.

Y esto es bueno recordarlo pues ya se ha presentado para estudio preliminar por el Congreso el anteproyecto del presupuesto nacional del 2020. ¿Y qué aparece allí? Un presupuesto con reducciones violentas de $12 billones con relación al que se está ejecutando en la presente vigencia.

El Plan de Desarrollo parece ir por una vía (un ambicioso programa de inversiones de cerca de $ 1.100 billones para el cuatrienio) pero lo que se sabe del presupuesto nacional es que va en la dirección exactamente contraria: el de los recortes y el de los tijeretazos.

Si esta dicotomía se formaliza vamos a ver un melancólico espectáculo en que los ambiciosos programas de inversión del Plan de Desarrollo van a quedar reducidos a eso, a ambiciones, que no se traducirán en gasto público. Mala cosa.

Bogotá, D. C, 14 de abril de 2019

*Abogado, Economista y Exministro de Estado.