Opinión

Por Óscar Villamizar Meneses*.- Desde la Primera Vicepresidencia de la Cámara de Representantes me uno a la iniciativa  de las Naciones Unidas de proclamar formalmente el 3 diciembre como “el Día Internacional de la discapacidad” con el propósito de “proteger y garantizar el disfrute pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos de las personas con discapacidad y promover el respeto a su dignidad”.

Hoy como colombiano me uno a la conmemoración de los más de 4 millones de compatriotas que hacen parte de este grupo poblacional. Hemos trabajado y seguimos trabajando para ayudarles a derribar las barreras que impiden su participación plena y efectiva en la sociedad.

Con este propósito he decidido presentar al Congreso de la República un proyecto de ley  que pretende reconocer y apoyar a los cuidadores. Buscamos establecer medidas eficaces y oportunas en materia de formación, atención en salud física y mental y generación de ingresos para los encargados de acompañar permanentemente a quienes necesitan ayuda de otros para satisfacer sus necesidades mínimas de cuidado, movilización y gestión; cuidadores  que según las cifras del Registro de Localización y Caracterización del Ministerio de Salud, en su gran mayoría son mujeres.

Lograremos el reconocimiento de la labor de cerca de 500 mil mujeres y más de 100 mil hombres que cumplen el rol de cuidadores y que requieren de medios y apoyos que les garanticen la provisión económica para suplir sus propias necesidades y las de su núcleo familiar.

Ustedes no son invisibles para nosotros y queremos contribuir al desarrollo de políticas públicas favorables que se reflejen en mejores condiciones de vida.

El día internacional de la discapacidad son todos los días.

Comuníquese con nosotros, queremos conocer sus aportes a este proyecto.

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Asesor responsable: Balkis Gordillo Moreno

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Bucaramanga 3 de noviembre de 2019

*Primer Vicepresidente de la Cámara de Representantes

Por Juan Camilo Restrepo*.- Álvaro Gómez decía que el diálogo social era útil en los asuntos públicos. Pero que el “Estado dialogante” no lo era.

Con ello quería decir que un gobierno abierto al diálogo social era siempre deseable. Pero cuando caía en situación dialogante, o sea, en una conversadera indefinida y permanente, terminaba en la parálisis de la acción administrativa.

La llamada “conversación nacional” que el Presidente Duque anunció al día siguiente de paro nacional del pasado 21 de noviembre puede tener la virtud de favorecer una mayor participación ciudadana como una respuesta racional al malestar que se hizo evidente con las marchas de protesta. Pero también entraña el riesgo de hacernos caer en un paralizante “estado dialogante”. Todo va a depender de cómo se maneja.

Tomemos el ejemplo de la reforma pensional. El gobierno ha dicho que llevará este espinoso tema a la comisión tripartita de concertación. Pero ¿cuál es la idea propia del gobierno sobre la arquitectura que debe tener la reforma pensional que necesita el país? ¿Por cuánto tiempo la someterá a concertación en el seno de la comisión tripartita que hasta el momento solo se ha ocupado del salario mínimo? ¿Con qué otros estamentos pretenden concertarla?

¿Cuándo se dice que la reforma pensional va a concertarse se entiende que se pretende llegar a acuerdos formales con los estamentos consultados? ¿O simplemente que se va a hacer un ejercicio de “lluvia de ideas”?

Cuándo la reforma llegue al Congreso -a dónde tiene que llegar pues se trata de reformar la legislación pensional- ¿qué firmeza va a tener lo concertado de antemano y cuál el margen de maniobra que le queda al legislativo?

Otro tanto puede decirse de la reforma tributaria que está en curso en el Congreso ¿Se va a reabrir su discusión en otras instancias? ¿Cuáles? ¿El tema tributario hará parte de la llamada “conversación nacional”? ¿Cómo se va a avanzar consensuadamente hacia mejores estándares de equidad en Colombia si se esquiva el tema tributario de la “conversación nacional”?

Para que la “conversación nacional” sea algo serio y creíble tiene que tener cronogramas y temarios muy precisos. No puede caer en vaguedades. Ni en la ilusoria fantasía de que basta con una consulta tumultuaria.

Tampoco puede terminar siendo una estéril vía de escape gubernamental frente al malestar ciudadano que se evidenció el 21 de noviembre. Tiene que ser algo muy serio y ordenado. En Francia se hizo algo por el estilo por el Presidente Macron como una respuesta a las demandas de los chalecos amarillos.

Además: que entremos en un terreno de más profundidad en el diálogo social no dispensa al gobierno de tener sus propias directrices e ideas. El gobierno no puede paralizar su propia agenda. Que debe presentarla al Congreso y allí, como corresponde tratándose de cambios legislativos, buscar los consensos necesarios para que se transformen en leyes.

Nos vamos a mover pues en el terreno vidrioso de un diálogo social fértil o en el de un estéril estado dialogante. Nunca se había necesitado tanto de un liderazgo fuerte y de una inmensa dosis de lucidez por parte del gobierno. Para que sea lo primero y no lo segundo.

Bogotá, D. C, 1 de diciembre de 2019

*Abogado y Economista, Exministro de Estado.

Por Amylkar D. Acosta M*.- Después del paro nacional del 21-N, convocado por las centrales obreras y multiplicidad de organizaciones sociales, gremiales y estudiantiles y de las marchas multitudinarias en todo el país y en muchos países extranjeros, que se han prolongado con un inédito y ruidoso cacerolazo por doquier, el Presidente de la República Iván Duque se dio por notificado. En su alocución al final de la jornada, que se vio empañada por graves disturbios y desmanes localizados en varias regiones del país, el primer mandatario manifestó: “hoy hablaron los colombianos y, lo que es más importante, dijo que “los estamos escuchando”.  A renglón seguido sostuvo que “el diálogo social ha sido la bandera principal de este gobierno. Debemos profundizarlo con todos los sectores de nuestra sociedad y acelerar nuestra agenda social y de lucha contra la corrupción”. 

Creo que con estas palabras el Presidente Duque está tratando de reconstruir los puentes que había derruido con su descalificación a la convocatoria del paro, por considerar que la misma estaba basada en mentiras. Pero, mientras él trataba de desmentir, por ejemplo, que estuvieran en riesgo COLPENSIONES y el régimen de prima media, dos de sus ministros se trenzaron en un debate público en torno a lo que será la propuesta del Gobierno. Mientras el Ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla planteó públicamente su desacuerdo con el régimen de prima media vigente, la Ministra del Trabajo Alicia Arango se mostró contraria a la propuesta del Ministro Carrasquilla.

Y, de contera, se insiste por parte del Gobierno en mantener en la reforma tributaria que cursa en el Congreso las gabelas tributarias a las grandes empresas, dizque para que generen más empleos mientras los destruyen. Según el Observatorio del Mercado de trabajo y la Seguridad social de la Universidad Externado de Colombia, en el trimestre abril – junio de este año se perdieron 360 mil empleos y en el siguiente trimestre, julio – septiembre, se perdieron 475 mil más. Y, mientras la tasa de desempleo sube y de nuevo volvió a los dos dígitos, ahora la nueva propuesta, supuestamente para generar más empleo, es seguir flexibilizando y precarizando el empleo, particularmente el de los jóvenes. Esta calamitosa situación, por sí sola, justificaba la protesta.

Aunque, por fuerza de las circunstancias, el Gobierno se vio precisado a aplazar su propuesta de reforma al régimen laboral y pensional, esta pende como una espada de Damocles sobre la clase trabajadora, razón suficiente para que quienes temen por su futuro se manifiesten en paz, como lo hicieron, para conjurar el peligro que se cierne, sin esperar bracicruzados que este riesgo se materialice.

Así como después de un temblor viene el tremor, aún no se ha recobrado la calma y la tranquilidad, continúan brotes de movilización y protesta en muchos lugares del país. Los organizadores del paro le respondieron al gobierno que están listos para el diálogo en torno a las motivaciones del mismo. Por lo menos ya hay un primer consenso entre las centrales obreras, las organizaciones sociales, los partidos políticos sin excepción y el Gobierno, al condenar al unísono los actos vandálicos y los desmanes, que nada tienen que ver con la protesta civilizada que tuvo lugar el jueves pasado. 

No se puede trivializar la protesta, afirmándose, como se afirmó en algunos medios, con alguna ligereza y contumacia, que “con la anunciada marcha comienza en firme la campaña presidencial” para concluir que la misma “hace parte de una estrategia continuada que irá hasta las elecciones del 2022”, porque de ser ello cierto no haría sentido dialogar en torno a los reclamos de la protesta. Tanto mas cierto, si se parte de la base, infundada, de que “esta marcha tiene varios planes de gobierno. Cuáles? Los que perdieron las elecciones, pero que ahora nos lo quieren imponer en las calles”. Para afirmar esto se necesita estar, como diría el escritor Octavio Paz, “a las afueras de la realidad”, pues los hechos son tozudos.

Tampoco se puede despachar el tema olímpicamente, aseverando que todo se reduce a un problema de falta de comunicación del Gobierno y, por lo tanto que, para superar el desencuentro del gobierno con la ciudadanía, bastaría con que “comunique lo que ha hecho y desmienta las mentiras de algunos sectores”, como lo sugiere un Senador. De ser así, bastaría con cambiar el equipo de comunicaciones de Palacio y listo; pero, la calentura no está en las sábanas. El problema es más de fondo y no hay que poner el oído en la tierra para advertir que hay disgusto, insatisfacción e indignación ciudadana y así lo ha entendido el propio Presidente.

La lucha  no es contra molinos de viento, las razones de la protesta están lejos de ser una entelequia. La agenda abierta con el paro debe tramitarse por los canales que ofrece y garantiza la democracia, que se ve fortalecida con el diálogo y la concertación y no con evasivas. Lo peor que le puede pasar a Colombia es que su clase dirigente entierre la cabeza en la arena como el avestruz. Eso fue lo que pasó en Chile, tanto el Presidente Piñera como la clase política reaccionaron tardíamente y por ello, a pesar del remezón del gabinete ministerial, el reajuste del salario mínimo y las pensiones e incluso la promesa de una reforma de la Constitución, la tensión sigue y la protesta no amaina para nada, pues los ánimos siguen caldeados, en medio de la crispación política.

Este fue el primer campanazo y así parece haberlo entendido el Presidente Duque al proponer la profundización del diálogo social, pero las palabras se las lleva el viento, hay que pasar y cuánto antes mejor de las palabras a los hechos, porque, como bien dijo Ovidio, las palabras sin acciones son asesinas de los ideales!

Bogotá, D. C, noviembre 30 de 2019

*Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía

www.amylkaracosta.net

Por Mauricio Cabrera Galvis*.- Aunque el gobierno presentó al Congreso un proyecto de ley con el mismo contenido de la derogada Ley de Financiamiento, el cabildeo ya se ha movido para introducir cambios que benefician intereses particulares. Uno de ellos es la eliminación del impuesto al consumo de bienes inmuebles con valor superior a los $900 millones, que había sido fijado en exiguo 2%.

Son dos las razones aducidas para esta eliminación: primera, que “su recaudo ha sido inferior al esperado” y segunda, que “ha generado un impacto negativo sobre la dinámica inmobiliaria y el mercado de vivienda nueva en el país”. La primera es fruto de una trampa y la segunda una falacia.

Respecto al bajo recaudo, el Ministro dijo que pudo obedecer a que procesos de compraventa se postergaron esperando el resultado de la demanda contra la Ley. Atribuirle a este mínimo sobrecosto el freno en la industria de la construcción es buscar el ahogado río arriba y desconocer el más elemental de los principios de la economía, la ley de la oferta y la demanda.

Es cierto que en el mercado de oficinas y de viviendas de estratos altos hay un alto inventario de inmuebles y que las ventas se han ralentizado, pero es ingenuo pensar que es porque los precios se incrementaron 2%, que es menos que la comisión que se paga a los intermediarios de finca raíz.

En cualquier mercado si los precios suben mucho, la gente compra menos, y para que vuelva a aumentar la demanda tienen que bajar los precios. En el caso de viviendas y oficinas los precios se han disparado, y como no se ha dado el proceso de ajuste, se ha llegado a la situación de exceso de oferta de bienes inmuebles.

Veamos las cifras del DANE. En lo que va de este siglo la inflación (medida por el Índice de Precios al Consumidor - IPC) ha sido del 139%, mientras que los precios de la vivienda nueva se han incrementado 393%, es decir casi el triple. Esto quiere decir que si los ingresos de una persona han crecido al ritmo del IPC, hoy le cuesta tres veces más adquirir una vivienda.

Bogotá es el caso extremo con un aumento de 442%, mientras que Medellín es el más “bajo” (mejor menos alto), con solo 319%. ¿Se necesita alguna otra explicación de por qué se están comprando menos viviendas? Frente a esto el impacto de un impuesto de 2% es totalmente insignificante.

Otro dato interesante del DANE es que en el mismo período los costos de materiales, mano de obra y equipos usados en la construcción de vivienda (sin incluir la tierra) solo han crecido 128%. ¿Quién se está quedando con la diferencia? Tres posibilidades: los propietarios de la tierra, los bancos, o mayores utilidades de los constructores. Lo único claro es que no es el impuesto del 2% que se debe mantener por razones de equidad.

Cali, 1 de diciembre de 2019

*Filósofo y Economista. Consultor.

Por: José Félix Lafaurie Rivera*.- Concluyó el Congreso Nacional de Ganaderos, con más de 1.800 asistentes, importantes conferencistas nacionales y extranjeros, y la presencia del presidente, ministros y altos funcionarios.

¿Qué le dijimos al presidente?

Primero: que los ganaderos lo respaldamos y hacemos parte de los más de diez millones de colombianos que lo eligieron con voto programático.

Denunciamos la responsabilidad de las organizaciones convocantes del paro, obstinadas en incendiar a Colombia, bajo la piel de oveja de la legítima protesta ciudadana.

Rechazamos las mentiras de Petro y los políticos de ocasión, que siembran odio y violencia a través de las redes, azuzando minuto a minuto, manipulando las insatisfacciones, tratando de ridiculizar al gobierno, deslegitimando a la Fuerza Pública y convocando a la movilización permanente, infiltrada por peligrosos episodios de vandalismo. El objetivo es arrodillar al Gobierno. Esa fue la amenaza de Petro y pretende cumplirla.

Denunciamos la distorsión de la realidad, promovida en algunos medios y por los promotores del odio, que incitan a los colombianos a llorar por un solo ojo. Es lamentable la muerte de cualquier colombiano, pero no vemos un hashtag invitando a honrar a veinte jóvenes cadetes asesinados por el ELN o a 376 policías heridos por los vándalos, entre ellos 26 mujeres.

Saludamos la propuesta de diálogo, pero advertimos de las oscuras intenciones de algunos interlocutores, que buscan llevar al gobierno a un mandato de cabildo abierto y mayores exigencias, bajo la amenaza de la movilización permanente que lleva al colapso y la violencia callejera que desestabiliza.

Denunciamos que lo que sucede en Colombia no es un hecho aislado, sino producto de un libreto que ha dado resultado en el vecindario, concebido por la izquierda y financiado por el narcotráfico de las disidencias de las Farc, del ELN, y del antiguo EPL -los Pelufos-, todos asociados con las mafias y los carteles mexicanos.

Es la estrategia de movilizar a la población, siempre insatisfecha por algo; afectar bienes públicos y privados, propiciar enfrentamientos con la Fuerza Pública para que haya víctimas que se conviertan en mártires, y luego culpar al Gobierno y amarrarle las manos.

Le dijimos al presidente que EL CAMPO NO SE PUEDE VOLVER A DAÑAR, y rechazamos que, entre las demandas del paro se cuele, otra vez, la profundización de la reforma agraria, como si no fuera poco el ánimo expropiatorio que las Farc dejaron plasmada en su Reforma Rural.

¿Qué nos dijo el presidente?

Que el suyo es un gobierno de palabra, que cumple lo que promete, pero nunca prometerá lo que no puede cumplir, y dio ejemplos claros.

Convocó a la unión, pidió rechazar la violencia y dejó claro que “los violentos no nos van a arrebatar lo que hemos construido como sociedad”.

Anunció que escuchará a todos los ciudadanos con humildad, pero sin exclusiones, quizás refiriéndose a algunos dirigentes del paro que exigen tratamiento exclusivo.

Advirtió que “conversar no es llegar con el reclamo unilateral” y “una exigencia sobre la mesa, sino escuchar los argumentos del otro”, en el entendido de que “la unión no es ponernos de acuerdo en todo” ni que “se acaben las diferencias políticas”, sino avanzar hacia “mínimos de responsabilidad patriótica, empezando por la clase dirigente, de ponerse de acuerdo en las cosas que nos unen y no en las cosas que nos dividen”.

Al final, el presidente Duque dio un parte de tranquilidad y advirtió, sin medias tintas, que "Aquí no van a pretender los pirómanos ganar con violencia lo que no ganaron en las urnas".

¡Aplauso cerrado!

Bogotá, D. C, 29 de noviembre de 2019

@jflafaurie

Por Gabriel Ortiz*.- Un franco, abierto, sincero, humilde y generoso diálogo de dos o tres días, habría sido suficiente para que un presidente y su país, encontraran el extraviado rumbo para responder a los anhelos de una sociedad que espera soluciones a tragedias, desesperanzas, frustraciones y una paz que, tras tres años, sigue a la deriva por falta de decisiones de Duque y su resquebrajado partido que lo llevó al poder.

Solo se requería exponer con honradez y nobleza cada uno de los desaciertos y problemas que la ciudadanía debe soportar de un gobierno que solo mira y escucha a su movimiento político, conformado por un puñado de militantes que se oponen a la restitución de tierras, que fundamenta su lucha, atropellando los derechos de los trabajadores, de los pensionados, de los estudiantes, y de quienes buscan la equidad económica y la eliminación de la corrupción.

Una brizna de comprensión atenuaría la arrogancia del gobernante y de sus seguidores. Así se podría mostrar la cara de un Duque generoso, que con humildad y llaneza pusiera los ojos sobre sus compatriotas y los escuchara. Un Duque que prestara oídos, que atendiera, que analizara, que comprendiera las penurias de un pueblo que viene soportando con paciencia todo lo que le imponen quienes tienen desde las alturas económicas, políticas y sociales las riendas de esta nación. Estos principios los practicaron el alcalde de Tunja y otros mandatarios locales, que obtuvieron marchas en paz y armonía.

Más de 2.500.000 colombianos marcharon a los largo del país y de muchas ciudades del exterior. Nunca antes había salido tanta gente a manifestarse.

Cuánto nos hubiéramos ahorrado, si el presidente escuchara. Ni Dilan muerto, ni policías hospitalizados, ni saqueos, ni vandalismo, ni más rencores -remember Uriel Gutiérrez en los cincuentas-.

Duque prefirió reunirse con alcaldes y gobernadores electos, con gremios, con ganaderos, antes de hacerlo con los líderes del paro. A última hora los llamó, pero como suele suceder, solo hubo el intento de una “conversación”. No hubo diálogo ni promesa alguna para remediar la situación. Se prefirió “disparar” a dialogar. El presidente se niega a replantear su gobierno. A abrir las puertas a otros partidos y movimientos. A olvidar la hegemonía que ha implantado. Por él votaron diez millones de colombianos, pero casi igual número, entre los cuales se encontraba el “ciudadano Londoño Hoyos”, no lo hicieron.

Duque debe jubilar a su mentor. Ya han sido suficientes su intromisión y sus “tuiterazos” que solo incendian y entorpecen la gobernabilidad. El personaje haría bien en retirarse, ausentarse. ¡Ya es hora! Lo propio debe hacer Petro. Así dejan a Colombia libre y en Paz. Y a Duque gobernando.

Es hora de escuchar a este sufrido y frustrado pueblo. No más engaños y supuestas conversaciones.

BLANCO: Noticias Uno, renace como el ave fénix y con su audiencia derrota la censura que le impuso Uribe.

NEGRO: Los desafueros del Esmad.

Bogotá, 30 de noviembre de 2019

*Exdirector del Noticiero Nacional, Telematinal  y Notisuper.          

Por: Óscar Villamizar Meneses*.-Tres muertos, 250 manifestantes lesionados, 341 miembros de la fuerza pública heridos; 40 mil millones de pérdidas sufridas, solo en la infraestructura de Bogotá; un billón de pesos en pérdidas del sector comercio y 250 mil puestos de trabajo en riesgo, según cifras de la Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco, son algunas de las consecuencias que nos deja el paro que completa 8 días. 

Los ciudadanos de a pie y quienes tienen como única fuente de ingresos su trabajo; al igual que los miles de comerciantes que tienen puestas sus esperanzas en las ventas del mes de diciembre, demandan actuaciones urgentes que nos vuelvan a la normalidad. 

No podemos olvidar que los colombianos se manifestaron masivamente en las urnas, en la pasada contienda presidencial y eligieron el programa de Gobierno de Iván Duque como el camino apropiado para sacar adelante al país. Desafortunadamente para Colombia, 8 años de gobierno, centrados en una única iniciativa, dejaron como consecuencia el descuido y la desatención de importantes temas sociales, que hoy no dan espera. 

En tal sentido invito al Gobierno Nacional a implementar medidas que permitan a los jóvenes de los sectores más vulnerables, que acceden a la oferta educativa del SENA, disponer de subsidios que cubran las necesidades básicas de alimentación y transporte, que garanticen el desarrollo y la culminación de sus estudios. 

Igualmente, considero prioritario crear canales institucionales que posibiliten, una amnistía, por única vez, para los actuales deudores morosos de los estratos 1, 2 y 3 del ICETEX. También, es urgente, crear una mesa de concertación con los jóvenes, para construir un modelo de crédito que posibilite acceso educativo sin deudas impagables. 

Señores dirigentes del paro los invito a hacer un alto en el camino, a pensar en las familias afectadas y que sufren la perdida y las lesiones de sus seres queridos y en los millones de colombianos afectados en sus frágiles economías. El gobierno ésta dispuesto a escuchar y a seguir trabajando para que entre todos construyamos caminos de reconciliación, de desarrollo y de progreso para las generaciones presentes y futuras, de esta patria que nos duele tanto. 

Bucaramanga, 29 de noviembre de 2019

*Representante a la Cámara por Santander

Por José G. Hernández*.- Como se recordará, el 21 de noviembre, tras varias horas de pacíficas marchas y concentraciones en Bogotá y en otras ciudades, el lícito ejercicio de ella por la ciudadanía se vio interrumpido por encapuchados violentos, cuyo origen no ha sido establecido, quienes rompieron la paz que predominaba, malograron la protesta pacífica; atacaron edificios públicos; causaron daños a bienes públicos y privados, y pretendieron sin éxito que el país confundiera la protesta con la violencia y el delito.

Decimos que sin éxito por cuanto, en la noche de ese día, un improvisado pero multitudinario y pacífico “cacerolazo", en señal de descontento y malestar social, se hizo escuchar en todo el territorio. Y se ha repetido, también en paz, durante los días sucesivos.

Podemos compartir o no todos los motivos -que han venido aumentando y que conforman hoy una larga lista-, pero es un hecho innegable que la gente quiere protestar y que alega varias razones, particularmente en el campo económico, en el social, en el educativo, en el salarial y en el pensional. En lo que concierne a las condiciones de trabajo, al desempleo, a la salud y a la seguridad social. Y se adopta una posición crítica respecto a la actitud oficial sobre asuntos ambientales y ecológicos, particularmente en relación con el denominado “fracking”, que el actual Presidente había prometido -en campaña- no aplicar.

Por supuesto, son muchos los que no están de acuerdo con lo previsto en el Plan Nacional de Desarrollo, ni con la estructura tributaria vigente, y piden que sean retiradas iniciativas sobre impuestos, particularmente la que se tramita en el Congreso tras la declaración de inexequibilidad de la Ley de Financiamiento.

No podía faltar lo referente a la impunidad, ni a la falta de acción estatal de protección e investigación sobre los muchos crímenes que se siguen cometiendo contra líderes sociales, indígenas y desmovilizados. Otros reclaman al Gobierno que cumpla lo convenido hace tres años en el Acuerdo de Paz firmado por el ex presidente Santos con las Farc.

Y no faltan las voces de rechazo a las varias formas de corrupción que han conmovido al país  pero respecto a las cuales hay impunidad porque no han sido sancionadas, como ha debido ocurrir, por la administración de justicia, y en cambio, ha operado la libertad de los procesados por vencimiento de términos.

Han continuado las manifestaciones y reuniones pacíficas de solidaridad, lideradas especialmente por los estudiantes, a raíz de uso excesivo de la fuerza por el Esmad, inclusive ante manifestaciones pacíficas, como aquella en que fue gravemente herido el joven Dylan Cruz, de 18 años. A ello se añade, por contrapartida, que muchos también protestan -igualmente con razón- por los actos violentos, que han dejado heridos a muchos miembros de la Policía Nacional.

Ahora lo que viene es lo anunciado por el Presidente de la República, quien propone unas conversaciones -para marzo-, con miras a escuchar las propuestas de los distintos sectores y buscar que se ponga fin a la crisis y ojalá dar solución a los muchos reclamos de la población. Ojalá, para entonces, sea oportuna.

Algo ha quedado claro, en medio de tanta confusión: los derechos fundamentales a la expresión ciudadana y a la protesta no se confunden, ni se pueden confundir, con la violencia.

Bogotá, D. C, 27 de noviembre de 2019

*Expresidente de la Corte Constitucional

Por Víctor G. Ricardo*.- En los últimos días hemos vivido en Colombia una expresión de la propuesta social que ha sido manipulada por personas dedicadas a la violencia, la anarquía y el desorden.

La expresión popular de inconformidad es un derecho legítimo y, en el marco del orden y el Estado de Derecho, es una muestra de democracia. Lo que no es admisible, es que estas expresiones sean aprovechadas por personas cuyos objetivos son crear inestabilidad, desorden e incluso vandalismo.

Las manifestaciones vividas han tenido como característica la confluencia de una serie de manifestaciones por distintas razones, muchas de ellas inexistentes o simplemente manipuladas para crear inconformidad, e impulsadas por posiciones políticas adversas al gobierno que han convertido las protestas en actos que se confunden en sus objetivos e incluso manipulados por verdaderos agitadores y enemigos de la institucionalidad.

Lo más preocupante es que todas estas expresiones se dan cuando en Colombia estamos viviendo un momento de desarrollo y crecimiento que muchos países del mundo envidian y que han hecho que empresas internacionales y reconocidas están mirando hacia nuestro país para realizar inversiones y como el país de Latinoamérica que más posibilidades ofrece. Las protestas violentas nos perjudican en la buena imagen y ponen en el congelador a muchas personas y empresas que estaban decidiendo invertir en Colombia, creando empleo y mayores posibilidades de crecimiento y desarrollo.

Por otra parte, le ha sido muy difícil al gobierno construir gobernabilidad para garantizar tener unas mayorías que permitan las reformas que el país requiere en los distintos campos que garanticen un desarrollo más armónico y sostenible. En este punto he tenido oportunidad de insistir en el pasado, incluso defendiendo la posición del gobierno actual de acabar con la llamada mermelada, de la necesidad de llegar a acuerdos programáticos con fuerzas políticas defensoras de las políticas contra la corrupción, comprometidas en el marco de los valores éticos y principios que garanticen una estabilidad política. Ojala la invitación del Presidente al gran diálogo nacional tenga dentro de sus múltiples objetivos la consolidación de esta necesaria gobernabilidad.

En Colombia, ninguno se imaginó que, después de 42 años, Bogotá fuera a vivir un nuevo toque de queda. De hecho, difícil era imaginarse que los sucesos a nivel nacional que se han dado durante la última semana serían posibles.

A lo largo del país, hemos vivido momentos tensos y difíciles que nos obligan a todos actuar con sensatez y responsabilidad.

No nos podemos dejar llevar por los anarquistas y aquellos que sin mirar en los buenos momentos que vivimos quieren llegar a crear momentos de incertidumbre y confusión que lesionarán nuestra imagen en el exterior

Llego el momento de demostrar que somos más los amigos del bien que del mal y que aunque tenemos problemas los tenemos que afrontar con inteligencia y compromiso con el país

Bienvenidos los mecanismos de participación que está estructurando el gobierno como un instrumento de análisis y compromiso con la solución a nuestras necesidades.

Bogotá, D. C, 27 de noviembre de 2019

*Excomisionado de Paz.

Por Jairo Gómez*.- El lenguaje es una herramienta crucial que saben utilizar ciertos poderes para marginar el disenso político. Y esto es lo que ha querido hacer el presidente Duque, el antipopular alcalde de Bogotá, Peñalosa y algunos medios de comunicación con la marcha del 21N y los espontáneos cacerolazos.

Producto de las acciones violentas reprochables de una minoría, han querido desde el poder desacreditar cualquier divergencia -aunque sea justa- respecto del pensamiento de quienes marcharon diversamente para exigir cambios de fondo y estructurales en una   sociedad sumida en la desigualdad -el cuarto país más desigual del mundo, según la OCDE-, pero el establecimiento, inmerso en una ceguera infinita, la descalifica acusándola de fomentar el odio y la anarquía; no es conveniente en estos momentos de movilización permanente, marginar cualquier discusión posible y reforzar tercamente los límites de lo aceptable en el debate político, es un craso error que Duque y sus aliados en el Congreso no pueden fomentar.

La estrategia no es ignorar las voces disidentes, y menos responder con una acción violenta a través del ESMAD (Escuadrón Móvil antidisturbios de la Policía) que parece más un brazo armado de las élites que una fuerza cuyo deber es proteger la vida de todos los colombianos sin distingo de clase y restablecer el orden dentro los cauces del respeto a los Derechos Humanos.

Duque, comandante en jefe de las Fuerzas Militares, que prometió construir la obra de su gobierno sobre la premisa de la “paz con legalidad y el emprendimiento”, se decantó por coquetear con el autoritarismo; mal aconsejado, le dio más poderes a la Fuerza que a la política al permitirle al ESMAD reprimir las marchas pacíficas violando el derecho fundamental a la protesta. La consecuencia de esa torpe decisión fue el proyectil que un agente del ESMAD disparó contra Dylan Cruz y lo mató. 

Es tal la desconexión del gobierno que no quiere entender que la diversa marcha del 21N es la expresión auténtica de una sociedad sumida en la desesperanza y la inconformidad; no es una movilización convocada para instaurar el socialismo del siglo XXI o el comunismo, es una masa inconforme que reclama soluciones a la crisis social, económica, política y de justicia que distorsiona la calidad de vida de los colombianos y los saca del engranaje de un auténtica democracia; no quiere entender Duque que la gente lo asocia a una camarilla de funcionarios arrogantes (Minhacienda Carrasquilla) que desprecian a las clases bajas y medias de la sociedad. En eso tiene razón la alcaldesa electa de Bogotá, Claudia López, al sugerirle al presidente y a la clase política tradicional más humildad, menos soberbia para rectificar y más disposición para escuchar las demandas del pueblo que marchó.  

Claro, el debate es mucho más de fondo y cuando se trata de corregir en estas circunstancias surgen preguntas: ¿hasta dónde está dispuesto a rectificar el gobierno? ¿Con qué celeridad lo debe hacer? Porque de una cosa sí debemos estar seguros, las reformas no dan espera y el ambiente de frustración es generalizado; esto no se soluciona con tibias conversaciones y propuestas como dejar de pagar el Iva durante tres días. Las reformas que reclama el 21N son urgentes, estructurales e incluyentes. 

No hay dudas de que el sistema privilegia a los poderosos y ese estado de cosas hay que cambiarlo. Por eso son muchos los interrogantes los que agobian a los colombianos que salieron el 21N a marchar: ¿Quién tiene secuestrada la democracia colombiana? ¿El establecimiento? ¿Los poderes económicos? ¿Los políticos que legislan a espaldas del país? ¿Una justicia inoperante que sólo se le aplica a los de ruana? ¿Los empresarios, ganaderos y banqueros que dirigen la economía?  ¿Los miembros de las fuerzas militares y de policía que imponen el orden para proteger los privilegios de las castas que gobiernan al país? O ¿Los narcos que con su poder corruptor sobornan a todos los anteriores? Preguntas sin respuesta que a diario martirizan la realidad nacional.

Bogotá, 26 de noviembre de 2019

*Periodista y Analista Político

@jairotevi