Opinión

Por José Félix Lafaurie Rivera*.- Desconcertante la lectura de la alcaldesa de Bogotá sobre las marchas. Aunque dejó atrás a la candidata vociferante y pendenciera, me recordó un dicho de mi madre: “El que ha sido no deja de ser”, como demostró en la entrevista en que instaló el retrovisor y dejó colar, como quien no quiere la cosa, afirmaciones que no permitían distinguir si quien hablaba era la alcaldesa, un líder del paro o un opositor declarado del Gobierno.

Con su arrogancia mal escondida, insistió en que “Necesitamos que el Gobierno pase de la conversadera a las soluciones…”, y a renglón seguido la amenaza al estilo comité de paro: “… porque de lo contrario la tensión va a seguir”. Veremos si la alcaldesa le soluciona a Bogotá todos sus problemas en cuatro años, como demandan los marchantes que culpan a este gobierno de todos los problemas históricos del país y le exigen soluciones “de fondo”, bajo la amenaza de la protesta permanente.

Indignantes sus reiterativas acusaciones contra su antecesor y el Gobierno Nacional: Que el año pasado hubo estigmatización de las marchas, militarización de la ciudad, toque de queda y un muerto, mientras que las recientes, salvo cuatro excepciones, fueron pacíficas y “creativas”. Ya vimos los estragos de esas excepciones, y no le queda bien a la alcaldesa desconocer la violencia de las marchas de 2019 y cuestionar las decisiones adoptadas.

Otra afirmación no menos sorprendente: que “los asesinatos son por los incumplimientos de los acuerdos de paz”, desconociendo los esfuerzos del gobierno y la realidad del narcotráfico como causa de la violencia. Y la tapa, que ameritaría investigación disciplinaria, cuando menos, y es inconsistente con su “afectuoso” apoyo a la Policía: En esta ocasión –dijo–, “No se vio al ESMAD asesinando jóvenes y agrediendo al ciudadano”; tremenda acusación, proviniendo de la actual jefe de la policía bogotana.

Eso sí, tuvo que reconocer que los vándalos son infiltrados, organizados para generar violencia y, lo más grave, que hay alguien detrás de ellos. ¿De dónde vienen?, se pregunta. ¿Será que la alcaldesa no lo sabe?

Yo marché en 2008 contra las Farc, la más multitudinaria manifestación de nuestra historia, y lo haría nuevamente, pero en una que repita, con tonito golpeado de protesta callejera: No-más-marchas/no-más-marchas/no-más-marchas.

Millones de colombianos que quieren y necesitan trabajar, que quieren estudiar, que necesitan algo de tranquilidad en el azaroso ajetreo de las grandes ciudades, están hastiados de las marchas y de su violencia, literalmente “mamados”, si se me permite el colombianismo, y eso no quiere decir que no estén inconformes con los asesinatos de líderes, el desempleo, la inequidad, la corrupción y tantas cosas por las que se debe protestar, es cierto, pero a la vez proponer soluciones, más que hacer exigencias con la amenaza expresa del paro, y la soterrada de la violencia y el caos.

No creo en la protesta como arma vindicativa de enemigos políticos derrotados; no creo en la protesta como chantaje extorsivo a las autoridades, ni como alternativa de cabildo abierto para imponer condiciones y decisiones al gobernante, elegido “para gobernar” a través de la institución democrática del sufragio. ¿Cuántos marchantes que hoy reivindican el derecho a la protesta callejera habrán hecho uso de su derecho al voto?

Finalizo con una protesta pacífica desde estas líneas. Basta ya de permitir la agresión impune a la Fuerza Pública. En lo personal, esos policías que vimos acorralados por vándalos, son colombianos humildes y con derechos. En lo institucional, la Fuerza Pública es el baluarte de la democracia y no merece el escarnio, sino el respeto de la sociedad.

Bogotá, D. C, 26 de enero de 2020

*Presidente de FEDEGAN  

Por Gabriel Ortiz*.- Colombia está enredada con dos palabras que distancian a las partes en el conflicto que nos mantiene entre cacerolazos, paros, actos vandálicos y crecimiento de la polarización.

El 21N disparó las alertas entre una sociedad que reclama acciones gubernamentales, y los áulicos del régimen que consideran que las cosas “van muy bien”.

El Presidente Duque y muy seguramente sus consejeros, se encontraron con preocupantes nudos que podrían ocasionar peligrosas rupturas entre las clases populares representadas por los jóvenes que no “tragan entero” y que demandan cambios fundamentales resumidos en unos 130 puntos que sus detractores consideran exagerados y difíciles de cumplir, o acordar, porque algunos dependen de orbitas diferentes a las del ejecutivo.

Muy hábilmente, el Jefe del Estado atendió sospechosas sugerencias de sus allegados que tras dos o tres días de análisis le dieron otro significado a las tradicionales negociaciones entre gobierno y súbditos. Para restarle importancia y trascendencia a los tradicionales diálogos, los bautizó como “conversación nacional”. Es decir como si se tratada de hablar, hablar y más hablar entre las personas.

Desde entonces, eso es lo que se ha hecho: hablar y solamente hablar. Los líderes del paro, asisten a las conversaciones que no conllevan a nada y esa la razón, para que se exasperen y pierdan la paciencia.

Durante la campaña electoral, el hoy presidente, prometió lo divino y lo humano a los estudiantes, a los gremios y a cuanto mitin hubo para conocer las ofertas de los candidatos. La generalidad de los puntos contenidos en el pliego de peticiones de los jóvenes y los marchantes, fueron atendidos por Duque-candidato, que los encontraba válidos y atendibles si llegaba a Casa de Nariño.

Nadie puede entender las razones por las cuales, ahora se convierten en simples temas de conversación.

¡Diálogo no ha existido! este permite discutir puntos de vista para llegar a acuerdos, cosa no vista.

Esa falta de encuentros, debates y discusiones llevan a la juventud 2020, a enconarse, desquiciarse, crisparse. La paciencia no es eterna y puede agriar la situación, hasta límites insostenibles.

El gobierno tiene la obligación de atender las solicitudes de una población que ve cada vez más lejos el buen manejo de las cosas, en una nación catalogada como la más corrupta del mundo, con alarmante desempleo, con galopante inseguridad, con centenares de líderes sociales asesinados; una Colombia en la que hemos echado hacia atrás, con el renacer de las chuzadas, la reaparición de Andrágora y la persecución a magistrados, políticos, periodistas y contradictores.

Un simple paso al frente que permita llamar las cosas por su nombre, puede oxigenar al Presidente y a su gobierno, para salir del atolladero y ganar senderos directos y acertados, con diálogos constructivos y edificantes para que en verdad, las cosas “vayan muy bien”, como es el deseo de 48 millones de habitantes.

BLANCO: Los 180 millones de árboles que promete sembrar el Presidente Duque en la zona amazónica.

NEGRO: La propuesta de Anif para eliminar los intereses a las cesantías.

Bogotá, D. C, 24 de enero de 2020

Exdirector del Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper.

Por Clara López Obregón*.- Las autoridades siguen sosteniendo que las Águilas Negras no existen, pero en la negación está el quid del asunto. Llegó el momento de que miren hacia adentro, especialmente en la fuerza pública.

En 2008, las Águilas Negras decretaron un toque de queda para todos los jóvenes del país. Fue particularmente severo en Bogotá, donde dos días después de haber aparecido el primer panfleto en Caucasia, Antioquia, estaba esparcido por veinte departamentos y pegado en prácticamente todas las fotocopiadoras de barrio de Bogotá, para ser reproducido por padres y madres de familia, administradores de conjuntos residenciales, maestros, comerciantes y demás ciudadanos. El miedo cundió en Ciudad Bolívar, Usme, Usaquén y Suba, de manera simultánea. Pero la Policía decía que las Águilas Negras no existían. Que era una razón social apropiada por quienes querían asustar a los jóvenes para proteger sus negocios, conjuntos y viviendas.

El Gobierno de la ciudad resistió, junto con las comunidades, esa ola de amedrentamiento. Hicimos lunadas, iluminamos canchas para que con protección policial los jóvenes las utilizaran de noche, llevamos la institucionalidad a las comunidades más afectadas, acompañadas de la Orquesta Filarmónica que hizo un memorable concierto arriba en Bella Vista. Y pasó el toque de queda, pero no el patrullaje de hombres armados que denunciaban las comunidades en la parte alta de Ciudad Bolívar y Usme, que ahora nuevamente se vuelve a registrar.

De entonces para acá, las Águilas Negras surgen y se desvanecen. Aparecen en todas partes firmando panfletos de amenazas a líderes sociales y políticos alternativos y a sus respectivas organizaciones. Hace poco más de un año, El Espectador informó que el Centro Integrado de Información de Inteligencia contra el Crimen Organizado (CI3-CO) dictaminó que “no existe un grupo armado denominado “Comando Central de las Águilas Negras de Colombia” y, de manera contraevidente, que el análisis de los panfletos, “permite ver una ausencia ideológica en comparación con organizaciones criminalmente estructuradas” (EE 12/09/2018).

No obstante, entre 2006 y 2018, circularon 282 panfletos con amenazas a cerca de un millar de personas -todas defensoras de derechos humanos y de la paz, reclamantes de tierras, activistas de la izquierda, periodistas que denuncian corrupción- lo que ubica a sus autores en la ultraderecha violenta. Todos los panfletos tienen el mismo formato del que circuló esta semana en el que aparecen la alcaldesa Claudia López y otros connotados dirigentes nacionales y locales.

Las autoridades siguen sosteniendo que las Águilas Negras no existen, pero en la negación está el quid del asunto. Llegó el momento de que miren hacia adentro, especialmente en la fuerza pública. Son muchos los indicios que apuntan a que puede existir en su interior una estructura que funge como ese grupo ilegal o que le colabora a quienes se amparan en esa marca para su accionar delictivo.

El principal indicio consiste en que las autoridades han sido totalmente ineficaces, durante 13 años completos, en identificar de dónde provienen las amenazas. Ya completan más de tres centenares de panfletos y no han develado a uno solo de los autores. Tampoco han podido parar el desangre de los líderes y liderezas sociales. Se ha avanzado en capturar a algunos de los perpetradores, pero no a quienes los pagan. Muchos de los crímenes han sido precedidos de cuidadosa inteligencia y seguidos de impunidad en materia de autoría intelectual, otro indicio para mirar hacia adentro. 

Pero tal vez el indicio más preocupante viene de la seguidilla de escándalos en el seno del Ejército que han descubierto los periodistas sobre corrupción, chuzadas, cacería de quienes filtran las denuncias a la prensa e intimidación a la propia prensa. Las revelaciones de SEMANA muestran no solo la inoperancia de la contrainteligencia diseñada para mantener la disciplina al interior de la fuerza pública, sino su posible desviación para impedir que se denuncien las anomalías que van desde el desvío de recursos reservados al encubrimiento de presuntas complicidades con grupos armados ilegales. Si las Águilas Negras no están afuera, como reiteran las autoridades, entonces llegó el momento de buscarlas adentro.

Adenda: Hecatombe humanitaria. En los 18 primeros días de enero han sido asesinado 23 líderes sociales y 3 excombatientes, 1,4 por día, en 25 de los 32 departamentos de Colombia. Cualquier semejanza con el exterminio de la UP no es coincidencia.

Bogotá, D. C, 22 de enero de 2020

*Exalcaldesa de Bogotá, Exministra de Trabajo.

Por José G. Hernández*.- El Congreso expidió la Ley 2009 de 2019, "POR MEDIO DE LA CUAL SE INCLUYEN SIN COSTO ADICIONAL UN PAQUETE DE PRODUCTOS Y/O  SERVICIOS FINANCIEROS POR EL PAGO DE LA CUOTA DE MANEJO DE LAS TARJETAS DÉBITO Y CRÉDITO".

Los usuarios de los bancos se alegraron con el anuncio, pero bien pronto se desilusionaron, al conocer el texto de la norma.

Anuncia el artículo 1 de la misma que "las entidades autorizadas para captar recursos del público que cobren cuotas de manejo por las cuentas de ahorros, las tarjetas débito y las tarjetas crédito, deberán garantizar mensualmente a sus usuarios el acceso a un paquete mínimo de productos y/o servicios sin costo adicional".

Las normas mencionan 6 servicios o productos para cuentas de ahorro (Talonario o libreta, consignación nacional, retiro por ventanilla en  oficina diferente a la de radicación de la cuenta, copia de extracto en papel, certificación bancaria, expedición de cheque de gerencia); 5 para tarjetas débito (retiros red propia, consultas red propia, certificación bancaria, consignación nacional a través de oficinas o de cajeros); y 4 para tarjetas de crédito (avance en cajero de la misma entidad, avance en oficina, consulta de saldo en cajero de la misma entidad y reposición por deterioro).

De cada grupo de servicios o productos mencionados, el usuario tendrá derecho a tres -solamente tres- gratuitos, pero en primer lugar, no es el usuario el que escoge esos tres productos o servicios gratuitos. Lo hace el Banco. Los otros tienen costo.

Pero, además, el carácter gratuito solamente tiene vigencia por un mes. Según el artículo 2 de la Ley, las entidades deben comunicar a los usuarios "la composición del paquete mínimo de productos y/o servicios al que tendrán acceso sin costo adicional en el respectivo mes". Es decir, lo que es gratuito este mes, puede ser costoso al mes siguiente, y a la inversa. Un caos, y un engaño a los usuarios. Muy similar a los tres días al año sin IVA.

Cabe recordar que, según el artículo 335 de la Constitución, las actividades financiera, bursátil y cualquiera otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados de las personas, “son de interés público y sólo pueden ser ejercidas previa autorización del Estado, conforme a la ley, la cual regulará la forma de intervención del Gobierno en estas materias y promoverá la democratización del crédito”. No es propiamente lo que ha hecho el Congreso en este caso, aunque anunció la expedición de la Ley “con bombos y platillos”. Y consagró cláusulas potestativas a favor de las entidades financieras, beneficiándolas y confundiendo a los usuarios.

Pudiendo establecer las reglas de manera más sencilla, clara y terminante a favor de los usuarios -como, por ejemplo, prohibiendo todo cobro adicional por los enunciados servicios-, pues goza de plenas facultades para ello, el Congreso prefiere ceder ante los bancos, como si les tuviera miedo. Esa no es la intervención que proclama la Carta Política, ni la democratización del crédito.

Bogotá, D. C, 22 de enero de 2020

*Expresidente de la Corte Constitucional

Por Jairo Gómez*.- La pregunta que salta a la vista de los colombianos hoy es ¿qué justificó la realización de un Foro Internacional Contra el Terrorismo con más de una veintena de países invitados en medio de esta masacre de líderes, lideresas sociales e indígenas, amenazas e interceptaciones ilegales contra políticos de la oposición, periodistas y jueces de la República?

Sentar, cual burócratas, a más de 25 delegaciones internacionales para discutir un tema de grueso calibre como la batalla contra el terrorismo en medio de esta vorágine de sangre es impresentable si se pretende decir que la lucha de Colombia contra ese flagelo es auténtica. No se puede vender esa idea cuando, por un lado, se recibe un político extranjero que acudió a un grupo terrorista como los Rastrojos para poder ingresar ilegalmente al país y, por el otro, el llamado terrorismo de Estado, que denuncian organizaciones de Derechos Humanos, no ha desaparecido y, al contrario, se practica obedeciendo a una doctrina militar de vieja data, ya en desuso. 

Es una bofetada a cada colombiano pretender discutir una agenda de esta naturaleza que, como decía, amenaza a buena parte del planeta y no tener una respuesta a los más de 20 asesinatos de líderes, lideresas sociales e indígenas, incluidas dos masacres, en estos primeros 20 días del año 2020; por ello, en este contexto de foros internacionales la tesis del terrorismo de Estado cobra vigencia, como acertadamente lo recordó el Senador Iván Cepeda: “Pregunta pertinente: ¿los participantes en la cumbre internacional contra el terrorismo que tiene lugar en Bogotá, debatirán también sobre el terrorismo de Estado que se practica en países como Colombia? ¿O ese tema está excluido de la agenda?”.

Ejemplos cunden en la realidad nacional que debieron llamar la atención de los foristas. Cómo es posible que se denuncie que agentes del Estado -uniformados- estuvieron averiguando en el bajo mundo la contratación de sicarios para asesinar a un periodista y la sociedad colombiana y la comunidad internacional  no se estremezcan ante semejante temeridad; Más allá de ese desafío, otra pregunta que surge es cómo Colombia, un país que pregona a los cuatro vientos los postulados de la democracia occidental sobre el respeto a la libertad de expresión y sus instituciones, lo consiente. Temas pertinentes para una cumbre antiterrorista que buscaba precisamente delinear políticas para que estas prácticas sean erradicadas.

Si por algo se caracterizan las potencias occidentales y en particular Estados Unidos, representado en el foro por su Secretario de estado Mike Pompeo, es por su fervoroso respaldo a la libertad de expresión y a la prensa libre. Washington, por ejemplo, desde su trinchera tutora del respeto a los Derechos Humanos, como ocurrió en otras ocasiones, ha condicionado cooperación y convenios a cambio de que se ponderen estos derechos; cómo, y cito otro ejemplo, la Comunidad Europea permite que una democracia (gobierno de Colombia) espíe la oposición política, a los jueces y le intervenga las comunicaciones a los periodistas a través de sus cuerpos de seguridad, en este caso el Ejército, sin que haya por lo menos una manifestación expresa de rechazo a estas prácticas como justificadamente lo hicieron contra el régimen de Maduro en Venezuela. Ese silencio de los adalides de la democracia occidental frente al caso colombiano desconcierta.

Ese fue el paradójico escenario en que se desarrolló esta cumbre; cumbre en la que a Duque, para seguir con las paradojas, le preocupó más la presencia de células de Hezbollah en Venezuela que el asesinato de un líder, lideresa social o indígena con la subyacente historia de que fueron sacados de sus moradas o resguardos, torturados y después inmolados. Es decir, el presidente tiene registro de “la organización terrorista islámica” en el vecino país, pero en Colombia no tiene ni idea quién o quiénes están detrás de esta masacre.

Mientras instalaba el Foro de marras cerca de cuatro mil campesinos habitantes de la ribera del río Atrato tuvieron que abandonar sus parcelas tras amenazas de un grupo paramilitar (¿las Águilas Negras?) que actúan en connivencia con agentes del Estado, como lo denunció el Líder comunitario Leyner Palacios. ¿Habrá sido ésta penosa realidad motivo de discusión en la Cumbre hemisférica contra el terrorismo? Lo dudo.

Bogotá, D. C, 22 de enero de 2020

*Periodista y Analista Político.

Por Víctor G. Ricardo*.- Colombia viene sufriendo desde hace ya algún tiempo una inseguridad, tanto en las grandes ciudades como en la provincia. Esta situación ya ha alcanzado otro nivel, convirtiéndose en una circunstancia lamentable e inaguantable para los colombianos.

Lo más grave, por supuesto, es el gran número de asesinatos que se han dado en especial de líderes y defensores de derechos humanos, exguerrilleros que han caído como objetivo y también ciudadanos del común que han muerto como consecuencia de atracos en las calles de las distintas ciudades del país.

No es la primera columna que he escrito sobre este tema, pero considero que los columnistas y orientadores de opinión debemos seguir insistiendo que hay que tomar medidas especiales para controlar esta ola de inseguridad.

Lo que más me sorprende es ver algunos funcionarios, en especial de las Fuerzas Armadas y otros que tienen la responsabilidad de la seguridad en el territorio nacional, dando declaraciones donde manifiestan que han bajado los índices de inseguridad cuando lo que uno siente todos los días es que lo que ha sucedido es que ha aumentado.

En lo corrido de este año, para no hablar del pasado, han asesinado un líder social al día. En las calles de Bogotá y las otras ciudades de Colombia han asesinado transeúntes por robarles el reloj, dinero, su bicicleta, moto, automóvil o su celular. También han aumentado los casos de atracos y robos a las residencias y pareciera que las autoridades estuvieran sordas, aunque todos los medios de comunicación tanto auditivos, escritos y televisados registran esta clase de hechos todos los días.

En mi caso concreto, he visto como en los últimos ocho días han robaron la bicicleta en que se transportaba una asistente, el bolso a mi secretaria y el celular a mi hija, y no precisamente llevándolo en la mano. En dos de los casos los ladrones amenazaron con revólver en mano y en el otro con cuchillo. Menciono estos casos cercanos a mí, aunque sé que se repiten y no hay familia que no haya vivido uno de cerca, porque los he sentido y vivido.

Luego no son sueños ni inventos de los ciudadanos, sino la realidad que se está presentando.

Mientras que la delincuencia está armada los ciudadanos de bien que van a solicitar en la Oficina de control de armas de las fuerzas militares salvoconductos para sus armas les ponen toda clase de inconvenientes o simplemente responden que están en vacaciones colectivas desde el mes de diciembre hasta el 20 de enero. Los ladrones en cambio no se dan vacaciones.

Volviendo al tema de la inseguridad y falta de protección del Estado a la ciudadanía me pregunto hasta cundo será que tenemos que soportar esta lamentable y preocupante situación.

Mientras la ciudadanía se siente desprotegida, los escándalos por acciones irregulares en las Fuerzas Armadas, las chuzadas ilegales entretienen a sus responsables para cumplir sus deberes y en la alta cúpula de la Policía Nacional los conflictos personales entre Generales hacen que la ciudadanía esté inerme y desprotegida ante la delincuencia.

¿Hasta cuándo tenemos que sufrir esta situación?

Bogotá, D. C, 22 de enero de 2020

*Excomisionado de Paz

Por Mauricio Cabrera Galvis*.- Las llamas que han destruido millones de hectáreas en Australia son solo un anticipo de las consecuencias apocalípticas que viviremos si todos, gobiernos y ciudadanos, no cambiamos un modelo de desarrollo y un estilo de vida que destruye el medio ambiente y propicia el calentamiento global. Pero no son los únicos incendios que amenazan a la humanidad.

La revista Foreign Policy hizo un análisis de los 10 conflictos que pueden resolverse o agudizarse en el 2020. Unos internos y otros internacionales, pero algunos, los conflictos locales reflejan el enfrentamiento geopolítico de las grandes potencias.

El de Etiopia es un conflicto puramente interno de raíces étnicas, que está encontrando una salida en diálogos de paz entre las tribus enfrentadas, mientras que en Burkina Faso la violencia proviene de fanáticos musulmanes con vínculos con Al-Qaeda y el Estado Islámico que amenazan con colapsar el Estado y contagiar a los vecinos Costa de Marfil, Ghana y Benin.

Los casos de Yemen, Cachemira, Libia y Venezuela son conflictos internos pero con clara incidencia de las grandes potencias. En Yemen, la guerra civil que condujo a la mayor tragedia humanitaria por hambruna de la población es el campo de batalla de la confrontación entre Irán y Arabia Saudita –respaldada por Estados Unidos- por el predominio político y militar en el mundo árabe.

El de Cachemira es un conflicto interno en la parte de esa región que pertenece a la India, pero tiene el trasfondo de la disputa entre la India y Pakistán por el control de toda la Cachemira. Su origen es religioso pues enfrenta los nacionalistas hinduistas y los musulmanes que son mayoría en esta región pero minoría en toda la India, y ahora están amenazadas por las nuevas leyes anti musulmanas.

En Libia la fallida operación de derrocar al dictador Gadafi para restaurar la democracia ha llevado a una guerra civil que ha dividido el país en dos facciones que a su vez representan los intereses encontrados de grupos de potencias extranjeras que les proporcionan armamentos y avivan la guerra.

En Venezuela la oposición con el apoyo de Estados Unidos, Colombia y otros países latinoamericanos no ha podido derrocar a Maduro, porque este todavía cuenta con algo de apoyo popular y el de los militares, pero también con el de Rusia y China. Otra batalla geopolítica.

En conflictos internacionales como los de Afganistán y Ucrania, en los que hay invasores extranjeros, hay perspectivas de solución negociada. En el primero por cansancio de Estados Unidos y los talibanes ante la imposibilidad de ambos de lograr una victoria militar y en el segundo por las presiones internacionales a Rusia.

Cali 19 de enero de 2020

*Filósofo y Economista, consultor.

Por Amylkar D. Acosta M*.- Como se recordará, recién posesionado del cargo y a propósito del Presupuesto para la vigencia de 2019, el Ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla alarmó al país cuando afirmó, sin rodeos, que el mismo estaba desfinanciado en $25 billones. Basado en esta cifra descomunal, que había sacado de su propio magín y sin soporte documental alguno para criticar el gobierno anterior, calificándolo de “derrochón”, le anunció al país una reforma tributaria, que disfrazaron de Ley de financiamiento, para enjugar el déficit. Se aspiraba recaudar por esta vía $19.46 billones en 2019 y $13.21 billones en 2020.

A poco andar y sin mayores explicaciones, como por arte de birlibirloque, según el Ministerio de Hacienda el verdadero faltante presupuestal se redujo a “sólo” $14 billones, de los cuales $11.3 billones se financiarían con la más dura reforma tributaria en muchos años. En última instancia, el Ministro Carrasquilla se tuvo que resignar a que el mayor recaudo esperado con la Ley 1943 de 2018 de financiamiento se redujera a solo $7.3 billones para este año.

Se dijo entonces por parte del Ministro Carrasquilla que el Gobierno saldría a vender el 8.5% de sus acciones en ECOPETROL, para completar el 20% de enajenación autorizado por el Congreso de la República mediante la Ley 1118 de 2006 e iniciar el proceso para la venta del 51% de su participación en ISA, una de las dos joyas de la Corona. Adicionalmente, le solicitó al Comité consultivo de la Regla fiscal la flexibilización de esta, supuestamente para poder atender la masiva afluencia de inmigrantes venezolanos, cuyo costo estimaba en 0.5 puntos porcentuales del PIB. El Comité acogió su solicitud y elevó la meta del déficit fiscal del 2.4% del PIB a 2.7%.

No obstante, el Ministro Alberto carrasquilla, al momento de radicar en el Congreso de la República el proyecto de presupuesto para la vigencia de 2020, pese a que el mismo, según el Ministro está desfinanciado en $8.5 billones y es una incógnita saber de dónde van a salir, muy eufórico, planteó que se tiene un “panorama fiscal despejado”. Y como si lo anterior fuera poco desechó la decisión del Comité consultivo y hasta la fecha se ha mantenido en sus trece de alcanzar la meta del déficit fiscal para eL 2019 de 2.4% (¡!). Y ello, descartando de paso, porque según él no se requiere, la venta anunciada de las acciones de ECOPETROL y de ISA. Ello dejó patidifusos a los analistas y a las firmas calificadoras del riesgo de la deuda soberana del país.

Pero nadie contaba con la jugadita de Carrasquilla, quien apoyándose en la facultad que le dio el Congreso de la República a través de la Ley 1955 de 2019 del Plan Nacional de Desarrollo para saldar deudas mediante la emisión de títulos de Tesorería (TES), procedió a “recontratarla” por un valor de $28.4 billones, contratando nuevo endeudamiento por valor de $19.2 billones. Mediante este ingenioso mecanismo, de pagar deudas con más deudas, además de elevar el nivel de la deuda, según la Contraloría General de la República, hasta el máximo histórico de 59% del PIB (¡!), se ha terminado haciendo pasar como financiamiento gasto corriente, con lo cual se le hace trampa a la Regla fiscal simulando su cumplimiento.

No obstante lo anterior y a pesar de que, según el Ministro Carrasquilla el “panorama fiscal despejado” y supuestamente “a octubre el superávit primario de Colombia llegó a 0.9%” del PIB, al mismo tiempo la orden dada desde el palacio San Agustín es la de raspar la olla. Sí, porque no de otra manera se puede interpretar que, a pesar de que se va a recibir de manos del Banco de la República, por concepto de sus utilidades de este año, que no tienen precedentes, de $8 billones (asumiéndolas como ingreso del Gobierno y no como una fuente de financiamiento del déficit, como lo manda la ortodoxia contable), con los que no se contaba, el Ministro Carrasquilla procedió a dar un paso inusitado. En efecto, echó mano de $3.2 billones de la reserva especial de ECOPETROL.

Tampoco le cuadran las cuentas al Ministro Carrasquilla de cara al 2020, tanto más, habida consideración que el mayor impacto de los beneficios tributarios aprobados a favor de las grandes empresas, a los cuales se vinieron a añadir los beneficios aprobados en la reforma tributaria 2.0 en respuesta al paro N – 21, los cuales sumados superan los $12 billones (¡!).

Más, sin embargo, el Ministro Carrasquilla insiste una y otra vez en que aspira y espera aumentar el recaudo con esta nueva Ley en 2020 en $11.4 billones.

Estos vaivenes del Ministro Carrasquilla le restan seriedad y credibilidad a las cifras oficiales en materia fiscal y ello es grave, pues parecen confirmar la afirmación del pensador español José Ortega y Gasset cuando afirmó que “la verdad oficial consiste en la administración prudente de la falsedad”. Ya lo había advertido el ex ministro Guillermo Perry Rubio que “el recurso a la contabilidad creativa generan incertidumbre y desconfianza y pueden conducir a rebajas en la calificación de riesgo del país”. Es muy diciente que unas de las revistas de negocios más serias y consultadas, como lo es Bloomberg, titule uno de sus despachos de prensa en su portal diciendo que “Colombia es acusada de marrullerías (shenanigans) contables para lograr metas fiscales”. Este es un mal indicio y un pésimo precedente. 

Santa Marta, enero 18 de 2020

*Expresidente del Congreso de la República y Exministro de Minas y Energía

www.amylkaracosta.net

Por José Félix Lafaurie Rivera*.- El general Nicacio Martínez, un hombre de honor que se preocupó más por la seguridad y la dignidad del soldado que por el boato de jerarquías y clubes militares; que persiguió la corrupción que mancha a la institución pero no lesiona su tradición bicentenaria, está siendo sacrificado dentro de la torva compaña de deslegitimación y bloqueo al gobierno Duque.

No nos engañemos. El problema no es el general Martínez, como no lo era el exministro Botero, pero la estrategia de minar la moral de la Fuerza Pública funciona. Primero fue una directiva malinterpretada por un periodista extranjero, con el apoyo del NYT y de congresistas estadounidenses, convertida mediáticamente en regreso de los falsos positivos. Luego Vivanco, descalificando al general y a la nueva cúpula, como responsable de falsos positivos, según el veredicto del autoproclamado “juez universal”; y hasta una relatora de Derechos Humanos de Naciones Unidas se atrevió a acusar al gobierno colombiano, poco menos que de asesino.

Para colmo, una vez más la revista Semana, protegida por la reserva de sus fuentes, por “documentos secretos en su poder” – ¡vaya confesión!–, y con escandalosa portada, sin mayor confrontación con otras fuentes inventa que la salida del general no fue por respetables motivos personales, como lo ratificó el presidente, a quien de paso acusa de mentiroso, sino por sus responsabilidades –otro juez autoproclamado– en un episodio de chuzadas en investigación.

Pero la opinión pública no es tonta. Las Fuerzas Militares siguen siendo la institución más apreciada por los colombianos, aunque su favorabilidad pasó de un promedio del 78% durante la era Uribe, al 68% a mediados de 2019, con imagen desfavorable del 29%, cifras todavía excepcionales en nuestra institucionalidad.

¿Qué pasó? Bajo el mandato de Santos, la acción de los militares contra los narcoterroristas fue afectada por la neutralización de las negociaciones de La Habana, bajo la figura extorsiva e inconstitucional del “cese bilateral”, al que el Gobierno decía no acceder ante los micrófonos, pero accedía por debajo de la mesa.

Pero más demoledora ha sido la neutralización mediática a partir de la deslegitimación. Los “falsos positivos”, aunque está probado que no respondían a una política institucional, fueron convertidos en estigma por la izquierda y, como el gobierno sentó a los militares en la mesa, terminaron siendo otra tuerca para darle presión extorsiva a las negociaciones, al punto que empezó a presentarse el fenómeno inverso: las bajas reales denunciadas como falsos positivos.

Las fuerzas oscuras que quieren sembrar el caos pretenden devolver los soldados a sus cuarteles, con más eficiencia que una operación pistola, la emboscada artera o el terrorismo salvaje: No contentas con llevar ante la JEP a los militares en igualdad de condiciones con los narcoterroristas, les infringen el mayor daño moral a través de las redes convertidas en instancias de juzgamiento mediático. Es la lesión a lo más sagrado para un soldado: el honor, induciendo el desprecio de la sociedad a la que juraron defender y le han entregado su tranquilidad y su vida.

Frente a los niveles de criminalidad por la herencia maldita del narcotráfico, lo que el país necesita es una Fuerza Pública sólida, actuante y con fuerte respaldo social. Su neutralización mediática frente a los criminales es una conducta apátrida y un camino suicida hacia el abismo.

¿Hasta cuándo esa conspiración contra quienes tienen la misión constitucional de defendernos? Es necesario detener ese complot y restaurar la imagen de las Fuerzas Militares, como un asunto de supervivencia de nuestra democracia. No dejaré de repetirlo: *¡Ay de la sociedad que no honre a sus héroes, porque dejará de tenerlos!

Bogotá, D. C, 19 de enero de 2020

*Presidente de FEDEGAN

@jflafaurie.

Por Gabriel Ortiz*.- Le llegó la hora a nuestras fuerzas armadas para acendrar su imagen, depurarse y separar a quienes buscan favores, ascensos y prerrogativas a cambio de información privilegiada, documentación secreta y seguimientos de personajes e instituciones.

Las sospechas sobre estas prácticas fueron descubiertas por una investigación acertada y oportuna de la Revista Semana, que puso al descubierto las actuaciones del entonces Comandante del Ejército, Nicacio Martínez, de quien dijo el Presidente Duque, cuando reveló su retiro, que este se debía a “razones personales”. Muchas cosas se sabían de sus actuaciones en falsos positivos y chuzadas a magistrados, personajes políticos, periodistas e instituciones, que al parecer eran objetivos del partido gubernamental.

Las chuzadas en Colombia vienen de atrás. Desde cuando el gobierno 2002 al 2010 ordenó espiar las Cortes. Arreciaron, cuando Santos afinaba el proceso de paz, uno de cuyos objetivos lo trazaron con la Operación Andrómeda para atacar la paz y las elecciones de entonces. Vale recordar al expresidente Uribe suministrando, a través de su tuiter, con asombrosa precisión las coordenadas de los sitios en donde debían realizarse gestiones de paz. Se sospechaba que había línea directa entre el Jefe del Centro Democrático y los chuzadores de inteligencia militar, Bacib, Caimi y demás agencias del Estado. Hay lagunas sobre otras actuaciones durante elecciones siguientes.

Se ventilaron sí, sospechas en torno a la manera desaforada como miembros del Centro Democrático urgían acelerado cambio de la cúpula militar, que consideraban santista. La senadora Cabal enviaba mensajes directos y a través de la prensa al Presidente Duque sobre el tema.

La información entre las agencias del Estado, el Centro Democrático y ciertos parlamentarios, era permanente. La lista de investigados (chuzados) era larga: congresistas, políticos, magistrados, periodistas y personajes. Las amenazas y el miedo eran moneda corriente. A los periodistas les enviaban lápidas, intimidaciones y sufragios.

El General Nicacio cometió errores que fueron poniendo al descubierto sus actuaciones. Ello permitió a muchos altos, medianos y bajos militares honestos, descubrirle el juego. La intimidación ya había arreciado y la cúspide de la inteligencia militar acantonada en el batallón de ciberinteligencia, arreció sus labores “andromédicas” desde Facatativá, con los “hombres invisibles”. El comandante fue sacado afanosamente del país hacia los Emiratos.

El gobierno norteamericano sigue dudando de la eficiencia del Ejército de Colombia y su tecnología para chuzar, porque descubrió desvío de dineros para pagar informaciones que abundaban en las redes sociales.

A todas estas, los ascensos militares se ventilaban dudosamente en el Congreso. Se prodigaron en favores a altos oficiales involucrados en falsos positivos, mientras se negaron derechos a decorosos hombres que no cohonestaban con las malas prácticas. Muchos salieron del ejército.

Lo importante de la investigación de la Revista Semana es que el Ejército podrá espulgarse, de una vez por todas, y sanearse para beneficio y confianza que un país debe tener en sus gallardas fuerzas armadas.

BLANCO: Solo el ejército puede salvar al Chocó.

NEGRO: Se va Uber y Colombia queda bajo la dictadura de los zapatos amarillos.

Bogotá, D. C, 17 de enero de 2020

*Exdirector del Noticiero Nacional, Telematinal y de Notisuper.