Opinión

Por José G. Hernández*. - Muy importante el fallo de la Corte Constitucional mediante el cual se definió con carácter de cosa juzgada constitucional que las infracciones de tránsito no las debe asumir el propietario del vehículo porque sí o por dificultad probatoria, sino el conductor, es decir -como es natural- quien iba conduciendo el vehículo en el momento de la infracción, esto es, el infractor.

La decisión de la Corte es acertada. Es lo que resulta del principio de legalidad y del debido proceso. Porque imponer la sanción al propietario, sin que se tenga certeza sobre si él cometió o no la infracción -porque no se tiene una prueba- es algo sencillamente injusto. Es presumir su culpabilidad, contrariando el postulado fundamental de presunción de inocencia que señala el artículo 29 de la Constitución, e ignorar el principio básico sentado por el artículo 6 de la Carta Política, a cuyo tenor “los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes”, no porque otro las haya infringido, o porque el Estado no tiene una prueba acerca de quién las infringió.

Es como si -valga la comparación- se condenara penalmente, sin oírlo, al propietario de un inmueble desde el cual alguien -no se sabe quién, porque no se tiene su fotografía- disparó un arma de fuego e hirió o mató a una persona. “Como no sabemos quién lo hizo, y alguien tiene que responder, sancionemos a quien figure como propietario”. Un argumento que no resiste el más leve estudio jurídico.

Bien dijo el magistrado Alejandro Linares que "el sistema de fotomulta debe identificar quién comete la infracción. Es muy importante identificar, a través de la tecnología, quién comete la infracción. No se puede imponer responsabilidad sancionatoria sobre la persona que no ha cometido la falta". Agregamos: o que pudo haberla cometido (porque el propietario puede ir conduciendo), pero no se tiene prueba alguna en su contra.

Mediante comunicado, el Ministerio del Transporte sostuvo que respeta el fallo de la Corte Constitucional. Pero agregó a renglón seguido: "Sin perjuicio de la inexequibilidad del artículo en mención, la Corte Constitucional refiere que el sistema de fotomultas de que trata la Ley se mantiene vigente, pero exhortó al Congreso a legislar frente a los aspectos declarados inexequibles".

De acuerdo, pero, por cuanto las razones de la inexequibilidad de la norma que consagraba el esperpento fueron de fondo y no de forma, lo que no podrá hacer el Congreso será reproducir la disposición inconstitucional, según lo establecido por el artículo 243 de la Carta, que dice: “Los fallos que la Corte dicte en ejercicio del control jurisdiccional hacen tránsito a cosa juzgada constitucional. Ninguna autoridad podrá reproducir el contenido material del acto jurídico declarado inexequible por razones de fondo, mientras subsistan en la Carta las disposiciones que sirvieron para hacer la confrontación entre la norma ordinaria y la Constitución”.

Ahora bien, reiteramos lo que hemos expresado en otras ocasiones: que la Corte debe divulgar pronto el fallo firmado por los magistrados y los salvamentos y aclaraciones de voto. El comunicado no es sentencia, ni tiene efecto jurídico alguno. Solamente sirve para informar.

Bogotá, D. C, 12 de febrero de 2020

*Expresidente de la Corte Constitucional

Por Víctor G Ricardo*. - En Colombia están sucediendo hechos que muestran que como decía Carlos Lleras Restrepo ‘el país está descuadernado’ y si no se toman correctivos con prontitud, fácilmente llegaremos a una anarquía de la cual no será fácil salir.

Para nadie es desconocida la inseguridad que se vive tanto en las ciudades como en el campo. Ahora incluso muchas veces no se habla de atracos o robos a una persona, sino que si la víctima se defiende puede poner en riesgo su vida. Si nos vamos a ver lo que está pasando con algunos líderes sociales y defensores de derechos humanos, encontramos cifras espeluznantes de todos los que han sido asesinados. Lo mismo encontramos en quienes eran guerrilleros de la Farc y se acogieron al acuerdo de paz, quienes también han caído bajo las balas de asesinos. Comentábamos en un artículo hace pocos días que en los primeros veinte días de este año en Colombia se habían robado 70.000 celulares, es decir 3.500 diarios, sin contar muchos que también se han robado pero sus dueños no han presentado la respectiva denuncia.

En materia de corrupción no hemos logrado medidas severas que acaben con esta delincuencial acción y, aún peor, tampoco hemos logrado que la justicia muestre resultados eficientes y contundentes ante tantos casos con los que todos los días nos encontramos. ¿Qué paso con “todos” los responsables de los actos de corrupción de Odebrecht, Reficar, estupefacientes, el carrusel de los contratos, el cartel de la Toga, etc?

Y mientras esto sucede, la gente decente, los amenazados y aquellas que son objetivo o blanco de grupos alzados en armas, desprotegidos de la seguridad del Estado, tampoco pueden lograr obtener sus salvoconductos para el porte de armas para su defensa personal porque la institución encargada de hacerlos simplemente los somete a procedimientos interminables o por sus periodos de vacaciones, como si los delincuentes o asesinos estuvieran también de vacaciones o esperaran que los organismos del Estada den los permisos o salvoconductos requeridos.

Y así también pasa con quienes por obligación deben desplazarse en carros blindados. Después de haber pedido toda clase de conceptos sobre su buen comportamiento de vida, sus amenazas, y antecedentes se analizan sus situaciones de manera individual y es la entidad especializada, de acuerdo con la Ley, la que aprueba la utilización del vehículo blindado. Pero resulta que un funcionario de nivel municipal, como es el caso del Secretario de Movilidad de Bogotá, resuelve restringir el tránsito de estos vehículos a su antojo e incluso ponerles un impuesto especial y hasta obligar a sus dueños a hacer un trabajo social que, por supuesto nos es indigno, pero que va en contravía de su propia seguridad. Es decir, se atribuye funciones que la Ley determina a la Superintendencia de Vigilancia y atropella las normas sin que las entidades de fiscalizadoras lo castiguen o lo obliguen a cumplir las normas que establece un Estado de Derecho

O el gobierno toma acciones correctivas o serán muchos los colombianos que les tocará acudir a los organismos internacionales para pedir medidas especiales o simplemente abandonar el país.

Bogotá, D. C, 12 de febrero de 2020

*Ex Comisionado de Paz

Por Jairo Gómez*.- Para nadie es un secreto: los partidos tradicionales en Colombia agonizan y, para impedirlo, acuden a la respiración artificial que les da la mermelada; no tienen otro antídoto para tratar de detener el deterioro que les ocasionó la inveterada epidemia clientelista que, durante décadas, difuminó cualquier rastro de ideología que les quedaba.

En el país se respira una evidente impugnación a la política tradicional, pero también contra las élites económicas, similar al descontento que el pueblo chileno expresó en las calles; una presión social que los obliga a navegar sobre las contradicciones políticas que creen resolver cada cuatro años cuando hay elecciones a punta de compra de votos, clientelismo y manipulación del escrutinio.

Mientras más espeso el ambiente, más crítica es la realidad de esos partidos que como Cambio Radical y la U (siete u ocho senadores) prefirieron abandonar su independencia (según el Estatuto de la Oposición) para declararse partidos de gobierno; es decir, prefirieron alejarse del centro para mezclarse en el extremo derecho del espectro político no solo para promover el conformismo, sino imponerlo.

Si a esas contradicciones le sumamos el tsunami Merlano, el futuro político de toda esa politiquería regional y nacional está más que amenazada; pero si además a esas incoherencias les agregamos políticas de gobierno como la delación (red de informantes), espionaje (la bodeguita uribista) y la intimidación como estrategia de control social para chantajear a quienes no votan por ellos, podemos vaticinar lo peor en 2022; por supuesto que el país les cobrará esas contradicciones e incoherencias, no lo duden.

Sin embargo, lo anterior debe tener una consecuencia: ¿Cómo deben reaccionar los partidos de oposición? ¿Qué estrategia adoptar? Me aventuro a formular dos propuestas. Una: que los partidos de oposición asuman la Constitución Política, aún sin desarrollar en un 60 por ciento, como un cinturón de seguridad que garantice las reformas que reclama el país y que la derecha, gobierno tras gobierno, aplaza. Y dos: que los partidos de izquierda y de centro izquierda se conecten con los trabajadores formales e informales, los estudiantes, los sindicatos, en fin, con la calle, esa que protesta para que la ecuación social, económica y política del país cambie. No es mucho pedir, si se entiende que la única polarización auténtica es la desigualdad.

Claro que no es mucho pedir, el discurso está servido: es abrirle la posibilidad real al acceso a la vivienda, al empleo, a la educación, a mejorar la calidad de vida y la de millones de familias colombianas que no tienen cómo llegar a fin de mes. En Chile lo que había comenzado como una protesta contra el aumento del pasaje en el metro, se convirtió en una sublevación masiva contra el régimen neoliberal que no pudo ocultar más el desbarajuste social que es el mismo que padece el pueblo colombiano.

Hubo un avance cualitativo en las pasadas elecciones que no se puede despreciar; se eligieron alcaldes y gobernadores por fuera de las castas políticas que inspiran una lectura premonitoria para el 2022. Una buena gestión de estos mandatarios locales y regionales debe redundar en un debate político que confronte a la vieja clase política.

Inadmisible error sería si de entrada se critica la tarea de estos mandatarios independientes sin valorar sus orígenes; es necesario que los líderes de las propuestas alternativas que piensan comandar ese cambio se despojen de rencillas personales, de egoísmos innecesarios que derivarían en divisiones presuntuosas que es lo que en últimas buscan los partidos tradicionales y las élites económicas acostumbradas en pescar en río revuelto.

Por ello a manera de llamado de atención les dejo la siguiente reflexión: como dice el poeta y maestro Juan Manuel Roca en su último libro Manténganse Lejos de los Tibios. De acuerdo con Roca no es hora para los tibios si quieren estar de este lado del espectro político: es el momento de asumir posiciones sin temor a expresar el discurso valiente, no obstante, los epítetos descalificadores de una derecha hirsuta y trasnochada que hoy se ahoga en sus propias contradicciones. 

Bogotá, D. C, 12 de febrero de 2020

*Periodista y Análista Político.

@jairotevi  

Por Guillermo García Realpe*.- Días después de las declaraciones desafortunadas de la nueva Ministra del Interior, Alicia Arango, le quieren bajar el tono manifestando que, lo que ella no quiso decir lo dijo y que se trataba de formalizar y de promover la cotización para pensión  o para temas de aportes de salud. 

La ministra fue clara en manifestar de manera directa en que para qué se contrata un ingeniero de sistemas por un día o por tiempo completo si lo que se necesita  es por dos horas al día. 

El “capitalismo salvaje” fue un término de contenido social y económico que se acuño hace largos años y se nos estaba olvidando de utilizarlo, pero hoy se confirma que definitivamente en la relación capital-trabajo para los empresarios y para los gobiernos que atienden intereses empresariales siempre el trabajo cederá ante el capital, ante los inversionistas, ante los intereses privados y no colectivos. 

No por otra cosa hay una larga discusión sobre el reajuste del salario mínimo porque practicamente ahí quieren señalar la base de fijación de las cifras para los años nuevos en materia de inflación  y otro tipo de índices, quiere decir que el salario mínimo es el gran responsable de temas de inflación en países como Colombia. 

Pero de la misma manera ha habido manifestaciones crudas en temas de materia pensional y laboral por parte de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras de Colombia –ANIF-, por parte del Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo –BID-, pero también por algunos sectores del gobierno nacional, en aspectos como que va a haber reforma laboral y pensional y esa va a hacer por cuenta de conculcar muchos de los derechos de los trabajadores. Pero, además de eso, la reforma tributaria pasada la Ley 2010, estableció privilegios para el sector empresarial y financiero y no hubo prácticamente un tratamiento de estímulo y equidad, de progresividad y de redistribución de los sectores populares y medios. 

No contentos con eso, se escuchan voces de que se suspendería o eliminaría los intereses de las cesantías para los trabajadores en Colombia, eso es un beneficio para el sector financiero, para quienes guardan las cuentas respectivas. El sector financiero y el sector bancario  que luego prestarían a intereses esos recursos que son de los trabajadores, también en la reciente reforma tributaria a los ricos se les constituye descuentos de los pagos del 4 x1000, impuesto de ICA, exenciones de IVA y otros tipos de beneficios para que su renta líquida y renta gravable sea tan bajas para unos impuestos muy irrisorios. Y en contraste con ello, las rentas de los trabajadores si están por las nubes “clavados” con impuestos que no tienen esos descuentos, ni gavelas. 

Este marco de puntos hace que definitivamente el capital en la relación con el trabajo siempre va a hacer privilegiado por este tipo de gobiernos y el aporte de los trabajadores siempre va a hacer el sacrificado como efectivamente se pretende ahora con la precarización de las condiciones laborales en el tema que la contratación sea por días y por horas. Esas no puede ser la norma, podrá haber casos excepcionales, en situaciones de pleno empleo o sectores de profesionales exitosos que puedan prestar servicios a muchos de sus clientes, bien sean abogados, contadores, ingenieros, en fin, pero de ahí a que como norma se pueda contratar por horas y se precarice la vinculación laboral y por ende se ahorren gastos los empresarios, pues es absolutamente descalificante de la relación del trabajo, es un exabrupto lo opinado por la nueva Ministra del Interior, es el capitalismo salvaje 20/20. 

Cuando se privilegia el capital por encima del trabajo se agudiza la inequidad económica y social de los países, por eso, Colombia es el segundo país más inequitativo de Latinoamérica y el cuarto más desigual en el mundo, porque las políticas en los últimos años de los gobiernos ha sido de favorecer la concentración de capital en unos pocos, en el caso más extremo como lo es el de Luis Carlos Sarmiento Ángulo que, tiene todo el sistema bancario, construcción de vías, administración y mantenimiento de vías, cobra los peajes, también administra las cesantías y pensiones de los trabajadores en Colombia, es decir, una cooptación de un solo conglomerado económico de casi toda la economía nacional. 

Por lo tanto, la conclusión es que el capitalismo salvaje conlleva a concentrar mucho más la inequidad en materia de ingresos, no hay ninguna redistribución. 

Bogotá, D. C, 11 de febrero de 2020

*Senador Liberal de Colombia

@GGarciaRealpe

Por Óscar Villamizar Meneses*.-  La cifra no puede ser más preocupante: 330 años necesita un colombiano de 9 de edad para salir de la pobreza; 11 generaciones se requieren para superar la marginalidad, la precariedad laboral, la desigualdad, según la Organización de Cooperación y Desarrollos Económicos (OCDE), en un estudio publicado en 2018 y que analizó la situación de 20 países, durante 4 años.

El estudio así mismo recalca que la alta concentración de ingresos impide la movilización social y nos convierte en el país más desigual de América Latina y el cuarto del mundo.

El informe igualmente concluyó que en países como Dinamarca un niño tendría que esperar 2 generaciones, en Finlandia 3 y en Estados Unidos 5 para vencer la pobreza.

¿Qué es lo que está pasando y qué estamos haciendo mal?

Tradicionalmente, los jóvenes de nuestra población han padecido la exclusión, la falta de oportunidades, la incapacidad de construir condiciones para el ejercicio pleno de la ciudadanía y del establecimiento de las garantías sociales e institucionales que requieren para garantizar el futuro.

Como líder político entiendo los reclamos y las movilizaciones sociales recientes, donde los jóvenes han expresado su inconformismo y la necesidad de espacios de participación y de oportunidades que les permitan tener un horizonte claro e impidan que la pobreza se siga reproduciendo de generación en generación.

Capítulo aparte y mención especial merecen los desmanes y los actos de violencia que cobraron la vida de varios colombianos y que dejaron perdidas y destrozos de los bienes públicos del estado y daños a ciudadanos que nada tenían que ver.

Estoy comprometido y decidido a perseverar y liderar iniciativas que les brinden mejores condiciones de vida. Celebro la decisión del Gobierno Nacional al expedir la directiva 01 de 2020 con el propósito de impulsar y acelerar la contratación de jóvenes entre los 18 y los 28 años, aun cuando no tengan experiencia laboral. Se del compromiso del gobierno y la determinación de crear puestos de trabajo para 120 mil jóvenes en 37 entidades del Estado, pero considero que debemos ir mucho más allá y proponer reformas profundas al sistema educativo que posibiliten el acceso a la educación, a espacios de participación donde los jóvenes sean actores estratégicos en la vida política y social de sus comunidades y en la generación de riqueza.

No podemos seguir mirando hacia la pared mientras “casi 3.2 millones de jóvenes de las clases más bajas, que viven en las ciudades colombianas enfrenta precariedad laboral, situación que los aboca a permanecer en condiciones de pobreza de por vida” y entre tanto, se dispara el consumo de narcóticos, de alcohol; la delincuencia juvenil; la paternidad prematura; el suicidio; la violencia; la pobreza y la marginalidad.

Como sociedad estamos obligados a una transformación nacional que nos permita salir del sinsentido social al que nos hemos ido acostumbrando. Es necesario tener presente siempre que sobre los niños y jóvenes descansa el futuro de esta patria.

Bucaramanga, 9 de febrero de 2020

*Representante a Cámara

Primer Vicepresidente.

Por Mauricio Cabrera Galvis*.- El Hay Festival es una verdadera fiesta de la palabra donde la literatura se pasea por las calles de Cartagena, mientras que en los auditorios se descubren nuevos escritores y se renueva el gusto por los ya leídos. Pero además de la literatura cada año hay conversatorios sobre otros temas de actualidad en historia, economía, política o ciencia. Este año uno de los destacados fue el cambio climático y la crisis del calentamiento global.

Uno de los platos fuertes era la presentación del libro “El Planeta Inhóspito”, del periodista neoyorquino David Wallace. Por circunstancias familiares no pudo participar, pero su mensaje aterrador y apocalíptico sobre lo que puede ser la vida después del calentamiento fue el punto de referencia de las conversaciones.

Lo que Wallace describe es un escenario muy probable de un planeta donde la vida dejará de ser sostenible por el aumento de la temperatura producido por la desenfrenada emisión de CO2 en aras del crecimiento y el desarrollo. “Es peor, mucho peor de lo que imaginas”; así comienza el libro donde describe lo que nos va a pasar: el nivel de mar subirá y desparecerán cientos de ciudades, inundaciones bíblicas pero también sequías que dejarán sin agua a miles de millones de personas, hambrunas y masivas migraciones de refugiados climáticos y nuevas guerras por los recursos naturales, ya no para enriquecerse sino para sobrevivir.

El mensaje es un llamado, casi desesperado, a cambiar los patrones de comportamiento antes de que estas predicciones se conviertan en realidad y lleguemos a la extinción de nuestra especie. Desde una perspectiva distinta hacen el mismo llamado otros autores como Andrea Wulf y Wade Davis, quienes ya habían participado en ediciones anteriores del Hay. Wulf es la autora de la ya clásica biografía de Alexander von Humboldt, en la que muestra como el gran científico alemán fue el primero en entender la naturaleza y los ecosistemas como un sistema interconectado donde todas las especies dependen de las demás, y ya había vislumbrado hace 200 años las consecuencias negativas de la destrucción de la naturaleza por prácticas como la deforestación, los monocultivos o la ganadería.

Más allá de la visión histórica y los argumento científicos, Wulf coincide en que la situación es de pánico, pero reivindica la necesidad de ponerle emoción y pasión a la lucha contra el cambio climático, tal como lo está haciendo la joven Greta Thumberg; es, dice ella, la única forma de mover a la humanidad para que cambie el rumbo y evite el desastre.

En el mismo registro vivencial, el antropólogo y etnobotánico Wade Davis, conocido en Colombia por su participación en la película “El Sendero de la Anaconda” y su libro “El Río” sobre la exploración del Amazonas, rescata la sabiduría de las tradiciones ancestrales indígenas en su relación con la naturaleza. De ellos tenemos que aprender y crear un nuevo sueño donde el progreso no se mida por el consumo y la abundancia de nuevo artefactos, sino por la conservación de nuestro planeta azul. Es el único que tenemos.

Cali 9 de febrero de 2020

*Filósofo, Economista. Consultor

Por Juan Manuel Galán*.- Esta semana, uno de los asesinos más viles y crueles que haya existido en la historia de nuestro país murió por un cáncer de esófago, enfermedad que lo aquejaba desde hace ya varios meses. Me refiero a John Jairo Velásquez Vásquez, alias ‘Popeye’. Este individuo, también conocido como uno de los sicarios más cercanos a Pablo Escobar, fue responsable de atrocidades como el homicidio de más de 500 policías, el asesinato de Rodrigo Lara, la bomba del avión de Avianca y el crimen de mi padre Luis Carlos Galán, junto a cientos de ciudadanos que cayeron víctimas de atentados con explosivos.

Sin embargo y a pesar del gran daño que le hizo al país y a mi familia, no me alegra su fallecimiento ni el de ningún ser humano, pero sí me deja una sensación de frustración. Si bien este señor colaboró con la justicia en la investigación por el magnicidio de Luis Carlos Galán y contribuyó al avance del proceso, no pasará lo mismo con miles de familias que destruyó y que se quedaron esperando verdad, justicia y reparación.

Su muerte no solo deja en un limbo la verdad sobre las circunstancias, razones y motivos por los cuales un ser querido fue asesinado, secuestrado o desaparecido por el cartel de Medellín. Una verdad histórica y judicial, que es necesario recuperar, reconstruir para las víctimas y para las nuevas generaciones. Porque aquí no se trata simplemente de reconstruir la historia de cualquier proyecto criminal. El narcotráfico en Colombia ha sido un proyecto político que no solo ha surgido por acción de los propios narcotraficantes, sino gracias a las alianzas con la élite política, empresarial, judicial, paramilitar y con miembros de los organismos de seguridad del Estado.

Esta es una oportunidad para rodear, reconocer y redignificar a las víctimas. Espero que alias Popeye haya sentido arrepentimiento antes de morir y que Dios tenga misericordia de su alma, pero me pregunto: ¿Si hubiese muerto una víctima de este sicario, sería noticia? ¿El país estaría rememorando y reconociendo su sufrimiento? ¿Cuál va a ser la respuesta del Estado para que no haya impunidad en los miles de crímenes que cometió? ¿Qué acompañamiento le brindará el Gobierno a las víctimas?

Espero que su muerte sirva para darle reconocimiento a las víctimas y no a los victimarios. Es la oportunidad para resarcirnos como sociedad, dejar de rendir un culto morboso al crimen y exigirle al Gobierno que honre su memoria.

Bogotá, D. C, 9 de febrero de 2020

*Exsenador Liberal

Por Amylkar D. Acosta M*.- En Colombia el largo plazo se reduce a sólo cuatro años, que es el período de los presidentes, gobernadores y alcaldes con sus respectivos planes de desarrollo y de inversión. De allí que, primen las políticas de gobierno sobre las políticas de Estado. los proyectos de corto vuelo sobre aquellos que son de largo aliento y de contera priman la imprevisión y la improvisación, que son tan nocivas. Las promesas de los candidatos a ejercer dichos cargos de “construir sobre lo construido” por sus antecesores se quedan en la retórica, al fin y al cabo, como se suele decir, se hace campaña en poesía y se gobierna en prosa!

Cada presidente, gobernador o alcalde aspira a poner la primera piedra de las obras a ejecutar y a cortar la cinta al momento de su inauguración. No obstante, ello no siempre es posible porque los atrasos, aplazamientos y complicaciones en la ejecución de las mismas, los postergan y además de los sobrecostos que conllevan, dan pie para que la avilantez de los gobernantes de turno terminen ganando indulgencias con avemarías ajenas.

El antiguo puente Pumarejo unió a Barranquilla, considerada para entonces como la Puerta de oro, con el corregimiento de Palermo del Municipio de Sitio nuevo del Departamento del Magdalena, desembotellando el tráfico y contribuyendo al desarrollo económico y social de la región. Lo contrató el Presidente Guillermo León Valencia, lo construyó el Presidente Carlos Lleras Restrepo y lo inauguró el Presidente Misael Pastrana en abril de 1974.

Durante muchos años la construcción de un nuevo puente se constituyó en uno de los proyectos – bandera de la región, liderado por el Comité intergremial del Atlántico. La principal motivación por parte de este ante los sucesivos gobiernos tenía que ver con la altura del viejo puente, que se constituía en una talanquera para el paso de los buques de mayor calado hacia la Zona industrial de Malambo y Ponedera. De allí que se diseñara el nuevo puente con 45 metros de altura (gálibo), 29 metros más alto que la vieja estructura.

Más, sin embargo, después de construido en la dministración Santos e inaugurado con bombos y platillos por el Presidente Iván Duque en diciembre pasado, han surgido dos inquietudes al respecto. En primer lugar, la demolición del antiguo puente cuesta aproximadamente $100.000 millones y esta es la hora que no se sabe de dónde van salir. Pero si se llegara a superar este impasse surge otro, que tiene que ver con la navegabilidad del canal de acceso al Puerto de Barranquilla, la cual está supeditada al dragado permanente del dique direccional, máxime cuando, según el Director de CORMAGDALENA Pedro Pablo Jurado la estructura del nuevo puente aumenta la sedimentación en detrimento de la navegabilidad del mismo. Ello, a causa de que ha inducido un “cambio en la dinámica del Río por la presencia de las Pilonas”. Y, para rematar, la estructura del viejo puente ha quedado como si fuera un bien mostrenco, abandonado a su propia suerte ya que, según el INVÍAS  “no hace parte de su resorte”.

El propio Director ejecutivo de ASOPORTUARIA de Barranquilla Lucas Ariza sostiene: “sí, el puente nuevo es muy bonito, pero su utilidad no está muy clara”. Además, a última hora, se le ha ocurrido al Director operativo del INVÍAS Juan Esteban Romero la idea de demolerlo parcialmente para que, al tiempo que permita el paso de las embarcaciones, el resto de la estructura se habilite como mirador turístico. En ello coincide con el interventor, el ingeniero Juan Carlos Saenz.

Indudablemente esta es una obra monumental, habida cuenta que cuenta con un tablero de 38 metros de ancho, con dos calzadas de tres carriles cada una, con 3.2 kilómetros de andenes peatonales y cicloruta, además de 2.173 metros de longitud, de los cuales 800 metros son atirantados, el mayor del país, que hacen de este puente una obra colosal, uno de los 5 más grandes del mundo, según la Ministra de Transporte Angela María Orozco. Pero, resulta que no se previó construir acompasadamente, como ha debido ser, las vías de acceso y los “approachs”  a las cabeceras del puente y, lo que es más grave, las dos calzadas con sus seis carriles empalman con la vía a Santa Marta con sólo una calzada y dos carriles. La congestión vehicular a lado y lado del puente es descomunal.

Esto es un exabrupto y ya se puede observar el embotellamiento del tráfico, ahora a punto de colapsar, de los 8.000 vehículos, en promedio, que deben cruzar diariamente este puente. Según Romero, la construcción de la doble calzada desde el puente Pumarejo a Ciénaga (Magdalena), en donde está el embudo en que quedó convertida la vía, puede costar $2 billones, que los debe asumir la Nación, dado el carácter de y envergadura de la misma y para ello procede que se declare con un Proyecto de Interés Estratégico Nacional (PINE), porque lo es (¡!).

La construcción del nuevo puente Pumarejo corrió a cargo del consorcio SES Puente Magdalena liderado por la firma española Sacyr, la misma que construyó la ampliación del Canal de Panamá y que construyó el controvertido puente Hisgaura en Santander. Su costo inicial fue de $649.508 millones y al final, después de dos prórrogas, salió por $785.000 millones, aunque, de prosperar la demanda del consorcio contra el INVÍAS, podría subir hasta los $900.000 millones. El motivo de la controversia radica en la pretensión de un reajuste exigido por Sacyr por una supuesta mayor cantidad de obras y modificación de diseño acorde con el nuevo Código colombiano de puentes expedido en 2014, injustificado según el INVÍAS por no haber contado con la autorización previa de parte de la interventoría.

Luego de la negativa del INVÍAS, primero el 5 de septiembre de 2017 y luego en agosto de 2019, de las pretensiones del consorcio contenidas en un pliego de 18 puntos, abruptamente y sin mayores explicaciones, dos días previos a la inauguración del puente, el nuevo Director del INVÍAS Juan Esteban Gil se allanó a la propuesta de Sacyr de que sea un tribunal de arbitramento el que dirima la controversia, decisión esta que ha sido muy cuestionada y controvertida.

Medellín, febrero 8 de 2020

*Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía

www.amylkaracosta.net

Por José Félix Lafaurie Rivera*.- Los ganaderos cumplimos; un logro que nos enorgullece, resultado del esfuerzo y la constancia, del compromiso con la cultura sanitaria y la disciplina en la vacunación. ¡Gracias, ganaderos de Colombia!

Un día feliz para la ganadería como sector estratégico de la economía rural; para FEDEGÁN como su gremio cúpula; para el Ministerio de Agricultura y el ICA, y sobre todo, un día muy feliz para los ganaderos: su esfuerzo, su tesón para recuperarse y su orgullo ganadero, han sido premiados: Colombia recuperó su estatus sanitario de país libre de fiebre aftosa.

Y por qué tanta felicidad, se preguntarán mis lectores no ganaderos y urbanos. Algo de historia: en 1994, cuando empezó su labor el Fondo Nacional del Ganado, creado gracias a la gestión de FEDEGÁN, una gran prioridad concertada con el gobierno fue la erradicación de la fiebre aftosa, no solo como un compromiso sanitario internacional, sino por su condición de puerta de acceso a los mercados externos.

En 1997, también gracias a la gestión gremial de FEDEGÁN, la Ley 395 declaró de interés nacional la erradicación de la enfermedad y creó el Programa Nacional de Erradicación, a partir de una alianza entre el sector privado, con FEDEGÁN como administrador del Fondo del Ganado, y el público, con el Ministerio de Agricultura y el ICA como autoridad sanitaria.

Desde entonces se desarrollaron rigurosamente dos ciclos de vacunación al año y, en 2001, recibimos la primera certificación para una zona libre de aftosa. Y así fuimos añadiendo certificaciones regionales, como quien llena con paciencia un rompecabezas, hasta 2009, cuando completamos el mapa de Colombia como país libre de aftosa con vacunación. Ese año, como hoy, celebramos con alegría.

Continuamos vacunando para preservar tan valioso patrimonio, hasta 2018, cuando Colombia lo perdió, como resultado de las decisiones, no técnicas sino persecutorias, del gobierno Santos. Primero rescindió unilateralmente los convenios con FEDEGÁN para el manejo de la trazabilidad y las Guías de Movilización de Ganado; luego le quitó la administración parafiscal, liquidó el Fondo del Ganado y desintegró el equipo técnico que logró la certificación y operaba los ciclos de vacunación. Como resultado, se relajaron procedimientos y controles, al punto que la falta de protección frente al contrabando produjo los primeros brotes en 2017 y la pérdida de la certificación en 2018.

Cuando hablo de “valioso patrimonio” no me refiero solo a su importancia, sino a su costo y esfuerzo. Ninguna entidad pública o privada, de salud humana o animal, ha sostenido un sistema masivo de vacunación durante 22 años, con dos ciclos anuales, coberturas del 96 % y enorme complejidad. La inversión, que arrima a dos billones de pesos, ha sido toda de los ganaderos, a través del aporte al Fondo Nacional del Ganado y del pago de las dosis aplicadas.

Dos veces al año, un ejército de 5.000 vacunadores recorre el país rural, llegando a más de 600 mil predios a vacunar más de 27 millones de animales. Durante 2019 se aplicaron más de ¡60 millones de dosis!, incluyendo una estrategia de revacunación en la zona de alto riesgo.

Un año después de que el presidente Duque le restauró a FEDEGÁN sus derechos en cumplimiento de la Ley 89 de 1993, la misma que Santos violó, Colombia es otra vez libre de aftosa. Los ganaderos cumplimos; un logro que nos enorgullece, resultado del esfuerzo y la constancia, del compromiso con la cultura sanitaria y la disciplina en la vacunación. ¡Gracias, ganaderos de Colombia!

Mi expreso reconocimiento a esos 5.000 vacunadores anónimos que recorren el campo sin reparar en los riesgos, el clima o la inseguridad. Su esfuerzo valió la pena…

¡Así construimos la nueva ganadería colombiana!

Nota bene. La experiencia y conocimiento del nuevo ministro de Agricultura, Rodolfo Enrique Zea, auguran éxitos en su gestión.

Bogotá, D. C, 8 de enero de 2020

*Presidente de Fedegan  

@jflafaurie

Por Gabriel Ortiz*.- El mundo entero está en emergencia por la aparición de “coronavirus” que ya ha cobrado casi 400 víctimas en China y que empezó a pasarle la cuenta a la economía mundial, incluyendo a la norteamericana, que con la fuerte mano  derecha de Trump había castigado al Girante asiático y a tantas otras naciones del planeta.

Paradógicamente “coronavirus”, le ha permitido a China mostrar su poderío, su laboriosidad y la fuerza que posee para atender este tipo de contingencias, que ponen en jaque la vida del globo en que habitamos. Sus científicos están en acuartelamiento de primer grado, buscando la cepa de esta alarmante neumo-gripa que avanza hacia una pandemia y que puede arrebatar la vida a millones de habitantes.

China ha demostrado al mundo que afronta las adversidades con seriedad. Mientras en Colombia nos demoramos años enteros construyendo un puesto de salud con dos cuartos como consultorios, un reverbero para esterilizar jeringas y una camilla a la que le falta una rueda y cubierta con una raída sábana, los Chinos en solo 9 días levantaron un megahospital con mil habitaciones, los más modernos equipos y aparatos para atender pacientes y elementos que envidiaría el más actualizado centro de salud colombiano.

En el Chocó murieron esta semana 5 niños, porque no hubo un centro de salud, con equipo médico que les atendiera una diarrea.

Esa es nuestra realidad. Nos encontramos en la sede mundial de la corrupción. El dinero que los Chinos destinaron para construir el megahospital, en nueve días, se habría esfumado en nuestro entorno en  una semana. En esta perversión, somos súper eficientes, y populares.

Aquí abundan los “elefantes blancos” y las primeras piedras deterioradas y sin las placas, reposan en los “reducideros”, que las autoridades ubican, pero les aplican la “vista gorda”.

No cumplimos ni normas y ni compromisos. Jugamos con los acuerdos. Para ejemplo, están las implementaciones a la paz, a la que día a día le aplican la “ley trizas” de Londoño.

La paz fijaba obligaciones a los guerrilleros, al gobierno y al propio presidente de turno. El dejar hacer y el dejar pasar, ha servido como rey de burlas.

Esa la razón, para que en Colombia haya hecho aparición la “coronalíderes”, la pandemia que nos aqueja. En enero, fueron asesinados 27 líderes sociales –el fiscal (e) solo sabe de uno- y nadie ha investigado los orígenes de esta epidemia, ni ha procedido a “construir” un mínimo centro de atención. Por fortuna no han dedicado dineros para ello, porque ya sabemos a dónde hubieran llegado esos fondos.

La “coronalíderes”, continuará en Colombia, ante la inexistencia de la implementación que se requiere para cumplirle a la paz.

BLANCO: Llega el día del periodista con dos buenas noticias: Álvaro García resucitará RTVC con su experiencia y Erika Fontalvo mantendrá el Heraldo en el picacho. Feliz día a todos los colegas.

NEGRO: Increíble que vaya a Derechos Humanos la exministra que pretendió “semifallar” el proceso de paz. ¿Qué buscan los del CD?

Bogotá, D. C, 6 de febrero de 2020

*Exdirector del Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper.