Opinión
Por Gabriel Ortiz*.- El deporte colombiano recibe el más rudo golpe a nivel nacional e internacional. La participación de nuestros jóvenes valores, que desde niños se dedican a las diferentes disciplinas deportivas, se van por la borda, ante la avalancha de los mercaderes de la carne.
Los últimos gobiernos, pero especialmente este del Presidente Duque, se han dedicado a fortalecer ¨mente sana en cuerpo sano¨. El Jefe Estado encontró el mejor prospecto para crear el Ministerio del Deporte. Se lo encomendó a Ernesto Lucena, con quien de inmediato se empezaron a ver los resultados con triunfos internacionales y nacionales, nuevas marcas y avalancha de muchachos en los pedestales del triunfo.
Pero como suele suceder en esta patria de Bolívar, aparecen los escollos que frenan el ímpetu de nuestra valerosa y emprendedora gente.
Quienes no han hecho nada por el deporte, encontraron la mejor manera de engrosar sus ingresos, a costa del detrimento de las disciplinas deportivas. Uno de los primeros en llevar del bulto, fue un joven ciclista antioqueño, a quien le arrebataron un título internacional. Luego pagó la irresponsabilidad de los ganaderos el tenista Robert Farah y ahora tres grandes promesas de las pesas. Ana Iris Segura, Yenny Sinisterra y Juan Felipe Solis, están en capilla y peligran tres medallas de oro en los Olímpicos para Colombia.
Todo ocurre, porque la ganadería colombiana se maneja con ligereza. Somos uno de los pocos países que permiten la utilización de boldenona, medicamento que se aplica para fortalecer los músculos del ganado y otras especies. Ni Uruguay, ni Brasil, ni la Unión Europea lo admiten.
Esto ha determinado que la carne vacuna colombiana, no debe ser consumida por nuestros deportistas de alto rendimiento. ¨La boldenona, se encuentra comúnmente en este alimento colombiano¨, ha dicho el experto Arián Buitrago. Los controles hechos a los deportistas antes enunciados, han resultado positivos y por ello los han sancionado por dopaje.
Fedegán, que es el gremio responsable por la calidad de la carne colombiana, se limitó a decir: ¨lamentamos mucho que los deportistas terminen en una circunstancia de esta naturaleza¨. Y eso fue todo… luego volteó la página para denunciar aumento de la extorsión y el secuestro a los ganaderos. Esa afirmación fue drásticamente rectificada por el General Fernando Murillo, quien expresó que esos delitos habían bajado en un 80%. Muchos deportistas consideraron que la delación de Fedegán, era la coartada perfecta para eludir su responsabilidad sobre el uso de boldenona y las fatales consecuencias para nuestros muchachos. Un escándalo tapa otro.
¿Quién le pondrá el cascabel al gato? ¿Qué autoridad se encargará de sancionar a los responsables de semejante desastre para el Deporte Colombiano?
Cuando a un animal se le aplica boldenona, solo puede ser sacrificado 30 o 45 días después, debidamente certificados por un veterinario o un zootecnista. El gato no tendrá cascabel y nuestro deporte se derrumbará.
BLANCO: Se acaba la tal cédula al 150%.
NEGRO: ¿Quién o quiénes incendiaron La Macarena?
NEGRO: Imprudente utilizar centro deportivo para cuarentena de coronavirus.
Bogotá, D. C, 27 de febrero de 2020
*Exdirector del Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper.
Por Jairo Gómez*.- Le recomendaría encarecidamente al general en retiro Mario Montoya que viera la película “Escuadrón de la Muerte”, hoy en cartelera; le sería muy útil y seguramente le refrescaría la memoria sobre las ejecuciones extrajudiciales (falsos positivos) de las cuales ha sido acusado por cientos de miles de víctimas y que hoy lo tienen sentado en la JEP.
También se la recomiendo a esos casi tres mil militares que hoy decidieron someterse al tribunal de paz y cuenten la verdad de todo lo que saben. La justicia transicional, que es reparativa y se cimenta en la verdad, es el camino, de lo contrario el castigo será implacable como le ocurrió al militar de rango (sargento) del ejército norteamericano que fue hallado culpable, según el filme, por la justicia penal militar de ese país y lo condenó a cadena perpetua por practicar ejecuciones extrajudiciales en la Guerra de Afganistán.
Es sorprendente la similitud de los hechos narrados por el cineasta y director Dan Kraus con los llamados falsos positivos en Colombia y de una manera descarnada y real nos pone en escena el horror y la frialdad como son manipulados los cadáveres para justificar su ejecución; evoca de inmediato la idea de que se trata de una táctica o doctrina que se aplica para sembrar terror en las comunidades asediadas por un conflicto armado. Tan coincidente es la estrategia que salta una pregunta: ¿tendrá esto que ver con la archiconocida Escuela de las Américas del Comando Sur de los Estados Unidos y sus doctrinas militares?
“Cíñete a la historia y estaremos bien; he hecho esto muchas veces y siempre he salido adelante”, le dice el comandante del escuadrón al recluta que lo denunció por las ejecuciones extrajudiciales que adornaba (el cadáver), como en Colombia, con armas y granadas para presentarlos como muertos en combate. Frase contundente que resume el cinismo del comandante aunque nunca oculta su responsabilidad, como sí lo hace Montoya a quien militares de menor rango lo han denunciado por exigir resultados por fuera del combate.
Es más, ya de civil, Montoya no oculta su soberbia cuando a una pregunta del tribunal de por qué durante su comandancia se incrementaron los falsos positivos respondió, según varios medios de comunicación, que “me duele decirlo, los muchachos que van al Ejército son de abajo, son los de estrato uno, no van los de estratos dos, tres y cuatro. Nos toca enseñarles como se utiliza el baño, como se utilizan los cubiertos”. Dando a entender que su baja condición social los habría llevado a cometer esos delitos. Esa es la dolorosa versión que las víctimas también escucharon.
En Estados Unidos, según lo narrado por le película, cuyo guion nace de un caso real, la Justicia Penal opera y el castigo fue ejemplar; aquí en Colombia, como se sabe, para superar el conflicto armado interno y consolidar una paz estable y duradera se creó el Sistema Integral de verdad, Justicia, Reparación y no Repetición para que quienes estuvieron inmersos en la guerra cuenten la verdad, reparen y restauren a las víctimas y a cambio de ella obtengan unos beneficios.
Eso debe hacer el general (r) Montoya Uribe, es mi recomendación: contar la verdad. La estrategia era inmanente al sistema, es inocultable. Háganos ese favor a los colombianos y relate como fueron los hechos porque las evidencias así lo corroboran, Dabeiba lo dice todo; permítanos horrorizarnos y rechazar con toda el alma estos hechos, solo así nos concientizaremos de que lo sucedido jamás vuelva a ocurrir en nuestra atribulada Colombia.
Sin duda, nos enteramos de Dabeiba porque la JEP existe, de lo contrario muchas generaciones no nos hubiéramos informado y “seguramente esto hubiera quedado en la impunidad”, como bien lo dijo el Magistrado Ramelli. No dejen de ver la cinta, imperdible.
Bogotá, D. C, 26 de febrero de 2020
*Periodista. Analista Político.
@jairotevi
Por José G. Hernández*.- Si algo debe caracterizar el sistema de control de constitucionalidad en cualquier país es la contundencia y seguridad de las decisiones que adopta el órgano independiente y dotado de plena autoridad, encargado de velar por la efectiva y permanente vigencia de la Constitución. Si ese órgano es dependiente, débil, resuelve por razones de conveniencia o da su brazo a torcer, permitiendo que la Constitución sea desconocida en la práctica, el sistema periclita y el control decae, al punto de pasar a ser inocuo. O, dicho con mayor precisión: un control de constitucionalidad débil no sirve para preservar la intangibilidad de los valores, principios y preceptos que sienta el ordenamiento fundamental del Estado. Y, si no sirve, sobra.
Preocupa, además de la conocida obstrucción que la Corte Constitucional ha creado respecto a la acción pública (hasta hacerla imposible para el ciudadano del común), las frecuentes sentencias en que, pese a declarar que una norma o conjunto de normas legales violenta la Constitución, se decide permitir -mediante efecto diferido del fallo- que sigan rigiendo. Como quien dice que estas normas -declaradas inexequibles- sigan vulnerando los mandatos constitucionales, imperando, obligando y produciendo los efectos inconstitucionales, no obstante que ya se declaró que son incompatibles con la norma de normas. Se deja que continúen rigiendo, pero solamente por un tiempo. Y ese tiempo es cada vez más amplio, ya no se extiende por meses sino por años. Un generoso permiso para seguir violando la Constitución.
Así, en fallo del de febrero (C-068/20), la Corte declaró inexequible -con toda razón, porque violaba el principio de unidad de materia y el carácter específico de planeación- el artículo 244 de la Ley 1955 de 2019 (Plan Nacional de Desarrollo) sobre ingreso base de cotización en salud para independientes. Pero, a renglón seguido dispuso: "Diferir los efectos de la inconstitucionalidad declarada hasta el vencimiento de las dos legislaturas ordinarias siguientes, contadas a partir de la notificación de esta sentencia". Algo similar a lo ocurrido con la Ley de Financiamiento.
Mi opinión al respecto no es nueva. La expuse junto con el magistrado Alfredo Beltrán Sierra al apartarnos en ese punto de la sentencia que declaró la inexequibilidad del sistema UPAC (C-700/99): “…a nuestro juicio, la inexequibilidad de las normas acusadas ha debido tener aplicación inmediata, pues, si una ley o parte de ella, o un decreto ley, o un decreto legislativo se encuentran contrarios a la Carta Política y, por lo mismo, así se declara por quien tiene a su cargo la guarda de la integridad y primacía de la Constitución (artículo 241 C.P.), riñe con la lógica jurídica que lo que es inconstitucional prolongue su existencia en el tiempo con posterioridad al fallo en el que así se declara por esta Corporación”.
Ahora, desde fuera de la Corte, reitero mi posición, porque el fallo con efectos diferidos -en especial por tan largo tiempo (dos legislaturas ordinarias, prácticamente dos años)- resulta inexplicable, contradictorio y sin lógica. Y entonces, me pregunto: así las cosas, ¿para qué sirve un control de constitucionalidad débil y complaciente, que deja vigente lo que debería expulsar en forma inmediata del ordenamiento jurídico? ¿Por qué someter al ciudadano a la observancia de normas legales que son contrarias a la Constitución? ¿Rigen ellas por encima de la Constitución durante ese largo tiempo del efecto diferido?
Bogotá, D. E, 26 de febrero de 2020
*Expresidente de la Corte Constitucional
Por Víctor G Ricardo*.- Aunque nuestro deseo sería que se presentara una mejoría ante tantos casos que tenemos todos los días de inseguridad en todo el territorio nacional, lo que sucede es que ésta se incrementa y la pregunta que todos nos hacemos es ¿qué pasa con la Policía Nacional y los cuerpos de seguridad del Estado?
La opinión pública está alarmada y escandalizada por las declaraciones del vocero de la Policía Nacional con motivo del robo que le hicieron en su casa al exsenador de la República y dirigente gremial, Miguel Gómez Martínez, quien durante más de 50 minutos tuvo en su residencia a 5 hombres armados, quienes lo amarraron, no solo a él, sino también a su señora y a su hija, saqueando su casa. Cuando pudo denunciar el hecho, un vocero de la policía nacional le dijo, “agradezca que no le violaron a su hija”.
Una respuesta de esta naturaleza por parte de quienes deben garantizar la seguridad ciudadana es realmente incomprensible y debe ser castigada de manera inmediata por sus superiores, pues de lo contrario lo que nos puede esperar a los ciudadanos es lo peor.
Es inaceptable que ante el aumento de la inseguridad, de los centenares de artículos de columnistas, analistas, periodistas o simplemente del registro de las noticias, no se encuentre una acción rápida y contundente por parte de las autoridades.
No hay familia que de alguna manera se haya escapado a un caso de atraco en las calles de la ciudad o al robo en sus casas o en sus bienes.
Los oídos sordos de las autoridades ante esta situación nos pueden llevar a resultados muy peligrosos, pues ya esta problemática se está conociendo en el exterior y se escucha a los inversionistas manifestando su inquietud de venir a Colombia por la inseguridad que se vive.
Si bien es cierto que el desplazamiento de más de un millón y medio de venezolanos a las distintas zonas del territorio nacional en los últimos años es una de las razones que se analizan como causa de la inseguridad que se vive, no quiere esto decir que las autoridades no establezcan de inmediato un plan extraordinario para controlar la inseguridad.
Y lo más grave de todo es que ya los delincuentes no se limitan a despojar a los ciudadanos de sus pertenencias, sino que ante cualquier reacción de defensa de las personas afectadas, proceden a herirlos con un arma.
En el caso de Bogotá, no se escapa ninguna calle de la ciudad de estos hechos ante la mirada sorprendida de sus habitantes. Por eso no me cansaré de insistir en que es apremiante hacer algo.
¿Será que todos los colombianos tendremos que organizarnos para poder protegernos nosotros mismos de la delincuencia, ante la falta de acción de las autoridades que tienen la responsabilidad de otórganos seguridad? No creo que debamos llegar a esta situación, pero si debemos unirnos para exigir una acción eficiente por parte tanto de la policía como de los organismos de seguridad.
El Gobierno nacional debe tomar acciones urgentes al respecto y los funcionarios responsables que no han dado resultados, proceder a cambiarlos.
La Policía Nacional está pasando por una crisis de pugnas internas, pero no podemos ser las gentes de bien las víctimas de lo que en esta institución se está viviendo.
Ahora bien, para el castigo de los delincuentes es necesario que haya pronta y eficiente justicia.
Bogotá, D. C, 26 de febrero de 2020
*Excomisionado de Paz
Por Guillermo García Realpe*.- Colombia es de los pocos países con dos océanos, con tres cordilleras, con infinidad de ríos, volcanes, nevados, selvas, tenemos el 50% de los páramos del mundo, la segunda mayor biodiversidad del planeta, somos el tercer productor mundial de café y esmeraldas, nuestro suelo esta tapizado por el verde, desde las selvas hasta las llanuras. ¡Pero oh sorpresa!, tristemente nos azotan flagelos tan delicados en la orbe, como el peligroso narcotráfico.
Es un grave detonante que llevamos a cuestas desde principios de la década de los 70 cuando Colombia iniciaba la penosa actividad de exportar cocaína a otras latitudes, especialmente hacia los Estados Unidos, desde entonces esa fama de país productor de alcaloides, sumado a la violencia, lastimosamente nos condena a ser vistos con otros ojos desde el exterior, a pesar de los múltiples esfuerzos por opacar esa triste realidad.
La lucha contra el narcotráfico, ha sido feroz, ha significado millonarias inversiones, y lo más cruel, es que ha cobrado la vida de miles y miles de personas. Es un flagelo que ha sido combatido por siete presidentes, aún sin resultados efectivos porque el narcotráfico sigue siendo el combustible que atiza la guerra en Colombia.
Según el último informe de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito –UNODC-, Colombia cerró el año 2018 con un total de 169 mil hectáreas de cultivos ilícitos, dos mil menos con relación al mismo período del año inmediatamente anterior. De ese vergonzoso mapa, la región pacífica cuenta con 62 mil 446 hectáreas del total del área sembrada en Colombia. Lo que refleja que el 5% del territorio concentra el 68% del problema, según el mismo informe.
Lo complejo del caso, es que entre más se combate, más florecen matas de coca y de amapola en el territorio nacional. Sin embrago, en los últimos dos años ha venido decreciendo el área sembrada, aunque con muy poco porcentaje, por ejemplo en 2018 tan sólo en Nariño se redujeron en 3835 el número de hectáreas sembradas con cultivos ilícitos, gracias al Programa Nacional de Sustitución Voluntaria PNIS, al cual se inscribieron más de 60 mil familias. La resiembra sólo fue del 0,6%, es decir, que por cada 100 hectáreas sustituidas, se resembraron menos de una hectárea, mientras que en temas de erradicación forzosa, la resiembra está entre el 50 y el 67%, según cifras del mismo Gobierno Nacional.
Entre 1994 y 2015 se fumigaron en Colombia 1.896.709 hectáreas de coca, no obstante se pasó de 46.700 hectáreas a 96.000 ha, mientras tanto en el departamento de Nariño se fumigaron, entre el 2000 y el año 2015 un total de 476 mil hectáreas y sin embargo los cultivos de coca pasaron de 9300 a 29 800 has, es decir, un incremento abismal del 320%, lo que traduce que durante esos años fueron necesarios 4 millones 760 mil litros de glifosato para tratar de controlar lo incontrolable a través de ese herbicida que, lo único que genera son graves impactos en la salud, el medio ambiente y desde luego la contaminación de las fuentes hídricas.
Está claro que, el glifosato es un método nocivo y equivocado contra las drogas ilícitas, pues según un estudio de la Universidad de Los Andes, para erradicar por esa vía una hectárea efectivamente de cultivos ilícitos, se requiere fumigar el área unas 32 veces, sí ¡32 veces!, algo realmente alarmante, ahora, a eso hay que sumarle los onerosos costos que representa eliminar tan sólo una hectárea con el herbicida, pues cuesta US$57.150, es decir que a precio colombiano de hoy, eso traduce que eliminar una sola hectárea por vía glifosato cuesta 193 millones 624 mil pesos. ¡Absurdo!
Recientemente el exministro Rafael Pardo, presentó en Bogotá su libro “La Guerra Sin Fin” donde cuenta, desde su experiencia todos los esfuerzos que el país ha hecho contra las drogas, fue un importante escenario donde confluyeron entre otros el Expresidente Juan Manuel Santos, el exministro y actual rector de la Universidad de los Andes, Alejandro Gaviria. En el libro, Rafael Pardo, cuenta como la guerra contra las drogas la sigue ganando las drogas.
Sin embargo, vemos como el consumo de marihuana, tabaco y alcohol se ha ido reduciendo en Colombia y el mundo, y eso se debe básicamente a una regulación sanitaria, donde se promueve el no consumo de esas sustancias por sus consecuencias nocivas para la salud y así mismo habrá que insistir por esa vía, para que la coca deje de ser consumida, es decir, es mejor regularla que prohibirla, sólo así abriremos el camino para enfrentar a ese gran monstruo que sigue carcomiendo nuestras sociedades a nivel mundial.
Entonces, la solución aquí no es más glifosato, no son más aspersiones aéreas con ese herbicida de muerte, la solución aquí es sustituir por la vía voluntaria, donde los campesinos tengan posibilidades de cultivar con proyectos productivos legales y rentables y donde la coca y otras drogas que causan graves afectaciones se regulen, más no se prohíban.
La otra solución, es abrir el debate nacional para que se regulen las drogas en Colombia, sólo así podremos enfrentar con contundencia a las mafias que se lucran del narcotráfico, que tienen capturado al Estado, que permean la política, que se apoderan de las tierras y que burlan la justicia, esa es la única manera de ganarle la guerra a un flagelo tan asesino como la mata que mata.
Pasto, 25 de febrero de 2020
*Senador Partido Liberal
@GGarciaRealpe
Por: Alonso Ojeda Awad*.- Los tiempos van marcando nuevos rumbos. Sin embargo, las palabras proféticas del sacerdote y capellán universitario Camilo Torres Restrepo, 54 años después de su muerte, siguen conservando su vigencia, así la hayan desconocido todo este tiempo. En su última proclama a los colombianos, fue lo suficientemente claro al decir: “Por la organización de la clase popular, hasta muerte” y Camilo murió y la tarea central por el asignada, la de la organización, no ha sido ni tenida en cuenta, ni desarrollada.
Pero ahora, el teólogo brasileño Frei Betto acaba de convocar desde la Habana, Cuba, a toda la izquierda latinoamericana a organizar a las masas populares, después de hacer un análisis crítico sobre su proceder en los últimos años y después, iniciar un trabajo dirigido, de verdad, a organizar a las masas populares, que hasta ahora nadie ha asumido esa tarea compleja y urgente de organización.
Encuentro una profunda cercanía entre el pensamiento social y cristiano de Camilo Torres Restrepo y Frei Betto, el famoso teólogo brasileño, uno de los máximos exponentes de la Teología de la Liberación, de la cual Camilo fue su fundador.
El verdadero nombre del teólogo Frei Betto es Carlos Alberto Libanio Christo, nacido en Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil, el 25 de agosto de 1944. Sus padres fueron importantes periodistas. Desde muy joven ingresó a la JEC, Juventud de estudiantes católicos, por sentir vibrar en su corazón la presencia del Cristo Nazareno que vino al mundo a enseñar el amor, la misericordia, la justicia social y enseñarnos a amarnos como hermanos. Mientras estudiaba Periodismo en la universidad decide entrar a la orden de los Dominicos, la misma orden con que soñó en su primera juventud ingresar el Padre Camilo Torres.
Desde su juventud fue un duro opositor a la oprobiosa dictadura militar brasileña lo que lo costó encarcelamiento y ser torturado en prisión. Estuvo detenido bajo la justicia penal militar brasileña por más de cuatro años.
En el año de 1979 se mudó a vivir en una favela (barrio humilde) en Sao Pablo, Brasil, donde conoció al gran dirigente obrero Luis Inacio Lula da Silva, de quien se hizo su amigo personal acompañándolo en las campañas políticas que lo llevó a la presidencia de la república del Brasil. También es amigo personal del mundialmente célebre teólogo Leonardo Boff.
Él ahora ha dicho que “La izquierda tiene que ser autocrítica, sentarse a pensar que equivocaciones se cometieron para permitir que la derecha volviera con tanta fuerza al poder en nuestros países. No basta decir que son cosas del imperialismo, todo eso lo sabemos y jamás va a descansar, mucho menos a facilitarnos nuestras tareas…”
“…Hemos cometido algunos errores, como por ejemplo la corrupción, no hacer el trabajo de alfabetización política con el pueblo y no organizar las bases populares. No hemos sabido fortalecer el poder popular y es lo único que nos permite que un gobierno progresista tenga el verdadero poder…”
“Es vital hacer un trabajo para concientizar y organizar a las masas”, dentro de la población civil, las mujeres, el movimiento sindical, los campesinos, las etnias, los estudiantes. Esta es la única manera de avanzar y consolidar el poder popular.
Esto fue exactamente lo que planteo Camilo Torres Restrepo cuando expresó con toda su profunda convicción: “Por la Organización de la clase popular, hasta la muerte” y esto es precisamente lo que no se ha hecho en los 54 años después de su muerte.
NOTA CULTURAL. Mi amigo Leonel Pérez Bareño, sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia y politólogo del Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, acaba de publicar su interesante obra “Mil formas de decir Arauca”. Un sentimiento profundo desde Arauca y Apure. Me permito recomendarla de manera muy especial.
Bogotá., D. C, 24 de febrero de 2020
*Doctor en Medicina y Cirugía. Ex embajador de Colombia en Hungría y Vicepresidente del Comité Permanente de Defensa de los DD.HH.
Por Juan Camilo Restrepo*.-Uno de los grandes interrogantes que plantea la proyección energética del país es: ¿habrá o no un déficit en la oferta de gas de producción nacional hacia 2024? ¿Y para cubrir ese déficit será indispensable comenzar pronto la construcción de una nueva planta de regasificación de GNL importado?
El Plan energético nacional 2020-2050 no duda en pronosticar que dicho déficit se producirá, dado el aumento notable de la demanda por gas que se está experimentando y el decaimiento que ya comienzan a registrar los yacimientos de Chuchupa - Ballena de la Guajira y los de Cusiana- Cupiagua del Casanare.
En efecto, el plan energético nacional preparado por la UPME (Unidad de planeación minero energética del Ministerio de energía) contempla para el 2024 un desbalance entre oferta y demanda de gas natural. Y en la misma línea un documento financiado por el Banco Mundial para la “misión de transformación energética” de enero 22 de 2020 recomienda “realizar la convocatoria pública para la construcción y desarrollo del proyecto de la planta de regasificación de la costa pacífica, a más tardar en el primer trimestre del 2020”.
Esta planta, con sus conexiones a los centros de transporte, tiene un valor superior a los 700 millones de dólares.
Sin embargo, algunas voces autorizadas como la de Rodolfo Segovia (ver Portafolio de enero 31) califican la iniciativa de construir una planta de regasificación en el Pacífico como un eventual “embeleco costoso”.
Su principal argumento es que la llamada provincia norte, o sea las exploraciones mar adentro en el Caribe Colombiano lucen lo suficientemente promisorias como para despejar el temor de un déficit en la disponibilidad de gas natural a partir del 2024; y por tanto, sugiere desechar la costosa alternativa de construir una planta de regasificación en el Pacífico.
Dice Segovia que el solo potencial del pozo Orca en el mar caribe está subestimado. “El aforo de Upme es de sesenta millones de pies cúbicos diarios (mpcb), pero su verdadero es de 200 mpcd, como corresponde a reservas de O,7 teras. Esta sola fuente conjura parcialmente el supuesto déficit de 2024”, concluye.
El pozo Orca, cuyo operador es Petrobras, iniciará la entrega comercial de su gas en 2024, anunció recientemente la agencia nacional de hidrocarburos.
De otro lado, Ecopetrol divulgó hace pocos días un importante acuerdo con Shell para explorar los importantes yacimientos de gas denominados Fuerte Sur, Purple Angel y Col-5, ubicados “off shore” en la provincia gasífera del Caribe frente a las costas de Córdoba y Sucre.
Ecopetrol ha anunciado adicionalmente que en labores de exploración en la cuenca gasífera offshore del caribe ya tiene presencia en ocho bloques, dos de los cuales están comenzando producción; al paso que en la sola exploración invertirá 76 millones de dólares este año.
El potencial gasífero de las costas adentro del Caribe Colombiano está comenzando a lucir muy prometedor. Es quizás la mejor noticia energética que le está llegando al país en los últimos tiempos.
Así las cosas, bien valdría la pena no precipitarse a iniciar en este trimestre la licitación para la construcción de la planta de regasificación de gas como la que proponen en el documento ya citado la UPME y en el la misión de “transformación energética”.
El asunto a definir no es menor: si se presenta el déficit pronosticado por la UPME, y no se ha construido la planta de GNL para 2024, habría una alza de tarifas grande de gas y de la energía eléctrica; pero si el faltante no se presenta y se construye de todos modos la planta, se incurriría en una sobre inversión inmensa.
Al fin y al cabo, tanto el plan energético 2020-2050 preparado por la Upme, como los documentos de soporte preparados por los técnicos de la “misión de transformación energética”, son documentos aún en consulta.
Por tanto, es necesario refinar muy bien sus conclusiones técnicas y confrontarlas con las proyecciones de producción de gas que empiezan a llegar de la provincia off shore del Caribe antes de embarcarnos desde ahora en la costosa empresa de construir otra planta de regasificación en Buenaventura. O de desecharla.
Bogotá, D. C, 24 de febrero de 2020
*Abogado y Economista. Exministro de Estado
Por Mauricio Cabrera Galvis*.- ¿Cómo puede un virus respiratorio contagiar a la economía mundial? ¿Por qué se dice que la propagación del coronavirus es la amenaza más fuerte para el crecimiento de la economía mundial? ¿Por qué la preocupación es hoy mucho más grande que frente a otras epidemias como el Ébola o el SARS, cuya tasa de mortalidad era mayor que el coronavirus?
La primera razón es el tamaño de la epidemia. El Ébola fue mucho más mortal: en dos años mató a 11.300 personas que eran casi el 40% de las 30.000 infectadas. El SARS infectó a 8.000 personas en seis meses, de las cuales murieron 800, es decir el 10%. El coronavirus es menos letal, solo ha muerto menos del 3% de los infectados, pero mucho más extendido pues ya hay 77.000 casos en 27 países.
Pero no es solo el tamaño, sino la globalización. La pandemia más mortal de la historia reciente es la llamada “gripa española” que al final de la primera guerra mundial mató unos 50 millones de personas, que se estima eran cerca del 30% de los infectados, pero era un mundo menos globalizado y con economías más aisladas. En China se calcula que murieron 30 millones, pero era una país sin fuertes vínculos económicos con el resto del mundo.
Entonces, el coronavirus crea pánico económico porque es un virus que se contagia fácilmente, porque no se tiene todavía vacuna ni cura establecida, pero sobre todo porque la economía mundial está tan interconectada y es tanta la dependencia entre los países, que un estornudo en China sacude la Bolsa de Nueva York.
Son muchos los canales para que un virus infecte a la economía. El más directo, es el de los costos de la atención médica a los infectados, pero es pequeño. El otro directo son las restricciones a la movilidad desde y hacia Wuhan, para tratar de reducir la propagación del virus.
El problema se agrandó cuando el temor se extendió a toda la China y, aunque no haya prohibiciones explícitas para todo el país, el solo temor al contagio ha llevado a que la gente no quiera salir de sus casas.
El pánico es tan grande que el Banco de China se metió al lavado de dinero: literalmente, está lavando y desinfectando los billetes.
Y finalmente, el impacto internacional: Se afecta el turismo mundial, pero sobre todo las fábricas chinas dejan de demandar materias primas de otros países y también dejan de surtir con sus productos a empresas de todo el mundo. El impacto de la infección es enorme: para el 2020, el FMI ha reducido sus proyecciones de crecimiento de la economía mundial en 0.1%, que son 900.000 millones de dólares que se perderían, es decir casi 3 veces lo que Colombia produce en un año.
Bogotá, D. C, 24 de febrero de 2020
*Filósofo Y Economista. Consultor.
Por Amylkar D. Acosta M*.- Estamos llegando, por fin, al final del proceso de venta de los activos de ELECTRICARIBE a la empresa que resulte ganadora de la subasta, que en dos ocasiones había sido aplazada, para seleccionar un nuevo operador de red en los 7 departamentos de la región Caribe, cuyos usuarios del servicio de energía eléctrica, en número de 2.7 millones, que representan el 21.7% del mercado nacional, han soportado con estoicismo por espacio de dos décadas una verdadera calamidad por cuenta del pésimo servicio que les presta. ELECTRICARIBE se convirtió en la empresa más abominable y abominada en la región y goza de una pésima e insuperable reputación.
ELECTRICARIBE venía bajo el control de la empresa española Gas Natural Fenosa (GNF), hoy Naturgy. La Ley eléctrica establece claramente que estos se deben prestar con sujeción de los principio esenciales de “eficiencia, calidad, continuidad, adaptabilidad, neutralidad, solidaridad y equidad”. La empresa prestadora de este servicio en la región Caribe no cumplía, lamentablemente, con ninguno de ellos.
En tales circunstancias no había otro camino distinto a la intervención, habida cuenta que la responsabilidad de garantizar la prestación del servicio es del Estado, así lo manda la Constitución Política, se procedió a la intervención y posesión de ELECTRICARIBE, primero con fines de administración el 14 de noviembre de 2016 y a la postre con fines de liquidación el 14 de marzo de 2017.
Se procedió, entonces, a iniciar un proceso de búsqueda de un nuevo operador que venga a ocupar el lugar de ELECTRICARIBE. Ímproba tarea esta en la que se ha empeñado el Presidente Iván Duque, consciente como lo es que de llegarse a un apagón en la región Caribe el efecto dominó que provocaría llevaría a una crisis sistémica que comprometería la prestación del servicio de energía en todo el país. De allí que en la Ley 1955 de 2019 del Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022, se incorporara como capítulo especial, un Plan de salvamento que permitiera salir de esta encrucijada, el cual fue complementado posteriormente en la Ley 2010 de 2019 de crecimiento aprobada recientemente.
Había dos escollos a superar para hacer viable el proceso de la subasta y despertar el apetito por la operación de este mercado, la regulación y el pesado fardo de los pasivos que arrastraba ELECTRICARIBE. Con tal fin la CREG expidió la Resolución 010 el pasado 30 de enero “por la cual se establece el régimen transitorio especial en materia tarifaria para la región Caribe”. Por lo demás, el Gobierno se dió la pela asumiendo el pasivo de la empresa, empezando por el pasivo pensional que supera los $1.5 billones. Se dejó en claro que “para viabilizar la sostenibilidad de las nuevas empresas prestadoras de servicio público” en la región Caribe, “la Nación será el único deudor frente a los acreedores de las deudas asumidas”. Y, de contera, a través del Fondo empresarial se han invertido $4.2 billones, aproximadamente, en la ejecución de los proyectos contemplados en el Plan5Caribe.
En síntesis, están dadas las condiciones para que esta subasta permita ponerle fin a esta pesadilla que agobia a la región Caribe, ya que las fallas en la prestación del servicio se han convertido en un freno de mano a su desarrollo económico y social, en momentos en los que se viene dando a marcha forzada la relocalización de muchas empresas, para estar cerca de los puertos y así ganar en competitividad. Ello explica que mientras el aumento de la demanda de energía a nivel nacional creció en 2018 a un ritmo de 1.3%, en el Caribe creció el 4.4%. Esta subasta contempla dos fases, el 26 de febrero se subastará el mercado completo y de no dar con un sólo operador para este, se procedería a abrir la subasta en dos, segmentando dicho mercado.
Huelga decir que la empresa o las empresas que asuman la operación deberán contar con la idoneidad y el músculo financiero suficiente para acometer, a la mayor brevedad, la ejecución de los proyectos pendientes, los cuales demandarán inversiones del orden de los $5 billones en Caribe Mar y $3.7 billones en Caribe Sol. Aunque, según ha trascendido Caribe Mar ha despertado más interés que Caribe Sol, la Superintendente de Servicios Públicos Natasha Avendaño, quien ha estado al frente de este proceso, es optimista y augura que “dados los perfiles de los precalificados existe la posibilidad de que uno pudiera ofertar por el mercado completo”. Ojalá!
La suerte está echada y sólo resta cruzar los dedos para que esta subasta tenga un final feliz, que le devuelva la esperanza a los 10 millones de resignados usuarios del servicio de electricidad en la región Caribe de que se este será el principio del fin de este tortuoso y torticero embrollo. En todo caso, quien asuma la operación de estos dos mercados tiene el inmenso reto de ganarse su confianza y demostrar que el esfuerzo que está haciendo el Estado y todos los colombianos, estos últimos con el pago de la sobretasa de $4 por kilovatio/hora consumido, ha valido la pena.
Bogotá, febrero 22 de 2010
*Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía
Por: José Félix Lafaurie Rivera*.- En la preocupación obsesiva por buscarle mercados a nuestra carne, hoy más posible que nunca gracias a la recuperación del estatus sanitario, regreso de asistir en Dubái al Gulfood 2020, la mayor feria alimenticia de Oriente Medio, con 5.000 expositores de 120 países, entre los cuales me topé, con satisfacción, con un estand con carne colombiana, despachada desde Frigosinú en Montería; una avanzada comercial que demuestra algo importante: ¡Sí se puede!
Colombia es un “iniciado” en el mercado internacional, con exportaciones en pie a Irak y Líbano por 55 millones de dólares en 2019, y de carne a una docena de países, con Rusia a la cabeza, por más de 76 millones. De hecho, la balanza comercial de carne, al igual que la agropecuaria, ha sido superavitaria durante la última década, mientras que la balanza total dejó de serlo desde 2013, con un déficit de 10.769 millones de dólares.
El futuro económico del país está en el campo como generador de riqueza exportadora, pero hacen falta instrumentos adecuados, a los que se oponen los interesados en promover narrativas demagógicas sobre la tierra y ahuyentar la inversión empresarial. En 2019, las importaciones agropecuarias, a las que se les hace tanto escándalo, alcanzaron 3.620 millones de dólares, mientras las exportaciones, con poca propaganda, sumaron 5.500 millones.
Las exportaciones de carne sumaron 132 millones de dólares, frente a importaciones por 33 millones, pero a partir del pico de 511 millones de dólares en 2013, y precisamente porque ya lo hicimos, le hemos propuesto repetir esa meta al Gobierno Nacional para 2022.
Las puertas de 18 mercados están abiertas. El ruso crece con la recuperación del estatus sanitario. El chino, con 1.400 millones de consumidores, está afectado por los estragos de la peste porcina y, ahora mismo, por las exigencias de inocuidad en el consumo de proteína animal, derivadas de los temores que despertó el COVID-19, lo cual disparará la demanda de carne bovina. Los de Oriente Medio y el norte de África, concentrados en el Gulfood, suman 2.000 millones de consumidores.
Se requiere, eso sí, de una agenda pública exportadora, liderada por los ministerios de Agricultura, Comercio y Relaciones Exteriores, con el concurso de la institucionalidad gremial bajo el liderazgo de FEDEGÁN.
1.- Ordenamiento de la producción, con regiones exportadoras próximas a los puertos, trazabilidad y estrictos controles sanitarios; y regiones orientadas al mercado interno, sin que ello se interprete como una condición inferior.
2.- Diferenciación de producto: los mercados internacionales exigen “cortes especializados” y un país exportador debe atender esa demanda. Argentina, por ejemplo, fomenta el consumo de cortes como el famoso “asado de tira”, lo cual, sin sacrificar calidad, ofrece al mercado interno cortes de menor precio y reserva los solicitados por los mercados internacionales, permitiendo, además, una máxima rentabilidad del animal.
3.- Formalización: Si Colombia quiere dinamizar sus exportaciones, debe aprovechar el esfuerzo del gobierno que modificó el Decreto 1500, para avanzar en la formalización de sus canales internos de distribución, hoy con niveles de informalidad del 70 %.
4.- Trazabilidad y movilización de animales: Son dos frentes cruciales en una agenda exportadora, que deben salir del estancamiento en que los sumió el gobierno Santos por decisiones malintencionadas, dictadas por su ánimo persecutorio contra FEDEGÁN.
Colombia tiene un camino amplio como exportador de carne. ¡SÍ SE PUEDE!, pero es hora de las decisiones y las acciones.
*Nota bene*. Los lecheros de Cundinamarca, Boyacá y demás departamentos afectados por las heladas, en su mayoría pequeños ganaderos, no solo tienen nuestra solidaridad, sino nuestra gestión ante el Gobierno por medidas efectivas para superar la crisis.
Bogotá, febrero 22 de 2020
Presidente de FEDEGAN
@jflafaurie
