Opinión

Por Clara López Obregón*.- Los resultados del fundamentalismo de mercado presentado como la panacea para todos los males están a la vista. En varios países las gentes marchan contra la desigualdad y la falta de representación, elevan su voz frente a la creciente concentración de la riqueza y del poder político y reclaman acción eficaz frente a la emergencia climática generada por el desmedido afán de lucro que se impone sobre la ética y la racionalidad científica.

El mismo año que se derrumbó el socialismo real, el economista John Williamson acuñó, con el apelativo de Consenso de Washington, al cuerpo de políticas económicas convenidas por los economistas del Banco Mundial, el FMI y el Tesoro de los Estados Unidos. Coincidentes con las sucesivas crisis de la deuda externa, los distintos gobiernos debieron aplicar la receta de privatizaciones, austeridad, rebaja de impuestos, apertura comercial, desregulación y flexibilización, léase reducción de garantías laborales y sindicales, para acceder al financiamiento ofrecido para solventar sus balanzas de pagos.

En reemplazo del Estado de bienestar se adoptó el credo del mercado que implicaba el debilitamiento del Estado y el establecimiento de la racionalidad maximizadora del homo economicus como única medida del ciudadano. Se impuso en la disciplina de la economía, según Angus Deaton, la Escuela de Chicago sobre la Escuela de Cambridge (Inglaterra) que aboga por criterios distributivos y la moral en la economía. En Colombia se vivió la versión criolla de esa ideologización del mercado cuando un grupo de ciudadanos, entre ellos el ministro de Hacienda, dirigió una carta a la Universidad de los Andes en la que cuestionó la enseñanza impartida en la Facultad de Economía porque no había abrazado el nuevo credo. El resultado fue una facultad que abrazó la fórmula incuestionable del neoliberalismo y desde ahí la irradió a todos los gobiernos.

Pues bien. A comienzos de enero, la Asociación Estadounidense de Economía, AEA, por su sigla en inglés, mostró una nueva actitud. En respuesta a una encuesta realizada el año anterior entre sus 45.000 miembros sobre el clima de la profesión, más del 80% de las mujeres y el 60% de los hombres encuestados se mostraron de acuerdo en que “la economía sería una disciplina más vibrante si fuera más incluyente.”

Según el profesor del Harvard Kennedy School, Dani Rodrik, en la asamblea de este año se percibió un sabor inconfundiblemente diferente. Hubo más de una docena de sesiones centradas en el género y la diversidad, así como dos paneles que atrajeron especial atención: uno titulado “Economía para una Prosperidad Incluyente” y el que debatió el nuevo libro de Anne Case y Angus Deaton, “Las muertes de la desesperanza.” En palabras de Rodrik, las investigaciones contenidas en este último “muestran cómo un conjunto particular de ideas económicas que privilegian el ‘mercado libre’, junto con una obsesión con indicadores materiales como la productividad agregada y el PIB, han alimentado una epidemia de suicidio, sobredosis de drogas y alcoholismo en la clase trabajadora de los Estados Unidos. El capitalismo ya no está dando resultados, y la economía ha servido, al menos, de cómplice.”

Ha llegado el momento de establecer, como dijo Joseph Stiglitz en el Hay Festival de Cartagena, un nuevo contrato social para hacerle frente a la desigualdad y a la emergencia climática. Para ello, no se debe prescindir del pensamiento económico, sino que este debe dialogar con las otras disciplinas para formular salidas que reflejen las realidades del mundo y no los modelos idealizados con supuestos adaptados para hacerlos funcionar en el papel. La disciplina debe salirse del cajón que la ha llevado a la defensa de los privilegios y al debilitamiento de los poderes que defienden a la gente del común como los sindicatos y las regulaciones financieras, laborales y del consumidor, entre otras. Bienvenido el mea culpa de los economistas de Estados Unidos. Esperamos su pronto arribo a Colombia.

Bogotá, D, C, 5 de febrero de 2020

*Exalcaldesa de Bogotá y Exministra de Trabajo

Por Jairo Gómez*.- Aida Merlano, la manzana de la discordia en el edén barranquillero que enfrentó a las castas políticas y a los contratistas hegemónicos de la ciudad, es la caja de Pandora que en su interior contiene la trama corrupta electoral de esa región Caribe que tanto atrae, no solo a los poderes nativos, sino a la clase política tradicional del país.

La Merlano bien podría ser la protagonista de una novela de amores de altura que emergió desde un barrio popular para conquistar los corazones de unos dirigentes machistas y supremos; amos y señores de la variopinta ciudad caribeña; Ella, suspicaz y astuta, intrigó en todas las formaciones políticas que después la llevaron a hacer parte de una reveladora urdimbre corrupta electoral que durante más de 60 años ha gobernado la costa atlántica y la pusieron, primero en la Cámara, y después en el Senado.

Pero en los cálculos de estos mandamases no cabía la idea de que Aida Merlano caería en las garras del régimen chavista, nada amigable con las élites y la clase política tradicional colombiana a la que califica de golpista y mentirosa; Maduro tiene en su poder esa caja de Pandora que conoce muy bien todo ese entramado nebuloso y corrupto y que hoy, atormentado por sus fantasmas, quisiera que se la tragara la tierra.

Claro, la señora Merlano posee información valiosa y reveladora de cómo se hace la política colombiana, cómo se reparten las curules al Congreso y cómo se gobierna cada departamento de los siete que componen la costa norte, por ejemplo; son verdaderas mafias al servicio de unas castas políticas que por años se adueñaron de los dineros públicos, de la contratación estatal local, regional y nacional y, en clara connivencia con empresas privadas, controlan todas las actividades económicas. Amos y señores hasta la sepultura.

Esa historia, como la del paramilitar Mancuso, es la que no quieren que se sepa, para que el país se entere de cómo ir a las urnas no es sinónimo de democracia porque las elecciones en muchas regiones, incluida la costa atlántica, son una farsa.

Esa verdad, repito, no quieren que el país la conozca. La Colombia del cacerolazo del 21N, que no traga entero, debe tomar nota para votar a conciencia el 2022  y arrebatarle las mayorías a esa política ladina que cada cuatro años llega a ocupar una curul fraudulenta, como lo hizo Aida Merlano.

Si el presidente Maduro de Venezuela, como lo anunció, hace públicas las declaraciones de la prófuga le haría un gran favor a la democracia colombiana; sobre todo a esas generaciones que hoy se mueven en las calles contra el cinismo y la ineptitud de la política colombiana.

Esta trama corrupta electoral ha lastrado durante décadas las elecciones en Colombia. El país queda a la espera de su versión señora Merlano, no le falle, la democracia lo necesita.

Bogotá, D. C, 5 de febrero de 2020

*Periodista y Analista Político

@jairotevi

Por José G. Hernández*.- Lo mínimo que se exige de quien dirige una comunidad -con mayor razón cuando se trata del Estado- es la coherencia. Es decir, una relación clara, lógica y consecuente en el discurso, las afirmaciones, las acciones, las reacciones; entre lo que se proclama, lo que se programa, lo que se aplica, lo que se exige. Si la coherencia no existe, impera el desorden, la confusión y el descrédito de la dirección.

No se confunda con la terquedad o la persistencia en el error, pues, como se ha afirmado siempre, es de sabios corregir. Pero quien corrige debe reconocer que se equivocó, fundamentar el cambio y sostener hacia el futuro la nueva posición. No se entendería que la estuviera cambiando cual veleta.

Esto lo hemos afirmado también de la jurisprudencia trazada por los altos tribunales, de los cuales se espera que sus decisiones vayan dejando una estela, un sustrato, unas directrices en la interpretación y aplicación del Derecho, de tal manera que las autoridades, los operadores jurídicos, los abogados y la ciudadanía, sobre la base de tendencias jurisprudenciales bien sustentadas, consolidadas y sostenidas, sepan a qué atenerse y no resulten sorprendidos de un día para otro con decisiones contradictorias que desconocen precedentes y doctrinas. No quiere decir ello que la jurisprudencia no pueda o no deba evolucionar y hasta cambiar. Pero sí que los cambios deben ser motivados con claridad y contundencia, y que los virajes se justifiquen en razones válidas, evitando que al poco tiempo deban a su vez ser corregidos, como ha venido ocurriendo en algunas materias con la reciente jurisprudencia de la Corte Constitucional, que de coherencia tiene muy poco.

Y, claro está, se requiere coherencia en el Gobierno. De acuerdo con la Constitución, está dirigido por el Presidente de la República -que es Jefe del Estado, Jefe de Gobierno y suprema autoridad administrativa-. Concretamente, el Gobierno Nacional está conformado por el Presidente de la República, los ministros y los directores de departamentos administrativos. Por nadie más. Los demás funcionarios integran la rama ejecutiva, la administración, pero no el Gobierno.

En el interior del Gobierno debe existir una unidad que permita fijar y sostener el rumbo que se le quiere dar a la Nación en los distintos asuntos propios de sus funciones constitucionales. Para el efecto están previstos elementos como el Consejo de Ministros y los acuerdos individuales en que, reunidos el presidente con el respectivo ministro o director, fija las pautas de la cartera u organismo; los posibles proyectos de ley o de reforma que han de ser llevados al Congreso. En fin, el presidente ejerce un liderazgo, en cuya virtud orienta y señala el rumbo. Por eso, los anuncios y manifestaciones públicas de los ministros -se supone- son consultados con el presidente; no improvisados, ni está bien que el presidente deba estar saliendo a corregir o desautorizar a los ministros.

Ejemplo: ¿cómo y por qué las recientes incoherencias relativas a posibles reformas pensionales y laborales, trabajo por horas y desconocimiento de garantías. En noviembre se afirmó por el presidente y la vicepresidenta que no se estaba pensando en ellas. Ahora las anuncia la saliente ministra de trabajo. ¿En qué quedamos?

Bogotá, D. C, 5 de febrero de 2020

*Expresidente de la Corte Constitucional

Por Víctor G. Ricardo*.- Los altos funcionarios públicos y, en general todos empleados de responsabilidad del Estado, deben actuar en coherencia con las políticas de gobierno y los lineamientos que fija el Presidente de la República, porque al no estar de acuerdo, deben retirarse o deben ser retirados de sus cargos.

No son comprensibles para la opinión pública, y poco favor le hace a la imagen del gobierno, las declaraciones de algunos ministros de Estado que van en contravía con las políticas y objetivos de la administración nacional.

En días pasados, cuando llevaba pocos minutos de posesionarse, la Ministra de Ciencia y Tecnología dijo que ella no estaba de acuerdo con el denominado fracking para aumentar la producción de petróleo, no obstante que el gobierno actual se ha dedicado a lograr implementar este sistema, tomando todas las medidas adecuadas para no causar daños ambientales e incluso, iniciando algunos proyectos piloto que no hagan daño al medio ambiente.

Y qué decir cuando en días pasados el presidente saliente de Anif propuso estudiar la posibilidad de suprimir los aportes del fisco nacional a las cajas de compensación familiar, lo que llevó al Presidente de la República a que manifestara que no era iniciativa del gobierno esa propuesta y que por el contrario, estas cajas lo requerían era de un apoyo mayor, ya que habían prestado una gran labor al bienestar de la clase trabajadora colombiana; estas declaraciones tranquilizaron tanto a los administradores de estas cajas , como a los líderes de los trabajadores. Sorpresa nos llevamos cuando días más tarde, el Ministro de Hacienda salió con una incomprensible actitud contraria a la de su jefe al decir que esa era una propuesta importante para ser estudiada.

Con posterioridad, se presentó la detención de la exsenadora Aída Merlano en territorio venezolano por las autoridades de policía de ese país; la Ministra de Justicia sale a decir que le pedirán al Presidente interino Juan Guaidó la extradición de esta exsenadora que se fugó de un consultorio Odontológico en Bogotá cuando la habían llevado de la cárcel a una consulta. La pregunta que uno se hace es si lo que querían era dejar en evidencia que Guaidó no tiene el control de las autoridades venezolanas o simplemente “hacer el oso”.

Por último, respecto al proceso de paz y su implementación en el foro Colombia 2020, la Ministro del Interior dijo que el acuerdo con las Farc “es un acuerdo semifallido” cuando ese mismo día se encontraba en Colombia un alto funcionario del gobierno de los Estados Unidos quien haría un anuncio de aporte a la implementación del proceso de posconflicto con ese movimiento guerrillero y en contravía también con las declaraciones presidenciales.

Con esta serie de contradicciones se hace necesario que el gobierno haga un ejercicio interno para tener una sola partitura, pues de lo contrario lo que están haciendo algunos funcionarios es darle motivos a la oposición y a sus críticos.

Que tan importante sería que se les diera instrucciones a los altos funcionarios de la coherencia que se debe tener en el gobierno. Cuando uno está al servicio del Estado, no puede tener opiniones personales y lo que expresa un Ministro así sea en un ambiente cerrado, se entenderá como posición oficial.

Bogotá, D. C, 5 de febrero de 2020

*Excomisionado de Paz

Por Alonso Ojeda Awad*.- Hay una tendencia creciente en Colombia y en el mundo supremamente preocupante: Hacer cada vez más pobres a los pobres y más ricos a los ricos, con la profunda gravedad que una tendencia malsana de esta naturaleza encarna para Colombia y para todos los pueblos del mundo.

La llegada al poder del Presidente Iván Duque en representación de un partido plutocrático como el Centro Democrático (CD), fue un campanazo de preocupación. Después de tomar posesión, lo primero que hizo fue impugnar el Acuerdo de Paz que entre otros logros plantea la Reforma Rural Integral, como el camino viable para que millones de familias campesinas tengan acceso a la tierra y a las herramientas técnicas que les permita ponerlas a producir.

Con este esfuerzo se conseguían dos objetivos fundamentales: El primero, lograr el camino de hacer más democrática y social la producción de alimentos; y por otro, poder suministrar toneladas de productos de pancoger que lógicamente abaratan la canasta familiar de los colombianos. Nada de esto se ha implementado. Los campesinos, eternos olvidados del presupuesto nacional, como si no existieran, siguen esperando, frente a un Estado y un gobierno que solo se preocupa en legislar para los ricos y los dueños de inmensas fortunas. Así no es. Así no puede ser.

A nivel mundial la situación está más grave todavía. Este es un dato aterrador. 2.150 personas tuvieron más riqueza que los 4.600.000.000 (cuatro mil seiscientos millones) de personas más pobres en el mundo.  Todo esto teniendo en cuenta que la China Comunista, el país más poblado del mundo tiene 1.420.000.000 (Mil cuatrocientos veinte millones) de personas. Este escalofriante dato fue revelado en un informe de Oxfam titulado: “Tiempo para el cuidado: El trabajo de cuidados y la crisis global de desigualdad”.

El Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas en su informe “Situación social en el mundo 2020”, según el cual más del 70 por ciento de la población mundial vive en países donde la desigualdad ha crecido desde 1990 y esta creciente desigualdad beneficia a los más ricos”.  (Diario “El Tiempo”. 26 de enero de 2020).

La situación es tan dramática que el premio nobel Joseph Stiglitz, quien se presentó en el Hay Festival de Cartagena, donde llevó su libro “Capitalismo Progresista”, dijo: “El mundo necesita Un nuevo Contrato Social para lograr un equilibrio razonable entre mercado, Estado y sociedad”. En esta forma se podrían acabar las desigualdades y las protestas que en el mundo son cada vez más duras y multitudinarias.

En esta forma, quienes sostenemos desde hace muchos años que es necesario y urgente construir un Nuevo Proyecto de Nación basado en un Nuevo contrato social, nos acompaña la razón histórica de luchar por la justicia social y por el respeto de todas las mujeres y los hombres amantes de la Paz y la equidad.

Ya están notificados los grandes monopolios y los esquilmadores del trabajo de millones de seres que laboran en condiciones deprimentes y abusivas a sus Derechos Humanos. Si realmente quieren evitar los grandes cataclismos sociales que se vislumbran, tienen que integrarse a buscar las soluciones dignas y de respeto que reclaman todos los trabajadores y campesinos del mundo.  De no hacer esto se impondrán soluciones dramáticas y de fuerza de imprevisibles consecuencias.

VISITA DE AMIGOS. Nos visitó el gran amigo, desde los tiempos de la Universidad Nacional de Colombia, el arquitecto Adip Numa Hernández, quien vino procedente de Cúcuta. Sus amigos Arminio Piñeres, Alfonso Quintana y este servidor aprovechamos su estadía para recordar tiempos históricos de las luchas estudiantiles de hace más de cincuenta años. Feliz regreso Adip Numa a la brava tierra nortesantandereana de donde somos hijos orgullosamente. Te seguimos esperando con los brazos abiertos, compañero del alma.

Bogotá, D. C, 4 de enero de 2020

*Doctor en Medicina y Cirugía. Ex embajador de Colombia en Hungría y Vicepresidente del Comité Permanente de Defensa de los DD.HH.

Por Guillermo García Realpe*.- En días pasados tuvimos la oportunidad con Luis Fernando Velasco, senador del departamento del Cauca de hacer un recorrido entre la ciudad de Popayán y El Bordo, Cauca, para analizar el estado de la vía, especialmente entre los municipios de Timbio y Rosas. Como siempre, se ha tratado de un punto crítico, pero hoy está en una situación muy grave, a punto de colapsar en varios sectores; con hundimiento de banca, lo que implicaría bloqueo total de la vía Panamericana, de la vía internacional, del corredor de la competitividad como se ha llamado a esta carretera. 

Definitivamente existe una circunstancia cierta de tener que pasar los departamentos del sur de Colombia, el transporte y el comercio internacional con lo que ocurrió entre Bogotá y Villavicencio que estuvo más de cinco meses bloqueada esa vía por un hecho no tan grave, fue deslizamiento, acá es mucho más grave porque hay hundimiento por efecto de la falla geológica de El Romeral, es decir, que esto va a ser mucho más grave que lo de Bogotá-Villavicencio. 

Pero sí por acá llueve, en otros trayectos viales del sur colombiano no escampa, como lo es Popayán-Paletará-Isnos-Pitalito; Pitalito-Mocoa; Mocoa-San Francisco-Pasto, acá hay iguales o peores circunstancias y ni qué decir del riesgo que siempre ha ofrecido la vía Florencia-Suaza. Es decir, que los departamentos de Nariño, Cauca, Huila, Caquetá y Putumayo hoy están en riesgo de quedar desconectados del centro de Colombia, esto no es nuevo,  esto viene de varios años, pero los hechos actuales son de extrema gravedad, quiere decir que no ha habido mantenimiento de las vías y el interrogante está, en que en el trayecto de la vía Pasto-Popayán tiene tres peajes y los resultados de esos cobros no se ven en la calidad, el buen funcionamiento y la transitabilidad  de éste importante corredor vial. 

Entre Pasto y Popayán se requiere definitivamente construir la variante Estanquillo-Timbio, de igual manera entre Popayán y Pitalito terminar la pavimentación de Isnos-Paletará, asimismo entre Pitalito y Mocoa desarrollar el proyecto de 4G de la ruta 45 que ya está contratado, incluido por supuesto el mejoramiento integral de el paso de Pericongo entre Altamira y Timaná, sur del Huila y entre Mocoa y Pasto, especialmente la variante de San Francisco, entre otras. 

Si nuestras regiones no tienen vías en óptimas condiciones muy seguramente no seremos competitivos, los departamentos del sur de Colombia tienen enormes potencialidades en materia agrícola, lechera, de turismo, en fin, y no tener condiciones viales aptas para transitarlos, efectivamente redundará en pérdidas para estos sectores que dinamizan la economía regional de por lo menos cinco departamentos que tanto le aportan al país. 

Es injusto, desde todo punto de vista, que Nariño, Cauca, Huila, Caquetá y Putumayo estén rezagados en materia vial, son regiones despensas no sólo del sur, sino también del centro y occidente del país, porque a Bogotá y otras grandes ciudades llegan los productos cultivados en nuestros campos, a Cali y al Pacífico llega el ganado en pie y los lácteos provenientes del Caquetá, incluso se requieren de buenas vías para el transporte de hidrocarburos producido en el Putumayo, pero parece que el Gobierno Nacional poco le importa el desarrollo del sur del país, aun sabiendo de su enorme potencial descrito en los renglones anteriores. 

Frente a todo este gris panorama en materia vial, estamos socializando para los próximos días un gran encuentro en Bogotá, donde converjan los gobernadores, y demás autoridades regionales, congresistas de la bancada del sur colombiano, y representantes de gremios, para construir una hoja de ruta efectiva que le será planteada al Gobierno Nacional, como mecanismo que permita la intervención integral pronta y definitiva para todos los corredores viales de nuestro sur del país. 

Esperamos que el gobierno nacional escuche este llamado y atienda las justas reclamaciones de nuestras gentes que hoy transitan no en vías para la competitividad, sino en verdaderas trochas, atravesar muchas de ellas es un verdadero desafío a la vida, como el conocido “Trampolín de la muerte” entre Mocoa y Pasto que ha ocasionado un sinnúmero de accidentes con resultados fatales. Ojalá nuestro sur vea esas vías para la competitividad… ¡ojalá!

Bogotá, D. C, 4 de enero de 2020

Senador de la República

@GGarciaRealpe

Por Juan Camilo Restrepo*.- “Quedamos mal a posconflicto de realidades”.

Me llamaron mucho la atención unas declaraciones del doctor Hernando Londoño, director encargado de la dirección de sustitución de cultivos ilícitos, que publicó El Espectador con gran despliegue en su primera página del pasado 24 de enero, y que comenzaban con esta frase lapidaria: “el programa de sustitución es insostenible”.

El cuadro que traza el doctor Londoño no puede ser más desalentador. Refiriéndose a las familias que reciben los subsidios para sustituir cultivos, dice lo siguiente: “Se les prometió cumplirles con asistencia alimentaria inmediata, seguridad alimentaria, asistencia técnica, un programa de ciclo corto y un proyecto productivo de ciclo largo. Con estos componentes, a una familia se le están entregando $36 millones. Eso por 100.000 familias da que el programa cuesta $3,6 billones. Este gobierno recibió el programa sin financiamiento; es como entregar un cheque en blanco sin fondos. Conseguir $3,6 billones es más de lo que vale la reforma tributaria en un año”.

Esta frase resume el viacrucis que padece la implementación de todas las políticas de paz: desde el gobierno anterior vienen adoleciendo de un grave problema de desfinanciamiento que se continúa en el actual. Podemos decir que la política presupuestal de los últimos años le ha dado la espalda a la implementación de los acuerdos de paz.

Los funcionarios que tienen a su cargo la puesta en marcha de los acuerdos de paz hacen a diario esfuerzos para mostrar la cara amable de los mismos. O sea, para mantener a flote las apariencias de éxito. Pero al menos desde el punto de vista financiero las realidades son muy distintas.

La verdad es que cuando se escarba un poco para desentrañar cómo va la implementación del posconflicto hay que constatar que va mal, a paso de tortuga generalmente. Y que lo poco que se ha logrado está muy lejos de cumplir con las metas que inicialmente se habían trazado.

En un escrito que preparé recientemente para la revista de la Universidad Nacional, utilizando como fuentes las entidades encargadas de hacer un seguimiento metódico de la manera como se vienen implementando los acuerdos de paz (Cerac, Instituto Kroc de la universidad de Notre Dame, entre otros) pude documentar apoyándome, repito, en fuentes académicas independientes, que la distancia entre lo que eran las metas cuantitativas de los acuerdos de paz y sus realizaciones efectivas es cada vez más grande.

Las declaraciones del Dr. Londoño resultaron de otra parte desconcertantes y altamente criticables, como cuando inexplicablemente afirma que no ha habido líderes de la sustitución de cultivos ilícitos asesinados. Lo cual es por supuesto inexacto.

Es una lástima: le estamos quedando bien a la paz de los papeles, pero mal al posconflicto de las realidades. Las autoridades que tenían y tienen aún la grave responsabilidad de hacer viables financieramente los acuerdos de paz han contraído con su desidia una inexcusable responsabilidad.

No es sorprendente entonces el malestar de quienes se embarcaron de buena fe en programas de sustitución voluntaria de cultivos, y ahora ven descorazonados que no se les está cumpliendo.

Gran parte de las marchas de protesta que a diario observamos en las zonas cocaleras provienen que irresponsablemente se metió a los campesinos que estaban en la coca en unos programas que financieramente no eran sostenibles. O que gerencialmente se diseñaron de manera chapuzera.

Sin embargo, como las declaraciones del doctor Londoño (por lo que dice bien o por lo que dice mal) se salen de lo que se considera “políticamente correcto”, la pregunta que queda rondando en la cabeza es: ¿cuál será la suerte de este funcionario por haberse atrevido a decir la verdad sobre la no sostenibilidad financiera del programa de sustitución de cultivos ilícitos, o por haber afirmado inexplicablemente que dentro de los líderes de la restitución no ha habido asesinados?

Bogotá, 2 de febrero de 2020

*Abogado y Economista. Exministro de Estado.  

Por Juan Manuel Galán*.- Enero del año 2020 ha sido un mes marcado por hechos de alto impacto para la política internacional y para nuestra sociedad. Los conflictos en Colombia, Libia y Siria; el plan “unilateral” de Estados Unidos para el oriente medio; los desastres naturales de Australia, Brasil, Indonesia, Turquía, India y Paquistán; el derribo del avión ucraniano por parte de Irán; la muerte de Qasem Soleimani y la epidemia coronavirus.

Sin tregua alguna y para rematar el primer mes del año, el 31 de enero fue un día trágico para los países símbolo de las instituciones democráticas del mundo occidental. En dos de las democracias más avanzadas y antiguas del mundo -Reino Unido y Estados Unidos-, el “todo vale” se abrió paso en un mundo donde el populismo toma fuerza manipulando las emociones de la gente y cabalgando en forma maquiavélica sobre sus miedos y esperanzas a través de un nuevo, poderoso e instantáneo vehículo: las redes sociales. El documental “Nada es privado” de Netflix, hace una descarnada radiografía del mecanismo, la trampa y la mentira para obtener el resultado político deseado cueste lo que cueste.

En primer lugar, a las 18:00 horas (hora colombiana) en una escena dramática que no para de asombrar, fue retirada la bandera del Reino Unido del parlamento de la Unión Europea. Así, luego de 47 años de apostarle a la eliminación de fronteras para que Europa se uniera como una sola, una campaña plagada de manipulaciones y mentiras, donde la desinformación fue la regla, el Brexit se hizo realidad. El arrepentimiento de los ciudadanos al no saber realmente sobre lo que estaban votando no bastó, ya la decisión estaba tomada y no había paso atrás.

Como segundo punto, luego de un juicio sin testigos, en especial sin el testimonio del exfuncionario más poderoso y cercano a los hechos, John Bolton, el Senado de Estados Unidos rechazó el llamado de nuevos testigos para el juicio de “impeachment” contra el presidente Trump. Un duro golpe donde la pugna partidista se impuso sobre el bien general, bastión de cualquier Estado democrático de derecho. Esto deja un mensaje negativo a toda la sociedad: si se tiene el suficiente poder y dinero se puede imponer lo que sea y como sea. La vieja doctrina de Richard Nixon resumida en su respuesta a la famosa entrevista con David Frost se impuso en el caso Trump: “Bueno, cuando el presidente lo hace, significa que no es ilegal”. O aún peor, el complemento de esa doctrina por Alan Dershowitz, abogado del presidente: Cuando un presidente busca la reelección y considera que su aspiración es un asunto de interés público, tiene derecho a abusos de poder (corrupción) para lograr su objetivo.

Si en democracias avanzadas y con sólidas instituciones el populismo hace estragos, Colombia puede ser presa fácil y caer en las fauces del monstruo. Millones de muertos le ha costado a la humanidad dejarse seducir por los cantos de sirena del populismo. El ejemplo histórico más dramático ha sido Adolfo Hitler. Cuando dejamos de cultivar la historia, esta se devuelve implacablemente en contra nuestra. Nada parece más importante para proteger a nuestros ciudadanos contra el populismo que el estudio y conocimiento profundo de la historia. Estudiarla con un espíritu crítico y analítico es un imperativo ético ineludible si queremos preservar nuestras instituciones democráticas.

Bogotá, D. C, 2 de febrero de 2020

*Exsenador Liberal.

Por Amylkar D. Acosta M*.- La primera revolución industrial a mediados del siglo XVIII fue posible gracias a la invención de la máquina a vapor, la cual sirvió para que la manufactura fuera reemplazada y sustituida por la maquinización de los procesos productivos. Y, como era de esperarse la máquina empezó a desplazar la mano de obra, lo cual provocó un movimiento de protesta y de oposición encabezado por los artesanos a su introducción en las fábricas, recurriendo incluso a la destrucción de las máquinas para impedirlo. Ned Ludd, líder de los artesanos por aquellas calendas, que fue el primero en atreverse a volver trizas el telar mecánico a su cargo, terminó gestando un gran movimiento social contra lo que consideraban una amenaza a su estabilidad laboral, el cual tomó el nombre de Ludismo.

La segunda revolución industrial tuvo como protagonista principal la masificación de la generación y el consumo de la electricidad; la tercera, trajo consigo la automatización de los procesos productivos, aparejada con la tecnología de la información. Ya vamos en la cuarta revolución industrial, caracterizada, como lo sostiene el fundador y ejecutivo del Foro Económico Mundial (FEM) Klaus Schwab, “por una fusión de tecnologías que están borrando las líneas entre lo físico, lo digital y lo biológico”. Si bien es cierto el desarrollo de la tecnología no es lineal sino disruptivo, según Schwab nunca antes se había visto, “la velocidad, el alcance y el impacto de los sistemas” que ha traído consigo la revolución industrial 4.0.

Hacemos las disquisiciones anteriores con el propósito de tratar de poner en contexto la controversia que ha suscitado la decisión tomada por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de ordenar la suspensión de la plataforma digital de Uber, Uber X y Uber Van. Concomitantemente le ordenó a los operadores de telefonía celular Claro, Movistar, Tigo y ETB “que suspendan la transmisión, alojamiento de datos, acceso a redes de telecomunicaciones…en relación con dicha aplicación”. Uber optó por retirarse, dejando cesantes 88.000 conductores que, según un estudio del BID, el 70% de ellos tienen educación superior y afectará de paso a cerca de un centenar de empleados directos y a 2.2 millones de usuarios de este servicio.

Varios expertos coinciden en que este acto administrativo de la SIC además de impreciso y farragoso tiene muchas inconsistencias. Al aludir a sólo tres de las aplicaciones de Uber, que viene operando en Colombia hace 6 años, cabe preguntarse qué va a pasar con las otras, llámese Uber Pool, Uber Black, Uber Angel, Uber X VIP y Uber Eats, las cuales, no obstante que no las cobija la medida, operan desde la misma plataforma que se ordena deshabilitar. Por qué esta medida se aplica sólo a Uber, siendo que otras plataformas similares, como Didi, Beat o Cabifi, estarían incursas en las mismas causales que motivaron la decisión de la Superintendencia.

Claro está que la Superintendencia dejó abierta una válvula de escape al dejar en claro que “esta orden debe cumplirse siempre y cuando estén en posibilidades  técnicas de hacerlo” los operadores. Y los prestadores del servicio de internet no están en posibilidades de cumplir dicha orden sin transgredir el artículo 56 de la Ley 1450 de 2011, de neutralidad en internet. Como lo afirma el consultor  en telecomunicaciones y TIC Germán Darío Arias, “por la Ley de neutralidad de internet, ningún operador puede bloquear nada que cruce por la red sino está en la norma misma”. Y a nadie se le puede obligar legalmente a lo imposible (¡!). Huelga decir que, en dado caso que los operadores decidan acatar la orden de la SIC, de nada sirve porque al usuario no lo pueden bloquear, puesto que este podría acceder a la aplicación tales como App Store o Play Store.

No hay que perder de vista que en la revolución industrial 4.0 se impone la llamada economía colaborativa, la cual supone un intercambio de bienes y servicios entre particulares sin que el Estado intervenga o interfiera en ello. Por ello pululan por doquier las manifestaciones de esta economía colaborativa: Uber es una de ellas, pero nos topamos con otras como Airbnb, el gigante hotelero que opera sin tener entre sus activos una sóla habitación, Amazon y Alibabá son los mayores comercializadores del mundo sin tener una sóla tienda, Google lidera las búsquedas, la publicidad y el aprendizaje automatizado y Facebook controla gran parte de las noticias y la información que circula en la red.

Como bien dijo el periodista estadounidense, H. L Menken, “para cada problema complejo hay una respuesta clara, simple y equivocada” y este es el caso. La SIC tomó su decisión esgrimiendo como argumento principal que Uber incurrió presuntamente en “actos de competencia desleal”, pero llevándose de calle el artículo 56 de la Ley 1450 de 2011, ya citado, el cual justamente tiene por objeto proteger tanto a los consumidores como a la libre competencia. Qué contradicción. Quien entiende este exabrupto jurídico?

Además, llama poderosamente la atención el cambio de opinión tanto del Superintendente Andrés Barreto como de la Ministra de Transporte Angela Orozco; el primero trinó en 2014 diciendo que “hace mucho tiempo no montaba en taxi, hoy recordé por qué. Bienvenido UBER” y posteriormente, en 2016 volvió a trinar “paro taxi vs Uber = paro de mecanógrafos vs Microsoft Word. ¡El siglo XXI ya llegó señores!”. Por su parte, la Ministra de Transporte trinó en 2016 “prohibir Uber es prohibir internet para proteger el fax” (SIC!). Definitivamente el pasado no perdona. Qué o quién los llevó a cambiar de opinión?. Y, a todas esas, la Ministra de las TIC, nada menos que Ministra de las TIC, Sylvia Constain ha hecho mutis por el foro, es como si el tema no le concierne a su cartera, como si el problema se circunscribiera a la movilidad y nada tuviera que ver con las tecnologías de las comunicaciones. Quedamos atónitos! 

Riohacha, enero 31 de 2020

*Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía

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Por Jorge Enrique Robledo*.- Los países exitosos se parecen a los barcos, en los que los pasajeros tienen diferencias entre sí, inclusive profundas, pero viajan acordados en no hacer nada que pueda hundir el buque, porque se ahogan los de todos los camarotes. ¿Recuerdan el Titanic? Y los une también que la carta de navegación y el capitán los lleven a buen puerto. 

Quien estudie a los países que han tenido el mayor éxito en su desarrollo encontrará que en cada uno de ellos, en algún momento de su historia y sin que desaparecieran los desacuerdos, se dio un Gran Pacto Nacional para autodeterminar su destino y desarrollarse a partir de industrializar la ciudad y el campo, la ciencia y las tecnologías complejas, la educación con acceso para todos y de alta calidad, fundamentalmente pública para que pueda ser así, la mejoría de las condiciones laborales y la mayor capacidad de compra de los nacionales, al igual que sistemas tributarios progresivos, entre otros logros. Y se construyeron regímenes más democráticos y se redujo la corrupción política y la desigualdad social. 

Como lo demuestran sus pésimos indicadores económicos, sociales y políticos, eso no ha ocurrido en Colombia. Porque si bien se han hecho coaliciones políticas que hablan de acuerdos nacionales para gobernar, ellos no han tenido como propósito modernizar en serio el país sino solo algunas áreas y sectores, lo que, en lo medular, nos mantiene rezagados frente a los países que van adelante. 

Mi candidatura a la Presidencia apunta entonces a ganar y gobernar dentro de la idea de un Gran Pacto Nacional que siente las bases para que –en un proceso, porque no hay soluciones mágicas– se encarrile a Colombia por los conocidos senderos que han llevado a otras naciones a la modernidad. 

Dentro del Gran Pacto Nacional, que deberá integrarse por un conjunto de pactos parciales, estará, en primer término, porque sin esto no hay nada, una posición de cero tolerancia con la corrupción y los corruptos, incluido enfrentar el abuso del poder en beneficio particular y en contra del nacional, política que dirigiré personalmente y que se dotará de las nuevas normas que sean necesarias y la estricta selección de los funcionarios que la ejecuten. Y será norma de conducta la austeridad en el gasto. 

Crear, crear y crear más empleo formal, estable y bien remunerado, será prioritario, a la par con disminuir la muy irritante desigualdad social, que les arrebata las oportunidades a tantos, en especial a los jóvenes. Para lograrlo, se promoverá crear más riqueza, más riqueza y más riqueza, en todos los sectores y con énfasis en el agro y la industria. ¿Con quiénes? Con los productores menores –campesinos e indígenas, por ejemplo–, los medianos y los mayores. El cuidado y protección del ambiente, tan deteriorado en el país, también será una prioridad. Y al tiempo que no se promoverán privatizaciones, se respetará la propiedad privada, porque este no es un proyecto estatista. 

Si bien se respaldarán las exportaciones, se definirá una estrategia para sustituir las importaciones de bienes que podemos producir en el país. Y entre los pactos estará que el sector financiero y las empresas de servicios públicos domiciliarios le brinden mayor respaldo a la producción nacional, con énfasis en los pequeños y medianos negocios. 

La salud y la educación se concebirán y tratarán, pero de verdad, como derechos y servicios públicos ciudadanos. Se honrarán las determinaciones legales del proceso de paz y, con amplitud de miras y estricto carácter democrático, el Estado deberá recuperar el monopolio sobre la fuerza, de manera que cesen los atropellos y actos violentos de todo tipo contra la ciudadanía y los asesinatos. Y serán cuatro años en los que todo el poder del Estado se pondrá al servicio de una gran campaña que eduque contra el maltrato a las mujeres y demás sectores discriminados y agredidos. 

Esta candidatura se concibió para cumplir su primer trámite dentro del Polo, como es natural, y alcanzar y ganar la segunda vuelta del 2022, salvo que los votos lo impidan. Pero inspirada en los criterios del Gran Pacto Nacional y con sus puertas abiertas para todos aquellos que, sin las cortapisas y confusiones que suelen generar los rótulos políticos, comulguen con los objetivos que acordemos. Bienvenidos. 

Bogotá, D. C, 31 de enero de 2020.

*Senador del Polo Democrático Alternativo

@JERobledo