Opinión
Por Gabriel Ortiz*.- El caso Merlano se convierte cada vez más, en un juego niños, en el que seremos los perdedores.
La de “la moto”, se sale una vez más con las suyas, mientras el gobierno y sus “asesores”, tratan de aprovechar, el hecho como un “trofeo” contra Maduro.
La Merlano se burló del Impec, de nuestra seguridad, de la cancillería, de los clanes políticos barranquilleros, de todos nosotros. Perfeccionó en una silla odontológica la mejor de sus sonrisas. Envió luego a su atractiva hija, una “ingenua niña” de portada de Soho, a ampliar su farsa, con cuchufleta carcajada.
La historia de amor y dolor alcanzó a arrancar lágrimas a los ingenuos, y satisfacción a los corruptos que se arroparon con esa cobija para escapar a un castigo por sus fechorías electorales.
Brotaron a lo largo y ancho de este mundo las operaciones de nuestra policía que junto con la Interpol, desplegaron tras Aída, sus temibles “circulares rojas”.
Misteriosamente en una húmeda madrugada, la Fuerza de Acciones Especiales FAES, de Maduro, llegó sigilosamente hasta El Milagro, un exclusivo sitio residencial de Maracaibo, en donde plácidamente dormía a pierna suelta con su amante, la prófuga de la justicia colombiana. Ahí terminó la primera parte de la fuga de Aída Merlano, quien al parecer descansó del asedio, aislamiento y sitio en que vivía. Venezuela era el lugar adecuado, el más seguro, porque le daba otro estatus y otra figuración. Nada mejor que un enclave con dos presidentes a los que pudiera ofrecer valiosa información para chantajear o agraciar. Aída tiene en su poder secretos que sirven para absolver o condenar a adversarios.
Esta puja la ganó Maduro. Aída es de su propiedad. Sabe lo que Nicolás no sabe. Es dueña de muchas confidencias que pueden cambiar el rumbo de la política costeña.
Por ahora, Duque quiere reclamársela a Guaidó, pero ella le pertenece a Maduro. Guidó, solo se enteró por la prensa que Aída estaba “detenida” en su interino país.
Como Colombia se la reclama a quien no la tiene, vendrán muchas mascaradas y comparsas, matizadas de murmullos, facke news, trolas y ficciones que aprovecharán Guaidó, Duque y Maduro. Será un remedo de guerra fría con insultos y amenazas.
La Merlano, sin cordel ni rappimoto, será la reina del cuento y la protagonista de una disputa entre dos gobernantes que solo buscan las extremas políticas.
Lo cierto, es que Maduro utilizará a Aída como estandarte para mostrarnos la lengua cada que necesite sacarse los clavos que lo atormentan.
Si hay que reclamar a Aída, hay que pedir la extradición a quien la tiene. ¡Guaidó, no es la vía! No volvamos a equivocarnos, no hagamos más el oso internacional. Duque patina con los asesores que hoy le hablan al oído. ¡Nos están sacando la lengua!
BLANCO: La mano que nos dan los colombianos del exterior con las remesas.
NEGRO: La lastimera salida de la ¿exministra? del interior con la paz que no fue capaz de lograr.
Bogotá, D. C, 30 de enero de 2020
*Exdirector del Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper.
Por Alonso Ojeda Awad*.- Con el respeto de usanza, al decir del inolvidable maestro de la Universidad Nacional de Colombia, Eduardo Umaña Luna me permito, presidente Duque hacerle una serie de recomendaciones que están íntimamente unidas con el normal y positivo avance de nuestra sociedad, que conlleva el principal desafío de construir la nueva sociedad colombiana que debe acompañar a nuestro país, más allá del siglo XXI.
La primera recomendación se refiere a la urgente e inaplazable tarea de orientar sus mayores esfuerzos y decisiones a detener la agobiante sucesión de asesinatos diarios de excombatientes guerrilleros, líderes sociales y de Derechos Humanos que aflige hasta la desesperación a la sociedad colombiana. Nuestra sociedad ha creído en los Acuerdos de Paz firmados entre el presidente Santos (representante del Estado) y la dirigencia de las Farc, en el año de 2017 y donde estamos todos, aun confiados en que usted como hombre de Paz, los ratifique sin ninguna objeción. Esta sociedad no resiste un solo líder más, asesinado.
La segunda recomendación tiene que ser la protección absoluta de nuestras fuentes de agua y por ende la protección de nuestras montañas que son los sitios sagrados donde nace y fluye el agua. No hay mayor riqueza para un pueblo o nación que tener bajos sus manos los incontables torrentes de agua cristalina para mitigar la sed de la familia, de los animales, de las plantas y de las cosechas. Esta es la verdadera riqueza de Colombia y no ninguna otra, recuerde Presidente.
La tercera recomendación es el referido al “Fracking”. No vaya a permitir Presidente por ninguna razón que lo lleven aprobar este “asesino oculto” de las comunidades. La pavorosa experiencia que vive Australia, es digna de tenerse en cuenta. Por la gravedad de “el cambio climático” no solo se incendiaron sus selvas, sus cultivos, sus fincas, sino que se incendiaron los ríos como producto del “Fracking”. Murieron millones de indefensos animales y decenas de seres humanos. Usted, no puede Presidente, condenar a su pueblo a una tragedia de estas dimensiones catastróficas.
La cuarta recomendación es: Dedíquese con sus equipos de gobierno a delinear políticas efectivas que ayuden a solventar las graves situaciones que viven nuestros ríos, reservorios de pesca, para nuestras necesitadas gentes. El respeto y la conservación del medio ambiente es requisito sine qua non, del Presidente de la república y de todas y todos los colombianos. De ejemplo en estas emergencias que vive Colombia y el mundo.
La quinta recomendación es: Recuerde Presidente que hay más de 6.000.000 de campesinos sin tierra ni medios para cultivarla. En los Acuerdos firmados el Estado quedó comprometido a entregarles seis millones de hectáreas y ayuda técnica para que la familia campesina pueda trabajar con dignidad, alimentar como se debe a sus hijos, mandarlos a estudiar en planteles educativos y ayudar hacer de esos jóvenes personas de conocimientos y formación para asumir correctamente sus obligaciones ciudadanas.
Una última recomendación sería Presidente, no le falle a Colombia. Los trabajadores, los campesinos, las comunidades afros e indígenas, los estudiantes, las amas de casa, los pensionados aman a su país. Ellos están decididos hacer cualquier sacrificio por esta nación que los vio nacer. Le pido encarecidamente Presidente Duque no ser inferior a estas nobles y positivas aspiraciones.
NOTA LUCTUOSA. Hoy en la capilla Francisco Javier de la Universidad Javeriana se llevó a cabo una misa solemne en recordación del padre Jesuita JAVIER SANIN FONNEGRA, quien falleció a finales del año pasado. Mantuve una excelente relación de amistad con el padre Javier y cuando fue director de la Revista Javeriana, me invitó a participar en varias ediciones, gesto que agradecí con especial cariño. ¡¡¡PAZ Y HONRA A SU MEMORIA!!!
Bogotá, D. C, 29 de enero de 2020
*Doctor en Medicina y Cirugía. Ex embajador de Colombia en Hungría y Vicepresidente del Comité Permanente de Defensa de los DD.HH.
Por José G. Hernández*.- Según el artículo 1 de la Constitución, Colombia es un Estado Social de Derecho, entre cuyos fundamentos están el respeto a la dignidad humana, el trabajo, la solidaridad y la prevalencia del interés general.
Las garantías plasmadas en la Constitución en relación con el trabajo son precisamente eso: garantías adquiridas; conquistas logradas tras años de lucha y, correlativamente, implican obligaciones para el Estado y los empleadores. No pueden desaparecer por decisión unilateral del Ejecutivo o del Congreso. Cualquier proyecto en su detrimento exige reforma constitucional, e incluso no caben, si sustituyen la esencia de la Carta Política.
Ni siquiera durante tiempo de perturbación del orden público económico y social podría el Gobierno expedir normas que implicaran algún retroceso en materia de garantías en materia de trabajo, como lo dice con claridad el artículo 215 de la Constitución: “El Gobierno no podrá desmejorar los derechos sociales de los trabajadores mediante los decretos contemplados en este artículo”.
Uno no sabe si quienes proponen medidas o normas pensadas con el propósito de mermar, desmejorar o eliminar derechos y garantías laborales, ignoran esos fundamentales principios del sistema jurídico, o si, por el contrario, lo que están buscando es que se inutilice el Estado Social de Derecho en favor del capitalismo salvaje.
Así, sostener que el salario mínimo es demasiado alto -cuando lo cierto es que los pequeños ajustes que se le introducen cada año son rápidamente apabullados por las alzas de productos y servicios- , o proponer que se aumente la edad de jubilación, que los jóvenes devenguen menos, que se supriman los intereses a las cesantías o que se acaben las cajas de compensación y el subsidio familiar, no es otra cosa que proponer la burla de claras disposiciones constitucionales que garantizan a toda persona el derecho a trabajar en condiciones dignas y justas (Art. 25 C.P.), una remuneración mínima, vital y móvil para preservar el poder adquisitivo del salario, proporcional a la cantidad y calidad del trabajo (Art. 53 C.P.). No demoran en proponer que se suprima la garantía de la salud para los trabajadores y sus familias; que no haya límite a la jornada laboral, o que desaparezca el subsidio de transporte.
Todas ellas son garantías irreversibles, que realizan -aunque no completamente- la justicia social y que la Constitución mantiene en el Estado Social de Derecho.
Digo que no completamente porque el sistema actual de salud y seguridad social, en especial fundado en la Ley 100 de 1993, es verdaderamente deplorable. No es sino observar lo que ocurre con varias EPS, llevadas a la quiebra por la corrupción y el desvío de recursos, y la necesidad de la tutela como único camino para medicamentos, cirugías y debida atención a los pacientes, los trabajadores y sus familias.
Por eso, hemos lamentado de tiempo atrás que la Corte Constitucional haya dejado pasar normas tan negativas como la supresión de las horas extras, o la eliminación de la mesada 14 para las personas de la tercera edad.
Lo peor de todas estas regresivas ideas consiste en que casi siempre "le suenan" al Ministro de Hacienda.
Bogotá, D. C, 29 de enero de 2020
*Expresidente de la Corte Constitucional
Por Clara López Obregón.- En las discusiones de la Comisión codificadora de la constituyente a la que asistía como delegada de Jaime Castro, surgió una polémica sobre la utilización del término habeas data para consagrar el derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre las personas en bancos de datos y archivos públicos y privados. El exmagistrado Ciro Angarita, llamado a resolver las dudas, desde esa época explicaba que las nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones exponían al ciudadano como a “un pez en un acuario,” para subrayar la urgencia de consagrar este derecho fundamental.
De ese tiempo para acá han transcurrido casi treinta años y el habeas data se ha quedado corto frente a la manipulación a que están siendo sometidas las personas con las tecnologías invasivas de la privacidad que la profesora emérita de la escuela de negocios de Harvard, Shoshana Zuboff, ha denominado “Capitalismo de vigilancia.” La experiencia viva de las personas se recoge, acumula y empaqueta en productos predictivos del comportamiento humano que son utilizados en actividades comerciales y políticas sin su consentimiento y conocimiento informado.
La materia prima de los productos predictivos consiste en la infinidad de datos sobre los gustos, compras, lecturas, visitas, llamadas, salud, educación y demás preferencias y actividades que se registran en redes sociales, cámaras de vigilancia y celulares con los que se arman dosiers individuales que permiten convertir a cada persona en blanco de manipulación. La experiencia digitalizada del diario vivir se acumula y procesa con algoritmos que perfilan a cada consumidor, votante o blanco de cualquier finalidad ajena a su conocimiento o deseo, al extremo de llegar a predecir e incluso dirigir su conducta para aumentar ventas, votos o el control social.
Para dar una idea de lo invasivo del acuario en que se está convirtiendo la sociedad, analicemos los alcances de la vigilancia a la que nos sometemos con el omnipresente celular. Cada uno de esos aparatos tiene tres dispositivos de ubicación, más cámaras y micrófono. No basta con desconectar el GPS. Los otros dos dispositivos permiten ubicar al portador a centímetros de distancia de cada locación, durante cada segundo de cada hora del día. También recoge el número de pasos, el ritmo cardiaco, las emociones, la huella digital, entre tantos datos que alimentan los apps que nos hacen cómoda la vida.
Un estudio del Massachussetts Institute of Technology (MIT) comprobó que tres meses de información sobre la ubicación de una persona a través de su celular son suficientes para que los algoritmos puedan predecir su accionar diario con un alto grado de confiabilidad. El Gran Hermano contemporáneo de las plataformas digitales de Facebook, Amazon, Microsoft y Google (Alphabet), lo ve, lo oye y lo acumula todo para venderlo procesado al mejor postor.
Las implicaciones para la libertad individual y la democracia son realmente escalofriantes. Quienes manejan la información han descubierto el poder de manipular y modificar el comportamiento humano para garantizar resultados. Se trata de un poder susceptible de abuso que cambia los supuestos mismos de la economía y de la política, al transformar la conexión digital de un medio de liberación, conocimiento y expresión, en un fin de control por parte de terceros cuyas motivaciones, objetivos y métodos nos son ajenos.
La instrumentación económica convierte la información, que desapercibidamente soltamos, en productos predictivos que después nos condicionan a consumir determinados bienes y servicios. La instrumentación política puede condicionar al ciudadano a votar de acuerdo con la voluntad de quien pague por el acceso y procesamiento del big data. Ya sucedió con la empresa Cambridge Analitica contratada para influenciar las elecciones en favor de Trump y del brexit con base en pilotos experimentales realizados previamente en Bogotá con Enrique Peñalosa y en Filipinas con Duharte. Así lo divulgó el documental Nada es privado dirigido por Karim Amer y Jehane Noujaim y difundido en Netflix.
La legislación mundial está en pañales ante tan grave amenaza. Debemos abandonar el espacio de confort, cuidarnos de divulgar nuestros datos y exigir regulaciones adecuadas que nos protejan de esta megamanipulación que atenta contra nuestra autonomía y la democracia. Para mañana es tarde.
Hecatombe humanitaria. Con la muerte de Fernando Quintero Mena el 26 de enero, en Convención, Norte de Santander, van 25 líderes sociales y 6 excombatientes asesinados en 2020. Hace una semana (18 de enero) iban 23 líderes sociales y 3 excombatientes. Sigue el exterminio. Uno es demasiado. (Fuente Indepaz y SEMANA).
Bogotá, D. C, 29 de enero de 2020
*Exalcaldesa de Bogotá y Exministra de Trabajo.
Por Víctor G. Ricardo.- La Capital de la República está estrenando por primera vez una Alcaldesa elegida popularmente.
Fueron muchos los bogotanos que, cuando ella salió elegida, tuvieron momentos de preocupación por el futuro de la ciudad.
Sin embargo, a medida que pasan los días empiezan a tener tranquilidad al ver que la exsenadora de la República no es una persona que tome decisiones a la ligera, sino que por el contrario medita sus propuestas de tal manera que cuando las expone tienen no sólo el valor de ser serias sino que también se han medido sus consecuencias.
Su responsabilidad ha llegado a tener que actuar en contravía de sus propuestas de campaña por decisiones que tomó su antecesor, pues de modificarlas podría causar lesiones económicas a las arcas de la municipalidad.
Son muchos los frentes que le tocará abordar empezando por el mal estado de las calles y las equivocadas medidas que se llevaron a cabo en la Secretaría de la movilidad que han llevado a acciones que han sido demandadas ante los entes judiciales porque fueron expedidos o usurpando ámbitos nacionales o llevando a la ciudad a un caos en la movilidad o a una frenada en la velocidad de la vida normal que llevábamos los residentes en la capital del país.
Por otra parte, la Alcaldesa tendrá que afrontar con medidas extraordinarias, acciones que regresen un poco la seguridad perdida. La ola de inseguridad que estamos viviendo es realmente impresionante.
Hace pocos días salió a la luz pública las cifras de robos de teléfonos celulares en los primeros veinte días y los resultados no podrían haber sido peores. Se han robado, del primero de enero al día veinte del mismo mes, 70.000 celulares de los cuales 46.000 corresponden a hechos sucedidos en Bogotá. Es decir que al día se robaron 2.300 celulares sin que haya control policial para que esto no suceda. Pero lo peor de los robos presentados es que algunas personas resultan acuchilladas y en otros casos heridos a bala o simplemente muertos. Y qué decir del resto de robos a casas, carros, motos, bicicletas o atracos por billeteras, relojes, y joyas entre otras cosas. La Alcaldesa debe exigir de las autoridades uniformadas más protección para los ciudadanos.
Por otro lado, ya pronto conoceremos el plan de Desarrollo que presentará la nueva administración de la capital y es allí donde veremos el verdadero plan de acción que tendremos para el futuro.
Mientras ello sucede, esperemos que la seguridad se mejore y que esta nueva administración tome las medidas necesarias para rescatar la ciudad de los ladrones y el hampa.
Bogotá, D. C, 29 de enero de 2020
*Excomisionado de Paz
Por Oscar Villamizar Meneses*.- El Gobierno del Presidente Iván Duque Márquez elevó una solicitud a su homólogo de Cuba, Miguel Díaz - Canel, para que extradite a Nicolás Rodríguez, ‘Alias Gabino’, jefe máximo del ELN, condenado por terrorismo a 15 años de prisión, según sentencia de un juzgado del departamento de Antioquia.
Colombia tiene el legítimo derecho de solicitar la extradición de “Alias Gabino” porque el primer paso para alcanzar la justicia es combatir la impunidad.
No hay duda que el comandante del terrorismo en Colombia, ‘Alias Gabino’, se encuentra en esa isla caribeña, donde se iniciaron los diálogos entre la administración Santos y esa insurgencia narcoterrorista; conversaciones que fueron suspendidas por el Presidente Duque después que el ELN cometiera el vil atentado contra la Escuela General Santander en enero del 2019, donde 22 cadetes perdieron la vida.
Los atentados por parte del ELN no han cesado, lo que pone de presente que no han querido, ni quieren y tampoco están interesados en un diálogo. Al contrario, son continuas sus acciones delincuenciales y terroristas contra los civiles y militares para debilitar unas instituciones que están fortalecidas por la democracia y la defensa de la institución militar.
El Presidente Díaz-Canel no debe dilatar más el tema y responder a la solicitud de Colombia extraditando al sujeto ‘Alias Gabino’, porque ningún terrorista es intocable. La justicia colombiana lo requiere.
La petición del jefe de Estado de Colombia Iván Duque Márquez, al Gobierno cubano, para extraditarlo, tiene un fundamento jurídico basado en el derecho internacional: la firma de un tratado de extradición firmado entre Colombia y Cuba en 1932.
Ningún protocolo, ningún acuerdo es superior al derecho que le asiste al Estado colombiano a someter a los criminales del ELN a los jueces legítimos. No podemos aceptar que los protocolos para unos diálogos frustrados estén por encima de la lucha contra el terrorismo y la impunidad.
Como Representante a la Cámara y Primer Vicepresidente de la Corporación, siento la obligación moral y ética de prender las alarmas sobre este tema.
Gabino es un vil criminal, un trasgresor de la ley y un terrorista que merece todo el peso de la ley.
Bucaramanga 28 de enero de 2020
*Primer Vicepresidente de la Cámara de Representantes
Por Guillermo García Realpe*.- Empezó un nuevo año y con él regresaron las manifestaciones sociales, cacerolazos, marchas, y masivas movilizaciones en muchas regiones del territorio nacional, todas con un mismo fin: protestar por las malas políticas del Gobierno, pero también para pedir garantías de protección a la vida de los ciudadanos y especialmente de los líderes y lideresas sociales para que pare el exterminio sistemático al que vienen siendo sometidos desde varios años atrás.
La manifestación ciudadana del 21 de enero, no será la única del 2020, seguramente vendrán más, y en la medida que el Gobierno Nacional no atienda el clamor de la gente que pide a gritos cambios en muchos ámbitos y que con el correr de los días no hay voluntad de transformación que envíe un mensaje claro a la opinión pública nacional de una auto reforma desde las entidades del Estado, será muy difícil que el pueblo deje de manifestarse en las calles de Colombia.
No obstante, estas jornadas generan traumatismos en la economía nacional, porque se afecta el comercio, se afecta la movilidad, la productividad empresarial, en fin, muchas cosas de nuestra cotidianidad se alteran y esa no es la idea, se requiere protestar de manera pacífica y respetuosa, pero como bien es sabido el vandalismo de unos pocos hace de las suyas y empaña la gran movilización que reclama por sus derechos, no podemos entonces permitir que se deslegitíme la protesta social por unos cuantos encapuchados.
Ahora bien, todas son justas reclamaciones, no se sale a protestar por caprichos individuales, sino por buscar el bienestar colectivo de los ciudadanos colombianos en temas tan importantes como por ejemplo la empleabilidad, la continuidad del proceso de paz y los programas del posconflicto, que cese la violencia en las regiones, que hayan políticas agrarias efectivas que permitan el renacer del campo colombiano, de frenar la corrupción que hace agua los recursos públicos, también se reclama por mejoras en el precario modelo de salud, la justicia que no opera a cabalidad, la ausencia de educación de calidad, la bomba pensional que está por explotar, la impunidad que se busca para los amigos del gobierno, en fin, son múltiples y la lista de reclamaciones es bastante larga.
Mientras tanto vemos que el gobierno sigue en una posición cómoda, indiferente con el ciudadano del común, y por el contrario imponiendo nuevas reformas tributarias que van en detrimento del bolsillo de la gente, afectando desde luego la economía familiar de los más vulnerables, insistiendo en la guerra, y reafirmándose en prácticas tan nocivas como el regreso de las fumigaciones, la vía libre para adelantar pilotos de fracking, todo esto en contravía de los postulados de cuidado y preservación de nuestro medio ambiente, de los ecosistemas, de las fuentes hídricas y la naturaleza, porque aquí lo que prima es el favorecimiento a las multinacionales y al gran empresariado colombiano que son los que se lucran y obtienen millonarios dividendos.
El caso colombiano es bastante preocupante, criticamos al vecino, pero en nuestro propio patío estamos igual o peor, en las zonas de periferia de nuestro país la gente vive sumida en la extrema pobreza y la miseria en niveles absolutamente críticos, los colombianos que habitan esas zonas no tienen ninguna clase de oportunidad ni ayuda estatal que les permita sacar la cabeza y avizorar panoramas distintos y eso es bastante triste.
Quienes conocemos y recorremos permanentemente la otra Colombia somos testigos directos de esas situaciones, y por eso clamamos por ayudas urgentes que les permitan a estos compatriotas mejorar su calidad de vida, pero los gobiernos hacen oídos sordos y en la mayoría de los casos solo con pañitos de agua tratan de remediar la grave crisis social que hoy padecen muchos colombianos que habitan ese otro país que los noticieros no nos muestran.
Ojalá toda esta presión social sirva para que el gobierno nacional replantee sus políticas, para que se sintonice con el pueblo y atienda sus justas reclamaciones, de lo contrario los cacerolazos, la protesta social y la movilización ciudadana será la constante en las ciudades y regiones colombianas.
Bogotá, D. C, 27 de enero de 2020
*Senador Liberal de Colombia.
Por Mauricio Cabrera Galvis*.- ¿Quién se debe beneficiar con los bienes de narcotraficantes a los que se les ha aplicado la extinción de dominio? La pregunta es relevante ante la disputa entre el Alcalde de Cali y la Sociedad de Activos Especiales (SAE) por el destino que se le debe dar al lote del antiguo Club San Fernando, sitio emblemático de esta ciudad, que cuando se liquidó el Club el fue adquirido con dineros de origen ilícito, por lo cual le fue aplicada la extinción de dominio y pasó a manos del Estado.
La SAE, como administradora de esos bienes, quiere venderlo a un particular que desarrollaría un proyecto inmobiliario privado, mientras que el Alcalde quiere convertir el terreno en un espacio público, un parque interactivo que pueda ser disfrutado por toda la comunidad. La venta estaba a punto de ser culminada cuando el alcalde hizo una “toma de posesión” que obligó a la SAE a aplazarla por un mes.
La posición de la SAE es que si no vende el lote al mejor precio incurriría en un delito de detrimento patrimonial y si el Alcalde lo quiere para un espacio público tiene que participar en la subasta y ofrecer más plata que el comprador privado. El Municipio ha aceptado esta premisa y desde la anterior administración han buscado, sin encontrarlos, recursos para comprarlo.
Ambos están equivocados. La SAE no tiene la obligación de vender el lote y el Municipio no tiene porqué dedicar parte de sus escasos recursos para transferirlos al presupuesto del Gobierno Central donde se irían para otras regiones, como hoy está sucediendo con los peajes de la malla vial del Valle que se está apropiando el Invias en lugar de invertirlos en las carreteas del departamento.
Ante todo por una razón de carácter ético. Los primeros beneficiados con los bienes que se incauten a narcotraficantes deben ser las ciudades y regiones que sufrieron las consecuencias de esos delincuentes. Así sucedió con el edificio Mónaco de Pablo Escobar, hoy convertido en un parque público de Medellín, y así lo establece la ley para el caso de los bienes expropiados en San Andrés y Providencia.
Además por razones legales. En efecto, el artículo 91 de la Ley 1708 de 2014 definió así el destino de los bienes con extinción de dominio: 25% para la Rama Judicial, 25% para la Fiscalía General, 10% para la Policía Nacional y 40% para el Gobierno Nacional. Sin embargo en el artículo 92 estableció que uno de los mecanismos para la administración de esos bienes, es la DONACIÓN entre entidades públicas.
En otras palabras, lo mejor para la ciudad es que el emblemático lote se convierta en un espacio público, pero el Municipio no tiene porqué salir a buscar recursos para comprarlo. Si el Gobierno quiere, la SAE puede suspender el proceso de venta a un particular sin incurrir en detrimento patrimonial, y entregarlo como donación al Municipio. La bancada parlamentaria y los líderes de la ciudad deben presionar para que se tome esta decisión.
COROLARIO: Del 25% de los bienes destinados a la Fiscalía Nacional se deberían sacar los recursos para la sede de la Fiscalía en Cali, destruida por una bomba hace 12 años, para la cual el Municipio ya aportó el lote, pero no ha sido posible que la Fiscalía cumpla su promesa de reconstruirla.
Cali 26 de enero de 2020
*Filósofo y Economista. Consultor.
Por Juan Manuel Galán*.- El 27 de febrero será una fecha que quedará en la historia de nuestro país. Ese día termina el periodo del doctor Ariel Salazar Ramírez, Magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Durante esta semana el magistrado dirigió una carta al presidente de la corporación, en la que se refiere a la presión que la elección del fiscal general ha generado y a la dificultad para elegir a los magistrados para los cargos vacantes. Indicó además, que la eventual desintegración del quórum luego de su salida, no será su responsabilidad.
En ese orden de ideas, una de las consecuencias inmediatas de la crisis en la Corte -además de la pérdida de credibilidad en las instituciones- es que la justicia de nuestro país quedaría acéfala, lo que para un sector político podría interpretarse como la justificación de la conmoción interior. Lo anterior significa que, ante la imposibilidad de que la Corte se autorregule, el Presidente de la República podría decretar la conmoción y de esta manera expedir normas que “vuelvan a la normalidad” la justicia y el país.
El efecto de esto será devastador para la democracia. Otorgarle estas facultades a un Presidente elegido por un partido que ha abogado por una constituyente en la que sabemos cómo se empieza pero nunca cómo se termina. Por ejemplo, podría permitirse nuevamente la reelección presidencial, crearse una corte única y un congreso unicameral.
Se trata de una seria amenaza para Colombia y para su ordenamiento jurídico. Es una forma de constitucionalizar un dogma que destruye la institucionalidad democrática legítima, atropella a las minorías y vulnera gravemente el estado de derecho para sustituirlo por el estado de opinión o comunitario. Nada distinto al proyecto político que ha tenido desde hace décadas en el país el narcotráfico.
Es hora de que la Corte, históricamente reconocida como una “reserva moral” del país, se reivindique con el estado de derecho democrático del cual es custodia. Honorables magistrados, procedan a elegir fiscal y a suplir las vacantes. No permitan que esa corporación se convierta en un instrumento para quienes apuestan por una ruptura en nuestro sistema democrático. Es la hora de actuar con grandeza por el país.
Bogotá, D. C, 26 de enero de 2020
*Exsenador de Colombia
Por Amylkar D. Acosta M*.- De buenas a primeras se le ha venido encima a los usuarios un alud de alzas en la prestación del servicio de energía eléctrica, sin ton ni son, las cuales se reflejan en una tarifa más alta y por consiguiente en un mayor valor de la factura, a partir del pasado mes de noviembre, con retroactividad y todo desde junio. Como es bien sabido la compra – venta de la energía eléctrica se transa ya sea a través del mercado mayorista o mediante contratos bilaterales entre generadores y comercializadores. Y las variaciones en los precios de energía terminan reflejándose en variaciones en las tarifas al usuario final.
A guisa de ejemplo, el precio promedio en Bolsa de la energía eléctrica pasó de $116 kW/h en el mes de junio hasta los $390 kW/h en el mes de octubre pasado, para un incremento de más de 300% (¡!). Supuestamente dicho aumento del precio se debió a una presión sobre el mismo atribuible a la disminución del nivel de los embalses de las hidroeléctricas, situación esta que habría obligado a apelar a las centrales térmicas, cuyo costo de generación es mucho más elevado. Mientras tanto el precio promedio de la energía transada mediante contratos bilaterales fue de $200 el KW/H.
Ahora bien, el impacto sobre la tarifa al usuario final, que pesa entre el 35% y 40% de la misma, dependerá de la gestión comercial del Operador de red o sea el prestador del servicio. Cuanto más expuesto esté en Bolsa mayor será la incidencia de la variabilidad y las oscilaciones de los precios en el mercado mayorista en la tarifa. Según el Presidente de ASOCODIS José Camilo Manzur, en promedio, “solamente el 12% está sujeto a la variación en Bolsa”, de lo cual se sigue que el 88% restante de la energía comprada se obtiene mediante contratos de mediano y largo plazo. Claro está que, como lo afirma Manzur, refiriéndose a los usuarios finales, “quienes verán los impactos son aquellos comercializadores que no tengan contratos de largo plazo y que no se hayan cubierto”.
Este es el caso de ELECTRICARIBE, operador este que históricamente se ha caracterizado por tener una alta exposición en Bolsa y por ello mismo sus usuarios se ven más afectados que el promedio, ya que el porcentaje del alza en Bolsa que se les traslada es mucho mayor. El contraste entre EPM de Medellín, con una exposición del 12.4% y ELECTRICARIBE, con el 23.2% es muy notorio. De allí que los más afectados con las alzas desmesuradas debido a la gran volatilidad de los precios de la energía en Bolsa son los 2.5 millones de suscriptores de ELECTRICARIBE.
En cuanto a los costos de restricción, estos están disparados y el cuello de botella que da lugar a ellos radica fundamentalmente en la región Caribe, debido al rezago histórico en las inversiones en las redes de transmisión regional y local. Allí se presenta un corto circuito que impide que la energía fluya desde los centros de despacho hasta el mercado al cual se presta el servicio, con el agravante de no contar tampoco con las subestaciones necesarias para la transformación de voltaje.
En concepto de XM, “el retraso en la entrada en operación de los proyectos de expansión es una condición recurrente, lo que hace que estas obras pierdan efectividad e impacto en el sistema al momento de su entrada en operación”. Ello ha provocado exorbitantes costos de restricción por cuenta de la generación por seguridad, los cuales terminan pagando los usuarios a través de sus facturas.
Los costos de restricción que acarrea este atrapamiento de la energía, han crecido en promedio el 70% anual, pasando, según ASOENERGÍA, desde los $4 KW/H a $29.4 KW/H. Ello le significó a los usuarios del servicio de energía en 2018 costos de restricción del orden de los US $700 millones, equivalentes, aproximadamente, a los $30 KW/H, prácticamente el mismo cargo que se paga al Sistema de Transmisión Nacional (STN). Según cifras oficiales, entre enero y junio de 2019 los costos de restricción le costaron al usuario $15 por kilovatio, para un acumulado de $431.825 millones.
Compartimos el planteamiento del Presidente de ANDEG Alejandro Castañeda cuando sostiene que “el verdadero problema es que no existe una relación de causalidad entre quien genera el problema en el sistema y quién asume las consecuencias. Y va más lejos cuando afirma, con toda la razón que “si el problema esta en las redes, la regulación debe corregirse y quien cause el problema debe asumir los costos”. Coincido con él en su aseveración en el sentido que “teniendo en cuenta este panorama, se requiere en el corto plazo, que el costo de la generación por restricción en el país se asigne a quien la cause, esto unido a una mejora en los tiempos de planeación y ejecución de los proyectos de transmisión, y una mayor inversión en el desarrollo y mantenimiento de las redes”. El usuario no puede seguir siendo el paganini, quien pague los platos rotos por otros.
Y, para rematar, además de las alzas atribuibles al precio de la energía y a los exorbitantes costos de restricción se vienen a añadir el pago por parte de los usuarios de los estratos 4, 5 y 6 de la sobretasa nacional de $4 por kW/h consumido con destino al Fondo empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para el “pago de las obligaciones financieras en las que incurra…para garantizar la prestación del servicio de energía eléctrica en toma de posesión en el territorio nacional” (léase ELECTRICARIBE). Adicionalmente, las empresas vigiladas por la SSPD deberán pagar una contribución del 1% adicional a la que ya pagan a favor del mismo Fondo empresarial, la cual terminarán pagando los usuarios vía tarifa por hacer parte de sus costos.
Riohacha, enero 25 de 2020
*Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía
www.amylkaracosta.net
