Opinión
Por Clara López Obregón*.- En carta al presidente de la República, varios obispos del Pacífico expresaron su preocupación por la connivencia de la fuerza pública con las organizaciones criminales que operan en El Chocó. La viceministra de Defensa y los subcomandantes de las fuerzas escucharon una denuncia semejante, en reunión a la que acompañé el pasado viernes a la senadora Aída Avella y a otras mujeres defensoras de derechos humanos.
Ante la utilización de la palabra “connivencia”, la viceministra Abaunza preguntó si teníamos algún nombre, dato o hecho concreto que pudiera servir para iniciar una investigación. La reacción evidencia la inoperancia de los controles de contrainteligencia encargados de mantener la legalidad en las filas. Con la sola denuncia de hechos notorios en lugares donde opera la fuerza pública, la verificación e individualización correspondiente debería provenir de investigaciones internas, aún en ausencia de nombres específicos por parte de comunidades y defensores.
Ahora que Semana destapa otro escándalo de chuzadas que involucra a unidades de contrainteligencia del Ejército, empieza a clarificarse por qué, como afirma el líder social de Bojayá, Leyner Palacios, “Los únicos que no se dan cuenta son las FF.MM.” Según la revista, algunas unidades del Ejército estuvieron utilizando la sofisticada plataforma tecnológica Hombre Invisible para hacer seguimiento a periodistas, magistrados y políticos y también a coroneles, generales y comandantes de otras fuerzas. Dicha plataforma, afirma uno de sus operadores, permite “hacer de todo: meternos a cualquier computador, acceder a llamadas y conversaciones de WhatsApp y Telegram Web, descargar conversaciones de chat archivadas o borradas, fotos y en general lo que tenga almacenado en la memoria de la máquina infectada.”
Lo más grave es que Semana afirma tener en su poder documentos secretos “en donde la propia contrainteligencia del Ejército había detectado el flujo de la información adquirida ilegalmente y sus protagonistas civiles y militares.” Es incomprensible entonces que conductas indebidas del calibre de las chuzadas se conozcan por las investigaciones de la prensa y no por un anuncio de transparencia gubernamental.
Si el control institucional diseñado para mantener el uso de la fuerza y de los recursos militares dentro de los cauces de la ley no funciona, el edificio se derrumba y la corrupción termina por desmoralizar a esta institución tan clave para la democracia. En este contexto, no puede subestimarse la gravedad de la revelación de Semana según la cual, cuando Roy Barreras denunció hace unos meses que estaba siendo chuzado, el ejército montó una operación de contrainteligencia para desviar la atención hacia otras agencias de inteligencia.
El Presidente Duque tardíamente tomó la decisión de reemplazar al comandante del Ejército, que a esas alturas debió tornarse demasiado incómodo, pero adujo que se iba por razones personales. Le correspondió a la revista Semana mostrar que las razones de la salida del general Nicacio Martínez eran otras. Todo indica que tienen que ver con el nuevo escándalo de chuzadas que venía investigando la revista.
El poder de la inteligencia y la contrainteligencia del Ejército en manos inescrupulosas reviste un gravísimo daño a la democracia. Utilizarlo para hacer seguimiento a altos oficiales de la fuerza pública, a magistrados, periodistas y políticos pervierte su finalidad.
Sin contrainteligencia fiable, el Hombre Invisible puede dar al traste con la institucionalidad y facilitar la connivencia de uniformados con las organizaciones criminales, tantas veces denunciada. Del gobierno depende que no se pierda el prestigio del ejército por falta de controles y decisiones. Esta vez las investigaciones exhaustivas tienen que dar resultados.
Hecatombe humanitaria: En 11 días de enero han asesinado a 17 líderes y defensoras y a un excombatiente firmante del acuerdos de Paz: Excombatiente, Benjamín Banguera González, Guapi, Cauca, 1 de enero; 1)Carlos Cardona, Ituango, Antioquia, 2 de enero; 2)Cristian David Caicedo, Guapi, Cauca, 3 de enero; 3)Gloria Ocampo, Puerto Guzmán, Putumayo, 7 de enero; 4)Virginia Silva, Páez, Cauca, 7 de enero; 5)Carlos Alonso Quintero, Puerto Guzmán, Putumayo, 8 de enero; 6)Emilio Campaña, Puerto Guzmán, Putumayo, 8 de enero; 7)Mireya Hernández Guevara, Algeciras, Huila, 8 de enero; 8)Óscar Quintero, Puerto Guzmán, Putumayo, 8 de enero; 9)Gentil Hernández, Puerto Guzmán, Putumayo, 8 de enero; 10)Anuar Rojas Isaramá, Niqui, Chocó, 9 de enero; 11)Henry Cuello. Chiriguaná, Cesar, 10 de enero; 12)Amparo Guegia, Caloto, Cauca, 10 de enero; 13)Juan Pablo Dicué Guejia, Caloto, Cauca, 10 de enero; 14)Nelson Enrique Meneses, Inza, Cauca, 10 de enero; 15)Tulio Cesar Sandoval, Tribu, Norte de Santander, 10 de enero; 16)Sergio Narváez, Turbo, Antioquia, 10 de enero; 17)John Freddy Álvarez, Algeciras, Huila, 11 de enero.
Bogotá, D. C, 16 de enero de 2020
*Exalcaldesa de Bogotá, Exministra de Trabajo
Por José G. Hernández*.- Sin tomar partido en la perjudicial polarización que se vive en Colombia, entre izquierda y derecha exageradas, quienes no estamos en ninguno de los extremos -por lo cual nos insultan de uno y otro lado- debemos procurar el equilibrio y el consenso que garantice unas condiciones mínimas de convivencia; que nuestra sociedad regrese a la sindéresis; que podamos entregar a nuestra descendencia algo de nuestra ya decaída democracia.
Hay factores dañinos que nos afectan a todos; a la colectividad en su conjunto, con independencia de la orientación política o ideológica; y de si se estuvo o no conforme con el Acuerdo de Paz de 2016 -que de todas maneras, aun para quienes no lo compartimos en todos sus aspectos, ha entrado a nuestro ordenamiento jurídico, está en vigor y debe ser cumplido-. Son problemas -algunos viejos, otros nuevos- de orden económico, social, ecológico, de gobernabilidad. Los más graves, los provenientes de la violencia que a todos amenaza.
Pregunta: ¿cómo es posible que la sociedad colombiana - Gobierno, órganos de control, partidos, medios -no se alarmen ante la ruptura de un principio toral de la democracia como el elemental derecho a la vida? ¿Cómo entender que no sea prioridad buscar el cese de la ola criminal desatada, en un macabro plan que se adelanta de manera sistemática, contra líderes sociales, defensores de derechos humanos, indígenas, desmovilizados?
La actividad asesina en desarrollo no puede verse como algo normal en una sociedad civilizada. La nuestra parece haberse acostumbrado, no solamente al diario reporte de personas muertas a manos de sicarios en distintos lugares del país, sino a la impunidad y a la vacía respuesta según la cual “se trata de hechos aislados”.
El Estado ha perdido el control de la situación. Es incapaz de garantizar el derecho a la vida. Como si no existiera. Son varios los departamentos en que la vida de las personas está en permanente riesgo, y en que la población sabe que no tiene protección.
El artículo 11 de la Constitución proclama que el derecho a la vida -el derecho básico, sin el cual los demás son imposibles- es inviolable. Que no habrá pena de muerte, aunque la realidad indica que el liderazgo social -por ejemplo- ha pasado a ser motivo de “ejecución”, no se sabe por orden de quién o de quiénes. Hipótesis van y vienen, y el aparato criminal sigue actuando.
Dice el preámbulo de la Constitución que ella fue establecida "con el fin de fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz".
El artículo 2 señala que "son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución" y que "Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades".
Reglas bien inspiradas, desarrolladas en la jurisprudencia, pero hoy inanes; el Estado colombiano no ha podido y, al parecer, no las puede cumplir.
Bogotá, D, C, 16 de enero de 2020
*Expresidente de la Corte Constitucional
Por Víctor G. Ricardo*. - El primer gobierno de coalición de la historia española arrancó en Madrid. Atrás quedan la repetición de elecciones, gobiernos en funciones, negociaciones interminables, ofertas inasumibles o pactos incomprensibles. España se gradúa como país democráticamente maduro, ponderado y coherente, capaz de salir del atolladero político en el que estaba sumido por la puerta grande, esto es, formando un gobierno de coalición, moderado y progresista. Al menos en teoría. Abra que esperar como se desarrollarán los acuerdos.
Porque lo que aún se desconoce es cuál será el costo que el recién investido Presidente Pedro Sánchez ha de pagar para poder seguir en el Palacio presidencial. Y no me refiero al pacto con Unidas Podemos (UP), gran beneficiado de esta situación ya que con apenas 35 diputados (de un total de 350) ha conseguido 1 vicepresidencia y 4 ministerios.
El costo que el Presidente Sánchez ha de pagar pasa, en primer lugar, por Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) y la imprescindible abstención de sus 13 diputados en la votación de investidura. A nadie se le escapa que sus posiciones pasan por convocar un referéndum de autodeterminación en Cataluña y por la amnistía de los políticos presos, posiciones que, por inconstitucionales, parecerían irreconciliables con el partido de Pedro Sánchez.
En segundo lugar, el costo de la investidura pasa también por el apoyo recibido de EH Bildu, partido independentista vasco que acoge en sus filas a miembros de la extinguida ETA. La falta total de respeto, el desprecio y el insulto a las instituciones españolas, incluido al mismo Jefe del Estado, se han apoderado, al menos durante el debate de investidura, del poder legislativo español. Por eso, mucho más que una investidura, lo que está en juego en España es la propia España.
Por lo demás, es una lástima que este nuevo gobierno nazca con estas taras que amenazan con condenarle a muerte desde antes de su alumbramiento. Porque España estuvo sin un gobierno plenamente operativo muchos años por lo que urge afrontar los retos del país, ya sean políticos, económicos o sociales, como las necesidades de los ciudadanos. Sánchez es muy consciente de esto y por eso se ha rodeado de un equipo de ministros bien ponderado, de carácter técnico y económico, capaz de afrontar dichos retos y necesidades. Sólo el tiempo -y la tramitación de la ley de presupuestos- nos dirá si su Gobierno es capaz de superar la debilidad con la que nace, rebajar y circunscribir la tensión política con los nacionalistas dentro de los parámetros constitucionales, y mantener el difícil equilibrio con sus socios de gobierno.
Despejada incertidumbre en España
Bogotá, D. C, enero 15, 2020
*Excomisionado de Paz
Por Amylkar D. Acosta M*.- Hasta 1991 la política monetaria y cambiaria estuvo en manos de la Junta Monetaria, creada mediante la Ley 21 de 1963. En la Constitución política que entró a regir desde 1991, es la Junta directiva del Banco de la República ( B de la R), que ahora goza de autonomía frente al ejecutivo (Ley 32 de 1993, artículo 2º), la que asumió dicha competencia. La autonomía no se puede confundir con la independencia. La Junta no es una rueda suelta en el engranaje del Estado, debe ejercer sus competencias, como lo establece la Constitución, en coordinación con la política económica gubernamental.
Si bien, como lo prevé la Carta en sus artículos 371 y 373, esta es su “función básica”, como lo dejó sentado la Corte Constitucional en su Sentencia C – 481 de 1999, “también debe considerar el empleo, el crecimiento económico, el desarrollo y hasta el medio ambiente”. Bien dice la Carta en su artículo 334 que la Junta “no puede ser indiferente a la búsqueda del pleno empleo”.
Gracias a su gestión, Colombia pasó de un Índice de Precios al Consumidor (IPC) promedio del 20% en la década de 1992 a 2001 al 6% entre 2002 y 2008. Actualmente, la inflación objetivo del B de la R esta en 3% para 2019. El principal instrumento empleado por la Junta del B de la R para contener los brotes inflacionarios es la tasa de interés de intervención, que es aquella que le cobra el Banco Emisor a las entidades financieras por los préstamos que les hace para darles liquidez.
Con tal fin, dicha tasa se elevó continuamente desde el 3% en mayo de 2010 al 7.75% en julio de 2016. Dicha tasa empezó a bajar en marzo de 2017, cuando la Junta directiva del Banco de la República la bajó 25 puntos básicos hasta el 7%, en junio de este mismo año la fijó en 5.75%, cerrando el año en 4.75%, hasta recalar en el 4.25% el 30 de abril del 2018, que se ha mantenido desde entonces hasta la fecha, por espacio de veinte meses.
También le concierne a la Junta directiva del Banco Emisor el manejo de la política cambiaria. Es bien sabido que Colombia mantuvo por un largo período una banda cambiaria dentro de la cual se debía mover la tasa de cambio; la misma fue abandonada a raíz de la crisis de 1999, acatando una de las exigencias del FMI, que debió intervenir para sortearla y desde entonces tenemos un régimen de libre cambio, flotante, en la que la Junta sólo interviene ocasionalmente para contener brotes devaluacionistas o revaluacionistas extremos, pero su margen de maniobra es muy limitado.
Si algo ha caracterizado la tasa de cambio en Colombia en la última década es que el peso se ha constituido en una de las monedas más revaluadas del mundo, cuando se da la depreciación del dólar y una de las más devaluada cuando se da su apreciación global. Sólo Argentina y Turquía la superan en este vértigo cambiario.
En estos momentos la economía colombiana enfrenta una delicada encrucijada: no obstante contar con una tasa de cambio competitiva, crecen mucho más las importaciones que las exportaciones, que no repuntan y, lo que es más grave, en estos momentos el déficit en la Cuenta corriente de la Balanza de pagos había alcanzado a junio de 2019 el máximo histórico de 4.6% del PIB. No deja de ser paradójico que no obstante la devaluación del peso frente al dólar, lo que debería favorecer las exportaciones, estas cayeron el 4.7% al corte del mes de septiembre, al tiempo que se acrecentaron las importaciones el 5.7%. Al déficit en cuenta corriente de la Balanza de pagos este se le viene a sumar el déficit fiscal, que bordea el 3%, que no cede; por eso se suele hablar de los déficits gemelos, los cuales tornan la economía más vulnerable frente a los choques externos.
Colombia no supo aprovechar el largo ciclo de precios altos de los commodities para corregir este déficit, como sí lo hicieron los demás países de Latinoamérica. De allí la gran vulnerabilidad de la economía colombiana frente a los choques externos, en momentos en los que la economía global pasa por una gran turbulencia a consecuencia de la guerra comercial (arancelaria) entre los dos colosos, EEUU y China.
Entre tanto la Junta directiva del Banco de la República está entre la rubia y la morena, pues a consecuencia de la devaluación galopante el IPC está bajo presión y la tasa de inflación causada en 2019 cerró en el 3.8%, casi al tope del rango meta de la inflación objetivo fijado entre el 2% y el 4%, superando sensiblemente el 3.18% de 2018; pero si sube la tasa de interés de intervención, para contenerla, acentúa la desaceleración del crecimiento del PIB, el cual se aleja cada vez más de la meta, que se ha convertido en Mantra, del Ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla de un crecimiento del 3.6% para el 2019 y 4% para el 2020. Vea, pues!
Bogotá, enero 12 de 2020
Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía
www.amylkaracosta.net
Por José Félix Lafaurie Rivera*-El Gobierno publicó, para observaciones ciudadanas, el decreto para control de riesgos a la salud y la naturaleza por erradicación de cultivos ilícitos mediante aspersión aérea, cumpliendo los requisitos de la Corte Constitucional en una sentencia que, me da mucha pena, pero fue una literal “lavada de manos”: abrimos la puerta a la aspersión y quedamos bien con unos, pero con requisitos que la conviertan en laberinto kafkiano y quedamos bien con otros.
Esa es mi percepción inicial del decreto, lleno de conceptos previos, auditorías internas y externas y participación ciudadana, “antes, durante y después de la ejecución de los programas de erradicación”. No se trata de evadir la veeduría ciudadana ni de expedir patentes de corso, pero no se puede olvidar tampoco que el narcotráfico es un delito y su persecución una acción policiva que obliga a la justicia.
La Aspersión aérea puede afectar la salud y se debe considerar ese riesgo. De hecho, quienes aplican herbicidas deben estar protegidos. Claro que tiene impacto ambiental, que debe ser mitigado, pero acaso no es peor el de la tala y la contaminación del narcotráfico, o la destrucción de los ríos por la minería ilegal, el negocio subsidiario del narcotráfico.
“De dos males el menor”, no solo es un proverbio atribuido a Fedro (20 a.C.), sino un asunto de sentido común y, en algunos casos, un dilema ético que enfrenta todos los días la medicina, por ejemplo (la vida de la madre o del niño; la amputación de un miembro o la vida), y que debe asumir también el gobernante frente a su mandato constitucional de preservar el interés general sobre el de unos pocos.
El tema de la lucha contra el narcotráfico es controversial, ideologizado. Según la postura frente a las estrategias para derrotarlo, se es imperialista y de ultraderecha -malo-, o libertario y socialista -bueno-. Hoy, además, los partidarios de la aspersión controlada son depredadores ambientales (malos), y los de la sustitución voluntaria y erradicación manual son “ambientalistas” (buenos). En esta narrativa perversa, el malo de Uribe utilizó la primera y redujo a 44.000 hectáreas los cultivos ilícitos, hasta cuando llegó el bueno de Santos y por la presión extorsiva de las Farc, disfrazada de preocupación en salud, la eliminó y nos dejó con 200.000 hectáreas, control territorial y crímenes.
Lo mismo pasó con la paz que, al final, nunca llegó: no era un asunto de buenos y malos; pero alrededor de esas narrativas da vueltas el país sin avanzar. Las legítimas preocupaciones por “lo social”, “lo ambiental” y la “participación ciudadana”, manipuladas por la izquierda y el centro- santismo, se atraviesan al fracking controlado, sin pensar en la pobreza que vendrá cuando toque importar todo el petróleo; como se atraviesan a la aspersión controlada, en un país tapizado de coca y manchado de sangre por el narcotráfico.
¿Quién asesino a Gloria Ocampo y a más de 600 líderes sociales? Todo el mundo lo sabe: las disidencias, el ELN, los Pelusos y un largo etcétera con un factor común: narcotráfico. ¿Por qué? Todo el mundo lo sabe: por la lucha feroz por territorios de cultivo y de rutas.
No obstante, la izquierda y el centro-santismo, ambos en paro, culpan al gobierno, como si el presidente fuera el perpetrador. Doble moral, mezquindad política y mentira mediática. El enemigo es el narcotráfico y, para combatirlo, el país tendrá que elegir, entre varios males el menor: aspersión aérea controlada, a partir de un decreto realista que podrá ser mejorado, que proteja la salud y la naturaleza, sin amarrar al Estado en su lucha legítima contra el narcotráfico.
¡Adelante Presidente!
Bogotá, D. C, 12 de diciembre de 2020
*Presidente de FEDEGAN
@jflafaurie
Por Mons. Luis Fernando Rodríguez Velásquez* - Primero: Es común que cada que comenzamos el nuevo año hagamos las cábalas y los vaticinios sobre lo que esperamos para el año al que damos inicio, según el calendario civil. Es posible que cada uno reitere los planes de trabajar mejor, de cuidarse con los alimentos, de rebajar peso, de solucionar las desavenencias, etc. Eso está bien. Lo que produce preocupación es que posiblemente son los mismos propósitos de cada año y que seguramente no se han cumplido. Qué importante es que se haga el propósito de cumplir de la mejor manera posible lo que se ha de alcanzar, poniendo la confianza en Dios con una buena dosis de voluntad personal y disciplina.
Segundo: Por otra parte, la Iglesia ha comenzado desde semanas atrás el año litúrgico, con el adviento y la navidad. Un propósito clave debemos buscar alcanzar, de la mano de Dios, y es el que los ángeles cantaron en el portal de Belén, la paz: “Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a las personas de buena voluntad”.
Tercero: Con la fiesta del Bautismo del Señor comenzamos el tiempo llamado Per annum, o tiempo ordinario en la liturgia de la Iglesia. El color verde será el característico. Es el verde la esperanza, de la confianza, de la fe. Es el color también de la florescencia y de la alegría.
Así debería ser la vida de los cristianos católicos; ese debería ser el aporte que como ciudadanos deberíamos dar en momentos de crisis, incertidumbre y dificultades.
El Papa Francisco nos dirá: “Comprendo a las personas que tienden a la tristeza por las graves dificultades que tienen que sufrir, pero poco a poco hay que permitir que la alegría de la fe comience a despertarse, como una secreta, pero firme confianza, aun en medio de las peores angustias: «Me encuentro lejos de la paz, he olvidado la dicha […] Pero algo traigo a la memoria, algo que me hace esperar. Que el amor del Señor no se ha acabado, no se ha agotado su ternura. Mañana tras mañana se renuevan. ¡Grande es su fidelidad! […] Bueno es esperar en silencio la salvación del Señor» (Lm 3,17.21-23.26)” (Exhortación Evangelii Gaudium, 6).
Cuarto: El cristiano está llamado no a ser promotor de la desesperación, ni profeta de catástrofes, sino que está llamado a ser testigo de la esperanza, porque sabe muy bien que el Señor es el siempre vivo, el siempre actuante, que está con nosotros, está en medio de nosotros, está adelante mostrándonos el camino, y está atrás para protegernos.
Alegría y esperanza, dos palabras que se deben traducir, en un estilo de vida alegre y cargada de la confianza, en los tiempos nuevos que nos han sido prometidos.
+ Luis Fernando Rodríguez Velásquez
Obispo Auxiliar de Cali
Por Gabriel Ortiz*.- No alcanzó el país a recuperarse de la ley de crecimiento económico que benefició con creces a los ricos, cuando sin son ni ton, se anunció otro impuesto altamente discriminatorio, que se ensayará en Bogotá, como último “obsequio” dejado por el poco grato Peñalosa.
Según la Constitución, los impuestos solamente pueden imponerse por normas instituidas por leyes presentadas por el ejecutivo o legislativo y aprobadas por el Congreso.
La caótica ciudad que recibió Claudia López requiere con urgencia decisiones y obras que la desembotellen y le permitan una movilidad racional. Su antecesor, consideró que la solución era construir ciclorrutas y se enorgullecía haber entregado la red más grande del mundo en este tipo de vías. (Claro, parece que no conoce Copenhague)
Sin planeación alguna deterioró y limitó la capacidad de las pocas calles, avenidas y senderos para disfrazarlos como vías ciclísticas, con bolardos y trozos de cemento armado.
Nunca durante sus administraciones construyó algo parecido a una vía descongestionante o técnicamente capacitada para el creciente tráfico de la capital. Por ello se tuvo que acudir al pico y placa y a cuantas locuras se le ocurrieron a él y a sus despistados “moviliarios” funcionarios.
Y las ciclorrutas, si así puede llamarse a los obstáculos que colocó en las pocas vías, no han servido para nada. Son estrechas, interrupciones inexplicables, llenas de huecos, inseguridad, oscuridad, que casi nadie utiliza. Olvidó educar y acostumbrar a los ciclistas para usarlas. Todos van por las vías arterias, disputándose el espacio con las motos y los vehículos. Esa la razón para que haya aumentado el número de accidentes y muertos a lo largo y ancho de la capital. A Peñalosa solo lo salva la multimillonada que invirtió en publicidad para posar de eficiente. ¿Si hubiera invertido ese dinero en una sola avenidita?
El problema se lo dejó a Claudia, con un proyecto de decreto que de paso impone un nuevo e ilegal impuesto para poder transitar los días de pico y placa. Medida altamente discriminatoria. En Bogotá, gran parte de la población, especialmente la más pobre, vive del carro. Además quienes tienen derecho a transitar, pierden esa legalidad, porque deben soportar la mayor congestión, agravada por quienes con 4 millones escapan al pico y placa. Y así la contaminación de los vehículos particulares, agregada a la de las “chimeneas rodantes de transmilenio”, no tendrá tregua.
Es posible que la nueva alcaldesa, persona pensante y con mentalidad equitativa, archive la alcaldada que le dejó preparada su antecesor, que como el espíritu burlón, ríe, ríe.
Claudia, además, está bien rodeada, sus colaboradores, son gentes preparadas, con grados legalmente obtenidos y con experiencia para aportarle en la labor de le fue encomendada por unos electores que querían salir de Peñalosa, al que sí hay que ponerle pico y placa permanente.
BLANCO: La calificación de Colombia como el segundo país más atractivo para los inversionistas internacionales.
NEGRO: Parece que ingresó la propaganda negra a Casa de Nari.
Bogotá, D. C, 11 de enero de 2019
*Exdirector del Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper.
Por Amylkar D Acosta M*.-Sólo habían transcurrido cuatro días desde la sanción presidencial de la reforma tributaria 2.0, el 31 de diciembre del año anterior el Ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, previa autorización del Consejo de Ministros en sesión virtual realizada, expidió el Decreto 2412 de 2019, “por el cual se reducen unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación de la vigencia fiscal de 2019”.
De qué se trata? Se trata de la reducción o recorte de las partidas aprobadas y apropiadas por parte del Congreso para la vigencia del 2019, aforado en un monto de $258.9 billones. Se aduce para este drástico e inesperado recorte presupuestal que es “para garantizar el cumplimiento de las metas de déficit establecidas por la Regla fiscal”. Y, entre las motivaciones del mismo se dice que “las proyecciones de la DIAN fueron tenidas en cuenta en la decisión” tomada.
Dicho de otra manera, pasamos de la euforia y del optimismo rebosante de la DIAN sobre el comportamiento del recaudo de impuestos en el 2019 y del sobrecumplimiento de la Regla fiscal del cual se ufanaba el Ministro Carrasquilla a la imperiosa necesidad de decretar un recorte presupuestal draconiano de $9 billones (¡!).
Cabe preguntarse en qué quedaron las declaraciones del propio Presidente de la República Iván Duque cuando anunció que en 2019 se obtendría “por primera vez en 8 años, desde que existe la regla fiscal, un superávit primario de carácter fiscal”. Acaso, como se ufanaba el Ministro Carrasquilla, el panorama fiscal no estaba “despejado”?
Los aprietos en que está el Ministro Carrasquilla para cuadrar caja ponen de manifiesto que los malabares a los que recurrió para hurtarle el cuerpo a la Regla fiscal simulando su cumplimiento, haciendo pasar como financiamiento gasto corriente y saldando deudas mediante la emisión de TES, pagando deuda con deuda, no le alcanzó. Ni siquiera contando con ingresos extraordinarios provenientes de las utilidades del Banco de la República del orden de los $8 billones y $3.2 billones que le giró Ecopetrol.
Como buen prestidigitador, el Ministro Carrasquilla lo que viene haciendo es un ejercicio de mímica presupuestal, que pone en riesgo la confianza y la credibilidad de las cifras oficiales. Recordemos que la agencia de calificación de riesgo Fitch Ratings le mantiene a Colombia la nota BBB, con una perspectiva negativa, que, según ella refleja “la incertidumbre sobre la capacidad del Gobierno para cumplir con los objetivos del presupuesto”.
Este es un mal presagio de lo que se espera para el 2020 - 2022, cuando se prevén los mayores efectos de la reforma tributaria 2.0, habida cuenta que, como lo sostiene Fedesarrollo la misma, en lugar de representar un mayor recaudo, estimado por la DIAN en $11.5 billones, aparejará mas bien una caída del recaudo de $5 billones en 2020 y entre $8 billones y $10 billones en 2021 y 2022. Amanecerá y veremos!
Bogotá, D. C, 8 de diciembre de 2020
*Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía
Wwww.amylkaracosta.net
Por: José Félix Lafaurie Rivera*.-Comienzo deseándole a Colombia un próspero año 2020, pero tengo claro que no será mejor o peor por nuestros deseos, que de ellos, como reza un viejo proverbio, “está hecho el infierno”, sino por nuestros propósitos y, lo más importante, por la voluntad que pongamos en alcanzarlos.
Para la ganadería, la prioridad es la recuperación del estatus de país libre de fiebre aftosa, perdido cuando el gobierno Santos decidió dividir al país entre amigos y enemigos de la paz, y abandonando toda prioridad se dedicó a premiar a los unos y castigar a los otros. Con el Ministerio de Agricultura y el ICA, esperamos alcanzar esa meta en el primer trimestre.
Sin embargo, el estatus sanitario no es un fin en sí mismo, sino que permitirá mejor calidad en el mercado interno y, sobre todo, acceso a mercados internacionales como el chino, lo cual representará un punto de quiebre hacia el crecimiento sostenido de la ganadería, con el propósito de convertirla en renglón definitivo en la política de diversificación de exportaciones, con una meta de 500 millones de dólares anuales para 2022.
En septiembre de 2019, en la Cumbre sobre Cambio Climático de la ONU, el presidente Duque anunció al mundo que, como parte de su política ambiental, durante su gobierno se establecerán 100.000 hectáreas en Sistemas Silvopastoriles Intensivos, asumiendo una de las metas de FEDEGÁN en su Hoja de Ruta 2018- 2022, lo cual representa un espaldarazo y el comienzo de una gran transformación productiva y de responsabilidad social ganadera.
En esa misma línea, la Fundación Colombia Ganadera, como expresión del compromiso ético que le corresponde a toda actividad frente a su entorno, reanudará su programa “Una Vaca por la Paz”, que benefició a más de 6.000 familias rurales pobres con la donación de una vaca lechera y su cría, al tiempo que reanudaremos nuestros esfuerzos por visibilizar a las victimas ganaderas de la violencia y por acompañarlas en la reivindicación de sus derechos.
Pero sin duda, uno de nuestros grandes propósitos es consolidar la “Comunidad Ganadera Virtual” a partir de una realidad contundente: Somos 700.000 ganaderos que producimos un millón de toneladas de carne y más de 7.000 millones de litros de leche, generando un millón de empleos rurales. En otras palabras, “no estamos pintados en la pared” y, por el contrario, somos importantes para el campo y el país.
Necesitamos mostrar la unidad y la fuerza de la ganadería; viralizar” esa importancia a partir de “la conectividad” en las redes, para defendernos de quienes nos estigmatizan, para compartir información, para que nuestras voces sean oídas, nuestras ideas difundidas, nuestros derechos defendidos y nuestra imagen presentada con justicia ante la sociedad.
La seguridad ha vuelto a ser preocupación ganadera. Por ello, dentro del contexto de conectividad y con el apoyo del Ministerio de Defensa, ofreceremos a los ganaderos un servicio de vigilancia de sus predios con cámaras de alta tecnología, monitoreo permanente y articulación con la Fuerza Pública.
El mejoramiento genético es otro de nuestros propósitos a través del programa Embriogán, para que la genética de calidad deje de ser privilegio de grandes ganaderos, haciéndola asequible a los medianos y buscando programas subsidiados para los pequeños, con la asesoría técnica de FEDEGÁN.
Volviendo a los deseos, sí tengo uno muy concreto: que logremos derrotar la mezquindad de quienes, persiguiendo oscuros intereses, desprecian el propósito de unión del presidente Duque para construir un mejor futuro, y por el contrario, le apuestan al fracaso del Gobierno, la desestabilización y el caos. De ellos sí que, de verdad, está hecho el infierno.
Nota bene: A mis lectores que semana tras semana los encarto con mis escritos, lo mejor del 2020; que todos sus propósitos se cumplan.
Bogotá, D. C, 6 de enero de 2020
*Presidente de FEDEGAN
@jflafaurie
Por Jorge Enrique Robledo*.- ¿Dónde? En las economías familiares y en las empresariales, en todas partes, y, al mismo tiempo, crear más empleo, crear más empleo y crear más empleo, estable y bien remunerado. Por una actitud democrática frente a la vida y porque el capital, pequeño, mediano y grande, si no pasa por las manos del trabajo, del simple y del complejo, no crece, exceptuando lo invertido en distintas formas de corrupción y especulación, en las que unos pocos se embolsillan la riqueza que crea la inversión y el trabajo de muchos.
De otra parte y como he venido insistiendo, en la base de todas las lacras de Colombia -sin faltar ninguna- está que se produce muy poca riqueza por habitante: escasos 6.400 dólares al año, poquísimos 553 al mes, en tanto los países capitalistas exitosos contabilizan de 30 mil para arriba -40, 50, 60 mil y más-, cifras, las de aquí, que se hallan en la base del desempleo y el rebusque, dolorosas fallas nacionales.
Hay que aumentar el empleo decente y el ingreso y disminuir la desigualdad social en Colombia, de las peores del mundo, primero, por obvias consideraciones sociales y políticas. Pero también porque el desempleo y el rebusque no crean riqueza o crean muy poca y porque la pobreza, por su escasa capacidad de compra, no estimula la producción y el trabajo. Dejo constancia de que estas son verdades del primer curso de economía, solo que los gobernantes del país nunca han sido coherentes con ellas. Cero concesiones entonces al extremismo neoliberal, que en los hechos se opone a que la gente acceda a mejores empleos e ingresos, para concentrar la riqueza hasta el absurdo en cada vez menos manos, entrabando incluso el propio crecimiento económico. Ningún país puede desarrollar en serio su economía sin ampliar y vigorizar su mercado interno. ¡Si no, que muestren uno!
¿Crear riqueza y empleo en qué sectores y con quiénes? En general, en todos y con todos y sin que por ningún motivo falten el agro y la industria. En el agro pueden convivir la producción campesina, indígena y empresarial, con todas respaldadas y protegidas por el Estado. Y las confecciones y los textiles ilustran que igual puede ocurrir con productores industriales de todos los tipos.
Los poderes que les tiran la línea a los encargados de uniformar el pensamiento de la opinión colombiana se han vuelto célebres presentándose, al mismo tiempo, como defensores del fracasado modelo económico neoliberal y como adalides de crear riqueza en la economía empresarial, insinuando que sus contradictores somos enemigos de las empresas, pirueta argumental que no resiste la prueba de los hechos.
Pues si algo ha provocado una masacre de empresas en Colombia son la apertura, los TLC y el conjunto de las recetas del Consenso de Washington, al empobrecerlas y arruinarlas con las importaciones o porque los monopolios -por normas trasnacionales- les arrebatan el mercado interno de bienes y servicios, generándose una inmensa desigualdad en el reparto nacional de las utilidades empresariales. Tanta, que Colombia con razón se considera muy desigual en general con un Gini de .51, pero el Gini de las utilidades de las empresas es de .82 (!). Y tan cierto es el sesgo anti pequeñas y medianas empresas que su tasa de impuesto de renta es igual a la de las mayores -nominal de 32 por ciento-, cuando, por mandato de la Constitución, debería ser progresiva, es decir, escalonada, con porcentajes ascendentes. ¡Y qué tal que el Ministerio de Hacienda se atreviera a publicar el grado de concentración, en manos de poquísimos, del crédito bancario a las empresas!
A quienes -sensibles ante los sufrimientos de la gente- les parece que en economía solo debe hablarse de distribuir la riqueza, toca recordarles que aún no ha aparecido nadie capaz de repartir una riqueza inexistente. Y a los que aplauden cuando se cierra una empresa porque, dicen, “un rico menos”, toca recordarles que quienes más sufren en estos casos son los trabajadores, que pasan del empleo formal a la desocupación y al rebusque.
Y si la Revolución Industrial es sinónimo de máquina de vapor fue porque encontró recursos productivos centralizados y mayores mercados en los cuales aplicar esa nueva y poderosa potencia, por el paso de las economías campesinas y artesanales a las asalariadas. Pero no es necesario además enfrentar las producciones familiares con las colectivas, pues en Colombia caben las dos y las dos tienen mucho que aportarle a la creación de riqueza y trabajo nacionales.
Martes 7 de enero de 2020
*Senador del Polo Democrático Alternativo
@JERobledo
