Opinión

Por Amylkar D. Acosta M*.- La Ley 1955 de 2019, del Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022, aprobada por el Congreso de la República y sancionada por el Presidente Iván Duque, pasó de los 183 artículos que contenía el proyecto radicado por el gobierno a 349 y de estos 44 (12.6%) son atinentes al sector Minero – energético. Dos iniciativas importantes para el gobierno, que fue quien las propuso, no prosperaron: la primera que proponía suprimir el subsidio a la tarifa de energía al estrato 3 y empezar el desmonte del mismo a los estratos 1 y 2 y la segunda se trataba, nada menos, de una reforma profunda al Sistema General de Regalías, recentralizando su manejo aún más de lo que está. Ambas fueron excluidas del texto de la Ley.

En cuanto al subsector minero, este Plan legisló en aspectos básicos que tienen que ver con asuntos en los que existen muchas lagunas debido a la declaratoria de inexequibilidad por parte de la Corte Constitucional de la Ley 1382 de 2010, por no haber cumplido con el requisito de la consulta previa y la renuencia del gobierno al no volverla a tramitar, subsanando este vicio de trámite, dentro de los 2 años de plazo que le dio la Corte al modular su Sentencia. Por tal motivo, volvió a entrar en vigencia la Ley 685 de 2001, que se había reformado mediante la Ley 1382, dejando muchos vacíos que ahora procura llenar el Plan, pero me temo que, pese a la buena intención del gobierno y el legislativo tales normas puedan correr la misma suerte, por el mismo motivo y la misma razón.

En cuanto al subsector de los hidrocarburos, en las Bases del Plan, que es parte integral del mismo, se plantean unas metas en materia de exploración que no concuerdan para nada con las metas de producción tanto de petróleo como de gas natural. El Plan es consciente de la precariedad de las reservas de hidrocarburos con las que cuenta el país y hace una gran apuesta por ampliar la frontera enfocándose simultáneamente en el recobro mejorado, el off shore y los yacimientos no convencionales para incrementarlas. Pero, no guarda coherencia entre los medios y los fines, porque justamente se busca acrecentar las reservas para poder alcanzar metas más elevadas de extracción de hidrocarburos, mientras la meta de producción en el Plan (854 mil barriles/día) está incluso por debajo de la que sirvió de base al Presupuesto General de la Nación y el del Sistema General de Regalías, para la vigencia 2019-2020.

Es evidente que la economía del país sigue dependiendo de los hidrocarburos, expuestos como están a su inminente agotamiento, a la volatilidad de los precios internacionales y a la tendencia a la contracción de los mercados por cuenta de las acciones que se derivan del Acuerdo de París (COP21) tendientes a migrar desde las energías de origen fósil hacia las fuentes no convencionales de energías renovables (FNCER) y limpias. Razón potísima para que el país se prepare para este nuevo escenario, en el cual los hidrocarburos perderán protagonismo, diversificando la matriz económica, diversificando y sofisticando las exportaciones y diversificando también los mercados de destino de estas. En ello el Plan se queda corto.

En cuanto al subsector eléctrico el Plan hace una gran apuesta por la Transición energética, para ir migrando progresivamente desde las energías de origen fósil, que contaminan y afectan el medioambiente, hacia las FNCER. En dicho Plan se le da un espaldarazo a la implementación de la Ley 1715 de 2014, que incentiva y estimula las FNCER, al tiempo que promueve el uso racional y eficiente de la energía. En las Bases del Plan se plantea la “consolidación de la integración de las FNCER a la matriz energética”. Así mismo, afirma que se “facilitará la incorporación de las FNCER al Sistema Interconectado Nacional”.

Las empresas y los empresarios de este subsector han manifestado su preocupación porque el gobierno, en múltiples aspectos, está asumiendo funciones regulatorias que son propias de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG). Esta y las demás comisiones regulatorias sectoriales se rigen por la Ley 142 de 1994 de Servicios públicos, como unidades administrativas especiales, con independencia administrativa, técnica y patrimonial. En el caso de la CREG fué creada por la Ley eléctrica (143 de 1994), con ese carácter y es parte de la arquitectura energética del país, la cual ha sido muy bien ponderada por el Foro económico mundial, ubicándola en el octavo lugar a nivel mundial. Además, no estamos seguros de que esta invasión del ámbito de su competencia no riña con el reglamento de la Organización para la Cooperación y el desarrollo, un club de buenas prácticas, cuya membresía acaba de adquirir el país.

Se prevé, además, que “el Ministerio de Minas y Energía ajustará la regulación para facilitar la conexión de proyectos y entrega de energía de las FNCER, al modificar los códigos de redes, los reglamentos de operación del mercado y el reglamento técnico de instalaciones eléctricas”. De igual manera, nos parece muy atinada la iniciativa que traen las Bases del Plan de integrar una “Misión para la modernización de los mercados actuales y la promoción de la innovación”, la cual quedó integrada el pasado 2 de mayo con 20 expertos nacionales y extranjeros y tendrá por objeto según la Ministra de Minas y Energía María Fernanda Suarez, trabajar en la definición de “la hoja de ruta para la energía del futuro”. Enhorabuena! 

Barranquilla, junio, 2 de 2019

*Expresidente del Congresi y Exministro de Minas y Energía

www.amylkaracosta.net

Por Mauricio Cabrera Galvis*.- Mientras en Colombia seguimos estancados en debates promovidos por sectores que insisten en ponerle trabas al proceso de Paz y mantener una polarización que, como dijo el gerente del Banco de la República, ya está perjudicando la economía, el mundo sigue girando con movimientos que nos pueden hacer mucho daño si nos descuidamos.

Uno de estos es la guerra comercial entre Trump y China que ha venido escalando hasta niveles que amenazan alterar toda la estructura del comercio internacional e inclusive volver a dividir el mundo como en las épocas de la cortina de hierro, pero ahora peor porque serían barreras tecnológicas y comerciales. Nosotros somos observadores marginales en esa guerra de gigantes, pero como dice el proverbio africano “cuando dos elefantes se pelean quien más sufre es la hierba que pisan”.

La guerra comercial se está intensificando. La empezó Trump imponiendo aranceles a un grupo limitado de productos chinos; reviró Pekin haciendo lo mismo y ya va en USD 200.000 millones de productos chinos sujetos a aranceles del 25%. En otro frente se prohibió la venta de tecnología gringa a la gigante de telecomunicaciones Huawei, y ya China respondió creando una lista negra de empresas que “dañen gravemente los derechos e intereses legítimos de las compañías chinas”.

Toda esa pelea nos afecta por dos canales, el comercial y el financiero. China es nuestro segundo socio comercial después de Estados Unidos, pero es el país con el que tenemos el mayor desbalance comercial pues le exportamos USD 4.000 millones e importamos USD 10.000 millones, con el agravante de que el 90% de las exportaciones son hidrocarburos.

La restricción de las ventas chinas a EE.UU. disminuirá el crecimiento de China y la obligará a buscar nuevos mercados para sus productos, todo lo cual llevará a que crezca nuestro déficit comercial con ese país. Lo primero porque disminuirá la demanda china de materias primas, incluido el petróleo, y lo segundo porque las empresas chinas son expertas en bajar precios y hacer dumping para aumentar sus ventas, de manera que ahora nos inundaremos de los productos que no puedan vender en otras partes.

De otra parte, para compensar a los agricultores gringos por los aranceles chinos, Trump acaba de otorgarles nuevos subsidios por USD 16.000 millones, lo que puede facilitarles las exportaciones a otros países, como Colombia en el caso de la soya y el trigo.

Un daño colateral de la guerra es que como la subida de aranceles a China no le ha funcionado a Trump para reducir el enorme déficit comercial de su país, pues muchos productos chinos están siendo reemplazados por mexicanos, entonces decidió imponer un arancel de 5% a todas las importaciones desde México, con la disculpa de castigarlo por no parar a los migrantes centroamericanos. Esto también puede incrementar nuestro déficit comercial con el país azteca que ya suma USD 2.000 millones.

Cali, 2 de junio de 2019

*Filósofo, Economista . Consultor.

Por Juan Camilo Restrepo Salazar*.- Cuando en la vida pública se hacen cuestionamientos o preguntas a alguien se parte del supuesto de que el concernido va a responder con claridad. Es una regla de oro que preside la vida democrática. Y es un presupuesto de respeto para con el público. No siempre sucede así sin embargo.

En Colombia se está poniendo de moda el arte de responder no respondiendo. Cada vez adquiere primacía la estrategia de pasar de agache en vez de dar la cara. O de contestar con frases elípticas. En las que no se menciona con nombre propio de nadie. O simplemente se contesta otra cosa.

Con ello se juega a que el escándalo de mañana mate al de hoy; o simplemente a que la gente se olvide y al cabo de poco tiempo deje de preguntar.

Pongo algunos ejemplos:

Que la embajada de un país amigo con el que hay relaciones mutuas importantes que a menudo nos catalogan como su principal aliado en la región, como es el caso de los Estados Unidos, presione con la amenaza de quitar la visa a magistrados de las altas Cortes, hubiera requerido una inmediata y rotunda respuesta del Presidente, del Canciller, del Fiscal.

¿Qué respuesta hubo? Ninguna: se respondió no respondiendo. Salvo una tibia respuesta del Canciller

O la respuesta de la Vicepresidente que no es menos elusiva: que el gobierno respetaba tanto las decisiones de las altas cortes como las de los países amigos; pero dejándonos a oscuras sobre cuál era finalmente su opinión

El Presidente Trump trapea con el Presidente Duque. Lo acusa -injustamente- y en público, de que no está haciendo nada en la lucha contra la droga.

¿Qué respuesta hubo? Ninguna: se respondió no respondiendo; o haciéndolo con frases escurridizas y sin atreverse a mencionar con nombre propio al destinatario de la réplica. Como aquella de que: “el Presidente de Colombia solo le tiene que dar cuenta de sus actuaciones a los colombianos”.

El inventor de este arte de responder elusivamente es por supuesto el expresidente Uribe. La semana pasada le preguntaron en Pereira qué opinaba de las presiones de la embajada norteamericana contra los magistrados de las altas cortes. Respondió con tono doctoral que estaba pensando en promover un cable aéreo para que el turismo pudiera apreciar la bella región de la laguna del Otún.

Ordoñez, desde la OEA, dice impertinencias e inexactitudes, como aquella de los venezolanos que han salido de su patria por presión de la dictadura de Maduro no son más que agentes encubiertos de la revolución socialista del siglo XXI. Disparate que hubiera merecido una destitución inmediata de este señor como embajador. O al menos la exigencia de que rectificara.

Y ¿qué respuesta hubo del alto gobierno? ninguna: se respondió callando. O simplemente con un par de declaraciones elípticas de la Presidencia y de la Cancillería en las que, sin atreverse a mencionar por su nombre al nefasto Ordóñez; sin exigirle una pronta rectificación para con los más de 4 millones de refugiados venezolanos; y desde luego sin removerlo, se limitaron a decir que quienes han tenido que dejar Venezuela últimamente no lo han hecho con fines turísticos o de espionaje, sino forzados por la tiranía de Maduro.

Si, definitivamente el arte de contestar no respondiendo se está imponiendo en Colombia.

Bogotá, D. C, 2 de junio de 2019

*Abogado y Economista, Exministro de Estado.

Por Mons. Víctor Manuel Ochoa Cadavid - Este domingo celebramos la Solemnidad de la Ascensión del Señor. En los evangelios encontramos dos textos que nos relatan este acontecimiento de fe, 40 días después del domingo de la Resurrección. San Lucas en el capítulo 24 (Lucas 24, 50-53) y San Marcos en el capítulo 16 (Marcos 16, 19) nos relata este acontecimiento particular en el cual Jesús, acompañado de los 11 discípulos Asciende glorioso hacia el cielo. El relato de este acontecimiento de la vida del Salvador es presentado, con más amplitud de detalles, por San Lucas en el libro de los Hechos de los Apóstoles (Hechos 1, 9-11). En este relato, abunda en detalles y elementos precisos de este momento de la vida de Cristo y su despedida de esta tierra.

En los relatos hay una clara y sentida realidad teológica: El envío de los Apóstoles a evangelizar y a predicar en toda la tierra. Es el mandato misionero de Jesús.

Al oriente de la ciudad de Jerusalén, en la cúspide de una pequeña montaña, que comienza en el llamado Huerto de los Olivos, en el camino hacia Betania, se encuentra el monte de la Ascensión, donde el Señor vuelve al Padre, lugar significativo y de gran belleza, hoy ocupado por un lugar religioso de los musulmanes.

Para nosotros es la oportunidad de celebrar esta Solemnidad en la liturgia, que trae a nuestra historia este hecho de la vida del Maestro. La Ascensión del Señor abre a la comunidad creyente las puertas de un bello y largo camino, el camino de la vida de la Iglesia y de la Evangelización, que terminará cuando se acabe esta historia dramática, llena de gozos y esperanzas, de pruebas y de dolor, en la que se mueve nuestra vida y la vida de la Iglesia.

Dicen los Evangelios que Jesús fue preparando este momento de dos modos:
En la Última Cena tras ofrecerse como alimento y vida de sus apóstoles, les prometió de diversos modos que cuando retornara al Padre les regalaría el don admirable del Espíritu Santo, como consta en los capítulos 14, 15, 16 del Evangelio de San Juan. Es la promesa del Consolador, del Paráclito, que nos servirá de abogado y que regala a la Iglesia la fuerza evangelizadora para predicar a Jesucristo como Salvador del mundo entero.

En los Evangelios Sinópticos, en varias presencias suyas les anunció que el retorno al Padre era inminente y, finalmente los citó para despedirse y para enviarlos a anunciar la verdad y la vida a todos los pueblos. Podemos leer esto con atención y cuidado en el texto que hemos citado en los Hechos de los Apóstoles.

Aquel día glorioso, la Ascensión, la celebrábamos en jueves, ahora, en la esperanza, el Domingo de la Ascensión nos centra en la familia que celebra la Pascua de Jesús, como cada semana, pero en el clima de envío y de misión que hace de los Bautizados. Un elemento central de esta fiesta y de los relatos de la Palabra de Dios, es que somos enviados a proclamar la vida de Jesús, a santificar la historia de la humanidad, a conversar con las culturas para hallar en cada pueblo las huellas del amor divino que el Espíritu Santo ha inscrito en cada ser humano. Estamos llamados a ANUNCIAR A JESUCRISTO, salvación y vida para todos los hombres y mujeres en la historia de la humanidad.

Es aquí donde adquiere sentido la belleza de una Iglesia peregrina que proclama la fe, que muestra al mundo que Jesús, el Hijo de Dios, Dios verdadero, nos ha traído la misericordia que sana y salva, que ilumina y acompaña la vida. En esta fiesta tenemos que sentirnos comprometidos y, sobre todo, parte de la Iglesia que es misionera y anuncia una gran verdad, la Redención.

Quiero resaltar esta dimensión, aquella jornada de la Ascensión inaugura la realidad misionera de una Iglesia que nació del costado traspasado del Señor para ser enviada al mundo, para ser puesta como la servidora más abnegada, más viva, más cercana al corazón de la humanidad, de una Iglesia en la que María sigue acompañando el camino de todos con la misma alegría con la que acompañó, en el cenáculo a los Apóstoles en la espera del Espíritu Santo (Hechos 2, 1-4).

Este es el contexto de esta Celebración, de importancia litúrgica y misionera para nuestra Diócesis. Somos “Peregrinos” también en un mundo confuso en el que los enemigos de Cristo se empeñan en frustrar la obra de la salvación, en una sociedad sedienta de verdades auténticas, en una familia humana en la que, si bien no faltan los dolores, esta comunidad de creyentes que somos los Bautizados y Enviados, tiene la gloriosa tarea de ser el cuerpo vivo cuya cabeza, que es Cristo glorificado, ha abierto para siempre la puerta de la esperanza y tiene la perentoria indicación del Señor que la consagra como testigo del amor de Dios siempre, en todas partes, aun en medio de la adversidad.

La Ascensión, con su carácter de SER ENVIADOS, es también día de oración por los comunicadores, para que, fieles a la verdad que salva, anuncien la esperanza, proclamen la paz, muestren cómo Dios sigue acompañando el camino de la historia y venciendo el poder de la mentira, del pecado, de la muerte, cada vez que se anuncia la salvación.

Esta Solemnidad nos pone en la espera del don maravilloso del ESPÍRITU SANTO, que recibiremos en PENTECOSTÉS, donde el Don maravilloso de la fuerza de Dios vendrá para animarnos, fortalecernos y llevarnos a todos a dar testimonio de Cristo.

Bautizados y Enviados, vayamos a ANUNCIAR A JESUCRISTO al mundo, a ser testigos del amor del Maestro, para dar vida a todos.

Cúcuta, 2 de junio de 2019.

+ Víctor Manuel Ochoa Cadavid
Obispo Diócesis de Cúcuta

Por Clara López Obregón*.- Con motivo del artículo publicado por The New York Times sobre cómo las órdenes impartidas por el comandante del Ejército Nicacio Martínez podrían derivar en nuevos falsos positivos, el gobierno y sus defensores arremetieron contra el mensajero en vez de proceder de inmediato a remediar tan grave denuncia. La reacción inicial llevó al Canciller a señalar de tendenciosa la información en carta de rectificación al periódico y al Presidente de la República a cerrar filas sin vacilación o inquietud alguna, en defensa de la institución armada. 

Algo semejante sucedió cuando siendo secretaria de Gobierno de Bogotá, en una entrevista con Darío Arizmendi, califiqué como “desaparición forzada con fines de homicidio,” los casos de jóvenes del sur de Bogotá y Soacha que aparecieron ingresados a Medicina Legal por el Ejército como N.N. muertos en combate. Sustentaba mi hipótesis en los datos de once casos recogidos por un funcionario de la Secretaría que habíamos enviado a Ocaña para averiguar por jóvenes desaparecidos. Tres de los jóvenes fueron ingresados a Medicina legal apenas un día después de su desaparición y los otros, entre dos y cuatro días, tiempo insuficiente para la tesis del reclutamiento ilegal con que se mimetizaba o encubría lo que estaba sucediendo.  

Vinieron los debates, las solicitudes de renuncia por el atrevimiento de la denuncia e, incluso, el desmentido de la Fiscalía General ante el Congreso, en medio uno de los debates a los que fui citada. Finalmente, la repudiable política estatal de incentivos y recompensas fue revelada y tres generales y varios coroneles fueron destituidos, pero todavía hoy no se ha levantado el velo de impunidad que cubre mucho de lo sucedido.   

De ahí que la alarma por un posible regreso de los eufemísticamente denominados falsos positivos, no solamente debe tomarse en serio, sino que la negación automática con que fue recibida la noticia exige una reflexión sobre la reacción gubernamental. Pareciera que lo que se considera grave es el hecho de la denuncia y no el hecho denunciado o que la culpa la tiene el denunciante. Incluso hay informes de prensa que señalan que se están haciendo pesquisas para averiguar quiénes fueron los altos oficiales que llevaron la información al The New York Times, a pesar de que el presidente Duque ya rectificó su posición inicial, ordenó retirar las órdenes cuestionadas y convocó una comisión de alto nivel para evaluar los protocolos del Ejército.  

Estos dos episodios, con una década de diferencia, revelan un problema ético que atañe al manejo de la verdad en y desde el Gobierno y también en los medios de comunicación y la sociedad en general. ¿Existen circunstancias de gobierno que justifiquen la mentira? ¿Puede la prensa callar cuando conoce hechos significativos para la sociedad? ¿Aceptan algunos ciudadanos que les mientan? Pienso con Hans Kung que “no existe más que una sola ética sin divisiones. Ni siquiera los políticos y hombres de Estado tienen derecho a una moral especial. Los Estados deben regirse por los mismos criterios éticos que los individuos. Los fines políticos no justifican medios inmorales.” Las mentiras y verdades a medias, por lo tanto, no tienen cabida en el ejercicio de gobierno.  

La herencia malentendida de Machiavello según la cual los fines justifican los medios ha sido superada por el ideal del Gobierno transparente en sociedades intercomunicadas en donde todo se acaba sabiendo. El ideal no se fortalece con la retórica formal de las defensas irreflexivas que después deben recogerse, sino con el ejercicio de la responsabilidad radical con la verdad que es la vía hacia la recuperación de la confianza. Es esa la mejor protección para nuestra fuerza pública y la sociedad en su conjunto.

Bogotá, D. C, 29 de mayo de 2019

*Exministra de Trabajo y Exalcaldesa de Bogotá, D. C. 

Por José G Hernández*.- Por estos días, una de las universidades públicas de bien merecido prestigio -la Universidad Militar Nueva Granada- elegirá a su nuevo rector, quien, de conformidad con las normas aplicables, será, como es tradición, un profesional de altas calidades académicas, de una importante trayectoria militar, y de probados conocimiento y mérito.  

La elección de quien haya de tener a su cargo la delicada misión de continuar el destacado rumbo académico institucional que siempre se le ha señalado, deberá cumplirse de manera reglada, de conformidad con normas específicas, hoy contempladas en el Acuerdo 03 de 2016 (Reglamento), expedido por el Consejo Superior, llamado a elegir.

Allí se estipula que, tres meses antes de concluir el período del rector en ejercicio, se comunicará ello al Ministro de Defensa, al Comandante General de las Fuerzas Militares y al Consejo Académico, “para que cada uno presente un candidato”. Resalto ese procedimiento, relativo a la terna de la cual saldrá el nuevo rector, porque me ha llamado la atención la regla prevista en el numeral 3 del Acuerdo, que, con el debido respeto, más que aclarar, confunde. Dice: “Vencido el plazo de los diez (10) días hábiles, si alguno de los postulantes no ha realizado la postulación de su candidato o si hubiera concurrencia en una misma persona postulada, se requerirá al postulante por parte del Secretario del Consejo Superior, quien podrá postular o modificar su postulación, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes. La postulación de los candidatos no implicará la conformación de una terna”.

Aunque sería superfluo aclararlo, la experiencia nos habla de “ternas” -para importantes cargos- que en Colombia se han reducido a un único candidato con posibilidades reales de ser elegido. Así que conviene recordar: son tres candidatos y todos ellos deben estar en igualdad de condiciones y oportunidades ante el cuerpo elector, que a su vez debe gozar de plena libertad para escoger al mejor entre tres.

Por otra parte, al contrario de lo que señala la transcrita norma, la postulación de candidatos, con la suficiente autonomía y libertad de los postulantes, sí debe conducir a la existencia de una terna. De lo contrario, no podría haber en propiedad lo que se denomina una “elección”, pues se elige entre varios, sin que el organismo elector pueda verse obligado a recortar o restringir las posibilidades de selección que le competen.

Además, la postulación no puede quedar librada al querer o voluntad del postulante, quién -en las entidades estatales- ejerce una función pública y, por tanto, no puede dejar de postular porque incumple su función. Y, si, por coincidencia, dos postulantes, o los tres, postularan al mismo candidato, lo normal sería que, al menos uno de ellos modificara su inicial postulación, porque, en todo caso, lo que importa, más que el deseo de sacar adelante un nombre, es el objetivo institucional de servicio público de alta calidad, con base en el mérito. El propósito no debe ser político.

El mérito -indispensable, con mayor razón, en instituciones educativas oficiales-, es una exigencia constitucional (Art. 209 C.P.), que, lo sabemos, es concepto de primer orden en el caso que nos ha servido de ejemplo para la presente reflexión.

Bogotá, D. C, 29 de mayo de 2019

*Expresidente de la Corte Constitucional

Por Víctor G Ricardo*.- He estado escuchando en los medios de comunicación a distintos analistas de la economía colombiana, y en especial a algunos que en el pasado tuvieron la responsabilidad de manejar las finanzas del Estado.
En su análisis parten por decir que, si bien es cierto que los cálculos de crecimiento del país para el año 2019 se han tenido que reducir y que las calificadoras internacionales en dos casos no nos han bajado la calificación mientras otra nos puso observaciones, nuestra economía se encuentra bien.
Déjenme decir, sin perjuicio de sonar pesimista, que no comparto en su integridad esos análisis, pues yo lo que diría es que estamos mejor que nuestro vecindario latinoamericano, pero eso no quiere decir que estemos muy bien.
Por otra parte, los índices de crecimiento de la inversión extranjera han bajado y las exportaciones no se han incrementado.
Los ya innumerables anuncios de “se vende” o “se arrienda” que uno observa en las propiedades inmobiliarias es un termómetro de que las cosas no están tan bien y la gente está buscando liquidez para el pago de deudas de impuestos que han llegado a tasas muy preocupantes o, lo que es grave, están tratando de convertir pesos a dinero fuerte por la inseguridad que se vive en nuestras calles y campos o la falta de norte claro que en muchos ámbitos estamos viviendo.
Hablando con grandes empresarios, por otra parte, se observa la preocupación que se tiene que las ventas en muchos sectores no están creciendo y en algunos casos han decrecido. Pero, lo más grave para nuestra economía es el pesimismo que nos está invadiendo ya que ese estado anímico si puede llevar a que la dinámica económica no sea la que esperamos.
Por otra parte, ya el número elevado de medianos e importantes contribuyentes que han adquirido residencia fiscal en otros países también es un tema que nos debería tener las alarmas prendidas ya que demuestra falta de credibilidad en el manejo económico y sobre todo en la estabilidad jurídica de los contribuyentes tanto en los impuestos nacionales como los municipales o catastrales que los ha llevado a tener que decidir en buscar países con mejor tratamiento fiscal impositivo.
Y qué decir de la avalancha de ciudadanos colombianos buscando otras nacionalidades como es el caso de quienes aprovechando la Legislación española sobre descendientes sefardíes están solicitando ciudadanía española. En este caso incluso el cupo que se había establecido para citas de colombianos se agotó y nuestros compatriotas están solicitando citas a través de Panamá, Ecuador, Argentina e incluso otros países centroamericanos más.
Como conclusión, son varios los aspectos que mostrarían que algo está pasando en Colombia que ha llevado a nuestros compatriotas a tomar decisiones nunca vistas y que nos pueden afectar en nuestro desarrollo económico, por lo que es bastante importante hacer una revisión de nuestras políticas y construir decisiones que generen credibilidad y confianza.

Bogotá, D. C, 28 de mayo de 2019

*Excomisionado de Paz 

@jairotevi

Por Jairo Gómez*.- Es tal la obsesión del Centro Democrático (CD) con el acuerdo de paz y su implementación, llámese Jurisdicción Especial para la Paz -JEP-, que busca cualquier pretexto para hacer implosionar la paz. Desintegrarla como se desintegra un edificio en desuso que hay que demoler.

Considera el CD que culpar a la JEP de poner en riesgo la figura de la extradición y sus consecuencias negativas en las relaciones con Estados Unidos es el camino más adecuado para desprestigiarla frente a la opinión pública y acude a los instrumentos más insospechados para hacerlo.

Por ello, sin pensarlo dos veces, raudos corrieron el senador Uribe y sus alfiles a la Casa de Nariño a proponerle al presidente Duque que decretara la conmoción interior tras la supuesta fatiga institucional que supuso la decisión de la JEP en el caso Santrich y la posterior renuncia del fiscal Martínez. La propuesta llevaba implícita la idea de cerrar la JEP, extraditar al exguerrillero y, por qué no, cerrar el Congreso y convocar una constituyente; no son elucubraciones mías, esas fueron las conjeturas que circularon en los pasillos del Congreso, cuando el expresidente, en su acostumbrado lenguaje hiperbólico, dijo que esta era la “crisis institucional del país más grave en 60 años”. ¡Por Favor! Como si hubiéramos nacido ayer.

Una contradicción que salta a la vista con el presidente Duque quien pregona a los cuatro vientos la legalidad como principio básico de su acción de gobierno, mientras que a su partido, el CD, le incomodan la Constitución y las leyes pues no les permiten sabotear el soporte legal en que se sustenta el acuerdo que garantiza la paz.

Sin embargo, no se dan por vencidos; ahora la senadora Paola Holguín del CD decidió denunciar, ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, a los magistrados de la Sección de Revisión de la JEP que aplicó la garantía de no extradición al exguerrillero Jesús Santrich.

En una maniobra absurda que devela impotencia y falta de solvencia política, resuelve tomar el arbitrario camino de demandar una decisión judicial, es decir cuestionar la decisión de los jueces, tras argumentar que los magistrados “prevaricaron al haber desconocido que la conducta del narcoguerrillero alias Jesús Santrich, se cometió con posterioridad a la firma de los acuerdos entre el grupo terrorista Farc y el gobierno de Juan Manuel Santos”; pero además intuye que “transgredieron los límites constitucionales y legales de sus competencia desconociendo caprichosamente el derecho aplicable y los que informaban fehacientemente los elementos probatorios de la Fiscalía…” 

Para ese argumento un contrargumento constitucional: El acto legislativo 01 de 2017 dice en su artículo 14 sobre “(el) Régimen sancionatorio de los magistrados de la JEP. Los magistrados de la JEP estarán sometidos al mismo régimen especial penal previsto para los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, así como al régimen disciplinario previsto por la ley para jueces y magistrados de las otras jurisdicciones. En todo caso no podrá exigírseles en ningún tiempo responsabilidad por los votos y opiniones emitidas en sus providencias judiciales, proferidas en espacio de su independencia funcional, sin perjuicio de la responsabilidad a la que haya lugar por favorecer indebidamente intereses propios o ajenos”.

La Constitución es clara y deja sin piso la desproporcionada denuncia, que en un acto de sindéresis, si es que lo tiene, la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes debe rechazar porque las decisiones de los jueces se respetan así no se esté de acuerdo con ellas, principio elemental en cualquier democracia.

No se puede coagular tanto odio contra el acuerdo de paz para no entender que los fallos de los jueces se acatan, salvo que las razones sean por otras y este no es el caso. Hacer populismo es clásico de los partidos débiles, ausentes de ideas nuevas y por ello recurren insistentemente a maniobras despreciables, instrumentos muy cotizados en las dictaduras.}

Bogotá, D. C, 28 de mayo de 2019

*Periodista y Analista Política

@jairotevi

Por: Guillermo García Realpe*. – El pasado martes 21 de mayo se llevó a cabo en la Comisión Quinta del Senado un interesante debate impulsado por nosotros y que tenía como objetivo visibilizar la gran tragedia ambiental que vive hoy Colombia por cuenta de la deforestación a gran escala que sigue en aumento en importantes regiones. 

Este control político estuvo muy concurrido, entre otros, asistieron el Ministro de Ambiente, el Ministro (e) de Justicia, las Viceministras de Agricultura y Defensa, varios directores de Corporaciones Autónomas Regionales y por supuesto; el pleno de senadores de esta célula legislativa, lo que demuestra la importancia del tema. 

Sigue siendo preocupante las altas tasas de deforestación que, cada año siguen y siguen en aumento en vastas regiones colombianas, especialmente en la Amazonía, Orinoquía y el Pacífico colombiano. Preocupa también que Colombia siendo el segundo país del mundo con más biodiversidad siga acabando con nuestro medio ambiente, la riqueza hídrica, los ecosistemas, en fin, con su fauna y flora, éste problema merece toda la atención nacional y es deber de todos ayudarlo a contrarrestar. 

Necesitamos posicionar el tema de la deforestación en Colombia como un tema principal y prioritario en la agenda nacional, en la medida que hoy está los cultivos ilícitos o el tema de orden público y seguridad, esto para que todo el sector público; nacional, regional y local, al igual que el sector privado y la sociedad colombiana entendamos que tenemos que enfrentar con una actitud estructural y de mucho compromiso. 

Hay muchas normas constitucionales, legales, muchos decretos, resoluciones, muchos protocolos, muchos acuerdos, pero al final de la tarde muy pocos resultados. Estamos ya bordeando para este año las 300 mil hectáreas deforestadas, fundamentalmente en la Amazonía colombiana. Se trazará una ruta entonces de lucha contra la deforestación y otros crímenes ambientales. 

Es preocupante que cuatro departamentos entre ellos Caquetá (33%), Guaviare (21%), Meta (20,5%) y Putumayo (7,2) concentren más del 80% de la deforestación  con 179 mil hectáreas devastadas en esas zonas tan sólo durante el 2017. Para el 2018 la cifra ya alcanzó las 270 mil hectáreas, algo realmente desastroso y triste. 

El debate también arrojo que siete municipios concentran el 50% de la deforestación, ubicando a San Vicente del Caguán, Cartagena del Chairá, Solano (Caquetá), La Macarena (Meta), Calamar, El Retorno y San José del Guaviare en ese penoso top. 

El Gobierno Nacional a través del Ministro de Ambiente, Ricardo José Lozano, destacó la importancia del artículo 10 dentro del actual Plan Nacional de Desarrollo donde se establece la creación del Consejo de Lucha Contra la Deforestación y otros Crímenes Ambientales, que propenderá por la defensa del agua, la biodiversidad y el medio ambiente. 

De la misma manera las Viceministras de Agricultura y Defensa, reiteraron el compromiso de esas carteras para frenar este flagelo que está acabando con nuestros bosques. 

Desde las entidades gubernamentales que tienen que ver con éste tema, ya se han logrado  ocho intervenciones en el territorio, con 88 procesos sancionatorios, y se han firmado acuerdos de cero deforestación con sectores ganaderos, palmicultor y de lácteos. El Gobierno tiene estimado una meta para sembrar 180 millones de árboles y restablecer 900 mil hectáreas nuevas dentro del programa agroforestal del Ministerio de Agricultura, se espera también que a finales de éste año, ocho Parques Nacionales Naturales estén libres de cultivos ilícitos. Estaremos muy atentos a estas proyecciones y metas para hacerle seguimiento y exigir que efectivamente se hagan realidad.

Así mismo, desde el Ministerio de Justicia se tramita un proyecto de Ley que aumentaría las penas a los grandes responsables de la depredación ambiental en todas sus cadenas, aspecto que celebramos. 

No podemos permitir que la deforestación, la minería ilegal, los cultivos ilícitos, las malas prácticas ganaderas y la ampliación de la frontera agrícola, sigan siendo las principales amenazas ambientales hoy en Colombia. ¡Es tarea de todos frenarla! 

En ese orden de ideas una serie de posibles soluciones que planteamos en el debate, podrían contener el flagelo de la deforestación en Colombia, por ejemplo, el Estado tiene que elevar a nivel prioritario las acciones y medidas contra la deforestación, deben haber medidas penales, fortalecimiento administrativo y financiero de autoridades ambientales y de control, más educación y formación no sólo escolar sino de comportamientos ciudadanos y de los servidores públicos, articulación institucional de autoridades ambientales, administrativas, Fuerza Pública y judicial. 

Adicional a esto debe haber una agricultura sostenible, con limitación de la frontera agrícola, y hacer un pacto intergeneracional por la vida del Amazonas y normalizar la posesión de títulos de pequeños propietarios con proyectos agroforestales y poner en marcha en el menor tiempo posible el Consejo Nacional de Lucha Contra Crímenes Ambientales y Deforestación. 

Esta sería una hoja de ruta clara para evitar más depredación ambiental, frenar la deforestación en Colombia y estar en #PazConLaNaturaleza. 

Bogotá, D. C, 27 de mayo de 2019

*Senador Liberal

@GGarciaRealpe

Por Amylkar D. Acosta M*.-Colombia es reconocida como el país con la mayor biodiversidad por kilómetro cuadrado del mundo y cuenta, además, con todos los pisos térmicos, pero, paradójicamente, según las Naciones Unidas, se cuenta entre los veinte países con mayor vulnerabilidad frente al cambio climático.

Colombia, según el más reciente reporte cartográfico del Instituto Von Humboldt Colombia posee 37 complejos de páramos, 50% de los páramos del planeta, todos ellos, a excepción de los de la Sierra Nevada de Santa Marta, ubicados en la cadena montañosa de la cordillera de los Andes. El de Sumapaz es considerado como el más extenso del planeta. Solo hasta el año pasado se alcanzaron a delimitar, aunque la delimitación de Santurbán la tumbó la Corte Constitucional, al resolver un recurso de tutela y dejar sin efecto la Resolución 2090 de 2014 que lo había delimitado. Colombia dispone, además, de 59 parques naturales terrestres y marinos, los cuales abarcan el 11.2% del área continental y el 15% del área marina.

Existe una gran imbricación entre los bosques y el agua, de la cual se sirven para refrescarse a sí mismos y a su entorno, liberando humedad a la atmósfera, la que luego retorna con las lluvias. Un grupo de 50 expertos, liderados por la Unión Internacional de Organizaciones de Investigación Forestal, después de revisar con todo el rigor científico más de mil publicaciones sobre la interrelación entre los bosques y el agua, llegó a la conclusión que entre la evaporación del agua y la transpiración de las plantas en la superficie terrestre contribuyen de media al 63% de las precipitaciones. Esto es lo que se conoce como el ciclo hidrológico.

Las plantas, además, tienen la virtud de capturar el CO2 que flota en el medioambiente y libera oxígeno a través de sus estomas, un proceso inverso al de los humanos que inhalan oxígeno y exhalan CO2. Y de contera, la vegetación  contribuye a la conservación, reproducción y desarrollo sostenible de todas las especies que habitan el globo terráqueo, incluido el ser humano.

Pero la deforestación galopante es la peor amenaza  que se cierne sobre esa gran biodiversidad, especialmente en la zona amazónica. El caso más patético es el del Parque Nacional Natural Serranía Chiribiquete, el cual junto con la Sierra de Nuquén y la Serranía de la Macarena son los sistemas montañosos más importantes de la Amazonia. El mismo fue incluido por la UNESCO en 2018 en la Lista de sitios Patrimonio Mundial de la Humanidad, siendo catalogado como el único sitio mixto cultural y natural de Colombia, destacándose por sus características geológicas y por el asentamiento de comunidades aborígenes, así como especies endémicas. La mezcla del paisaje natural y el arte rupestre plasmado en las paredes de estas gigantes mesetas, en donde se han podido develar 70 mil pinturas indígenas, le han merecido el calificativo de la “Capilla Sixtina de la Amazonia”. Según estudios antropológicos se ha podido establecer que las mismas datan de más de 20 mil años. La película Magia salvaje le reveló al mundo la belleza y el embrujo de esta maravilla.

Pues bien, como la mayor deforestación se viene dando en la Amazonia, se está poniendo en entredicho no sólo su integridad sino la conectividad ecológica regional, así como la conexión natural entre este parque y las áreas protegidas que lo circundan. Al ecocidio provocado por la deforestación se viene a sumar la amenaza de un etnocidio, toda vez que está poniéndose en grave riesgo la supervivencia de los pueblos indígenas asentadas allí en aislamiento voluntario. Se teme que se repita la tragedia que vivieron los Nukak Maku hace más de 30 años, que los llevó a su virtual extinción.

Y es justamente en la Amazonia en donde, de acuerdo con World Resources Institute, se capturan 140 toneladas de carbono por hectárea, la mayor densidad en el mundo de carbono almacenado como biomasa. Por ello es considerado el pulmón del mundo. Pues bien,  según el IDEAM, allí se concentra el 75% de la deforestación en Colombia, siendo los departamentos de Caquetá, Meta y Guaviare los más afectados con 49 puntos porcentuales, 13.1 puntos porcentuales y 9.8 puntos porcentuales, respectivamente, con 43.000 hectáreas deforestadas. Con ello se está poniendo en riesgo la conexión y la conectividad entre la Amazonia y los Andes.

Ello es alarmante, tanto más si tenemos en cuenta que, en un editorial para la revista Science Advances titulado “el punto de no retorno de la Amazonia”, el científico Thomas Lovejoy, profesor de ciencia ambiental en la Universidad George Mason (EEUU) y el profesor Carlos Nobre, miembro de la Academia de ciencias de Brasil, conceptuaron que, según sus cálculos en los últimos 50 años la deforestación ha acabado con el 17% de la vegetación de la Amazonia y si llega al 20% la conexión hidrológica entre los Andes, esa región y el Atlántico se volvería insostenible”. Este ecocidio hay que atajarlo y cuanto antes mejor.

Bogotá, mayo 25 de 2019

*Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía.

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