Opinión

Por Víctor G. Ricardo*.- Con el inicio de septiembre, el cronómetro para lograr la formación de Gobierno y evitar la celebración de nuevas elecciones generales en España se ha puesto en marcha.

Sin embargo, tras las infructuosas negociaciones entre el PSOE y Unidos Podemos (UP) que culminaron en la investidura fallida del pasado 25 de julio, lejos estamos de poder afirmar que se han registrado avances y que los líderes políticos de las distintas formaciones acerquen posiciones.

Al contrario, tras las primeras reuniones entre los equipos negociadores, la UP sigue firme en sus exigencias de formar un “gobierno de coalición”, en el que se integren Ministros de dicho partido, mientras que el PSOE sigue abogando por un “gobierno de cooperación”, para lo que ha presentado un programa con 370 puntos en el que se han integrado muchas de las reivindicaciones de UP, aumentando así la presión sobre el grupo de Pablo Iglesias para que apoye la investidura de Sánchez.

Si bien es cierto que nadie parece desear la celebración de nuevas elecciones (un 80% de los votantes de PSOE y UP estarían en contra de la repetición de elecciones, según encuestas publicadas el pasado fin de semana en España). Según las mismas encuestas, Pedro Sánchez sería el gran beneficiado en el caso de que llegasen a celebrarse, ya que podría incluso sumar mayoría absoluta con UP y con el PNV. Recordemos que ahora necesitaría también el apoyo de independentistas catalanes. Por su parte, UP seguiría perdiendo representación (7 escaños menos, según las encuestas), confirmando su progresivo y continuado descalabro. Estos pronósticos no hacen más que poner presión sobre Pablo Iglesias para que flexibilice sus posiciones y favorezca la investidura de Sánchez.

El presidente en función ha sabido utilizar muy bien los tiempos y podría decirse que se encuentra ahora en una situación ventajosa. En una semana clave para la formación de gobierno, el PSOE se encuentra anclado en el bloqueo político al apenas ofrecer nada a UP (lejos queda ya su oferta de vicepresidencia social que Pablo Iglesias desechó en julio).

Desde esta posición puede esperar a que UP ceda en sus exigencias y se avenga a apoyar la investidura o, en caso contrario, se desemboque un nuevo contexto electoral en el que Pedro Sánchez tiene muchas posibilidades de reforzar su mayoría.

Con todo, es deseable que Pedro Sánchez no apueste a unos nuevos comicios y busque por todos los medios formar un gobierno estable en España lo antes posible capaz de hacer frente a los retos a los que se enfrenta el país. Tanto el contexto de desaceleración económica mundial como los vaivenes del Brexit exigen un gobierno plenamente operativo y preparado para tomar decisiones. Sin olvidar la cuestión catalana, al estar la sentencia del “proceso” a punto de ver la luz. Y, como apuntara Felipe González hace unos días, que “se respeten las reglas del juego”, en el sentido de que el presidente no deje de ser presidente (que tenga la facultad de nombrar y cesar a sus ministros). 

Los próximos días serán cruciales para ver si Pedro Sánchez y Pablo Iglesias logran un acuerdo de investidura que tendrá que producirse, en todo caso, antes del 23 de septiembre. De no alcanzarse, se disolverán automáticamente las Cortes Generales y se procederá a la convocatoria de elecciones generales en noviembre.

Bogotá, D. C, Septiembre 11, 2019    

*Excomisionado de Paz.

Por Amylkar D. Acosta  M*.- Se pretende por parte de Ministro carrasquilla reducir el tamaño del Estado y por esta vía reducir el gasto, el cual pasó de representar el 16.8% del PIB en 2013 al 15.6% en 2018 y ahora el Gobierno se propone reducirlo, una vez más, hasta el 15.4% en 2022. Pero, según las conclusiones a las que arribó la Comisión del gasto y la inversión pública, “el gasto público tiende a aumentar como proporción del PIB a medida que los países se desarrollan, reflejando la creciente demanda de servicios públicos”.

Y, como lo sostiene Jorge Iván González, uno de los integrantes de dicha Comisión, de acuerdo con la Ley de Wagner, el gasto público crece inercialmente  como porcentaje del PIB en todos los países y Colombia no es la excepción. El gasto público, según la Comisión del gasto, está indexado de un año a otro a ritmos del 4% real anual. Es más, como lo dice él, “a medida que las sociedades son más complejas, el gasto público tiene que aumentar para poder responder a las necesidades colectivas. La Comisión del Gasto pone en evidencia el tamaño relativamente pequeño del Estado colombiano, cuando se compara con otros países de América Latina y, sobre todo, de Europa”. Refiriéndose al proyecto de Presupuesto, esto planteó Jorge Iván González: “lo peor que se puede hacer en este momento, si está aumentando el desempleo, es reducir la inversión pública”. Ello, además, le restaría impulso al débil crecimiento del PIB.

Es más, a juicio del Presidente de ANIF Sergio Clavijo “tampoco lucen realistas ni fundamentadas las pretendidas contracciones del gasto público del MFMP 2019, requeridas para terminar de cumplir las metas de la Regla fiscal. …la administración Duque tuvo que recurrir a incrementar el gasto público por un 1% del PIB durante su primer año de gobierno. Esto indica que el track-récord da poca credibilidad a este esquema, así algunos consideren que las ´pataletas presupuestales´ del Ministro sean una garantía”.

En cuanto a los ingresos se refiere, el Ministro de Hacienda viene haciendo cuentas alegres, como las de la lechera de Samaniego, que enseñó la vanidad de girar sobre el futuro cuando ni el presente está seguro. Veamos: se aduce que al reducir la tarifa efectiva que deben tributar las empresas se mejora la tributación neta 0.8 puntos porcentuales, elevándola al 14.7% del PIB para el 2022, de los cuales 0.4 puntos porcentuales serían atribuibles a “gestión  fiscal” por parte de la DIAN. El Ministro Carrasquilla, como el ex presidente de EEUU Ronald Reagan, cree a pié juntillas en la curva de Laffer, que debe su nombre a un reputado economista que en los años 80´s justificó los recortes de la tasa impositiva pretextando que de esta manera aumentaba el recaudo. El Nobel de Economía Paul Krugman lo ha rebatido apoyándose en la experiencia empírica, que se repite con Trump, que va a contrapelo de la misma.

Y la otra cara de la moneda está representada por el costo fiscal de la Ley de desfinanciamiento, como la llama ANIF, que se calcula en $10 billones para el año entrante. Sólo por concepto de la reducción de la tarifa del impuesto de renta se dejará de recaudar en el 2020 $1 billón, por el descuento del 100% del IVA en la compra de bienes de capital $6 billones por año y el descuento del 50% del impuesto de industria y comercio $1 billón anual. Como lo sostiene el

experto en economía Johns Hopkins “la Ley de Financiamiento salió mal: si bien bajó los impuestos empresariales, como había prometido el presidente en campaña, lo hizo a costa de dos males. El primero, una larga lista de exenciones y tratamientos especiales injustificados que premian a aquellos con capacidad de lobby o a los que tiñen su actividad con ciertas características cromáticas anaranjadas; y, el segundo, al recaudarse menos de lo que el plan de gobierno requiere, las cuentas públicas se descuadraron”.

Además, los resultados que se esperaban con el alivio tributario a las empresas siguen sin impulsar el crecimiento, al punto que la Junta directiva del Banco de la República redujo su previsión de crecimiento del PIB para este año del 3.5% al 3.1%. De hecho, después de crecer en el primer trimestre el 3.1%, para modo de alcanzar la meta del 3.6%, que el Ministro Carrasquilla ha convertido en su mantra, la economía tendría que crecer en el segundo semestre por encima del 4%, lo cual es muy difícil, sobre todo si tenemos en cuenta el freno al crecimiento de la economía global y los amagos de recesión en la economía estadounidense a consecuencia de la guerra comercial entre las dos grandes potencias, China y EEUU. Y no hay que olvidar que cada punto del PIB del crecimiento representa recaudo del orden de los $2 billones, aproximadamente.

Tampoco se ha traducido  en mayor generación de empleo, por el contrario el desempleo volvió a los dos dígitos y sigue creciendo. En lo sucesivo, los beneficios tributarios o de otra índole que se dispensen a los contribuyentes a manera de incentivos o estímulos deberían estar condicionados al cumplimiento de los fines que los justifican. 

Bogotá, D. C, 9 de septiembre de 2019

*Expresidente del Congreso y exminixtro de Minas y Energía

www.amylkaracosta.net

Por Guillermo García Realpe.- Los hechos recientes de violencia registrados en los últimos días en los departamentos del suroccidente del país, ameritan un análisis profundo y una reflexión de gran rigor.

No es un secreto que se le está saliendo de las manos el Cauca, la Costa Pacífica y el país al Estado colombiano y al Gobierno del Presidente Iván Duque, los bandidos ya campean hasta en las rutas fluviales y nosotros fuimos testigos directos en días pasados.

Contrarrestar el accionar delincuencial no es con pronunciamientos, ni con pañitos de agua tibia, es con resultados y con toda la contundencia institucional y de sus Fuerzas del orden.

Lo que se viene presentando en el departamento del Cauca es de absoluta gravedad, uno de los casos más crueles y atroces, el sucedido recientemente contra la vida de Karina García Sierra, candidata a la alcaldía del municipio de Suárez por el Partido Liberal, Karina y otras cinco personas, incluida su señora madre fueron ultimados e incinerados en momentos en que desarrollaban labores propias de su actividad política por la zona rural de Betulia en ese municipio.

No sólo murió la candidata, que seguramente sería la alcaldesa de la población, murió una madre, murió una joven líder que se abría pasos en la política regional y murió una valiente mujer que desafío todas las amenazas locales que tenía a su alrededor.

Las víctimas fueron atacados por desconocidos, al parecer integrantes de grupos armados ilegales que operan en la zona, de la manera más brutal, episodio que nos recordó otros, igual de atroces, ocurridos en décadas anteriores cuando la época de la violencia acorralaba a los colombianos.

Karina García, es la víctima número 210 en la era del Gobierno del Presidente Duque y es la víctima 103 del año 2019. Estás muertes no pueden quedar en una estadística más, pueden haber mil consejos de seguridad en Popayán y el Cauca, pueden ofrecer millonadas de recompensa, de nada sirve, ya acabaron con sus vidas. Por eso, hay que evitar a toda costa que nuevos actos de sangre y de violencia enluten a más familias colombianas.

Quienes somos defensores de la Paz y la reconciliación nacional, desde luego que condenamos y reprochamos de todas las formas este acto vil y cobarde que segó la vida de seis compatriotas de bien, no es posible que el Estado colombiano, que el Gobierno nacional no pueda garantizar a plenitud el derecho a la vida de las personas, que no brinde garantías de protección a sus ciudadanos, eso realmente es triste y deplorable. El Gobierno parece atado, amarrado, no despega, no brinda condiciones de seguridad a su gente, eso es triste y lamentable.

El país tiene que voltear su mirada al Cauca, un departamento hermoso, con toda la riqueza natural y ambiental, cuna del Macizo Colombiano, de ilustres e históricos personajes y de gente buena y trabajadora, pero hoy, la realidad es otra, el Cauca se ha convertido en escenario y cuna de unos pocos bandidos que hacen daño, que desplazan, que despojan tierras, que asesinan a quienes se oponen sus oscuras pretensiones.

Da impotencia ver en las noticias como en un solo fin de semana resultan muertas de forma violenta quince personas en el Cauca, sobre todo en municipios del norte, ese baño de sangre tenemos que pararlo. 

No es posible también seguir siendo testigos mudos ante nuevas oleadas de violencia, según la Misión de Observación Electoral –MOE-, en lo que va corrido de las campañas políticas, menos de dos meses, la cifra de candidatos a corporaciones públicas asesinados ya se eleva a cinco, ¡eso es algo irracional! 

Hoy el Cauca, Nariño y otros departamentos del suroccidente colombiano viven constantemente con la zozobra de las balas de los grupos armados ilegales, de las disidencias, de bandas criminales, que se disputan el control territorial por el dominio de las rutas del narcotráfico, y la pregunta es ¿qué pasa que las autoridades no atienden las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, ¿por qué no actúan a tiempo? 

Ojalá más temprano que tarde las autoridades den con el paradero de los responsables, autores materiales e intelectuales y sobre ellos recaiga todo el peso de la Ley. 

Nuevamente desde el Partido Liberal, enviamos nuestras profundas condolencias nuestro sentido pésame y nuestra voz de duelo para todas las familias que han perdido a sus seres queridos en estos cobardes y despiadados actos de violencia. 

Bogotá, D. C, 9 de septiembre de 2019

Guillermo García Realpe. Senador Partido Liberal

@GGarciaRealpe

Por Mauricio Cabrera Galvis*.- La desmovilización de 11.000 guerrilleros y la entrega verificada de sus armas es uno de los acontecimientos más trascendentales de la historia reciente del país, pues disminuyó la intensidad de un sangriento conflicto interno que dejó cientos de miles de muertos y millones de víctimas, y permitió que regiones azotadas por la guerra pudieran empezar a recibir los frutos de la naciente paz.

Por eso el anuncio de Iván Márquez y un reducido grupo de disidentes de volver a la guerra, con el supuesto motivo del derecho de levantarse en armas contra la opresión, es un duro golpe al proceso de Paz que se inició tras los Acuerdos de la Habana. Es una crisis que puede dar al traste con el proceso, pero también es una enorme oportunidad para fortalecerlo y apurar su consolidación. Todo depende que se haga con los disidentes.

A Márquez y su grupo que traicionaron el proceso hay que combatirlos con toda la fuerza del Estado. Lo mismo que a los otros grupos disidentes que nunca aceptaron el Acuerdo, y a la guerrilla del Eln que ha sido renuente a negociar; todos ellos son grupos armados residuales que viven de negocio ilícitos, que siguen con el discurso de la extrema izquierda del siglo pasado y ya no tienen justificación política ni ideológica para la lucha armada.

Pero hay que recordar que esos grupos no son los únicos disidentes que no aceptan las reglas y condiciones pactadas en el Acuerdo de Paz y quieren acabarlo. En la extrema derecha también hay grupos que quieren volver a la guerra: unos que ya empezaron por las vías de hecho asesinando a líderes sociales y excombatientes, y otros que con medios legales y jurídicos quieren volverlo trizas. Como los extremos se juntan, estos disidentes de derecha son los más beneficiados con la disidencia de Márquez.

Para fortuna del país la mayoría de los dirigentes políticos, de los partidos y de los funcionarios del Estado han rechazado a todos los disidentes y han reiterado su decisión y compromiso de continuar con lo pactado en el Acuerdo de Paz.

Los primeros en rechazar y condenar las acciones de Márquez fueron los del partido de las Farc (que ya deberían pensar en cambiarse el nombre). Rodrigo Londoño, su director y ex comandante de la antigua guerrilla, calificó el anuncio como una equivocación delirante, frente a la cual dijo “Sentimos vergüenza y pedimos perdón a los colombianos”; además reiteró que a pesar de las demoras en la acción del Estado para la reincorporación de combatientes, más del 90% de los desmovilizados se mantienen firmes en el proceso.

En el otro lado, frente a los llamados de algunos políticos nostálgicos de la guerra de sacar el Acuerdo de la Habana de la Constitución e incumplir lo pactado, el rechazo del presidente Duque fue contundente: “Mantenemos nuestro compromiso con quienes están avanzando genuinamente en el proceso de reintegración (....) Nuestro mensaje es claro: quienes han optado por el camino de la legalidad bajo los principios de justicia, reparación y no repetición, seguirán contando con el compromiso del Estado”.

Esa voluntad manifiesta de las dos partes de honrar sus compromisos es la mejor manera de derrotar a los disidentes que quieren volver a la guerra, siempre y cuando vaya acompañada de mayor presencia del Estado en los territorios que han sufrido el conflicto.

Bogotá, D. C, 8 de septiembre de 2019

*Filósofo y Economista. Consultor

Por: José Félix Lafaurie Rivera*.- Si un gerente insta a sus vendedores a hacer “su mejor esfuerzo” para doblar las ventas, espera que visiten más clientes y revisen estrategias; no que ataquen competidores ni sobornen encargados de compras. Cuando le decimos a un hijo que haga lo necesario para salvar su año, esperamos que sacrifique diversiones y estudie; no que amenace al maestro o haga trampa en los exámenes.

Quien entienda lo contrario tiene un problema de valores o persigue oscuros intereses. No fue el caso de la oficialidad de Ejército frente a la directiva de su comandante, pero sí el del periodista del New York Times, quien, ladinamente y después de aclaraciones juiciosas del general Martínez, decidió que pedirles a los soldados mayor efectividad en la lucha contra el delito, siempre ajustados a la Constitución y la Ley, era una invitación a la ilegalidad y al crimen.

¿Qué hay detrás? ¿Por qué el ocupado senador Leahy, no solo arremete contra una senadora colombiana que defiende al Ejército frente a los infundios de un periodista simpatizante de las Farc, sino que, vestido de defensor de la libertad de prensa a ultranza, conmina al Gobierno a exigirle pruebas a María Fernanda Cabal y a emprender contra ella una “public denunciation”?

Hay que tirar de la cuerda para desenredar la madeja. No es nuevo en Leahy el atrevimiento de hacerle “exigencias” al gobierno en favor de la izquierda. En 2002 intentó sabotear el Plan Colombia contra el narcotráfico, cuando ya las Farc eran los mayores narcotraficantes. Y para no ir tan lejos, hace ¡15 días! firmó una carta al presidente Duque en la cual, después de restregarle la ayuda –es presidente del Comité de Apropiaciones–, con tonito extorsivo cuestionó el nombramiento del general Martínez y la cúpula militar.

¿Qué hay detrás de esa carta? Dos meses antes, el señor Vivanco (Human Right Watch), publicó un informe en el que este autoproclamado “juez universal” condenó sumariamente al general y a la cúpula bajo el título: “Colombia. Nuevos comandantes del Ejército asociados con asesinatos”. Por ahí va el agua al molino. HRW hace su tarea de deslegitimar al Ejército; unos honorables senadores estadounidenses la validan y un prestigioso diario la mediatiza ante el mundo.

¿Para qué deslegitimar al Ejército?: Para neutralizarlo en su lucha contra la herencia maldita de 200 mil hectáreas de coca, con estrategias paralelas, además, como evitar a toda costa la aspersión con glifosato. ¿Pero…, para qué sabotear la lucha contra el narcotráfico? Porque es la Caja de Pandora de donde salieron todos nuestros males; la maldición que nos convierte en Estado fallido; raíz de la corrupción, la violencia urbana y la lucha por los cultivos ilícitos y las rutas de la droga.

El fracaso contra el narcotráfico, sumado a la protesta callejera permanente –una amenaza de Petro– y el llamado “litigio estratégico”, cuyo último capítulo es el ataque para deslegitimar al Ejército, es una estrategia de la izquierda con la complicidad de un “centro” ambivalente, y el apoyo externo de HRW, Leahy, el Foro de Sao Paulo y el Socialismo del Siglo XXI, cuya dictadura se resiste a caer en Venezuela, gracias al narcotráfico que corrompe la cúpula militar, la misma que sostiene a Maduro. Siempre el narcotráfico.

Su norte: minar la gobernabilidad de Duque y, de paso, enemistar a Colombia con Estados Unidos –el imperialismo yanqui–. ¿Para qué?, ¿a quién le interesa el fracaso del gobierno Duque? Sencillo: a la izquierda, para que Petro llegue a poner las cosas “en su sitio” en 2022. Si el país no despierta, ¡que Dios nos coja confesados!

Bogotá, D. C, 7 de septiembre de 2019

*Presidente de Fedegan

@jflafaurie

Por: Mons. Luis Fernando Rodríguez Velásquez *.- Bautizados y enviados, es el tema básico que tendrá la misión extraordinaria pedida por el Papa Francisco, para el próximo mes de octubre. Esta misión se llevará a cabo en todo el territorio nacional. Es oportuno señalar, que, en el caso de la Arquidiócesis de Cali, esta misión extraordinaria, se inserta en el plan pastoral arquidiocesano, que incluye la misión permanente como acción ordinaria y cotidiana. De hecho, a lo largo del año, iniciativas tendientes a la realización de la misión de octubre, y otras actividades misionales se han venido realizando.

Para la misión toda la comunidad debe prepararse. ¿Cómo? Primero con la oración. Recordemos que, en el mes de la misión, celebramos la memoria de la patrona de las misiones, Santa Teresita del Niño Jesús, quien, desde la clausura, oraba sin cesar por las misiones.

Segundo, las asambleas pastorales parroquiales deben estudiar. Bajo el liderazgo del párroco, han de estudiar los temas, los modos, los tiempos, los destinatarios de la misión. A través de la acción pastoral de la Iglesia, el Señor Jesús nos elige y envía a la misión.

Tercero, se debe hacer una aproximación locativa particular. La idea de la misión es hacer caso al Papa Francisco que nos invita a “callejear la fe, para llegar a los más alejados”. Si la misión se reduce solo a los que van a misa, se queda en la mitad del camino. Pero no. De lo que se trata es precisamente llegar a los que se han distanciado o no conocen a Jesucristo. Si una parroquia tiene 10.000 habitantes, y en las misas dominicales, por ejemplo, solo asiste el 10%, es decir, 1.000 feligreses, ¿qué hacer con los otros 9.000?, pues hacerles la misión, llevarles con cariño el mensaje de salvación predicado por Cristo. De eso se trata.

Cuarto, tomar conciencia de que el bautismo nos hace testigos, misioneros del Evangelio de Jesucristo.

Quinto, ser valientes. En los tiempos actuales, se requiere en el misionero valentía, creatividad, entusiasmo, perseverancia. Las palabras de Jesús han de resonar en cada momento de la acción misionera: “En el mundo tendrán tribulación. Pero ¡ánimo!, yo he venido al mundo” (Jn. 16, 33). “Y no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma; … Por todo aquel que se declare en favor mío ante los hombres, yo también me declararé en su favor ante mi Padre que está en los cielos” (Mt. 10, 28. 32).

Y, “vayan, pues, y hagan discípulos a todas las gentes bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo” (Mt. 28, 19 - 20).

Por todo esto, ¡ánimo, el Señor nos envía a la misión!

Bogotá, D. C, 7 de septiembre de 2019  

+Luis Fernando Rodríguez Velásquez

Obispo Auxiliar

Por Gabriel Ortiz*.- Nadie puede llamarse a engaño, y mucho menos quienes alborozadamente acudieron “emberracados” a las urnas para llevar el Centro Democrático al poder. Los timaron, los desorientaron y les dibujaron los otros partidos o movimientos como pandillas de comunistas de extrema izquierda. Macartismo a la colombiana.

Solo después del “ojo afuera”, se han ido enterando de lo que ya se nos vino encima. Durante la campaña, se advirtió clara y contundentemente que la paz no iría más, que era impunidad, que iba contra todos los principios, que Santos le había regalado el país a las Farc, que seríamos otra Venezuela. Y todas las promesas –las malas- se han ido cumpliendo: la paz agoniza, no se han cumplido los acuerdos, e inclusive ya somos Venezuela.

El uribismo aprovecha todas las oportunidades para cerrar cualquier posibilidad de que ese 98% de exguerrilleros sigan en paz, sin armas y con firmes propósitos de convivencia y productividad, a pesar de las dificultades que deben superar para sacar sus productos a los mercados. Claro que Santrich y Márquez, dieron con torpeza “papaya” al violar los acuerdos, pero estos “marquetalios” son un simple 2 por ciento, estimulado por Maduro, según las cifras oficiales.

Entre tanto aquello de restaurar las tierras, sigue recibiendo torpedos que buscan convertir en normas, leyes, resoluciones y decretos para impedir que se cumpla ese acuerdo.

La paz, no puede detenerse, no puede rendirse, no puede impedir la tranquilidad, la democracia, la igualdad y el equilibrio económico de este paciente pueblo engañado. El Presidente Duque expresa su propósito de defender los acuerdos, lo pregona y trata de actuar con firmeza, pero Uribe y sus huestes se atraviesan con ferocidad para resguardar y preservar lo que obtuvieron con el apoyo del paramilitarismo y la nefasta seguridad democrática.

Estamos regresando al pasado y sin Noticias Uno y otros medios que están en “capilla”. Durante la campaña, se advirtió claramente que el contrato del Canal Uno, sería “revisado”. Se injurió a las directivas de Noticias Uno, y se amenazó a sus periodistas, a quienes se calumnió para esconder la verdad e impedir las investigaciones que ese medio con valentía e independencia realizaba.

Se esperaba que le dieran una tregua y que respetaran la libertad de expresión, madre de la democracia, pero se vinieron con toda y obligan a los socios mayoritarios a cerrar el medio, dizque por cuestiones económicas. En el periodismo nadie duda que ahí está metida la mano dura de Uribe, quien no perdona que Coronell lo haya llevado a los estrados judiciales.

Ya los medios, todos los sectores y quienes no se “emberraquen” para defender al uribismo, están notificados: lo que se prometió en la campaña se cumplirá. Adiós sagrada democracia.

BLANCO: “Señores pasajeros de Avianca: favor asegurar su cinturón…” Así se paseaba por el mundo Julio César Luna, quien recibe un merecido homenaje del Círculo Colombiano de Artistas. Felicitaciones.

NEGRO: Con cuestionada prima a los trabajadores, quiere el senador Uribe destruir las Cajas de Compensación. Otra genialidad.

Bogotá, D. C, 6 de septiembre de 2019

*Exdirector del Noticiero Nacional y de Notisuper.

Por José G. Hernández.- El artículo 20 de la Constitución es muy claro, y vale la pena reproducirlo una vez más: "Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir sus pensamientos y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura".

Como se ve, para el Constituyente de 1991 la libertad de expresión y el derecho a la información son derechos humanos de primer orden, y lo propio encontramos en los Tratados Internacionales. Así, el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos de 1966 (Pacto de San José de Costa Rica) estipula que “toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”.

La libre expresión del pensamiento y el derecho a la información, así como la prohibición de la censura y la libertad de los medios de comunicación, son elementos esenciales para la supervivencia de una sociedad deliberante, madura, analítica y crítica. En la medida en que esos derechos fundamentales son restringidos; en que la independencia informativa es sancionada o perseguida; en que -invocando cualquier razón o motivo, bien sea político, económico o empresarial-, los medios independientes son condenados a desaparecer, el principio de la libertad resulta violentado; la vigencia de la democracia sufre detrimento y es ostensible el deterioro de la capacidad colectiva de evaluación de cuanto acontece.

En un auténtico sistema democrático, la libertad de los medios es el principio. Mientras mayores posibilidades existan para expresar y difundir las opiniones y las ideas se fortalezcan, más es la democracia. Mientras el público disponga de más canales y posibilidades de obtener información, libre, independiente, veraz e imparcial, será más consciente de los fenómenos y acontecimientos en que se desenvuelve la vida colectiva, y forjará sus propios conceptos y criterios de carácter político, jurídico, social y económico.

Por el contrario, al estar limitado el ciudadano a ver, escuchar y leer sobre una sola orientación ideológica o política, ve cercenada su libertad y resulta esclavizado y sometido.

Por ello ha sostenido la Corte Constitucional que el derecho a la información es de doble vía. Tanto tiene derecho fundamental a informar quien tiene la información como el hombre del común que busca y necesita la información. Ella debe ser veraz, imparcial e independiente.

No es buena noticia para un sistema democrático que sucumban los medios de información. Lo decimos por la anunciada desaparición del informativo de televisión “Noticias Uno”. Con independencia de la causa que provoque su salida del aire, es un golpe al derecho que tiene la sociedad a saber lo que pasa. Hoy es “Noticias Uno”. Mañana cualquier otro medio, de cualquier orientación.

Bogotá, D. C, 4 de 2019

*Expresidente de la Corte Constitucional

Por Víctor G. Ricardo.- Nadie podría decir que el anuncio de Iván Márquez acompañado de alias “El Paisa”, Jesús Santrich y otros miembros de las antiguas Farc no era esperada. Pero lo que si demuestra, es la falta que hizo que la política de paz fuera una política de Estado y no de gobierno. Este error ha hecho que la denominada paz pactada no sea lo suficientemente sólida con el apoyo de todos.

Cuando hablo de la paz lo hago usando el término que la gente frecuenta, porque con las guerrillas no se firma la paz sino un acuerdo de terminación del conflicto. La paz se debe construir para todos los colombianos y no es otra cosa que acabar la pobreza, acercar el desarrollo a las regiones apartadas del país que no han tenido presencia del Estado y llevar educación, salud y trabajo legal a todos los rincones de nuestra territorio. En otras palabras, significa acabar el abismo que existe entre las ciudades desarrolladas y lo que el expresidente Belisario Betancur llamaba la “otra Colombia”.

Lo que no puede uno entender es como el ‘jefe negociador’ del proceso con las Farc es quien anuncia que regresan a las armas porque el gobierno no les ha cumplido. Lo que siempre debieron tener presente quienes suscribieron el acuerdo es que, si bien podía llevar a un gran avance, el mismo no era milagroso. Entre otras cosas, porque la verdadera paz no se decreta, sino que se construye y porque quienes actuaron de parte y parte eran conscientes de las circunstancias económicas por las que estábamos atravesando y lo poco viable que era cumplir de la noche a la mañana los acuerdos suscritos.

Ahora no es el momento para salir a hacer acusaciones de un gobierno a otro o hacer protagonismo de quienes se creen dueños del acuerdo para decir que ellos fueron los artífices de los convenios y otros los responsables de la actitud del señor Márquez y sus aliados.

Los únicos responsables del nuevo armamento de algunos desertores de los acuerdos alcanzados son ellos mismos.

Hoy hay que apoyar al gobierno, sin vacilación alguna, para que este actúe en el marco de la Constitución y las Leyes, en defensa del Estado de Derecho y persiga a quienes amenazan con armas ilegales a las instituciones y al pueblo colombiano.

Las expresiones de los señores Márquez y Santrich en el sentido que actuarán contra la oligarquía y el establecimiento no es otra cosa que una amenaza de terrorismo.

Todos los colombianos queremos la paz y no la guerra.

Quienes habitan en la mayoría de los territorios antes rodeados por el conflicto hoy viven en un ambiente de paz que hay que defender.

Los delincuentes no van a doblegar el poder de la institucionalidad y la Ley.

Hoy no requerimos de divisiones y protagonismos inútiles. Lo que necesitamos es que nuestras fuerzas usen la inteligencia y el conocimiento para evitar actos de terrorismo que nos podrían llevar a un ambiente de pesimismo y confusión.

Es la oportunidad para que el Presidente de la Republica ejerza su liderazgo y comande acciones que nos unan, para actuar en defensa de todos los colombianos y los anhelados sueños de paz que hay que convertir en realidad, en el marco de la Constitución y las leyes de la República.

Bogotá, D. C, 4 de septiembre de 2019

*Excomisionado de Paz

Por Jairo Gómez*.- ¿Qué se supone que debemos deducir del sorpresivo anuncio de que Noticias Uno se va del aire? ¿Es en verdad una decisión de índole empresarial la que prevaleció? Creo que la versión más cercana a la realidad es que la franja informativa de los domingos, bajo la batuta de Cecilia Orozco, se convirtió en un espacio informativo incómodo para el establecimiento colombiano.

Que no nos quepa la menor duda. Claro que hubo presiones y seguramente desde el gobierno se hicieron esfuerzos para que la programadora del periodista Daniel Coronel, muriera por inanición económica. Esa es la consecuencia de ejercer un periodismo independiente por fuera de lo políticamente correcto. Esta democracia no lo aguanta; su clase dirigente, inmadura e ignorante, no admite que se le cuestione sus fechorías y la perfidia con que manejan los asuntos públicos y privados. Por eso asesinaron a Jaime Garzón.

Que desaparezca un medio de comunicación que cumple con su deber de investigar, fiscalizar e informar sobre los abusos del poder, es un hecho que debe preocupar al gobierno del Presidente Duque, y a él personalmente, una figura joven que supuestamente derrocha cambio y modernidad más cercanos a la economía naranja que a las prácticas propias de una dictadura; debería entender que un medio de comunicación es imprescindible y más aún si ejerce su tarea fiscalizadora con independencia.

Es un mal presagio, si recordamos cómo desde los años noventa cuando los canales privados apenas despuntaban, los noticieros de televisión de la época -14 en total- luchaban por sobrevivir y paulatinamente los fueron disecando hasta desaparecer. Muchos medios de comunicación cerrados en menos de tres décadas en Colombia y sin embargo seguimos hablando de la democracia más antigua de América Latina. Esto, en un país serio,  no ocurre.

Similar a lo que acaeció con Noticias Uno, noticieros de la época como Uninoticias y Hora Cero, en su etapa final, que intentaban investigar, analizar y dar contexto a la información, dice el investigador Fabio López de la Roche en su texto “Las Ficciones del Poder”, también fueron desaparecidos de los canales públicos cuando existía el sistema mixto de televisión. Estos espacios se fueron del aire en los gobiernos de Pastrana y Uribe, gobierno este que pauperizó la televisión pública.  

Nunca los gobiernos reconocen que detrás de esas decisiones hay razones políticas y utilizan como mampara argumentos económicos para justificar el cierre de cualquier medio de comunicación. Resulta que ahora nos meten a los periodistas, desechables como dije en mi columna pasada, y a la sociedad en la llamada lucha por la cuota de mercado y en los vericuetos del rating para explicar la desaparición de un medio de comunicación, sin revelarnos el leitmotiv de la decisión que no es otra que ahogar económicamente la franja informativa cerrándole la posibilidad de acceso a la pauta publicitaria oficial, mecanismo invisible de chantaje para precipitar determinaciones como lo que pasó con Noticias Uno.

Para comprender lo que ocurre hoy con los periodistas y los medios de comunicación es necesario poner los ojos en el pasado, son más los medios cerrados que los  creados; y como quien compra una cadena de supermercados, el gran capital, haciendo gala de la supremacía económica, compra cuanta emisora, medio escrito o canal de televisión se le atraviese; por supuesto, no lo hace por razones altruistas, lo hace para quitarse del camino las verdades incómodas que nacen del periodismo independiente.

Bogotá, D. C, 4 de septiembre de 2019

*Periodista y Analista Político

@jairotevi