Opinión
Por Clara López Obregón*- En el mundo globalizado, permanecer estancado en discusiones circulares sobre temas ya resueltos es igual que echar reversa. Esa es la lección que nos deja el regreso a la lucha armada de unos y la insistencia en hacer trizas el acuerdo de paz de otros. La paz no tiene vuelta atrás y ahora todos lo sabemos.
Paradójicamente, el anuncio del regreso a las armas de los negociadores del acuerdo de paz, Iván Márquez y Jesús Santrich, ha servido de detonante de una nueva dinámica alrededor del debate de la paz. Ante la preocupación de unos y el deseo de otros de que el evento pudiera dar al traste con el proceso de paz, lo que se viene abriendo paso es un consenso mayoritario alrededor del cumplimiento de los acuerdos.
Las voces de la sensatez han primado sobre los tambores de la guerra. Tanto la apología de Iván Márquez –“ha comenzado la nueva Marquetalia”- como el oportunismo de Álvaro Uribe –“Hay que bajar esos acuerdos de la Constitución”- sonaron anacrónicos y cayeron en el vacío. No es que carezcan de audiencia sino que no reúnen la masa crítica para que una u otra alternativa luzca viable.
De ahí que mientras arrecia la polarización un tanto fabricada de las redes sociales, vaya cuajando el consenso en favor de la paz que hizo falta en el plebiscito. La polarización cambia de eje mientras el consenso en favor de la paz crece, aun cuando queda pendiente el debate sobre cuál es el modelo de paz buscado.
En este nuevo escenario la deliberación pública deberá afrontar debates de fondo. ¿Se está de acuerdo con limitar la paz al desarme, desmovilización y reinserción de los excombatientes o se exigirá la remoción de las causas objetivas que han servido de generadoras y justificadoras del conflicto armado? Se trata de la conocida disyuntiva entre paz negativa y paz positiva que no está resuelta.
Un primer paso consiste en superar la discusión sobre la modificación de lo pactado, principalmente en lo relativo a la JEP. El incipiente consenso mayoritario en favor de la paz debe empezar por declarar superado el intento de modificar los acuerdos de paz que tanto desgaste le ha producido al gobierno, al Congreso y la sociedad.
Enseguida, las fuerzas de la paz deben proceder a elaborar una agenda propositiva para abordar los temas relacionados con la reforma rural integral, hacer un balance de lo que se requiere para cumplir con la implementación de los acuerdos y proceder a avanzar en materia de “desfeudalización” de los campos colombianos para que Colombia pueda convertirse en una potencia agroalimentaria, con un campesinado transformado en clase media rural, piedra angular de estabilidad y progreso.
Mientras se discutía el acuerdo de paz en La Habana, el presidente Santos repetía que el modelo económico no se discutía en La Habana. Los acuerdos tan difíciles de concretar ya se firmaron y en la nueva etapa, con el agotamiento del modelo del Consenso de Washington que ya señalan economistas libres de toda sospecha como Mauricio Cárdenas, el país debe empezar a proyectar un modelo propio de desarrollo que supere las dificultades del crecimiento sin empleo, de la falta de productividad y de las afugias fiscales permanentes.
El debate de la paz debe evolucionar y los sectores que la han defendido tienen la oportunidad de plantearse como alternativa a las fuerzas que se resisten al cambio. La paz ha cambiado al país y la totalidad del espectro político se abre a nuevas ideas y acoge opciones más progresistas, no solamente en Colombia, sino en Estados Unidos y otros lugares del continente y del mundo.
Es este el momento para las propuestas audaces pero sensatas que le infundan un sentido de propósito a la sociedad en su conjunto. Es el momento para reclamar la reindustrialización del país dentro del cauce de la productividad que ofrecen las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, las energías limpias y políticas públicas que redistribuyan equitativamente los beneficios del desarrollo.
En el mundo globalizado, permanecer estancado en discusiones circulares sobre temas ya resueltos es igual que echar reversa. Esa es la lección que nos deja el regreso a la lucha armada de unos y la insistencia en hacer trizas el acuerdo de paz de otros. La paz no tiene vuelta atrás y ahora todos lo sabemos.
Bogotá, D. C, 4 de septiembre de 2019
*Eministra de Trabajo y Exalcaldesa de Bogotá.
Por: Guillermo García Realpe*.- El anuncio reciente de algunos cabecillas disidentes de las FARC, como Iván Márquez, Jesús Santrich, “El Paisa”, entre otros, donde manifiestan volver a empuñar las armas, nos deja tristes a quienes siempre hemos defendido, confiado y respaldado la Paz de Colombia y la reconciliación nacional.
Frente a ese anuncio que puso al país en vilo, porque para muchos colombianos nuevamente está la sensación que suenan los tambores de la guerra, sobre todo en la otra Colombia, la Colombia profunda, marginal y excluida que es la que paga los platos rotos de la guerra y la que pone los muertos de humildes familias.
Sobre esto, tengo varias lecturas, conceptos, sentimientos, la verdad esto nos ha impactado mucho, pero en medio de esta circunstancia crítica de la Paz en Colombia, debemos guardar la cabeza fría y manifestar que el proceso de Paz que se llevó a cabo en años anteriores y que se selló con la firma definitiva en el 2016, es un proceso que sigue siendo histórico, que sigue siendo importante, y que ante la crisis de hoy debe reafirmarse mucho más.
El llamado es para que el Gobierno Nacional en cabeza del Presidente Iván Duque, reafirme la voluntad del Estado colombiano, no de su partido, porque como sabemos ese partido lo que ha hecho es dispararle a la Paz en muchas ocasiones. Fue el señor Fernando Londoño Hoyos, el director ideológico quien dijo que al proceso de Paz había que hacerlo trizas, cosa que deben estar celebrándolo los guerreristas y la gente que alrededor de la guerra tiene el negocio de suministrar los pertrechos, las fumigaciones, etc.
También un llamado a la sociedad colombiana, que a pesar de esta desorientación nos reafirmemos en el proceso de Paz, y también manifestarle a los desmovilizados, al partido político de la FARC a que sigan liderando, no es un secreto que el 90% de sus excombatientes le han venido cumpliendo al país, por supuesto que el Estado y el gobierno tienen que enviar mensajes de tranquilidad a todos los desmovilizados en los ETCR y a la gente que está en las regiones. Por parte del Congreso y especialmente desde el liberalismo seguiremos reafirmando nuestro apoyo al proceso.
Al país decirle que la Paz es la única vía, debemos ponerle bases al desarrollo y ponerle a fin a problemas graves como la pobreza, la marginalidad, la falta de oportunidades, la falta de desarrollo en nuestros departamentos marginados.
Todos sabemos que desde el centralismo bogotano, no se mira las dificultades que se viven en las regiones, lo que se vive por ejemplo en el Pacífico, que en medio de la pobreza, marginalidad y la falta de desarrollo campean las organizaciones al margen de la ley, o los grupos guerrilleros residuales o la guerrilla del ELN y ahora la nueva guerrilla que quiere retomar las armas y que ojalá rectifiquen y que vayan a cumplirle a la justicia transicional. Recordemos que Iván Márquez y Jesús Santrich, firmaron el acuerdo de Paz, no le pueden fallar al país.
Los amigos de la Paz estamos preocupados, pero optimistas de seguir trabajando, los guerreristas pueden estar de fiesta. Está crisis debemos superarla entre todos los colombianos que queremos y respaldamos la Paz.
Es momento de entre todos y todas cerrarle las puertas a la guerra y a la violencia que lo único que conduce es al caos, a aumentar la fábrica de víctimas y a posicionarnos de nuevo como un país violento ante el mundo, es hora de que todas las fuerzas que convergemos en la paz y la reconciliación nacional redoblemos esfuerzos para evitar que el sufrimiento y dolor de muchas familias se reviva, esa página oscura de la historia de nuestro país debe quedar atrás como el anhelo de unos pocos guerreristas que se lucran con el negocio de la guerra.
Es hora de decidirnos a tomar el camino de la Paz, ese camino que conduce a una verdadera transformación, a la reconstrucción del tejido social, la guerra además de cercenar vidas de compatriotas, es el mejor distractor para desviar la atención de los asuntos graves del país como la corrupción y como dijo el ex presidente Juan Manuel Santos y el jefe negociador Humberto de La Calle, la Paz de Colombia no tiene marcha atrás, y todos los colombianos debemos arroparla.
Bogotá, D. C, 2 de septiembre de 2019
*Senador del Partido Liberal
@GGarciaRealpe
Por Juan Camilo Restrepo Salazar*.- Los colombianos somos muy dados a las exageraciones. O todo o nada. Así viene sucediendo con la tan nombrada por estos días “economía naranja”. Jean Claude Bessudo, por ejemplo, afirmó que ella no es otra cosa que lo que acostumbramos llamar “rebusque”, minimizando así la importancia de la “economía naranja”.
Mientras tanto el Gobierno no habla de otra cosa últimamente. Para el observador desprevenido daría la impresión que toda la suerte de la economía y de la sociedad colombiana depende de lo que se está haciendo con la “economía naranja”. Que el Ejecutivo pregona en cuanto comunicado expide.
¿Al fin qué tan importante es la “economía naranja”? ¿Es ella un concepto nuevo o apenas un papel celofán con el que se envuelven ahora festivamente actividades tradicionales?
El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) publicó hace poco el primer reporte sobre la “economía naranja” correspondiente al periodo 2014-2018. En este reporte podemos encontrar la clave a varios de los interrogantes planteados.
Lo primero que hay que decir es que el concepto de “economía naranja”, en cuya presentación en sociedad jugó un papel muy importante el actual Presidente y entonces senador Iván Duque, promoviendo la ley 1834 de 1917, es, ante todo, una clasificación metodológica de actividades - antiguas unas y modernas otras- a las que el Consejo Nacional de “Economía Naranja”, creado por dicha ley, ha accedido a ponerles el sonoro rótulo de “economía naranja”.
Según el informe del DANE se define con este colorido rótulo 32 actividades totalmente creativas y 69 parcialmente pertenecientes a la “economía naranja”. Es evidente que a medida de que la economía se va modernizando aparecen y toman realce frente al pasado algunas de estas actividades.
Dentro del estudio del DANE, que se ha concentrado en las 32 actividades propiamente creativas, encontramos 3 grandes grupos: el primero agrupó a las artes y patrimonio que conforman las artes visuales, las escénicas y espectáculos, el turismo y patrimonio cultural, material e inmaterial, y la educación en artes, cultura y economía creativa. El segundo grupo lo conforman las industrias culturales convencionales, dentro de las cuales aparece la editorial, la fonográfica, la audiovisual, y las agencias de noticias y otros servicios de información. El tercero y último grupo está conformado por las llamadas creaciones funcionales, nuevos medios y software, entre los cuales aparecen los medios digitales y software de contenidos, el diseño y la publicidad.
Ahora bien ¿Qué tan importantes son las 32 actividades catalogadas por el DANE como actividades totalmente creativas, o sea, el núcleo básico de la “economía naranja” dentro del conjunto de la economía?
Dichas actividades representan el 1.9% del PIB nacional, y en su conjunto tienen un peso específico similar al de la construcción de obras de la ingeniería civil, o al suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado. Entre el 2014 y 2018 el peso de la “economía naranja” ha fluctuado regularmente entre 1.8% del PIB y el 2%.
¿Qué tanta gente ocupa dentro del mercado laboral colombiano la “economía naranja”? Según el último dato disponible (2018) la “economía naranja” ocupó a 282.566 personas, equivalentes al 2.6% del total de los empleos.
¿Cómo se compara la “economía naranja” colombiana con la que se observa en otros países? Según el estudio que hemos venido citando nuestra “economía naranja” se ubica en el rango medio bajo. Mientras que en una economía como la española tiene una participación del 2.60%, en Canadá 2.7%, en México 3.2%, en Chile 2.2%, nosotros con una participación en el valor agregado que ya mencionamos del 1.8%, apenas le ganamos levemente al Perú, cuyo peso relativo es del 1.58%.
En síntesis: más allá del excesivo optimismo que se trasluce de ciertas declaraciones gubernamentales, o del pesimismo de quienes la catalogan simplemente como el nuevo nombre “del rebusque”, podemos decir que la “economía naranja” en Colombia, sin ser la panacea, sí es un sector llamado a crecer con la modernización del país. Sin que su tamaño sea aún excesivo: Ni rebusque ni panacea.
Bogotá, D. C, 1 de septiembre de 2019
*Abogado y Economista. Exministro de Estado
Por Amylkar D. Acosta M*.- El Ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla presentó a la consideración del Congreso de la República el proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) 077 de 2018 para la vigencia 2020, aforándolo en la suma de $271.7 billones y lo ha calificado como “fiscalmente responsable”. Grosso modo sus principales rubros son estos: funcionamiento $172.1 billones (63.3%), deuda $59.3 billones (21.8%) e inversión $40.4 billones (14.9%). Los principales supuestos implícitos en este proyecto son los siguientes, soportados en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) presentado por el Gobierno en el mes de junio: crecimiento del PIB del 3.6% en el 2019 y 4.1% en 2020, tasa de cambio de $3.132 por dólar en 2019 y $3.151 en 2010 e inflación de 3.4% y 3% para los años 2019 y 2020, respectivamente. Cabe preguntarse qué tan realistas y realizables en la práctica son estas premisas.
Al presentar oficialmente el MFMP el Ministro Carrasquilla manifestó que “la mejor política fiscal es un mayor crecimiento económico y esa es la gran apuesta del Gobierno”. Y no le falta razón al Ministro, de modo que si él pierde su apuesta de crecimiento del PIB, como lo sostiene la calificadora de riesgo Moody´s, ello “podría llevar a un menor recaudo tributario, que requeriría un mayor esfuerzo fiscal para continuar reduciendo el déficit del Gobierno”. Y, como es bien sabido, la meta de este es la de reducir el déficit del 3.1% del PIB a 2.4% en 2019 y llevarlo hasta el 1.6% en 2020. Para ello será menester un fuerte apretón del gasto, máxime cuando según el propio Ministro el proyecto de presupuesto está desfinanciado en $8 billones.
No obstante, se ha ufanado el Ministro Carrasquilla de contar con un “panorama fiscal despejado” y hace alarde de “sobrecumplir” la meta del déficit fiscal de 2.7% para el 2019, la misma que había fijado el Comité consultivo de la Regla fiscal, luego de flexibilizar la meta inicial de 2.2%, a pedido del Ministro aduciendo la presión fiscal que significaba la avalancha migratoria de venezolanos. Claro está que, para mantener a raya el déficit fiscal del 2.4% del año anterior, se ha impuesto el Gobierno un ajuste fiscal sin precedentes de 0.7% del PIB al cierre de este año. Según el Ministro Carrasquilla, de este modo obtendría al final de este ejercicio, por primera vez desde 2012, un superávit primario de 0.6% del PIB para el 2019 y de 0.7% para el 2020.
Dada la inflexibilidad inherente del PGN, que supera el 80%, el gran sacrificado es el rubro de inversión, 14.5% menor del monto inicial aprobado en 2019 ($46.8 billones), antes del “aplazamiento” de los $7 billones, es decir $6.8 billones menos. Como lo sostiene ANIF “este ha sido el costo fiscal tras el fracaso de la Ley de financiamiento 1943 de 2018 en su intento de expandir la tributación del IVA a la tasa del 19%”. Y, lo que es peor, según ANIF, “aún falta por evaluar el drenaje tributario del IVA del combustible del 19% al 15% (estimado inicialmente en un 0.3% del PIB)”.
Según el Presidente de ANIF Sergio Clavijo, “el grueso del recorte fiscal va a reducir la formación de capital fijo público (carreteras, acueductos, energía), que del 2.2% del PIB en 2018 pasará a 1.4% en 2020, ese sí afectando el crecimiento” potencial. Preocupa sobremanera que la reducción del 80% del presupuesto asignado al Departamento Nacional de Planeación el próximo año, pasando de $360.000 millones a tan solo $75.888 millones. Ello estaría alineado con la propuesta frustránea en el trámite de aprobación del Plan Nacional de Desarrollo de quitarle el presupuesto de inversión a esta entidad y centralizar estos recursos en el Ministerio de Hacienda.
Un caso patético es el de los subsidios a los usuarios más vulnerables de los servicios de energía y gas. Según la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica, la suma apropiada para cubrir los subsidios de energía eléctrica y gas natural para la vigencia del 2020 es de $742.5 mil millones, que dista mucho de su requerimiento de $3.74 billones. La explicación del Ministerio de Hacienda estriba en que el Gobierno se propone racionalizar y focalizar dichos subsidios, pero mientras ello no se de la obligación del Congreso de la República es la de apropiar la partida necesaria y suficiente para cubrirlos, ateniéndose a la normatividad vigente.
Bogotá, agosto 31 de 2019
*Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía
www.amylkaracosta.net
Por Mons. Ismael Rueda Sierra*- Se disparó ya en el país, la agitación del proceso electoral para la designación de autoridades en departamentos y municipios. Experiencia a la que nos hemos ido acostumbrando en sus diversas manifestaciones por cuánto van formando parte de la cultura política y del así llamado ejercicio democrático. Cada vez tenemos que preguntarnos sobre la madurez alcanzada a medida que pasa el tiempo y las lecciones aprendidas, sea para realizar elecciones limpias y libres como para lamentar sus vicios e incoherencias.
Es propio del sistema de la democracia, recurrir al voto para elegir representantes y autoridades. Desde el punto de vista del discernimiento de la Iglesia en su pensamiento social, ésta “aprecia el sistema de la democracia, en la medida en que asegura la participación de los ciudadanos en las opciones políticas y garantiza a los gobernados la posibilidad de elegir y controlar a sus propios gobernantes, o bien la de sustituirlos oportunamente de manera pacífica” (C.A. #46). Una consecuencia primera de estas características es que no se puede admitir la formación de grupos dirigentes tipo “élite restringida” que, por motivos ideológicos o intereses particulares, someten a cautividad el poder del Estado. Por eso se necesita que exista un Estado de derecho que tenga en alta consideración la dignidad de la persona humana, sus derechos y una clara concepción del bien común.
Sin embargo, es recurrente observar, para el aseguramiento del poder, el recurso a alianzas entre grupos y partidos con tal de sumar, a como dé lugar, los resultados electorales deseados. Se ve a menudo entonces, sacrificado el anhelo de los ciudadanos de tener propuestas programáticas claras, coherentes con las reales necesidades actuales y visión de futuro, para ver a cambio ofertas que “engolosinan”, de coyuntura, que una vez asegurado el poder, tampoco se cumplen. Parece contradictorio que, en el panorama político contextual de los comicios electorales, por una parte, se vea la fragmentación y multiplicación de candidatos y grupos – en busca de avales y alianzas - y por otra, la polarización del país. ¿En este escenario, qué le espera a la anhelada unidad para construir y hacer sostenible una verdadera paz?
Es deseable que los partidos organizados, que en su estructura interna deben ser democráticos, ponderados en sus análisis y propuestas, asuman la tarea de favorecer la más amplia participación y el acceso de todos los ciudadanos a las responsabilidades que definen el bien común. Es necesario por otra parte, propender por el respeto recíproco de candidatos, de la ponderada e inteligente capacidad de escucha para decantar y precisar lo que constituyen acertadas propuestas y serios programas de solución a las necesidades de los ciudadanos.
Cuánto deben influir en este último aspecto los sistemas de comunicación y los medios de información como son las redes sociales, los espacios en radio y televisión y los espacios editoriales, para evitar la plaga de las “fakes news” o informaciones falsas o falseadas que tanto daño hacen a personas y grupos, lo mismo que a la seriedad y objetividad de las mejores propuestas y programas. De ahí, el manejo necesariamente ético de todos estos procesos para asegurar su trasparencia, resultados constructivos y paso adelante para vencer violencias, fanatismos y a cambio, suscitar responsable participación ciudadana, apoyados en la verdad, la solidaridad y equidad y en últimas, para favorecer condiciones de paz. Con mi fraterno saludo.
Bucaramanga 30 de agosto de 2019
*Arzobispo de Bucaramanga
Por Jorge Enrique Robledo*.-A una pregunta sobre el balance del primer año del presidente Duque, respondí: perdió el año, con bajísimas calificaciones, y eso que en mi larga experiencia docente no gané fama de profesor cuchilla. Y le di la razón a mi entrevistadora acerca de que el nuevo inquilino de la Casa de Nariño recibió de Santos un país en crisis, pero precisándole que Duque la empeoró porque continuó con las políticas económicas y sociales de su antecesor. Como se sabía, Duque I resultó ser como habría sido Santos III.
Porque la política agraria e industrial de Duque es la misma de Santos: para Colombia es mejor importar lo que podemos producir, nos dicen los mismos con las mismas, tratándonos como a idiotas. Fue entre indignante y cómico ver al ministro de Agricultura en la Comisión Quinta del Senado, en la primera semana de gobierno, calificando de excelente la balanza comercial del sector –no obstante los 13 millones de toneladas de importaciones–, hasta el punto que tocó hacerle notar que no estaba defendiendo la política agraria de Duque sino la de Santos, gobierno al que ellos derrotaron, según dijeron con razón, por malo.
Igual puede decirse de la situación de la industria, con agravantes. Duque fue especialmente cínico en su engaño a los confeccionistas, a los que, como candidato, les juró que neutralizaría el dumping de los productos asiáticos heredado de Santos. Pero como Presidente les puso descarado conejo y les encimó algo de sadismo al demandar los artículos de la ley que frena las importaciones asiáticas. Nos tocó además padecer a Duque en China, mudo ante sus prendas subsidiadas, mientras hacía demagogia con que les venderíamos bananos y aguacates. Y no es que sea negativo exportar frutas. Bienvenidas. Pero que no se usen para engañar a los colombianos diciéndoles que así saldrá de la olla la producción nacional.
En la base de la profunda crisis nacional, incluida la fiscal, que también encarece al dólar, está el altísimo déficit de las cuentas externas, de 12.908 millones de dólares (2018), el 3,8 por ciento del PIB, uno de los peores del mundo, porque se importa en exceso. Y eso que los neoliberales ocultan que las cifras no son peores por las platas del narcotráfico y los 6.325 millones de dólares en remesas que envían los 4,7 millones de colombianos que viven en el exterior y que –cual venezolanos, desempleados y empobrecidos– tuvieron que salir del país.
De ahí que el desempleo, el rebusque y la pobreza hayan empeorado. También siguieron Duque y los suyos con las malas políticas en salud y educación. Y el país no olvida que el Centro Democrático, con la ayuda de Duque, saboteó la consulta anticorrupción, a la que no obstante le sacó el jugo que pudo el día de su gran votación, para luego no promover que se aprobara su articulado en el Congreso. Y causó repudio que defendiera a Carrasquilla y les entregara el control de los grandes negocios de la infraestructura a dos cercanísimas de Sarmiento Angulo.
En lo que tiene que ver con la política, todo un año de menos que nada. Cero de reforma a la justicia y al sistema electoral, más el rotundo y bienvenido fracaso de su intentona de dañar a la JEP, entre otras razones, porque Duque y sus conmilitones no pueden renunciar a la viveza de mantener “emberracados” a los colombianos, no sea que aumenten las deserciones entre sus filas y se les empeoren las encuestas. Y pésima su posición, porque lo descarta como demócrata, de considerar como un asunto menor “la jugadita” con las que se violó la ley del estatuto de la oposición.
Contrario a lo que se dice, a Duque no le ha ido tan mal en el Congreso, cuyas mayorías –conformadas por los exsantistas y los del Centro Democrático que lo eligieron Presidente– le han aprobado todas sus pésimas leyes económicas: presupuesto, reforma tributaria, ley de las TIC, Plan de Subdesarrollo, ingreso a la OCDE, a lo que le sumaron acordarse para defender a Carrasquilla y al Fiscal Martínez. “Son los negocios, socio”, diría el guasón. Negocios lubricados con mermelada y dañinos para el país, debe agregarse.
Hay entonces suficientes coincidencias entre ellos para concluir que las tensiones de la Casa de Nariño con sus semejantes en el Congreso no son por razones de fondo –seguramente exceptuando los asuntos del proceso de paz–, sino de forma. Y se limitan a que Duque, para engañar a la galería, quiere darles tratamiento de amantes, compartiendo con ellos pero sin lucirlos en público, mientras que los otros aspiran a boda en la Catedral con las mejores galas y fotos y reseñas en las páginas políticas y sociales de los medios. El paso de los días dirá quién doblegó a quién en este pleito menor.
Bogotá, 30 de agosto de 2019.
*Senador del Polo Democrático Alternativo
@JERobledo
Por Gabriel Ortiz*.-Tremendo lio el que está por sorprender al presidente Trump, si insiste en mantener su política de deportaciones masivas, que hacen parte de la campaña electoral para su reelección.
Su última amenaza económica a China, no fue madurada suficientemente, antes de hacerla pública.
En él son muy frecuentes sus salidas, unas en firme y otras en falso. Unas reales y otras a manera de globos de ensayo. Lo tienen sin cuidado rectificar sus posiciones, metas y anuncios. Es tal la cantidad de twitter, mensajes, declaraciones y anuncios que emite por hora, que a él y a muchos norteamericanos les resbalan.
La guerra económica que mantiene con el gigante asiático, ha trastornado la economía global a tal extremo que muchas naciones están en dificultades, entre ellas Méjico, Argentina y Colombia en este continente. Lo nuestro se refleja en el precio del dólar, que de paso no sirve para nada, porque es muy poco lo que tenemos para exportar. Y para completar, ha alejado la inversión extranjera.
Pues bien: la guerra económica que pisa a Europa y al resto del orbe, fustiga a Trump y a su economía. Frenará su afán opresor a los inmigrantes, que llegaban a los Estados Unidos a fortalecer la economía y sosegará su poderío soberano y el afán por imponer su poderío. Y no solamente en su patio trasero del sur del continente. A Norteamérica han llegado emigrantes de Europa y de las diferentes naciones de mundo para engrandecerlo y al que nadie se le había ocurrido antes, construir muros, expedir leyes o barreras para aislarlo de la laboriosidad, la tecnología, la riqueza, la fama, el pensamiento, los ideales y el buen vivir.
Trump quiere ahora aplicar de nuevo más aranceles y castigos económicos a los Chinos, arreciar las deportaciones de familias -especialmente hispanas- encarcelar niños documentados e indocumentados, obligar a las empresas gringas a reestablecerse en su territorio, o soportar medidas internas extremas. Las épocas electorales calientan cabezas y pensamientos, e impiden hasta, a los más sagaces, audaces, astutos, ladinos e inteligentes, actuar con la cordura que demandan dramáticas o elementales decisiones.
Si de atraer u obligar a sus empresarios a regresar con sus fábricas a Estados Unidos, se trata, debe pensarlo con sensatez y prudencia. Primero que todo, proceder a levantar todas las normas que mancillan a los inmigrantes. Debe atraerlos, si en realidad ha pensado en competir con los Chinos. Solo con esa fuerza laboral y esa mano de obra pude recuperar los mercados locales e internacionales.
Y qué decir de la reacción de las naciones que tienen fuerza laboral barata, abajo del Rio Grande… esos también se pellizcarán y aprovecharán la guerra económica USA-China, para conquistar los mercados del mundo.
Trump, tendrá que pensar más en cómo afrontar esta guerra económica y abandonar su feudalismo, porque el tiempo se acaba económica y electoralmente.
BLANCO: Falló la venganza de Ricardo Ferro.
NEGRO: No se puede jugar con Avianca. Financieramente se deben usar las palabras exactas.
Bogotá, D. C, 30 de agosto de 2019
*Exdirector del Noticiero Nacional y de Notisuper.
Por Lorena Rubiano Fajardo.- Dar fe pública es el mejor negocio que crearon en nuestro país. El nombre de la industria de certificados “Notaría”, es responsable de hacer nuevos multimillonarios a costa de los colombianos que tienen que pagar exorbitantes sumas por cada trámite, que aumentan su costo cada año, para no menguar los ingresos de los señores notarios. Ellos no dan Fe, la cobran. Es un trabajo tenue y excesivamente costoso.
Estos señores, cerca de mil en el país, deberían ser vigilados por la Superintendencia de Industria y Comercio, y la actividad debería también ser nacionalizada para que el país se beneficie en algo de este servicio público, manejado como si fuera privado. Ponerles, si quieren, un sueldo superior al del Presidente o los ministros, pero con límite en gastos para que giren los excedentes al Estado.
Todos estos privilegios se vienen enquistando en nuestra sociedad y después no hay poder humano para restablecer los derechos de los ciudadanos. Así son Fedegan, Federación de Cafeteros, las Cámaras de Comercio, Sayco- Acimpro y Federación de Fútbol, entre otros, que son manejados como negocios privados.
En alguna ocasión el senador del partido de La U, Armando Benedetti, propuso un proyecto de ley que buscaba eliminar las notarías en el país y encargar personas que hagan las veces de notario. Según él ya no es necesario hacer tantos trámites en estas oficinas y ante las nuevas tecnologías estas entidades sobran. “La gente ya no va a las notarías, porque no las necesita”, aseguró en su momento el congresista. Pero hasta ahí llegó el ímpetu, la iniciativa murió en el intento.
Considero que no hay que eliminarlas sino volverlas un servicio público del Estado, con altos sueldos si quieren y excelentes calidades jurídicas y éticas, pero retribuyendo a los departamentos, para aplicar la descentralización.
Es tan bueno el negocio, que cada gobierno para pagar favores crea más y más notarías. En Bogotá ya son cerca de 80.
Registrar un matrimonio civil, autenticar una firma, registrar ventas, compras, etc… son algunos de los ítems que usufructúan a manos llenas los señores y señoras notarias.
De manera que sería importante y oportuno reestructurar este servicio público. Por ejemplo, en Colombia hay cerca de 140.000 personas privadas de la libertad que tienen derechos y las notarías no les prestan un servicio adecuado. Tienen que esperar unos turnos para unas notarias que no van a las cárceles y tienen que esperar hasta un mes para autenticar un documento. Causándoles perjuicios y una agravación de su situación. Inclusive para matrimonios y reconocimientos de hijos tienen que esperar semanas.
Señor superintendente, Rubén Silva Gómez, ayude a corregir esta falla de los servicios notariales en las cárceles.
Las notarías producen entre treinta y cien millones de pesos diarios, por dar fe, o sea que es un negocio pulpo y eso las convierte en el instrumento para transferir dineros que son del Estado a los particulares.
Bogotá, D. C, 30 de agosto de 2019
Por José G. Hernández*.- Como lo decíamos en “La Voz del Derecho”, el Congreso sigue incumpliendo la perentoria orden impartida por la Constitución (art. 53): expedir una ley que adopte el Estatuto del Trabajo. Si bien la Corte Constitucional ha sostenido que ella carece de competencia para declarar una omisión legislativa absoluta, en esta materia es clara la desobediencia en que han incurrido gobernantes y legisladores.
La norma fundamental establece que esa ley -que ha debido ser expedida de manera inmediata, tras la promulgación de la Carta Política de 1991- tendrá que contemplar y desarrollar unos principios fundamentales mínimos, que la propia Constitución enuncia. Según el precepto superior -que consagra un verdadero mandato y no simplemente una facultad, lo que significa que es imperativo- establece que "la ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos principios mínimos fundamentales, como igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad”.
Reglas constitucionales claras y determinantes. Sin embargo, aunque han sido expedidas algunas normas aisladas en materia laboral, y se proyectan otras, lo cierto es que en estos 28 años se ha perdido el tiempo, y ni congresos o gobiernos se han ocupado de elaborar un proyecto serio, coherente, integral y completo, que consagre el Estatuto del Trabajo, o que procure que lo establecido en la Constitución sea efectivo y real.
Mucho hizo en sus primeros años la jurisprudencia de la Corte Constitucional -que últimamente ha venido en retroceso-, pero, desde luego, expedir la ley estatutaria no es de su competencia. Ello corresponde exclusivamente al Congreso, por su iniciativa o la del Gobierno.
Es evidente que los derechos de los trabajadores no están siendo adecuadamente protegidos, como debería ocurrir en un Estado Social de Derecho.
En cuanto a normas legales, seguimos con las de los años cincuenta. Y no existe un solo régimen, que cobije -como debe ser- a todos los trabajadores, con unas garantías generales y en condiciones de igualdad, que pongan a tono la legislación con la Constitución. Lo que encontramos es un trato diferente: para trabajadores al servicio de particulares, para empleados públicos, para trabajadores oficiales, para servidores del orden nacional, para servidores del orden departamental y municipal, y para servicio doméstico. Véase, por otra parte, que las madres comunitarias han venido siendo excluidas de los derechos laborales, como si no fueran trabajadoras. Todo lo cual implica menores garantías; genera incertidumbre y es fuente de discriminaciones y ambigüedades, dando lugar a un sistema inequitativo, contrario al orden justo que proclama el preámbulo constitucional.
Es necesario volver a los principios fundamentales sobre el trabajo, uno de los valores esenciales en que se funda nuestro sistema jurídico.
Bogotá, D. C, agosto 28 de 2019
*Expresidente de la Corte Constitucional
Por Víctor G. Ricardo*.- Mucho daño le están causando a las Fuerzas Militares de Colombia las innumerables publicaciones y noticias sobre las múltiples denuncias en distintos batallones, divisiones y hasta en el propio comando del Ejército. En algunos casos estas denuncias se dan por malos manejos de los dineros públicos, en otros por extralimitación de funciones, también por conocerse órdenes o instrucciones y conversaciones en términos que no solo se alejan de la buena actuación de los servidores públicos, sino que además pueden configurar un delito grave por los alcances y consecuencias que ellas tienen.
Si algo debemos cuidar los colombianos son nuestra Fuerzas Armadas, pero también debemos cuidar que los miembros de las mismas se comporten y actúen en el marco del estado de derecho, bajo los valores éticos y principios morales que deben caracterizar a los colombianos.
Por ello, se consideran muy graves los hechos denunciados y más graves aún porque afectan la credibilidad y respeto a las instituciones, que se demoran más de lo realmente necesario en tomar medidas correctivas.
Mientras se llevan a cabo las investigaciones, las autoridades y el alto Gobierno deben suspender a los investigados, de tal manera que tengan el tiempo adecuado para defenderse y presentar los descargos a que haya lugar, sin permitir que la opinión pública pierda confianza y capacidad de apoyo a sus Fuerzas Armadas, que son mucho más importantes que las faltas cometidas por unos pocos.
Ahora bien: si los investigados resultan inocentes, el Gobierno los debe de reintegrar a sus cargos, pero mientras tanto no debe permitir que las instituciones salgan lesionadas.
Nadie entiende ni comprende que de la boca de un alto oficial de las Fuerzas Militares puedan salir frases que señalen y hagan referencia a que ‘el fin justifica los medios’, mencionando que si es necesario aliarse con delincuentes en el objetivo de atacar a un grupo alzado en armas y, por lo tanto, al margen de la ley, entonces hay que hacerlo. Tampoco es entendible escuchar que si hay que pagar dinero o sicariar, entonces lo harán.
Las entidades de vigilancia y control, es decir la Procuraduría, la Fiscalía y la Contraloría, deberían actuar con la mayor urgencia y rapidez para poder establecer la verdad de todas las denuncias que tanto en los últimos días como tiempo atrás se han venido dando. Hay que establecer la responsabilidad en estos casos.
Para Colombia es muy importante, tanto a nivel de opinión pública local como internacional, que haya absoluta claridad de los hechos. Nada más grave que día tras día los inculpados sigan en sus cargos sin establecer si son responsables o no; por dignidad, si es que el Gobierno no toma decisiones de este orden, los altos oficiales deberían pedir que provisionalmente los aparten de sus cargos mientras se llevan a cabo las investigaciones y se conoce la verdad. De lo contrario, lesionarán las instituciones que representan y que, todos sabemos, deben estar por encima de cualquier interés personal.
Bogotá, D. C, agosto 28 de 2019
*Excomisionado de Paz
