Juan Carlos Bocanegra

Por Juan Carlos Bocanegra*.- Vivimos en un mundo competitivo donde solo un bajo porcentaje de la población puede acceder a unos medios de vida digna. En general, las condiciones sociales, económicas y laborales son precarias en la mayoría de los países y Colombia se encuentra en el puesto 90 según el Índice de Desarrollo Humano (IDH) elaborado por Naciones Unidas.

Las sociedades que se encuentran en escenarios de pobreza se desenvuelven en un ambiente hostil, limitado en educación y una baja formación en valores y principios que no les permite gozar de buenas relaciones dentro de una comunidad; siendo los actos violentos y las decisiones egoístas el vehículo preferido para la supervivencia.

Resultado de lo anterior, se edifican gobiernos que dirigen erradamente las naciones y no garantizan equidad ni bienestar entre sus habitantes. Se crea un circulo vicioso que poco a poco deteriora la sociedad y va nutriendo el peor de todos los males que nos puede rodear: la corrupción.

La corrupción son los actos cometidos por personas que abusan de su poder e influencia para hacer uso indebido de los recursos financieros y humanos que tienen a su disposición. Como consecuencia de este fenómeno, se forja una cultura del “todo vale” que afecta de manera negativa el comportamiento ciudadano y en el caso que concierne a la administración de un Estado, se reduce la capacidad para atender las necesidades de su población.

Los hechos derivados de la corrupción impiden el crecimiento de un país. Se construyen carreteras con materiales de mala calidad, los puentes se vienen al piso, se pierden los subsidios de los niños y abuelos, se ofrecen medicinas vencidas en los hospitales, y toda la desviación de recursos que deberían ser invertidos para la educación, salud, deporte, generación de empleo, cultura e infraestructura, termina siendo el fortín económico de unos pocos que endulzan a sus seguidores con mercados y una falsa amistad.

Ahora, creo que el país esta despertando frente a las injusticias que hemos padecido y muestra de ello son las expresiones sociales que han tomado fuerza estos años. En los últimos meses los estudiantes a nivel nacional se organizaron y le exigieron al Gobierno más inversión para la educación, hace unos días cientos de ciudadanos salieron a las calles para pedir la renuncia del fiscal Néstor Humberto Martínez por el caso de Odebrecht y, durante todo este tiempo, las redes sociales han sido el canal de expresión más eficiente por medio del cual se han denunciado los miles de abusos que día a día cometen las personas que ejercen algún tipo de autoridad.

Sin embargo, debemos entender los actos de corrupción como un comportamiento que puede estar presente en cualquier persona, indiferentemente de su ocupación, esta mala conducta no esta definida únicamente para el funcionario público. Hay que tomar conciencia que somos nosotros los que debemos cambiar si queremos transformarnos en una sociedad de bien y no pretender solamente que señalando a los demás encontraremos la solución.

El problema debe ser corregido desde la infancia, y a razón de esto, la educación que se imparte en la familia es esencial. Acostumbrar al niño a ser honesto, a jugarle limpio a la gente y a respetar las normas es fundamental para consolidar la futura generación que, desde su libre albedrío, ejercerá acciones éticas que favorecerán a la comunidad.

De igual manera, hay que cambiar la cultura que premia el enriquecimiento ilícito y el facilismo; esa cultura que no sanciona debe ser sustituida por aquella que fomenta el respeto por la dignidad humana y los valores esenciales que rigen las conductas honestas y transparentes. Si algo nos ha enseñado la historia, es que cuando se han detectado actos indebidos y no se ha hecho nada, lo que termina prevaleciendo es la tolerancia al delito y esa actitud nos convierte en cómplices.

Para nosotros, nuestros vecinos, amigos e hijos es fundamental tener estos conceptos claros para poder mitigar las consecuencias de la corrupción y los males que esta produce. Solo de esta manera podemos construir las bases de una sociedad más inteligente, más consciente a la hora de elegir a sus gobernantes y más capaz de demostrar que la fuerza de sus acciones colectivas esta medida en la solidez de sus principios individuales.

Bogotá, D. C, 14 de enero de 2019

*Administrador de Empresas de la Universidad de los Andes, especialista en Gestión Regional del Desarrollo de la misma universidad. Orgullosamente cucuteño, convencido en el potencial de nuestra región e interesado en temas de emprendimiento y políticas públicas sobre desarrollo territorial.

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Juan Camilo Restrepo Salazar

Por Juan Camilo Restrepo.- La entrega del fondo parafiscal de la carne y la leche debió hacerse por licitación pública, y no a dedo como ocurrió. Las razones son las siguientes:

  1. La ley 1753 de 2015 (Ley del Plan Nacional de Desarrollo Vigente) no permite la contratación directa con Fedegan. La Corte Constitucional declaró exequible la intervención temporal del Ministerio de Agricultura, a través de encargo fiduciario, en la administración y recaudo de contribuciones parafiscales en forma reglada

La expedición de la Ley 1753 de 2015, Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, artículo 106, implicó una modificación esencial del artículo 7 de la Ley 89 de 1993, pues estableció las reglas generales para la administración de todas las contribuciones parafiscales agropecuarias y pesqueras; omitió cualquier referencia a la contratación directa con Fedegan; incluyó autorizar al Gobierno nacional, Ministerio de Agricultura, asumir la administración temporal de estos recursos, a través de encargo fiduciario, si la entidad contratante no está en condiciones de garantizar el cumplimiento de las reglas y políticas que deben regir la ejecución de las contribuciones parafiscales; y, señaló la obligación de garantizar la participación y representación de los gravados con la cuota parafiscal respectiva.

Las atribuciones al Ministerio de Agricultura de asumir temporalmente, por medio de un encargo fiduciario, contenidas en los incisos tercero y cuarto de esta disposición fueron demandados ante la Corte Constitucional.

En sentencia C-644 de 2016 se declaró la exequibilidad de tales incisos. La Corte hizo un detallado estudio sobre la parafiscalidad y las atribuciones del Congreso en esta materia. Precisó que sólo puede ejercerse de conformidad con el reglamento y la ley. Es decir, que no es cierto que el Presidente o el Ministerio puedan hacerlo en forma discrecional, sino que deben ceñirse estrictamente al reglamento respectivo. Y que este reglamento le compete expedirlo al Gobierno nacional en desarrollo de su potestad reglamentaria.

Recordó la Alta Corporación que en otras oportunidades, la ley ha autorizado al Gobierno revocar la administración de contribuciones parafiscales, tal como lo dispuso la Ley 321 de 1996, en relación con la cuota de fomento cacaotero, que fue declarada exequible en la sentencia C-002 de 1998.

2.- El Gobierno nacional asumió temporalmente la administración de las contribuciones parafiscales a Fedegan

El Gobierno nacional, mediante Decreto 2537 de 29 de diciembre de 2015, asumió directamente  la administración de las contribuciones parafiscales ganadera, pues consideró que se daba la causal de cuando una entidad administradora “no está en condiciones de garantizar el cumplimiento de las reglas y políticas que debe regir la ejecución de las contribuciones parafiscales, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, por razones especiales definidas mediante reglamento, podrá asumir temporalmente, a través de un encargo fiduciario, la administración de dichas contribuciones y efectuar el recaudo”.

Esta administración temporal, por encargo fiduciario, en cabeza de Fiduagraria.

3.- Decisiones del Consejo de Estado en acción de cumplimiento y de nulidad

Fedegan ha acudido a la jurisdicción administrativa en numerosas oportunidades para oponerse a la pérdida de su contratación directa y especial. Veamos los más importantes:

Acción de cumplimiento ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en la que pretendía que se le ordenara al Ministerio de Agricultura contratar con Fedegan la administración y recaudo de las cuotas de fomento ganadero y lechero, de conformidad con el artículo 7 de la Ley 89 de 1993.

En sentencia de 9 de febrero de 2017, el Tribunal denegó esta solicitud, por cuanto el artículo 106 de la Ley 1753 de 2015 modificó la autorización de la contratación directa como lo estipulaba la Ley de 1993.

Esta decisión fue apelada por Fedegan. La Sección Quinta del Consejo de Estado, en sentencia de 6 de abril de 2017, la confirmó con base en el cambio operado en la Ley del Plan, Ley 1753 de 2015, artículo 106.

Fedegan acudió al Consejo de Estado en acción de nulidad contra el Decreto 2537 de 2015, que reglamenta la asunción temporal de las contribuciones parafiscales, con solicitud de suspensión provisional.

En providencia de 1º de agosto de 2016, la Sección Primera del Consejo de Estado denegó la suspensión provisional y confirmó esta denegación el 19 de diciembre de 2016.

4.- Concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado

El 12 de diciembre de 2017, la Sala de Consulta resolvió el interrogante expresado por el Ministro de Agricultura sobre si en la licitación pública para seleccionar el nuevo administrador de la cuota parafiscal de carne y leche puede participar Fedegan.

La Sala expresó que no existe ningún instrumento o figura jurídica que le impida participar en el proceso de licitación. Y no puede aplicarse la analogía para restringir su participación. Además, que no es posible tener en cuenta los antecedentes del participante, pues los pliegos deben establecer reglas generales.

Debió hacerse por licitación pública y no a dedo.

Bogotá., D. C, 14 de enero de 2019

*Abogado, Economista y Exministro de Estado

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Amylkar D Acosta M

Por Amylkar D. Acosta M*.- Este 12 de enero, se cumplen cien años de la primera Asamblea de la Liga Costeña, hito este de la mayor importancia de la incesante y persistente lucha  de las regiones en Colombia por recobrar la autonomía perdida luego que Rafael Núñez declarara que "la Constitución de Rionegro (1863) ha dejado de existir, sus páginas manchadas  han sido quemadas en las llamas de la Humareda”, refiriéndose a la batalla en la que sus huestes derrotaron al radicalismo liberal, para darle paso a la Constitución de 1886, que introdujo la fórmula dicotómica de la centralización política y la descentralización administrativa, que en la práctica tiene más de centralización que de descentralización.

La Región Caribe no fue ajena a las tensiones entre las tendencias centralistas y federalistas del siglo XIX; por el contrario, aunque con alguna intermitencia, históricamente, la lucha en pos de la integración y la autonomía regional ha sido la constante. El año 1874 se constituyó en uno de los primeros hitos de esta larga marcha; en respuesta a la discriminación y el ninguneo del que era objeto la región Caribe y su dirigencia por parte del gobierno central, se constituyó por aquellas calendas la Sociedad de Representantes Costeños por parte de un grupo de 16 congresistas de los estados de Bolívar, Magdalena y Panamá. 

Este 12 de enero es memorable, pues en esta fecha  justamente se cumplen 100 años desde que el ex ministro de Hacienda, Tomás Suri Salcedo, instaló en Barranquilla la asamblea constitutiva de la Liga Costeña. La iniciativa de crearla partió de los periódicos de la región y fue secundada por connotados dirigentes políticos, cívicos y gremiales del Magdalena grande, de la Sabana de Bolívar y el Atlántico, que vieron en ella la más fiel expresión del descontento y la inconformidad crecientes en la región, producto del agobiante centralismo. Como nos lo recuerda el historiador Eduardo Posada Carbó, decisiones tomadas por el gobierno central como “destinar fondos provenientes del impuesto de canalización – un tributo del río – para invertirlos en el Ferrocarril del Tolima provocaron la ira regional” y exacerbaron los antagonismos entre la región y el centro. 

Desafortunadamente las elecciones presidenciales de 1922 dieron al traste con la Liga Costeña, que sucumbió a los intereses banderizos. La desbandada no se hizo esperar, sus principales líderes se alistaron al lado de la candidatura liberal de Benjamín Herrera unos y de la conservadora de Pedro Nel Ospina los otros y la división se tornó irreversible e insuperable, cuando en la unidad estaba su fuerza. En 1934 se dio un frustrado intento de revivir la Liga mediante la creación de la Asamblea Interdepartamental de la Costa, la cual se dio cita en Cartagena, pero una vez más el entusiasmo fue pasajero y su existencia efímera. Posteriormente, con la constitución de CORELCA en 1967, la aspiración presidencial de Evaristo Sourdís y la creación del Sistema Integrado de Planificación Urbana y Regional (SIPUR) en 1975, se le dio otro envión a esta gesta en procura de la integración y la autonomía regional. 

Estos antecedentes sentaron las bases para los desarrollos ulteriores, los cuales se concretaron en la Ley 76 de 1985 a través de la cual se crearon las regiones de planificación regional, más conocidas como CORPES, el reconocimiento por parte de la Constituyente de 1991 que Colombia es un país de regiones  y además la autonomía de las mismas. Desde entonces las regiones se pueden llegar a constituir en entidades territoriales, algo que no era viable mientras estuvo en vigencia la Constitución de 1886. Pero casi 28 años después no sólo no se ha concretado dicha autonomía territorial, que sigue como letra muerta en la Carta, sino que se ha retrocedido y en cambio se ha venido dando una creciente recentralización

Se malogró la oportunidad que tuvo el Congreso de la República para desarrollar lo prescrito por la Constitución del 91 en materia de ordenamiento territorial, descentralización, autonomía, recursos y competencias expidiendo la Ley Madre, como la denominara Orlando Fals Borda y terminó expidiendo una que no es más que un saludo a la bandera. Se espera que con el nuevo impulso que han recibido desde las regiones las regiones administrativas y de planificación (RAP), pese a la reticencia del gobierno central, se despeje el camino para avanzar en el propósito de que las regiones puedan alcanzar, por fin, el anhelo largamente acariciado de alcanzar su autonomía

Con la aprobación por parte del Congreso de la República, después de muchos idas y venidas, vueltas y revueltas,  del proyecto de Ley 182 de 2017 – Senado por medio del cual “se dictan normas orgánicas para el fortalecimiento de la RAP y se establecen las condiciones para su conversión en RET”, que ahora está para sanción presidencial, se da un paso fundamental para el fortalecimiento de las regiones administrativas y de planificación (RAP). Y posibilita, además, el tránsito de las RAP hacia las regiones como entidad territorial (RET), que es el verdadero puerto de destino. Su entrada en vigencia es una feliz coincidencia con la conmemoración del Centenario de la Liga Costeña. 

Bogotá, enero 12   de 2019

*Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía

www.amylkaracosta.net

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Monseñor Ismael Rueda Sierra

Por: Mons. Ismael Rueda Sierra* - El tema de la jornada mundial de la paz 2019 dirigido por el papa Francisco, como es usual el 1.º de enero de cada año, aborda un tema que puede ser recurrente por lo esencial pero como ocurre en el pensamiento social de la Iglesia, busca provocar y conmover el discernimiento hacia la paciente y perseverante construcción de la paz y dar un paso adelante en el compromiso de construirla. Este año el papa, inspirado en el saludo misionero indicado por Jesús a sus enviados, “Paz a esta casa” (Lc 10,5) como modo apropiado de “abrir camino” en el anuncio del Evangelio, propone el tema de la profunda relación que existe entre la paz y el ejercicio de la buena política. La casa a la que llega este anuncio es en primer lugar, cada persona y toda persona, así como también cada familia, cada comunidad, cada país, cada continente y el mismo planeta que como lo ha mencionado en otras intervenciones, es nuestra “casa común”, con la propia historia y características de cada uno (Cfr. JM, 1).

A sabiendas de que es tan frágil la construcción de la paz, advierte Francisco de entrada, que “la búsqueda de poder a cualquier precio  lleva al abuso y a la injusticia” lo cual representa la antítesis de la política, diríamos con mayúscula, que busca el bien común lejos de toda corrupción o imperio del individualismo y los intereses personales. La buena política por tanto, como desafío permanente, entendida ésta como servicio, a ejemplo de Jesús, en cuanto forma sublime de realizar la caridad, luchará por defender la vida, la libertad y la dignidad de las personas en busca de un futuro también justo para todos.(Cfr.2)

Pero sería difícil construir la paz desde la dimensión política y en favor de los derechos humanos si no está acompañada de otras virtudes que confluyen en la caridad como son “la justicia, la equidad, el respeto mutuo, la sinceridad, la honestidad, la fidelidad.”. Aquí menciona el papa las “bienaventuranzas del político”, citando al cardenal vietnamita Francois-Xavier Nuyen Van Thuan, añadiendo así otras virtudes como la credibilidad, interés por los demás, coherencia, unidad, búsqueda de cambio y capacidad de escuchar y no tener miedo (Cfr. #3).

Lamentablemente existen también los vicios de la política, o sea la mala política, a veces por ineptitud de las personas que quieren ejercerla o por la deformación en los ambientes donde se aplica. La corrupción, en sus diversas expresiones y derivados es sin duda, la principal. La  ilegalidad, el enriquecimiento ilícito, el poder mediante la fuerza, el racismo, xenofobia y la depredación del medio ambiente, entre otros, la completan. A los vicios se añade la preocupación por la amenaza constante de la guerra, con sus consecuencias de intimidación, miedo y la proliferación incontrolada del armamentismo que, como siempre, victimiza a los más vulnerables. (Cfr.4;6).

El Santo Padre no omite su preocupación, por las nuevas generaciones que han de heredar una buena o mala política, a sabiendas que son los jóvenes y los niños los encargados de consolidar auténticos proyectos de paz para el futuro. Si son marginados, obviamente el futuro está en peligro, si ganan en confianza para participar y aplicar sus propios carismas y capacidades, hay una segura esperanza. (Cfr.5)

Para construir la paz con responsabilidad política, que se ha de fundar en el derecho y el diálogo sincero entre sus actores, se necesita, por una parte, de un gran proyecto fundado en la “recíproca responsabilidad y la interdependencia de los seres humanos” pero también requiere una conversión del corazón que se expresa en tres dimensiones que no se pueden separar: la paz con nosotros mismos, la paz con el otro y la paz con la creación. Y la política de la paz se inspira también en María, Reina de la paz cuando en el Magníficat canta la misericordia de Dios que “llega a sus fieles de generación en generación” (Lc 1,50). (Cfr.7)

Con mi fraterno saludo de paz.

Bucaramanga, 13 de enero de 2019.

*Arzobispo de Bucaramanga.

Fuente Conferencia Episcopal de Colombia.

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Mauricio Cabrera Galvis

Por Mauricio Cabrera Galvis*.- Más que sorpresa o asombro, produce rabia y desconsuelo ver salir de la cárcel a los Nule y compañía, responsables del cartel de la contratación sin haber cumplido las penas que les impusieron los jueces, ni haber devuelto nada de los miles de millones que se robaron de los recursos públicos.

Son muchas las noticas parecidas que producen la misma reacción: narcotraficantes confesos y convictos que después de unos pocos años en prisión salen a disfrutar sus fortunas mal habidas; directivos de Odebrecht que quedan exonerados de toda culpa a cambio de una leve multa, irrisoria en comparación con el tamaño de los multimillonarios contratos que lograron con coimas.

En ocasiones la situación es todavía más paradójica pues los delincuentes logran convertirse en víctimas y pretenden que el Estado les pague lo que no se pudieron ganar con sus corruptas maniobras. Los mismos Nule reclamándole a Bogotá $24.000 millones por haberle quitado el contrato de la construcción de la calle 26; es Odebrecht demandando al Estado por los intereses de su inversión en la ruta del Sol y las utilidades esperadas en ese chanchullo.

¿Qué está fallando en la justicia, que permite estas aberraciones? Las posibles respuestas: a) los jueces que otorgan los beneficios; b) los fiscales que no aportan todas las pruebas; c) el sistema acusatorio que permite acuerdos leoninos; d) las leyes que autorizaron los beneficios judiciales; e) todas las anteriores, a las que habría que añadir la complicidad de una sociedad permisiva que aplaude la cultura del dinero fácil.

Corresponde a los penalistas analizar por qué se ha llegado a esta distorsión de la justicia y proponer los correctivos necesarios. Para el ciudadano de la calle lo único claro es que la justicia se ha convertido en un negocio donde la mano de la noble dama con los ojos vendados ya no sostiene en su mano la balanza para decidir, sino que la extiende para negociar sus fallos a cambio de lo que le ofrezcan los delincuentes.

La propuesta de un lego es simple: no debe haber ningún beneficio judicial a los corruptos hasta que no devuelvan la plata que se apropiaron.

Cali 13 de enero de 2019 

*Filosofo,Economista y Consultor.

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José Félix Lafaurie Rivera

Por José Félix Lafaurie Rivera*.- El Ministerio de Agricultura, en cumplimiento de la ley 89 de 1993, el 4 de enero contrató con Fedegán el manejo del Fondo Nacional de Ganado, pues además había concluido la administración temporal de Ministerio a través de Fiduagraria, con el gravísimo daño de la pérdida del estatus de país libre de aftosa.

Por esa situación, el pasado 3 de octubre asistí a la Comisión Nacional de Aftosa, convocada por el ICA con la participación de PANAFTOSA, para evaluar acciones orientadas a recuperar el estatus. Allí se plantearon dudas sobre el crecimiento del hato durante los últimos ciclos de vacunación, que de 22 millones de cabezas registradas por Fedegán y por el Censo Agropecuario, pasó a ¡26 millones! en un año. Ante la necesidad de cifras claras, ofrecí la capacidad técnica del equipo de Fedegán, operador durante 20 años del programa que logró la certificación internacional, para apoyar el ciclo que iniciaba y para hacer un análisis predio a predio, a partir de la información que el ICA entregaría con un compromiso de confidencialidad, que suscribí como presidente de Fedegán.

Solo Fedegán fue convocada porque la Comisión, creada en la Ley 395 de 1997, así lo determinó, pues se consideraba a Fedegán como la entidad ganadera más representativa, hasta que el gobierno Santos armó una campaña de difamación para voltear esa percepción.

Esa es la realidad. Ahora paso al novelón que, ladinamente, alguien le contó a una periodista de la W, y a partir del cual se hicieron afirmaciones aventuradas contra Fedegán. La reunión técnica se convirtió en secreta y para “cocinar” la entrega de la parafiscalidad a Fedegán, y su presencia por mandato de la ley en discriminación contra otras entidades. La entrega de información con fines técnicos pasó tener oscuras intenciones de control sobre los ganaderos; el acuerdo de confidencialidad se tornó en secretismo sospechoso; el ofrecimiento de apoyo con personal calificado, que hice al anterior gobierno y fue despreciado, es calificado de tráfico de influencias y costosa contratación.

Me pregunto qué se pretendía con este novelón para inducir a un medio a tan fantasiosa interpretación de una reunión técnica. ¿Acaso desviar la atención del billonario negocio del contrabando y la corrupción en el ICA que lo permitió?

El ministro respondió preguntas y explicó las decisiones y sus argumentos de legalidad, sobre el novelón de la reunión técnica y sobre el proceso de contratación de Fedegán.

Bogotá, D. C, 13 de enero de 2019

*Presidente de Fedegan

 

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Gabriel Ortiz

Por Gabriel Ortiz*.-Todos pensaban que después de 365 días, el pasado primero de enero llegaría con novedosos temas, con mensajes y propósitos optimistas, con la óptica de un nuevo país. Pero fue tal la influencia de las ¨fake news¨ tantas mentiras que nos dominaron durante las pasadas elecciones, que seguimos y seguiremos untados de mermelada hasta la coronilla. Nada diferente podría suceder, si eso que era ¨pecado¨, se convirtió en oportuna viveza.

La vieja práctica de nuestros dirigentes, de compensar a quienes los llevaban al poder, seguirá existiendo por todos los años que nos queden como república, país o régimen, trátese de gobiernos de las extremas, del anhelado centro o de cualquier ¨madurada¨ que se implante aprovechando el desorden.

Todo esto será producto de la falta de equidad en que vivimos y de la necesidad de sostener la corrupción y la deshonestidad.

La inmensa masa de desorientados votantes, que llega hasta la idolatría seguidora y adoración de falsos profetas; esos millones de colombianos que esperan tiempos mejores, o prebendas de quienes creen sus guías impolutos, seguirán votando equivocadamente. Actuarán sin reflexión y darán el sufragio a los caudillos de ocasión, a quienes les digan los medios influyentes del momento, o las redes sociales con repletas de ¨fake news¨ y falsas noticias.

Por ejemplo: durante el pasado debate electoral se utilizó la mermelada, como si fuera una pócima maligna, que un exministro bautizó. Fue tan pegajoso ese provocativo dulce acompañante, que todos querían bañarse con la confitura. La jalea era fantástica, provocativa y generaba torrentes de saliva. Lo que era malo si lo aplicaba Santos, o había utilizado Uribe, es hoy, el confite del nuevo pastelero.             

Hay que recordar que en tiempos remotos la mermelada nació de frutas cocinadas con miel, pero se universalizó con la popularización del azúcar. Y en nuestro medio hay hasta parlamentarios (as) que manejan el granulado y hasta le sacan leche a esta nueva mermelada. Hasta Ricky Martin, ha tenido que ver con la mermelada, si recordamos el caso de una niña, en el programa de TV de Antena 3.

En nuestro medio será difícil, salir del tema de la mermelada, mientras se produzcan negocios, nombramientos y prebendas, embadurnados con esa jalea. Todos los gobernantes, como los toreros, llegan con su propia cuadrilla. ¡Ni más faltaba!

Cómo verían los uribistas ¨pura sangre¨, esos que no resistieron una carroza en el festival de Pasto, si Duque hubiera nombrado a Holman Morris en un ministerio, a Sergio Fajardo en educación, a Daniel Coronell en Mintic, o a Robledo en la cancillería.

Es apenas explicable que haya duquistas en el gobierno. ¡Él ganó! Pero para recibir cosas o recompensas, que llenar elementales y legítimos requisitos, no valorarlos mediante declaraciones ante notario, como la señora Ortiz, o demostrar idoneidad para recuperar jugosos contratos. Así se justifica la buena mermelada, o el dulce acompañante.

BLANCO: La negativa de los demócratas al muro de Trump.

NEGRO: El fallecimiento de Eucario Bermúdez. ¡Pérdida irreparable!

Bogotá, D. C, 11 de enero de 2019

*Exdirector del Noticiero Nacional y de Notisuper

         

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Victor G Ricardo

Por Victor G Ricardo*.- Colombia necesita que el desarrollo de su infraestructura sea mayor y eficiente, no solo para poder acortar la distancia entre las regiones y las ciudades sino también para poder ser competitiva a nivel comercial. Con tristeza, al analizar este tema, recordamos cómo hace treinta años contábamos en el país con un tren que recorría el territorio nacional de sur a norte y nos presentaba una alternativa agradable para llegar a destinos como Santa Marta o Cali. Este mecanismo, esencial no solo por su costo sino por su capacidad, en lugar de ser desarrollado, actualizado y mejorado, fue cerrado por completo.

Estas son las decisiones que yo, como colombiano, no logro entender. En un territorio montañoso como el nuestro, contar con un mecanismo de transporte adicional es fundamental para poder conectar a nuestros pueblos, eso sin tener en cuenta la inversión tan grande que se desaprovechó.

Nunca se imaginarían nuestros ancestros que la corrupción y el apetito económico de nuestros transportadores, así como la falta de acción de nuestros gobiernos, dejarían que se aniquilara el tren para que los empresarios del sector de carga y transporte llenaran sus bolsillos usando las carreteras, sin consideración ni responsabilidad.

Es ilógico además, teniendo en cuenta que mantener las carreteras, cuya construcción es más compleja y costosa por las características propias de nuestra geografía, supone inversiones más altas de mantenimiento por la movilización de grandes y pesados vehículos de carga.

Hoy en día, son más caros por ejemplo los fletes de transporte del interior del país a la costa, que de los puertos a otros continentes. ¿Qué competitividad podemos alcanzar así?

Si analizamos el tema la navegabilidad del río Magdalena, encontramos que la deforestación a través de los años ha tenido como consecuencia el hecho que hoy tampoco lo podamos utilizar como en el pasado lo hacíamos. Aquí de nuevo, es inevitable volver al tema de la corrupción. Han sido muchos los sistemas que hemos destruido por responsabilidad de los corruptos. Es mucho el daño que estos nos han causado.

No podemos seguir tolerando que en nuestro país los dirigentes sean personas que escasean valores éticos y principios morales y se dedican a pisotear el interés común en beneficio propio. Todos los días vemos un escándalo más y no vemos mayores acciones con la rapidez que esta situación requiere de nuestra justicia y de los cuerpos de investigación.

Sé que la actual administración tiene mucho interés en fortalecer nuestros distintos sistemas de infraestructura y comunicación; también de nuestro sistema judicial, pero es muy importante que haya en toda nuestra clase dirigente consciencia para apoyar estos temas. No queremos más aplazamientos en las decisiones políticas y judiciales. Necesitamos más acción y menos discursos. Requerimos un pacto contra el delito y el mayor desarrollo a través de gobernabilidad, que permita al gobierno liderar las transformaciones y medidas que Colombia requiere con urgencia.

Bogotá, D. C, 10 de enero de 2019

*Excomisionado de Paz

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Jose G Hernández

Por José G Hernández*.- Elemento primordial de nuestro sistema democrático es la acción pública de inconstitucionalidad, un derecho político de primer orden, reconocido por la Constitución a todo ciudadano.

El artículo 41 del Acto Legislativo 3 de 1910 dispuso: “A la Corte Suprema de Justicia se le confía la guarda de la integridad de la Constitución”. Le ordenó decidir definitivamente, entre otros asuntos, “sobre todas las leyes o decretos acusados ante ella por cualquier ciudadano como inconstitucionales, previa audiencia del Procurador General de la Nación”.

En 1991, la Asamblea Nacional Constituyente creó la Corte Constitucional, y en el artículo 241, que quizá no recuerdan algunos de los actuales magistrados, le confió “la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución”. Y señaló que, con esa finalidad, la Corte debe resolver acerca de las demandas que presenten los ciudadanos contra los actos reformatorios de la Constitución -cualquiera que sea su origen-, contra las leyes y contra los decretos con fuerza de lay dictados por el Gobierno.

El artículo 40 de la Constitución proclamó que “todo ciudadano”, y no solamente los especialistas en técnica procesal,  tiene derecho -que, según la misma norma, debe ser efectivo- a “interponer acciones públicas en defensa de la Constitución”.  

El Decreto 2067/91, que reguló el procedimiento aplicable, señaló los requisitos que debe reunir una demanda presentada en ejercicio de la acción pública para que la Corte la admita y le dé trámite: el señalamiento de las normas acusadas como inconstitucionales, su transcripción literal por cualquier medio o un ejemplar de la publicación oficial de las mismas; el señalamiento de las normas constitucionales que se consideren infringidas; las razones por las cuales dichos textos se estiman violados; cuando fuera el caso, el señalamiento del trámite impuesto por la Constitución para la expedición del acto demandado y la forma en que fue quebrantado; y la razón por la cual la Corte es competente para conocer de la demanda.

Son requisitos sencillos, cuya formalidad es mínima, dada la esencia de la acción pública, con el fin de garantizar su ejercicio a cualquier ciudadano. Una vez cumplidos, la demanda tiene que ser admitid

Desde luego, al enunciar las razones que llevan al ciudadano a formular la demanda deben ser expuestas de modo que la Corte sepa cuál es el posible motivo de inconstitucionalidad, pues, como dijo la Sentencia C-131/93, “el ataque indeterminado y sin motivos no es razonable”. Pero esa necesaria motivación no se puede traducir en la arbitraria exigencia al ciudadano de todo un complejo técnico de requisitos no señalados en la Constitución ni en la ley, pues, como advirtió la Corte, “para cumplir con esta exigencia no es necesario ser experto en Derecho Constitucional ni mucho menos abogado”. La Corte viola la Constitución cuando obstruye sin razón válida el ejercicio de la acción pública.

Es inconstitucional complicar de la manera exagerada en que lo vienen haciendo quienes redactan los autos inadmisorios, exigencias inconstitucionales que el ciudadano del común, no técnico ni procesalista, está lejos de poder cumplir.

La acción pública de inconstitucionalidad es un derecho del que no puede ser despojado el ciudadano. Si el argumento del ciudadano -expuesto sencillamente- convence o no a los magistrados, lo debe decidir la Sala Plena. La demanda debe llegar a ella.

Bogotá, D. C, 10 de enero de 2019

*Expresidente de la Corte Constitucional.

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Clara López Obregón

Por Clara López Obregón*- A fin de cuentas, los padres fundadores de los Estados Unidos fueron capaces de vencer sus parroquialismos y forjar la gran unión norteamericana.

El debate suscitado por el Presidente Duque alrededor del aporte de los padres fundadores de los Estados Unidos a la gesta libertadora refleja la disputa que surgió después de la independencia sobre cómo manejar la soberanía que quedó en manos de las élites criollas, con la derrota definitiva de la Corona Española. 

El historiador Indalecio Liévano Aguirre, conocedor como pocos de las fuentes primarias, explica en un texto que lleva el título de esta columna, que el Bolivarismo como doctrina internacional de los pueblos latinoamericanos, nació mucho antes que el Monroismo y su lema de “América para los americanos,” cuando en discurso pronunciado en Santa Fe de Bogotá, el 13 de enero de 1815, el Libertador expresó: “Esta mitad del globo pertenece a quien Dios hizo nacer en su suelo.”

Dicha doctrina fue luego reiterada y desarrollada en la Carta de Jamaica y la extensa documentación en la que Bolívar perfiló una liga de repúblicas dotada de órganos supranacionales de gobierno que fueran recibiendo progresivamente delegaciones de soberanía en materia de defensa, política exterior, comercio y demás temas de interés común. Bolívar proyectaba una gran confederación hispanoamericana que pisara en el mundo con peso propio por su extensión, población y riquezas. Esa gran unión haría contrapeso al poderío que amasaba el vecino del norte y serviría de contraparte republicana a la Santa Alianza de las monarquías europeas, donde sus proyectos de liberar a los esclavos y montar una expedición para liberar a Cuba, no eran vistos con buenos ojos.

La Doctrina Monroe de 1823 tuvo otra motivación y contenido. Si bien amparaba una comunidad de intereses respecto de la advertencia de Estados Unidos a las potencias europeas de “no extender su sistema a una porción de este Hemisferio,” dicha declaración debe analizarse en clave de la máxima del “Destino Manifiesto” según la cual los Estados Unidos estaba destinado a copar la totalidad del territorio de América del Norte y a expandir su influencia política, económica y social.

De ahí que, a pesar de estar considerando un proyecto de declaración conjunta propuesta por el Ministro Canning de Inglaterra, a instancias del Canciller John Quincy Adams, el Presidente Monroe optara por expedir una declaración unilateral. La razón fue el punto quinto del proyecto de Canning que rezaba: “5. No veríamos con indiferencia que una porción de ellas (las colonias españolas), pasase al dominio de otra potencia.” Sobre el particular Adams le señala a Monroe en concepto del 7 de noviembre de 1823: “El objeto de Canning parece haber sido obtener alguna promesa pública de los Estados Unidos, aparentemente contra la intervención violenta de la Santa Alianza en España y Suramérica, pero en realidad, o en especial, contra la adquisición por los Estados Unidos de cualquier parte de las posesiones españolas en América.”

De ahí que la disputa entre el Bolivarismo y el Monroismo sea tan de fondo. Se refiere a visiones diferentes de cómo asumir la soberanía. El Congreso anfictiónico de Panamá, convocado por Bolívar para concretar la Liga de Naciones, finalmente zozobró en medio de las diferencias sobre la organización que debían adoptar las nuevas repúblicas. De una parte, se manifestaron los intereses de las élites en nacionalismos –parroquialismos vistos desde una perspectiva más amplia - muchos disfrazados de animadversión a Bolívar, pues era más fácil mantener los privilegios del régimen colonial en pequeñas repúblicas que en el esfuerzo grandioso de una gran nación continental. De otra parte, la diplomacia norteamericana jugó un papel importante, especialmente en México, sede escogida en Panamá, donde logró el cambio de posición del gobierno frente a la proyectada unión.

A fin de cuentas, los padres fundadores de los Estados Unidos fueron capaces de vencer sus parroquialismos y forjar la gran unión norteamericana. Los de Hispanoamérica permitieron la balcanización del continente para terminar en los “Estados desunidos del sur,” como los apoda Indalecio Liévano. Fueron graves las consecuencias, entre otras, para los extensos territorios mexicanos de California, Texas y Oregón, y las islas de Cuba y Puerto Rico, donde no llegó la expedición de liberación proyectada por Bolívar.

∗ Liévano Aguirre, Indalecio. Bolivarismo y Monroismo. Populibro. Editorial Revista Colombiana. Bogotá, 1969.

Bogotá, D. C, 9 de enero de 2019

*Precandidata a la Presidencia y Excandidata a la Vicepresidencia de Colombia. Exalcaldesa de Bogotá y Exministra de Trabajo.

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