Opinión

Por Jairo Gómez*.-El trabajador periodista en los medios, el carga-ladrillos, el lleva-y-trae noticias, en muchos casos anónimo, siempre ha sido un tema tabú; de su situación y condición laboral poco se habla, es como si fuera una especie de otro planeta a quien no se le permite, ni siquiera, ejercer el derecho constitucional a sindicalizarse para hacer respetar sus merecimientos laborales.

Pues bien, porqué hago este relato; por la siguiente razón: la semana anterior la periodista y presentadora Mabel Lara, puso el dedo en la llaga y denunció vía Twitter que “este año van 700 periodistas que salen (echados) de los medios de comunicación tradicionales en Colombia. El debate es gigantesco y los periodistas que se quedan en las salas de redacción, dicen estar “mamados trabajando el doble”.

No se trata de una denuncia novedosa, es una práctica secular en los medios de comunicación dominantes y el gremio, inexplicablemente, calla. Nadie, ningún periodista denuncia o revela  los desafueros que a diario se le imponen, tampoco es de hablar sobre la precarización laboral manifiesta en contratos basura que no tienen una duración superior a los tres o cuatro meses. Una práctica sistemática de la cual el propio estado es cómplice; desde que implantó la tal flexibilización laboral, mira para otro lado.

Además de la denuncia, resultó interesante el hilo de conversación en la red social en el que la gente no dudó en recomendar acciones como el derecho a la sindicalización para garantizar el respeto laboral y evitar esos despidos masivos sin justificación alguna; sin embargo, esa posibilidad es una quimera en un gremio ausente de unión, solidaridad y organización, lo que se traduce en un silencio cómplice u obligatorio; es como si los periodistas se autocensuraran.

Se tragan el sapo sin hacer ningún gesto, acción contraria a lo que exige la profesión, que implica cuestionar a fondo, justamente, las injusticias. Se desconectan de la realidad que a diario transmiten como si no cayeran en cuenta de que también dependen de un salario que favorece, igualmente, a su entorno familiar. No son conscientes de que esas decisiones empresariales, en muchos casos arbitrarias, provocan desigualdades laborales que también tocan a la puerta y la calidad de vida se marchita.

Lo anterior nos pide abordar otro supersticioso asunto del cual tampoco se habla: la desigualdad salarial en los medios de comunicación, realidad obscena e indecente; de jefe a reportero las diferencias son enormes. Me dicen, por ejemplo, que en el Grupo Prisa (dueños de Caracol Radio) se asombran de los salarios que se pagan en Colombia, incomparables a los que, en euros, se les paga a los periodistas-directores españoles.

Corrobora este ejemplo el ficticio mundo de bienestar y comodidad en que muelen los periodistas; es una realidad virtual construida en los medios en que trabajan la que los separa, increíblemente, de su propia verdad: la cruda realidad que a diario transmiten a sus lectores, oyentes o televidentes.

Es hora de reclamar derechos y de bajarse de la nube del supuesto poder que les da la pluma o un micrófono; el periodista debe entender su efímera trascendencia y dejar a un lado la condescendencia; hacer periodismo es un hermoso oficio, pero al mismo tiempo es un trabajo que se sustenta en unos derechos contractuales muy particulares por los sacrificios que implica ejercerlo, hecho éste que lo hace merecedor de ser pensado de otra manera en estos tiempos digitales.  

Qué paradoja, mientras la actualidad que se está construyendo en los medios de comunicación como The New York Times y el Washington Post busca fortalecer su oferta digital creciendo la planta de periodistas para mejorar la calidad de la información y de sus contenidos, la decisión de los medios de comunicación dominantes en Colombia es cerrar plazas de trabajo y precarizar las condiciones laborales de los periodistas, portadores diarios de buenas y malas noticias.

Queridos reporteros, como decía el maestro Kapuscinski, son cinco los sentidos del periodista: “estar, ver, oír, compartir, pensar”; pónganlas en práctica no solo en su ejercicio profesional, sino también para hacer valer sus derechos.   

Bogoá, D C, 27 de agosto de 2019

Periodista y Analista Político.

@jairotevi

Por Guillermo García Realpe*.- Terminó con éxito en Bogotá el II Congreso Internacional de Gas Licuado de Petróleo (GLP) y tuve la oportunidad de participar en el panel “Políticas Públicas hacia combustibles limpios” junto a expertos nacionales e internacionales. Sobre este interesante tema hay mucho por destacar.

En primer lugar, en Colombia hemos avanzado y sobre todo en los últimos años alrededor del GLP en hacer interesar al Gobierno a dirigir la mirada hacia el gas propano, porque hace veinte o treinta años ha estado consentido el gas natural y qué bueno que así sea porque también tiene sus propiedades. Todos sabemos que hay más de $700 mil millones en subsidios para el gas natural y solamente tenemos $60 o 70 mil millones para ese mismo fin en el GLP, eso demuestra la tendencia y la dimensión de preferir el gas natural, más todo un esquema de fondos de infraestructura y desarrollo de gas natural.

Pero, el último Plan Nacional de Desarrollo o Ley 1955 de 2019 trae ya varios artículos, por ejemplo, en materia de fomento, promoción, consumo y distribución de gas propano, instalación de redes y demás, aspectos que se le debe básicamente a una gestión y trabajo de todo el gremio que ha estado haciendo la tarea para estos grandes avances.

Podemos decir también que este es un Plan de Desarrollo muy cargado en temas de GLP, el artículo 293 establece el fomento de proyectos de expansión de redes, donde el Ministerio de Minas y Energía promoverá la promoción y cofinanciación de proyectos de expansión de redes de GLP para conectar a los usuarios donde sea técnica y económicamente viable y priorizará los municipios con niveles altos e intermedios de Necesidades Básicas Insatisfechas, zonas rurales y zonas de difícil acceso.

Asimismo el Artículo 294. Gestión del servicio público domiciliario de gas combustible en zonas apartadas sin servicio para extender el uso de gas natural distribuido por redes y/o gas licuado de petróleo distribuido por redes a cabeceras municipales que no cuenten con el servicio respectivo y/o a centros poblados diferentes a la cabecera municipal, como por ejemplo las veredas, los corregimientos, caseríos y/o inspecciones de policía, que no cuenten con el servicio respectivo. Es decir, posibilita la asociatividad entre las empresas públicas e inversionistas.

También los Artículos 295, 296 y 297 que se relacionan con Subsidios para combustibles líquidos, biocombustibles y GLP, matriz energética complementaria, y comprometida con la reducción de emisiones de carbono, y la prolongación de los subsidios de energía eléctrica y gas respectivamente.

Ahora bien, en términos de subsidios al GLP para mantener esta conquista social que hoy benefician a 260 mil familias del sur del país, de los departamentos de Nariño, Cauca, Putumayo y Caquetá, tenemos dificultades porque en el presupuesto de la vigencia 2020, sólo se han proyectado poco más de $30 mil millones, cuando se requieren más del doble de estos recursos para seguir financiando esta urgente necesidad de las gentes del Macizo Colombiano, principal fábrica de agua que produce más del 70% del agua dulce del país.

Por otro lado, tenemos demandas, como la que ocurrió recientemente contra el Decreto 2195 de 2013 por parte de un empresario interesado en que se caiga ese subsidio porque es una competencia para el gas natural, menos mal que el primer fallo del Consejo de Estado fue favorable a mantener esos subsidios, pero esos subsidios tienen que extenderse en Colombia siquiera a otras 250 mil familias más, en eso tenemos que persistir, porque definitivamente el tema de la deforestación en el mundo, en la Amazonia y especialmente en Colombia es un propósito nacional y nosotros podemos aportar desde el punto de vista del uso de éste combustible amigable con la naturaleza, por supuesto, también contribuir a la no deforestación en nuestro país porque sustituye la leña y el carbón.

En temas de políticas públicas hoy tenemos nuevas leyes en los últimos dos años, como la Ley 1972 de 2019  sobre regulación de gases contaminantes y de efecto invernadero en nuestro país, quiere decir que el diésel, la gasolina tienen que entrar a regularse dentro de los estándares internacionales. También la Ley 1931 de 2018 de lucha contra el Calentamiento Global, hoy tenemos un marco legal de política pública muy estricto y que nos va a obligar a un tránsito hacia una canasta energética amigable con la naturaleza y por supuesto totalmente sostenible.

Así que el GLP debe convertirse en el mediano plazo en una alternativa energética para Colombia.

Bogotá, D. C, 27 de agosto

*Senador de la República

@GGarciaRealpe

Por José G. Hernández*-. El control político, una de las más importantes funciones del Congreso, resulta esencial para asegurar la efectiva vigencia de un sistema democrático en el que tenga lugar un sano equilibrio entre las ramas del poder público para lograr los fines del Estado y la prevalencia del interés general.

A ello se agrega que los partidos de oposición tienen derecho, de orden constitucional, a preguntar y a examinar y controvertir lo que se hace y lo que se pretende hacer en cuanto pueda afectar el ejercicio de los derechos individuales y colectivos, en especial si las actitudes y resoluciones de la administración no son del todo claras o si en las actuaciones no hay la suficiente transparencia.

Un ejemplo es el caso del contrato sobre la Ruta del Sol 2 -declarado nulo en decisión arbitral por objeto y causa ilícitos-, toda vez que ha faltado claridad  respecto a lo que se proponía el Ejecutivo, y acerca de las diferencias entre el monto de lo que se debe reconocer según el laudo y la muy superior suma que se iba a pagar a instituciones financieras. Las explicaciones oficiales no han sido convincentes.

Se requiere mayor claridad. La ciudadanía tiene derecho a conocer con exactitud lo que ocurrió y a establecer sin duda alguna si se pretendió o no favorecer a los bancos a costa del tesoro público, y el fundamento jurídico de las propuestas. También a que se definan las correspondientes responsabilidades, tanto las de orden jurídico como la responsabilidad política.

Es un tema de interés general y el típico asunto que se debe dilucidar en desarrollo del control político que ejerce el Congreso sobre el Gobierno y la administración.

Infortunadamente, la intervención de la Ministra de Transporte en el Senado, este 13 de agosto, se produjo en el marco de un debate completamente distinto (el de transporte aéreo), y por tanto sigue pendiente el ejercicio de ese control por parte de la rama legislativa en el caso del mencionado contrato, cuyo objeto y causa fueron encontrados ilícitos.

Nos limitamos a recordar lo establecido de manera perentoria por el artículo 209 de la Constitución, a cuyo tenor “la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad”. La norma parte del supuesto del papel constitucional de las autoridades administrativas, que “deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado”, lo que significa predominio del interés general sobre el particular ¿Si había un proceso en curso y se avecinaba un laudo, había razón para promover e intentar un acuerdo con los bancos?

Bogotá, D. C, 21 de agosto de 2019

*Expresidente de la Corte Constitucional

Por Víctor G. Ricardo*.- En el mundo Accenture es de las principales firmas de consultoría. Su importancia radica no solo en el gran portafolio de servicios que puede ofrecer, sino en su portafolio de clientes, su experiencia y su know-how que con los años se ha visto fortalecido.

Se le reconoce por ser experta en tecnología, inteligencia artificial, conocimiento y reingeniería de empresa, no solo haciendo sus estudios de readecuación sino también -si se quiere- en su ejecutoria, llegando incluso a ofrecer su participación tanto en los riesgos como en sus resultados.

Accenture cuenta con cerca de 460 mil funcionarios y unas ventas cercanas a los 34 billones de dólares.

Una muy buena noticia es que desde hace dos años esta reconocida consultora decidió incrementar su presencia y participación en Colombia. Como parte de esta nueva política montó el Centro de Cuarta Revolución Industrial, un centro de tecnología en Ruta N de Medellín, vinculando a más de 600 nuevos empleados, que llegarán a 1.200, con su política de enganche equitativo de hombres y mujeres, y convirtiendo esta iniciativa en un centro regional de referencia. El Centro de la Cuarta Revolución Industrial es un hito en la historia de Colombia.

Pero la mejor noticia de todas es que, en vista del liderazgo apasionado y el entendimiento que el Gobierno ha demostrado sobre los temas que están revolucionando el mundo en el que vivimos, Accenture ha tomado la decisión de seguir creyendo en Colombia. Gracias a la labor que en el ámbito internacional ha venido realizando el gobierno del presidente Iván Duque, se espera crear en Medellín un Nano Lab, un laboratorio tecnológico, conectado a la red global de laboratorios de Accenture y el cual esperan inaugurar en octubre de este año. Este nuevo laboratorio contaría con una nueva inversión económica muy importante y una nueva generación de empleo de 2.000 personas.

Este laboratorio, por otra parte, pone a nuestro país como exportador de servicios de tecnología no solo para los países latinoamericanos sino para el mundo entero. En Accenture Labs el entorno de Start ups y la conexión con la academia serán parte esencial del engranaje y la forma en cómo opera esta Consultora en el país. Accenture está poniendo la tecnología al alcance de todos y, así, contribuyendo al desarrollo de Colombia, mediante la generación de oportunidades, impulso al talento humano y ofreciendo al pueblo colombiano las herramientas para seguirse apasionando por la tecnología, la innovación y el emprendimiento.

Por último vale la pena resaltar el papel de los ministros de Comercio y de las TIC en este éxito, así como del alcalde de Medellín  Federico Gutiérrez; su capacidad, entusiasmo, inteligencia y capacidad de liderazgo han hecho posible que hoy Medellín sea la capital del emprendimiento y de la tecnología en Colombia y la región.

Bogotá, D. C, 21 de agosto de 2019

*Excomisionado de Paz

Por: Guillermo García Realpe*.– Con verdadera sorpresa pero a la vez con preocupación recibimos el bajonazo presupuestal al Ministerio de Agricultura para la vigencia fiscal 2020, asignada por el Ministerio de Hacienda, el cual disminuye en 21,6%. 

No puede ser que uno de los sectores más importantes, que tanto le aporta a la economía nacional y que garantiza la seguridad alimentaria de toda una nación, sea mirado con poco interés en la asignación de las partidas, ¡eso realmente es injusto! 

En la sustentación de esta decisión, nos dice el Ministro de hacienda, Alberto Carrasquilla, que hubo cambios metodológicos y que algunos sectores que dependían del Ministerio de Agricultura, como el de vivienda rural pasará a ser manejado por el Ministerio de Vivienda con un rubro de 200 mil millones, la Agencia para la renovación del Territorio será manejada ahora por la Presidencia de la República con un presupuesto de 150 mil millones y que otros150 mil millones, que recibía el sector cafetero para contrarrestar los bajonazos en el precio internacional del grano serán trasladados directamente al ya creado Fondo de Estabilización de Precios del Café, eso de cierta manera es entendible. 

Pero sí nos sigue preocupando la difícil situación en general del Ministerio de Agricultura en otros frentes, por ejemplo, los recursos propios del sector como los del ICA, como la Agencia Nacional de Pesca y Acuicultura, como la Agencia Nacional de Desarrollo Rural, pues se reducen de forma notable. En estas tres entidades y en otras del sector, el presupuesto se disminuye en más de $200 mil millones.

No se entiende como al ICA, se le recorta de manera significativa sus ingresos, una entidad tan importante encargada de realizar los controles sanitarios y fitosanitarios, y más ahora con la amenaza de tantos brotes, como la fiebre aftosa que ingresa al país por tantas fronteras, especialmente la venezolana o la frontera sur con Ecuador, y lo mismo con el reciente brote en los cultivos de banano en los departamentos de La Guajira y Magdalena. Para hacerle frente a esas situaciones tan delicadas se necesitan de recursos, y sin ellos, será muy difícil que la labor misional de la entidad llegue a feliz término.

Lo mismo ocurre con la Agencia Nacional de Desarrollo Rural, que tiene la gran responsabilidad de desarrollar los proyectos agropecuarios del país y sobre todo compromisos que tiene el gobierno nacional que ha suscrito, éste y anteriores, por ejemplo en Nariño, es el documento CONPES Agropecuario, es el documento CONPES lechero, es el documento CONPES del sector indígena y lo propio en departamentos como el Cauca. Además que se pone en riesgo  el cumplimiento de los programas de consolidación de la Paz.

Y ni qué decir de la Agencia Nacional de Pesca y Acuicultura, un país que tiene dos mares, que tiene un Pacífico, un Atlántico donde hay mucha gente y sobre todo pescadores artesanales que están esperando un presupuesto que les permita ser un soporte para realizar sus actividades pesqueras de una forma exitosa y rentable.

Sumado todos estos recortes a estás tres entidades, tenemos una disminución estimada en unos $200 mil millones, y esperamos, que en próximas discusiones logremos reacomodar la asignación de esas partidas y se normalice, porque es urgente hacerlo.

En segundo lugar nos preocupa mucho también el presupuesto deficitario para los subsidios de gas y energía, para los estratos 1,2 y 3. En la actual vigencia tenemos cerca de dos billones de pesos para tal fin, pero para 2020 tendremos menos de un billón, alrededor de $840 mil millones, ¡algo realmente alarmante!, hay una explicación y es la depuración del SISBÉN, pero yo no creo que esa depuración llegue a que reduzcan más del 50% de los recursos para atender esos requerimientos.

Ya el Ministro de hacienda, en la Comisión Quinta del Senado reconoció esta situación y dio un parte de tranquilidad, al comprometerse que el tema de recursos de los subsidios a los servicios públicos, gas natural y al gas GLP serán garantizados y que es una situación que se tendrá que resolver. De todas formas estaremos muy vigilantes a que eso se cumpla y que se garanticen también los recursos para mantener los precios especiales de los combustibles en la frontera.

Asimismo no votaremos el Presupuesto General de la Nación del próximo año, hasta tanto no se rediseñe y se reorienten los rubros al sector de agricultura, no es posible sacar adelante un renglón tan importante de la economía y cercenarle el derecho a una mejor calidad de vida a más de doce millones de hombres y mujeres campesinos que hoy a sol y agua labran el campo colombiano.

Bogotá, D. C, 21 de agosto de 2019

Senador de la República

@GGarciaRealpe

Por Amylkar D Acosta M*.- Hace rato la actividad extractiva se viene debatiendo en medio de la inseguridad jurídica por cuenta del “activismo” judicial, el cual se deriva de las acciones legales a tutiplén impetradas ante los tribunales de la justicia y las altas cortes, a propósito de la colisión de competencias entre la Nación y las entidades territoriales en relación a la exclusión de áreas del territorio de dicha actividad.

Todo comenzó con el intento de excluir la actividad minera en la jurisdicción del Distrito de Bogotá por parte del Alcalde Gustavo Petro, al cual le salió al paso el Ministerio de Minas y Energía, expidiendo el Decreto 934 de 2013, amparándose en el artículo 37 de la Ley 685 (Código de Minas), el cual preveía que “ninguna autoridad regional, seccional o local podrá establecer zonas del territorio que queden permanente o transitoriamente excluidas de la minería”, reservándole dicha competencia a la Autoridad Nacional Minera.

Primero se demandó el Decreto 934 y posteriormente el artículo 37 de la Ley 685, por considerarlos contrarios al principio constitucional que consagra la autonomía territorial. El Consejo de Estado, al suspender la vigencia del Decreto 934 (Sección 3ª, Auto de septiembre 3 de 2014), manifestó que al “excluir de forma absoluta la participación  de los municipios y distritos en la decisión sobre si en su territorio se realiza o no una exploración o explotación minera contraría el principio de autonomía territorial…La imposibilidad de excluir zonas del territorio municipal de la exploración y explotación minera, priva a las autoridades locales de la posibilidad de decidir sobre la realización o no de una actividad que tiene gran impacto en muy distintos aspectos…”.

Por su parte, la Corte Constitucional, en cuatro fallos sucesivos declaró la constitucionalidad del artículo 37. No obstante en el último de ellos, aunque ratificó su constitucionalidad, dejó en claro que la ANM “deberá acordar” con las entidades territoriales todo lo atinente al Plan de Manejo Ambiental, bajo los principios de concurrencia, complementación y subsidiariedad previstos en el artículo 288 de la Constitución Política. En un fallo posterior, la Corte Constitucional fue más lejos y en su providencia T -445 de 2016 dejó sentado que “los territorios poseen competencia para regular el uso del suelo y garantizar la protección del medio ambiente, incluso si al ejercer dicha prerrogativa termina prohibiendo la actividad minera”. Más tarde la Corte Constitucional cambiaría su jurisprudencia  y mediante la Sentencia C – 035 de 2016 declaró inconstitucional el artículo 37 de la ley 685 de 2001 y eso enredó más la pita.

Estos fallos del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional alentaron la proliferación de las consultas populares en muchos municipios del país tendientes a prohibir la actividad extractiva en sus territorios y la expedición de acuerdos municipales en la misma dirección.

El año anterior, la Corte Constitucional  “determinó que de conformidad con las competencias atribuidas por la Constitución Política a la nación y a las entidades territoriales, las decisiones relacionadas con la exploración y explotación de los recursos naturales no renovables del subsuelo, deben ser adoptadas de manera concurrente y coordinada por las autoridades nacionales, con la participación de las autoridades territoriales, mediante los mecanismos que establezca la ley”. Con ello, la Corte Constitucional se retrotrae a lo que dispuso en su Sentencia C–123 de 2014.

En el mismo fallo, la Corte Constitucional exhorta al Congreso de la República a que cumpla con su tarea “para que en el menor tiempo posible defina uno o varios mecanismos de participación ciudadana y uno o varios instrumentos de coordinación y concurrencia nación-territorio y en igual sentido”, hizo lo propio con las autoridades nacionales competentes. El Gobierno presentó este proyecto, pero este no está entre sus prioridades en la agenda legislativa, lo cual es preocupante.

En su más reciente fallo la Corte Constitucional le trata de poner punto final a la querella en torno a la colisión de competencias entre la Nación y las entidades territoriales, al determinar las áreas del territorio que pueden excluirse de la actividad extractiva. Según este fallo (T-342 de 2019), los entes territoriales no pueden vetar la actividad extractiva en sus territorios de manera unilateral por medio de acuerdos municipales o instrumentos de ordenamiento territorial, sin aplicar los principios constitucionales de coordinación y concurrencia. En el mismo fallo, se ratifica la jurisprudencia de la misma Corte (Sentencia de unificación SU – 095 de 2018), en el sentido que “ningún ente territorial en el país puede vetar o prohibir las actividades de exploración y producción de los recursos naturales que se hallan en el subsuelo”. Se impone, entonces, el diálogo y la concertación entre la Nación y las entidades territoriales para desatar este nudo gordiano!

Ya va siendo hora que el Congreso asuma con responsabilidad su tarea de expedir tanto la Ley que regule los mecanismos de coordinación y concurrencia entre la Nación y las entidades territoriales, como la que debe establecer el marco normativo para el ejercicio de los mecanismos de participación ciudadana, como las consultas populares y así evitar que las actividades de las empresas en los territorios estén del timbo al tambo, sin saber cuáles son las reglas de juego o que las mismas se le cambien en la mitad del juego. Para luego es tarde.

Bogotá, agosto 19 de 2019

*Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía

www.amylkaracosta.net

Por Mauricio Cabrera Galvis.- Si en una economía en el sector bancario crece más del doble que todos los demás sectores que son el objetivo de la financiación, es porque hay muchas actividades especulativas.

La cuasi euforia que generó el que la economía hubiera crecido dos o tres décimas por encima de lo esperado y alcanzara un modesto 3%, dejó en segundo plano el análisis más detallado de las características de ese crecimiento que es profundamente desbalanceado y, por lo tanto, surgen dudas sobre su sostenibilidad.

En la jerga de los economistas se habla de bienes transables y no transables. Los primeros son aquellos que pueden comprarse o venderse en el exterior –productos industriales y agrícolas y algunos servicios como el turismo-, mientras que los segundos son aquellos que se producen y venden principalmente en el mercado doméstico, como la construcción, el comercio y la mayoría de los servicios personales.

Los sectores estrella en el último trimestre fueron el comercio (4,8%) y las actividades financieras (4,6%), mientras que los sectores de bienes transables tuvieron un mal año: agricultura (1,5%) e industria (0,6%) se llevaron el farolito, compartido este año con la construcción (0,6%), lo cual es excepcional pues este ha sido siempre uno de los más dinámicos.

No se trata de un fenómeno nuevo, pues el relativo estancamiento de los transables empezó desde los años de la apertura hacia adentro. Desde el 2005 la economía ha crecido 71%, la industria 62% y la agricultura solo 36%. En el otro extremo, a los no transables les ha ido muy bien: el comercio ha crecido 78%, la construcción 100% y las actividades financieras 165%. Si en una economía en el sector bancario crece más del doble que todos los demás sectores que son el objetivo de la financiación, es porque hay muchas actividades especulativas.

Las cifras de las encuestas mensuales del DANE muestran un empeoramiento de esta tendencia, pues en el mes de junio la industria decreció 1,1% mientras que las ventas del comercio minorista sin combustibles crecieron 8,6%. La gente está comprando mucho más, pero no son productos nacionales sino importados, lo cual es otra faceta del crecimiento desequilibrado.

En efecto, aunque en el último mes las importaciones disminuyeron un poco (ojalá se empiecen a ver los efectos positivos de la devaluación), en lo corrido del año han crecido casi 6% en dólares corrientes. Lo grave es que en el mismo período las exportaciones cayeron 1,5%, de manera que la déficit comercial del semestre pasó de -USD 2.782 millones en 2018 a –USD 4.422 millones este año. Un desbalance creciente que no es sostenible.

Este desequilibrio externo además constituye un freno al crecimiento. Las mayores compras de los consumidores junto con la inversión en bienes de capital y el consumo del gobierno, conforman lo que se denomina la Demanda Interna, que este año ha crecido 4,3%. La pregunta obvia es ¿por qué la oferta interna (que se mide con el PIB) solo crece el 3%?

La respuesta también es obvia: porque buena parte de la demanda se surte de importaciones que crecieron casi 9% (en precios constantes).

Bogotá, D. C, 18 de agosto de 2019

*Filósofo, Economista y Consultor

Por José Félix Lafaurie*.-  La estigmatización y el desprestigio son un recurso fácil en la confrontación política, cuando desborda el ámbito de las ideas y cae a los círculos del poder al servicio de protervos intereses.

Escribiendo estas líneas me entero de que la Corte Suprema, tras negar la nulidad de la investigación contra Álvaro Uribe por la profusión de pruebas viciadas, lo llamó a indagatoria; un caso emblemático de “la narrativa” estigmatizante utilizada como arma política.

Las acusaciones contra Uribe surgen de la narrativa que sus adversarios han construido alrededor de sus ejecutorias y su realidad misma. Como ejemplos: Seguridad Democrática = guerrerista; ganadero = terrateniente y paramilitar.

Muchas de esas narrativas han derivado en causas judiciales por cuenta de enemigos de oficio, como la izquierda; de adversarios políticos, como el “santismo”, y de columnistas sesgados y obsesivos, como...

Es la receta aplicada a ministros y funcionarios del gobierno Uribe, y a miembros del CD: narrativa que lleva a causa judicial; causa que llega a condena y verdad judicial; verdad judicial convertida en historia oficial.

Empezamos en narrativas estigmatizantes; terminamos en “la historia” incontrovertible.

Las negociaciones con las Farc incorporaron elementos para que su narrativa se convirtiera también en historia oficial. Me pregunto por la verdad que pueda contar la Comisión, o la historia a partir de la verdad judicial de la JEP, frente a la realidad de criminalidad de las Farc.

Quienes fuimos reseñados como “enemigos de la paz”, además de persecución institucional, como el caso de FEDEGÁN, y de persecución judicial, hemos sido objeto de la narrativa estigmatizante, ensañada contra el CD con dos objetivos: bloquear la gobernabilidad de Duque y tender cortinas de humo frente a la corrupción.

Es una estrategia apuntalada por Santos y sus alfiles en los últimos meses. El 10 de agosto, en El País de Madrid, Santos, el estigmatizador de medio país, afirma con cinismo que “Asesinar la reputación y la credibilidad de sus enemigos ha sido una táctica de la extrema derecha”.

Tres días después, en el mismo diario se califica al uribismo como “una minoría radical que amenaza las instituciones y la democracia misma en el país suramericano”.

En febrero, De la Calle, lanza “Revelaciones al final de una guerra”, y en marzo, Santos compila su narrativa en “La batalla por la paz”. En junio, León Valencia ataca a Duque y al CD en “El regreso del uribismo”; y en agosto, Cristo y Rivera lo hacen en “Disparos a la paz”, con evidente intención detractora.

Se sigue construyendo una narrativa contra el Centro Democrático, que debemos contrarrestar mediante un ejercicio asertivo que difunda nuestros principios y posiciones frente a la realidad nacional, y denuncie los atropellos contra el CD y sus miembros.

Es nuestra responsabilidad con el futuro, para que las falsas narrativas no se conviertan en “la historia” oficial.

Bogotá, D. C, 18 de agosto de 2019

*Presidente de Fedegan

Por Jorge Enrique Robledo*.- Si la ministra del Transporte hubiera coronado el negocio que intentó hacer a favor del Grupo Aval e impedido que el tribunal de arbitramento fallara sobre la corrupción del Consorcio Ruta del Sol 2 y de sus socios, Odebrecht y Corficolombiana Aval, a los colombianos nos habrían sacado del bolsillo 1,2 billones de pesos para los bancos, incluidos seiscientos mil millones para los de Luis Carlos Sarmiento Angulo. También estaríamos sin conocer las corruptelas y truhanerías cometidas en ese negocio, según las detalló el tribunal. Y los bancos del Grupo Aval, por una decisión abusiva y montada sobre mentiras, habrían quedado formalmente declarados por la ANI –por el Estado, supuestamente– como “de buena fe”, la condición que puso la Corte Constitucional para aprobar el artículo 20 de esa ley sastre, la 1882 de 2018, bien bautizada Ley Sarmiento Angulo (http://bit.ly/2LXNP7w).

Pero el tribunal, además de declarar nulos, por corruptos, los contratos del Consorcio Ruta del Sol 2 y negarle sus pretensiones tramposas, le impuso al Estado pagar 24 mil millones de pesos, de los 211 mil decididos en el laudo, ¡un billón menos de los que intentó en su jugadota Ángela María Orozco! Por ese solo hecho, por lo menos de inmensa irresponsabilidad, en otro país, gobernado con la pulcritud con la que no se gobierna a Colombia, la ministra ya habría tenido que renunciar. Muy mal cayó que Duque saliera a defenderla, como hizo con Carrasquilla, acto que también explica por qué perdió su primer año de gobierno.

La inhabilidad legal de la ministra Orozco para actuar en este caso no ofrece dudas, de acuerdo con la Ley 1437, que le prohibía tomar decisiones sobre el Grupo Aval por lo menos hasta el 19 de julio de 2019, deber que no cumplió. Mas lo nuevo al respecto es que, por dicha ley, también resulta encartada Marta Lucía Ramírez, dado que las pruebas confirman lo dicho por Semana acerca de que fue la vicepresidenta de la República –cercanísima a Sarmiento Angulo– la que, “tras bambalinas”, dirigió la operación para regalarles a los banqueros más de un billón de pesos, con la mitad de esa plata para los del Grupo Aval.

Para felicidad de Sarmiento Angulo, Marta Lucía Ramírez presidió el Comité Interinstitucional del Sector Transporte Ruta del Sol 2 del 21 de diciembre de 2018, Comité que según la ministra le abrió el camino para moverse tras los famosos 1,2 billones de pesos de obsequio a los banqueros. De ahí que la vicepresidenta esté incluso más impedida que la ministra para actuar en lo del Grupo Aval. Porque mientras que la ley obra sobre Ángela María Orozco por un año, la vicepresidenta sufre de una inhabilidad permanente, en razón de que a ella la obliga –y podría suceder que a Orozco también– el artículo 11, numeral 8 de la ley 1437. Pues esta norma señala que el servidor público no puede actuar en nada relacionado en particular con personas con las que tenga una “amistad entrañable”, dado que esa cercanía –como ocurre con los vínculos familiares– le impide decidir con la imparcialidad en la que deben fundamentarse los actos oficiales.

Al respecto cabe recordar que Germán Vargas Lleras, como ministro de Vivienda de Santos, se declaró impedido para actuar en los negocios de su amigo Alberto Ríos Velilla que tuvieran que ver con su Ministerio, impedimento que le fue aceptado mediante el decreto presidencial 005 de 2013 y que también determinó al funcionario que lo reemplazó, para lo que fuera, en esos asuntos (http://bit.ly/2KNH3Os). Entre las pruebas que se verán en el debate en el Senado y que inhabilitan ética, política y legalmente a Marta Lucía Ramírez para tratar negocios de Luis Carlos Sarmiento Angulo, ¿no le debería bastar que el Banco de Bogotá le prestó a su campaña y a la de Duque 15.209 millones de pesos, equivalentes al 67 por ciento de sus ingresos totales? (https://bit.ly/2KDzutw)Y más cuando el mencionado Comité Interinstitucional del Transporte que le creó Duque y que ella preside le permite tirar la línea sobre las ocho concesiones viales de Sarmiento Angulo –además de la Ruta del Sol 2–, incluidas la vía al Llano y el puente en Chirajara.

Los colombianos estamos hasta la coronilla de la puerta giratoria por la que algunos pasan de los negocios privados a los públicos y de los públicos a los privados como Pedro por su casa y sin siquiera imponerse el menor impedimento ético, parapetados tras la falacia de que todo lo legal es políticamente digno. Y que, como si fuera poco, si las leyes les estorban o les son insuficientes para lo que desean, entonces las violan o diseñan las trampas que les sirven a sus conveniencias y a los de sus amigotes y luego las convierten en normas legales, como hicieron con la 1882.

Como es obvio, Marta Lucía Ramírez será cordialmente invitada al debate en el Senado sobre la corrupción Odebrecht-Aval del martes 27 de agosto, en el que trataremos la tentativa de regalito de los 1,2 billones de pesos, lo último sobre las platas a la campaña Santos 2014 y las andanzas no debatidas de Néstor Humberto Martínez.

Bogotá, 18 de agosto de 2019

*Senador del Polo Democrático Alternativo

@JERobledo

Por Gabriel Ortiz*.- Hubo alborozo. Gobierno, Congreso, políticos, medios, fuerzas vivas y hasta víctimas celebraron el gran homenaje que nos hizo el presidente Trump: ¡Nos certificó! Se nos formó, o mejor se nos implantó la idea de que estábamos celebrando un nuevo 7 de agosto, que resucitaba la Batalla de Boyacá.

La celebración no fue por los 200 años de nuestra independencia, sino porque habíamos recibido ¡la certificación! ¿De qué? Nadie atinaba, nadie entendía las razones que nos llevaban a tan generalizada alegría. Muchos de los que recibieron el honor de tener butaca en el Puente de Boyacá creyeron que consagrarían con champaña ‘certificada’… otros más sumisos con glifosato.El país estaba ausente del honor del presidente Trump.

Ese día para Colombia era más importante la champaña con la que celebró Egan su triunfal arribo a los Campos Elíseos.

Y es claro. Debemos abandonar el provincianismo. La tal certificación nos quita más de lo que nos beneficia. Con ella o sin ella, seguimos poniendo los muertos, la sangre y el miserabilismo de nuestra patria y sus gentes. Nuestras Fuerzas Armadas, nuestra Policía, nuestra justicia, nuestras autoridades y nuestros políticos se corrompen por cuenta del narcotráfico que crece sin pausa para satisfacer una demanda que no tiene término, que nadie controla, que no hay autoridad norteña que la aplaque. Nadie conoce un narco gringo preso o extraditado a Colombia para recibir el castigo que se merece. Ni de esos que la distribuyen en este país, ni los que nos inundan con sus pastillas y fármacos que envilecen a nuestra juventud.

No poseemos un ‘galardón’ o una galerna que imprima miedo o pánico a los norteños; y si los tuviéramos los mataría de la risa.

Entre tanto, el alborozo por la certificación crece, mientras regiones como el Cauca y otras zonas cocaleras siguen en medio de la nada. En poder de la mafia mexicana y de unos terratenientes que despojaron a sus moradores de sus tierras, son los amos.

Los indígenas ‘armados’ con garrotes tratan de imponer la ley, y unos valientes caficultores que laboriosamente cultivan un grano de alta calidad buscan mejorar el ingreso de quienes se dedican a esa actividad. Claro que hubo quienes quisieron dividir el Cauca en dos: uno indígena y otro terrateniente.

Quienes creen entender eso de la certificación, esperan ríos de dinero, autoridades correctas, propósitos gubernamentales que contrarresten los salarios del miedo que implantan las mafias mexicanas y colombianas que ordenan y presionan infamemente a los campesinos y pequeños grupos indígenas para que inunden de coca y marihuana los campos del Cauca.

¡Estamos certificados! pero la sangre, la muerte, la miseria y el látigo de narcos, terratenientes y gringos consumidores seguirán azotando a una región tan bella y productiva como el Cauca, no quienes nos “certifican” y consumen, para elevarse y embriagarse en lejanías.

BLANCO: La demolición de las construcciones ilegales en los cerros del norte de Bogotá.

NEGRO: En Colombia: sube el dólar, baja la demanda, sube el desempleo y baja la inversión.

Bogotá, D. C, 16 de agosto de 2019

*Exdirector del Noticiero Nacional y de Notisuper