Opinión

Por Amylkar D. Acosta M*. - El Ministro Alberto Carrasquilla, al momento de radicar en el Congreso de la República el proyecto de presupuesto para la vigencia de 2020, pese a que el mismo, según el Ministro está desfinanciado en $8.5 billones. Según él “existe una necesidad de encontrar, así como lo discutimos el año pasado, unos recursos para terminar de financiar el Presupuesto del próximo año”.

El proyecto de presupuesto que se tramita está aforado $271.7 billones.

Pero, el Ministro Carrasquilla, en apuros para cumplir con el principio rector de la sostenibilidad fiscal consagrado en la Constitución y la Regla fiscal que lo desarrolla, se las ha apañado para tratar de lograr la cuadratura del círculo y de esta manera soslayarlo. Veamos.

A través del artículo 79 de la Ley 1955 del Plan Nacional de Desarrollo 21018 – 2020 se le permite a la Nación “emitir bonos en condiciones de mercado u otros títulos de deuda pública para pagar las obligaciones financieras (…), con el fin de sanear los pasivos correspondientes a cesantías de las universidades estatales”. En virtud del mismo podrá “emitir bonos en condiciones de mercado u otros títulos de deuda”.

En el artículo 257 del PND se es más explícito en el procedimiento a seguir, al establecer la Estrategia de Mediano Plazo de Gestión de la Deuda, en virtud del cual el Ministerio de Hacienda y Crédito Público se encargará de diseñarlo “con el objeto de definir las directrices sobre la estructura del portafolio global de la deuda pública, propender por la financiación adecuada de las apropiaciones presupuestales del Gobierno Nacional, disminuir el costo de la deuda en el mediano plazo bajo límites prudentes de riesgo y contribuir en el desarrollo del mercado de capitales”.

Con ello, el Congreso le firmó un cheque en blanco al Ministro de Hacienda y este ni corto ni perezoso lo está utilizando emitiendo TES  a tutiplén. Según él, lo que está haciendo es “recontratar” la deuda pública, pues, “si bien se vence el año entrante vamos a recontratar y eso vale $28.4 billones, vamos a contratar nuevo endeudamiento por $19.2 billones”. No tuvo empacho el Ministro Carrasquilla en decir: “le vamos a decir a los mercados que la deuda que debemos estar amortizando no la podemos pagar toda, sino que necesitamos que nos hagan un préstamo de los vencimientos de capital y esa es otra gran fuente de financiamiento de los $271 billones”. Eso no es serio!

El editorialista del diario económico Portafolio se muestra patidifuso con el anuncio del Ministro y dice que “el anuncio es sorpresivo, porque unos días atrás las autoridades señalaron que se habían cubierto las necesidades previstas en el Plan financiero que elabora el Gobierno”. La jugadita del Ministro Carrasquilla, dicho por el mismo, consiste en “sustituir esa deuda por deuda de mercado. Esa es un deuda que se ha venido adquiriendo a lo largo de los años y, por lo tanto, la emisión de esos TES corresponde a emisiones de deuda de 5, 10 y de 15 años atrás”.

Como lo afirma el ex ministro y ex codirector del Banco de la República Carlos Caballero, “para tapar los huecos y salir de líos el Ministerio de Hacienda anda instrumentando acciones ingeniosas que le permitan ampliar el gasto y más que cumplir la Regla fiscal. La deuda de las sentencias judiciales en contra de la Nación se cancelará entregando a los acreedores TES a largo plazo, con tasas de interés inferiores a las de mora”. Advierte él, “financieramente es correcto, una deuda en la penumbra y costosa se visibiliza”, pero al precio de incrementar la deuda pública en $8 billones. Con esta “ingeniosa” operación se “cumple” con la Regla fiscal, pero se aumenta sensiblemente el endeudamiento de la Nación.

Como lo sostuvo el ex ministro de Hacienda y miembro del Comité consultivo para la Regla fiscal, nada menos, Guillermo Perry, se están “utilizando formas de contabilización heterodoxas, que pueden poner en cuestión la tradicional seriedad  de Colombia en el manejo de sus cifras fiscales…El recurso a la contabilidad creativa generan incertidumbre y desconfianza y pueden conducir a rebajas en la calificación de riesgo del país”. Johns Hopkins, PhD en economía, profesor e investigador de la Universidad de los Andes, también teme y advierte sobre “la posibilidad de que las calificadoras de riesgo terminen bajando nuestra nota, poniendo en riesgo el grado de inversión es, paradójicamente, mucho más alta ahora que hace un año”.

Es muy grave que empiece a verse con desconfianza y a dudarse del manejo de las cifras por parte del Gobierno. Es muy diciente que unas de las revistas de negocios más serias y consultadas, como lo es Bloomberg, titule uno de sus despachos de prensa en su portal diciendo que “Colombia es acusada de marrullerías (shenanigans) contables para lograr metas fiscales”. Este es un mal indicio y un pésimo precedente. 

Bogotá, septiembre 22 de 2019

*Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía

www.amylkaracosta.net

Por José Félix Lafaurie*.-Las potencias se muestran los dientes en los mercados, las armas resuenan en el mundo y, más cerca, la Amazonía arde, Argentina tambalea y Venezuela cae en barrena. En Colombia, la violencia ronda la campaña electoral, un escándalo tapa al anterior, los asesinos se vuelan y enfrentan al país con alevosía, y los corruptos salen de las cárceles, mientras el Gobierno se aplica a conjurar tantos demonios heredados y a construir futuro.

En medio de esa coyuntura inquietante que ocupa las columnas de opinión, quiero entrar en un oasis donde se apague el ruido de tantos males; un oasis de música y alegría, de folclor y tradiciones sencillas, un oasis vallenato en el 41º Festival Cuna de Acordeones, en Villanueva, La Guajira, que realizamos entre el 19 y el 22 de septiembre.

En esta ocasión rendimos homenaje al “último de los juglares”, el maestro Adolfo Pacheco Anillo, autor de “La hamaca grande”, una canción que le ha dado la vuelta al mundo, además de un gran repertorio de esa música provinciana que enamoró a propios y extraños.

En el segundo Festival de la Leyenda Vallenata -1969-, su compadre, Andrés Landeros, se obstinó en presentarse a pesar del favoritismo sobre “Colacho” Mendoza, y de que, en aquel entonces, el festival era algo excluyente y se consideraba a los sabaneros como “imitadores”.

La corona, finalmente, quedó sobre la cabeza de “Colacho”, y Adolfo, no en plan de reproche, sino de lamento, compone “La hamaca grande” para notificarle al mundo vallenato que no eran imitadores, sino que contaban con una escuela y una tradición folclórica “que también tiene leyenda, cual la de Francisco el Hombre”.

Adolfo se atreve a “llevarle ¡al Valle! una serenata (...) con música de acordeón” y con el folclor “de la tierra de la hamaca”, su natal San Jacinto, y de ñapa, le lleva una “más grande que el cerro e’Maco”, el más alto de los Montes de María. ¿Y para qué?; pues para que “el pueblo vallenato, meciéndose en ella cante”; cante su vallenato sabanero, pero al fin vallenato, y del mejor.

Ese folclor narrado, ese reclamo cantado, tan de la esencia vallenata, no podía faltar en el juglar sabanero; pero su sello, en mi sentir, es la sencillez provinciana de su inspiración, como recuerda su canción al “Viejo Miguel”, su padre: “la ciudad tiene su mal para el provinciano” y, por eso, “yo vivo mejor llevando siempre vida sencilla”. Recuerdo que mi padre insistía en ese rasgo de vallenatos y sabaneros: sin importar su estatus ni donde se encuentren, siguen –seguimos– siendo irremediablemente provincianos.

Folclor y cultura, concursos en todas las categorías y, sobre todo, vallenato con los mejores: Jorge Celedón, Poncho Zuleta, Diego Daza, Pangle Maestre y Silvio Brito, entre otros, que podrán disfrutar quienes decidan, al decir de los opitas, “pegarse la rodadita” al “Cuna de Acordeones” en Villanueva.

Bogotá, D.C, 22 de septiembre de 2019

*Presidente de Fedegan

Por Mons. César Balbín - Sí, volvemos a las urnas, otra vez, después de haberlo hecho en el primer semestre del año pasado, cuando fuimos a las urnas a elegir Presidente de la República y congresistas: senadores y representantes a la Cámara.

Estas elecciones del próximo mes serán para la elección de mandatarios regionales: gobernadores y alcaldes, y para diputados y concejales.  Por ello estas tienen unos ingredientes, que no tienen las presidenciales, como el hecho de concentrarse más en departamentos y municipios.

Cuando fui párroco de una parroquia pequeña y muy rural, ubicada en un corregimiento, tuve conocimiento de que la promesa de asfaltar la carretera que llevaba hasta allí, había servido para elegir los últimos 5 o 6 alcaldes.  Pues aún siendo pequeña la población, ponía un buen caudal de votos, y los candidatos lo sabían, y siempre con la promesa de asfaltar la carretera, obtenían los votos necesarios para acceder al primer cargo del municipio.  Incumplido el compromiso, porque se necesitaba que la carretera sirviera para las próximas elecciones, volvía a ser promesa en la próxima campaña y así sucesivamente. Entonces el mejor consejo que se le podía dar a esta comunidad era que dieran el voto a quien no prometiera la obra en mención.

Por estos días pasa lo mismo: los candidatos analizan las necesidades y carencias de los municipios y departamentos, y a partir de ahí elaboran su plan de gobierno.  Carencias materiales, de infraestructura, escuelas, colegios y vías, urbanas y rurales; carencias en salud, hospitales y centros de salud, carencias en seguridad, entre muchas otras.

Algunos logran marginarse un poco de las obras materiales, “como ustedes no ven obras, no creen”, decía Jesús, (cfr. Jn 4, 48), y apuntan a cambios de paradigma en la convivencia de los ciudadanos, a la seguridad, la familia, los niños, los jóvenes y los adultos mayores, tan vulnerables y abandonados en este país.

La falta de formación política lleva a los electores a pensar en partidos y en puestos, sin un análisis imparcial de los candidatos: por el hecho de ser de mi corriente, de mi partido, ya es bueno y elegible.  Es comprensible que, de ahí, de los partidos y los puestos, puede depender la gobernabilidad, cuando quienes están en las corporaciones (asambleas y concejos), les interesa más ubicar en puestos estratégicos a sus congéneres, pensando más en las próximas elecciones, que, en el bien común, que debe ser el motor de la buena política.

Sin embargo, no toda la culpa es de los candidatos, pues ellos encuentran en la ignorancia de los electores el terreno abonado para obrar en consecuencia.  La falta de formación política, la falta de interés, la opción por partidos herencia del pasado bipartidista, lleva a elegir siempre a los mismos, y a que una verdadera renovación siga siendo siempre una deuda pendiente, pues los concejos, las asambleas y el Congreso de la República no se reformarán si no se renuevan sus miembros.  Si se elige a los mismos, ellos siguen lo mismo, o ¿a qué debe que las reformas políticas en este país no lleguen a nada? Si se eligen los mismos, entonces el adagio de «los mismos con las mismas» seguirá siendo la consigna.

La formación política, y todos nos la debemos procurar, nos debe llevar a tener claridad a la hora de elegir a nuestros gobernantes. Dice el Papa Francisco: «"Un buen católico no se inmiscuye en política. Eso no es cierto. Este no es un buen camino. Un buen católico debe entrometerse en política, dando lo mejor de sí, para que el gobernante pueda gobernar. Y ¿qué es lo mejor que podemos ofrecer a los gobernantes? ¡La oración! Eso es lo que dice Pablo: ‘La oración para todos los hombres y para el rey y para todos los que están en el poder’. ‘Pero, Padre, aquella es una mala persona, debe ir al infierno...’. "Reza por él, reza por ella, para que pueda gobernar bien, para que ame a su pueblo, para que sirva a su pueblo, para que sea humilde"» … «Ninguno puede decir: "Yo no tengo nada que ver con esto, son ellos los que gobiernan... No, no, yo soy responsable de su gobierno y tengo que hacer lo mejor, para que ellos gobiernen bien y tengo que hacer lo mejor por participar en la política como pueda"». (Papa Francisco, misa en casa Santa Marta, 16 de septiembre de 2013).

Abrigamos la esperanza de que las cosas vayan cambiando y podamos siempre elegir los mejores, y no los menos peores.

+ Cesar Alcides Balbín Tamayo

Obispo de Caldas

Por Gabriel Ortiz*.- Pocas veces se había visto en Colombia un desastre tan grande como el que le ocurrió al Llano. Una carretera a la que se le han invertido millonadas, se le esfumaron varios tramos, de la noche a la mañana. Para muchos se trató de garrafales errores de ingeniería. Para otros hubo ligereza en consecutivas adjudicaciones, mientras el resto exige que se diga toda la verdad en torno a los orígenes de la hecatombe.

El invierno inicialmente llevó del bulto. Se llegó a multiplicar su fuerza. Sí fue grande, pero no de la magnitud que se le dio para echarle la culpa. Cada minuto se buscaba una causa. No escapó una granja avícola que opera en la cima de la montaña.

Pero se fueron descubriendo hechos que ponían a pensar a la gente. Muy especialmente a los habitantes de Villavicencio y demás poblaciones de los Llanos Orientales. Por ejemplo, la modificación de un contrato para escabullir la responsabilidad de cualquier falla. El costo de ellas se le endosó al gobierno, es decir a los colombianos que pagan impuestos.

El contratista, entre tanto, seguía usufructuando la parte gorda del negocio. Los dineros de la nación, el producido de los peajes y demás prebendas.

Entre tanto, los habitantes de media Colombia y los de la otra media, asumían enormes pérdidas. Los precios de los alimentos se elevaron por la escasez, ya que del Llano difícilmente salían los víveres que allí se producen.

Son varios los billones de pesos que han perdido los habitantes del Meta y demás departamentos de la llanura. Deben seguir pagando los costosos peajes que se aplican a la maltrecha vía.

La infraestructura turística está vacía. Muy poca gente puede desplazarse hacia esa región por vía aérea, por los altos costos de los pasajes que, dicho sea de paso, fueron elevados estruendosamente a raíz de la tragedia, sin que, inicialmente, autoridad alguna castigara la especulación.

La parálisis reina en Villavicencio y todo el Llano. Los negocios se paralizaron y siguen así. El transporte registra enormes pérdidas. Nadie se atreve a realizar operaciones financieras, por temor y porque tampoco nadie sabe cuándo terminará la emergencia. La confianza se ha perdido.   

A cuenta gotas han dado paso por la maltrecha carretera, pero solo para grandes camiones y buses con más de 20 pasajeros. ¿Quién asumirá los riesgos de transitar por una carretera cuyas montañas pueden caerle encima a los valientes que la utilizan?

Como quiera que esto va para largo, ya que tampoco existe el puente Chirajara, y los contratistas miran hacia arriba, será Colombia entera la que debe meterse la mano al bolsillo para socorrer a los compatriotas de esa llanura que soportan descomunales pérdidas cada minuto, así como ya lo hizo con la Costa cuando la corrupción le robó la energía.

Creo que debemos prepararnos para otra reforma tributaria porque hay que rescatar el Llano.

BLANCO: La Conferencia episcopal, invitó a querer y amar la paz de Colombia.

NEGRO: Es tal la inseguridad política que se acabaron los carros blindados.

Bogotá, D. C, 20 de septiembre de 2019

*Exdirector del Noticiero Nacional y de Notisuper.

Por Monseñor Ricardo Tobón*.- Estamos este año, de nuevo, celebrando la Semana por la Paz. Es una iniciativa que, por décadas, ha apoyado la Iglesia Católica en Colombia, con el fin de invitar a toda la sociedad a un mayor empeño para construir una convivencia armoniosa y fecunda entre todos los hijos de una misma patria. Infortunadamente, las noticias de estos días oscurecen este propósito: un grupo disidente de guerrilleros reanuda la lucha armada; crece el número de bandas y grupos que generan violencia en las ciudades; al parecer, existe el riesgo de una internacionalización del conflicto colombiano.

Nosotros, sin embargo, no podemos desanimarnos frente al compromiso y a la esperanza de lograr la paz. La paz no es una utopía, no es un sueño. La paz es posible porque es un don con el que Dios bendice a su pueblo (Sal 29,11) y es una obra que brota de la decidida cooperación de todos. La persona humana está hecha para la paz y la paz es el ambiente en el que se debe desarrollar una sociedad. Sin embargo, a veces se presenta la paz como una realidad que se busca en sí misma y así nos equivocamos. Esa paz se vuelve un espejismo y no un compromiso serio de todos.

La paz no se construye en el aire. Ella brota naturalmente cuando, en primer lugar, se valora y se defiende la familia y las demás instituciones que contribuyen a la recta y pacífica organización de la sociedad. Es en el hogar donde se aprende a vivir en paz, valorando la dignidad de cada persona humana, formando una conciencia recta que distingue entre el bien y el mal, procediendo en todo con un comportamiento justo, actuando con profundo respeto a los demás. La familia, aun siendo una sociedad tan pequeña, es el primer lugar donde se gana o se pierde la paz.

Si queremos vivir en paz, más que muchos discursos y tratados teóricos, nos sirve defender la vida humana desde su concepción hasta su término natural. Cada vida humana es única y tiene un inmenso valor; pero la violencia en las diversas instituciones, en el ambiente social, en los medios de comunicación y en el corazón de cada uno de nosotros, nos ha llevado a no apreciar este gran don. Es preciso saber que si yo puedo hacerme dueño de la vida de otros, cualquiera también puede ser dueño de la vida mía. Si se legalizan el aborto y la eutanasia, finalmente todo asesinato puede ser justificado.

La paz llega, no por hablar de ella y desearla, sino educándonos para actuar con la verdad, para trabajar con honestidad, para practicar la justicia, para respetar los derechos de otros, para vivir en solidaridad con los demás. La paz es fruto de una educación que lleve a acoger esos principios que están inscritos en la naturaleza humana, que son reconocibles con la razón y que son comunes a toda la humanidad. Sólo con una buena formación ética, que haga posible en todo momento un comportamiento recto de la persona y una actitud fraterna frente a los demás, se logra la paz interior y exterior.

La paz verdadera, que no es mera ausencia de guerra sino la realización plena de la persona y de la sociedad, brota de acoger y vivir el Evangelio de Cristo, quien es nuestra paz y reconciliación (Ef 2,14) y quien tiene la clave para promover el desarrollo integral de los pueblos. Es con una evangelización a fondo y una sólida espiritualidad como la Iglesia puede dar el mejor aporte para que cada ser humano tenga la paz que el mundo no sabe dar y se haga obrero de la paz (cf Jn 14,27; Mt 5,9). Los conflictos más hondos de la persona y las confrontaciones violentas entre grupos humanos tienen su raíz, en último término, en no estar dentro del proyecto salvífico de Dios.

*+ Ricardo Tobón Restrepo

Arzobispo de Medellín

Por José G. Hernández*.-Al tenor del artículo 20 de la Constitución de 1991 “se garantiza a toda persona la libertad de difundir su pensamiento y opiniones”. La misma norma declara que “no habrá censura”. Pero la norma habla también de la responsabilidad de los medios y del derecho a la rectificación, a la vez que los artículos 15 y 21 de la misma Carta consagran los derechos -también fundamentales- a la intimidad personal y familiar, a la honra y al buen nombre. Agregan que la ley señalará la forma de su protección.

Por su parte, el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos de 1969 (Pacto de San José de Costa Rica), que hace parte del bloque de constitucionalidad, usa al respecto unos términos que resultan muy actuales, motivo que nos lleva a transcribirlos, pese a su extensión, por si alguien los ha olvidado:

“1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión.  Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar:
3. a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o
4. b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.
5. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.
6. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2.
7. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional”.

En términos similares se pronuncia el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, también obligatorio para Colombia.

Los principios son los mismos, hoy, ayer y antes de ayer. Habían sido subrayados por la Corte Constitucional desde sus primeras sentencias sobre la materia desde 1992. Desde luego, tienen que ser adaptados, con un sentido razonable y proporcionado, a las características que hoy ofrecen los instrumentos de comunicación puestos al servicio del público por los avances de la tecnología -en especial las redes sociales-. Pero, como principios, siguen siendo exactamente los mismos: la libre expresión está garantizada por nuestro Derecho y por el los convenios internacionales de Derechos Humanos. Pero no es absoluta. Implica deberes y responsabilidades. Y tiene por límite primordial los derechos de los demás.

Bogotá, D. C, Septiembre 19, 2019   

*Expresidente de la Corte Constitucional

Por Víctor G. Ricardo*.- La inseguridad en las distintas ciudades del país, incluso en las zonas rurales, es notoria. Los robos no sólo son a residencias cada vez incrementan, también los hurtos en los que los ciudadanos muchas veces resultan heridos, si tienen la suerte de no terminar asesinatos por un simple reloj, un celular o una billetera. Otra vez oímos que matan líderes sociales, defensores de derechos humanos, exguerrilleros que se acogieron a la terminación del conflicto armado, candidatos a las Alcaldías o Concejos municipales y la existencia de innumerables bandas de delincuentes del crimen organizado. Por otro lado, las bandas o carteles del narcotráfico, movimientos guerrilleros alzados en armas o disidencias de las Farc, grupos de venezolanos sin empleo ni medios de vida, y los grupos denominados paramilitares, contribuyen a la angustia, el desconcierto, la incertidumbre y la confusión de la ciudadanía.

Pero no es para menos; el Gobierno tiene que hacer algo, tiene que demostrar acciones contundentes que controlen esta situación y permitan de alguna manera rescatar la seguridad que se ha perdido en nuestro país. Los organismos de inteligencia, la policía y las fuerzas militares tienen que comprometerse y reaccionar con acciones. El silencio o los discursos sin contenido ni resultados de quienes tienen la responsabilidad de dirigir el orden público y la seguridad ciudadana ya nos tienen cansados a todos. Se está generando un ambiente muy preocupante donde la gente no ve garantías sobre sus vidas y en defensa de sus bienes.

Por otra parte, las declaraciones de los disidentes de las Farc han causado mucha angustia en el exterior, lo cual tiene graves consecuencias en Colombia, pues muchos inversores se están tomando un tiempo en sus proyectos para tener mayor claridad respecto del rumbo en esta materia de nuestro país.

Si bien es cierto que el actual gobierno recibió el país en medio de un clima de inseguridad, que políticamente quisieron cobrarle al actual Presidente sin ni siquiera haberse posesionado, hoy en día es necesario que tome decisiones urgentes en la solución de la inseguridad y la acción de grupos ilegales. Los jefes de las entidades responsables deben responder y, si no dan resultados a la mayor brevedad, ya que han tenido el tiempo suficiente de hacerlo, deben ser removidos de sus cargos; de lo contrario, la responsabilidad y consecuencias llegarán al más alto nivel del gobierno.

Los dirigentes de la rama judicial del poder público deben también tomar medidas extraordinarias para que se aplique la justicia y no triunfe la impunidad. No entiende la ciudadanía cómo cuando se coge en fragancia a un individuo cometiendo un delito y es privado de su libertad y puesto a disposición de la justicia, en pocas horas es dejado libre y nada le impide regresar a la delincuencia, algo que incluso genera en los policías frustración e inactividad de sus responsabilidades.

La inseguridad, corrupción, impunidad y los actos delincuenciales no pueden seguir creciendo pues iríamos dirigidos directo al abismo. La vida exige tomar acciones efectivas y contundentes en los tiempos y horas adecuadas; ya estamos al límite.

Ahora bien, no podemos entrar en sentimientos pesimistas o negativos. Pero tampoco podemos esconder lo que está aconteciendo.

Invito a los responsables del orden público y la seguridad ciudadana a que no dejemos avanzar más a los delincuentes y los corruptos.

Necesitamos de medidas extraordinarias y acciones concretas ya mismo.

Bogotá, D. C, Septiembre 18 de 2019

*Excomisionado de Paz.

Por Alfredo Benavides Castillejo*.- Leónidas Gómez, candidato a la Gobernación de Santander, plantea revivir o reactivar el antiguo corredor férreo que partía desde Bucaramanga (Café Madrid) y llegaba a Puerto Wilches pasando por Lebrija, Girón, Sabana de Torres, el cual se une en el sitio conocido como el cruce con la vía férrea que viene desde Dorada- Barrancabermeja –Chiriguana, que se encuentra activa y concesionada.

Esta vía férrea uniría al Área Metropolitana de Bucaramanga y la montaña Santandereana con el Rio Magdalena en el Distrito Especial de Barrancabermeja y Puerto Wilches, también con Bogotá y la Costa Atlántica.

Los principales beneficiados serán los campesinos de la región: palmicultores, ganaderos, avicultores, sector minero-energético, fabricantes y ensambladores de camiones, y en general, productores de bienes, disminuirían sus costos de transporte, incluso en enlace multimodal; Tren- Fluvial, es decir una carga podría ser enviada por tren hasta Barrancabermeja y de allí por rio hasta los puertos de Barranquilla o Cartagena, ahora que se busca la internacionalización de Santander.

Transportar por tren y por rio reduce costos en más de un 30%, además entre; Bucaramanga- Barrancabermeja y Puerto Wilches se mueven más de 5000 personas al día. Miles de empleos se crearían a lo largo y ancho de la vía férrea desde; logística, turismo, transporte y otros.

El Gobierno nacional priorizó la reactivación de las vías férreas regionales y cuenta además con el apoyo internacional, ya se realizaron varios Conpes económicos para impulsar dichas iniciativas.

El corredor férreo tiene 117 Kilómetros con pendiente baja y ancha entre 10 a 30 metros, aunque en su mayoría ahora sin rieles, esto garantiza la viabilidad de por ejemplo una locomotora eléctrica moderna de bajo costo las cuales viajan por encima de 150 kilómetros por hora.  

El Departamento de Cundinamarca y Medellín iniciaron sus procesos de licitación de sendos trenes de cercanía en modalidad Alianza Publica Privada con mayoría privada en concesión a varios años, la capital se unirá en un Regiotram eléctrico con principales municipios de Cundinamarca y Medellín, hará lo mismo vía tren eléctrico con Rionegro y Puerto Berrio, adivinen, buscando salida al rio Magdalena…  por algo será.

Bucaramanga, 18 de septiembre de 2019

*Ingeniero.  

Por Jairo Gómez*.- El tema no es si Guaidó es un “héroe o luchador por la democracia en su país”, como dice Duque para demeritar las comprometedoras fotos, sino la elocuente presencia paramilitar en la zona de frontera, asunto que ha sido medular en las relaciones entre los dos países.

Qué autoridad moral le asiste al presidente Duque y al canciller Trujillo para censurar al gobierno bolivariano de Maduro, por su presunta protección a las disidencias de las Farc y guerrilleros del ELN, si los colombianos, estupefactos, nos enteramos del apoyo de los Rastrojos (paramilitares) al político venezolano Juan Guaidó, para que entrara a Colombia a disfrutar del llamado megaconcierto humanitario del pasado 23 de febrero en la Frontera.

Medios internacionales sostienen que el autodenominado presidente de Venezuela cruzó la trocha fronteriza “protegido por una treintena de hombres armados” al mando de alias el Menor y alias Brother, conocidos paramilitares de la zona de frontera y que, según la Fundación Progresar con sede en Norte de Santander, es evidente que “Guaidó evadió los cercos fronterizos con la colaboración de la organización ilegal llamada los Rastrojos, como lo demuestran los registros gráficos conocidos”.  

Como nada queda oculto sobre la faz de la tierra, las fotos se filtraron y son testimonio de la colaboración, al parecer ilegal, que recibió el político venezolano para ingresar a territorio colombiano. No es un asunto menor, como lo ha querido mostrar el propio presidente Duque; al contrario, surgen muchos interrogantes: ¿Quién o qué funcionarios coordinaron la entrada de Guaidó a territorio colombiano? ¿Dónde estaban las autoridades, militares y de policía, desplegadas por montones en la frontera y no se enteraron del operativo? ¿O ellos lo sabían y durante el operativo miraron para otro lado? ¿Quién organizó el operativo para garantizar la presencia del político en el famoso megaconcierto? ¿Sabía el presidente Duque de la trama clandestina? ¿Tenía conocimiento de quiénes iban a garantizar el tránsito del político venezolano por la frontera? ¿O no se lo contaron y le mintieron? Y, finalmente, ¿quién autorizó que el helicóptero presidencial lo fuera a recoger, y en qué lugar aterrizó?

Aunque se descarta una alianza de Guaidó con el paramilitarismo, sí vale la pena preguntarse qué reserva discursiva nos tiene preparada el canciller Trujillo, para explicar este revelador hecho, ahora que pregona a los cuatro vientos el frívolo “cerco diplomático”. No es serio que mientras se pida en la OEA invocar el TIAR (Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca) como respuesta al Gobierno Maduro, a quien sindica de proteger, aupar y financiar a la neoguerrilla colombiana, se utilicen métodos  inusuales para que Guaidó eluda las autoridades de ese país como ocurrió el pasado 23 de febrero. ¿Qué dirán los cancilleres del Grupo de Lima?

No puede el presidente Duque con una simple declaración desvirtuar un hecho tan grave y lamentable como es la realidad del paramilitarismo: ejércitos privados al servicio de terratenientes y narcotraficantes que los utilizan para despojar, desplazar y matar campesinos. El tema no es si Guaidó es un “héroe o luchador por la democracia en su país”, como dice Duque para demeritar las comprometedoras fotos, sino la elocuente presencia paramilitar en la zona de frontera, asunto que ha sido medular en las relaciones entre los dos países; tanto que ha servido para que el Gobierno de Venezuela lo instrumentalice constantemente para responsabilizar a los gobiernos colombianos de estar infiltrando en su territorio paracos para asesinar a Maduro y otros líderes del chavismo.  

Mientras afuera se vende la idea de un apoyo del régimen chavista a la neoguerrilla para desprestigiar a Maduro y su radical y despótico gobierno; adentro se ignora el paramilitarismo como fenómeno perpetrador de violencia y despojo, a tal punto que el Gobierno se declara renuente a implementar una política de Estado para erradicar estas bandas criminales como lo establece el acuerdo de paz; asunto relevante, ahora que la violencia política se tomó el proceso electoral y los asesinatos de indígenas y líderes sociales no se detiene.

Bogotá, D, C, 17 de septiembre de 2019

*Periodista y Analista Político.

@jairotevi

Por Guillermo García Realpe.- Cada vez más los colombianos nos sorprendemos por los enormes desfalcos a los recursos públicos de la nación, a través de diversas formas de saqueo, los corruptos cada año se embolsillan más de $50 billones, según cifras de la misma Contraloría General de la República.

Será que estamos condenados a padecer éste cáncer que carcome todos los días no sólo lo público, sino lo privado, sin que haya un muro de contención efectivo que evite que millonarios recursos que pueden servir para inversión social en apartadas regiones terminen en manos criminales.

Por qué nos va tan mal a los colombianos cuando se trata de ejecución de proyectos de infraestructura de distinto tipo, por qué la excepción es que terminen en el tiempo oportuno con los costos  iniciales calculados, planeados, esa es la excepción y que lo normal es que los grandes proyectos de desarrollo del país terminen siempre en pleitos o fracasen en su ejecución.

Por ejemplo, hay varios casos que aún siguen vivos en la memoria de los colombianos, como REFICAR, el cartel de la Toga, el carrusel de la contratación en Bogotá, lo que pasó también con la privatizaciones que se promovió el desmonte de los activos más importantes de la nación, privatizaciones como ISAGÉN, ELECTRICARIBE, los acueductos en Colombia y siempre de alguna manera afectan especialmente a la Costa Caribe. El acueducto de Barranquilla ya no es de los barranquilleros, arrancó con el tema de un contrato de operador privado, técnico, eficiente y así le entregaron la Triple A al operador privado, luego vino INASSA, canal segundo, todos los escándalos y se perdieron las acciones del acueducto de Barranquilla.

Hicieron la contratación con el operador privado con el 87% de acciones de Barranquilla, ahora no creo que tengan el 15% de las acciones los barranquilleros y así sigue la historia de Colombia.

Se nos había metido el cuento que la gran tragedia del país era la insurgencia armada, insurgencia política, ya la principal guerrilla se desmovilizó, se desarmó y con las contrariedades, hoy hacen política en el Congreso de la República y aún así siguen los problemas del país, definitivamente el gran cáncer es la corrupción, no sólo pública, sino privada.

En un acto de corrupción pública también hay unos Nule por ahí y también hay ciertos contratistas de los Programas de Alimentación Escolar –PAE-, llegan hasta esos extremos, de contratar a cambio del hambre de los niños de Colombia, o de intoxicarlos, en otros casos, para ganar un contrato de carácter absolutamente social.

Recordemos, también el cartel del cemento, el cartel de los pañales, el cartel del papel higiénico, el cartel del papel que se usa en los útiles escolares, ahí el sector privado es absolutamente responsable, es declarado amigo, no del desarrollo social, sino de la codicia, o qué me dicen de los carteles del combustible en Colombia, en los departamentos fronterizos que hoy campean sin control alguno por parte de la Superintendencia de Comercio, del Ministerio de Minas o de las mismas autoridades locales, regionales y nacionales.

En temas de infraestructura, lo más claro lo tenemos con la carretera Bogotá-Villavicencio, para que se entienda, porque hemos llegado a ese caso de la ruta del Sol y puede que haya pasado en otras grandes obras del país. ¿Qué pasó con la carretera al Llano?, la estructuración financiera, técnica, catastral, social, ambiental, la hizo organismos del grupo de Luis Carlos Sarmiento Ángulo, es así como vemos que los bancos de la organización de Luis Carlos Sarmiento Ángulo financiaron, los bancos son del mismo estructurador, la ejecución, la obra, el contratista, pues la misma firma a través de sus entidades y luego la administración, el mantenimiento, el cobro, el recaudo de los peajes también de Luis Carlos Sarmiento Ángulo, me pregunto, ¿qué garantías tiene ahí la Nación, la sociedad, los colombianos? Y ahí está el reflejo, miren lo que está pasando hoy en esa tragedia que viven los Llanos Orientales, el 14 de junio cerraron la vía por fallas gravísimas en materia de cálculos, de estudios geológicos y le estaban echando la culpa a una granja de pollos ¡por Dios!.

Esto mismo pasó con Odebrecht, qué calidad de mantenimiento tendrán esas obras cuando el que estructura es el mismo, el que financia es el mismo, el que ejecuta es el mismo, y el que administra la concesión es el mismo. Esa es la consecuencia, se trató de corregir con las leyes de infraestructura 1682 de 2013 y 1882 de 2018.

Hoy sigue sin corregirse a pesar de la legislación existente y los colombianos no tenemos garantías de calidad de las obras, cumplimiento, costos y ejecución de las mismas, esa es una reflexión que le cabe al Estado.

En términos generales los colombianos debemos emprender una gran cruzada, que permita desenmascarar a los corruptos en todos los niveles, que sean llevados al escarnio público, pero sobre todo que paguen por estos delitos en prisión y con penas severas, sólo así dejarán de ver a un Estado débil y cruzado de brazos ante tan cruel fenómeno que le quita los sueño a millones de colombianos.

Bogotá, D. C, 16 de septiembre de 2019

*Senador de la República

@GGarciaRealpe