Opinión
Por Amylkar D. Acosta M.-El empirismo de la Ley de Murphy es implacable: todo aquello que anda mal siempre es susceptible de empeorar y si “algo puede salir mal, saldrá mal”. Y esto, exactamente, es lo que ha venido sucediendo con la economía colombiana. Cuando se creía que lo peor había quedado atrás con el paso del 2016 y se esperaba que el 2017 sería el año de la recuperación de la senda de un mayor crecimiento del PIB, el comportamiento de este nos ha defraudado. Según dijo hace un año el Ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas este año estaba llamado a ser “mejor para la economía colombiana en comparación con el 2016” y con el optimismo panglosiano que lo caracteriza le apostó a que “la economía crezca 2.5% el próximo año”, refiriéndose al 2017.
Sin embargo, la economía siguió rengueando, sin poder levantar cabeza y arrancó el año, según el DANE, con un anémico crecimiento de sólo el 1.1% en el primer trimestre, lo cual obligó al Ministro Cárdenas a recalcular su meta de crecimiento bajándola a un modesto 2.3%. Luego la rectificaría dos veces más al conocer los registros del segundo (1.3%) y tercer trimestre (2%), para un promedio de 1.5% para los primeros nueve meses del año, fijándola primero en el 2% y por último en el 1.8%, que sería el más bajo en lo corrido de este siglo. Para alcanzar ésta, según el propio Ministro, el crecimiento del PIB en el cuarto trimestre tendría que ser del 2.5%, asaz difícil de lograr. De hecho la previsión del B de la R es del 1.6% para el 2017, la del FMI es del 1.7%, sólo el Banco Mundial y la CEPAL coinciden con la del Gobierno.
Estos datos nos indican que la desaceleración de la economía se ha prolongado por cuatro años consecutivos, durante los cuales el ritmo de crecimiento se ha venido debilitando pasando del 4.9% en 2013, 4.4% en 2014 al 3.1% en 2015, al 2% en 2016, para recalar este año muy por debajo del 2%, según lo pronostican los mas serios analistas. Colombia, entonces, tiende a nivelarse por lo bajo con el mediocre crecimiento que ha caracterizado a la economía de la región en los últimos años y que podría alcanzar el 1.7% este año. Lo más grave es que la economía colombiana además de ralentizarse, viene creciendo muy por debajo de su promedio histórico de décadas anteriores que supera el 4% y de su crecimiento potencial, el cual a su vez ha bajado dramáticamente desde el 4.5%, según ANIF, a sólo el 3.5%, el cual, al paso que vamos será del 3% anual durante 2015-2020.
De otra parte, la economía sigue resentida por los déficits gemelos, que sigue arrastrando irremisiblemente. A septiembre de este año el déficit en la Cuenta corriente de la Balanza de pagos se situó en el 3.7% del PIB ($11.000 millones), al arrojar la suma de US $8.363 millones, no obstante contar con una tasa de cambio competitiva, que pudo favorecer las exportaciones no tradicionales, pero que no han podido aprovecharla porque quedaron malogradas por la enfermedad holandesa que contrajeron con el boom del sector minero-energético, ahora de capa caída. Si bien las exportaciones han crecido este año el 19.2%, ello en parte obedece al efecto rebote, pues veníamos del peor año para las exportaciones, debido al desplome de los precios del petróleo, que fue el 2016. Este incremento de US $4.842.9 millones con respecto a las exportaciones del 2016, para ubicarse en los US $30.066.8 millones, muy lejos de los US $60.125 millones del 2012, se explica en un 72% (¡!), es decir US $3.488 millones, por los mejores precios del crudo y el carbón, los cuales subieron en el transcurso del año 28% y 22.5%, respectivamente.
Entre tanto, el déficit fiscal ronda el 3.6% del PIB (casi $34 billones) y el Gobierno quiso corregirlo y de paso espantar el fantasma de la baja de la calificación de la deuda soberana pasando por el Congreso de la República una reforma tributaria, pero se quedó con el pecado y sin la gracia, porque al tiempo que desestimuló el consumo y frenó el crecimiento, el mayor recaudo estuvo muy por debajo de las expectativas. En efecto, según la propia DIAN, entre enero y noviembre se alcanzó a recaudar la suma de $128.7 billones, para un incremento con respecto a igual período del año anterior de 7.8%, 2 puntos porcentuales menos de lo esperado, para alcanzar la ansiada meta de tener una presión fiscal del 14.2% del PIB. Así las cosas el comportamiento de la economía en el 2018 es de pronóstico reservado.
Barranquilla, diciembre 18 de 2017
www.amylkaracosta.net
Por: Jorge Enrique Robledo.-Como es obvio, a quienes han malgobernado a Colombia en los últimos 16 años, y más atrás, les quedó gustando. De ahí que quieran que en 2018 el Presidente sea otro de “los mismos con las mismas”, como ya lo denunciara en sus días Gaitán, de forma que con cara ganen ellos y con sello también. Que se sigan enquistados en el poder los que han puesto el ciento por ciento de los presidentes y han condenado al país a una economía de mercado tan mediocre como grandes han sido sus esfuerzos por ocultarlo, y a unos índices de desigualdad social y corrupción que nos avergüenzan ante los países que sí han tenido éxito en la modernización de su aparato económico y sus relaciones sociales y políticas.
Y se empeñan en que esta sea la segunda elección presidencial consecutiva montada sobre una pelea de perros y gatos, manipulada para que los colombianos no puedan reflexionar, viveza traída de la confrontación de décadas entre liberales y conservadores que con tanto éxito usaron los antepasados políticos y de todo orden de la Unidad Nacional y el Centro Democrático. El que no conoce la historia está condenado a repetirla.
Los de mi generación nos criamos en el miedo y el odio a los del partido que no era el de nuestros padres, y eso que ya los jefes del liberalismo y el conservatismo habían dado la orden de parar la matanza que azuzaron y que dejó unos doscientos mil asesinados entre los campesinos y las gentes sencillas de los dos partidos, en tanto las diferencias entre sus jefes políticos y los beneficiarios de sus medidas nunca fueron más que pleitos por el botín burocrático y la imposición de prácticas que enriquecían a unos y a otros pero que no desarrollaban al país. Por ello fue que el Frente Nacional en nada modificó el orden económico y social, incluido aplicar todo lo que dictaminaran en Washington, pero sí impuso como orden legal la dictadura política bipartidista y el reparto al cincuenta por ciento de la marrana burocrática y contractual.
Ese miedo que producía escalofrío, aceitado con la corrupción clientelista y el poder de un Estado repartido como botín, más la hábil utilización del disparate de un alzamiento armado que nunca tuvo ninguna justificación verdadera, les permitió a los mismos controlar la política durante varias décadas. Y cuando les empezó a fallar el truco, pero también como un engaño a los colombianos, les sacaron crías políticas al liberalismo y el conservatismo, auténticos clones en todo lo fundamental, que mantienen a Colombia presa de un modelo de país que en muchos aspectos tiene más premoderno que de moderno.
Para el muy notorio propósito de regresar a Colombia a los días de la hegemonía liberal-conservadora pero con otros personajes, las cúpulas del santismo y el uribismo están usando el proceso de paz –y no es que no pueda debatirse al respecto–, de forma que los colombianos, envenenados, no puedan darse cuenta de que a ese proceso lo convirtieron en cortina de humo para ocultar que si son 50 los temas principales, santismo y uribismo están de acuerdo en 49, y que con cualquiera de ellos que gane en 2018 volverá a triunfar el pacto que bien ilustra que los mismos con las mismas sostengan al Fiscal Martínez, al que impusieron el Grupo Aval y Odebrecht, financistas de sus dos campañas presidenciales en 2014.
De ahí que ellos estén tan agresivos contra Fajardo y la Coalición Colombia, ayudados por los incoherentes que se aliaron con Santos desde el 2010 y votaron por este y por Vargas Lleras en la primera vuelta de 2014 o respaldaron al gobierno después. Porque los mismos saben que Fajardo es el único que puede ganarles, con el respaldo del Polo, los Verdes y Compromiso, verdades que están generando que millones de colombianos de todos los orígenes sociales y políticos, mamados de los malos gobiernos y políticos de siempre, se conviertan en el fenómeno ciudadano capaz de vencerlos y empezar a superar la crisis que vive Colombia.
A quienes se preguntan que por qué tomé mis últimas decisiones, una respuesta breve: además de lo dicho hasta aquí, afirmé que en la Coalición Colombia ocuparía el puesto que me tocara para construirla, inspirado en la idea de toda mi vida de que en política solo hago lo que considere mejor para el país, incluso si entra en contradicción con mis intereses personales.
Bogotá, 15 de diciembre de 2017.
Por Guillermo García Realpe.- Muchos colombianos, pero especialmente quienes somos usuarios frecuentes del transporte aéreo en Colombia nos preguntamos ¿por qué el exagerado costo en el precio de los tiquetes en las aerolíneas nuestras?
Por qué motivo no se ha podido regular este importante tema de interés nacional para que haya un precio justo y acorde a las necesidades del mercado, ¿será acaso que hay algún interés de por medio?
¿Por qué siempre somos los usuarios quienes terminamos pagando los platos rotos, no sólo en el elevado costo de los tiquetes, sino en otras situaciones como por ejemplo retrasos e incumplimientos de las aerolíneas?
En fin, estas y muchas más inquietudes son las que quiero advertirles en esta columna de opinión a los colombianos.
Si bien la ley otorga al servicio prestado por las empresas de transporte público, el carácter de esencial, por lo que la actividad de transporte, cualquiera que sea el modo, se encuentra sometida a la regulación del Estado.
En ese orden de ideas ya la Corte Constitucional ha fallado en varias sentencias como la T-987/12 donde se afirma que “el transporte público aéreo es, por mandato de la ley, un servicio público esencial, lo que significa que el mercado económico que le es propio está altamente intervenido por el Estado”.
Pero preocupa también que el Estado, sí este transporte es esencial no haga una regulación efectiva de las onerosas tarifas que hoy tenemos, entonces sino es capaz el Estado de intervenir, ¿entonces quién?
¿Hasta cuándo seguiremos los colombianos siendo sometidos al monopolio tarifario en tiquetes aéreos?
Hay que reconocer que en Colombia tenemos sana competencia, pero esa competencia debe verse también reflejada en unas tarifas bajas que estén al alcance de cualquier ciudadano y no de un excelso grupo de personas.
Entonces, surge otra inquietud, ¿por qué las aerolíneas sí pueden ofrecer precios más justos en tiquetes internacionales que las rutas domésticas en Colombia?
Por qué es igual o más barato viajar a algunos destinos internacionales, que Bogotá-Pasto por ejemplo, o por qué es más económico tomar una ruta a otros destinos nacionales.
¿Hasta cuándo los Pastusos y en general el pueblo nariñense vamos a seguir sometidos a estos abusos?
¿Por qué no aplican el mismo rasero para todos, o es que acaso los pasajeros que viajan al exterior son usuarios de primera y quienes semanalmente nos desplazamos internamente somos de segunda categoría?
Estaremos muy atentos a seguir haciendo un detallado seguimiento para indagar más a fondo y saber las verdaderas causas del monopolio tarifario aéreo, porque es injusto que los usuarios sigan pagando un elevado costo por un servicio que debería ser mucho más barato.
@GarciaRealpe
Por Gabriel Ortiz.-Desde el preciso momento en que un dócil Parlamento le aplicó el “pupitrazo” a la reforma tributaria del 2016, expertos, visionarios, estudiosos, analistas y desprevenidos habitantes de esta Colombia vieron lo que venía.
Al igual que cuando, sin explicación alguna, -o tal vez sí- se dejó flotar el precio del dólar que buen tiempo llevaba a $1.800, base que ya había asimilado los costos de nuestra producción exportadora, la reforma del 2016 tampoco tuvo justificación. Muchos se lucraron con la especulación del dólar.
La regla fiscal y demás artimañas fueron traídas a cuento para indicarnos que había guardianes para controlar los efectos negativos de una reforma innecesaria y precipitada. Nos la vendieron como inaplazable para mitigar la baja de precios de nuestros productos exportables. El Ministro Cárdenas utilizó todos los medios para llenarnos de pánico frente a lo que nos sucedería, si no multábamos a los colombianos con mayores impuestos y demás ventosas alcabaleras. “Nos reducirán la calificación de la deuda soberana”, pregonaba por doquier. Y agregaba que se nos acabaría el país, caería el crecimiento y tendríamos que pagar incalculables intereses por los créditos externos.
Los parlamentarios, que poco o nada saben de economía, y menos aún de esa que se ventila por las altas esferas, solo pensaron en defender sus abultadas dietas. Armaron débiles e inocuos debates, que sonaban a montaje para degustar “mermelada”, más no para debatir seriamente las consecuencias de una reforma atropellada.
Incrementar el IVA del 16 al 19 por ciento era una bicoca para congresistas y funcionarios. Presumían que la temida inflación que traería se controlaría con la disminución de la demanda. Olvidaron que se estaba constriñendo la producción agrícola e industrial, con consecuencias nefastas para la economía y para el bienestar de una población que con resignación asumió el golpe reformista.
Nos vendieron la idea de que con esa reforma no habría necesidad de otras cercanas, aunque meses después empezaron a prepararnos para la que tendrá que aplicar el próximo gobierno, sea de derecha o de izquierda. De Maduro o Pinochet.
Carros y carretas desfilan por la maltrecha economía, más ahora, cuando la calificadora Standard and Poor’s nos aplicó la sanción con la castigan los pésimos manejos financieros, más alcabaleros que progresistas.
Esto nos lleva a pensar sobre el paradero de los billones provenientes de las multas aplicadas a las telefónicas, de la venta de Isagén, de los 3 puntos del IVA y de los del control evasivo. ¿A dónde estará esa billonada?
Se habla de todo, menos de la corrupción. De los billones de Invercolsa, Dragacol, AIS, Reficar, Tunel de la Línea, etc. etc., ni una palabra. Como alguien debe pagar los platos rotos, hay que crucificar a S&P, antes de buscar lo fundamental. Dónde estás que no te veo… Esto es lo que heredarán Fajardo, De La Calle, Petro, Vargas o Duque.
BLANCO: Los controles que por fin pusieron a los “fotomulteros”. Fin a un negociado.
NEGRO: El negocio redondo: robó $20 mil millones, pago $65 millones y salgo libre.
Por José G. Hernández.-Como hemos venido diciendo, el orden jurídico colombiano se ha convertido en un inmenso caos. Ya no podemos hablar de un Estado de Derecho. Las que ahora se imponen son las vías de hecho. Predomina lo fáctico sobre lo normativo. La separación de funciones, la independencia y el equilibrio entre las ramas y órganos del poder público han desaparecido.
Dirán mis amables lectores que estas expresiones son apocalípticas y exageradas. Pero la realidad nos está mostrando que no es así. Basta ver cómo una juez de circuito, ni siquiera mediante sentencia sino por auto, ha ordenado que se promulgue y ponga en vigor un proyecto de acto legislativo que no fue aprobado en el Congreso. Ella, por sí y ante sí, con notorio exceso en el ejercicio de sus funciones judiciales, ha establecido una nueva figura no prevista en la Constitución: la reforma constitucional mediante auto y por vía de tutela.
Lo que ha ocurrido en este caso es muy grave. Se ha desencajado por completo el orden jurídico, y una funcionaria judicial –ni siquiera un tribunal o una alta corporación (el mismo día el Tribunal Administrativo de Cundinamarca decidió en sentido contrario sobre el mismo caso)- ha pasado por encima de sus atribuciones; sin haber oído siquiera al Presidente del Congreso, y sin haber efectuado el estudio de fondo sobre la demanda de tutela incoada; sin valorar prueba alguna; sin el más mínimo examen acerca de posibles violaciones de derechos fundamentales, y desconociendo las reglas previstas en los artículos 86 y 375 de la Constitución, en una evidente vía de hecho, se ha atrevido a imponer a los colombianos, sin jurisdicción ni competencia para ello, nada menos que una reforma constitucional.
La Carta Política colombiana ha pasado, de ser una constitución rígida que instaura y garantiza el sistema de frenos y contrapesos propio de la democracia, a convertirse en un juguete en manos de cualquier funcionario menor.
Ha debido ser al contrario: la obligación de los jueces consiste ante todo en preservar y hacer cumplir la Constitución; no en reformarla. El artículo 4 de la Constitución señala que ella es norma de normas (principio de supremacía o supralegalidad de la Constitución) y agrega que “en todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica (por ejemplo el artículo 7 del Decreto 2591 de 1991, que autoriza, con carácter excepcional, las medidas cautelares en materia de tutela) , se aplicarán las disposiciones constitucionales”, en este caso las que reservan para el Congreso la competencia para reformar el Estatuto Fundamental.
Lo anticipamos este lunes en columna radial, antes del despropósito, y así ha ocurrido:
“Colombia es un Estado democrático de Derecho. Consagra la separación de funciones y la independencia del Congreso. Es él -el Congreso- quien tiene a cargo la función denominada “poder de reforma”, es decir, la competencia para modificar la Constitución. Esa competencia no la tienen el Presidente de la República, ni los jueces.(…)
Pero como la Constitución no importa y lo que vale es la presión política, seguramente promulgarán el Acto Legislativo a la brava, o con alguna vía de hecho judicial. Nos limitamos a dejar la constancia, para que juzgue la Historia. Aunque lo más grave es el precedente: que se pueda modificar la Constitución de cualquier manera”.
Este no es un Estado de Derecho. Es un Estado de caos.
Por Jairo Gómez.-Más allá de esta innecesaria e insólita polémica es claro que el proceso de implementación en el Congreso sirvió para que aflorara lo más hirsuto de las posiciones políticas similares a las prácticas insanas que se heredaron del Frente Nacional cuyo pacto no buscaba cosa distinta a que las fuerza tradicionales se perpetuaran en el poder.
Colombia vivió durante casi cinco décadas bajo los poderes excepcionales que le daba al presidente de turno, el estado de sitio. Esa figura la utilizó “la democracia más antigua del continente” para garantizar el orden público y, al amparo de esa facultad excepcional, se consintió la tortura, el encarcelamiento sin orden judicial y la desaparición forzada, es decir, la violación sistemática de los derechos humanos.
Para infortunio de millones de colombianos esos gobiernos, los que aplicaron el estado de sitio, nunca fueron impugnados por autoridad alguna, en aquella época no existía la Corte Penal Internacional (CPI) –El Estatuto de Roma- sino en sus estanterías no cabrían las demandas contra el Estado colombiano.
Los ochenta fueron, literalmente, los años del terror contra los movimientos sociales organizados en acción contestataria y a esas historias terroríficas hoy sobreviven millones de víctimas que nunca supieron de los autores de los crímenes contra sus familiares y amigos; a lo Stalin en la peor época de la Unión Soviética: represión mezclada con desplazamiento y desaparición. Claro, se gobernaba por decreto y la fuerza pública actuaba amparada en las decisiones del poder presidencial bajo la más absoluta impunidad. El Frente Nacional, que nunca desapareció, fue el mascarón de proa para cerrarle las puertas a cualquier manifestación política de oposición.
Toda esta tragedia es la que se pretende superar con la implementación del acuerdo de paz, pero las fuerzas políticas tradicionales en el Congreso actúan bajo premisas retardatarias, ancladas en los cimientos del viejo Frente Nacional: cero apertura democrática y sí a la legitimación del poder de las élites políticas. No de otra manera se puede interpretar la decisión del Senado de desconocer las 16 curules para las víctimas del conflicto armado, tal como se acordó en el pacto de paz.
La decisión del Senado fue políticamente correcta pero jurídicamente incorrecta. Claro, para el presidente de la corporación Efraín Cepeda, que había votado a favor todos los proyectos de implementación de la paz, le quedaba de pa´rriba ir contra las directivas de su partido, el Conservador, que se oponían a la circunscripción por ello optó por una resolución poco convincente y dejó en el limbo el futuro de las 16 curules.
Dicho esto, la estrategia del Gobierno de agotar todas las instancias legales para hacer valer la decisión que tomó la plenaria del Senado es válida, por ello en buena hora el concepto del Consejo de Estado, aunque no vinculante, que asegura que el acto legislativo fue aprobado auguraba un buen presagio. Y días después ese buen presagio se hizo realidad; tras una tutela presentada por una de las víctimas una juez falló en el mismo sentido del Contencioso y ordenó a la presidencia del Congreso enviar el acto legislativo transitorio que crea las 16 curules al presidente de la república para su promulgación. Se hizo justicia con las víctimas y con el Acuerdo del Teatro Colón, que se pactó para cumplirlo.
Más allá de esta innecesaria e insólita polémica es claro que el proceso de implementación en el Congreso sirvió para que aflorara lo más hirsuto de las posiciones políticas similares a las prácticas insanas que se heredaron del Frente Nacional cuyo pacto no buscaba cosa distinta a que las fuerza tradicionales se perpetuaran en el poder. Las consecuencias de este suceso político excluyente aún las estamos pagando los colombianos, llegó la hora de superar este Frankestein, y una paso en esa dirección, por ejemplo, es respetarle las 16 curules a las víctimas.
@jairotevi
Por Mario Ramírez.- Nuestra libertad depende de la libertad de la prensa, y esa no se puede limitar sin que se pierda: “Thomas Jefferson”.
La libertad de prensa, es una bien universal que hay que estar protegiendo minuto a minuto en el mundo entero. Cada día vemos como de una manera u otra, gobiernos totalitarios, dictadores, presidentes molestos con los periodistas, partidos políticos y líderes de todos los pelambres, buscan silenciar a los medios de comunicación, para evitar a toda costa que se publiquen informaciones que consideran adversas a sus intereses personales.
Para lograr su objetivo buscan cualquier excusa, cualquier pretexto para presionar, amordazar o restringir a los periodistas en su tarea de informar a la opinión pública. Los convenios internacionales en esta materia de libertad de prensa, son violados impunemente. Países como Estados Unidos tienen como retorica defender esa libertad, pero en otros países a los que denuncian y sancionan, pero omiten hacerlo en el propio.
Así vemos como la Libertad de Prensa retrocede en los países “democráticos”. Las noticias falsas, las presiones y los populismos erosionan el derecho a la información.
Recientemente vimos como a pesar de que las entidades de inteligencia e investigación estadunidense, declaran que Rusia no tuvo nada que ver ni interfirió en las elecciones presidenciales, se han tomado represalias contra las empresas periodísticas rusas como Rusia Hoy y Rusia TASS, no extendiendo la acreditación ni otorgando visas a sus periodistas .
El Comité Ejecutivo de Corresponsales de Radio y Televisión del Congreso de EE.UU. solicitó a los periodistas de RT América que devolvieran sus acreditaciones para cubrir las sesiones de ese cuerpo legislativo. La resolución fue consecuencia del obligado registro de esta cadena como agente extranjero en EE.UU.
En declaraciones a periodistas al finalizar la cumbre del Foro de Cooperación Asia-Pacífico en Vietnam, Putin dijo que "un ataque contra nuestros medios en Estados Unidos es un ataque contra la libertad de expresión, sin duda. Estamos decepcionados".
Esta situación ha llevado a que haya respuesta de Rusia, adoptando una nueva ley de medios extranjeros, como respuesta a las medidas del ministerio de justicia americano sobre los periodistas y medios rusos.
Esto entonces agrava la situación de la prensa en ambos países. Se hace necesario aunar esfuerzos de organizaciones y de los colegas en el mundo para presionar a que estas violaciones no se den y evitar que el menoscabo a la libertad de prensa, por intereses políticos o utilizando la manida explicación de que esas restricciones se deben ejercer por asuntos de “seguridad nacional”.
La Ley estadunidense sobre registro de agentes extranjeros (FARA) no restringe formalmente la publicación de materiales, pero en la práctica los periodistas deben informar a los organismos de control, en horas, todos los datos del origen de su noticia, lo que a todas luces, viola la reserva de la fuente y limita las capacidades de indagación del comunicador, para llegar a la verdad. Además con esta advertencia, los funcionarios se abstienen de hablar con los medios, por el temor a ser llamados a declarar por las autoridades.
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, alerta en el sentido de que la libertad de prensa y la integridad de los periodistas peligran en Estados Unidos.
El Presidente Trump está socavando la libertad de prensa, al tiempo que peligrosos acontecimientos ya en marcha podrían llevar a un aumento de la violencia contra los periodistas, dijo Zeid.
Trump acusa a los diarios The New York Times, The Washington Post o la televisión CNN de producir fake news, el famoso término acuñado por el mandatario para referirse a mentiras o noticias falsas, y a sus repetidos ataques verbales.
Los Estados Unidos, dicen ser guardián de los Derechos Humanos y trasgrede las fronteras de este sagrado Derecho a la Información, entonces que se puede esperar de otros países, en donde la prensa esta amordazada, censurados sus periodistas y limitados en sus funciones e incluso son asesinados?
Ahora en Colombia, aunque la situación ha mejorado a raíz del acuerdo de paz firmado con la guerrilla de las Farc, viene una etapa interesante desde el punto de vista de la libertad de prensa, cuando se esté informando sobre La Verdad que deberán verter ante al Tribunal De Justicia Especial de Paz, JEP, dirigentes guerrilleros, políticos, funcionarios y miembros de las fuerzas armadas, que hayan participado en el conflicto interno. La postverdad, deberá constituirse en el muro infranqueable de la paz. Y la prensa es fundamental en esta tarea.
Aquí no podrá haber vacío de información, ni amenazas de ninguna parte para tapar la verdad, con el prurito de que eso entra en la órbita de la seguridad nacional.
La libertad de prensa esta frágil, amenazada y pasa por uno de sus peores momentos. Pero los periodistas no podemos dejarnos arrinconar, ni calificar de terroristas virtuales, ni de atentar contra la seguridad nacional de ningún país, por el hecho de informar sobre hechos ciertos, acaecidos en cualquier parte del mundo.
Preocupan otros ejemplos, como la situación de los periodistas en México, en donde han sido asesinados 10 colegas.
Siria es el país más peligroso para los informadores. Corea del Norte ocupa el último lugar en la lista de 180 países elaborada por Reporteros sin Fronteras.
Egipto ha encarcelado a 24 periodistas. En Libia y Somalia los periodistas son víctimas de ataques terroristas.
Existen otros métodos para restringir la libertad de prensa.La Hungría del xenófobo Viktor Orbán ha asfixiado económicamente el diario de izquierdas Népszabadság. En Polonia, el Gobierno nacionalista y euroescéptico presidido por Beata Szydlo, ha sometido a la televisión y la radio públicas al control del Ejecutivo, dentro de un plan para repolonizar los medios.
Canadá descendió al puesto 22 en la lista de RSF, por espiar a los periodistas y la propuesta del secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kelly, para obligar a todos aquellos que deseen entrar en su país a revelar sus contraseñas en las redes sociales, es una nueva amenaza.
En Camboya, un funcionario gubernamental revoco las licencias a Voice of América y Radio Free Asia, y tomo medidas contra medios independientes locales.
El Consejo de Europa, revelo un informe en el que se denuncia presiones ejercidas sobre los periodistas europeos que ponen en riesgo la libertad de prensa. De ahí que reivindique la defensa de los profesionales frente a las amenazas que perturban su trabajo: la prevención de la violencia, la protección de los reporteros y la persecución de quienes cometen atentados contra la libertad de prensa, “un bien que merece ser protegido porque todo intento de debilitarla rebaja la calidad de nuestra democracia”, advierte la Asociación de la Prensa de Madrid (APM).
Nuevamente la censura ataca la Libertad de Prensa, que vuelve como en épocas aciagas, a estar amenazada, inclusive por las grandes empresas que compran los medios, para manipularlos en su propio beneficio. La propaganda, las noticias faltas y la censura, han dejado de ser algo exclusivo de los regímenes autoritarios y han aparecido en el seno de las democracias.
Por Amylkar D. Acosta M.-La Red Global de la Huella Ecológica (Global Footprint Network) se ha dado a la tarea de monitorear la trazabilidad de la huella de carbono que van dejando tras de sí los países y para ello emplean una especie de contabilidad ecológica de partida doble y a partir de esta poder establecer el saldo a favor o en contra. Esta Red ha podido establecer que desde finales del siglo XX el “Día del sobregiro”, entendido este como el exceso de demanda de servicios ambientales con respecto a la capacidad de reparación o reposición de la naturaleza, se ha ido adelantando progresivamente.
A partir de este seguimiento se ha podido establecer que en 1997 dicho “sobregiro” se presentó a finales de septiembre y este año, diez años después, el 2 de agosto, el más temprano desde que se registraron los primeros “sobregiros” desde principios de los años 70´s (23 de diciembre en 1970). Dicho de otra manera, en 7 meses y 2 días, la humanidad demandó, en términos de recursos ecológicos y servicios tales como alimentos y materias primas, el equivalente a lo que nuestro planeta puede generar y regenerar en 12 meses, agotando el presupuesto ecológico del año en sólo 7 meses largos. El resto del año giramos sobre “vigencias futuras”, lo que nos deparará a posteriori más escasez de agua, desertificación, erosión del suelo, pérdida de productividad agrícola, así como el agotamiento de la flora y la fauna.
Estos excesos de la actividad humana nos están conduciendo a un consumo desaforado de las reservas de ecosistemas que subsisten pese a su depredación, a tal punto que se está demandando de la naturaleza 1.7 veces más de lo que la misma puede proporcionar. O, lo que es lo mismo, a este ritmo requeriremos 1.7, casi 2 planetas, para no poner en riesgo la supervivencia de la humanidad. Y por ahora sólo contamos con uno sólo habitable que es el Planeta Tierra.
Bien dijo Mahatma Gandhi, que “la tierra tiene suficiente para satisfacer las necesidades de todos, pero no para satisfacer la avaricia de unos cuantos”. Es un hecho, tal y como lo sostiene el Secretario general del Fondo Mundial de la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés) España, Juan Carlos del Olmo “estamos viviendo a costa de los recursos naturales de las futuras generaciones” y ello atenta contra el principio fundamental del desarrollo sostenible. Bien dijo el Secretario General de la ONU Antonio Guterres, al instalar la COP23: “tenemos que cesar de apostar por un futuro insostenible que pone en peligro nuestras economías y sociedades”.
Afortunadamente, si nos lo proponemos, es posible revertir esta tendencia, para lo cual se requiere retroceder cada año el “Día del sobregiro” 4.5 días, si queremos balancear la demanda con la oferta ambiental al cierre del año 2050. Y ello es posible, como dice el Secretario de la Organización Meteorológica Mundial Petteri Taalas, “hay esperanzas”, pues como lo afirma Mathis Wackernagel, Director General de la Red “nuestro Planeta es finito, pero las posibilidades humanas no. Vivir con los recursos de un Planeta es tecnológicamente posible, financieramente viable y nuestra única oportunidad para un futuro próspero”.
Por eso nos parecieron muy puestas en razón las palabras pronunciadas por la Secretaria ejecutiva de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) Patricia Espinosa, en el sentido que la 23ª Conferencia de las partes sobre el Cambio Climático de la ONU (COP23) que se celebró en Bonn la semana anterior tenía “que ser la plataforma para que todos los países y sectores de la sociedad tratemos de reducir los riesgos y maximizar las oportunidades de una vía de desarrollo dinámica, que tenga en cuenta un futuro sostenible”.
En concepto de James Hansen, quien durante 32 años dirigió el Instituto Goddard para los Espaciales, como investigador en jefe de la NASA, “sólo hay una manera de que los países y las empresas dejen a un lado esta energía sucia: que les cobren impuestos al carbono a las empresas que vendan y compren productos derivados del carbón y el petróleo”. Y va más lejos, al plantear la necesidad de sincerar los precios de los combustibles de origen fósil, “incluyendo en ellos los costos sociales y medioambientales que, evidentemente, a medida que pasa el tiempo, tendrían que crecer gradualmente, así como crecen los peligros de seguir usando este tipo de energía…Es ilógico que las personas tengan que sacar de su bolsillo el dinero para tratarse las enfermedades respiratorias relacionadas con la contaminación. Lo que propongo es que sean las empresas de combustibles fósiles, vía impuestos, quienes les paguen a los ciudadanos por el daño que les han causado…”.
Y remata diciendo, “locura es, según Einstein, hacer el mismo experimento una y otra vez y creer que puedes obtener un resultado distinto. Pero no estamos haciendo nada distinto a lo que hicimos con el Protocolo de Kyoto, que se cayó bajo su propio peso. Esto tiene que cambiar si queremos sobrevivir”.
Bogotá, diciembre 9 de 2017
www.amylkaracosta.net
Por Mauricio Cabrera Galvis.-Como todos los años la negociación del salario mínimo empieza con grandes diferencias entre los pedidos de los trabajadores y lo ofrecido por los empresarios. Los trabajadores aspiran a un aumento entre el 9% y el 12%, mientras que la Andi y Fenalco han ofrecido 4,7%, y la Asobancaria 4,5%. Por su parte el Banco de la República recuerda que la inflación esperada es del 3.5%, y que el salario no debería subir mucho más para no presionarla.
Aunque las posiciones encontradas reflejan una simple pugna distributiva en la que los mayores ingresos de los trabajadores implican menores utilidades para los dueños de las empresas, detrás de ellas también hay un profundo debate conceptual sobre el papel que juegan los salarios en el funcionamiento de la economía, donde se asigna mayor o menor importancia a una u otra de las cuatro funciones del salario.
Primero, desde la perspectiva individual de una empresa los salarios son el precio del factor trabajo que incide en sus costos de producción y su competitividad Al considerar el trabajo solo como una mercancía, se llega a la conclusión de que su precio (el salario) no debe subir porque disminuye la demanda por trabajadores, es decir que el aumento del salario generaría desempleo.
Segundo, en el conjunto de la economía el salario mínimo determina la capacidad de compra de la mayoría de la población y por lo tanto el tamaño del mercado interno. Mayores salarios implican que los trabajadores tendrán más plata en sus bolsillos y comprarán más; por lo tanto el aumento del salario puede acelerar el crecimiento porque para vender más las empresas tendrán que aumentar su producción y contratar más trabajadores.
Tercero, en la sociedad el nivel de los salarios es uno de los principales determinantes de la distribución del ingreso. Colombia tiene uno de los peores índices Gini del mundo, es decir una de las peores distribuciones del ingreso, porque los trabajadores solo reciben alrededor de una tercera parte del PIB, mientras que en los países de la OECD esta participación es superior al 50%.
Finalmente, el salario mínimo tiene un fuerte impacto en las finanzas públicas porque varios rubros del gasto público, como las pensiones, están indexados a su aumento. Pero este hecho no responde a una ley económica sino a una decisión política que debe modificarse.
Por José G. Hernández.-Tanto el doctor Rodrigo Uprimny como quien escribe estas líneas hemos sido insultados y ofendidos en las redes sociales por haber expuesto, en nuestras columnas, puntos de vista divergentes en torno a la mayoría que se requería para aprobar la conciliación respecto al proyecto de acto legislativo que estableció dieciséis nuevas circunscripciones especiales. Los dos hemos obrado con el debido respeto y hemos usado argumentos, cada uno desde su perspectiva jurídica. Ello corresponde a una función de los académicos y estudiosos del Derecho Constitucional, máxime cuando se trata, ni más ni menos, del futuro constitucional de la República. En la misma forma, juristas respetables como Jaime Castro, Jaime Arrubla o Juan Manuel Charry han expuesto públicamente sus propias opiniones sobre el mismo tema.
Pero está visto que, en razón de la polarización existente, en las redes sociales todo se desfigura, primordialmente por ignorancia de muchos de quienes en ellas intervienen. Y, a falta de conocimientos o de argumentos, se asumen las posiciones con un concepto puramente emocional -no intelectual-, y se acude a la falta del más elemental respeto que debería imperar en el uso de los importantes instrumentos de opinión que hoy nos brinda la tecnología.
En mi caso, he resuelto consignar mis opiniones de orden jurídico en esta columna y en los programas que conduzco en “La Voz del Derecho” y en otros medios electrónicos e impresos, así como en mis libros, y me abstendré de participar en toda suerte de discusiones en las redes sociales, porque, por una parte, pienso que no vale la pena -dadas las condiciones de irrespeto e irresponsabilidad en que allí actúan muchos, de distintas tendencias-, y por otra porque asuntos tan delicados como aquel al que hago referencia no pueden ser tramitados en el nivel de la expresión vulgar, de las amenazas y de los improperios.
Me parece que esa abstención, sin perjuicio de que en las redes circulen mis escritos, es una forma de enaltecer los grandes debates nacionales y constituye un aporte a la sociedad, para que paulatinamente quienes no lo han hecho tomen conciencia de que, con conductas tan bajas como las que menciono, es imposible debatir, y además, con la ordinariez y el maltrato se prostituyen valiosos instrumentos de comunicación.
Así que, en adelante, me limitaré a remitir el texto de mis columnas y escritos, sin entrar en controversias inútiles, que no hacen sino desgastar y rebajar el nivel de discusiones que merecen un más alto y digno trato.
Lo que cabría solicitar a quienes administran las redes sociales sería que piensen en una exigencia elemental a quienes se matriculen en ellas: identificarse. No escudarse en apodos, alias o seudónimos que permiten ofender a las personas de manera impune. Que todos, y no solamente algunos, demos la cara y respondamos por lo que decimos y escribimos.
Desde luego, nadie pide que haya unanimidad en los conceptos. Por el contrario. Si por algo he luchado desde la época de estudiante, a nivel profesional y también como magistrado, comunicador y catedrático, ha sido por la plena libertad de expresión. Y me gusta debatir, pero con altura.
Bienvenidos conceptos contrarios a los míos, y en tal sentido me complace que se discrepe, como lo ha hecho Uprimny -aunque sigo pensando que, en el punto que menciono, está equivocado-, pero el caso no era para que a él lo ofendieran quienes comparten mis conceptos, ni tampoco para que me insultaran quienes están de acuerdo con él.
