Opinión
Por Amylkar D. Acosta M.- Como dice la letra de Cantares de Navidad de la Billo´s Caracas Boys, “un año que viene y otro que se va”, momento oportuno para hacer un balance de prueba del desempeño de la economía en general y de uno de sus sectores más importantes, el de la industria extractiva en particular, en el año que termina, así como analizar sus perspectivas para el año que apenas empieza.
Como se recordará, Colombia se benefició del largo ciclo de precios altos de los commodities que se prolongó por espacio de una década que va desde el 2003 al 2012, año este a partir del cual se desplomaron todos ellos, excepción hecha del petróleo, cuya caída comenzó a mediados del año 2014. A guisa de ejemplo digamos que para el año 2011 el precio de la tonelada de carbón llegó a rozar los US $143.88 en julio de 2008, entre tanto el precio del barril de crudo llegó a su máximo histórico de US $145.29 el 7 de julio de 2008.
Los mayores precios se tradujeron en mayor producción, mayores exportaciones, en más entrada de divisas tanto por las ventas en el exterior como por la afluencia de inversiones extranjeras en el sector y mayores ingresos tanto por concepto de impuestos como de regalías, amén de las mayores transferencias de ECOPETROL a la Nación como dividendos. Valga decir que entre 2001 y 2011 la extracción de carbón y oro crecieron el 95% y el 156%, respectivamente. En suma, este sector se convirtió en el gran dinamizador del crecimiento del PIB, el cual llegó a su culmen en el 2011 con una tasa de 6.7%.
Pero, como dice el adagio popular, lo que por agua viene por agua se va, cuando la menor demanda de los países emergentes encabezados por China hizo que se contrajera el mercado y que los precios se deprimieran, las inversiones y los inversionistas extranjeros empezaron a alejarse y tanto la renta minera como la petrolera se redujeron a su mínima expresión. Y, como era de esperarse se desaceleró el ritmo de crecimiento del PIB, a tal punto que en los años subsiguientes el incremento del PIB se ha venido deslizando por una especie de tobogán, del 4.9% en 2013 al 4.4% en 2014 al 3.1% en 2015, al 2% en 2016, para recalar en el 2017 muy por debajo del 2%, la más baja tasa de crecimiento en lo corrido del siglo XXI.
La industria extractiva se caracteriza por tener ciclos de precios altos y bajos, así como al largo ciclo de precios altos siguió el cuarto menguante para el sector, ahora desde el 2016 la actividad minera y petrolera ha empezado a repuntar junto con los precios. Entre enero y octubre de dicho año el precio del carbón térmico subió el 60% y desde entonces se ha sostenido la tendencia alcista, ya para mayo de 2017 el precio oscilaba entorno a los US $67.95 la tonelada, en septiembre se trepó a los US $82.74 y ya para noviembre cerró a US $83.78. Ello hizo posible que la producción de carbón en Colombia para el 2016 se elevara hasta alcanzar la cifra de 90.5 millones de toneladas, cifra record, aunque esta cifra se verá menguada en el 2017 debido a la caída de la producción del interior del país, que pasó de 10.7 millones de toneladas en 2016 a 6.5 millones en 2017, afectando el total que se calcula estará alrededor de las 88 toneladas. La baja sería mayor de no registrarse un incremento de 79.8 millones de toneladas en 2016 a 81.5 millones la producción de la región Caribe.
También repuntó la producción de oro en 2016 con 1´987.086 onzas, pero en el 2017 esa cifra se vio afectada por una baja de la producción total hasta 1´498.020, por cuenta de la reducción de la extracción ilegal del precioso metal. Ello se debe en gran medida a que la Agencia Nacional Minera se resolvió a meter en cintura la extracción ilícita del oro, mediante el Decreto 1102 de 2017, al tiempo que viene promoviendo la formalización de la minería artesanal y ancestral. Por su parte Cerromatoso S. A le ha sacado ventaja al repunte del precio del ferroníquel y después de obtener una producción de 37.092 toneladas en 2016 escalando su producción estimada hasta las 41.024 toneladas en 2017.
Se calcula que las exportaciones mineras crecerán este año el 40%, pasando de los US $8.934 millones a US $13.000 millones, que corresponden básicamente a carbón, oro y ferroníquel. En lo atinente a la inversión extranjera directa (IED) en minería, después del bajonazo entre 2015 y 2016, que se contrajo de US $533 millones a - US $97 millones, volvió a terreno positivo con un monto de inversión en 2017 de US $441 millones y se esperan inversiones del orden de los US $1.500 millones para el 2018.
Dos renglones que empiezan a tener un peso importante en la balanza minera son las esmeraldas y el cobre. En el 2015 se produjeron 1´782.059 quilates bruto, en el 2016 2´025.681 y en el 2017 se proyecta una producción de 2´274.871 toneladas. En cuanto a la producción de cobre, esta pasó de 5.463 toneladas en 2015 a 8.493 en 2016 y se espera este año una producción de 9.253 toneladas.
Bogotá, enero 6 de 2018
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Por Guillermo García Realpe.- Con mucho entusiasmo y optimismo hemos recibido la sanción presidencial de la Ley 1876 de 2017 que crea el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria, un instrumento legal de suma importancia que permite la transformación de nuestro campo colombiano.
A partir de esta Ley de la cual me honra haber sido su coordinador ponente, puedo anunciarle a los doce millones de campesinos colombianos que su calidad de vida va a mejorar notablemente. Nuestros campesinos se volverán empresarios del campo, serán más competitivos y el sector agrario será más atractivo para que las nuevas generaciones se queden en él y no lo abandonen.
La Ley 1876 de 2017 que crea el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria –SNIA- tiene como principio fundamental la transformación integral del campo colombiano.
La nueva norma que ya fue sancionada por el Presidente de la República, desarrolla el punto uno de la agenda de paz sobre desarrollo agrario integral y le permitirá a los doce millones de campesinos colombianos acceso a investigación, innovación, tecnología, además asistencia técnica y extensión agropecuaria.
El SNIA, garantiza una serie de instrumentos y planes estratégicos de participación y gestión enmarcados dentro de una serie de subsistemas y mecanismos de financiación para que los productores y campesinos se vuelvan empresarios del campo y hagan de éste un sector más competitivo que de paso les ayude a mejorar su calidad de vida.
Esta Ley es y será una herramienta muy importante para desarrollar el campo colombiano.Le hemos cumplido a los campesinos, aunque hay que reconocer que su trámite en el Congreso de la República no fue nada fácil, pero hoy con mucho júbilo podemos decir que el campo, pero sobre todo el sector agrario tendrán otros tiempos a partir de esta iniciativa.
La Ley que crea el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria y el servicio público de extensión agropecuaria, establece también la articulación de acciones entre entidades del orden nacional, departamental y municipal para que estén armónicamente funcionando en pro de la nueva norma.
La Ley 1876 le permitirá al campo colombiano su tecnificación, una mejor productividad, más competitividad y una mejor calidad de vida a los doce millones de colombianos que habitan la ruralidad de los 32 departamentos del nivel nacional.
Así que amigos campesinos, bienvenidos a la nueva era del campo colombiano, ustedes serán los protagonistas del nuevo desarrollo rural, atrás quedaran las malas horas por las cuales nuestro campo dejo de ser protagonista, a partir de esta Ley el campo colombiano renacerá y tendrá de nuevo su lugar en el desarrollo y economía del país.
@GGarciaRealpe
Por Amylkar D. Acosta M.-Finalizando el año 2016 el Ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas vaticinó que el 2017 sería “mejor para la economía colombiana en comparación con el 2016” y a la postre resultó peor, porque no sólo no creció más que el año anterior sino que la desaceleración se aceleró hasta cerrar este año con uno de los peores guarismos de crecimiento del PIB en lo que va corrido del siglo XXI. Conocidos los resultados del tercer trimestre de 2017 reportado por el DANE, el Ministro Cárdenas, asumiendo que la economía tocó fondo, pronostica que “lo peor ya pasó…trimestre tras trimestre los datos de la economía seguirán siendo mejores que los meses anteriores”. No obstante, en el Plan Financiero del 2018 que acaba de dar a conocer el Ministro se redujo la meta de crecimiento para el 2018 del 3% inicial a 2.7%, más cerca de la previsión del FMI, que es del 2.8%.
De cara al 2018 la mayor preocupación sigue siendo el mediocre desempeño de la producción industrial, la cual ha venido creciendo en los últimos 4 años por debajo del 50% del ritmo de crecimiento del resto de la economía. Por primera vez la industria acusa un decrecimiento durante tres años seguidos, al tiempo que decae tanto en términos absolutos como relativos. Pudo más el efecto de la enfermedad holandesa que la diezmó que la atolondrada apertura de mercados externos por cuenta de los TLC que se suscribieron desatentadamente. En declaraciones recientes no dudó en calificar el 2017 como “el año de la recesión industrial”. Para Bruce “el gran reto es construir una base sólida para el sector en 2018”, pero ello no será posible mientras se siga creyendo que la mejor política industrial es no tener política industrial.
El Gobierno aspira y espera un mayor dinamismo de la actividad económica el año entrante, dejando atrás la mala racha de la industria, apostándole a un crecimiento de esta del 1% en 2018 con base en un mayor crecimiento del comercio, del 2.2%, después del magro crecimiento en 2017 de 0.9%, un crecimiento mayor por parte de los establecimientos financieros, que supere el 3% y aceptando que el sector agrícola seguirá creciendo pero a un ritmo inferior al de 2017, pasando del 5.1% a 1.3% en 2018. El Gobierno espera que el consumo, que lleva un largo rato de capa caída, con un débil crecimiento del 2.1% en 2017, reaccione y llegue siquiera al 2.7% en 2018.
El Grupo Bancolombia es optimista y espera “que en los próximos meses la industria y el comercio ganen tracción a un ritmo moderado de la mano de la moderación de la inflación, los menores costos del crédito, la recuperación de la confianza, la disipación de los efectos adversos de la reforma tributaria y el fortalecimiento de los socios comerciales del país”. Y, para no caer en el estado alexitímico que le atribuye a los colombianos el psiquiatra Carlos Córdoba, de no leer las cosas positivas que acontecen, debemos subrayar logros tan importantes como haber mantenido este año la tasa de desempleo en un solo dígito, la reducción del déficit de la Cuenta corriente de la Balanza de pagos, que pasó del 6% en 2015 a 3.5% en 2017 y el haber metido en cintura la inflación, que venía desbocada, hasta bordear la meta del Banco Emisor al situarse en el 4.12%.
La apuesta mayor, indudablemente, está en el empuje que pueden darle al crecimiento de la economía la demanda interna y las exportaciones, ahora que se espera un mejor año para la economía global. Ojalá que este próximo año las concesiones de cuarta generación (4G) recobren el impulso que traían y que se vio estropeado por los escándalos de corrupción que han rodeado su contratación de parte de ellas con la firma brasilera Odebrecht, porque ello podría contribuir a un mejor desempeño del crecimiento del PIB. Y, desde luego mantener el esfuerzo que viene haciéndose para seguir impulsando el turismo, convertido en el mayor generador de empleo y en el segundo generador de divisas después del petróleo, por encima del carbón, el banano y las flores.
El próximo Gobierno deberá poner todo su empeño en que la economía retome la senda del crecimiento sostenido y a un mayor ritmo, al tiempo que mejore su potencial de crecimiento que se ha visto seriamente disminuido. ANIF ha estimado que el postconflicto podría acelerar el potencial de crecimiento económico en cerca del 0.5% - 1%/año, “pero sólo a la vuelta de cinco años, dado el lastre del sector minero-energético”. Por lo pronto, el esfuerzo para lograr remontar y escalar la empinada pendiente hay que empezar por una revisión y cambio del modelo económico basado en la actividad extractiva, tendiente a diversificar el aparato productivo, diversificar las exportaciones y el destino de las mismas. Su éxito dependerá de cuanto se haga por mejorar la competitividad y está a su vez depende de elevar la productividad, para lo cual es absolutamente indispensable corregir el enorme rezago del país en materia de infraestructura, innovación y tecnologías.
Medellín, diciembre 30 de 2017
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Por Jaime Enrique Durán Barrera.- Es indudable que el 2018 sea de mejores perspectivas. A más de un año de la firma del Acuerdo de Paz y los palpables cambios que Colombia está experimentando, en diferentes dimensiones producto de esta decisión histórica, que interrumpe un futuro determinado por la violencia y el desamparo, el porvenir sonríe a los colombianos.
Aún existen riesgos y desafíos que pueden afectarnos, sobre todo desde la perspectiva económica. Este primer año del Postconflicto, con el debate político y legislativo y la reorganización institucional, con una visión más regional, no podía generar resultados inmediatos, pero si posibilidades para el 2018.
Diversos analistas pronostican un crecimiento de la Economía Colombiana, en un promedio del 2.7%. El Fondo Monetario Internacional es más optimista, señala un crecimiento de 2.8%. Anunciosque si se suman a los dividendos de la paz, van a crear escenarios para la inversión, el emprendimiento y la planificación que contribuyen a generar crecimiento, pero también inversión social y productiva.
Ciertamente existe un escenario de polarización. Pero soy optimista. Sin conflicto armado, con integración social y nuevos grupos políticos y con una Colombia que está asumiendo su diversidad y pluralidad, se pueden promover cambios importantes, oportunos y necesarios.
Nuevas voces entrarán a la escena política y nosotros, los liberales, celebramos un posible y necesario debate sobre los problemas, sueños y oportunidades de una Colombia sin violencia.
El 2018 es el año de los nuevos liderazgos. Como Liberal apuesto a una Colombia con más inclusión y desarrollo sostenible. Por ello, creo importante generar un proceso electoral desde las propuestas y no desde los insultos, desde lo que tenemos en común y no desde las descalificaciones.
La polarización sólo favorece a los enemigos de la Paz, hoy debilitados y sin caretas. Tenemos que asumir que existen posiciones diversas y dialogar para construir democracia real y participativa, no gobiernos parcelados por intereses individuales y sectarios.
Los políticos tenemos una deuda histórica con Colombia: detener la corrupción, requerimos ser consecuentes con el proceso de paz y desde nuestras regiones, construir el mapa de la diversidades que unidas harán una Colombia más justa, más incluyente y más prospera para todos.
Feliz 2018 Colombia, asumamos el desafío del desarrollo con fe y esperanza.
Por Ariel Ávila.-Comenzaron las etapas de montaña en la carrera presidencial de 2018. Lo que vimos hasta noviembre eran las etapas planas, donde había más de una treintena de candidatos. El 11 de diciembre comenzó la montaña, en ese momento los partidos debían definir listas al Congreso y debían estar claras las coaliciones. Para esas fechas el país estaba pendiente, al menos de tres cosas. La consulta liberal, que la terminó ganando Humberto de la Calle; el que dijera Uribe, que terminó siendo Iván Duque y la definición entre Claudia López, Jorge Robledo y Sergio Fajardo.
Fajardo, Robledo y Claudia se agruparon en la denominada Coalición Colombia, su eje fue la lucha contra la corrupción y la transformación de la política. Pero dentro del pragmatismo político había diferencias marcadas entre ellos, la principal era que Claudia López y Jorge Robledo tenían partidos políticos con representación en el Congreso, es decir, tenían credencial. Fajardo por su lado era abiertamente el candidato más viable de los tres, pero no tenía partido y tampoco congresista. Así las cosas, tanto los Verdes con Claudia, como el Polo con Robledo tenían la sartén por el mango. Ellos ponían las condiciones e inicialmente fue así.
Las condiciones fueron tres: acuerdo programático, en el cual todos cedían; consulta el 11 de marzo, día de las elecciones al Congreso, con la idea de repetir la famosa ola verde del año 2010 y; la tercera condición fue la de listas conjuntas con compromiso ciudadano. Parecía que Fajardo no tenía otra alternativa que ceder o irse solo y repetir lo de 2010, cuando no sacó un solo senador y su candidatura se fue al piso en tan solo una semana.
Claudia y Robledo habrían podido radicalizar su posición y no hacer ningún acuerdo; con ello animarían sus bases, agitarían los sectores radicales de sus partidos y al final terminarían siendo la misma minoría que son ahora. Robledo pudo haber agitado su lado izquierdo y considerar a Fajardo como un “agente del establecimiento y la oligarquía” y Claudia pudo agitar a sus radicales de centro que no creen en la política pero que votan por candidatos como ella, estos se han ganado el nombre de “apolíticos”.
Sin embargo, estos dos políticos pensaron más en el país que en sus partidos, entendieron al menos tres cosas: Por un lado, que Colombia en lo que tiene que ver con corrupción tocó fondo, y que se debe trasformar la política colombiana, para ello no se pueden agitar las minorías, se deben hacer coaliciones que permitan ganar y cobijar la apatía política. También lograron entender que el momento de ellos no era 2018, había candidatos que tenían mejores condiciones para competir y que representaba sus aspiraciones de trasformación y ese era Fajardo. Por ello, no sometieron a este último a una consulta, ni condicionaron su vicepresidencia, decidieron apoyar a Fajardo a cambio de un acuerdo programático. Es decir, entendieron la coyuntura del momento y decidieron dar un paso al costado.
Por José G. Hernández.-Las consideraciones que, con un sentido crítico, hemos venido exponiendo no recaen sobre el proceso de paz en sí mismo sino que se refieren a la manera como el Estado ha venido plasmando en normas jurídicas, por la vía del "fast track", el contenido del Acuerdo Final (A.F.) suscrito entre el Gobierno y las Farc.
Pero los errores vienen de antes. Sin estar obligado, el Presidente de la República convocó un plebiscito, no sin antes tramitar una reforma legislativa con el objeto de reducir a 13% el umbral exigido para su validez.
Empero, dadas las equivocadas decisiones de confundir el valor de la paz con un voluminoso documento (297 páginas) firmado en Cartagena el 26 de septiembre de 2016, no suficientemente divulgado –y, en consecuencia, votado por muchos a ciegas-, y de polarizar al país señalando a los críticos de ese documento como enemigos de la paz, triunfó en las urnas la opción negativa. Ganó el No por escaso margen, pero ganó. Un hecho cierto, certificado por la autoridad electoral, que no ha debido ser desconocido.
Se había reformado la Constitución mediante el A.L. 1/16, cuyo artículo 5 supeditaba su entrada en vigencia a la refrendación popular del A. F.
Como es natural, el A.F. ha debido ser renegociado. Ante un texto materialmente distinto, no habría sido necesario otro plebiscito porque las bases habrían sido diferentes, y cabían otras opciones como un referendo o una asamblea constituyente. No se procedió a ello, y se prefirió agregar trece páginas al texto negado, sin tocar su fondo (se firmó en Bogotá el segundo A.F. el 24 de noviembre de 2016), para después llevarlo a "refrendación", no del pueblo -como lo exigía el A.L.- sino del Congreso, que lo aprobó sin leerlo. Y la Corte Constitucional, en incomprensible sentencia, pareció dar a entender que el voto del Congreso no tenía solamente el valor de un control político sino el de una "refrendación popular", aunque, a la luz de la Constitución, el Congreso carecía de facultades para ello.
El A.L. 1/16 entró, pues, en vigor sin que se cumpliera el requisito establecido en su artículo 5, y por tanto comenzaron a ser aplicadas sus disposiciones especiales: a) Un procedimiento simplificado (que dieron en denominar “fast track”) para la aprobación de leyes y reformas constitucionales por el Congreso con miras a la implementación del segundo A.F.; b) Facultades extraordinarias otorgadas al Presidente de la República para expedir decretos con fuerza de ley.
Siguieron los errores del Gobierno y del Congreso durante el proceso de implementación. Y se mantuvo -o se profundizó- la polarización del país, entre buenos y malos. Siendo los buenos, según el Ejecutivo, los que apoyaran sin discutir todas sus iniciativas, y los malos quienes formularan reparos o críticas, o expresaran discrepancias. Estos últimos eran -y se adelantó toda una campaña mediática al respecto- los “enemigos de la paz”.
El “fast track” no solamente implicaba reducir los debates a la mitad sino la obligación, para los congresistas, de votar en bloque abultados proyectos, sin iniciativa y sin posibilidad de introducir modificaciones a los textos, a menos que se contara con el permiso del Gobierno.
Fueron muchas las normas aprobadas en sustitución o vulneración de la Carta Política. Se quiso convertir el Acuerdo en norma supra constitucional, o en Tratado Internacional. Se buscó hacer el Acuerdo inmodificable. Normas, y más normas. Los jueces llegaron a ordenar la expedición de actos reformatorios de la Carta. Y la Corte Constitucional profirió sentencias ambiguas. Todo lo cual hizo del orden jurídico colombiano, a lo largo de este año, un verdadero maremágnum. Continuará.
Por Jaime Enrique Durán Barrera.- Colombia de cara a su futuro está construyendo la Paz. Este proceso que se creía imposible, difícil, e incluso insostenible, lleva un paso sostenido y decidido.
La nación, suma de sus identidades, quiere pasar la página de uno de sus peores períodos y construir nuevos caminos y espacios imaginarios. La paz de Colombia no es un proceso perfecto sino que está en camino de encontrar su sostenibilidad. Los protagonistas del conflicto, con su crueldad y artimañas, se han dado cuenta que el pueblo colombiano, en su diversidad y pluralidad, desea transitar ese sendero de la reconciliación y el trabajo mancomunado, de la búsqueda de lo que somos y de un futuro sostenible.
Reacomodar el nuevo mapa humano requiere de mucho trabajo e infinito diálogo. Ya los enemigos del pasado están creando otros mecanismos de acción, ya están organizando sus espacios de lucha y disenso desde otros escenarios y ya saben que la nueva Colombia los necesita a todos para sacar el país adelante. Una nueva patria que nos permita convivir juntos para progresar.
Estas fechas decembrinas nos deben llevar a un momento de reflexión sobre el papel que nos toca a todos los colombianos para hacer del posconflicto el proceso sociopolítico más exitoso de nuestra historia republicana. El periodo histórico donde no solo se consolidó la paz, sino donde Colombia apostó a construir un futuro definido e incluyente para todos.
Feliz Navidad Colombia.
Por Amylkar D. Acosta M.-No le fue bien en el 2017 a la economía colombiana, esta se rajó en varias asignaturas que le dan por reprobado el año que termina. En primer lugar, de cuerdo con el Informe Global de Competitividad 2017 – 2018 del Foro Económico Mundial (FEM) Colombia perdió 5 posiciones con respecto al Informe anterior, al pasar del puesto 61 al 66 entre 137 países evaluados. Además, según el más reciente Informe de la firma internacional de auditoría KPMG, “el país es menos capaz de enfrentar choques externos”, como el más reciente de la caída de los precios de los commodities, que en el pasado. En la edición 2017 del Change readiness Index se sitúa a Colombia en el puesto 65 a nivel mundial con una caída estrepitosa desde el escalón 46 que ocupaba en el anterior Informe, correspondiente al año 2015, es decir que cayó 19 posiciones, en la clasificación que hace el Informe de la “versatilidad” y resiliencia de las instituciones.
Según el Nobel de Economía Paul Krugman en materia competitividad “la productividad no lo es todo, pero a largo plazo lo es todo”. Y, de acuerdo con la Presidenta del Consejo Privado de Competitividad Rosario Córdoba, un estudio que realizaron junto con la Universidad de los Andes demuestra que la productividad en Colombia ha permanecido estancada por más de dos décadas y “hoy Colombia registra uno de los niveles más bajos de productividad del mundo, incluso inferior a los del resto de países de América Latina”. A guisa de ejemplo, según este estudio, un trabajador colombiano produce menos que uno chileno y menos de la cuarta parte de un estadounidense.
Y, para rematar, el bajo crecimiento de la economía, los déficits gemelos, el desaforado incremento de la deuda pública (40% del PIB, US $120.000 millones) y la incertidumbre asociada a la coyuntura electoral y a la polarización política, que golpea el principal activo de la economía que es la confianza, llevaron a la calificadora de riesgos Standard & Poor´s (S&P) a bajar su calificación desde BBB a BBB-, quedando a un solo peldaño de perder el grado de inversión, con lo cual se dificulta y encarece el crédito externo, al tiempo que aleja a la inversión y a los inversionistas, que ahora verán a Colombia en zona de riesgo.
Es de anotar que esta es la primera vez que S&P le rebaja a Colombia su calificación de riesgo en más de una década, durante los cuales se ha ponderado muy bien la calidad de su deuda soberana del Estado colombiano en moneda extranjera obtuvo en abril de 2013, por fin, el grado de inversión, que ahora está en riesgo de perder.
Hay una arista del completo Informe de S&P que le sirvió de base para tomar su decisión a la que poca atención se le ha prestado, es el peso que tuvo en su decisión el alto índice de corrupción que acusa Colombia, el cual se refleja en la baja nota alcanzada en el Indicador de Control de la Corrupción de 44.2 sobre 100, ocupando la 6ª posición entre los 20 países de Latinoamérica. Y al respecto se afirma en el Informe que ello afecta a la economía, en la medida que “podría paralizar o hacer más lenta la toma de decisiones en el Gobierno, lo que se traduciría en desviaciones de las políticas y deficientes resultados económicos (mayor endeudamiento). Y advierte claramente que “la corrupción podría afectar nuestra evaluación económica a través de diferentes canales, incluso el empeoramiento de las condiciones para hacer negocios. La incertidumbre y la injusticia que genera la corrupción podrían frenar la inversión privada, fomentar negocios ineficientes”. Es más, advierte que en el plano político “la indignación pública que deja la corrupción erosionaría la posición de los partidos políticos favoreciendo el populismo, debilitaría la institucionalidad haciendo más difícil gobernar, por lo que una baja de las calificaciones soberanas sería inminente”. Más claro no canta un gallo!
Así S&P, para dorar la píldora, mejorara la perspectiva de calificación de negativa a “estable”, el Ministro Cárdenas encajó el golpe infligido a la política económica, asumiendo el recorte de la calificación como una “señal de alerta”. Y fue muy enfático al advertir, que “esto nos invita a pensar con mucha responsabilidad en el debate político que se avecina, en cuales deben ser las fórmulas de política fiscal durante los próximos años”. Y no le quedó otro camino que anunciar, a través del Plan Financiero 2018, un drástico apretón fiscal para el próximo año para asegurar un déficit fiscal del 3.1%, al tiempo que revisó, una vez más, a la baja la meta de crecimiento para el año entrante del 3% al 2.7%, la cual, aunque es más realista, luce todavía demasiado optimista. Este tétrico panorama explica de sobra el pesimismo que ha invadido a los colombianos: según una Encuesta reciente de YanHaas, el 76% cree que el país va por mal camino y el 81% cree que la situación económica del país es mala. La economía y el país están bajos de nota!
Medellín, diciembre 22 de 2017
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Por Gabriel Ortiz.- La Atenas Suramericana, la capital de Colombia, la ciudad que pone los impuestos, la que está 2.600 metros más cerca de las estrellas, es la más odiada, la más calumniada, la más aborrecida y la de que todos quieren hacer leña. Todos y todas, como ahora se estila, la que utilizan, la que aprovechan, pero a la que le sacan el cuerpo cuando hay que hacer algo por ella.
Con razón hay quienes afirman que a Bogotá, hasta sus alcaldes la odian. Todos y todas se resisten a creer que un funcionario que entrega las llaves de la capital a cuanto lagarto llega, no haga algo por redimirla. Con una mano muestra “títulos” que lo consagran como la sapiencia mundial en urbanismo, mientras que con la otra exhibe planos, proyectos y animaciones para cambiar el verde de una envidiable sabana, por manchas grises cementeras que enturbian las esperanzas de quienes quieren llegar al 2030 sin tanques de oxígeno en sus espaldas.
Ni hablar de la movilidad, la inseguridad, el desempleo, la pobreza y el abandono de extensas zonas en donde la existencia humana, no es vida.
En buena hora el Procurador Fernando Carrillo ordenó suspender una licitación para la semaforización, al no encontrar “apego a la legalidad del proceso”. Como dicen los humoristas: “por algo será”.
Los administradores de la odiada ciudad señalan que la semaforización es urgente. Y en verdad que es urgente, por Bogotá, no se puede transitar. ¿Por qué será? “Por algo será”. El actual alcalde en su primera administración se lució angostando las pocas calles y avenidas que tenía nuestra odiada ciudad, quebrando de paso a los pocos comerciantes de esas zonas. Ejemplo claro la 15, que pasó de 5 carriles a 3 y hace parte del eterno trancón de la avenida norteña.
Claro que los “tacos”, como dicen en Medellín, obedecen a las improvisadas ciclovías, al incremento de los vehículos que pagan impuesto de rodamiento, a los recicladores, a las motociclas, al desorden y a la falta de planificación.
En la aborrecida ciudad, hace muchos años no se habilita una nueva vía, aunque cada año saquean los bolsillos de sus habitantes con impuestos de valorización. Los “avivatos”, utilizan todos los carriles cuando hay que salir de una avenida. Nadie respeta los semáforos. Se estaciona en cualquier lugar. El transmilenio es un caos porque fue mal copiado. Las losas tuvieron que repararse antes de terminarlas, por el fallido invento del relleno fluido. En resumen, esta pobre ciudad es víctima de sus propios alcaldes que no han hecho nada por ella. Es tan de malas, que ni siquiera le permiten revocar los mandatos de quienes han llegado al Palacio Liévano.
Abreviando: Bogotá, la Atenas Suramericana, en materia de tráfico, recibe palo de todos y todas. En seguridad, es inhumana, abunda la pobreza, pero eso sí: tiene más de ocho millones de críticos y críticas. Problemas y problemas.
BLANCO: Feliz Navidad Bogotá.
Por José G. Hernández.-Quiera Dios que la Navidad de 2017, más allá de las fiestas, de las vacaciones, de la pólvora (que debería erradicarse como expresión de una cultura violenta), de las mutuas felicitaciones formales (vacías de contenido), se constituya en lo que debe ser según sus orígenes: una ocasión de encuentro, a partir del advenimiento de Dios hecho hombre -como lo creemos los cristianos- para traer un mensaje de amor y paz.
La Navidad tendría que ser en Colombia, como en otras latitudes, una hermosa oportunidad de verdadera y sincera reconciliación, y, en nuestro caso, debería servir para que los colombianos, recordando la paz que el Niño Jesús trajo consigo, entendamos que ella es un valor tan importante para la sociedad y para todos que no se puede reducir a un simple documento, ni a una determinada ley, ni a un discurso político, ni se puede confundir con la supuesta o real entrega de armas de una cierta organización subversiva.
Infortunadamente, por procedimientos mediáticos y por la fuerza de la insensata repetición de palabras huecas, aprovechando la desesperación de un pueblo que durante medio siglo ha sufrido los males de la violencia, la destrucción y la muerte, nuestros actuales dirigentes y algunos líderes de opinión han conseguido restringir al máximo el contenido del concepto, dividiendo arbitrariamente a los ciudadanos entre “amigos” y “enemigos” de la paz, según si compartimos o no, total o parcialmente, unas cláusulas convencionales que nosotros no negociamos, que no necesariamente conducen a la paz; ni contribuyen a ella, ni comprenden todo aquello que requiere la paz, ni se pueden confundir con el genuino y mucho más amplio concepto de paz.
La paz -ese preciado valor que, como derecho y deber, busca realizar el artículo 22 de la Constitución-, no debería servir como medio para alcanzar fines políticos o réditos personales; ni se debería circunscribir al farragoso documento firmado el 24 de noviembre de 2016.
No es ético que nuestro Gobierno pretenda usar a cada paso el concepto de paz para neutralizar a sus contradictores y críticos, por serios y respetuosos que sean, exhibiéndolos ante propios y extraños como "enemigos de la paz", pues ello va contra esenciales valores democráticos. Ni es leal confundir a la paz con la actual administración, de suerte que, a la luz de tan arbitrario rasero, o se hace y aprueba cuanto el Ejecutivo proponga o indique, o se es “enemigo de la paz”. Y en ello no se respeta ni la independencia del Congreso, ni la imparcialidad de los tribunales, pues, para no enemistarse con la paz, ni aparecer como un "guerreristas" recalcitrantes, están obligados -aunque prevariquen- a validar sin discusiones cuanta iniciativa o deseo oficial se les presente, por descabellado o antijurídico que sea.
La Navidad, como decíamos en columna radial, es ocasión propicia para reflexionar acerca de la verdadera paz y para corregir las confusiones que han llevado a convertirnos en una sociedad intolerante, en que la más mínima discrepancia es censurada y públicamente condenada como acto opuesto a los objetivos de la paz.
La Navidad -concluíamos- ha de buscar la paz, pero una paz que vivifica, que enaltece, que congrega, que une. No una paz que divida. No es una paz que enfrente. No es una paz que polarice. Es, por el contrario, la paz espiritual que debería anidarse en el corazón de cada ser humano, sin prevenciones ni censuras.
