Opinión

Por Jairo Gómez.-La realidad de las víctimas y los congresistas —senadores y representantes— y los magistrados de la Corte Constitucional (CC) no podría ser más diferente.

Las víctimas en su mayoría viven en los lugares más apartados del país y en el más aberrante abandono estatal, mientras los congresistas y togados disfrutan de los privilegios que les da la democracia y gozan de buena salud; las víctimas son más de 8 millones, los parlamentarios 268 y los magistrados 9; mientras los padres de la patria y los honorables juristas se deleitan en sus enormes mansiones, las víctimas del conflicto armado sobreviven en las laderas de las montañas o en los barrios populares que hoy sirven de refugio al desplazamiento forzado.

Puede sonar a populista la comparación, pero es una realidad. El centralismo que otrora le criticaban a las dictaduras comunistas, en Colombia se aplica eficazmente y de manera perversa: solo importan los grandes centros urbanos, y el resto, la periferia, que muera en su abandono. 

En La Habana se diseñó un acuerdo que al mismo tiempo era una propuesta de ajustes institucionales, de reformas urgentes y no fue posible, ni siquiera para darle sustento a una paz que está por construirse. Además de los cambios estructurales en lo agrario, político y social, se acordó un mecanismo especial que garantizara la justicia, la verdad, la reparación y la no repetición; y se concibió la posibilidad de que las víctimas tuvieran una representación directa en las instancias de poder, como el Congreso. Sin embargo, Congreso y magistrados decidieron incumplir con la implementación del acuerdo.

En el caso de la verdad, la arbitraria decisión de los togados fue dejarla de un solo lado; solo se conocerá una parte, la de los soldados y guerrilleros, es la lectura que deja el fallo de la corte tras bendecir a los llamados terceros civiles y los agentes estatales no militares con el manto de la impunidad y NO obligarlos a comparecer ante la Justicia Especial para la Paz (JEP). Es decir, esta corte, que será recordada como la “corte de la impunidad”, cercenó la esperanza de las víctimas de conocer quiénes fueron los poderosos que financiaron la guerra. 

Al concierto de la corte se sumaron los Congresistas, no todos, que buscaron impedir a toda costa que las víctimas tuvieran una curul o una representación en la Cámara esgrimiendo argumentos que, confrontados con la realidad de Colombia en los últimos 50 años, se caen por su propio peso. Argüir, como excusa central, que las 16 curules de la circunscripción especial para la paz iban a ser ocupadas por maleantes y mafiosos y no por quienes realmente las merecen (campesinos, afros, indígenas) es una premisa equivocada en un país en donde las elecciones parlamentarias, por muchos años, han estado asediadas por la mafia, el paramilitarismo y la corrupción. Hilando delgadito, huele más a una actitud premeditada de no querer perder el control sobre ciertos territorios que afectarían su caudal electoral.

Estas dos instituciones fueron solícitas al momento de darle un golpe a los acuerdos de paz y a las verdaderas intenciones del fast track; es como si lo hubieran pactado. La corte le abrió la posibilidad al Congreso para debatir y modificar el acuerdo suscrito por el Estado colombiano con la guerrilla y, al mismo tiempo, cerró la posibilidad a que la sociedad  conociera la verdad completa de lo ocurrido.

Y en el Congreso, sin duda, fue evidente la renuencia de los parlamentarios a buscar los cambios institucionales urgentes que la sociedad colombiana reclama; y deja sobre la mesa la idea de que solo a través de una Asamblea Constituyente sería posible hablar de un nuevo contrato social y político en nuestro país. 

@jairotevi

Por Amylkar D. Acosta M.- Como era de esperarse, el gran ausente en la COP23, a la que concurrieron 197 países acreditados, fue EEUU, país este que se quedó íngrimo por fuera del gran consenso alcanzado en la Cumbre de París, después que Nicaragua que, en un principio se había negado a suscribirlo por considerarlo insuficiente, se adhirió al mismo en octubre pasado y Siria, que también estaba por fuera concurrió esta vez a Bonn para anunciar su decisión de acogerse a los términos del Acuerdo. Por primera vez, en esta Cumbre, la segunda después del histórico Acuerdo de París y la primera desde que Trump anunció el retiro de EEUU del mismo, no se izó el pabellón de las barras y las estrellas que distinguen la bandera de los EEUU.

La COP23 tuvo un carácter más técnico que político, se ocupó básicamente de la reglamentación del Acuerdo de París, tratando de definir los criterios de control mutuo y transparente de las emisiones que se pondrá en práctica, estipular los plazos de la ayuda y la asistencia técnica, la financiación a mediano y largo plazo, temas todos muy sensibles y complejos que muy seguramente serán trabajados y plasmados en un borrador que será sometido a la consideración de la próxima COP24 que tendrá lugar en diciembre de 2018 en Katowice (Polonia). No obstante, el próximo 12 de diciembre, cuando los mandatarios que hacen parte del Acuerdo se darán cita en París, para reafirmar el compromiso adquirido en 2015, será una ocasión propicia para darle un nuevo impulso a la ímproba tarea de su implementación.

Y no es para menos, dado que, como lo sostiene la Directora de Visión de Transforma y asesora sénior de la Misión 2020 Isabel Cavelier, estos tres años venideros son críticos porque “la ciencia ya nos ha dicho que en 2020 la curva global de emisiones tiene que empezar su declive hasta llegar a cero en 2050. Si no logramos hacer ese cambio, cerraríamos la ventana de oportunidad para hacer una transición que sea justa, que sea manejable para la economía y que les permita a los ecosistemas adaptarse”.

Las principales ONG del mundo que concurrieron a la Cumbre de Bonn se mostraron satisfechos por lo logrado, claro está sin dejar de plantear la necesidad de que, además de cumplir el Acuerdo de París, este debe ser más ambicioso para ver de frenar el Cambio Climático. Una de las más críticas, como es la WWF, reconoció y destacó a través de un comunicado oficial de la misma el haber logrado “sentar las bases para aumentar la ambición en la lucha contra el Cambio Climático hasta 2020 y más allá”. Se trata ahora de “consolidar estos avances” en la próxima Cumbre. Han resaltado también los acuerdos alcanzados en “cuestiones críticas” tales como las acciones a acometer por parte de los países desarrollados hasta 2020, con miras a detener para entonces el aumento de las emisiones de GEI, amén de la inclusión del enfoque de género y la inclusión de las comunidades indígenas en la agenda de la lucha contra el calentamiento global. No obstante, para otra ONG muy sería, como lo es Oxfam, con la COP23 se consiguieron “muy pocos progresos” y consideran como su “mayor decepción” el poco avance en la negociación en torno al “apoyo financiero” prometido a los países en vías de desarrollo para el resarcimiento de los daños y perjuicios causados por el Cambio Climático, cuyos mayores responsables son los países desarrollados, empezando por EEUU, el segundo mayor emisor de GEI a la atmósfera, después de China y, de lejos, el mayor contaminador per cápita del mundo.

En todo caso, la ausencia de los EEUU no se notó, no hizo falta, pues, como lo atestigua Isabel Cavelier “el mundo ya superó el anuncio de Trump, esto sigue avanzando”. Además, aunque Trump se apresuró en junio pasado a anunciar el retiro de EEUU del Acuerdo de Paris que había firmado su antecesor en París en diciembre de 2015, ello no se hará efectivo antes de que concluya su mandato, porque así lo prevé el mismo Acuerdo. Lo que podrá hacer y es lo que está haciendo es marginarse de la toma de decisiones en el marco del Acuerdo, como las que se acaban de tomar en la COP23. Lo propio ocurrirá con su derogatoria del “Plan de Energía Limpia” de Obama, son sólo tiros al aire. Los demás países no van a desfallecer, siguen honrando sus compromisos, pues ellos entienden, como lo diría el brillante escritor colombiano Jorge  “no hay tiempo que perder, hay vidas por ganar”! 

Miami, diciembre 2 de 2017 

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Por: Jorge Enrique Robledo.-El triunfo de Leonardo Puentes en las elecciones a la Alcaldía de Yopal –capital de Casanare– puede ser premonitorio de un suceso sin antecedentes en el país y de gran importancia en las elecciones presidenciales de 2018: que alguien que no provenga del viejo tronco liberal-conservador ni pueda catalogarse como de “los mismos con las mismas” llegue a la jefatura del Estado.

Cabe el anterior comentario porque Leonardo Puentes ganó la Alcaldía avalado por la Alianza Verde y el Polo Democrático, más el respaldo de Compromiso Ciudadano, candidatura que en persona, yendo hasta Yopal, respaldamos con Claudia López y Sergio Fajardo, y venció a pesar de que sus contrincantes poseían bastantes más recursos económicos y de otros tipos, en tanto él les sacaba ventaja por su trayectoria, ideas y programa de gobierno, contraste que creó un auténtico fenómeno. Sí. Porque mentiras y resentimientos aparte, que en la politiquería nunca faltan, puede comprobarse que en Yopal sucedió lo que nunca había ocurrido: que muchos de sus habitantes, ajenos por completo a la política o que votaban sin pensarlo muy bien, se pusieron las pilas y se movilizaron para elegir a quien representaba lo contrario de tantas cosas que detestamos los colombianos.

Pero lo que seguramente definió que las gentes de Yopal le dieran el triunfo a Leonardo Puentes es que allí se expresó la lucha que se libra en todo el país entre la vieja y la nueva Colombia, entre los defensores de una manera de hacer las cosas que ha fracasado para resolver las urgentes necesidades nacionales y quienes proponemos una forma diferente de hacer la política –por completo opuesta a la corrupción y el clientelismo– y también distinta en cuanto a cómo generar más riqueza –en el agro, la industria y los demás sectores– y cómo distribuirla mejor –más ingresos, empleo, salud, educación, ambiente, cultura, etc.

En Yopal también se manifestó un sentimiento que se ha señalado en esta columna y que se resume en lo que se escucha por todas partes: “Estamos hasta la coronilla, mamados, de los mismos con las mismas”, al igual que otras frases con las que se reclama por lo mal gobernados que han estado Yopal, Casanare y Colombia, y no solo por el clientelismo y la corrupción. Hay que ver la mediocridad con la que también se han administrado los recursos públicos en esas tierras bellas de gentes buenas. Con solo decir que llevan ¡seis años! sin el agua a la que tienen derecho porque los gobernantes han sido incapaces de reconstruir la planta del acueducto mal localizado y peor construido que destruyó una avalancha.

Y más significativo aún, el triunfo de Verdes, Polo y Compromiso generó una euforia nacional, como quedó en evidencia en los medios de comunicación y con más fuerza aún en las redes sociales. Porque se probó que “los mismos con las mismas” no son invencibles, como ellos se presentan, y que el triunfo de Yopal es parte del proyecto Coalición Colombia, creado para acordar un programa de gobierno democrático que permita escoger un solo candidato o candidata a la Presidencia de la República y presentar listas unificadas al Senado y la Cámara, en la perspectiva de que este acuerdo político vaya más allá de las elecciones del año entrante.

A quienes preguntan en qué van las conversaciones se les puede decir que hay optimismo por los resultados. Porque los compromisarios llevan semanas de inteligentes labores y porque, con el respaldo legal de una tutela fallada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, seguramente habrá listas unificadas en Senado y Cámara de Representantes, hecho que facilitaría que el 11 de marzo de 2018 todos los colombianos puedan votar para elegir a quien sería el candidato único capaz de ganar la Presidencia, de forma que no se reelijan las malas prácticas y las malas políticas que tanto daño le ha hecho al país.

Coletilla: el Contralor General expidió una fuerte declaración en contra del Artículo 20 de la ley de contratación, al que calificó de “mico”, es decir, tramitado de manera ilegal. Y porque así, según también lo denunciara José Roberto Acosta, se obligará al Estado a pagarles a los banqueros las deudas que no les paguen ciertos contratistas, así el impago se genere por actos de corrupción. Además, la norma se aplicará con retroactividad, ¡para favorecer a los banqueros del caso Odebrecht! El Contralor también le pide a Santos que no sancione la ley y advierte que de no hacerlo, él recurriría a una acción de inconstitucionalidad (http://bit.ly/2BBsc4l y http://bit.ly/2i7ikXq). Estamos ante el caso clásico de un gobierno, encabezado por el ministro de Hacienda, que apela a una maniobra calculada para introducir la trampa en la ley, de manera que la corrupción quede protegida por la legalidad. Antes Colombia no está peor. 

Bogotá, 1 de diciembre de 2017.

Por Mauricio Cabrera Galvis.-Que la industria colombiana ha sido la cenicienta del desarrollo económico en las últimas décadas es un hecho indiscutible.

El crecimiento del sector ha sido solo un poco más de la mitad del resto de la economía y, como consecuencia, su participación en el PIB bajó del 18% que tenía antes de la apertura al 11% actual.

En el intenso debate que mantienen los analistas sobre las múltiples causas de esta debacle, se suele pasar por alto un factor institucional que puede parecer secundario pero que refleja el cambio de modelo económico que dejó relegada a la industria: la eliminación de un Ministerio dedicado a promover las políticas públicas para el desarrollo del sector.

Hasta principios de este siglo el Ministerio de Desarrollo Económico cumplía esa función, aunque una década antes le habían recortado sus atribuciones con la creación del Ministerio de Comercio Exterior que, según la ley que lo creó, debía fomentar las exportaciones impulsando la modernización y eficiencia.

En el 2002 con el pretexto de recortar el gasto público se promulgó la Ley 790 para fusionar 6 ministerios en 3, entre ellos los de Comercio Exterior y Desarrollo Económico que se convirtieron en el de Comercio, Industria y Turismo.

Como plan para hacer más eficiente el Estado, la fusión de ministerios fue un fracaso. El problema es que en este caso el orden de los factores si altera el producto, y la prelación del comercio sobre la industria en el nombre de la entidad se ha reflejado en una preeminencia de la política comercial de apertura hacia adentro sobre la inexistente política de industrialización. Al fin y al cabo era más atractivo para los ministros andar por el mundo firmando TLCs que dedicarse al trabajo interno de diseñar estímulos y remover obstáculos para hacer más competitiva la producción nacional.

Son muchos los países que tienen ministerios dedicados exclusivamente a las políticas industriales. En China el Ministerio de Industria y tecnología de la información es el encargado de promover estrategias de desarrollo industrial, incluyendo planes sectoriales, regulaciones y estímulos.

La India, no solo tiene un ministerio del ramo en general y otro de Ciencia y Tecnología, sino que en el gabinete se sientan 6 ministros encargados de sectores industriales específicos. 

Colombia debería aprender de la experiencia de estos países, y escindir el MINTIC para tener un Ministerio de Industria dedicado a recuperar este sector.

Por José G. Hernández.- Este 25 de noviembre se ha llamado la atención del mundo sobre una de las modalidades más graves pero más extendidas de violación de los Derechos Humanos. Se trata del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, liderado por las Naciones Unidas, que en Resolución  54/134 de 1999, proferida por su Asamblea General, hicieron un llamado a los gobiernos y organizaciones gubernamentales y no gubernamentales con el objeto de sensibilizar a la opinión pública sobre el muy preocupante problema de la violencia contra la mujer.

El 25 de noviembre de cada año tiene lugar esa conmemoración, en recuerdo de tres hermanas  -Minerva, Patria y María Teresa Mirabal, conocidas como “las mariposas” o “las Mirabal”-, quienes se oponían al oprobioso gobierno de Rafael Leónidas Trujillo en República Dominicana, motivo por el cual el sanguinario dictador no vaciló en ordenar que fueran ejecutadas. Minerva y María Teresa habían sido capturadas, juzgadas y condenadas -junto con sus esposos- a tres años de prisión, aunque, con perversa intención, meses antes de su asesinato, el régimen decidió dejarlas en libertad.

El crimen, mal disfrazado de accidente automovilístico, se perpetró por los esbirros de Trujillo el 25 de noviembre de 1960. Sin duda un crimen horrendo que, por sus características,  conmocionó a ese país y precipitó la caída del tirano.

En el antiguo Virreinato de la Nueva Granada, bajo el régimen del terror, ya había ocurrido eso mismo -también por motivos políticos-  con Policarpa Salavarrieta y Antonia Santos Plata, ambas fusiladas por causa de su lucha en favor de nuestra libertad. 

Hoy los motivos son los más diversos, y en pleno siglo XXI, cuando se proclama en los países el respeto al Derecho y a la libertad, y cuando la mujer ha logrado reivindicaciones políticas y laborales, sigue siendo víctima en muchas formas: acoso y violencia sexual, maltrato físico y moral, discriminación, ataques con ácido, mutilaciones, desfiguraciones, golpes y la muerte. Sólo que ahora, los crímenes no provienen de decisiones políticas sino de la brutalidad y los instintos bestiales de sus parejas; sus novios, sus esposos, sus compañeros permanentes, sus pretendientes.

Las estadísticas son demoledoras. Según el Instituto de Medicina Legal, solamente en 2017 han sido asesinadas en el país 204 mujeres, y la Fiscalía General habla de 345 feminicidios. Y, como a todos nos consta, prácticamente no pasa un día sin que noticieros periódicos y redes registren al menos un caso de feminicidio, maltrato o violación.

La situación es alarmante. Las normas nacionales e internacionales proclaman exactamente lo contrario de lo que ocurre. 

Desde una perspectiva  constitucional, si atendemos a los fundamentos  del ordenamiento jurídico colombiano y a los compromisos del Estado consignados en varios tratados internacionales, en teoría  la mujer está protegida por el sistema  y por las autoridades, pero ello no tiene expresión en la realidad cotidiana, ni en las costumbres, ni en los criterios sociales predominantes.  Es menester que, además de las sanciones penales, mediante una profunda y persistente labor educativa se haga conciencia a nivel público sobre la dignidad de la mujer y acerca del prioritario objetivo de erradicar las prácticas que cercenan y hacen inútiles las normas e inane cualquier garantía formal  mientras no se traduzca en un hábito colectivo,  en una convicción generalizada y en una extendida cultura de respeto y consideración hacia el sexo femenino. Su dignidad, su vida y sus demás derechos básicos no pueden quedar expósitos en una sociedad civilizada.

Por Jairo Gómez.-Un viejo adagio anglosajón recuerda que la libertad de expresión llega hasta donde se lo permite el dueño de la imprenta. Igual ocurre con la justicia versus Claudia López: sus opiniones son pertinentes mientras no afecten a los jefes políticos que los ungieron como magistrados.

Es lamentable que en el país, además de todos los obstáculos para expresarse libremente, hoy se pretenda aplicar el delito de opinión a quienes ejercen la política y que a ese contradictor lo busquen silenciar a través de la justicia.

Y es que desaparecidas las Farc del escenario de la violencia, violencia que sirvió de mampara para ocultar los verdaderos problemas del país, los colombianos, por fin, nos estamos enterando a través del debate político de cuan grave es la corrupción, de los tentáculos de un monstruo que no deja títere con cabeza y nos aterrizó en una perversa y putrefacta relación entre lo público y lo privado.

Como suele ocurrir, toda regla tiene su excepción y no hay que meter en un solo saco a congresistas, empresarios y otros sectores de opinión que hacen un esfuerzo por darle cabida a una reflexión propositiva del país, pero no es menor, y creo que nos está ganando la partida, toda esa clase dirigente amalgamada en oscuros propósitos que rayan con el delito. Por eso el tema de la corrupción se ganó un espacio importante en el debate político de cara a las elecciones del próximo año.

Por ejemplo, es inaudito que el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, (miembro del partido Cambio Radical), que en gracia de discusión, cuando se debatía la suerte de la JEP en las comisiones primeras de Cámara y Senado, haya mordido el anzuelo y le aceptara un debate político a la senadora López, para después salir raudo y veloz a clavarle una demanda a la congresista por “violar su buen nombre” tras un trino que la parlamentaria publicara producto de esta erizada situación del fiscal con el llamado cartel de la toga. Un debate político que se dio en el recinto de la democracia: el Congreso; otra cosa, como el mismo fiscal lo reconoció, es que como administrador imparcial de justicia haya terminado involucrado en un escenario que no le es permitido por su investidura, pero se dejó tentar y nos dejó claro que Fiscalía y política están entrelazadas. Tras su derrota acudió a la desprestigiada justicia ordinaria y, como era de esperarse, esta sancionó a la parlamentaria. 

Está claro que la justicia es una herramienta para dirimir controversias judiciales, pero no políticas. Acudir a los tribunales para aplicar la mordaza al debate planteado por los opositores, de cara al país, es grave; delicado además, porque es la manera de ponerle cortapisas a la libertad de expresión en momentos previos a un debate electoral que se avecina y cuyo tema transversal será el de la corrupción. Es peligroso porque, además de la educación, la salud, la justicia y la seguridad, la información también es un servicio público esencial en el cual el delito de opinión no tiene aforo. 

El caso de la senadora López, debe preocupar a todos los demócratas de este país más allá de sus apreciaciones políticas; se puede estar o no de acuerdo con la parlamentaria, pero lo que no se puede permitir es que todo señalamiento en el contexto de un debate político termine en los tribunales de justicia y que se pretenda a través de ellos coartar la libertad de expresión; insisto en que es grave en un país en donde el ¡tapen! ¡tapen! ha sido la costumbre; y en donde esa precaria libertad de expresión solo se mide por el grado de injerencia o presión que sobre los periodistas pueda ejercer el gobierno, y no por el control que los propietarios de los medios de comunicación aplican sobre sus trabajadores (periodistas) para informar de acuerdo con sus propios intereses y compromisos políticos. 

@jairotvi  

Por Amylkar D. Acosta M.- El Partido Liberal realizó una Consulta abierta para elegir su candidato de cara a la elección presidencial del próximo mes de mayo, cuando tendrán lugar los comicios, los cuales estarán mediados por los del mes de marzo para elegir a quienes integrarán el Congreso de la República el próximo cuatrienio. Su convocatoria estuvo precedida del pulso entre los eventuales aspirantes que se someterían a la misma y de los cuestionamientos sobre su procedencia, los cuales arreciaron después de conocerse los resultados que arrojó su realización.

Al Partido Liberal le llovieron rayos y centellas tanto a través de los medios como de las redes sociales y entre los señalamientos que se le hacen están la baja participación en la misma (2.12% del censo electoral) y los costos en los que se incurrió ($40.000 millones), para concluir que dicha consulta fue un rotundo fracaso y que se malversaron recursos que bien podían tener una mejor destinación, dadas las afugias fiscales que afronta el Estado colombiano. Tal planteamiento, como trataremos de demostrarlo, además de simplista, entraña varias falacias y sofismas. Y en el debate que suscitó ha habido más calor que luz.

Como lo afirma el Senador Juan Manuel Galán, la Consulta popular para escoger el candidato del Partido Liberal a la Presidencia de la República fue una conquista que se la debemos a su padre, el inmolado Luis Carlos Galán “y fue el motivo principal por el cual regresó al partido después de haber hecho los diálogos y los acuerdos de unión liberal”. Y coincidimos con él en que de no darse estaríamos “retrocediendo 35 años, volviendo a las malas prácticas que tanto criticó mi padre, donde unos caciques políticos se reúnen y toman todas las decisiones, excluyendo a la base del partido”.

La reforma política contenida en el Acto legislativo 01 de 2009, en procura del fortalecimiento de los partidos políticos, como pilares de la democracia, dejó abierta la opción de que todos ellos puedan “celebrar consultas populares o internas o interpartidistas, que coincidan o no con las elecciones a corporaciones públicas”. El 13 de septiembre de 2017 la Registraduría Nacional al establecer el calendario electoral, mediante la Resolución 100 05, fijó el 19 de noviembre como la fecha en la que todos “los partidos, movimientos políticos y/o grupos significativos de ciudadanos” pueden acudir a la Consulta para escoger sus candidatos, “propios o de coalición”, con miras a las próximas elecciones.

Esta Consulta, entonces, no fue un invento ni fue fruto del capricho del Partido Liberal, sino que tuvo sustento en una norma legal. El Partido Liberal no tiene la culpa que 4 de las 5 colectividades que le habían manifestado a la autoridad electoral inicialmente interés en recurrir al mecanismo de la Consulta para escoger sus candidatos, entre ellas el Centro Democrático y el Partido Conservador, al final, por cálculos político-electoral, desistieran de hacerlo y que, por lo tanto, la misma se limitara sólo al Liberalismo.

Con gran despliegue en primera página tituló El Tiempo en su edición del lunes siguiente de la Consulta: “en la Consulta (Liberal) sólo participaron algo más de 700.000 de los 35 millones de votantes habilitados”. Pero, la baja concurrencia a las urnas por parte de los ciudadanos tiene varias explicaciones, empezando por el inveterado abstencionismo en Colombia. Huelga decir que no son comparables unas elecciones ordinarias, sean estas parlamentarias o para elegir Presidente de la República, con una Consulta partidista.

Esta vez otras circunstancias acentuarían lo que ha sido una tendencia en las elecciones ordinarias, tales como el hecho de ser sólo el Partido Liberal quien se sometiera a este mecanismo de participación para elegir democráticamente su candidato, con el agravante de que a la misma finalmente sólo concurrieron dos de los varios aspirantes que se disputaban su nominación a la Presidencia. Y, como si lo anterior fuera poco, por limitaciones presupuestales, la Consulta, para reducir su costo desde los $85.000 millones iniciales a los $40.000 millones,  se limitó sólo a las cabeceras municipales, marginando de dicho proceso a los ciudadanos que tienen sus cédulas inscritas fuera de ellas.

Se ha dicho también que fue un despropósito el haber invertido esa gruesa suma de dinero, supuestamente para satisfacer el “ego” de estos dos ilustres caballeros, que la misma hubiera quedado mejor invertida en casas gratuitas o en el programa Ser pilo paga. Con un cuento parecido, Colombia renunció en 1986 a la Copa Mundo, dizque  que “aquí tenemos muchas otras cosas que hacer”, como adujo el Gobierno y al final no se hizo el mundial y muy seguramente las “muchas otras cosas” tampoco.

Además, sostener y defender la democracia colombiana, por más escarnecida que esté, cuesta y ese costo debe asumirlo la sociedad, podríamos ahorrarnos los gastos que le significan al país las elecciones periódicas de sus autoridades y cuerpos colegiados, amén de las consultas populares o los procesos de revocatoria de mandatos, pero al precio de convertir nuestra democracia en lo que denominaba el Premio Nobel de Literatura José Saramago “un latón que hace mucho ruido y cada vez tiene menos contenido”. 

Medellín, noviembre 26 de 2017 

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Por Guillermo García Realpe.-El próximo jueves 30 de noviembre vence legalmente los términos que tienen los proyectos que tramita el Congreso de la República por la vía Fast Track (vía rápida) que reduce el número de debates, sin embargo vemos con mucha preocupación que el ausentismo es la constante y la mayor amenaza para que los más importantes proyectos que surgieron de los acuerdos de la Habana entre Gobierno-FARC avancen.

Y es que el freno de mano impuesto por las mayorías en el Congreso tiene literalmente paralizado los proyectos que se debaten por Fast Track, un claro ejemplo de ello es el proyecto que crea el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria –SNIA-, es uno de los pocos, por no decir el único proyecto que va direccionado a apoyar el sector agrario y al campesinado colombiano, sin embargo llevamos ocho sesiones plenarias discutiéndolo y nada que avanza.

Preocupa mucho el ausentismo parlamentario, la falta de compromiso con el cumplimiento de las obligaciones parlamentarias pero también con la implementación del proceso de paz.

Mucha gente habla de que quiere mucho al campo, que lo apoya, que promueve la  economía rural, la economía campesina, pero no es capaz de sentarse dos horas a discutir un proyecto de ley como la innovación agropecuaria o el tema de  la titulación de baldíos en zonas de reserva forestal establecidas por la Ley segunda y que son objeto de posesión y tenencia de campesinos.

Con esa actitud indolente e irresponsable de muchos parlamentarios lo que le están dando es herramientas, argumentos al Gobierno nacional de que busque otro procedimiento regulatorio para la implementación del proceso de paz y uno de esos puede ser el decreto de Conmoción Interior.

Un Plan B, que sin duda, no debió abrirse paso, pues es el Congreso quien tiene la plena facultad y el deber de legislar en este y los demás campos, es triste y lamentable ver lo que ocurre y sobre todo tratándose de los temas de paz y otros que tienen directa incidencia en lo que será el posconflicto.

Sin embargo, para quienes cumplimos cabalmente nuestra tarea de legislar de forma responsable, cumplida y con toda dedicación, seguiremos defendiendo la Paz de Colombia y apoyando todas las iniciativas encaminadas en esa dirección.

Por el procedimiento rápido legislativo ya se ha logrado avanzar en temas como la Justicia Especial de Paz JEP, el proyecto de derechos políticos, participación política, pero no se ha aprobado hasta ahora, el primer proyecto sustancial relacionado con el tema de la reforma rural integral, que desarrolla el punto uno acordado en La Habana entre el gobierno y FARC.

El único y más importante proyecto dirigido a promover el mejoramiento de la calidad de vida de doce millones de campesinos colombianos es el que crea el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria, pero el panorama para tramitarlo no es nada alentador.

Preocupa también que en la recta final de la legislatura el ausentismo siga haciendo de las suyas y de paso afecte el trámite de muchos proyectos importantes para el país.

La Paz es un derecho superior, consagrado en la Constitución Política nacional y es deber congresional garantizarlo. Tardamos más de 50 años para acabar la guerra y la confrontación bélica con las FARC y ahora que tenemos todos los instrumentos para darle vida a lo acordado en La Habana no somos capaces de honrar la palabra, por la indolencia de unas mayorías donde en muchos casos prevalece el interés individual y el cálculo político, más no el colectivo de una nación que quiere y aspira a vivir en paz integral. 

Sin embargo los amigos de la Paz seguiremos firmes apoyándola, porque sabemos todo lo que genera la violencia, sobre todo en nuestras provincias donde más duro impactó el conflicto armado con las FARC.

Por Mauricio Cabrera Galvis.- En medio de la tendencia al triunfo de los partidos de derecha en América Latina, las elecciones de Chile dieron una sorpresa. Cuando por la baja popularidad de la presidenta Bachelet se esperaba una victoria holgada del expresidente derechista Sebastián Piñera, este solo obtuvo el 36% de los votos mientras que los 4 candidatos del centro-izquierda lograron la mayoría absoluta con el 55%, pero si no se unen van a perder en la segunda vuelta.

Por el flanco derecho están dos grupos: “Chile Vamos”, que es la coalición de 5 partidos con Piñera, y la ultraderecha del seguidor de Pinochet, José Antonio Kast, quien obtuvo el 8% en las primarias. Aunque se criticaron mutuamente en la campaña, ya se juntaron porque en la derecha es más fuerte el ansia del poder que los principios.

En la izquierda el ganador fue Alejandro Guillier de la “Nueva Mayoría”, una coalición de 7 partidos que apoyan la gestión de Bachelet y es lo que queda de la exitosa Concertación que ha gobernado a Chile durante 24 de los últimos 28 años; Guillier no la tiene fácil pues solo obtuvo el 23% de los votos.

Aunque con una historia política diferente a la de Colombia, la campaña electoral chilena tiene similitudes con lo que sucede en nuestro país. Una, la enorme proliferación de partidos y movimientos: allá 27 partidos, además de unos 8 pre-candidatos independientes que no lograron los requisitos para inscribirse; acá más de 40 aspirantes, la mayoría recolectando firmas por fuera de los partidos. Otra similitud son los actores políticos. En ambos países un expresidente derechista que quiere volver al poder - aunque acá en cuerpo ajeno- con promesas de cambio que son un retorno al pasado; en ambos, una extrema derecha agresiva, que allá quisiera volver a los tiempos de Pinochet, y acá añora la quema de libros como método pedagógico.

En los dos países, los candidatos oficialistas tienen el lastre de un gobierno desgastado por la mala situación económica e impopular, a pesar de logros significativos en materia social y del fin del conflicto en Colombia, y unos políticos que de forma oportunista buscan distanciarse de ese gobierno del que formaron parte y usufructuaron para sus intereses. Además, una oposición radical que rechaza la continuidad porque con toda razón quiere reformas políticas, económicas e institucionales más profundas, pero que no parece importarle el gran favor que le están haciendo a la derecha al dividir las fuerzas progresistas. 

Más grave en Colombia porque lo que acá está en juego es la continuidad de un proceso de paz para terminar una guerra de medio siglo, y que solo en el último año ha salvado la vida de 3.000 jóvenes colombianos.

Por José Gregorio Hernández.- “No puede someter a la Corte Constitucional a sus designios”

En carta dirigida al Presidente de la República, Rodrigo Londoño, conocido como alias ‘Timochenko’,  quien fuera máximo líder de las Farc, ha manifestado su perplejidad y preocupación por decisiones adoptadas por la Corte Constitucional: “… Estamos alarmados en máximo grado, ya no solo por los incumplimientos por parte del Estado en múltiples materias acordadas, sino sobre todo por la osadía con que distintas instituciones vienen actuando en contradicción abierta con el Acuerdo Final, hasta el punto de modificarlo en aspectos esenciales”. “… Demuestran una voluntad abierta de imponer sus criterios, en una especie de renegociación extemporánea y unilateral de lo que tanto esfuerzo nos ocasionó acordar en cinco años de intensos debates en la Mesa de Conversaciones”.

Es comprensible la preocupación de ‘Timochenko’, porque cree que el Presidente manda sobre la Corte y sobre el Congreso,  en cuanto así se lo ha hecho creer el propio Ejecutivo. No es así. En Colombia hay separación de funciones entre las ramas del poder público.

En lo que respecta a la sentencia C-674 del 14 de noviembre, mediante la cual la Corte Constitucional falló sobre el A. L. 1/17, que creó la JEP,  es necesario advertir varias cosas, que ojalá el Presidente puntualice en la anunciada reunión con el ex líder guerrillero:

- Lo que se firmó en Bogotá el 24 de noviembre de 2016 fue un acuerdo entre dos partes, y mediante él fueron creadas obligaciones. Se obligó el Gobierno y se obligaron las Farc. Ese acuerdo debe ser cumplido de buena fe por ambas partes, y está bien que los firmantes se reúnan y pasen revista a lo actuado, que se examinen las fallas, se corrijan los errores y se cumpla todo lo convenido.

- Es cierto que el Presidente contrajo unas obligaciones a nombre del Gobierno, pero también lo es que las Farc, al firmar y al desmovilizarse y entregar las armas, se sometieron al orden jurídico colombiano, y a las reglas de juego establecidas en el Estado de Derecho. Hoy reconocen las instituciones nacionales y con mayor razón, al conformar un partido político y al participar en procesos electorales, se sujetan a las reglas constitucionales y a acatar las decisiones de las autoridades estatales, en especial las judiciales.

- Si ello es así, mal se puede sostener que el ejercicio de las funciones atribuidas a la Corte Constitucional sea una “osadía”. Ni se puede afirmar que una sentencia de constitucionalidad -cuya expedición  compete a la Corte en calidad de defensora judicial de la Constitución, y que es definitiva y obligatoria para todas las autoridades y los particulares- implique una vulneración o una “renegociación extemporánea y unilateral” del Acuerdo Final. Porque, gústenos o no, es la Constitución la que prevalece sobre el Acuerdo y no a la inversa, y la Corte está obligada a hacer respetar la Constitución.

- Tampoco es que la Corte quiera “imponer sus criterios”. Es que sus fallos, así no se compartan (hemos disentido de varios),  son decisiones -sentencias con efecto vinculante y de forzoso cumplimiento-  que, de suyo y por la misma función, se imponen a las autoridades y a los particulares. No son meros conceptos u opiniones. 

¿Quién tiene la culpa de todas estas equivocaciones del autor de la carta?  Pues el Gobierno, que -lo sabe- no puede someter a la Corte Constitucional a sus designios, pero sin embargo la ha presionado y ha pretendido que todos sus fallos sean favorables a las normas examinadas. Por eso, ahora debe aclarar las cosas con la otra parte en el Acuerdo, y preservar la paz.