Opinión

Por Amylkar D- Acosta M.- Cada año, cada mes y cada día que pasa la situación de ELECTRICARIBE y con ella la de los 2.5 millones de usuarios a los cuales les presta el servicio de energía eléctrica es peor, porque este no cumple con los mínimos que establece la Ley de servicios públicos, que estos deben prestarse con eficiencia, calidad y, por sobre todo con continuidad, sobre todo porque se trata de un servicio tan esencial e imprescindible como lo es el fluido eléctrico.

Pero, ahora la situación ha pasado de castaño a obscuro, porque los problemas de caja de ELECTRICARIBE son más acuciantes, en la medida que el acceso al crédito también se le dificulta y ya no sólo no cuenta con los recursos para invertir su parte en el Plan5Caribe sino que tampoco dispone de los recursos para pagar la energía en Bolsa, toda vez que sus afugias financieras le han impedido renovar los contratos de compra de energía a través de contratos bilaterales con los generadores. Al no hacer la provisión de las garantías bancarias dentro de los términos fijados en la regulación, XM activa la limitación de suministro, que es como se denomina eufemisticamente el racionamiento programado al que se somete a los 2.5 millones de usuarios a los cuales le presta el servicio ELECTRICARIBE, inicialmente el corte masivo es de 3 horas diarias, que se puede ampliar luego a 4 horas diarias.

Y esto, justamente, es lo que ha venido pasando de manera recurrente. Desde el pasado mes de octubre ELECTRICARIBE ha venido de limitación de suministro en limitación de suministro por el impago a XM, la mas reciente correspondió al incumplimiento en que incurrió el 18 y 20 de octubre, al no presentar garantías por $23.128 y $4.494 millones correspondientes a las proyecciones en Bolsa de compras del 29 de octubre al 4 de noviembre. La limitación de suministro empezaba el 9 de noviembre y sólo la víspera su matriz Gas Natural – Fenosa le lanzó el salvavidas al cubrirle, a última hora, dichas grantías y así nos salvamos de irnos a un racionamiento programado. Así pasamos, temporalmente, de la alerta roja a la alerta naranja. Pero, resulta que ya tiene a cuestas otro incumplimiento, correspondiente al 25 de octubre, esta vez por valor de $40.651 millones de compras en Bolsa del 5 al 11 de noviembre, razón por la cual desde el día de ayer se reanudó el proceso de limitación de suministro, de modo que si el próximo martes no ha alcanzado a cubrir las garantías estaremos una vez más abocados a un apagón en el Caribe colombiano. Y así sucesivamente, hasta saecula saeculorum. No hay derecho!

En vista de esta situación tan critica el Presidente Santos resolvió emplazar a Gas Natural – Fenosa, para que, de una vez por todas, le diga al país si ellos van a dejar a la deriva a ELECTRICARIBE o la van a rescatar, inyectándole capital fresco a través de una capitalización, como se lo solicitó el Presidente Santos el 14 de enero de este año y de paso sacarnos de la incertidumbre en la que ha sumido a sus usuarios poniéndose al día con el pago y cubrimiento de las garantías de la energía que compra a los generadores para ella distribuirla. ELECTRICARIBE le viene incumpliendo al mercado, exponiéndolo a un riesgo sistémico y le está incumpliendo a sus usuarios, que son quienes pagan los platos rotos y tal situación no se puede prolongar por más tiempo.

Lo urgente es espantar el fantasma del racionamiento, asegurando el cubrimiento de las garantías oportunamente y lo importante es cumplir con las inversiones que le corresponden en el Plan5Caribe, para atacar así la causa estructural de la mediocre calidad de la prestación del servicio de energía a sus usuarios, ambos frentes deben atenderse en simultánea. Ojalá que para eso sirva la reunión que discurre a esta hora entre el Alto gobierno, encabezado por el Presidente Santos, el Ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas y el Ministro de Minas y Energía Germán Arce, y el CEO de Gas Natural – Fenosa Isidre Fainé. Ello, para que nos quiten de encima la espada de Damocles que pende sobre las cabezas de más de 10 millones de habitantes de la región Caribe, que ha visto con impotencia cómo ELECTRICARIBE en lugar de ser parte de la solución se ha convertido en parte del problema.

Riohacha, noviembre 12 de 2016

www.fnd.org.co

Por Diego González.-El mundo entero observa perplejo los recientes acontecimientos que ocupan los principales  titulares de la política mundial.

Primero el Brexit en el Reino Unido, mediante el cual se sometió a escrutinio de los ciudadanos la salida de la Unión Europea, con un sorpréndete resultado que hoy genera gran incertidumbre por las consecuencias que ésta decisión traerá en materia de Geopolítica.

A los pocos meses en Colombia el inesperado resultado del Plebiscito, en el que el gran protagonista fue el abstencionismo y por una mínima mayoría se perdió la posibilidad real de quitarle  las armas de las manos a la Guerrilla  de las Farc e iniciar un camino para construir un país en paz. Los ganadores no esperaban ese resultado y hoy, la consecuencia, es que no se ve la luz al final del camino para un nuevo acuerdo y por más esfuerzo que hacen los negociadores, los puntos sobre los que se quiere renegociar, son puntos de honor para los líderes del NO y por supuesto, para los voceros de las FARC en La Habana.

Para acabar de Completar Estados Unidos eligió, ganó un famoso multimillonario que a sus 70 años creyó haber hecho todo en la vida y aburrido de la monotonía decidió que lo único que le faltaba era ser presidente, entonces con su discurso Xenófobo, racista  y con su escaso conocimiento de la política internacional y social, despertó el interés y los sentimientos del voto silencioso y vergonzante de todos los norteamericanos que encontraron en él un vocero para decir lo que piensan y nunca antes se habían atrevido a pronunciar en voz alta .

Lo cierto de todo esto es que la Política es dinámica, tan dinámica que todos estos resultados obedecen a la expresión de inconformidad de un importante grupo de personas que antes no opinaban  o que no sentían ningún interés en la política tradicional, pero que hoy por gracia o desgracia de las redes sociales, la información sesgada de los medios de comunicación y la participación motivada por el cansancio, demuestran q están votando y tomando decisiones para castigar las clases políticas tradicionales muchas veces ni siquiera con conocimiento sobre los temas fundamentales sino con sentimiento de rechazo hacia quienes los proponen.

Hoy esta nueva clase que pasó de ser pasiva a ser muy activa y decisiva, envía un mensaje a todos los líderes mundiales de la política  representativa, para que examinen en qué se están equivocando y cómo debe empezar a transformarse la política, para que obedezca a las verdaderas necesidades e intereses de quienes realmente están definiendo el mapa de la política en todos los frentes.

Por Jairo Gómez.- Los colombianos escuchamos con frecuencia los violentos dardos que los expresidentes Pastrana y Uribe le disparan, por todos los flancos, al proceso de paz que se negoció en La Habana durante cinco años.

No desperdician foros internacionales para denigrar del país representado en el presidente Santos, premio nobel de Paz y responsable, así les duela, de acabar con 52 años de guerra.

En un nuevo foro organizado por el expresidente José María Aznar, miembro de una de las formaciones políticas más corruptas de la Unión Europea, el Partido Popular que hoy gobierna España, Pastrana y Uribe insisten ante burócratas internacionales en el sometimiento de las FARC con cárcel incluida.

Qué paradoja, someter a la FARC a una Justicia que en reiteradas ocasiones los expresidentes han cuestionado por ineficaz y obsoleta, someterlos a una Rama Judicial que ellos mismos han propuesto reformar estructuralmente para liberarla de corruptos y clientelistas. Eso quieren el binomio Pastrana-Uribe: que el Tribunal que juzgue a los guerrilleros emerja allí, y no en el Tribunal de Paz que se diseñó en la Justicia Transicional.

Este es el punto álgido en La Habana pos plebiscito, amén de la elegibilidad política, que hoy volvió a dividir posiciones en la nueva mesa de negociación del nuevo acuerdo de paz.

Muchos interrogantes se plantearon durante la etapa de negociación, y los mismos se repiten hoy en la construcción de un nuevo acuerdo: ¿Quién en Colombia cree en este sistema judicial? ¿Están dispuestos guerrilleros y víctimas a aceptar que los jueces solo sean nacionales? ¿Tiene alguna lógica someterse a unos magistrados cuyas lealtades políticas pertenecen a los partidos tradicionales? Es decir: ¿Aceptaría un guerrillero que su propio enemigo lo juzgue? Por ello insisten en la presencia extranjera en el tribunal. Además, es incontrovertible que jueces foráneos garantizan independencia, equilibrio y ponderación, y a esto le temen muchos empresarios y políticos determinadores del conflicto porque los beneficios se obtienen diciendo la verdad.

Este asunto, es la nuez que se discute sigilosamente en foros y a manteles con mucha frecuencia, pero no se expone en público: la verdad. En la Justicia Transicional no hay impunidad porque sencillamente quien no diga la verdad se irá a la cárcel, así de explícito. Hablar de esa verdad provoca urticaria entre políticos y empresarios auspiciadores de la guerra; y, al contrario, militares y guerrilleros ven en el nuevo modelo de justicia la seguridad jurídica para superar delitos cometidos en el marco del conflicto armado.

El otro flanco del binomio anti-paz son los recursos, y desde España le hablan al resto de Europa para prender las alarmas sobre los supuestos riesgos económicos que implica la pacificación en Colombia.

Garantes como fueron ellos –porque gobernaron- de los designios económicos de la nación, ahora les preocupa la “sostenibilidad fiscal del país” que ven amenazada por la implementación de los acuerdos. Los pájaros tirándole a las escopetas. Hagamos memoria. Pastrana nos entregó una realidad económica con su sistema financiero quebrado y ¿Quiénes lo pagamos? Los colombianos ¿o se les olvida el 4 por mil?, para citar solo un ejemplo. Y en ocho años de Uribe la incontrolada danza de los millones utilizada para “articulitos” y otros menesteres hoy tiene tras las rejas a muchos de sus funcionarios. La “trampa económica”, como dice el hoy senador, no está en los dineros para el posconflicto, la trampa radica en este régimen presidencialista donde todo es posible y nada es gratis: antes eran los auxilios parlamentarios, hoy son los cupos indicativos.

Nota: Ganó Trump, ¿pondrá en riesgo la paz? Creo que no, pues no debe tener ni idea dónde queda Colombia.

Por Juan Fernando Londoño.- Gran parte del problema de Colombia es que los sectores más ricos no sólo no tributan más, sino que se ven enormemente favorecidos por los beneficios y vacíos de la legislación.

Uno de los argumentos más comunes para oponerse a los aumentos de impuestos es la corrupción. Desde distintos sectores, grupos interesados y liderazgos populistas se señala con énfasis que el gobierno no debería subir los impuestos hasta que se acabe o por lo menos se combata eficazmente la corrupcion. Muchos ciudadanos a su vez consideran injusto pagar impuestos cuando hay tanto desvio de los recursos. Incluso otros grupos apelan a ello para justificar sus propias acciones en materia de evasión y elusión.

La verdad es que en el tema de la relacion entre impuestos y corrupción el asunto funciona al contrario, esto es, el aumento de impuestos es lo que provoca reducciones en la corrupcion. Los países que tienen los menors niveles de corrupción, como por ejemplo, los nórdicos y otros más de la esfera de la OECD tienen a su vez los mayores niveles de tributación y gracias a esos ingresos pueden financiar los servicios públicos que el Estado provee y que permite los altos niveles de bienestar de que gozan quienes habitan en ellos.

De otro lado, los países con mayores niveles de corrupción corresponden a Estados que no recaudan pero tienen recursos suficientes para entregar a los ciudadanos ciertas condiciones básicas de vida, un ejemplo muy claro es Venezuela, que usa los recursos del petroleo para brindar subsidios que permiten a las elites mantener el apoyo político mientras los gobernantes y sus cercanos se apropian de grandes cantidades de dinero. Los países autenticamente más pobres no presentan niveles tan altos de desviación de los recursos por la simple razón de que hay menos recursos para desviar.

Lastimosamente, el asunto no funciona tan facilmente cuando se trata de asegurar que mayores impuestos se traduzcan en acciones más efectivas del Estado. Para ello se requiere que la sociedad active diversos mecanismos de control social y rendición efectiva de cuentas. Para que esto suceda es muy importante que los ricos paguen efetivamente más impuestos y que los impuestos directos sean claros y relevantes. Son los impuestos directos los que generan una sensación de expropiación del esfuerzo propio que obliga a los afectados a preocuparse por el control de la destinación y uso efectivo de los recursos. Si alguien adquiere una fortuna con gran sacrificio no estará dispuesto a que otro más se aproveche de su esfuerzo, incluso si es el Estado.

Gran parte del problema de Colombia es que los sectores más ricos no sólo no tributan más, sino que se ven enormemente favorecidos por los beneficios y vacíos de la legislación. Esto genera dos situaciones, uno, la ausencia de autoridad moral de estos mismos sectores para emprender o financiar acciones de control, pues cualquiera iniciativa que tomen en esa dirección puede propiciar retaliaciones de parte de los agentes politicos y por lo tanto la accion se devuelve como un bumerán que afecta sus propios beneficios económicos. Segundo, la lógica con la que actúan muchos sectores poderosos es que resulta mejor usar el sistema para sacar tajada en lugar de actuar quisquillosamente con respecto a la corrupción.

Cuando la gente paga más impuestos está más atenta y dispuesta a asegurarse que los representantes politicos rindan cuentas sobre el uso que los gobierno hacen de los recursos y solo cuando los ciudadadanos, especialmente los más ricos e influyentes –que son quienes pueden dedicar mayor tiempo y energía a controlar a los otros poderosos de la sociedad- empiezan a actuar de esa manera la corrupción empieza a ceder.

Mientras en Colombia existan tantos beneficios para los ricos en las regulaciones tributarias será muy dificil que la lucha contra la corrupción realmente prospere.

Por Amylkar Acosta.- Hace mucho rato el fantasma del apagón viene rondando al Caribe colombiano y así lo hemos advertido reiteradamente. A la pésima calidad en la prestación del servicio de energía a los 2.5 millones de usuarios del Caribe por parte de ELECTRICARIBE se viene a sumar ahora el riesgo de verse sometido a un programa de racionamiento programado del mismo.

Según la Ley de Murphy, todo aquello que anda mal es susceptible de empeorar y este es el caso. Ahora resulta que no tienen caja ni para cumplir con las inversiones a las que están obligados ni para pagar la energía que le compran a los generadores para distribuirla entre sus usuarios. A causa de su incumplimiento con los generadores ELECTRICARIBE ha estado incursa permanentemente en causal de “limitación de suministro”, que no es otra cosa que racionamientos programados.

Los usuarios de ELECTRICARIBE ya están habituados a los racionamientos no programados, porque permanentemente le están racionando el fluido eléctrico, no pocas veces disfrazado de “mantenimiento” a las redes y, lo que es peor, han estado expuestos a los cortes intempestivos y a la oscilación del voltaje, con el daño subsiguiente de los electrodomésticos. Y ello, no obstante que están en la obligación legal de garantizar “la prestación continua de un servicio de buena calidad”. Y, además, incumple con la Ley eléctrica, la cual dispone que el servicio de energía se debe prestar con “eficiencia, calidad, continuidad, adaptabilidad, neutralidad, solidaridad y equidad”. Con nada de ello cumple ELECTRICARIBE. Gas Natural-Fenosa evade su responsabilidad, pues para ella “no se trata del prestador del servicio” y se escuda en que “mientras el modelo no funcione la prestación va a estar rezagada del resto del país”.

A lo que no están acostumbrados los usuarios de ELECTRICARIBE es a los racionamientos programados, XM, que es el administrador del Sistema de Intercambios comerciales del Mercado de Energía Mayorista anunció el día de ayer que dicha empresa “se encuentra en mora con la obligación de otorgar garantías financieras que tienen por objeto respaldar el pago de las transacciones comerciales en el Mercado de Energía Mayorista, que debieron ser presentadas el 18 y 20 de octubre” y no lo hizo. Estamos hablando de garantías por un monto de $27.692 millones y ello conlleva la iniciación de un programa de “limitación de suministro” de energía, que por lo pronto será un corte del suministro de energía de 3 horas diarias desde el 9 de noviembre hasta el 16 de diciembre y de 4 horas diarias a partir del 17 de diciembre.

Esta situación le habrá de significar muy serios traumatismos a toda la región Caribe, en una circunstancia que está mediada por la “controversia” planteada por Gas Natural-Fenosa, la cual le resta capacidad de maniobra al Gobierno, pero ello no lo puede llevar a cruzarse de brazos. En el pasado, no ha faltado quien platee la intervención de ELECTRICARIBE para evitar males mayores, sin embargo se ha descartado de plano por considerarla indeseable y contraproducente, pues podría resultar peor el remedio que la enfermedad. Pero, ante el acecho del fantasma de un apagón a la Superintendencia de Servicios Públicos no le está quedando otro camino a seguir, ya que, según la Resolución 116 de 1988 de la CREG, es lo único que puede interrumpir la “limitación de suministro”, eso sí, “antes de la iniciación del programa” y si así lo dispone “se suspenderá la iniciación del programa y se ordenará la publicación de un aviso informando ampliamente sobre tal hecho”.

Lo cierto es que ante el riesgo de que a la región Caribe se le vayan las luces, el Gobierno Nacional, particularmente el Ministerio de Minas y Energía y la Superintendencia de Servicios Públicos, tiene que actuar ya, antes de que sea demasiado tarde. Al fin y al cabo, como lo prescribe la Constitución Política, “los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional”. Huelga decir que, como lo afirma XM, “los daños y perjuicios que el programa de limitación de suministro cause a sus usuarios y/o terceros afectados con esta medida son de responsabilidad exclusiva de ELECTRICARIBE” y de nadie más. 

Bogotá, noviembre 7 de 2016

www.fnd.org.co

Por Jorge Enrique Robledo.-  De acuerdo con la Dian, en 2017, el recaudo por IVA y combustibles, que gravan por sobre todo a los sectores populares y a las clases medias, aumentará en 9.0 billones de pesos, al tiempo que el impuesto de renta disminuirá en 1.89 billones. Y al 2022 las cosas serán peores: IVA y combustibles llegarán a 15.6 billones y el cuatro por mil –que también es indirecto–, a 11.35 billones, en tanto la renta apenas se incrementará en 0.38 billones. En resumen, entre 2017 y 2022, los impuestos regresivos se incrementarán en 26.9 billones y la renta en casi nada. Como si fuera poco, la casi totalidad de la disminución en renta favorecerá a las trasnacionales y a otras cuantas empresas mayores –de 43 a 32 por ciento–, antes que a las pequeñas y medianas –de 34 a 32 por ciento– (http://bit.ly/2dHAXjc). Y a la clase media asalariada o que gana honorarios le aumentarán los tributos.

La reforma viola entonces el artículo 363 de la Constitución –que establece que los impuestos deben ser progresivos, lo contrario de regresivos– y empeora el estado de cosas inconstitucional que padece Colombia, porque ya hoy, antes de estos cambios, los impuestos indirectos –IVA, combustibles, 4×1.000 y aranceles–, aportan la mitad del recaudo.

En cualquier texto elemental sobre asuntos tributarios se explica que lo que debe debatirse en una reforma tributaria no es en qué se gastará la plata –¡ojo!, porque los desplumadores siempre harán demagogia sobre los fines “nobles” de sus gastos–, sino quién la pagará y si los impuestos serán progresivos o regresivos, de signo democrático o no. En general, son regresivos, y deben repudiarse, los que gravan igual a quien tiene mucho que a quien tiene poco o nada. Y progresivos, aquellos cuya tasa se eleva en proporción al aumento de la suma a gravar. Por ejemplo, 10 por ciento de tributo sobre un monto de X, 20 por ciento sobre 3X, y así.

El carácter inevitablemente regresivo del IVA es fácil de visualizar. El mismo 19 por ciento pagarán por un jabón de dos mil pesos el más pobre y el más rico, pero para el primero esos 380 pesos –multiplicados por todos los que consuma al año– representan una suma considerable, mientras que para el segundo, en cambio, es despreciable. Uno tendrá que reducir su escasa alimentación para poder pagarla, en tanto que el otro se enriquecerá menos en una suma microscópica para él. Además, como los pobres y las clases medias son casi todos, ellos aportarán la casi totalidad del recaudo. Igual pasa con el aumento del impuesto a los combustibles –los desplumadores lo etiquetan como “verde”, y posan para la foto–, que grava proporcionalmente menos al magnate que al dueño de un pichirilo o que al pobre que monta en bus o compra una panela. El impuesto a las gaseosas es regresivo por el simple hecho de ser IVA –¡un billón de pesos les sacarán a las gentes!–, aun si fuera cierto, que no lo es, que esa es la mejor manera de cuidar la salud. Y también por ser de 300 pesos por litro, con independencia del precio de cada litro, cuando hay grandes diferencias entre las marcas.

La progresividad también debe expresarse en cada una de las partes de un sistema tributario. Es regresivo que todas las empresas paguen la misma renta del 32 por ciento, como lo ha denunciado la Acopi Bogotá-Cundinamarca. En Estados Unidos, valga el caso, las tasas de las empresas se inician en 15 por ciento y se elevan, por escalones, hasta el 39 por ciento. La regresividad del 4×1.000 salta a la vista: los mismos cuatro paga el mayor movimiento financiero que el menor. Es el colmo de lo regresivo que a los tenderos, además, los quieran gravar no por sus ganancias sino por sus ventas. Con toda la razón, ¿cómo sería la protesta de las mineras si las trataran igual? Entonces, no hay que dejarse engañar por los neoliberales, que siempre actúan como Colbert, el ministro de Luis XIV: una reforma tributaria es el arte de desplumar al ganso sin que chille demasiado. Y el truco principal suele ser ocultar quién la paga y cacarear en qué se gasta.

Entre las astucias calculadas para que los desplumados queden en deuda con Santos y Cárdenas está que habrá cárcel para los evasores de impuestos. Paja. Porque el artículo que la ordena tiene un parágrafo que establece que el pillo no la pagará si llega a un acuerdo con la Dian, lo que siempre ocurrirá porque nadie prefiere terminar tras las rejas que pagar una plata. Y esto ocurre cuando ascienden a 18 billones de pesos los impuestos que no pagan los colombianos que tienen 100 mil millones de dólares escondidos en paraísos fiscales en el extranjero.

Coletilla. Le solicité al Polo que iniciara el proceso para escoger su candidato presidencial para el 2018 (detalles en http://bit.ly/2eWtONI).

Por Marc Bassets.- El populismo que sacude las instituciones a ambas orillas del Atlántico libra su batalla decisiva el martes en las elecciones presidenciales de EE.UU. Una victoria del republicano Donald Trump, el magnate inmobiliario y estrella de la telerrealidad, que ha sabido conectar con el malestar de la clase trabajadora blanca, significaría la caída en manos de un insurgente de la fortaleza más preciada, la Casa Blanca. Un novato de la política con un mensaje estridente entraría en la sala de mandos de la primera potencia mundial. Una victoria de la demócrata Hillary Clinton, una veterana de la política identificada con el establishment, daría claves sobre la manera de responder a los movimientos que cuestionan el sistema.

EE.UU., país que se enorgullece de su carácter excepcional, sintoniza a veces con las corrientes de fondo del resto del mundo y en particular de Europa. Ocurrió a principios de los años ochenta, cuando la victoria del republicano Ronald Reagan coincidió con el Gobierno en Reino Unido de la conservadora Margaret Thatcher. Ambos captaron el espíritu de los tiempos. Su revolución económica todavía define el campo de juego de las sociedades occidentales. La sintonía se repitió en los noventa, cuando en EE UU, Reino Unido y Alemania llegaron al poder políticos de la tercera vía, pragmáticos de centroizquierda que querían adaptar la socialdemocracia al mundo posterior a la caída del Muro de Berlín.

Las elecciones del martes son otro de estos momentos. Tras la Gran Recesión, que golpeó a las clases medias, EE UU y Europa vuelven a coincidir. Desde el voto a favor del Brexit al ascenso del Frente Nacional de Le Pen en Francia, desde la irrupción de Podemos en España y Syriza en Grecia al fenómeno Beppe Grillo en Italia o los avances de los contrarios a la inmigración en Holanda o Alemania, es la hora del populismo.

Para los estadounidenses, la palabra populismo no tiene connotaciones positivas ni negativas. No es progresista ni conservadora. Como sostiene el historiador Michael Kazin en The populist persuasion (La persuasión populista), más que una ideología es una retórica que define el terreno en términos de enfrentamiento entre los de abajo y los de arriba, el pueblo y las élites.

"Desde hace ocho años, en EE.UU. para el 80% de personas los sueldos no han crecido. Solo el 20% de arriba ha experimentado crecimiento económico", dice en Washington a EL PAÍS, Arthur Brooks, Presidente del American Enterprise Institute y uno de los intelectuales de peso en la nueva derecha estadounidense. "Cuando pasan estas cosas, y durante tantos años, hay más populismo. Ha pasado muchas veces en Europa. De vez en cuando, en EE UU. Ya somos Europa. Tenemos un candidato como Le Pen o como Nigel Farage o Beppe Grillo o cualquier otro".

"Y cuando la gente tiene que esperar tanto [a la recuperación económica] llega un momento de frustración en el que aparece un político que tiene explicaciones", continúa Brooks. "Y dice: "Yo te puedo explicar lo que está pasando aquí. Los inmigrantes vienen de México y te quitan el trabajo. O los chinos. O las guerras chupan el dinero del país". No es verdad, pero la gente dice: "Por lo menos hay alguien con explicaciones"".

Cuando Trump asegura que el sistema está amañado, o que existe un complot de los medios de comunicación, los bancos y oscuros intereses internacionales en su contra, apela a los agravios de sus votantes ante un establishment que creen que les da la espalda. Pero sus mentirosas teorías conspirativas reflejan, quizá involuntariamente, una realidad: a las élites —la prensa, Wall Street, los viejos jefes republicanos, los laboratorios de ideas, el aparato de defensa, grandes instituciones internacionales— les asusta la posibilidad de verle en la Casa Blanca.

Un nuevo Frente Popular

Una victoria de Trump y su nacionalpopulismo políticamente incorrecto supondría una derrota de estas Élites, una sacudida al sistema en el país con el que se mide, por emulación u oposición, el resto del mundo. Y sería una prueba de que las salvaguardas de los sistemas democráticos son insuficientes para impedir la llegada al poder de un político con un discurso demagógico y autoritario. Si puede ocurrir aquí, puede ocurrir en cualquier lugar.

También puede haber lecciones en una victoria de Clinton, como su coalición con las minorías raciales insultadas por Trump. O la alianza con el senador por Vermont Bernie Sanders, afín al populismo de izquierdas. Y otra lección: la unión transversal con los republicanos anti-Trump.

"Que tengas a republicanos de siempre como George H. W. Bush apoyando a Clinton, significa que debes construir una especie de Frente Popular, por usar este viejo término inspirado por los comunistas", dice Kazin, Codirector de la revista socialdemócrata Dissent. "Lo que Hillary no ha hecho es impulsar un programa atractivo", añade. "Ha decidido: Haremos campaña contra Trump. Esto bastar· para ganaría. Habría podido convencer a personas de clase trabajadora si hubiera hablado más de universidades gratuitas, de aumentar el salario mínimo. Los partidos socialdemócratas deben recordar a la gente lo que les gusta sobre el orden socialdemócrata. Y si no lo hacen, de alguna manera merecen perder".

Si en el mayor momento de furia contra el establishment gana Clinton, enviará un mensaje: aunque el malestar esté aquí para quedarse, el sistema es capaz de resistir.

Por Mauricio Cabrera Galvis.- Se critica al régimen tributario colombiano porque está muy recargado en unos pocos contribuyentes, pues solo unas 3.000 empresas aportan el 70% de lo recaudado por impuesto de renta. Además se utiliza la misma cifra para pretender demostrar que los ricos sí pagan impuestos; es cierto, pero solo porque los ricos se quedan con casi todo el ingreso, de manera que esta asombrosa concentración en los impuestos es solo el reflejo de una más impresionante concentración en el ingreso y la riqueza.

Uno de los criterios más relevantes para evaluar un sistema tributario es su contribución a la equidad, es decir a una mejor distribución del ingreso y la riqueza, indispensable para disminuir las tensiones sociales que impiden el progreso y la consolidación de la paz en el país.

Evaluado con este criterio, el sistema tributario de Colombia se raja con una de las peores notas en el contexto mundial: la estructura de los impuestos es altamente inequitativa, y su impacto sobre la distribución del ingreso y la riqueza es prácticamente nulo.

La compleja telaraña de exenciones y gabelas tributarias, aumentada por las políticas de la “confianza inversionista”, hace que los impuestos sean inequitativos porque es enorme la dispersión de las tarifas tributarias que efectivamente pagan las empresas. En teoría todas deberían pagar el 34% de sus utilidades (más la sobretasa temporal del Cree), pero en la realidad la tarifa efectiva promedio de las empresas es menor al 25%, porque muchas pagan menos e inclusive algunas no pagan nada. Tampoco son progresivos los impuestos en Colombia, porque la única tarifa progresiva es la de renta de personas naturales, pero estas solo contribuyen con el 5% del total de impuestos recaudados, mientras que en los países de la OECD representan el 75% del de renta.

El diagnóstico y las recomendaciones de la Comisión de Expertos tributarios apuntaban a cambiar esta situación y hacer más equitativo y progresivo el sistema, pero el proyecto de reforma presentado por el Gobierno se quedó corto y no incluyó todas las propuestas del Informe, en particular las referentes a la renta de personas con altos ingresos y la eliminación de exenciones. Corresponde al Congreso mejorar la plana para lograr un régimen tributario que contribuya a un país con menor desigualdad.

Por Carol Pires.- Tres razones llevaron a Dilma Rousseff a enfrentar el impeachment que la sacó de la presidencia: la crisis económica, el avance de las investigaciones de la Operación Lava Jato sobre sus aliados, y las maniobras del expresidente de la cámara de diputados, Eduardo Cunha. Desde que Michel Temer sustituyó a Rousseff en mayo, la estabilidad de su gobierno ha estado amenazada por los mismos factores: la crisis económica, el avance de la Lava Jato (Operación Autolavado) sobre sus aliados y Eduardo Cunha. Los tres elementos, además, están estrechamente conectados.

Es por eso que la detención del extitular de diputados, el 19 de octubre, es un punto de inflexión para la Lava Jato. La operación llegó a su segundo año de investigaciones dando pasos en falso que causaron severas críticas entre quienes antes le ofrecían apoyo incondicional. Si la prisión de Cunha —que pasó de diputado todopoderoso a enemigo público— le garantiza a las investigaciones el respaldo popular que necesitan para seguir adelante, un posible acuerdo para que Cunha revele información a cambio de disminuir su condena representa una amenaza para el gobierno de Temer.

Como presidente de la cámara baja, Cunha controlaba aproximadamente a 250 de los 513 diputados y condujo la agenda nacional mientras Rousseff no tenía capacidad política para hacerlo. Miembro del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), igual que Temer, siempre trabajó como un efectivo recaudador de fondos para sus aliados. Y aquí radica el problema. Rodrigo Maia, el diputado que lo reemplazó en la presidencia de la cámara, dijo que una delación de Cunha podría exponer a por lo menos 50 diputados y 15 empresas con las que habría negociado sobornos a cambio de ventajas en negocios con el gobierno o en la aprobación de proyectos legislativos de su interés.

Cunha negociaba con grandes empresas y políticos de alto rango. Si llega a involucrarlos en sus delitos, Lava Jato tendrá en sus manos un material que podría hacer explotar al gobierno y sus planes de estabilizar la economía. Sin embargo, a medida que esta posibilidad aumenta, también crece la amenaza a Lava Jato. Es lo que podríamos llamar el “efecto Cunha”.

En el parlamento ya se discuten proyectos para prohibir la firma de acuerdos de delación con acusados que estén presos, o amnistías para los investigados por crímenes electorales. Ambas cosas pueden vaciar los poderes de investigación de la operación anticorrupción.

Lava Jato pasaba por malos momentos antes del arresto de Cunha. En una ruidosa conferencia de prensa que prometía comprobar que el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva era el “maestro” de toda la corrupción en Petrobras, el jefe de los fiscales, Deltan Dallagnol, realizó una presentación en PowerPoint de estética escolar en la que todos los círculos con nombres de investigados y acusaciones apuntaban hacia Lula. La falta de pruebas debilitó la credibilidad de la operación, acusada por algunos sectores de tener fines políticos, por perseguir con más determinación a los miembros del Partido de los Trabajadores que a los demás partidos igualmente implicados.

En las semanas siguientes, los principales exministros de Economía del gobierno del PT fueron detenidos. Primero, Guido Mantega fue arrestado por la Policía Federal mientras acompañaba a su mujer en el hospital donde sería sometida a una cirugía para tratamiento de un cáncer. Al conocer la situación, el juez federal Sergio Moro lo puso en libertad.

El exministro Antonio Palocci también fue arrestado. Menos de veinticuatro horas antes, el ministro de Justicia de Temer, Alexandre de Moraes, había vaticinado que Lava Jato haría nuevas operaciones. Moraes no debería haber estado al tanto sobre nuevas operaciones de la Lava Jato porque —en teoría— el ministro de Justicia tiene prohibido tener acceso a informaciones sobre las investigaciones de la Policía Federal. Pese a haber despertado la sospecha de que el gobierno influía en la operación, Temer lo mantuvo en su puesto.

Con la detención de Cunha, la Lava Jato se redimió. Acusado de corrupción, lavado de dinero y evasión fiscal, el exdiputado podría ser condenado a 55 años de cárcel. Lava Jato tiene pruebas rotundas en su contra. Si quiere disminuir su condena, tendrá que dar buena y abundante información sobre sus delitos. Y como el sistema político está comprometido con las delaciones que el Ministerio Público negocia con 80 personas relacionadas con el conglomerado Odebrecht, es posible que las delaciones de Cunha apunten contra el sistema financiero o el propio presidente de la República, de quien era aliado hasta hace poco.

Durante las conversaciones con el Ministerio Público para lograr un acuerdo de delación premiada, un exvicepresidente de Odebrecht dijo que había negociado sobornos con los tres principales aliados de Temer. En un viaje a Japón, el presidente comentó: “Si cada vez que alguien menciona el nombre de alguien en una declaración el gobierno se detiene, va a ser difícil”. ¿Debería Temer prepararse para una parálisis total del gobierno?

Informaciones publicadas por la prensa señalan que hasta 200 congresistas podrían ser denunciados. Y si el congreso se detiene, las propuestas para la recuperación de la economía lideradas por Temer pararán también.

Lava Jato investiga toda la plata desviada por las empresas involucradas en el esquema de corrupción pública, ya sea para pagar soborno a políticos o para financiar sus campañas políticas, lo que se denomina “caja dos”. Bajo la amenaza de que tantos de los suyos sean denunciados, los diputados intentaron votar una propuesta sorpresa que amnistiaba a los políticos que hicieron “caja dos”.

Este primer intento fracasó, pero los legisladores siguen conspirando para detener o limitar la operación. Recientemente, el equipo Lava Jato envió al congreso 10 propuestas para prevenir la corrupción, entre ellas la de una ley más efectiva contra la práctica de “caja dos”. Los legisladores investigados quieren aprobarla pero con una condición: que todos los que cometieron el crimen anteriormente a esta ley sean perdonados. Buscan salvarse, disfrazando su trampa como buena acción.

Durante el impeachment contra Rousseff, el entonces senador Romero Jucá, presidente del PMDB de Temer, fue grabado por un exdirector de Petrobras diciendo: “Hay que cambiar el gobierno para poder poner fin a esta sangría”. En aquel momento, la izquierda dijo que la declaración probaba que el juicio político era un golpe para frenar las investigaciones. Días después de asumir como presidente interino, un Temer preocupado por su legitimidad despidió a Jucá, a quien recién había nombrado ministro de Planificación.

Pero Jucá solo pagó por decir en voz alta lo que quieren muchos: detener Lava Jato para salvarse.

Por Francisco Monaldi.- En Venezuela, el país con una de las más abundantes reservas de crudo del planeta, la industria petrolera está colapsando. La producción ha caído en casi un tercio, más de un millón de barriles diarios, desde que el chavismo llegó al poder; más de trescientos mil barriles diarios, solo en el último año.

Día a día aparecen en los medios historias que reflejan la destrucción de la estatal Petróleos de Venezuela S. A. (PDVSA), otrora una de las más respetadas del mundo. Inversión declinante, corrupción, mal manejo de los yacimientos, accidentes, desastres ambientales, robo de equipos, emigración del capital humano constituyen la realidad detrás de este colapso. Los altos precios del petróleo ocultaban dicha realidad, pero su desplome la ha hecho evidente y dramática.

Cuando Chávez ganó las elecciones en 1998, el precio del barril tocó su mínimo desde los años setenta, por debajo de los 10 dólares. Cuando él murió, en 2013, estaba por encima de los 100 dólares. La estadía de Chávez en el poder tuvo una sincronía singular con el ciclo de precios y con el ciclo de inversión en Venezuela. No solo se benefició del auge del precio, sino de la apertura de la industria petrolera al capital privado en los años noventa.

Dicha apertura logró sumar más de un millón de barriles diarios, con empresas internacionales como Exxon, Conoco y Total. Los ingresos extraordinarios entre 2004 y 2013 representaron para Venezuela más de 300 por ciento de su producto interno bruto anual. La bonanza más grande en la historia de la región.

Durante sus primeros seis años en el poder, Chávez respetó los contratos con las empresas internacionales, a pesar de haber sido un duro crítico de la apertura. No fue sino hasta 2005 —cuando aprovechando que el auge de precios estaba encaminado y los proyectos de inversión iniciados en los noventa habían sido concluidos— que el gobierno inició la renegociación forzosa de los contratos y la nacionalización de las empresas.

Sin embargo, para sorpresa de muchos, en 2008 y 2009 el gobierno abría de nuevo el sector a la inversión extranjera. Chevron y CNPC, entre otras empresas, firmaron contratos para ejecutar ambiciosos proyectos. Para ese entonces, la producción había caído en más de cuatrocientos mil barriles diarios, producto de las expropiaciones y del desmantelamiento de la empresa estatal –que sufrió un duro golpe con el despido de más de 18.000 trabajadores, casi la mitad de su nómina, por su participación en el llamado “paro petrolero” de diciembre de 2002 y enero de 2003—.

El gobierno necesitaba un nuevo ciclo de inversiones y pensaba que, con los altos precios, las empresas internacionales invertirían a pesar de la debilidad de los derechos de propiedad y las duras condiciones fiscales. Se logró atraer muy poca inversión y la producción siguió decayendo.

En 2012 el gobierno empezó a negociar sigilosamente con sus socios nuevos contratos más atractivos a cambio de inyecciones de capital. Dichos contratos daban mayor control a los socios sobre la operación y los ingresos, garantizándoles recuperar su inversión.

Luego del colapso de los precios en 2014, el pragmatismo se tornó en desesperación. PDVSA, que ya en pleno auge de precios tenía problemas de flujo de caja por la voracidad fiscal del chavismo, no tenía cómo emprender las inversiones necesarias para evitar el colapso de producción y entonces tuvo graves dificultades para honrar sus compromisos. Con los precios actuales es menos atractivo invertir en el crudo extrapesado venezolano, de bajos márgenes.

El nerviosismo es notable. En 2016, PDVSA vendió a la estatal rusa Rosneft una participación en un proyecto de crudo extrapesado y en otro de gas costa afuera, con un significativo descuento. A cambio de acceso a crédito, también le otorgó a empresas de servicios petroleros, contratos en condiciones muy desfavorables, y sigue negociando nuevas concesiones contractuales con sus socios.

Para intentar evitar el impago de su deuda y ganar tiempo, PDVSA ofreció a los tenedores de sus bonos de próximo vencimiento un canje por bonos de más largo plazo. Como respaldo, PDVSA garantizó los nuevos bonos con acciones de CITGO, su subsidiaria en Estados Unidos y uno de sus activos más valiosos. La petrolera advirtió que, de no lograrse el canje, sería “difícil” pagar los bonos existentes a su vencimiento, una amenaza implícita de impago. A pesar de eso, solo 39 por ciento de los bonos han sido presentados para el canje. Con un alto costo futuro, obtiene apenas un respiro.

Pero el fenómeno descrito no se limitó a Venezuela. Paradójicamente, durante la década dorada, la producción total de Latinoamérica cayó 7 por ciento. En contraste, Estados Unidos y Canadá aprovecharon la oportunidad para incrementar su producción en 73 por ciento, con una geología menos abundante que la de sus vecinos del sur.

PDVSA es solo el caso más extremo de lo que ocurrió en buena parte de la región. La interpretación cortoplacista del “nacionalismo petrolero” —que lideró el chavismo— es en buena parte responsable del pobre desempeño regional. En Argentina, Bolivia y Ecuador, luego de una exitosa apertura al capital privado, expropiaron contratos y nacionalizaron empresas. Como consecuencia, la inversión cayó, o se estancó, en pleno auge de precios. En México, el endeudado monopolio estatal, Pemex, desaprovechó la oportunidad del auge y su producción también colapsó.

La ola de expropiaciones tuvo dos importantes excepciones que lograron atraer inversiones con un sólido marco institucional: Brasil y Colombia. Sin embargo, incluso en Brasil, el descubrimiento de recursos masivos en aguas profundas promovió un endurecimiento de las condiciones de inversión y la politización del sector, cuyas consecuencias se están viendo en el escándalo de Petrobras.

Ahora, con precios bajos y la necesidad perentoria de un nuevo ciclo de inversión, todos los países le ponen la alfombra roja a los inversionistas extranjeros y compiten entre sí.

¿Aprenderemos la lección esta vez? Venezuela casi mata a la “gallina de los huevos de oro” y otros países siguieron su ejemplo, aunque con menor saña. Para ellos fue una “década perdida”. Los vaivenes pendulares, del control estatal a la liberalización, han limitado el desarrollo del inmenso potencial de la región. Lo que esta requiere es una verdadera política “nacionalista” de largo plazo, a partir de la creación de instituciones estables que permitan el desarrollo sostenido del sector y garanticen los derechos de propiedad de los inversionistas, y la eficiencia y sostenibilidad financiera de las empresas del Estado.

Una política pragmática con amplio consenso político es la única solución perdurable. Aunque llegó tarde, la reforma de México parece estar más cerca de lograrlo. Inspirándose en Brasil y Colombia, creó una estructura institucional sólida con rango constitucional, basada en entes reguladores independientes. Promueve la inversión privada con un marco contractual y fiscal que se adapta a la rentabilidad de los proyectos, y reduce así los incentivos para la renegociación oportunista.

El optimismo que esta reforma genera solo se ve atemperado debido a que la historia regional nos enseña que, si las condiciones que han dado origen al “nacionalismo petrolero” regresan, podríamos tropezar una vez más con la misma piedra.