Actualidad

Bogotá, D.C. 13 de noviembre de 2017. Por Luis Fernando García Forero. Foto: Reuters.- La Asamblea Constituyente de Venezuela, constituida sólo por oficialistas, acaba de aprobar "la Ley contra el odio, por la convivencia pacífica y la tolerancia", un Ley que pasará a la historia de la intolerancia como una muestra de la ignorancia, la intolerancia y la negación de los DD.HH. en las nuevas dictaduras.

Los artículos de esta pacífica Ley dotarán a Nicolás Maduro de una nueva herramienta para profundizar la censura, perseguir a los disidentes, ilegalizar partidos, cerrar medios de comunicación y controlar las redes sociales. Acción que ya habían experimentado con la buena pro de las débiles instituciones públicas manejadas desde Miraflores, emblemática sede del Poder Ejecutivo en Venezuela.

La nueva ley contempla hasta 20 años de cárcel para los culpables de promover o protagonizar los delitos de odio, siempre según el criterio chavista.

"Es una nueva espiritualidad a la que se ha convocado al pueblo de Venezuela y la convocó el Presidente Nicolás Maduro, hombre de paz", reseñó Delcy Rodríguez, Ex Canciller y Presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).

Esta Ley se trataría de un supuesto "homenaje a los que perdieron la vida víctimas del odio y la intolerancia" durante las protestas contra el gobierno, aseguró la ex canciller Rodríguez. Una extraña explicación, ya que entre abril y julio murieron en Venezuela 125 personas, víctimas de la represión de las fuerzas gubernamentales y de la violencia desatada posteriormente.

Entre las obligaciones que impone esta ley está que debe ser publicada íntegramente de forma obligatoria por todos los medios, lo que  ha puesto en alerta a opositores, ONG y periodistas, ya que también supone un nuevo instrumento para acallar a la disidencia y criminalizar las protestas.

Los encargados de establecer el criterio bolivariano son el Presidente del Supremo, Maikel Moreno; el Fiscal General del gobierno, Tarek William Saab, que sustituyó ilegalmente a la fiscal rebelde; delegados de la Constituyente; ministros; altos cargos del chavismo y representantes de organizaciones revolucionarias chavistas.

Todos ellos verificarán que se cumplan sus disposiciones, entre ellas la que prevé penas de 8 a 10 años de cárcel para los policías o militares que se abstengan o retarden su actuación contra los responsables del odio señalados por la revolución.

Se trata, por lo tanto, de conceptos jurídicos indeterminados para sancionar y privar de libertad de forma arbitraria y solo contra los enemigos.

El chavismo usa desde hace años sus medios de comunicación para amenazar e insultar a sus rivales políticos, empleando términos que ya forman parte del lenguaje nacional: escuálidos, vendepatrias, lacayos, fascistas, pitiyanquis, majunches y una larga lista que incluye descalificaciones personales a los jefes opositores como el "monstruo de Ramo Verde" (Leopoldo López), "Capriloca" (Henrique Capriles) o "coño de su madre" (Henry Ramos Allup), que es la versión venezolana del hijo de puta español.

"Sentencia únicamente a todo el que esté contra el gobierno", añadió Jesús Torrealba, ex secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

Con la ley se han atrevido incluso a amenazar las redes sociales, único espacio de disenso encendido de los venezolanos, una de las grandes obsesiones del "hijo de Chávez", que lleva semanas clamando por supuestas censuras en Facebook y Twitter.

"Deben retirar en un lapso de seis horas los mensajes que promueven el odio y la intolerancia", advirtió Rodríguez. Las amenazas se extienden a las radios y televisoras, sometidas a niveles muy altos de censura y autocensura. A todas se les puede revocar su licencia si lanzan mensajes que fomenten el odio, siempre a conveniencia de la revolución.

"La ley del odio no es una ley, es una sentencia orbitando sobre la ciudadanía. Curiosa manera de luchar por la paz, convivencia pacífica y tolerancia", criticó la ex magistrada Blanca Rosa Mármol.

Para la ONG Espacio Público, que contabiliza 148 medios cerrados desde el advenimiento de Chávez, en 1999, la ley "es inconstitucional de origen, así como la ANC que la aprueba".

En el exterior también se han disparado las alarmas. "La ley antiodio hunde a Venezuela aún más en el régimen dictatorial de Maduro. Pero nadie se debe sorprender que el circo autocrático de Maduro haya llegado tan lejos: la mafia que gobierna Venezuela ha mostrado demasiadas veces que está dispuesta a aplastar toda crítica", destacó José Miguel Vivanco, Director Ejecutivo de Human Rights Watch.

El relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, considera “alarmante” la Ley contra el Odio, aprobada ANC de Venezuela, que amenaza a partidos políticos, medios y ciudadanos.

“Tendrá el efecto sistemático de inhibir la crítica al interior del país, porque todos los seres humanos tienen temores naturales de sufrir en un régimen sin garantías, es mucho más grave de lo que parece a primera vista”, explicó hoy el experto en Washington.

Estos son los comentarios “preliminares” de Lanza, relator desde 2014, mientras en la CIDH “se está analizando” el texto aprobado y se prepara desde hace meses un informe completo sobre la situación de derechos humanos en el país para antes de final de año.

Cuando se terminaba de escribir esta nota, leemos en Twitter que Colectivos Chavistas armados y en motos, intentaron tomar a la fuerza este domingo, en tres oportunidades, con esmeriles y patas de cabras, la sede del Nuevo País y Zeta, periódico y revista del veterano periodista socialdemócrata Rafael Poleo. Una muestra más del acoso al periodismo libre y no oficialista y de la propiedad privada. 

Bogotá, D. C, 12 de noviembre de 2017. Por Luis Fernando García Forero. Foto: Leonardo Vargas.-Desde septiembre de 2016, cuando entregó sus cartas credenciales como embajador de Noruega en Colombia, Johan Vibe, no cesa en estar atento a lo que se requiera para seguir apoyando los esfuerzos de nuestro país en el camino de la Paz.

Noruega fue uno de los principales garantes en el desarrollo de los diálogos durante más de cinco años en La Habana entre el Gobierno y las Farc, cuyo resultado fue la firma del Acuerdo de Paz.

Sin embargo la ayuda de Noruega no se ha quedado allí. www.ecospoliticos se encontró en los pasillos de la Casa de Nariño  al Embajador Vibe, precisamente coordinando con el Alto Comisionado de Paz, Rodrigo Rivera, estrategias que permiten avanzar en llevar soluciones a las zonas donde estuvo ausente el Estado y donde más se desarrolló el conflicto.

Acompañado de su equipo diplomático, el embajador Vibe no dudó en atender y responder preguntas sobre la Paz en Colombia:   

ECOS: ¿Aunque Noruega no forma parte de la Unión Europea, qué opinión le merece que esta comunidad de naciones del viejo continente haya excluido de la lista de terroristas a las FARC?

JV: Nos parece que es un paso más natural del proceso de transformación de las Farc de un movimiento guerrillero a ciudadanos normales  que participen en política. También destacamos que ha habido recientes decisiones en el Congreso sobre este tema, por eso nos parece un paso importante y natural  en el desarrollo del Proceso de Paz.

ECOS: Noruega ha sido fundamental en el apoyo a la Paz en Colombia. Sin duda ha sido un proceso complejo, ¿Qué cree que le falta a nuestro país para avanzar más en la convivencia y reconciliación nacionales?

JV: Creo que lo más importante es lograr la unidad para avanzar en  la tarea de la Paz. También se debe avanzar en el desarrollo de las comunidades que han vivido años el conflicto. Asimismo la reincorporación de los excombatientes y la reconciliación en esas zonas donde más se desarrolló la violencia.

ECOS: ¿Está dispuesta la comunidad internacional y Noruega, en seguir apoyando estas tareas pendientes que conducen a la Paz?

JV: En esta tarea les puedo asegurar que la comunidad internacional  está y seguirá apoyando para lograr esos objetivos de avanzar en el camino de la Paz. Estamos trabajando muy de cerca con el Gobierno Colombiano  para avanzar en la Paz. No es fácil porque son regiones que han sufrido mucho, durante más de cincuenta años, pero además también han sufrido porque la presencia del estado ha sido limitada, a parte de las Fuerzas Armadas, que han jugado un aspecto fundamental en esas zonas. Les puedo asegurar a los colombianos que la comunidad internacional sigue y tiene mucho interés en seguir apoyando a Colombia en este proceso.

ECOS: ¿Cómo lograr que esa efectividad en el apoyo de la comunidad internacional se refleje de la misma forma en las regiones de Colombia?

JV: Insisto en la unidad del país. Eso es muy importante. Creo que en cada región se deben realizar foros para discutir estos temas para que de esa manera, entre todos, se busquen soluciones comunes y a la vez planes de desarrollo a nivel local  con el apoyo del Gobierno desde Bogotá, del Gobierno Nacional y de la comunidad internacional. De esa forma sería un gran aporte de todos los protagonistas para sacar a Colombia adelante en paz.

ECOS: ¿Qué le dice usted a los políticos enemigos del Proceso de Paz en Colombia?

JV: Un acuerdo de paz nunca es perfecto, por eso se deben buscar soluciones de balance entre las partes, que son complicadas, difíciles. La reconciliación es y será siempre difícil. Tengo el mayor respeto por todas las víctimas en Colombia y que han sufrido diferentes tipos de abusos  durante el conflicto y se debe respetar que hay muchos sentimientos fuertes por parte de las víctimas, eso es entendible. Pero también y es muy bonito verlo que hay muchos casos donde se puede superar el pasado, a través de diálogos, encuentros entre víctimas y victimarios  y mejor aún, a través de un sincero pedido de perdón por parte de los que han efectuado estos hechos.

ECOS: ¿Cree que las partes que firmaron el Acuerdo de Paz han cumplido con lo pactado?

JV: El Acuerdo de Paz con las Farc se ha implementado en gran medida. Si se compara este acuerdo con otros procesos internacionales, el de Colombia ha mostrado avances muy importantes, pero eso no significa que no queda mucho por hacer.

ECOS: ¿Qué le dice a los protagonistas de este acuerdo y a los colombianos sobre lo que estamos viviendo actualmente para superar tantos años de guerra y principalmente ahora que entramos al proceso electoral? 

JV: El proceso electoral es un ejercicio democrático muy importante en estos momentos en Colombia y lo que les deseo es que se desarrollen unas elecciones pacíficas, principalmente con un respeto mutuo entre todos los partidos, con un discurso civilizado. Nadie tiene la verdad, nadie tiene la solución, hay que discutir civilizadamente,  esa es una de las esencias de la democracia.

Bogotá, D. C, 12 de noviembre de 2017.Redacción Ecos.- Los funcionarios públicos no podrán participar en las campañas electorales y los recursos del estado no se podrán usar con fines políticos, son los aspectos fundamentales de la ley de garantías que empezó a aplicarse en todo el territorio nacional.

Se trata de la Ley 996 de 2005 y que brinda las garantías a todos los candidatos y campañas políticas de cara a las elecciones a Congreso que se realizarán el 11 de marzo del 2018 y presidente de la República, el 27 de mayo.

La norma establece prohibiciones para garantizar el equilibrio y la transparencia en la administración nacional, regional y municipal en medio del proceso electoral con el objeto de que la nómina estatal y de contratación favorezca a los candidatos.

 La Ley establece que a partir del 27 de enero de 2018 y hasta el día de la elección del nuevo Presidente de la República, todas las entidades del Estado, de las ramas del poder público no podrán contratar directamente.

Se recuerda que estas restricciones no aplican a las entidades sanitarias y hospitalarias. Además, durante la vigencia de la ley se podrán celebrar contratos con modalidad de selección como la licitación pública, concurso de méritos y selección abreviada.

Desde el 11 de noviembre, los gobernadores, alcaldes municipales y/o distritales, secretarios, gerentes y directores de entidades descentralizadas no podrán vincular o desvincular personal o modificar la nómina estatal.

No podrán crear nuevos cargos ni proveer vacantes definitivas, salvo que se trate de renuncia, licencia, muerte o expiración del periodo fijo que se vuelvan indispensables en la administración de la función pública. 

Sobre el tema el Procurador General de la Nación Fernando Carrillo fue contundente en señalar que el incumplimiento de la ley de Garantías “constituye una acción preventiva en materia contractual y dará lugar a investigaciones disciplinarias bajo los parámetros de la Ley 734 de 2002, como consecuencia del incumplimiento de la misma y el ordenamiento jurídico vigente”.

Abu Dhabi, 11 de noviembre de 2017. Por Redacción Ecos. Foto: César Carrión. El Príncipe Heredero de Abu Dhabi, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, oficializó, en la visita de estado del Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos a los Emiratos Árabes,  el aporte de 45 millones de dólares para el Posconflicto Colombiano.

El Presidente Santos informó desde Abu Dhabi que estos recursos se invertirán “se van a invertir principalmente en primera infancia” en la construcción de Centros de Desarrollo Infantil (CDI) y en hospitales. Además, el Mandatario aprovechó para agradecer  la donación de 7 millones de dólares que hizo este país con motivo de la tragedia de Mocoa.

“Los vamos a comenzar construir apenas el memorando de entendimiento, que vamos a firmar hoy, se firme, y los recursos comiencen a llegar”…  “hemos identificado con ellos el sector de salud. Ellos están muy interesados en construir hospitales” señaló el mandatario colombiano.

Según el Director de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional, Sergio Londoño, el aporte de los 45 millones de dólares para el Posconflicto es la mayor contribución de un país del Medio Oriente para Colombia y explicó que se utilizará en los municipios más afectados por el conflicto armado.

“Estos 45 millones de dólares son para obras priorizadas en zonas de Posconflicto. Estamos esperando el desembolso, porque se va a hacer posterior a la firma en Emiratos Árabes Unidos, con la presencia del Presidente”, sostuvo Londoño.

Bogotá, D.C, 10 de noviembre de 2017.Redacción Ecos. El domingo 19 del presente mes, el Partido Liberal a través de una Consulta abierta, elegirá entre Humberto De la Calle y Juan Fernando Cristo, el candidato de la colectividad con miras a las elecciones presidenciales de mayo del 2017.

Bogotá, D.C. 9 de noviembre de 2017. Redacción Ecos. Foto : Prensa Cámara.-  De esta manera la iniciativa sólo le queda la conciliación con el Senado para que sea implementado ese tema dentro de los acuerdos de paz y que además se garantizará que solo se puedan presentar a esas circunscripciones las víctimas del conflicto.

"Quien acredite la condición de víctima debidamente certificadas podrá presentarse a esa circunscripciones. Se limita a las zonas rurales que son las más golpeadas por el conflicto. Quien se acredite por la Unidad de Atención a las víctimas podrá participar".

El ministro del interior Guillermo Rivera fue contundente en destacar que esas circunscripciones solo serán para las víctimas del conflicto y que los partidos tradicionales o el nuevo movimiento de la FARC no podrán presentar candidatos. Precisó que solamente las circunscripciones operarán en zonas rurales porque allí fue donde más se vivió el conflicto armado.

"Lo que ocurre es que las personas con mayor afectación del conflicto son las que viven en las zonas rurales y con menor representación política. Ese fue el espíritu del acuerdo", agregó Rivera.

Según el articulado las siguientes serán las circunscripciones:

Circunscripción 1-

Municipios del Cauca: Argelia, Balboa, Buenos Aires, Caldono, Caloto, Cajibío, Corinto, El Tambo, Jambaló, Mercaderes, Morales, Miranda, Patía, Piendamó, la zona rural de Santander de Quilichao*, Suárez y Toribío. Municipios de Nariño: Cumbitara, El Rosario, Leiva, Los Andes, Policarpa y los municipios de Florida y Pradera, Valle del Cauca.

Circunscripción 2

Conformada por Arauquita, Fortul, Saravena y Tame. Departamento de Arauca.

Circunscripción 3

Municipios del departamento de Antioquia: Amalfi, Anorí, Briceño, Cáceres, la zona rural de Caucasia, El Bagre, Ituango, Nechí, Remedios, Segovia, Tarazá, Valdivia, Zaragoza;

Circunscripción 4

Constituida por 8 municipios de Norte de Santander: Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú,

Circunscripción 5

Municipios del departamento del Caquetá: la zona rural de Florencia*, Albania, Belén de Los Andaquíes, Cartagena del Chairá, Curillo, El Doncello, El Paujil, Montañita, Milán, Morelia, Puerto Rico, San José de Fragua, San Vicente del Caguán, Solano, Solita y Valparaiso, y el Municipio de Algeciras del Departamento del Huila.

Circunscripción 6

Municipios del Departamento de Choco: Bojayá, Medio Atrato, Itsmina, Medio San Juan, Litoral de San Juan, Novita, Sipi, Acandí, Carmen del Darién, Riosucio, Unguía, Condoto y dos municipios de Antioquia Vigia del Fuerte y Murindo.

Circunscripción 7

Municipios del departamento del Meta: Mapiripán, Mesetas, La Macarena, Uribe, Puerto Concordia, Puerto Lleras, Puerto Rico y Vistahermosa y 4 municipios del departamento del Guaviare San Jose del Guaviare, Calamar, El Retorno y Miraflores.

Circunscripción 8

Municipios del departamento de Bolívar: Córdoba, la zona rural de El Carmen de Bolívar*, El Guamo, María La Baja, San Jacinto, San Juan de Nepomuceno y Zambrano. Municipios de Sucre: Colosó, Chalan, Los Palmitos, Morroa, Ovejas, Palmito, San Onofre y Toluviejo.

Circunscripción 9

Municipios del Cauca: Guapi, López de Micay y Timbiquí y la zona rural de Buenaventura, del departamento del Valle del Cauca.

Circunscripción 10

Está constituida por 11 municipios del departamento de Nariño: Barbacoas, El Charco, La Tola, Maguí, Mosquera, Olaya Herrera, Francisco Pizarro, Ricaurte, Roberto Payan, Santa Barbara y la zona rural de Tumaco

Circunscripción 11

Municipios del departamento del Putumayo: Orito, Puerto Asís, Puerto Caicedo, Puerto Guzmán, Puerto Leguízamo, San Miguel, Valle del Guamuez y Villagarzón

Circunscripción 12

Municipios del Cesar: Agustín Codazzi, Becerril, La Jagua de Ibirico, La Paz, Pueblo Bello y la zona rural de Valledupar. Municipios de La Guajira: Dibulla, Fonseca, San Juan del Cesar. Municipios del Magdalena: Aracataca y las zonas rurales de Santa Marta, Ciénaga y Fundación.

Circunscripción 13

Municipios del departamento de Bolívar: Arenal, Cantagallo, Morales, San Pablo, Santa Rosa Del Sur y Simití y el municipio de Yondo del departamento de Antioquia.

Circunscripción 14

Municipios de Córdoba: Puerto Libertador, San José de Uré, Valencia y las zonas rurales de Tierralta*, y Montelibano*.

Circunscripción 15

Municipios del departamento del Tolima: Ataco, Chaparral, Planadas y Rioblanco.

Circunscripción 16 

Municipios del departamento de Antioquia: Carepa, Chigorodó, Dabeiba, Mutatá, Necoclí, San Pedro de Urabá y las zonas rurales de Apartadó* y Turbo*.

Bogotá, 9 de noviembre de 2017. Por Redacción Ecos. Foto: ONU Colombia.- Desde que entró en vigor el acuerdo de cese al fuego entre el gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la población en varias regiones de Colombia ha sentido “cierto alivio humanitario”, pero aún se mantienen serios desafíos a la seguridad de las comunidades que viven en zonas de conflicto, reveló en un comunicado la Misión de Verificación de la ONU en Colombia.

Se cumplió un mes del funcionamiento del Mecanismo de Veeduría y Verificación del Cese al Fuego Bilateral, conformado por la Misión de Naciones Unidas y la Conferencia Episcopal.

Tanto la ONU como la Iglesia resaltaron el compromiso de las partes para lograr el cumplimiento de los protocolos al suspender acciones ofensivas y evitar incidentes armados entre la fuerza pública y el ELN, pero señalaron que les preocupaba una serie de incidentes de violencia y la tensa situación en zonas rurales del norte y occidente del país.

El mes pasado, varios campesinos fueron asesinados cuando protestaban en la ciudad de Tumaco, en el Departamento del Cauca, en hechos que aún no han sido esclarecidos por completo. Además, el líder indígena Aulio Isarama Forastero del Departamento del Chocó también fue asesinado a balazos, en un hecho que el ELN reconoció y por el que pidió perdón y el cual fue calificado por el Mecanismo de Veeduría como una “violación a las reglas y compromisos”.

La Misión de Verificación de la ONU y la Conferencia Episcopal de Colombia, instaron a las partes a mantener su compromiso y voluntad para afianzar el trabajo del Mecanismo, contribuir al propósito fundamental de mejorar la situación humanitaria de la población y establecer un nuevo cese cuando sea cumplido el plazo.

Maracay, 9 de noviembre de 2017. Por Felicia Saturno Hartt. Foto: Comunica RSE.- De cara al escenario electoral del 2018, es importante revisar algunos de los temas más preocupantes y urgentes de la Agenda Política Mundial, no sólo para los aspirantes a las jefaturas de estado, sino a aquellos, que desde los órganos deliberantes deben asumir las banderas de la Protección y de los DD.HH. de los ciudadanos, sobre todo de los niños y adolescentes.

Se hace esta reflexión desde una dimensión que pasa desapercibida en las estadísticas globales, porque el Trabajo Infantil no destaca puntos neurálgicos como si lo hace la infracción, por su vinculación futura con el delito, en sus múltiples formas.

El niño o el adolescente que trabaja es parte de una mirada de misericordia y de crítica momentánea, pero ante las alarmantes cifras de la Organización Internacional del Trabajo y la Walk Free Fundation, en asociación con la Organización Mundial para las Migraciones (OIM), se requiere hacer un alto y ver que iniciativas contundentes pueden articularse.

Alrededor de 152 millones de niños, entre 5 y 17 años, son víctimas del trabajo infantil. De 42 millones, 28% tienen entre 12 y 14 años y 37 millones (24%), entre 15 y 17 años.

En todo el mundo, 218 millones de niños, entre 5 y 17 años, están ocupados en la producción económica y 152 millones son víctimas del trabajo infantil prematuro; casi la mitad, 73 millones, están en situación de trabajo infantil peligroso, no propio para su edad y con implicaciones de riesgo. Una cuarta parte de los niños ocupados en el trabajo infantil peligroso (19 millones) son menores de 12 años.

En términos de prevalencia, 1 de cada 5 niños de África (19,6%) están en situación de trabajo infantil, mientras que, en otras regiones, la prevalencia oscila entre el 3% y 7%: 2,9% en los Estados Árabes (1 de cada 35 niños); 4,1% en Europa y Asia Central (1 de cada 25); 5,3% en las Américas (1 de cada 19 niños trabaja) y 7,4% en la región de Asia y el Pacífico (1 de cada 14).

De los 152 millones de niños en situación de trabajo infantil, 88 millones son varones y 64 millones son niñas. Los niños varones representan el 58% del total de ambos sexos en situación de trabajo infantil y el 62% del total de ambos sexos que realizan trabajo peligroso.

Se observa que los niños corren más riesgos que las niñas de verse involucrados en el trabajo infantil, pero esta apreciación puede deberse a que el trabajo de las niñas no siempre se declara, especialmente en el caso del trabajo infantil doméstico o de ocupaciones intrafamiliares o ilegales.

El trabajo infantil se concentra, en primer lugar, en la agricultura (71%), que incluye la pesca, la silvicultura, la ganadería y la acuicultura y comprende, tanto la agricultura de subsistencia como la comercial; el 17% de los niños en situación de trabajo infantil trabaja en el sector de servicios y el 12% en el sector industrial, en particular la minería.

Con este panorama, los líderes y dirigentes que aspiran a gobernar y representan a las ciudadanías de sus países, tienen la obligación y el compromiso ético de generar propuestas e iniciativas que hagan que cada vez menos niños trabajen.

La excusa que justifica el trabajo de los niños y adolescentes como formador se desvanece, cuando se observa los sectores económicos donde se desenvuelven éstos: la pesca, la silvicultura, la ganadería y la acuicultura, los servicios y la minería y las edades, cada vez más precoces para su inicio.

Los líderes y los dirigentes tienen la palabra. La tolerancia a la explotación de niños y adolescentes genera un mundo desigual, inequitativo y antidemocrático que, desde Política en mayúsculas, puede resolverse.

Bogotá. 9 de noviembre de 2017. Por Luis Fernando García Forero.- En medio de la discusión del proyecto de ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz, que se debate en la Plenaria del Senado, www.ecospoliticos.com dialogó con el senador Juan Manuel Galán, quien se mantiene unido con su bancada para sacar adelante los proyectos que implementan el Acuerdo de Paz, pero lo divide de su colectividad, la forma como se decidió el mecanismo que escoge al candidato único a la Presidencia de la República.

Todo indica que la historia se está repitiendo a lo ocurrido en 1981 y 1982, cuando Luis Carlos Galán Sarmiento decidió abrir toldo a parte y crear el Nuevo Liberalismo lo que ocasionó la derrota del expresidente Alfonso López Michelsen, quien fue escogido por la Convención del Partido en Medellín. A López lo derrotó Belisario Betancur en las elecciones de 1982, cuando gobernaba a Colombia Julio Cesar Turbay Ayala.

Esta vez el hijo del inmolado Luis Carlos Galán, Juan Manuel, repite la historia pero de un manera diferente. Mientras su padre se rebeló por la escogencia del candidato a través de una convención y no por consulta popular, Juan Manuel Galán sostiene que "el mecanismo de participación del 19 de este mes, es una consulta organizada por las maquinarias del Partido liberal”.

El senador Juan Manuel Galán es contundente en señalar que no dará un paso atrás en su lucha por la Presidencia de Colombia. Es consciente de que la consulta como mecanismo para escoger un candidato es la idónea y está prevista en los estatutos de la colectividad, como un  hecho histórico que selló la unidad entre el partido y el regreso de su padre al oficialismo liberal.

Sin embargo la consulta para el senador Juan Manuel Galán se debió realizar en marzo del 2018, con las elecciones para elegir al nuevo Congreso.

ECOS: ¿Cuál es el panorama actual del Partido Liberal con miras a la consulta del 19 de noviembre y las elecciones presidenciales?

JMG: Como liberal me siento defraudado, triste por el camino y el rumbo que los dirigentes del Partido le han trazado al liberalismo porque van a hacía un desastre. Fue cantado con anticipación que es esa consulta del 19 de noviembre va a tener una escasa y pobre participación. Que va a costar $40 mil millones para dirimir entre dos egos que suman un 3 % de la intención de voto en las encuestas.

ECOS: ¿Se debe echar para atrás esa consulta, hay tiempo de hacerlo y buscar otro mecanismo para escoger candidato?

JMG: Tiempo si hay pero veo muy difícil que den reversa frente a ese desastre al que están ya encaminados con una velocidad de crucero. Les pedí que pasaran la consulta para marzo donde podríamos beneficiar las listas del Congreso, reduciríamos los costos, podríamos tener toda la participación del voto de opinión que no se va a expresar en las elecciones del 19 de noviembre.

ECOS: ¿Cuál cree usted que es el status del Partido Liberal en estos momentos?

JMG: El Partido Liberal no se ha renovado. La desgracia del partido Liberal ha sido su incapacidad para renovarse. Los partidos que no  se renuevan se van muriendo poco a poco y eso es lo que le ha pasado al Partido Liberal a lo largo de los años.

ECOS: ¿Con lo que dice presiente ya la derrota. Cree que no llega a tener una carta de presentación electoral para las Alianzas y llevar a cabo la interpartidista?

JMG: El Partido Liberal el 19 de mayo va a sellar la pérdida de su vocación de poder.

ECOS: ¿Cuál es su expectativa sobre el tema. Insiste en la candidatura, qué va hacer?

JMG: Una de las opciones y que estoy esperando es la reforma política que llega la semana entrante a la Comisión Primera del Senado y de la cual hago parte. Vamos a mirar qué opciones hay en ese Acto Legislativo que permitan abrir espacios de participación. Lo que tengo definido y decidido es mantener mi aspiración presidencial y continuar con la campaña.

ECOS: ¿Un reto, no hay paso atrás con esa iniciativa?

JMG: Es un reto con miras a interpretar y a representar al gran liberalismo que está huérfano en representación y que es mayoritario en Colombia pero que está desencantado. La mayoría de sus militantes se ha ido a militar a otras toldas, sectores independientes, al Partido Verde, al Partido de la U, en otros partidos. Y ese gran liberalismo está cada vez menos representado por el Partido Liberal.

ECOS: ¿Anuncia disidencia? 

JGG: No sé si el Partido Liberal aguanta una disidencia. Ha tenido tantas, muchos militantes se han ido maltratados, marginados, desconocidos por sus dirigentes. Tal como está la colectividad no da para una disidencia.

Bogotá, D. C, 7 de noviembre de 2017.-Por Luis Fernando García Forero. Foto: Oficina de Prensa Cámara.-  Luego del puente festivo y de la petición de Urgencia del Gobierno Nacional al Congreso, para que apruebe con la celeridad del caso los proyectos que implementan el Acuerdo de Paz, la Plenaria de la Cámara de Representantes aprobó la Reforma Política, que además le abre paso y despeja el horizonte con miras a los comisiones electorales del 2018.

La iniciativa, que pasa al Senado de la República, incluye listas cerradas para las corporaciones públicas a partir del 2022 y los controles al financiamiento de las campañas políticas en términos de prohibir las prebendas, los regalos y las donaciones.

Así mismo el texto aprobado dispone que los partidos políticos podrán presentar candidatos o listas propias con coalición a partir del 2018 y el Consejo Nacional Electoral estaría integrado por nueve miembros con periodo de ocho años, elegidos por una convocatoria pública y por decanos de facultades de derecho públicas y privadas, según méritos. El Congreso en pleno seleccionará a los miembros de ese tribunal electoral con el voto favorable de las dos terceras partes.

En cuanto a la Registraduría Nacional, el articulado que será estudiado por la Comisión Primera de la Cámara Alta, estará conformada por quienes pertenezcan  a la carrera administrativa especial, según concurso de méritos y establecerá que haya puestos de votación en todas las zonas donde se desarrolló el conflicto armado.

Igualmente incluye que se instalarán nuevos puestos de votación con el objeto de garantizar el derecho al sufragio en todo el territorio nacional.

Lo aprobado por la plenaria de la corporación establece que habrá un senador por cada departamento, incluidos Caquetá y Chocó y la curul se asignará al candidato inscrito en lista cerrada o con mayor número de votos.

Impone el voto obligatorio para acceder a la contratación estatal y al empleo público.

La voluntad de las mayorías de la plenaria de la corporación no acompañó los porcentajes de afiliados exigidos para crear nuevos movimientos, los requisitos que venían en la iniciativa gubernamental para acceder a los medios de comunicación  y el financiamiento planteado para el mantenimiento de los nuevos movimientos y partidos políticos. 

También se negó la polémica proposición sobre el Tribunal de Aforados para investigar y sancionar a los altos funcionarios del Estado. Otro asunto excluido del articulado se refiere al aumento de la mujer en las listas de candidatos hasta el 50 % a partir del 2026.