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Bogotá, D.C, 18 de octubre de 2018. Redacción Ecos. Foto: Ecos.- El Senado de Colombia exhortó al Presidente de la República Juan Manuel Santos a decretar el Estado de Conmoción Interior debido a que los asesinatos recientes, el aumento de la delincuencia, la falta de políticas públicas y el narcotráfico, “tienen hoy sumido a Tumaco y la costa pacífica nariñense en un callejón sin salida”.

Una proposición aprobada por unanimidad en la plenaria de la corporación y liderada por el senador Manuel Enríquez Rosero y congresistas de Nariño, piden además de manera inmediata que se convoque aun Consejo de Seguridad en el Puerto de Tumaco y se realice  cuanto antes un Consejo de Ministros en esa localidad “con miras a buscar soluciones inmediatas y efectivas que conjuren la problemática que vive nuestra Costa Pacífica Nariñense”.

Señalan los senadores que “es claro que en Tumaco se está evidenciando esa grave perturbación que efectivamente está afectando la estabilidad institucional, la seguridad no solo del Estado, sino también el posconflicto. 

La siguiente es la proposición que inició su trámite hacía la Presidencia de la República:      

PROPOSICIÓN

“Desesperados por la delincuencia y orden público se declaran los habitantes y comerciantes en el Puerto de Tumaco”.

La delincuencia, la falta de políticas públicas y el narcotráfico, tienen hoy sumido a Tumaco y la costa pacífica Nariñense en un callejón sin salida.

El caso más preocupante es el enfrentamiento por la disputa del territorio entre bandas de narcotráfico, grupos ilegales alzados en armas, disidencias de las Farc (donde en 25 de los 48 municipios en los que hacen presencia los disidentes de las Farc se reporta un incremento del homicidio que va en contravía de la tendencia de las demás localidades del país) y lo que es más preocupante hoy se viene presentando el enfrentamiento entre barrios y sus habitantes quienes se han visto involucrados en este desorden público de seguridad que hoy tienen atemorizado al municipio de Tumaco y en si a toda  la Costa Pacífica Nariñense.

Lo anterior no solo afecta la economía y calidad de vida de los habitantes del puerto y de otros municipios; sino que además vienen dejando a su paso decenas de muertes que según la Defensoría del Pueblo, “entreel 1 enero de 2016 y el 1 de marzo pasado fueron asesinados 156 activistasde derechos humanos”, pero esto no para ahí, la situación se viene agudizando cada día más, luego de la masacre de seis campesinos el pasado 5 de octubre, el día de ayer se presentó el asesinato del líder comunitario José Jair Cortés quien era miembro del Consejo Comunitario del territorio de Alto Mira y Frontera, además de la situación que se presentó el fin de semana en el Municipio de El Charco Nariño donde se enfrentaron las disidencias de las farc con bandas criminales que dejando más de 9 muertos.

Lo anterior no solo reafirma lo expresado por medios de comunicación en cuanto  a que “pasamos de los acuerdos de La Habana a la cruda realidad de Tumaco” donde el acuerdo sobre drogas y cultivos ilícitos está desbordado por la realidad Colombiana y en especial en la Costa Pacífica Nariñense. 

La situación de Tumaco y su zona de influencia, no da espera; razón por lo cual los suscritos Senadores de la Republica en representación del Departamento de Nariño, pedimos a la Mesa Directiva de esta Corporación y a todos los Honorables Senadores de Colombia, nos acompañen con su voto aprobando esta proposición, en la cual le solicitamos de manera urgente al Señor Presidente de la Republica Doctor Juan Manuel Santos Calderón y a su gabinete la adopción de las siguientes medidas: 

1. Se convoque a un consejo de seguridad en el Puerto de Tumaco. 

2. Se realice cuanto antes un consejo de Ministros en el Puerto de Tumaco con miras a buscar soluciones inmediatas y efectivas a fin de conjurar la problemática que vive nuestra Costa Pacífica Nariñense. 

3. Se decrete el Estado de Conmoción interior, en virtud del artículo 213 de la Constitución Política y el artículo 34  de la Ley Estatutaria 137 de 1994 “Por la cual se regulan los Estados de Excepción en Colombia” los cuales disponen que: 

“Artículo 213 de la Constitución Política: En caso de grave perturbación del orden público que atente de manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado, o la convivencia ciudadana, y que no pueda ser conjurada mediante el uso de las atribuciones ordinarias de las autoridades de Policía, el Presidente de la República, con la firma de todos los ministros, podrá declarar el Estado de Conmoción Interior, en toda la República o parte de ella, por término no mayor de noventa días, prorrogable hasta por dos períodos iguales, el segundo de los cuales requiere concepto previo y favorable del Senado de la República”. 

Es claro que en Tumaco se está evidenciando esa grave perturbación que efectivamente está afectando la estabilidad institucional, la seguridad no solo del Estado, sino también de la ciudadanía y afectando sus espacios de convivencia. 

No se puede seguir permitiendo esos actos violentos contra nuestros campesinos, contra la ciudadanía, contra los líderes sociales, que bien ya han sufrido todos los estragos de la guerra, como para que ahora, en un “supuesto” contexto de posconflicto y en el Marco de implementación de un Acuerdo de Paz, sigan presenciando situaciones de este tipo siendo nuevamente victimizados. 

Tanto la Constitución como la Ley Estatutaria correspondiente permiten que el Estado de Excepción de Conmoción Interior sea declarado en un espacio específico del territorio nacional, por lo que nada impide que el Gobierno vaya más allá de sus funciones ordinarias que han resultado ser insuficientes, para frenar las muertes y asesinatos contra el pueblo Tumaqueño. 

Siguiendo lo dispuesto por la Corte Constitucional podemos concluir que no estamos siendo discrecionales al proponerle al Presidente que la declare puesto que los presupuestos fácticos efectivamente dan lugar a la declaratoria del estado de excepción, pues los hechos que se exponen tienen tal gravedad que atentan de manera inminente contra la integridad territorial de la Ciudad de Tumaco, su estabilidad institucional, la seguridad del Estado y la convivencia ciudadana. 

Adicionalmente, la Carta exige que para poder acudir a las facultades excepcionales, las circunstancias perturbadoras no puedan ser conjuradas con las atribuciones ordinarias de policía y es evidente que mediante estas vías ordinarias no se han podido frenar los hechos violentos contra la comunidad, contra los campesinos y contra los líderes sociales.  

Bogotá, D.C, octubre 18 de 2017.- Por Luis Fernando García Forero. Foto Leonardo Vargas.-El debate sobre el caso de corrupción por el tema de Odebrecht en el Senado de Colombia y convocado por los senadores Jorge Enrique Robledo y Claudia López, calentó el ambiente electoral en Colombia toda vez que se convirtió en denuncias contra el candidato a la Presidencia de la República Germán Vargas Lleras y a los dirigentes de cambio Radical entre otras colectividades.

El debate lo inició el senador Robledo quien anunció que acudirá a la Justicia Internacional para garantizar que el caso Odebrecht y Cartel de la Toga no queden en la impunidad. Dijo que en los procesos donde influyó Leónidas Bustos se deben reabrir, incluido el de Germán Vargas Lleras quien precisamente horas antes había roto su silencio dando declaraciones sobre temas de la política actual principalmente a las críticas por el proyecto que crea la Jurisdicción Especial de Paz.

"No queremos pedacitos de verdad, queremos la verdad total, por eso nos toca luchar, nos toca movilizarnos, nos toca derrotar el pacto de corrupción e impunidad de los mismos con las mismas", sostuvo Robledo.

Sobre su exposición lo replicó el senador de cambio Radical Germán Varón, quien negó las aseveraciones en contra de su jefe Vargas Lleras y dijo que ese proceso ya se había archivado.

Robledo insistió ante la plenaria de la corporación que acudirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, refiriéndose además al conflicto de interés del Fiscal General Néstor Humberto Martínez, a quien señala de estar involucrado en el caso Odebrecht y el llamado cartel de la toga.

“Martínez es y sigue siendo Fiscal porque lo sostienen políticamente Santos, Vargas, Uribe y Sarmiento Angulo, una vergüenza mundial”, afirmó el congresista y candidato presidencial del Polo Jorge Enrique Robledo.

Reveló que Martínez Neira, además de asesorar el ilegal Otrosí Ocaña-Gamarra, también fue el asesor del contrato de estabilidad jurídica de Odebrecht-Grupo Aval, cuestionado por haber sido tramitado con un soborno de 4 mil millones de pesos.

“Martínez Neira debe renunciar y defenderse como un ciudadano pues está comprobado que fue recolector de fondos de la campaña de Santos-Vargas, acusada de recibir dinero ilegales por parte de Odebrecht, ha sido abogado de Odebrecht y su socio el Grupo Aval en varios contratos cuestionados por sobornos y nombró como su jefe anticorrupción al corrupto Luis Gustavo Moreno… o Martínez nombró a Moreno por clientelismo político o hace parte de ese negociado”.

Sobre el Cartel de las Togas, Robledo pidió que se reabran los procesos de la Corte Suprema de Justicia en los que influyó el ex magistado Leonidas Bustos y se presentaron falsos testigos, condiciones en las que encaja el proceso por parapolítica en contra de Germán Vargas, sobre el que Robledo dijo “fue una absolución exprés en la Corte, tan solo 10 meses y con ponencia de Bustos”. Robledo añadió que la magistrada auxiliar que benefició a Vargas con su ponencia es la esposa de Yayo, amigo de Luis Gustavo Moreno y quien le regalo un perro a Vargas, gesto que muestra su gran cercanía.

También dijo Robledo que la Fiscalía está en manos de un militante de Cambio Radical “al que no respetan, sino que le temen porque tiene a muchos investigados escogiendo entre un proceso penal o un candidato al Congreso en las listas de Vargas”.

Claudia López contra Vargas

Seguidamente le tocó el turno a la senadora Claudia López  y de entrada señaló que los vínculos del exparamilitar Martín Llanos con Vargas Lleras “son evidentes. Si la investigación está archivada es porque hubo plata y mucha para cerrar la investigación”.

Dijo que Llanos fue su jefe de debate en Casanare y señaló que Vargas Lleras tendría una estrategia con clanes políticos de 21 departamentos del país, con los cuales habría un “acuerdo” para beneficiar procesos en instancias judiciales. Tema que lo significó con videos y con apoyo grafico en cada uno de los departamentos a los que se refería e incluyendo a políticos de Cambio Radical y otras colectividades, varios de ellos presentes en el recinto.

“Los Char son una familia muy numerosa y aspiran a tener seis senadores y seis representantes a la Cámara. Alejandro Char tiene 21 investigaciones penales abiertas y no ha pasado nada porque para eso tienen fiscal de bolsillo (Néstor Humberto Martínez). Cuando llegó Luis Gustavo Moreno a la Fiscalía pidió los 21 procesos y los reasignó”, aseveró López.

“Aquí todos están cortados con la misma tijera. Lo que los colombianos no han entendido es que esa empresa criminal de la corrupción está directamente vinculada al cartel de la toga. Entiendo el desespero de Vargas y que salga como un fracasado con un publireportaje en un medio de comunicación porque empezó primero y va cuarto en las encuestas”, sostuvo la congresista y candidata presidencial de la Alianza Verde.

Se prende la de Troya

La arremetida de varios senadores contra Claudia López no se hizo esperar. Empezó a sumarse la lista el número de participantes quienes le pedían la palabra al Presidente de la corporación Efraín Cepeda.

De nuevo Barón salió en defensa de Vargas Lleras, pero además dijo que  Robledo y Claudia López no decían la verdad.  “Este debate se fundamenta en calumnias (…) No existía ninguna relación que tuviera que ver entre paramilitarismo y Germán Vargas Lleras. En la página 42 del expediente dice el señor Martín Llanos que no conoce a Germán Vargas”.

Agregó el congresista Germán Varón que “No podrá decir usted lo mismo de Samuel Moreno senador Robledo, que se robó Bogotá, a quien usted defendió, a quien logró en muchos de sus intentos dejarlos incólumes frente a la Justicia”.

Como la senadora Claudia López se refirió también a la gobernadora del Valle Dilian Francisco Torio, El senador Roosevelt Rodríguez salió en defensa de la mandataria departamental: “Dilian Francisca Toro ha sido acusada en la Corte por anónimos y testigos falsos. No hay una sola prueba, un solo hecho de los que puedan derivarse responsabilidades de carácter penal contra Dilian Francisca Toro”, indicó. 

Mauricio Lizcano, a quien Claudia López acusó de nuevo vargasllerista, acusó a la senadora de corrupta pues según el senador muchas de las propuestas de la consulta anticorrupción que López lidera ya son leyes de la república. “Qué desfachatez venir usted a ponerme en una foto simplemente porque yo he acompañado al doctor Germán Vargas Lleras”, dijo Lizcano.

Rivera defiende a Santos 

El ministro del Interior no se quedó sin el uso de la palabra e hizo una enérgica defensa del presidente Juan Manuel santos,. Relató todos los detalles de las denuncias que el mismo jefe de Estado ha hecho para que se investigue y condene a los culpables por el caso de Odebrecht.

Fueron muchas las críticas contra lo señalado por López y Robledo. No se quedó atrás el expresidente Álvaro Uribe quien salió en defensa de la honra del excandidato presidencial del Centro Democrático Oscar Iván Zuluaga.

"Dónde hay un peso de dinero mal habido en mis campañas, donde he excedido los topes, me meto en todas las candelas porque a esta patria no se le puede entregar a los brabucones inconsistentes que hoy se arropan en la lucha contra la corrupción", manifestó Uribe. 

Cada senador que le tocó el turno para hablar, calentaba más la discusión. Frases iban y frases venían entre los congresistas. Al final, pidieron verificación del quorum y levantaron la sesión, que selló el fin del debate pero el inicio caliente de lo que será el proceso electoral para elegir el nuevo congreso y al Presidente de la República en marzo y mayo del 2018, en un país en el que cada día aumenta la polarización.

Bogotá. D.C.- Redacción Ecos. comunicacionestian.com.-El presidente de Venezuela Nicolás Maduro proclamó su victoria en las elecciones regionales donde el oficialismo logró el poder en 17 estados, mientras que la oposición, que ganó en cinco, desconoce los resultados de la jornada electoral que transcurrió en paz.

Solo se espera el resultado del estado de Bolívar, que aún está en disputa, pero en la medida que pasan las horas el inconformismo por parte de la oposición aumenta cada vez más porque consideran que no hubo las suficientes garantías en dichas elecciones para los contradictores del chavismo. 

"Victoria tajante. El chavismo arrasó en las elecciones", expresó Maduro, mientras que Gerardo Blyde, jefe de la campaña de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), declaró que "en este momento no reconocemos ninguno de los resultados. Estamos ante un momento muy grave para el país", enfatizó, al pedir una auditoria especial y total del proceso.

Anapoima, octubre 14 de 2017. Redacción Ecos. Foto: SIG.- El Presidente de Colombia Juan Manuel Santos desde este municipio cundinamarqués y afecto a su familia, exhortó a los colombianos a poner al país por encima de las diferencias trabajando juntos y fue categórico en manifestar que "después del fin del conflicto con las Farc, ahora la guerra es contra la pobreza".

Durante la entrega de la obra de infraestructura social número 2.500 en Anapoima, el jefe de Estado hizo un llamado a todos sus compatriotas a “aceptar a las personas que piensen diferente y a ser más tolerantes y a trabajar juntos por encima de las diferencias”.

El Presidente Santos al dar al servicio el Centro de Escuelas de Formación Deportiva y Cultural, construido por Prosperidad Social con inversiones por más de $6 mil millones dijo que las peleas estancan a una sociedad. 

"Mi llamado es que pongamos el país por encima de cualquier diferencia, toleremos a quienes piensan diferente…trabajemos todos juntos, sigamos progresando…encontremos objetivos que nos unan a todos”, concluyó.

Bogotá, D.C, 13 de octubre de 2017.-Redacción Ecos. Foto: Prensa Senado.- Con el acompañamiento de la ONU, Defensoría del Pueblo y la Fundación Paz y Reconciliación, la Comisión de Paz del Senado de Colombia, se hizo presente en Tumaco para conocer de primera mano los hechos violentos donde perdieron la vida siete personas en esa región del pacífico colombiano.

El Presidente de dicha célula legislativa, senador Roy Barreras, sostuvo que "en momentos de cierre de un proceso de paz e inicio de una nueva etapa de la historia de Colombia, es indispensable tener absoluta claridad de los hechos violentos que ocurren de manera aislada en el territorio".

Barrera, quien estuvo acompañado de sus colegas Claudia López, Iván Cepeda, Jorge Iván Ospina, entre otros congresistas, señaló que "el proceso de paz no se hizo con el narcotráfico, ni el proceso de paz podía resolver ese flagelo. Por ende, el fenómeno mafioso seguirá presente mientras no se enfrente con diversas políticas".

Agregó que "tanto los crímenes cometidos por cuenta de las distintas etapas del negocio perverso del narcotráfico global, -desde la siembra hasta su comercialización-, tienen que ser plenamente aclarados. No son pocas las voces que quisieran tergiversar los hechos, ofreciendo versiones sesgadas. Unas acusando hipotéticas disidencias de las guerrillas en movilización, y en otras, señalando a miembros de la Fuerza Pública".

Los congresistas se reunieron con las comunidades y algunos testigos de los hechos violentos "y así tomar el pulso de primera mano a la realidad en ese territorio sometido a tantas violencias cruzadas", enfatizó Roy Barreras, quien fue uno de los legisladores que se entregó de lleno a la negociación entre el Gobierno y las Farc.

Fue contundente en manifestar que "Colombia sigue poniendo los muertos en la guerra contra el narcotráfico, por eso la política antidrogas debe revisarse".

Entre tanto el senador Iván Cepeda afirmó que "el compromiso del Congreso es hacer el control político necesario para esclarecer lo sucedido”. Dijo que el Gobierno “debe responder a través de una política social, que permita a esta región salir del abandono en que se encuentra”. Así mismo aseguró que citarán un debate, para revisar con las autoridades de Gobierno lo sucedido el 5 de octubre.

El senador Jorge Iván Ospina aseguró que la política debe ser radical contra las bandas criminales y las redes del narcotráfico, no contra la población civil. 

Se espera que la Comisión de Paz del Senado le entregue el próximo martes a la plenaria de la corporación un pormenorizado informe de su visita a esa región del pacifico de Colombia que está atravesando una situación de orden público preocupante en pleno desarrollo del posconflicto en Colombia.

Bogotá. D.C, 12 de octubre de 2017. Redacción Ecos. Foto: SIG.-  Durante la sanción de la ley que establece el régimen de remuneración para los diputados, el presidente Juan Manuel Santos fue certero en señalar a los colombianos y a las Farc que "los acuerdos se van a cumplir" y agregó: "la decisión de la Corte Constitucional de avalar las normas que blindan los acuerdos, es un espaldarazo que le da solidez al proceso".

"Es algo que todos deben escuchar: los acuerdos son para cumplirlos", reiteró el jefe de Estado Colombiano desde la Casa de Nariño en presencia del Presidente de la Cámara de Representantes Rodrigo Lara Restrepo, congresistas y funcionarios del gobierno nacional.

"Vimos cómo, por unanimidad, (la Corte) lo que dijo en palabras sencillas es que el acuerdo de paz es la palabra empeñada del Estado colombiano, algo que hemos venido repitiendo desde que lo firmamos. Y que tenemos que obrar los colombianos de buena fe y cumplir con esos acuerdos", manifestó.

Se refirió a la sentencia de la Corte Constitucional en ese sentido y fue contundente en destacar que "durante los próximos tres años esos acuerdos se tendrán que cumplir" no podrán tomarse decisiones que violen esos acuerdos y eso es algo que le da mucha solidez, es un espaldarazo que la Corte Constitucional les da a los acuerdos de paz”.

Se refirió a la importancia de la reunión celebrada entre el Fiscal General de la Nación, el Ministro del Interior y representantes de las Farc, encuentro que él mismo promovió y asistió destacando que "a través del diálogo se logran las diferencias”. Dijo que ya se lograron avances para sacar adelante la JEP en el Congreso.

Resaltó el Presidente de Colombia que las diferencias sobre la ley estatutaria de la Justicia Especial de Paz "quedaron saldadas" para su trámite y aprobación en las plenarias de Cámara de Representantes y Senado.

"Todo esto lo que busca es cerrar el conflicto. Eso no se nos debe olvidar nunca: toda la justicia transicional, todo lo que estamos haciendo, es un ejercicio para terminar un conflicto, sanar las heridas y seguir adelante en el desarrollo del país, ojalá todos unidos. Que esto no nos siga dividiendo, no nos siga polarizando", aseveró el Jefe de Estado colombiano.

Destacó la sentencia de la Corte Constitucional sobre el Acto Legislativo del Acuerdo de Paz y dijo que ese alto tribunal fue precisa en señalar "la paz es el presupuesto para la garantía de los demás derechos de los colombianos". 

Finalmente hizo un llamado para "que utilicemos este espaldarazo que la Corte Constitucional, por unanimidad, le da al proceso, para decir: esto ya es irreversible. Trabajemos juntos para que funcione".

New York, 12 de octubre de 2017. Por Redacción Ecos. Foto: ONU Press.- No hay lugar para la pena de muerte en el siglo XXI y esta práctica necesita ser abolida lo antes posible.

Ese fue el principal mensaje del Secretario General, Antonio Guterres, durante el evento que conmemoró el Día Mundial contra la Pena de Muerte, en la sede de la ONU.

Alrededor de 170 naciones han abolido la pena capital o han dejado de utilizarla, pero cuatro países son responsables del 87% de las ejecuciones hoy en día, dijo António Guterres, en su discurso.

El mes pasado, Madagascar se convirtió en el Estado 85º en ratificar el Segundo Protocolo Facultativo que aboliría la pena de muerte y Gambia avanzó hacia este objetivo.

El titular de la ONU aseguró que esta práctica hace poco para servir a las víctimas o reducir el crimen y que siempre existe un riesgo innegable de errores judiciales.

"Por favor, paren las ejecuciones. La pena de muerte no tiene cabida en el siglo XXI. Estoy orgulloso de decir que mi país, Portugal, abolió la pena capital hace 150 años, fue uno de los primeros países en hacerlo. Las razones son las mismas que damos hoy: la pena de muerte hace poco por las víctimas o por frenar el crimen. E incluso con un meticuloso respeto por un juicio justo, siempre hay un riego de error en la justicia. Este es un precio inaceptablemente alto", declaró.

Guterres advirtió que muchos gobiernos ocultan las ejecuciones y utilizan un elaborado sistema para mantener en secreto quién está condenado a muerte y por qué. Agregó que esta falta de transparencia representa una falta de respeto por los derechos humanos de los condenados y sus familias y recalcó que los datos completos y precisos sobre las ejecuciones son vitales para fundamentar el debate sobre la pena de muerte y su impacto.

El Secretario General pidió el apoyo de todos los Estados que ya han abolido esta práctica para unirse al llamamiento a los líderes de aquellos países que la conservan, para que establezcan una moratoria oficial con miras a su eliminación lo antes posible.

En un comunicado, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU también instó a todos los Estados a ratificar el tratado universal que, de entrar en vigor, aboliría la pena de muerte.

Bogotá, D.C, octubre 11 de 2017. Redacción Ecos. Foto: Corte Constitucional.- Por unanimidad la sala plena de la Corte Constitucional declaró exequible el Acto Legislativo 02 del 2017 y además sentenció que durante los próximos tres gobiernos no se puede modificar el acuerdo que llevó al fin del conflicto con las Farc, grupo insurgente que enfrentó al Estado colombiano por más de 50 años.

La decisión del alto tribunal que salvaguarda la constitución colombiana, se da en momentos en que iniciativas legislativas pasan por momentos difíciles en las cámaras, debido a la negativa del partido Cambio Radical de no votar el proyecto que reglamenta la Jurisdicción Especial para la Paz.

Con la declaración de constitucionalidad de la reforma que permite viabilizar y blindar todo el andamio jurídico del acuerdo firmado entre el Gobierno y las Farc, la Corte Constitucional le da un espaldarazo al capital político más importante del Presidente Juan Manuel Santos: la paz.

"Las instituciones y autoridades del Estado tienen la obligación de cumplir de buena fe con lo establecido en el Acuerdo Final", sentenció la Corte Constitucional al señalar además que "las actuaciones de todos los órganos y autoridades del Estado, los desarrollos normativos del Acuerdo Final y su interpretación y aplicación deberán guardar coherencia e integralidad con lo acordado, preservando los contenidos, los compromisos, el espíritu y los principios del Acuerdo Final".

El presidente de la Corte Constitucional Luis Guillermo Guerrero, destacó que "El Acuerdo no tiene en sí mismo un valor normativo, sino que requiere su incorporación a la Constitución a través de reformas constitucionales, leyes aprobadas por el Gobierno y los decretos".

El magistrado Guerrero fue contundente en destacar que "el país no puede ser ajeno hoy a esa circunstancia, eso es lo que pretende el Acto Legislativo, dar estabilidad al Acuerdo, y la Corte señaló que esa estabilidad es necesaria, pero que se debe dar en algunas circunstancias". 

Precisó que esa decisión implica que no sería posible para un próximo gobierno “hacer trizas el Acuerdo” ni modificar lo ya implementado. 

Bogotá, D. C, 10 de octubre de 2017.-Por Luis Fernando García Forero.Foto: SIG.- Un cambio radical generó la aprobación en primer debate la reglamentación de la Jurisdicción Especial para la Paz. Se cayeron las caretas, se rompieron las alianzas y los oportunistas preelectorales abandonaron la causa de la paz en pos de sus intereses.

Tomando en consideración que la iniciativa de la JEP está catalogada como la columna vertebral del proceso en el contexto del posconflicto, significa la necesidad de una posición ética de todos los que han estado involucrados y han sido actores directos del proceso de paz.

Las contradicciones en política tienen un peso específico. No se puede entender que partidos que votaron el Acto Legislativo que implicaba toda una reforma constitucional y un mayor compromiso político, ahora hayan votado en contra de dicha propuesta.

Las razones que motivaron el voto en contra no han respondido a los intereses supremos de la paz en Colombia. Todo indica que el afán sea por un lado, deslindarse en definitiva del Gobierno de Santos, y por el otro, la necesidad de generar una alianza poderosa con los enemigos de la paz.  

Esa perspectiva aparte de ser antiética y electorera, implica además la poca visión de lo que va a significar para Colombia el proceso del posconflicto. Un desafío que no le pertenece a ninguna tolda política, sino a los colombianos y a todas las voces globales que apoyan el reto del cambio y desarrollo del país.

Los señores que hoy abandonan el autobús de la paz viven en la Colombia de los años anteriores al conflicto armado y no pertenecen al futuro de las posibilidades que significa para nuestro país, cambiar de ser uno de los más violentos del mundo, a una nación con perspectiva de desarrollo sostenible, como lo señalan todos los organismos internacionales.

El subdesarrollo de nuestros países se debe a que ciertas clases políticas son anacrónicas e inescrupulosas. Prueba de ello es la corrupción rampante, el peculado y el tráfico de influencias que han debilitado las instituciones del Estado, han hecho que la población no crea en los políticos y se abstenga de votar. 

De todos modos, la paz aún cuenta con las mayorías en las cámaras legislativas y en la Colombia que vivió en carne propia las consecuencias del conflicto y la inequidad de las elites, pero que tiene la esperanza de un futuro mejor.

Roma, 9 de octubre de 2017. Por Luis Fernando García Forero. Foto: ONU PRESS.- Las áreas rurales tienen un gran potencial de crecimiento económico vinculado a la producción alimentaria en los países en desarrollo y los jóvenes no deberían tener que salir del campo para obtener empleo, asegura un nuevo informe de la FAO.

El Estado Mundial de la Agricultura y la Alimentación 2017 revela que, entre 2015 y 2030, el número de personas entre 15 y 24 años aumentará unos 100 millones, principalmente en África Subsahariana.

Sin embargo, en muchos países en desarrollo, el crecimiento de los sectores industriales y de servicios, se ha quedado rezagado y éstos serán incapaces de absorber a los nuevos demandantes de empleo que van a incorporarse al mercado laboral.

Es por ello que la FAO asegura que se necesita una profunda transformación del sector rural para aprovechar su potencial, no sólo de proveer alimentos para una población creciente, pero también para generar empleo.

"Se está reduciendo la proporción de la población empleada en la agricultura y mucha gente se está moviendo hacia los empleos informales de baja calificación en el sector de los servicios. La capacidad de crear empleo es limitada, de manera que el empleo no representa una oportunidad de salir de la pobreza para muchos", asegura Marco Sánchez Cantillo, Director Adjunto de la División de Economía del Desarrollo Agrícola de la FAO.

Cantillo asegura que cada vez más habitantes de las zonas rurales se trasladarán a las ciudades y correrán el riesgo de sumarse a la población urbana pobre, en lugar de hallar un futuro mejor. Sin embargo, si se invierte en el sector de la agricultura, la urbanización puede convertirse una oportunidad.

"La urbanización representa una gran oportunidad para las áreas rurales, el 70% de los alimentos producidos en el mundo se consumen en las zonas urbanas del mundo. Para muchos agricultores la creciente demanda de alimentos podría resultar una gran oportunidad, quizá más importante que las exportaciones. Vincular a estos productores con estos nuevos mercados domésticos que van a tener a crecer, va a ser crucial para la reducción de la pobreza", agregó.

El estudio de la FAO establece tres líneas de acción para transformar el sector agrícola positivamente, que abarcan desde políticas públicas hasta la inversión en infraestructura que conecte los sectores rurales y urbanos de una manera más eficaz.

"La clave está en invertir en las áreas rurales pero teniendo en cuenta como estas áreas están conectadas o como debería estarlo en caso de que no lo estén, con los centros urbanos aledaños. En el reporte se propone una combinación balanceada de desarrollo de infraestructura con intervenciones de política a través del espectro urbano-rural. Está claro que se necesita infraestructura tanto para la cadena de valor alimentaria como para conectar las ciudades rurales con los pueblos aledaños", dijo Cantillo.