Opinión

Por: Guillermo García Realpe*.- Han pasado ya tres años desde que el polémico exministro Fernando Londoño grito a los cuatro vientos durante la convención nacional del Centro Democrático, que el primer desafío de ese partido “será el de volver trizas ese maldito papel que llaman acuerdo final con las FARC que es una claudicación y que no puede subsistir", pareciera que el tiempo le está dando la razón. 

Su frase que se volvió viral y que tanto resuena aún en los medios, tuvo eco en varios sectores de su partido, pero especialmente en esa ala radical del uribismo tan amiga de la política de guerra que desde entonces no ha cesado en su búsqueda intensa de hacer a como de lugar “trizas la paz”. 

Gradualmente lo están logrando, pues todo lo acordado en La Habana bajo el entonces gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y la extinta guerrilla de las FARC ha venido en declive durante el gobierno del presidente Iván Duque. 

En primer lugar, los programas y planes de inversión del posconflicto se han quedado a medias, son muy pocos los avances en esta materia, la inversión no es la esperada, la legislación es lánguida. Para implementar totalmente el Acuerdo de Paz se requieren de 107 leyes, sin embargo, solo se han promulgado 66, de las cuales tan solo cuatro han sido tramitadas en el gobierno del Presidente Duque. Ahora, de las 36 normas que se necesitan para lograr una verdadera reforma rural integral, sólo han sido expedidas 15. 

En materia de derechos humanos y garantías a la vida tampoco se pasa el examen, según un informe de la Defensoría del Pueblo, desde la firma del acuerdo final hasta el 30 de abril de este año, han sido asesinados 515 líderes sociales, en departamentos como Cauca (23,3%), Antioquia (13,7%), Norte de Santander (6,6%), Valle del Cauca (6,4%), Putumayo (5,6%), regiones que concentran casi el 56% de estos homicidios. De los últimos cuatro años, 2020 ha sido el más violento para los líderes sociales, con una tenebrosa estadística de 63 asesinatos. Pero otra cifra maneja INDEPAZ, que asegura que los asesinatos a líderes sociales ascienden a 971 con corte a julio de este año, mientras que los homicidios a excombatientes alcanzaron los 210. 

Esos mismos excombatientes que entregaron sus armas y le apostaron a la paz, ahora viven una decepción generalizada y las cifras así lo demuestran, el 71.3% de los reinsertados a la vida civil no se encuentran vinculados a un proyecto productivo, sólo el 12,1% cuenta con proyectos colectivos y un 16,6% ha recibido apoyo para proyectos individuales; lo que refleja un avance de 1.5 puntos porcentuales con relación a lo reportado a enero del presente año. 

En materia de inversión, las cuentas tampoco cuadran, de los $4,67 billones que se deberían estar ejecutando en los municipios donde más se vivió la guerra y los más afectados por la pobreza, sólo se está ejecutando el 1,52% de lo que se necesita para cumplir el Acuerdo de Paz. 

Del rubro asignación Paz, que se financia con fuentes de regalías solo el 51,7% se esta dirigiendo a los municipios PDET. El 18,3% se dirige a las ZOMAC y el 29,9% se dirige a otros municipios, lo que sin duda es una abierta violación al artículo 2 y 3 del Decreto Ley 413 de 2018 y el artículo 2 del Decreto 1426 de 2019. 

Lo peor de “hacer trizas la paz” es que volvió el baño de sangre, departamentos como Nariño, Cauca, y regiones como el Catatumbo en Norte de Santander, los Montes de María o el Bajo Cauca antioqueño, son testigos mudos de cómo sus territorios se convirtieron nuevamente en blanco de los violentos y escenarios de muerte, terror y desolación. 

No es un secreto que las noticias no son alentadoras, en los últimos días los titulares solo hablan de sangre, masacres, desapariciones, el narcotráfico incontrolable, en fin, un ciclo repetitivo de muerte y guerra. Y mientras tanto el alto gobierno y el presidente mirando para otro lado, preocupado más por si Venezuela compró misiles a Irán o si ese país compra armamento a Rusia o Bielorrusia, en tanto los graves problemas nacionales agudizándose y los ciudadanos a merced de la pandemia y la desatada ola de inseguridad nacional. 

En lo que respecta a Nariño, ya hicieron trizas la paz, ¿lo harán con el resto del país?

Bogotá, D. C, 24 de agosto

Senador Liberal

@GGarciaRealpe

Por Mauricio Cabrera Galvis*.- Ante el coronavirus todos somos iguales, pero hay unos más iguales que otros. Cuando apareció el virus se pensó que era un gran nivelador pues todas las personas estaban expuestas al contagio y a la muerte, sin importar nivel de ingreso, raza o clase social. Pronto se hizo evidente que eso era una ilusión y que la pandemia es tremendamente inequitativa pues no solo ataca mucho más a los pobres, sino que agudiza las condiciones de pobreza desigualdad del país.

Primero vino la cuarentena y la orden de quedarse en casa. Es para todos, se dijo. Pero dos realidades mostraron que la supuesta igualdad era una ficción. Primero, no es lo mismo estar confinado en una casa tipo VIS de 50 m2 con dos habitaciones para 6 personas, que en un amplio apartamento de 200 m2 o más con empleada doméstica en su propio cuarto. En los casos extremos, no es lo mismo una habitación de inquilinato donde vive hacinada toda una familia, que una residencia campestre con piscina, jardines y senderos privados para caminar.

Segundo, las condiciones para trabajar o estudiar en casa. El teletrabajo resultó casi un privilegio para los que pudieron mantener sus empleos desde sus casas, mientras que la mayoría o no tenían el espacio y los instrumentos para hacerlo o, los trabajadores tuvieron que seguir laborando en las fábricas o el campo. Ni que hablar del ejército de informales que sin poder salir a la calle se quedaron sin ingresos y con hambre. Con los colegios cerrados, tener computador o tableta y conexión a internet, marcó toda la diferencia

Estas desigualdades no las creó la pandemia. Existían desde antes y el Covid lo único que hizo fue exponerlas y mostrar sus consecuencias. Pero el virus si ha demostrado que es clasista y racista de manera que ha empeorado la situación y aumentado la desigualdad.

Es clasista porque ataca con mayor frecuencia a los más pobres. Un estudio de la Universidad de los Andes sobre el contagio por estratos en Bogotá encontró que en el estrato 1 hubo 93 contagios y 3,1 muertes por cada 10.000 hogares; en el estrato 2 56,4 contagios y 2 muertes, y en el estrato 6 solo 8 contagios y 0,6 muertes. Más de 10 veces es la diferencia de contagios entre los de arriba y los de abajo.

También es racista, pero no porque el virus sea más benigno con los blancos, sino porque “el abandono estatal en comunidades negras e indígenas los pone en especial riesgo durante la pandemia. los mapas construidos revelan la enorme distancia que tienen a servicios de salud adecuados para casos graves y las cifras desnudan su vulnerabilidad social”, es la conclusión de otro estudio de la misma Universidad.

No alcanzó el espacio para analizar el aumento de la pobreza y la desigualdad por la pandemia. Baste decir que el gobierno ha tomado algunas medidas para contenerlo, pero han sido insuficientes. Hay que arriesgarse a gastar más para evitar una catástrofe social.

* * *

ADENDA: Primero fueron los líderes sociales y el país no reaccionó; luego fueron los exguerrilleros y algunos hasta aprobaron la venganza; ahora son niños y muchachos inocentes en masacres que nos devuelven a las peores épocas del conflicto antes del Acuerdo de Paz. ¡Hasta cuando la indiferencia nacional y la indolencia oficial!

Cali, 23 de agosto de 2020

*Filósofo y Economista. Consultor

Por José Félix Lafaurie*.- Acabo de enviarle una carta al ministro Zea en busca de soluciones a la difícil relación entre ganaderos e industria láctea, caracterizada por: 1) Una ganadería que produce más de 7.300 millones de litros. 2) Una industria que acopia el 44,3%, dejando en la informalidad más de 4.000 millones de litros. 3) Una política pública que no logra aumentar el consumo de leche procesada en los estratos 1 y 2, de apenas 36 litros/año, un problema de salud y de equidad. 4) Unos TLC que permiten importaciones crecientes con bajos aranceles, que sumaban 42 mil toneladas al mes de mayo.

¿Por qué una industria con potencial de crecimiento no amplía su capacidad para ensanchar el mercado de leche procesada? Porque está cómoda vendiendo productos de alto costo a estratos altos, y productos que el mercado no requiere, como leche “larga vida” para consumo inmediato, lo cual afecta el bolsillo de las clases medias y bajas.

¿Por qué opta por importar una industria con tanta disponibilidad de materia prima -más del 100% de lo que procesa? Porque los aranceles son bajos y resulta un buen negocio, y porque esas “enlechadas artificiales” mantienen a raya el precio a los “afortunados” que logran venderle su leche.

La excusa tradicional es el clima y hoy es la pandemia, el desempleo y la caída del consumo como causas de la enlechada; pero si realmente están “enlechados”, ¿por qué importan?

Para incentivar el consumo en los sectores vulnerables y aumentar el acopio, con recursos aportados por los ganaderos al Fondo de Estabilización de Precios, se aprobaron $4.200 millones y $1.000 más para fomentar exportaciones. Es decir, los ganaderos ceden a la industria $5.200 millones para que compren su leche y no importen.

¿Qué hizo la industria? Aumentó 14% las importaciones, acumulando a junio 48 mil toneladas; más de 456 millones de litros que no se compraron a campesinos colombianos en plena pandemia, sino a ganaderos de USA y la UE. El Gobierno no puede prohibir las importaciones sin violar compromisos internacionales, pero la industria, como parte de la concertación y hasta por solidaridad, sí puede suspenderlas, pues nadie la obliga a comprar.

Ya es hora de que pongamos todos. Además de los 5.200 millones de 2020, durante los cinco años anteriores los ganaderos transfirieron a la industria $12.000 millones, pero el acopio bajó del 51% al 44,3%. Por eso le insisto al ministro en un Fondo común en el que pongamos los ganaderos, pero “que no nos sigan ordeñando”; que también pongan la industria y el Gobierno, para llevar leche procesada a los más pobres.

Llueve en el país y habrá más leche, y como si fuera poco, este mes se celebra el Día Internacional de la “leche vegetal”, una iniciativa de ONG internacionales de animalistas y veganos despistados que quieren acabar con la ganadería. ¡Habrase visto!

Bogotá, D. C, 23 de agosto de 2020

*Presidente de FEDEGAN

Por Juan Camilo Restrepo*.-  Cuando comenzó esta pandemia, la administración municipal que parecía tener peligrosos sesgos populistas era la de Bogotá. Mientras que la de Medellín brillaba por su seriedad y aplomo. Con el correr de las semanas, y sobre todo a partir de los episodios desafortunados con la junta de EPM, los papeles parecen haberse invertido: ahora la que luce seria es Bogotá y la que muestra inquietantes perfiles populistas es Medellín.

En el mismo día en que estalló el maremágnum de renuncias de importantes juntas directivas en Medellín, que se justificaron por excesos imperiales del alcalde de la capital antioqueña que, se adujo por los renunciantes, rompió elementales principios del buen manejo corporativo, Bogotá salió con un programa que calificó, quizás muy ostentosamente, como un “Plan Marshall “. El cual, aunque ha suscitado críticas por parte de sectores del comercio, contiene una interesante mezcla de más endeudamiento del Distrito Capital, menos impuestos, y una serie de medidas para atacar los estragos de la pandemia. Se cambiaron súbitamente así los enfoques de nuestras dos principales ciudades frente al manejo de la pandemia.

Y a todas estas, ¿en qué anda el Gobierno central? La administración Duque se ha mostrado diligente en manejar lo que pudiéramos llamar el día a día de la pandemia. O sea, la primera generación de medidas. Pero sus visiones de lo que deba ser la segunda generación de medidas, es decir, el gran programa de reconstrucción de la economía y del empleo, sigue envuelto en una espesa nube de ambigüedad.

En el discurso presidencial del 20 de julio y en el mensaje con el que se acompañó el proyecto de presupuesto para la vigencia del 2021, se menciona en términos muy generales que dicho programa tiene un costo de $100 billones; que busca generar un millón de empleos; y que se ejecutará en los estrechos dos años que le quedan a la administración Duque.

La gran pregunta es entonces: ¿se alcanzará a ejecutar semejante programa (que contiene fundamentalmente un ambicioso plan de obras de infraestructura) en lo que queda de este Gobierno? ¿Y, de donde saldrá esa gigantesca suma de 100 billones de pesos?

El aporte de recursos públicos será forzosamente limitado. Ya el Ministerio de Hacienda dijo que a partir de 2022 se disponía a retornar al estrecho margen de maniobra que permite la regla fiscal tradicional, y que el déficit público volverá del actual 8,1% al 2,2% del PIB que se tenía antes de que empezara la pandemia. Es decir, el plan financiero del Gobierno de ahora en adelante no contempla endeudamientos públicos de significación para financiar gasto público contra cíclico. Aunque en la audiencia que hubo en el Congreso para estudiar el presupuesto del año entrante el Ministro de Hacienda dijo que no descartaba aumentar el endeudamiento adicional, el empuje para financiar los gastos de pandemia con deuda pública adicional parece haberse agotado.

De otro lado, el Gobierno ha desechado que al menos en el próximo año se hable de nuevas reformas tributarias. O sea, recursos tributarios incrementales de ahora en adelante -hasta que termine el gobierno Duque- tampoco son previsibles. La comisión de expertos internacionales que se instaló esta semana apenas estará presentando sus recomendaciones a mediados del año entrante. En buen romance: antes del 2022 no habrá reforma tributaria.

Así las cosas, el grueso del financiamiento de los cien billones de pesos en que se ha valorado el programa de reconstrucción tendrán forzosamente que provenir de fuentes privadas. Se ha conocido que el Gobierno estima que el 75% del valor del programa de reconstrucción saldrá de fuentes privadas y apenas un 25% de fuentes públicas.

Para que ello se vuelva realidad tendrán que acelerarse- cosa que no está sucediendo- el licenciamiento ambiental y los procesos de consulta previa de muchos proyectos que están paralizados (aunque hay que felicitar que el ministerio de minas y energía haya dicho recientemente que comenzará a hacer consultas previas “virtuales” para  desatascar algunos proyectos); habrá que reavivar el entusiasmo de la banca privada para financiar muchos emprendimientos de infraestructura; y muy importante: habrá que rodear de garantías y de seguridades jurídicas a los inversionistas privados, sin los cuales no va a ser posible sacar adelante la  reconstrucción de la economía.

Tarea gigantesca que choca con cualquier tipo de populismo facilista, si realmente se quiere diseñar políticas estructurales (más allá de las de primeros auxilios) que saquen a la economía y al empleo de la postración en que los dejará la pandemia.  Postración que revelan patéticamente las cifras del desplome del PIB (menos 15,7%) que se ha conocido para el segundo trimestre del 2020.

Bogotá, D. C, 23 de agosto de 2020

*Abogado y Economista. Exministro de Estado.

Por: Mons. Joaquín Humberto Pinzón Gûiza*- Iniciando la propagación del COVID 19 en Colombia, recibí una llamada de una persona que me dijo: “creo que en esas lejanías donde tu vives ni el COVID llegara”.  Una afirmación cruda, que golpea fuerte el oído, pero en parte con mucha razón. Digo en parte con mucha razón, pues desafortunadamente la Pandemia si llegó a estas lejanías, lo que no ha llegado es la asistencia que debía garantizar un estado de derecho como se autodenomina el nuestro.

Durante los primeros meses de pandemia como en todo el país vivimos la cuarentena con relativa responsabilidad. Lo que talvez no supimos fue aprovechar ese tiempo para prepararnos con miras a una eventualidad como la que estamos viviendo en este momento. Sin duda las autoridades locales y todas las personas en general estábamos pensando que en estas lejanías sería difícil que llegara la pandemia tal como lo afirmaba la persona que me llamó.

Leguizamo es un municipio región, en donde encuentran un punto de convergencia las comunidades el sur del Putumayo, del sur del Caquetá y del norte del Amazonas, de igual manera algunas de las comunidades que habitan la frontera del Perú y del Ecuador. Por esta razón, los servicios de salud se brindan en esta cabecera para muchas personas. No obstante, dicha realidad, contamos con un hospital de primer nivel con pocas posibilidades de ofrecer un servicio adecuado, aun sabiendo que los otros centros con mejores posibilidades se encuentran muy distantes. Cualquier situación que requiera de una atención con mayor complejidad necesariamente se debe remitir, casi siempre a Puerto Asís en una lancha ambulancia a donde se llega después de poco más de 6 horas de recorrido fluvial. En algunos casos, cuando la situación es de mayor gravedad y el sistema sanitario lo permite, se hace la evacuación a través de la avioneta ambulancia, hacia Neiva u otro lugar con mayores posibilidades. Este panorama asustaba y hacía pensar lo peor en caso de tener que afrontar una crisis sanitaria. Algunas personas manifestaban: “¿Qué será de nosotros cuando nos llegue este flagelo?

Desde la administración municipal se afirma que se han hecho algunas solicitudes a las autoridades tanto departamentales como nacionales. El pasado 8 de mayo, los obispos de la frontera, de los vicariatos de San José del Amazonas (Perú) y de Puerto Leguizamo Solano (Colombia), escribimos una carta a través de las respectivas nunciaturas apostólicas a las dos cancillerías solicitando la adecuación de los hospitales de la frontera, con el fin de poder ofrecer la atención que requieran las personas que habitan en este territorio amazónico y fronterizo. Desafortunadamente no han tenido eco las diferentes solicitudes. Seguimos constatando la triste realidad de vivir en un territorio estratégico, pero sin ningún interés para las autoridades tanto departamentales como del orden nacional.

Al iniciar el mes de julio, la situación cambio para este llamado “jardín exótico del universo”. La pandemia, paso de ser una realidad que veíamos por televisión, a una realidad muy cercana, con rostros propios y nombres concretos. El miedo nos hace temer lo peor. Hoy 27 de julio, según el Instituto Nacional de Salud tenemos en Leguizamo 79 contagios y tres fallecidos. Esto es lo que dicen los datos oficiales ya que en estas lejanías tampoco todos caben en los datos oficiales. En lo que va corrido del mes han muerto más de 30 personas, en su gran mayoría adultos mayores. Se nos están muriendo los ancianos, tal vez no todos por el COVID -19, pero que coincidencia, justo en estos tiempos de pandemia como nunca mueren muchas personas. Los datos serán más dramáticos cuando lleguemos a saber a ciencia cierta la magnitud de la tragedia, o tal vez nunca lo sabremos pues en esta tierra del olvido las cosas se viven así.

Hace dos semanas vimos al Señor alcalde Rubén Velázquez, lanzando un S.O.S. a través de la televisión. Después lo oímos por la emisora y la situación no podía ser menos alentadora, el hospital María Angelines está colapsado, de los ocho médicos presentes, cuatro estaban en cuarentena y los otros cuatro extenuados por todo el trabajo, pero sobre todo por la precariedad con la que deben prestar su servicio. Ante tal panorama, la decisión de las personas es no acudir a los servicios sanitarios sino resistir desde sus casas con medicinas tradicionales y caseras. Ayer una persona que estuvo de paso por aquí, me decía: “cuídese y si se enferma no vaya al hospital, pues allí las condiciones son difíciles, es mejor que se ponga a tomar los remedios caseros, por lo menos si muere, está acompañado”. Son palabras desgarradoras, y no se trata solo de la expresión de una persona, es la mentalidad que está manejando nuestra gente ante tanta dificultad, pues en este momento a estas lejanías no solo llego el COVID-19, sino que tenemos una fuerte virosis, un brote de dengue sin precedentes y a esto sumado el hambre que genera la inactividad de la gran mayoría de familias que viven del rebusque.

Ante esta dura realidad, es motivo de fortaleza, la confianza en Dios que manifiestan las personas y la resiliencia para afrontar con audacia y creatividad la enfermedad con medios precarios. Por otra parte, preocupa la filosofía con la que la gente toma la situación queriendo vivir como si nada estuviese sucediendo. No obstante, nos acogemos a la sabiduría de nuestra gente reconociendo que lo único que nos queda es ponernos en las manos de Dios y resistir haciéndole frente a esta problemática con lo poco que se cuenta en estas tierras del olvido. Una vez más hacemos un llamado a quienes tienen la responsabilidad de garantizar el derecho de la salud, no sean indiferentes, no nos dejen solos contemplando la muerte de nuestra gente.

Puerto Leguizamo-Putumayo, Colombia

*Vicario Apostólico Puerto Leguizamo Solano

Por Gabriel Ortiz*.- Hemos regresado a las peores épocas. A esas durante las cuales los desalmados usurpaban vida, honra y bienes de una población que debía pensar igual a los funestos líderes que, acompañados de bandoleros, desafiaban con sus armas y trapos de colores.

El regreso del terror, se agazapa ahora en las fatídicas y aciagas extremas que se disputan el poder, para arrebatar y usurpar cuanto ven a su alrededor.

Desconocen, la legalidad pero la pregonan, los derechos de los demás no existen. Manejan justicia, libertad y constitución a su antojo. La paz los incomoda y constriñe, la consideran estorbo inadmisible para sus anhelos de alcanzar e implantar estados totalitarios y de opinión, que consagren sus fechorías.

Caminamos por rutas extremadamente peligrosas para aplastar y exterminar la democracia, los Derechos Humanos, el pluralismo, la libertad de expresión y la paz. Se perfila un estado de opinión, sin constitución, con situaciones de hecho, autogolpes, cierres del congreso y dominación de las Cortes.

La Colombia que eligió, acompaña y respeta al Presidente Duque, dentro de los principios democráticos, ve perpleja cómo un fatídico “neouribismo”, la impulsa hacia la Venezuela antidemocrática y “castro-chavista”, que tanto aborrecen y con la cual, ganan elecciones.  

Nuestra paz, va camino a las trizas, decenas de líderes sociales, niños y jóvenes estudiantes son asesinados, la drogadicción y los cultivos ilícitos crecen exponencialmente, superando las hectáreas que dejó Santos; la economía y el PIB en el abismo, el desempleo incontenible, la ecología en picada, y para completar, la pandemia mal manejada, diezma nuestra población.

Incómodas investigaciones despertaron al líder que irrespeta las normas del Estado Social de Derecho, que insulta a la justicia y sus Cortes, que sin estar en libertad utiliza todos los medios para expresarse, que quiere tener jueces propios y de bolsillo, como la actual Fiscalía. Para Uribe, el detenido, no existe la ley. Se auto absuelve.

Es el ominoso ejemplo que le quiere dejar el ex presidente a la juventud colombiana. Ese hombre que lo recibió todo, al que se le toleraron los más pérfidos desafíos, se cree el dios sobre las nubes. Algo debe frenar semejante arrogancia. Ni investigados, ni abogados pueden amenazar, zurrar, intimidar y asustar a la justicia. No hemos llegado aún, al fascista estado de opinión. ¿Estará de regreso el terror?

BLANCO: Vanesa de la Torre tiene razón: Duque se extralimitó. Las Cortes se respetan, señor Presidente.

NEGRO: Los investigados ya eligieron Procuradora a Cabello Blanco. ¡Investigados nombran investigadora!

Bogotá, D. C, 22 de agosto de 2020

*Periodista. Exdirector del Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper.

Por Jairo Gómez*.- Al “presidente eterno”, como le dicen sus discípulos a Álvaro Uribe Vélez, le apareció la autoridad que lo puso tras las rejas. Al intocable y omnímodo expresidente, dueño de 800 mil votos en 2018, lo puso en la cárcel -lo digo simbólicamente- un  político de izquierda y defensor de los Derechos Humanos que a duras penas logró 80 mil votos, Iván Cepeda Castro.   

Una lucha desigual, a lo “David contra Goliat”. El curtido político, después de pasar ocho años en la Casa de Nariño, encontró en el Senado el escenario propicio para perpetuar su legado, blindarse del cúmulo de investigaciones que lo acechan y, por supuesto, consolidar su proyecto con la elección de Duque como presidente en compañía de los 18 senadores que ayudó a elegir. Ya broquelado, utilizó el proyecto para volver trizas el Acuerdo de Paz, pisotear y borrar de la faz política a la izquierda, porque, según Uribe, es la madre de todos los males que tiene Colombia.

El poderoso Senador (o ¿Goliat?), que colonizó durante dos décadas la vida política de los colombianos, quiso destruir y mancillar la reputación de Cepeda Castro (o ¿David?).  Aturdido por el odio, no aguantó los serios cuestionamientos que le hizo el Senador de izquierda en el debate de control político (17-09-14) por sus relaciones con grupos paramilitares, Uribe abandonó el recinto y, previo aviso a los 107 senadores, raudo se dirigió a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a denunciar a su opositor por manipular y comprar testigos para que declararan en su contra; pero el tiro le salió por la culata: de denunciante paso a investigado.

Acostumbrado a imponer su voluntad política -cambió la Constitución para hacerse reelegir- se estrelló contra el infranqueable muro de la CSJ que, tras asumir la investigación, encontró que los hechos eran opuestos: fue Uribe (como presunto determinador) quien en compañía de su equipo de la Unidad Legislativa y el abogado Cadena (hoy también preso) el que quiso enlodar a Cepeda, al establecer un presunto fraude procesal y soborno de testigos contra el legislador de izquierda.

Acorralado, tras el descubrimiento de su macabro plan contra Cepeda, acudió al poder establecido para que éste lo rescatara y encontró, como era de esperar, un incondicional apoyo; ese establecimiento, sin importar el cúmulo de evidencias o lo dicho por la CSJ en su providencia, extendió una capa de protección sobre el expresidente, incluida una clase política repugnante, un empresariado genuflexo y una camarilla de periodistas que salieron del closet uribista para edificar un muro de impunidad; lo que debería ser una postura de decencia y de respaldo a la independencia de la justicia como soporte democrático, los Medios de Comunicación optaron por confundir y propagar el miedo de que si Uribe iba a la cárcel el país se iba a despedazar; pero además sin el menor asombro dejaron que graduara a los magistrados de “secuestradores y mafiosos”.  

Por su parte, consciente de los instrumentos que provee la democracia, Cepeda hizo lo que debe hacer cualquier demócrata: primero estremeció la integridad de Uribe en un debate de control político para recordarle que era un hombre terrenal con muchas investigaciones judiciales a cuestas que rayan con delitos de lesa humanidad, y después acudió al llamado de la justicia para responder por la trama que le había fabricado el todo poderoso Goliat y, absuelto por la CSJ, le lanzó la honda de David que quedó estampada en la frente del preso #1087985.

Dice Wikipedia que la frase “David contra Goliat” ha adquirido un significado muy popular, denotando una situación en desequilibrio, una competencia en la que un oponente más pequeño y más débil se enfrenta a un adversario más grande y más fuerte. Es una descripción que encaja en la rivalidad entre Álvaro Uribe e Iván Cepeda, el primero un potentado político enchufado en las añejas élites capaces de evadir cualquier llamado de la justicia (hasta el 4 de agosto de 2020) y el segundo, un político de izquierda defensor de DD.HH que hizo de la justicia su propia causa y lo derrotó. El país, sin vacilación alguna, está cambiando.

Bogotá, D. C, 20 de agosto de 2020

Periodista y Analista Político.

@jairotevi

Muchas fueron las preguntas que formularon mis estudiantes de Derecho Constitucional a propósito de mi análisis sobre el preámbulo de la Constitución Política, su fuerza vinculante y los valores y principios que integran la parte dogmática de la Carta de 1991, entre ellos la soberanía nacional, la democracia, el Estado Social de Derecho, el respeto a los Derechos Humanos.

Uno de los interrogantes de mayor interés, y muy extendido en el grupo, fue éste: “Más allá de la formulación teórica sobre los orígenes, fundamentos y sentido de los postulados expuestos, nos preocupa establecer y entender si tienen alguna importancia y utilidad en la práctica, en Colombia, tras casi treinta años de vigencia de la Constitución y a los doscientos diez años de la Declaración de Independencia. ¿Rigen, hoy, esos conceptos en nuestro medio? ¿Se puede hablar con certeza de un Estado Social y Democrático de Derecho?"

Imposible responder de una manera absoluta. No se podría afirmar que el Derecho tentado y la vida práctica coincidan totalmente. No solamente en Colombia, sino en el mundo, y en todas las épocas. Entendiendo por Derecho tentado aquél al que aspira la sociedad, y el que, en el caso de los constituyentes colombianos, se quiso realizar en un momento histórico marcado por la violencia y el desasosiego. En el otro extremo está la realidad que vivimos, que también se desenvuelve en medio de un conflicto que no termina y de nuevas formas de violencia.

Pero tampoco podemos sostener que todos los propósitos institucionales de nuestro Derecho fundamental hayan fracasado. Ha sido mucho lo que se ha logrado en estos años, particularmente gracias a la jurisprudencia sentada por la Corte Constitucional, y antes de la actual Constitución por la jurisprudencia constitucional de la Corte Suprema de Justicia -porque tampoco es que todo lo hayamos inventado en 1991-.

Pero es evidente -ello explica las bien fundadas inquietudes estudiantiles- que falta mucho para realizar los ideales de nuestra democracia. En los últimos años hemos venido en retroceso, y buena parte de lo que se había conseguido ha venido decayendo. Políticos y dirigentes proclaman, y hasta declaman, en sus discursos de campaña y en el gobierno -ahora en los programas oficiales de televisión- su profundo respeto hacia el Derecho vigente. A las instituciones. A las reglas constitucionales. Hacia el logro de los objetivos sociales por las vías legales. Hacia los derechos y garantías, en especial a favor de los más débiles.  Pero mucho de lo que se expresa resulta ser vano y teórico; alejado de la realidad y de las acciones. 

Estamos llegando a un punto en que los valores y principios constitucionales y el Estado Social de Derecho son cada vez más utopías que realidades. Solo frases de cajón, y ahora, en detrimento del Estado de Derecho, se quiere que la opinión en redes, los llamados de vicepresidentes extranjeros y las encuestas prevalezcan sobre las providencias judiciales. 

Reflexionemos. Vigencia efectiva de soberanía, democracia, Estado Social de Derecho, separación funcional, imperio de la ley, independencia de los jueces, respeto a sus decisiones, gobierno responsable, control judicial, control político y legislativo, contrapesos. ¿No tenemos eso?  Vamos mal.

Bogotá D. C, 20 de agosto de 2020

*Expresidente de la Corte Constitucional

Por: Guillermo García Realpe*.- Un verdadero tire y afloje como coloquialmente se dice, fue el que se vivió entre el Gobierno Nacional y los departamentos del país por cuenta del Proyecto que regula la organización y el funcionamiento del nuevo Sistema General de Regalías (SGR), iniciativa que debatimos en las Comisiones Quintas del Congreso de la República. 

Este es un proyecto de suma importancia, especialmente para las regiones colombianas que verán reflejadas inversiones significativas en los entes territoriales por cuenta de grandes recursos que canalizarán a través de las regalías. El proyecto de ley radicado por el Gobierno, entre otras cosas, duplica la asignación para los territorios productores, pasando de un 11% a un 25%. 

Sin embargo, hay muchas preocupaciones de por medio, entre ellas las que señalan que la autonomía regional podría verse afectada, situación que tras una serie de propuestas logró una concertación entre las partes. 

Pero la iniciativa también trae enormes bondades como la protección a los municipios de quinta y sexta categoría que son la inmensa mayoría, para que sigan teniendo recursos directos de regalías. De igual forma, se concertó una nueva fórmula para la distribución de los recursos asignados para la inversión local, es decir el 15% del SGR, que beneficiará no sólo a 309 municipios, sino a más de mil. Es decir, el proyecto aumenta la asignación para los municipios más pobres del país dando continuidad a la regionalización como criterio de acceso a los recursos del SGR, como bien lo afirman desde el nivel central. Esto se dio gracias al debate en las Comisiones Quintas y a nuestros aportes en el enriquecimiento de la iniciativa. 

El acuerdo entre gobierno nacional y departamentos, también estableció que el 2021 será un año de transición y que para 2022 los departamentos tendrán que garantizar el 40% en proyectos que impacten verdaderamente sus territorios. Asimismo, las regiones mantendrán su poder de decisión en los grandes proyectos de inversión. Así las cosas, la asignación para la inversión regional, que actualmente está en 34%, será ahora distribuida a las regiones para la ejecución de proyectos de gran impacto. Lo que, sin duda, se reflejará en desarrollo y progreso para los municipios colombianos. 

Ahora, los componentes de población, necesidades básicas insatisfechas (NBI) y desempleo, tendrán una nueva fórmula que les permitirá a las regiones avanzar en minimizar esos factores, en ese orden tendrán el 40% población, 50% NBI y 10% desempleo para tal propósito, lo que sin duda favorecerá a los departamentos más pobres del país. 

Esperamos que haya continuidad de las Secretarías Técnicas de los OCAD Regionales, así como se conservó el Órgano Colegiado de Administración y Decisión de Ciencia, Tecnología e Innovación como eje articulador para decidir y aprobar los proyectos financiados con la Asignación para la Ciencia, Tecnología e Innovación. 

Las regalías y sus millonarios recursos deben ser uno de los grandes motores de la reactivación económica del país, deben convertirse en un apalancamiento efectivo de las regiones para superar la actual contingencia en el corto y mediano plazo. Colombia pasa actualmente por una profunda crisis en materia productiva y de empleabilidad, requerimos entonces que desde las regiones se articulen esfuerzos de ejecución de buenos proyectos que permitan generar fuentes de trabajo y vincular mano de obra calificada y no calificada para solventar en algo la actual coyuntura y para minimizar la curva de desempleo que tiene hoy a muchas familias colombianas en serias dificultades económicas. 

Desde la Comisión Quinta, tan pronto recibimos por parte del Gobierno Nacional mensaje de urgencia para el tramite de esta iniciativa, hemos dado todas las garantías para que el debate se desarrolle de la manera más armónica y enriquecedora por el bien del país, esperamos que antes del 30 de agosto, el Congreso de la República dé luz verde y se apruebe, por supuesto, con los aportes de cada sector involucrado, para que al final salga una proyecto integral, útil a las regiones y que sea garantía para el desarrollo nacional. 

Se requiere también que en las regiones se activen las veedurías ciudadanas como órganos de vigilancia efectivos, que sean garantes también de la ejecución de los proyectos, que emitan alertas tempranas cuando vean que algo irregular sucede con los recursos públicos para que así los organismo de control se activen y actúen de forma rápida y oportuna, no se puede dar el lujo Colombia de seguir presenciando monumentales obras que al final se perpetúan como elefantes blancos y verdaderos monumentos a la corrupción, eso lo tenemos que cambiar entre todos, pero necesitamos de veedurías fuertes y por supuesto de gobernantes transparentes cuyo único interés sea el bien general, el colectivo, el de la comunidad y no el bien particular e individual que tanto daño le hace al erario y a la imagen del país.

Bogotá, D. C, 17 de agosto de 2020

*Senador Partido Liberal

@GGarciaRealpe

Por Parmenio Cuéllar Bastidas*.- No es fácil, cuando se lleva bien sembrado en el Alma el amor por el terruño, mirar impasible esa orgía de sangre que somete sin piedad a un pueblo, por más de medio siglo. Los samaniegüenses son mi más inmediata semejanza, como dijera de los colombianos el poeta Jorge Zalamea, en el Poema de las Escalinatas. Mis paisanos, y yo siempre junto a ellos, no aceptamos  -y no lo haremos jamás- esa lluvia de sangre que se nos ha querido imponer como destino.

Los samaniegüenses somos insurgentes; tal vez fuimos los primeros en Colombia que sacudimos los odios hereditarios liberal-conservadores y buscamos en hermandad elegir varios alcaldes progresistas que supieron construir bienestar y desarrollo.

Infortunadamente, el extenso territorio fue en ciertas zonas propicio para el cultivo de productos de uso ilícito, y esto, marcó desde entonces, no sólo la estigmatización contra vastos territorios, sino el sufrimiento de los campesinos inermes que padecen los abusos de los actores armados, como también de la fuerza pública.

De otra parte, en los albores de la década de los setentas llegaron también los grupos guerrilleros: FARC y ELN.

Pobreza, sobre todo rural, narcotráfico y conflicto armado con frentes guerrilleros muy activos fueron y siguen siendo tres ingredientes explosivos que marcarían el destino de los samanieguenses: sangre, sudor y lágrimas, como lo dijera Churchill cuando la segunda guerra mundial.

Los samaniegüenses nos confrontábamos en las elecciones municipales, pero nos uníamos en las presidenciales en torno a los candidatos de centro-izquierda: Carlos Gaviria primero, Gustavo Petro, luego.

Y allí, donde mis paisanos viven el abandono ancestral del Estado, el pasado sábado 15 de Agosto, en las horas de la noche, en un sector rural a escasos 2 kilómetros del casco urbano, y cuando departían en una reunión social, una decena de estudiantes fueron acribillados con armas de fuego que ocasionaron la muerte de 8 jóvenes estudiantes universitarios en Pasto, la capital del Departamento.

La noticia se conoció inmediatamente en todo el país a través de las redes sociales, pues los mismos victimarios la difundieron con un comunicado supuestamente del Ejército de Liberación Nacional, que se atribuía el hecho y lo presentaba como una sanción por violar el aislamiento obligatorio, a causa de la pandemia.

La noche nos sorprendió  esperando el comunicado del ELN, desmintiendo o confirmando la autoría del crimen. Como no lo hizo, no podíamos permanecer en silencio y en la noche condenamos el hecho y exigimos al supuesto agresor decir si ciertamente había cometido ese crimen horrendo.

Hoy se ha conocido el comunicado del ELN, que desde La Habana niega la autoría de los hechos y desmiente el comunicado que se le atribuye. Y la gente, en Samaniego, cree en la veracidad de lo afirmado por ese grupo armado.

Ahora que hay una mejor información de los hechos, tenemos claro que los agresores no llegaron a castigar a los estudiantes por violar el aislamiento preventivo, sino que los buscaban a algunos de ellos para asesinarlos.

Estos dolorosos hechos han conmovido a la opinión pública en el mundo entero por su crueldad, y por tratarse de jóvenes de hogares humildes que eran la ilusión de sus padres.

Ayer empezaron los cortejos fúnebres. La gente desfila en silencio. Saben quiénes fueron los agresores, pero tienen miedo de señalarlos. Las investigaciones judiciales, como siempre, no aclararan nada, y la muerte seguirá campeando en este apartado rincón de la geografía colombiana.

Gracias, a todos los hombres y mujeres del mundo, que nos han hecho sentir el calor de su solidaridad.

Hasta siempre, hermanos caídos en el silencio. Jamás los olvidaremos!. 

Pasto 18 de agosto de 2020

*Ex senador de la República y ex ministro de Justicia.