Opinión

Por Mons Víctor Manuel Ochoa Cadavid*.- En estos días celebramos el JUBILEO DE LA TIERRA, vivimos en un mundo complejo, con profundos cambios sociales en una humanidad que también tiene unos retos inmensos, en campos diversos, que afectan a los hombres y a la persona humana en todos los lugares de la tierra. Esta situación no se debe solamente a la grave situación que nos aflige, con el masivo contagio del virus COVID-19.

Son muchos los elementos que se unen para mostrarnos este panorama ecológico terrible, la destrucción de los bosques de la tierra, la explotación desmedida de los mares y de sus recursos pesqueros, la actividad minera intensiva -legal o ilegal- para extraer minerales y recursos para la producción industrial, el uso indiscriminado de los combustibles para producir energía, con el desprendimiento del carbono en cantidades ingentes.

El hombre, en todos los confines de la tierra ha asumido una actitud de aprovechamiento desmedido y desordenado de los recursos de la tierra, llevando al límite las capacidades de regeneración del equilibrio de la naturaleza. Todos somos conscientes de estos cambios que han sucedido en los últimos decenios y que nos afectan directamente con el llamado cambio climático.

Son muchas las tragedias que hemos experimentado entre nosotros por los huracanes, las temporadas excesivas de lluvia o la sequía. Particularmente la escasez de agua potable, que es la protagonista de estas crisis que afectan a muchos pueblos de la tierra. En muchos campos el hombre busca su bienestar, su alimentación, su transporte. Todo ello ha afectado el equilibrio de la tierra con desmedidas emisiones de gas carbónico. Estas emisiones llegan a ser 35 millones de millones de toneladas de gas carbónico, en el año 2019.

Estos días, entre el 1 de septiembre y el 4 de octubre de 2020, se celebrará el “JUBILEO DE LA TIERRA”, que comienza con el Día Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación. El Papa FRANCISCO, desde el inicio de su “Solicitud por todas las Iglesias”, como Obispo de Roma, nos ha invitado a una “Conversión ecológica” (Cf. Encíclica Laudato Si’, ns. 5,8, 216,221).

El Papa FRANCISCO nos invita a empeñarnos en esta tarea del cuidado de la creación con muchas acciones precisas con las cuales evitaremos dañar el planeta, alejando la posibilidad de dañar la creación de Dios, asumiendo también la conversión de esos pecados (una sociedad de consumo desmedida, el uso excesivo del plástico, el desperdicio del agua potable, el no reciclar los bienes materiales, la destrucción de los bosques y la naturaleza, el mal uso de la electricidad).

Hace 50 años se estableció en la humanidad “El día de la Tierra”, en ambientes ecologistas de los Estados Unidos de América. El Papa FRANCISCO en el rezo del Angelus, del día 30 de agosto 2020, nos recordó que “Celebramos con nuestros hermanos y hermanas, cristianos de diversas Iglesias y tradiciones el “Jubileo” de la tierra, para conmemorar el establecimiento, hace 50 años, del “Día de la Tierra” y que dará inicio con el Día Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación”.

Este es un gran reto para los católicos y para todos los cristianos, esta es una tarea que también otras Iglesias, como la gran Iglesia hermana de Constantinopla, con el Patriarca Bartolomeo han emprendido.

El Santo Padre en este mensaje que ahora ha escrito para este Jubileo nos indica una gran enseñanza a partir de una frase del libro del Génesis “Dios vio que era bueno” (Gen 1, 25), nos enseña qué es este Jubileo con cinco grandes actitudes: el Jubileo es un tiempo para recordar, regresar, descansar, reparar, y alegrarse.

Tiempo para recordar: Que Dios es el destino eterno de la creación y haciendo memoria de la vocación original de la creación, en el respeto de las obras de Dios y de las relaciones entre los hombres.

Tiempo para regresar: Para volver atrás y arrepentirse del daño causado a la creación, rompiendo con Dios. Es el “tiempo para volver a Dios, nuestro creador amoroso”. Debemos pensar en el destino de los bienes de la tierra como “herencia común, un banquete para compartir con los hermanos” (n. 2).

Tiempo para descansar: Dios estableció el reposo del Shabat, el sábado, que los católicos vivimos en el Domingo de la resurrección del Señor. De frente al clamor de la creación, ocasionada por el daño ecológico es necesario hacer descansar la tierra. Dice el Papa “hoy necesitamos encontrar estilos de vida equitativos y sostenibles que restituyan a la tierra el descanso que merece, medios de subsistencia suficientes para todos, sin destruir los ecosistemas que nos mantienen” (n. 3). Es necesario redescubrir estilos de vida más sencillos y sostenibles. Hay una gran llamada a evitar aspectos nocivos y nuevas formas de relaciones entre los hombres.

Tiempo para reparar: Una invitación a reparar la armonía original de la creación y a sacar las relaciones humanas perjudiciales. Es necesario reparar la enorme deuda ecológica. Propone el Santo Padre asegurar los incentivos para la recuperación de muchas maneras y formas, para mirar el mundo con cariño y sentirlo como propio. Todos los pueblos están siendo invitados a asumir estas tareas.

Tiempo para alegrarse: Por la respuesta ecológica, sabiendo que la relación con el Creador puede ser mejor. “Las cosas pueden cambiar” (FRANCISCO, Encíclica Laudato Si’, n. 13). Nos invita el Papa a “crear un mundo más justo, pacífico, sostenible”.

Estas reflexiones del Papa FRANCISCO son fundamentales para el tiempo actual, mirando a Jesucristo, el Señor del tiempo y de la historia, que hace nuevas todas las cosas (Apocalipsis 21,5). Tenemos que cambiar y reconocer la importancia de la tierra, de la naturaleza, del jardín maravilloso en el cual nos ha puesto el Creador, y sobre el cual tenemos la gran responsabilidad del cuidado de esta “casa común”. Reflexionemos.

Bogotá, D. C., 5 de septiembre de 2020

*Obispo Diócesis de Cúcuta

Por Jairo Gómez*.- Otra caja de pandora del paramilitarismo debe aterrizar en el país los próximos días: Rodrigo Tovar Pupo, alias ´Jorge 40´. En su valija, como es de esperar, trae esa información que lo hizo célebre en las décadas del noventa y dos mil, entonces comandante del  Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia. Ya era el patrón en la zona y las más influyentes familias, políticos, el Batallón la Popa y reconocidas mineras internacionales del carbón, le hacían caso. Con el fusil al hombro sembró el terror para erradicar, supuestamente, a los grupos guerrilleros.

Sin embargo, años después, alias ´Jorge 40´, fue extraditado a Estados Unidos por narcotraficante. Cuando le notificaron la extradición en una cárcel de Barranquilla, “se tiró al suelo y a grito herido dijo: me traicionaron”, me contó Alcides Mattos Tabares, alias “El Samario”, un paramilitar de confianza de Tovar Pupo junto a alias “Tolemaida”.

Ese argumento, el de la traición, fue el que esgrimió ´Jorge 40´ ante el juez Reggie Walton el 6 de noviembre de 2015 en la Corte que lo juzgaba, según relata la organización InSight Crime en un extenso artículo que tituló “Élites y crimen organizado en Colombia: ´Jorge40”.

Y, para fortalecer su tesis de la traición frente al juez, dijo: “yo soy un prisionero político, soy inocente y me acusan de participar en una conspiración inexistente”. Al parecer, dice la publicación, eso conmovió al juez quien a cambio de 30 años de cárcel terminó condenándolo a 16.

Pues bien, en Colombia la justicia lo espera para que responda por delitos de lesa humanidad, desplazamiento forzado, despojo de tierras, conformación de grupos paramilitares etc. etc. Algunos Medios de Comunicación aseguran que la Fiscalía General de la Nación registra su participación en más de 20 mil crímenes relacionados con el paramilitarismo, aunque él, en justicia y paz, de donde fue expulsado, reconoció no más de 100.

Pero para ´Jorge 40´ nada está perdido, tiene una gran oportunidad de resarcir sus pecados y hacer de esos hechos delictivos una causa política acogiéndose a la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP-. Sin duda, este hombre tiene mucho que contar. Es una gran oportunidad para comenzar a desenredar el ovillo de ese Magdalena Grande -Cesar, Magdalena, Guajira- y la disputa entre esas familias poderosas que se aliaron con las causas más crueles para consolidar su poder: Los Gnecco y Araujo, como bien lo señala la rigurosa investigación de Insight Crime.  

Para nadie es un secreto que ´Jorge 40´ fue utilizado por esas potentes familias para consolidar su poder en la región de Cesar, La Guajira, Atlántico y Magdalena que auspiciaron grupos armados ilegales para adueñarse del territorio y someter o desplazar a una gran masa de campesinos. Con esos grupos armados no solo asesinaron y desaparecieron campesinos sino que los despojaron y desplazaron de sus tierras, es decir, hicieron una contrareforma Agraria a sangre y fuego.

Son muchos los interrogantes que Jorge 40 debe venir a resolver, pero también contarle la verdad a las cientos de miles de víctimas que dejó con su accionar violento, de lo contrario le esperan más de 40 años de cárcel.

Mattos Tabares, alias “el samario”, me decía que “nosotros -el Bloque Norte- éramos el Estado; decidíamos a quién elegir; cómo deberían repartirse los contratos y a quienes había que favorecer. Decidíamos sobre la propiedad de  las tierras. Porque nosotros lo controlábamos todo: gobernaciones, registradurías, contralorías, procuradurías, la agencia de restitución de tierras, todo; nada se movía sin que nosotros diéramos la orden”.

Pero además, debe contar, alias “Jorge 40”, cómo fue su relación con las mineras Drummond y Prodeco, que como bien lo relata una investigación de la organización no gubernamental PAX llamada “El Lado Oscuro del Carbón”, se trató más de un vínculo orgánico que coyuntural. Cuenta la investigación que el líder paramilitar recibió un millón 500 mil dólares para crear el “Frente Juan Andrés Álvarez”, y que posteriormente recibían una mensualidad de apoyo para su manutención.

“Quiero recuperar la libertad para recuperar la lucha en mi país, no para volverme narcotraficante. He cometido errores y estoy dispuesto a luchar por la reconciliación de los colombianos”, le dijo alias ´Jorge 40´ al Juez Walton ese noviembre de 2015. Hágale, aquí lo esperamos. La mejor manera de resarcir a las víctimas y apuntalar la reconciliación entre los colombianos es contando la verdad, y nada más que la verdad. ¡la JEP lo espera!

Bogotá. D, C, 5 de septiembre

*Periodista. Analista Político. 

@jairotevi       

Por Gabriel Ortiz.- La pandemia pasó la cuenta y seguirá cobrando por las arbitrariedades y brutalidades que el ser humano ha cometido con el planeta. La venganza y alevosía con que actúa, golpea a los dueños de este globo, en donde más les duele: la riqueza y el poder.

Todos los países buscan evitar, o superar la quiebra de sus economías. En Colombia, se ha atendido con prioridad y abundancia a los más ricos, luego a los medianos y con escasez a los pobres. Se esperaba que el Presidente Duque con su sabiduría económica, nutrida durante su paso por el BID, nos sacara del atolladero, pero parece que, como solía decir el Presidente Valencia, abuelo de Paloma, “pasó por ahí, como un rayo de luz a través de un cristal. Ni siquiera supo del principio básico y respetado desde la conformación de la Institución, que garantizaba siempre la Presidencia para un hispano. Su fascinación por Trump, lo llevó a la perfidia, de comprometer su voto por un gringo.

En esta emergencia, Duque y sus asesores, incluyendo al ministro de los “bonos de agua”, acariciaron con generosidad al sector financiero, al que no ha tocado el coronavirus. Los grandes recibieron dadivosos alivios y los de abajo, nada. El 84% del comercio, no tiene acceso al crédito.

Avianca, una empresa que ya estaba quebrada antes del covid-19, esa que recibió primero un espléndido apoyo con los famosos “viajes humanitarios”, cuyos costos para los millares de colombianos varados por el mundo, fueron y son estrambóticos, nos pide un inusitado crédito blando.  La foránea compañía, necesita más y el gobierno se apresuró a ofrecerle 370 millones de dólares, sacados de los impuestos que pagamos los colombianos, “porque hay que salvarla de la quiebra”. No se han contabilizado los otros activos que le proporciona el Estado, representados en las rutas que cubren gran parte del país y del exterior.

Hay quienes estiman que si esos 370 millones de dólares se destinan, por ejemplo a refinanciar los exagerados intereses de las tarjetas de crédito de los colombianos, se generaría una inmediata recuperación del comercio, del consumo y de la producción industrial, que crearían los 4.5 millones de empleos que requerimos con urgencia. En eso, ni en otras formas de restauración y rescate de la economía, se ha pensado. El flamante ministro Carrasquilla, no ha mostrado la cara. Seguramente no tiene formula alguna para salvarse, y ha puesto como “fusible” al joven y competente Viceministro Juán Londoño. ¡Que se caiga el vice, pero el titular no!

El Presidente Duque, debe olvidar las pésimas asesorías, sacar la sabiduría que aprendió de Luis Alberto Moreno y salvar la patria. Aún hay tiempo para salvar ¡primero lo nuestro!

BLANCO: La ley considera la manipulación de testigos, como un delito, así lo estima la Corte, ¿qué opinará la Fiscalía?

NEGRO: Según Carlos Holmes, los soldados gringos son virtuales.

Bogotá, D. C, 4 de septiembre de 2020

*Periodista. Ex director del Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper.

Por José G. Hernández.- Con independencia de si en segunda instancia se confirma, modifica o revoca la sentencia de tutela concedida el 1 de julio de 2020 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en el sentido de ordenar la suspensión de cualquier actividad de la brigada militar de Estados Unidos que llegó a Colombia a comienzos de junio -en teoría para brindar asistencia y entrenamiento a nuestros soldados en la lucha contra el narcotráfico-, lo cierto es que, como dice el artículo 86 de la Constitución, todo fallo de tutela “será de inmediato cumplimiento”, sin perjuicio de su impugnación ante el juez competente y de su eventual revisión por la Corte Constitucional. 

El fallo del que se trata fue impugnado por el Gobierno, que simultáneamente envió comunicación al presidente del Senado, la cual fue respondida mediante carta del 17 de julio de 2020, en la cual se manifestó haber recibido una comunicación suscrita por 69 senadores de siete partidos políticos, que -según esa respuesta- “representan a más de la mayoría absoluta de los integrantes de esta Corporación”.  En  dicha comunicación, los senadores habrían considerado “que en lo respectivo  a la llegada a  Colombia de una comisión  asesora  de  la  Brigada  de Asistencia de Fuerza de Seguridad (SFAB por sus siglas en inglés) del Gobierno de Estados  Unidos, el  Honorable  Senado de la República  ha  ejercido  de  manera satisfactoria el control político que le asiste a este cuerpo colegiado, y por tratarse de un asunto de cooperación militar que no implica tránsito de tropas, no procede dar  aplicación a  lo  señalado por el  numeral  4º  del  artículo  173 de  la  Constitución Política”.

En medios y redes varios senadores afirmaron no haberse dado ningún aval oficial para el paso o permanencia de tropas extranjeras en Colombia, y que, si bien se adelantó un debate de control político, al cual compareció el ministro de Defensa para entregar las explicaciones sobre el particular, “en la plenaria jamás se llevó a cabo una votación para autorizar la presencia de los efectivos norteamericanos”.

Varias observaciones cabe formular desde un punto de vista estrictamente académico:

- Las órdenes de los jueces de tutela deben ser cumplidas de manera inmediata, aunque se impugnen.

- La norma constitucional citada por el presidente del Senado (Art. 173-4) indica textualmente: “Son atribuciones del Senado: (…) 4. Permitir el tránsito de tropas extranjeras por el territorio de la República”.

Es el Senado, no el Gobierno, el titular de la atribución. Es de su competencia la decisión acerca de si se permite o no el tránsito de tropas extranjeras por nuestro territorio. Los soldados y las brigadas son tropas, y si son de los Estados Unidos, son extranjeras.

- Una carta como la mencionada, así sea suscrita por muchos congresistas, no sustituye un acto formal de las plenarias de las cámaras, ni de sus comisiones, que debe ser adoptado previa discusión, votación y consignación en acta y oficialmente publicado. Si esa sustitución se aceptara, no solamente serían desconocidas las normas constitucionales y el Reglamento del Congreso (Ley 5 de 1992), sino que serían atropelladas las minorías y su derecho constitucional a participar y votar en los debates.

-Hay que cumplir las normas.

Bogotá, D. C, 2 de septiembre de 2020

*Expresidente de la Corte Constitucional

Por Víctor G. Ricardo*.- La cuarentena en Bogotá duró casi seis meses. A mediados del 14 de marzo, muchos bogotanos empezaban a aislarse preventivamente; luego con el simulacro de la cuarentena muchos quedaron en los lugares en los que se encontraban hasta finales de la semana pasada. Durante este tiempo, como era lógico, el tráfico de vehículos bajó y las personas que decidieron empezar a transportarse por medio de bicicletas incrementó exponencialmente, como una medida de seguridad para lograr el distanciamiento en el transporte, además de una forma saludable de vivir. Pero lo obvio y lógico era que, una vez finalizara la cuarentena obligatoria, al volver progresivamente a la normalidad en materia de tránsito de vehículos todo se iría regularizando y por lo tanto, el terrible tráfico tradicional de la ciudad regresaría cada día más a la normalidad.

Lo curioso es que muchos actúan como si la vida hubiese regresado a su estado normal, una actitud irresponsable y peligrosa porque el coronavirus sigue presente en el mundo y por tanto, los colombianos aún no contamos con una vacuna para poder regresar a la cotidianidad como muchos ya lo han hecho. Y es que nuestra responsabilidad no es únicamente con nosotros mismos, es también con los demás, nuestros compañeros, vecinos y las familias de éstos. Esto exige que la disciplina social se aplique en el uso de tapabocas, lavado permanente de manos y distanciamiento entre las personas, para que el virus no se propague más.

Lo que nunca se imaginó la ciudadanía es que las autoridades de Bogotá creyeran que antes de aumentar las vías para los vehículos que tanta falta hacen, en el norte de la ciudad, por la carrera séptima nos quitaran un carril, lo que ahora hace casi imposible el tráfico de los vehículos.

Durante la Alcaldía de Enrique Peñaloza resolvieron poner por la carrera 11 un carril para bicicletas lo que, aunque si bien perjudicó el tráfico de automóviles, fue bueno para permitir organizar la circulación de este sistema de movilidad. Pero ahora quieren también hacerlo por la carrera séptima lo que hace imposible el tráfico vehicular.

Ya en el pasado era bastante difícil transitar en las horas pico por la carrera séptima y estaba tan congestionado el tráfico que para transitar de una residencia más allá de la calle 100 a sus oficinas en las mañanas o en las noches, las personas se demoraban más de una hora para recorrer 30 o 40 cuadras. ¿Cómo será ahora cuando nos quitaron un carril en dirección sur?

Será que las autoridades de Bogotá quieren complicar aún más la ciudad y no entienden que después de tanto sacrificio necesitamos tranquilidad y facilidades para un mejor bienestar?

Ya es conocido que la inseguridad está desbordada, que todos los días hay más asesinatos en atracos y robos, que las gentes están muy lastimadas por su situación económica, por las consecuencias de las medidas de la pandemia y en muchos casos quebradas y con graves problemas como resultado.

Lo que necesitamos es mayores oportunidades de trabajo, menos tramitología y corrupción, seguridad y obras para la ciudad.

Bogotá, D. C, 2 de septiembre de 2020

*Excomisionado de Paz

Por Juan Camilo Restrepo*.- A medida que avanza la agenda fiscal del país se ponen de manifiesto sus ambigüedades. La última de ellas fue la instalación de la comisión que debe presentar recomendaciones sobre cómo y dónde podar el frondoso árbol de las exenciones y privilegios tributario, que coincidió con la expedición del decreto que reglamenta quizás la más protuberante de todas las gabelas: la de las mega inversiones.

En cierta manera al Gobierno se le ve atrapado en sus propias ambigüedades. De una parte, y acorde con lo que ordenó la ley, conformó una importante comisión de expertos internacionales que deberá presentar recomendaciones a comienzos del año entrante sobre cómo enfrentar el que quizás sea el mayor problema de la fiscalidad colombiana: la proliferación agobiante de exenciones y tratamientos de favor en favor de algunas actividades.

En la instalación de los trabajos de esta Comisión se dieron informaciones bien dicientes. El costo fiscal anual de los beneficios vigentes asciende a 92,4 billones de pesos (es decir, recaudos a los que renuncia el Estado para beneficiar a algunos contribuyentes o actividades), lo que equivale a 8,7 puntos del PIB. De este gran total, 7,1 puntos del PIB, o sea 74,9 billones, corresponden a tratamientos especiales del IVA la mayoría de los cuales corresponden a bienes y servicios excluidos del impuesto al valor agregado. Esta sola información pone de presente que si alguna transformación significativa vamos a hacer en el frondoso régimen de exenciones y minoraciones tributarias habrá que comenzar ineludiblemente por el IVA. Con un régimen más plano y universal, y de tarifas más bajas (2%-3%) para los artículos de primera necesidad.

El Ministro de Hacienda intentó durante la pasada reforma tributaria introducir algo de racionalidad al régimen del IVA, reduciendo el universo de bienes y servicios excluidos, aunque con tarifas bajas. Pero un trino presidencial le desmontó sus buenas intenciones. Cabe preguntar entonces: ¿Cuándo la comisión de racionalidad fiscal presente sus conclusiones en el primer semestre del año entrante sucederán lo mismo? ¿Se volverá a caer en la misma ambigüedad? Si así sucede, no se podrá avanzar en nada importante concerniente con la racionalidad del IVA.

Y hablando de racionalidad del IVA -en un momento en que lo prioritario en la pospandemia será la rehabilitación del consumo nacional- en vez de recurrir a los disparatados días sin IVA lo recomendable va a ser retornar a una tarifa general del 16% (que estuvo vigente en el país durante cerca de 20 años) reduciendo la que actualmente rige del 19%.

El economista de la universidad de New York David Rosemblom, que presidirá la Comisión de la poda de privilegios inmoderados que rige en Colombia, dio unas interesantes declaraciones el día de su instalación. Entre otras cosas atinadas dijo lo siguiente: “Habrá que empezar con una hoja en blanco.  Empezar de cero, reconstruir el sistema…Por cada incentivo que se da, lo que se hace es subirle el impuesto a otro. Los políticos tienden a pensar que con los inventivos están regalando dinero, pero hay que pagarlos por el gobierno; así que, si se quiere dar dinero al señor X se le está quitando al señor Y. Pienso que es una oportunidad para repensar todo”.

La más reciente ambigüedad se vio en la misma semana en que se instaló la comisión de privilegios fiscales. El Gobierno reglamentó el ostentoso régimen de las gabelas que rodeará las llamadas “mega inversiones” que habían sido creadas en la última reforma tributaria. Dice el decreto reglamentario que estas inversiones pagarán cero impuestos a los dividendos, cero impuestos al patrimonio, y que gozarán de la ventaja de triste recordación de la “estabilidad tributaria” por veinte años.  Una mega inversión es aquella que se inicia con mil millones. Uno puede preguntarse: ¿por qué es más meritoria que otra que se inicia con una inversión de 800 millones, por ejemplo?

Con este precedente que, por supuesto es una nueva ambigüedad fiscal del Gobierno, no se necesita ser muy advertido para prever que ninguna de las recomendaciones de la Comisión que se instaló esta semana va a tener acogida. ¿Si este régimen de favor se les otorga a las grandes inversiones empresariales, con qué lógica se va a recortar el régimen de las otras empresas que no les cupo en suerte calificar como “mega inversiones”?

Tanto más si además de los consultores internacionales hacen parte los ministros del gasto en Colombia. No hay que ser muy perspicaz para comprender que estos ministros, y los grupos de presión que giran en torno de ellos, van a convertirse en los mejores defensores de mantener el statu quo.

El imperativo de superar la pandemia empresarial y el propósito plausible de apoyarse en el sector privado para financiar el gran programa de reconstrucción de la economía debe cobijar a todas las empresas: no a unas pocas escogidas a dedo.

Entrar pues con la podadora al frondoso árbol de la tributación colombiana requerirá de coraje para enfrentarse a los intereses creados que hoy pelechan al amparo de los privilegios y, sobre todo, no seguir cayendo en ambigüedades.

Bogotá, D. C, 1 de septiembre de 2020

*Abogado y Economista, exministro de Estado.

Por Clara López Obregón*.- No le fue bien al presidente Iván Duque en su intento de minimizar las masacres al rebautizarlas como“homicidios colectivos”. Peor le fue con su manipulación estadística en la que pretendió que bajo su guardia ocurren menos masacres cuando el fenómeno se está desbordando.La desmovilización de las AUC en 2006 había reducido sustancialmente las masacres, pero en 2018 regresaron: de 11 en 2017 aumentaron a 29; en 2019, a 36 y en lo corrido del año, a 37 y subiendo.

Al Gobierno le corresponde actuar para enfrentar la violencia de nuevos actores con tácticas ya probadas. Estamos ante la balcanización o más bien, la mexicanización de la violencia criminal, con señores de la guerra entrenados en la estrategia de la violencia paramilitar ideada para ocupar territorios desplazando comunidades mediante el terror.

Frente a este nuevo fenómeno de bandas de crimen organizado que compiten por rentas ilegales, algunas con entronques internacionales, no funciona la vieja estrategia de la contrainsurgencia guerrillera. Para afrontarlas, el Gobierno debe desarrollar una nueva estrategia para desarticular las bandas herederas del paramilitarismo, depurar los sectores de la fuerza pública que les son funcionales y sí, cumplir los compromisos sociales del acuerdo de paz.

Ya es hora de que el Gobierno entienda que ese conflicto armado que niega no caracteriza lo que ocurre en la actualidad. Parte fundamental del cambio de estrategia es cambiar de enemigo. Noticias Caracol mostró una escena inverosímil. Ante una explosión ocurrida mientras se desarrollaba una reunión de campesinos con funcionarios de la ONU, en vez de desplegar una actitud protectora de los civiles, los uniformados les gritaron amenazantes: “asesinos”, “coqueros”,“guerrilleros de civil”.

El cambio de lenguaje para nombrar las masacres hace parte de la invisibilización intencional de la barbarie, en particular, de algunos de los actores del conflicto armado para tapar la verdadera historia y responsabilidad de todos los involucrados.Aquí cabe como anillo al dedo la idea de que la historia no es lo que pasó, sino lo que cuentan quienes la escriben.

Las masacres fueron una estrategia de guerra para sembrar terror utilizada por los paramilitares contra la población civil. Nombrarlas de otra manera equivale a negar su existencia. En el informe¡Basta Ya! Memorias de Guerra y Dignidad, el Grupo de Memoria Histórica describe su funcionalidad: “Dentro de la estrategia paramilitar, la masacre ha sido importante como modalidad de violencia. Debido a su visibilidad y crueldad, ha desafiado y subvertido la oferta de protección de la guerrilla dentro del territorio. En su función de teatralización de la violencia, lleva —desde la perspectiva del perpetrador— un mensaje aleccionador para la población… (que) advierte sobre el costo de colaborar conla guerrilla.”

Cambiarle el nombre a la masacre no solamente minimiza la gravedad de lo que está sucediendo en los territorios, sino que equivale a negar su existencia. Busca, además, que el pasado se lea con una benevolencia que no merece la connivencia cómplice con el paramilitarismo de sectores de la fuerza pública, la política y terceros civiles -funcionarios, terratenientes y empresarios.

La nueva violencia que se desborda tiene gran parte de su explicación en los incumplimientos del Acuerdo de Paz y en haberse negado por testarudez partidista a firmar el cese al fuego con el ELN que estaba acordado al final del Gobierno Santos. Lo correcto habría sido culminar, mediante el diálogo que había mostrado su eficacia, la tarea de la paz completa con la insurgencia política.

También juega su papel la incapacidad y la falta de voluntad política para cambiar la doctrina militar del enemigo interno y llevar a cabo una ocupación democrática del territorio, no solo con fuerza pública, sino con la red social y económica de apoyo del Estado a las comunidades tradicionalmente excluidas.

En vez de desarrollar una nueva estrategia para abordar los desafíos de la nueva violencia, el gobierno insiste en echarle gasolina al incendio reanudando la aspersión con glifosato en contravía de salida social de la sustitución voluntaria. Presidente Duque: le está pasando lo de la mujer de Lot (Génesis 19:26). No mire hacía atrás. Atrévase a hacer futuro.

Bogotá, D. C, 1 de septiembre de 2020

*Ex alcaldesa de Bogotá, ex ministra de Trabajo.

Por: Guillermo García Realpe*.- Una gran controversia, pero sobre todo una preocupación de enormes proporciones ha causado la intención de patentar la fórmula de producción de la panela en Colombia, pues ya se encuentra en trámite una solicitud de patente de invención frente a la Superintendencia de Industria y Comercio por parte del ingeniero Jorge Enrique González Ulloa, ligado al ingenio vallecaucano Riopaila. 

La patente busca conservar los policosanoles, es decir, los alcoholes derivados del proceso, mediante un producto nuevo, que básicamente es el mismo proceso de producción de panela basado en caña de azúcar. 

Una patente de invención otorga explotación exclusiva o con autorización del titular por 20 años sobre un producto o un proceso que, por lo general, ofrece una nueva manera de hacer algo o una nueva solución técnica a un problema. En este caso y a nuestro juicio, no hay nada novedoso al respecto. 

Sobre las patentes, es la Superintendencia de Industria y Comercio la entidad encargada de adelantar estos procesos, que por lo general duran dos años en ser verificados, se entregan solo a nuevos inventos, es decir, a soluciones novedosas, que no existan y que no resulten ser obvias. Ante esa entidad en los últimos 19 años han sido solicitadas más de 13 patentes, sobre el tema panelero. 

La panela tiene historia en nuestro país desde la llegada de la caña de azúcar y la instalación de los primeros trapiches en el siglo XVI. Con ello se dio el surgimiento de toda una cultura basada en la tradición de un trabajo duro arraigado sólidamente en todo el país. Por lo tanto, el proceso de producción de panela en su integridad hace parte de nuestra cultura y es un legado que perdura de generación en generación gracias a la vocación y el esfuerzo de las familias paneleras. 

Según cifras de FEDEPANELA, la producción panelera está presente en 29 departamentos y en 511 municipios de nuestro país, con 20 mil trapiches y una extensión de 238 mil hectáreas de área sembradas con caña que, generan 45 millones de jornales al año, 380 mil empleos directos y 500 mil indirectos en una actividad económica de la que dependen 350 mil familias colombianas que, representan el 12% de la población rural económicamente activa. Colombia, es el primer consumidor del producto en el mundo y el segundo productor a nivel internacional. 

De otorgarse tal patente, las 350 mil familias dedicadas a esta actividad en nuestro país tendrían que pagar por las licencias de uso de un procedimiento que ya viene siendo utilizado por los productores de panela desde hace más de cuatro siglos. El mercado de los paneleros sería entregado a los grandes ingenios azucareros para que ellos sean quienes produzcan en adelante la panela, lo que, sin duda, seria una grave violación a la Ley 40 de 1990 y entregando toda una tradición ancestral al poder económico de los ingenios.

Y es que este renglón económico a pesar de las dificultades ha logrado posicionarse gradualmente, tanto así que la exportación de panela colombiana ha crecido un 104% entre 2015 y 2019 y este año su crecimiento ha sido de un 30%, sin duda, eso hace que sea llamativo para los intereses privados que quieren “correrle la butaca” a como dé lugar. 

Pero los paneleros no están solos, quienes conocemos de cerca este renglón económico y provenimos de regiones productoras, reconocemos su enorme esfuerzo por subsistir e impulsar su tradición, por ende, no permitiremos que sobre ellos recaiga cualquier amenaza que ponga en riesgo su permanencia. 

Por eso, hemos presentado una proposición para convocar en los próximos días un debate de control político en la Comisión Quinta del Senado al Superintendente de Industria y Comercio, Andrés Barreto, al Ministro de Comercio, José Manuel Restrepo y al Ministro de Agricultura, Rodolfo Zea, para que le respondan al país sobre los posibles efectos que causaría patentar la panela y sobre qué están haciendo las entidades del Gobierno para proteger a las 350 mil familias paneleras. 

¿Será que la avaricia de la empresa privada les producirá después interés en patentar la mazamorra, el sancocho y el ajiaco? 

Bogotá, D. C,  31 de agosto de 2020

*Senador del Partido Liberal

Por Amylkar D. Acosta M*.- Como lo resume muy bien la Presidenta del Consejo Privado de Competitividad Rosario Córdoba, se debe implementar “una estrategia para la recuperación, adaptación y preparación de Colombia a una nueva realidad, compuesta por estos cinco pilares: aparato productivo sofisticado y diversificado, empleo de calidad, hogares con redes de protección social, estabilidad fiscal y Estado fuerte, eficiente y transparente”, mucho más empoderado de lo que esta hoy.

Ello es tanto más importante habida cuenta que, como lo sostiene Rosario Córdoba, “la acción del Estado ha sido fundamental para atender los retos generados en la crisis por el COVID – 19 y será crucial para minimizar los efectos negativos a largo plazo y asegurar una recuperación rápida”. Basta ya de buenos propósitos y de pactos voluntaristas por el crecimiento y el empleo que no conducen a ningún Pereira.

Lo dijo con toda claridad el Foro Económico Mundial (FEM): “Colombia hace parte del grupo de países que debe capitalizar su amplia disponibilidad de recursos energéticos para que, de manera sostenible, pueda maximizar los retornos de la industria y apoyar una mayor diversificación de la economía”. Y Colombia está en mora de tomar en serio este reto, el de la transformación productiva. Esta debe ir acompasada con la Transición energética de la producción y uso de las fuentes de energía, altamente contaminantes, de origen fósil hacia las fuentes no convencionales de energías renovables (FNCER) y limpias, en las que está empeñado el país.

Este es el camino para que la economía nacional se enganche y se acople a la cuarta revolución industrial (4.0), incorporando la digitalización, la Big Data y la inteligencia artificial (IA) en sus procesos y de esta manera progresar en la productividad que, a juicio del Nobel de Economía Paul Krugman, en tratándose de la competitividad “no lo es todo, pero a largo plazo lo es casi todo”.

Después de registrar en 2019 el mayor repunte en la década en el ranking internacional de competitividad (IMD), en el 2020 retrocedió, perdiendo dos posiciones, ubicándose en el puesto 54 entre 63 economías objeto de esta medición. El país está en mora de poner en práctica la Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad (AIC) que se construyó desde las regiones hacia el año 2007, con los ajustes que requiere después de más de una década de reposar en los anaqueles oficiales. Desde las postrimerías de la administración Barco se identificaron los ejes fundamentales de la estrategia para asegurar el éxito de la AIC: la modernización, la reconversión y la relocalización industrial, de la mano con el desarrollo de la agroindustria concomitantemente con el estímulo y apoyo de la economía campesina.

Desde luego que la puesta en marcha de la AIC demandará, además de una estrategia, ingentes recursos tanto de parte del sector público como del sector privado, habida consideración que se requerirán mayores inversiones en infraestructura, nuevas industrias, en bienes públicos, en ciencia, tecnología e innovación. De allí la importancia del fortalecimiento y vigorización del Estado, así como de las alianzas público-privadas, con una perspectiva regional que propenda por el cierre de brechas tanto interregional como intrarregional, que son aberrantes en el país.

Como lo afirma el Profesor Akash Goel, “cuando volvamos a estar juntos debemos aprovechar la oportunidad de reimaginar un camino diferente hacia delante”. La Secretaria ejecutiva de la CEPAL Alicia Bárcena sostiene que “la recuperación debe ser distinta esta vez, basada en sectores verdes, con un gran impulso a la sostenibilidad o de economía verde”, la cual debe estar en el centro de la estrategia de reactivación. Tanto más en cuanto que, como afirma Alicia Bárcena, refiriéndose  a la economía verde, “estas inversiones alentarían la innovación, nuevos negocios y empleos decentes, efectos positivos en la oferta y demanda agregada en las economías de la región, superiores a los de los sectores tradicionales”. Y añade, “si tomamos estas acciones, América Latina y el Caribe saldrán reforzados de esta crisis y podremos decir que fuimos responsables para con la Casa común que, como dice la Encíclica, se nos ha confiado”. Esta demostrado, además, que, contrariamente a las suposiciones, las inversiones en una economía más sostenible generan muchos más y mejores empleos.

Compartimos con George Soros que “no volveremos a donde estábamos cuando empezó la pandemia”. Se ha vuelto un lugar común decir que el mundo no volverá a ser el mismo después de esta pesadilla, pero ello hay que tomarlo en serio a riesgo de enfrentar otra peor, esta vez por cuenta del recrudecimiento de los fenómenos extremos que caracterizan a la variabilidad climática. Como bien lo dijo el periodista español Luis Bassets, “la crisis por el coronavirus puede ser el ensayo general para la próxima y más grave provocada por el Cambio climático”. Retornar al pasado es retroceder!

Para Isabel Cavalier, Directora de Transforma Global y estudiosa del Cambio climático y desarrollo sostenible, es fundamental que “las medidas de recuperación impulsen cambios en los patrones de nuestro sistema productivo, privilegiando sectores de energía limpia y decidiendo a qué sectores se les imponen impuestos y a cuales alivios”. Como afirma uno de los miembros del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) Germán Poveda, “la pandemia ha sido una bofetada en la cara a la especie humana. Nos ha puesto presente la arrogancia del ser humano y nos exige una nueva relación con la naturaleza”. De ello debemos estar advertidos, la reactivación deberá ser inteligente y sostenible, no volver al pasado con sus falencias y vulnerabilidades, que la crisis pandémica sólo exacerbó. Digamos con Einstein que “la crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas y países, porque la crisis trae progresos”.

Cota, julio 26 de 2020

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Por Mauricio Cabrera Galvis*.- Los dioses deben estar locos. El Banco Central más poderoso y ortodoxo del mundo, el Banco de la Reserva Federal (FRB) de los Estados Unidos acaba de aprobar una nueva estrategia de política monetaria, que pone más énfasis en el mandato constitucional de promover la creación de empleo que en el de controlar la inflación; más aún, define que, en determinadas circunstancias, uno de sus objetivos es subir (así como suena, incrementar, aumentar o elevar) la inflación.

Estos heréticos planteamientos los hizo nada menos que Jeremy Powell, el presidente del FRB en el simposio anual que esa institución organiza en Jackson Hole para analizar el rumbo de la política monetaria (https://bit.ly/3hAQXCe). Y para que no quedara duda de que se trataba de una decisión institucional declaró: “Me complace anunciar que la revisada declaración de política fue adoptada con el voto unánime de todos los participantes del Comité”.

Por supuesto no se trata de un nuevo dogma económico aplicable a todos los países y momentos. En economía no existen los dogmas universales, sino cajas de herramientas que se deben aplicar con discrecionalidad dependiendo de las circunstancias. Y como las circunstancias han cambiado desde 1980 cuando el FRB bajo la dirección de Paul Volcker tuvo que empeñarse en reducir la inflación a cualquier costo, ahora tiene que enfrentar el reto del enorme desempleo y de una inflación demasiado baja.

La estrategia definida por el FRB para enfrentar esta situación, que venia desde antes pero se ha agravado por la pandemia del coronavirus, es clara: se mantienen los dos objetivos de la banca central: disminuir al mínimo el desempleo y mantener la estabilidad de precios. Sin embargo hay un cambio de prioridades: “En la ejecución de la política monetaria, nos mantendremos fuertemente enfocados en impulsar un fuerte mercado de trabajo (i.e. aumentar el nivel de empleo) para el beneficio de todos los norteamericanos”.

En cuanto a la inflación, mantienen la meta del 2%, pero el riesgo que perciben es que sea más baja y si eso sucede, “la política monetaria apropiada apuntará a tener una inflación un poco por encima del 2% por algún tiempo”.

Resalta en el discurso de Powell la preocupación por mostrar los efectos de la política monetaria sobre la calidad de vida y la distribución del ingreso: por ejemplo cuando señala que la prioridad al objetivo de reducir el desempleo es por los beneficios que esto implica, especialmente para las comunidades de bajos ingresos.

También asombra, por la gran diferencia con Colombia, el proceso que siguió el FRB para este cambio de rumbo, uno de cuyos pilares fue una serie de 15 eventos denominados “FRB escucha”, en los cuales sus técnicos se reunieron con sindicatos, trabajadores, pequeños negocios y residentes de estratos bajos. El objetivo de estas reuniones, era “estar conectados con nuestros verdaderos electores, el pueblo norteamericano, para oír directamente de ellos como su vida cotidiana es afectada por nuestras políticas”. Ninguna referencia a reuniones con bancos o grandes empresas.

Cali 30 de agosto de 2020

*Filósofo y Economista. Consultor.