Opinión

Por Juan Manuel Galán*.- Esta semana la Corte Suprema de Justicia tomó una decisión sin precedentes históricos en Colombia, al ordenar una detención preventiva contra un expresidente de la república por presunta compra de testigos. Irónicamente se trata de un proceso que compromete al Senador Álvaro Uribe Vélez, por una denuncia que él mismo presentó contra el senador Iván Cepeda por idéntico delito.

La independencia de poderes es una institución democrática tan importante como el estado de derecho que hoy, quienes no comparten la decisión de la Corte, pretenden sustituir por el “estado de opinión”. Este parece más el “estado de contradicción” o de “incoherencia”. Veamos, la derecha uribista ante fallos judiciales adversos se ha victimizado sistemáticamente, alegando persecución política. La decisión de esta semana produjo la misma reacción. Muy curioso alegar persecución política, cuando el presunto perseguido controla dos de las ramas del poder público: la ejecutiva y la legislativa.

Pretenden además imponer una perversa especie de jurisprudencia, según la cual a los ciudadanos se les debe juzgar no de acuerdo con el delito cometido sino según su condición, sus méritos, realizaciones, bondades o servicios prestados. En esta doctrina uribista de sustitución del estado de derecho por el estado de opinión, por ser el senador Uribe quien es y por haber hecho lo que hizo, debe gozar de inmunidad ante cualquier presunto delito que cometa o haya cometido.

El presidente de la República Iván Duque, quien además de ser jefe de gobierno, en Colombia es jefe de Estado y como tal debe ser árbitro imparcial ante los poderes y sobre todo ante los jueces, se contradice al afirmar que respeta la justicia y sus decisiones pero que la Corte no ha debido ordenar la detención preventiva en contra del Senador expresidente Uribe. Si afirma respetar la justicia y sus decisiones, no puede a renglón seguido señalar qué tipo de medidas se deben o no ordenar dentro de un proceso judicial.

Pero el “estado de opinión” no se detiene aquí a la hora de buscar confundir a la ciudadanía en la interpretación de esta decisión. Comparan “peras con manzanas”, alegando como injustificable que los integrantes de las FARC, a pesar de los graves delitos que cometieron, estén sentados en el congreso, mientras al mismo tiempo se ordena la detención de Uribe. La diferencia está en el acuerdo de paz que firmaron, no con un gobierno, con el Estado Colombiano... Deben comparecer ante la comisión de la verdad para entregar la verdad histórica; luego ir a la justicia especial para la paz y entregar la verdad judicial del conflicto y recibir penas restaurativas. Si no lo hacen, se ven expuestos a un juicio en el que serían condenados a penas de hasta 20 años bajo el régimen de reclusión ordinario.

Esto no es todo, de remate reclaman una Asamblea Nacional Constituyente para rediseñar un poder judicial a su medida, tipo sastre, con una única corte. Debemos como nación, respaldar a la justicia, rodearla de un ambiente sereno, sin presiones, para que siempre falle en derecho y sin condicionamientos políticos.

Bogotá, D. C, 10 de agosto de 2020

*Exsenador Liberal

Por Mauricio Cabrera Galvis*.- Como no todo puede ser Covid-19 ni la decisiones de la Corte Suprema de Justicia hay que mirar otros temas de impacto nacional, como por ejemplo los proyectos de minería del oro, en estos momentos en que el precio del metal dorado ha llegado a un máximo histórico por encima de USD 2.000 la onza, ¿Colombia no debería aprovechar esa bonanza y permitir que se explotara la mayor cantidad de oro posible? ¿Esa no sería una alternativa para compensar la caída de los precios del petróleo?

Lo primero que hay que reiterar es que cualquiera que fuera la utilidad económica, ningún proyecto de minería debe permitirse si afecta de manera grave los ecosistemas y, en particular las fuentes de agua como suele suceder con la gran minería del oro. Por eso en proyectos como el de Minesa en el páramo de Santurbán, o el de la Anglogold con el cobre de Quebradona, Jericó, debe primar el criterio ambiental sobre los eventuales beneficios económicos.

Pero aún en minas que controlen los daños ambientales es muy poco lo que le queda al país de los mayores precios del oro. En lo que va corrido del siglo el precio de la onza troy ha pasado de 270 a 2.036 dólares; este año el incremento ha sido del 28%. La casi totalidad de los mayores ingresos se ha quedado en los bolsillos de los productores privados, muchos de los cuales son multinacionales o mafias dedicadas a la minería ilegal.

Con un mayor precio aumentan los ingresos de divisas por exportaciones del metal, disminuyendo así el déficit de la balanza comercial, pero también aumentan los giros de utilidades al exterior de las mineras internacionales, por lo cual es mucho menor el beneficio neto sobre la balanza de pagos.

El Estado, que es el dueño de todos los recursos naturales, recibe muy poco de esa bonanza. En las cuentas fiscales solo aumenta un poco el recaudo de impuesto a la renta, porque ya se eliminó el impuesto a las remesas de utilidades al exterior. La razón es el absurdo e inequitativo régimen de regalías que existe para el oro, que son solo el 4% del 80% del precio internacional. En los últimos años la regalía efectiva estuvo alrededor del 2.7% del valor de la producción. Es tan absurdo que la producción de sal paga una regalía mayor del 12%.

Es lógico que ninguna empresa privada va a tomar riesgos de exploración y explotación de minerales si el Estado se queda con una tajada demasiado grande. Pero también es lógico que el Estado tenga una participación mayor cuando suben los precios. Por eso en el petróleo se utiliza el sistema de regalías crecientes, tanto por el tamaño de la producción –van del 8% al 25% según el tamaño del pozo-, como por el precio: el productor debe ceder al Estado entre el 30% y el 50% del incremento de la cotización internacional.

Desde el 2011 el fallecido senador Juan Mario Laserna propuso un esquema de regalías crecientes para el oro. Es hora de revivir esa propuesta. Teniendo en cuenta que la exploración de petróleo tiene más riesgos y costos que la del oro, no hay razón alguna para no hacerlo y permitir que el Estado, es decir todo el país, se beneficie de la bonanza aurífera.

Cali, 9 de agosto de 2020

*Filósofo, Economista. Consultor.

Por Amylkar D. Acosta M*.- Mis palabras, pronunciadas en la plenaria del Senado de la República el 28 de julio de 1998, con ocasión de un debate de control político a raíz de la decisión del Gobierno Nacional, que no compartí, de liquidar a las electrificadoras subsidiarias de CORELCA para privatizar la prestación del servicio de energía eléctrica en la región Caribe resultaron premonitorias: vamos a salir de las llamas para caer en las brasas. Dicho y hecho, han transcurrido desde entonces más de dos décadas durante las cuales lejos de mejorar la prestación del servicio, como se prometió, ELECTRICARIBE, que fue la empresa que lo asumió, se convirtió para sus usuarios en una verdadera pesadilla, en una calamidad pública, al punto que a la postre el mismo Gobierno Nacional se vio en la penosa necesidad de intervenirla y posteriormente liquidarla. 

El departamento de La guajira no es la excepción sino la regla, dado que por estar en la cola del sistema, ha llevado la peor parte, al tener que soportar con estoicismo y con la paciencia de Job los continuos apagones, racionamientos no programados disfrazados de “mantenimiento”, así como las oscilaciones de voltaje, con el daño consiguiente de los artefactos eléctricos. Un estudio técnico adelantado por la UPME llegó a la conclusión, aludiendo a esta falencia, que “la ausencia de las obras de refuerzo eléctrico implica una situación de desatención del abastecimiento de energía en su área de influencia”.

Entonces, para mejorar la prestación del servicio se requiere contar con un anillo eléctrico que le de redundancia a la red de transmisión de la energía entre los municipios de Riohacha y Maicao, anudada con la subestación eléctrica de Cuestecitas. Con tal fin, ideamos e impulsamos desde el Senado de la República dicho proyecto, con la mira puesta en estabilizar la prestación del servicio de energía y mitigar las contingencias a las que aún están expuestos los usuarios.  Años más tarde, como Ministro de Minas y Energía retomé el tema. En efecto, prioricé dicho proyecto en el Plan5Caribe para su ejecución, con mensaje de urgencia, como quedó consignado en la Resolución 093 de 2014 de la CREG.

En el año 2016, finalmente, el Gobierno Nacional adjudicó el contrato para ejecutar este proyecto a la firma ELECNORTE. Tal y como lo dispone la normatividad legal esta procedió a tramitar la Licencia ambiental y a adelantar las consultas previas correspondientes. CORPOGUAJIRA le otorgó la Licencia, la cual conlleva un Plan de manejo ambiental (PMA) que incorpora las medidas de mitigación y reparación a que hubiera lugar, las cuales debió asumir la empresa ejecutora de la obra. Por su parte el Ministerio del Interior debía certificar, como en efecto lo hizo, las comunidades con las que se deberían adelantar las consultas previas, las que se efectuaron satisfactoriamente con las 154 comunidades entre indígenas y afrodescendientes debidamente certificadas el 11 de septiembre de 2018.

Pero, como no faltan quienes le metan palos en las ruedas para entorpecer el avance de proyectos que como este son de interés colectivo poniendo en primer lugar sus intereses personales, empezaron a torpedear el avance de la obra. Se interpuso una acción de tutela en la que se alegaba que algunas comunidades habían sido excluidas de dichas consultas, la que en primera instancia fue fallada a favor de las mismas, pero posteriormente fue revocada por el Tribunal Superior de Riohacha el 22 de julio de 2019, por no encontrar mérito para ello ni fundamento en sus pretensiones.

No obstante, 32 meses después del Acuerdo suscrito por la empresa con las comunidades debidamente certificadas por el Ministerio del Interior con las que se adelantaron las consultas previas y cuando solamente falta el 10% para terminar el tendido de las líneas y así contar con un sistema redundante que garantice una notoria mejoría en la prestación del servicio, nuevamente y aludiendo los mismos motivos, se presenta una nueva tutela. Esta vez ante el Juzgado penal de circuito y este, sin verificar siquiera la existencia de la “exclusión” que se aduce, contrariando lo dispuesto por el Tribunal Superior, procedió a fallar favorablemente la tutela  el pasado 21 de julio y lo que es peor ordenó suspender las obras, con grave perjuicio para más de 700.000 usuarios del servicio de energía.

Esto, a todas luces, es un despropósito, tanto más en cuanto que ordenar la parálisis de la ejecución de este importante proyecto es una medida desproporcionada, habida consideración de que si de lo que se trata es de salvaguardar el derecho a la consulta previa que demanda la parte interesada, según Sentencia de la Corte Constitucional SU -123 de 2018 “la consulta procede aun cuando el proyecto esté en marcha e incluso cuando haya finalizado”.

Cabe preguntarse en dónde queda la seguridad jurídica, acaso la competencia para determinar cuál o cuales comunidades deben ser objeto de la consulta previa no es el Ministerio del Interior o ello quedará a merced de los jueces, que contravienen los fallos de sus superiores, pues para ellos no hay cosa juzgada. Como dice el adagio popular, cada loro en su estaca, de lo contrario situaciones como estas se van a seguir presentando, al dar pábulo para que se abuse de la Consulta previa como derecho fundamental consagrado en el artículo 7 del Convenio 169 de la OIT, distorsionándola y desnaturalizándola con el propósito de sacar provecho indebido de la misma.

Este es un precedente funesto y si no se le pone coto, el uso y abuso de las consultas previas por parte de impostores que usurpan y se arrogan la representación de las comunidades en su propio beneficio, pueden dar al traste con los 14 proyectos ya aprobados y contratados para instalar 9 parques eólicos y 5 granjas solares en territorios de La guajira y el Cesar, con los cuales Colombia está dando los primeros pasos de su Transición energética hacia la generación de energía renovable y limpia, diversificando su matriz energética e imprimiéndole una mayor resiliencia frente al Cambio climático. Está de por medio, además, una inversión inicial de $10 billones y la generación de 50.000 empleos, beneficio este que terminará extendiéndose al resto del país garantizándole mayor confiabilidad y firmeza a la prestación del servicio de energía.

Cota, agosto 7 de 2020

*Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía

www.amylkaracosta.net

Por Jairo Gómez*.- Es amoral pretender comparar el caso del Senador Álvaro Uribe, con las curules de las FARC en el congreso. Nada tiene que ver el carcelazo del expresidente con el Acuerdo de Paz y la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP-.

La estrategia asumida por el Partido Centro Democrático (CD) y quienes respaldan al Senador Uribe, incluido el presidente Duque, se equivocan de cabo a rabo y solo busca confundir a la gente, incluidos sus propios seguidores.

Qué inmadurez política la del presidente Duque para juzgar con rectitud y sensatez una decisión proferida por la justicia: “Soy y seré siempre un creyente en la inocencia y honorabilidad de quien con su ejemplo se ha ganado un lugar en la historia de Colombia”, dijo sin sonrojarse, sin entender que es el Jefe de Estado; pero además sin deducir que la ideología de un creyente puede ser muy peligrosa.

El primer mandatario es el presidente de todos los colombianos, por tanto no debe perder su compostura así le deba esta vida y la otra a Uribe Vélez; la histeria que se la deje a los miembros de su partido CD, a los parlamentarios y parlamentarias y los palaciegos periodistas que esgrimieron las espadas de la intolerancia contra la justicia porque en esta oportunidad no les es favorable.

Y también es amoral porque pretenden politizar una decisión basada estrictamente en un caso que el propio afectado, Uribe Vélez, se inventó y que por cosas de la soberbia mezclada con la política, el tiro le salió por la culata. Denunció a su oponente político Iván Cepeda, y terminó investigado.

Esa es la verdad; es bueno recordar que el entonces magistrado José Luis Barceló, en julio de 2018, llamó a Uribe a indagatoria al establecer que, presuntamente, el expresidente estaba intentando torcer testimonios de testigos para que se retractaran de afirmaciones en las que lo señalaban de promover el paramilitarismo en Antioquia. Además para que estos inculparan al Senador Cepeda de estar pagando sobornos o prebendas para que inculparan a Uribe.

Esta decisión de la Corte no es una aventura; es seria, responsable y contundente, desprovista de cualquier manipulación política como equivocadamente la han querido presentar los aliados de Uribe y el séquito de periodistas que lo adulan. No es una condena, pero al Senador se le detiene para evitar que obstruya el futuro de la investigación, dice la Corte, además de calificarlo como “presunto determinador”.

Sino fuera porque el Senador Uribe tiene fuero, el presunto delito por el que se le acusa, sería de la justicia ordinaria, por eso es perverso comparar la situación del exmandatario, como lo han hecho Duque, el CD y los periodistas cortesanos, con el Acuerdo de Paz que le permitió a los exguerrilleros firmantes y desmovilizados tener una curul en el Congreso.

Esa falsa premonición de quienes aseguran que si a Uribe lo ponen preso se avecinan tiempo turbulentos cobijados por la violencia, se tendrán que tragar sus palabra, tacan burro; los colombianos ya perdieron el miedo y lo dejaron ver en las marchas del 21N.

Tampoco se trata de preguntarse a quien le conviene o no que a Uribe lo cojan preso, aquí de lo que se trata es de que “el que la hace la paga”, o no, señor presidente; lo contrario sería abrirle el camino a quienes dicen “páseme la pistola” o a quienes invocan a “la reserva activa” que no se sabe si es civil o armada.

Bogotá, D. C, 10 de agosto de 2020

*Periodista. Analista Político.

@jairotevi

Por José Félix Lafaurie Rivera*.- En la tragedia griega, Prometeo decide ayudarles a los mortales; les enseña los números, los oficios y, la mayor osadía, roba el fuego del Olimpo en una caña encendida para regalárselo a los humanos, sumidos en la oscuridad y el abandono. Por designios de Zeus y su caterva de dioses mezquinos, es encadenado a un risco y paga con su libertad por ello.

Colombia 2002: un país sumido en la oscuridad del terror y la violencia, con ¡más de 2.000 secuestros al año!; acorralado en las ciudades y el campo asolado por guerrillas y toda suerte de bandidos, hermanados por el narcotráfico que nos avergüenza ante el mundo y espanta la inversión, el empleo y el bienestar. Un país desorientado, inviable.

Así lo recibe Álvaro Uribe, quien nos vuelve a enseñar -lo habíamos olvidado- que la seguridad es “democrática”, un derecho de todos, un bien público esencial que garantiza la libertad y la vida. Saca entonces a los soldados de sus cuarteles, retoma de su antecesor el fortalecimiento de la Fuerza Pública y, desde una posición de “fuerza legítima”, ofrece negociación, que unos aceptan y se desmovilizan, mientras las guerrillas arrogantes, que la rechazan, son disminuidas y rechazadas por la sociedad. Los cultivos ilícitos caen a un mínimo, el país despierta, el campo reverdece, la inflación cede, la inversión regresa y el empleo repunta.

Lo que sucedió a partir de 2010 el país lo sabe, aunque parece olvidarlo. Se abandonó la seguridad para negociar con unos pocos asesinos derrotados, secuestradores, narcoterroristas y abusadores de niños. Se firmó un acuerdo que violentó la democracia y revolvió las instituciones, la justicia incluida, con la fuerza de una Constituyente, que hoy tanto asusta, pero dictada entonces por las exigencias de las Farc, a su vez dictadas desde Cuba, Venezuela y el Foro de Sao Paulo. Hoy, con 200.000 hectáreas de coca, estamos peor que en 2002…, aunque tengamos Nobel.

Esa caterva de quienes se pretenden dioses para sojuzgarnos con un sistema que brilla por su fracaso en el vecindario; disfrazados como aquellos de la antigüedad, pero hoy de demócratas, aliados con quienes posan de serlo, pero no tienen reparos en hacerle el juego a la amenaza que se cierne sobre el país para satisfacer sus intereses; esas fuerzas oscuras llevan años tratando de encadenar al Prometeo que nos devolvió el fuego de la libertad, la confianza que brinda la seguridad, y la esperanza de ser un país digno y sin narcotráfico.

La decisión de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema ha logrado privar de la libertad a Álvaro Uribe, pero no logrará encadenarlo para siempre al risco del abandono, porque Uribe no está solo, lo respaldan millones de colombianos, los ganaderos entre ellos, agradecidos porque nos devolvió la posibilidad de existir como sector económico, cuando nos asesinaban y secuestraban por miles, los mismos que hoy están en el Congreso, mientras él es privado de su libertad.

Como en el mito, hay interesados en que nunca la recupere. Para los defensores del Acuerdo de Santos con las Farc, que medio país rechazó, mandar a la cárcel al expresidente es una especie de “revancha” por su derrota en el plebiscito y de “legitimación” de su golpe a la democracia. Son los mismos que hoy, con ladina intencionalidad, le ofrecen la JEP como alternativa. Se equivocan; Uribe no necesita la impunidad de la JEP, porque es inocente y porque jamás legitimaría esa justicia a la medida de las Farc.

Álvaro Uribe no está solo; media Colombia lo acompaña y, sobre todo, lo acompaña su inocencia.

Bogotá, D. C, 8 de agosto de 2020

*Presidente de FEDEGAN

@jflafaurie

Por Gabriel Ortiz.- La Constitución colombiana instituyó la justicia para todos. No es perfecta, pero actúa con legalidad, como debe marchar este país. Una justicia que actúe para los de ruana o de corbata, que violen las leyes. Para humildes o arrogantes, para los de arriba o los de abajo, para derechistas o izquierdistas. Esa es la justicia. La ley es dura, pero es la ley.

Esta vez tocó al expresidente Uribe, el hombre que parecía inmarcesible. El que quiso violar la Constitución para perpetuarse en el poder, con un “articulito”. Ese que se considera gran elector de presidentes.

La justicia es ciega pero no se dejó amedrentar. Un puñado de honestos magistrados fue hasta el fondo de una de las actuaciones del prohombre, y encontró la de testigos falsos, que obligó a estos cinco justicieros, a aplicarle medida de aseguramiento. Sus seguidores montaron en cólera contra la Corte, las leyes y los millones de colombianos respetuosos de las normas y la Constitución. Consideraban que las leyes no cobijaban a su “transparente” caudillo.

Pretendieron timar a la Corte. Primero con una investigación internacional, llena de acusaciones anónimas, de víctimas de abusos sexuales. Luego, la “mano firme y corazón grande”, expidió una proclama en defensa de su jefe, dada la gran “dimensión histórica”. Increíble: el pronunciamiento fue firmado por ministros del gobierno Duque, que tal vez desconocen que en Colombia hay tres poderes autónomos e independientes.

La Corte acogió la ley y expidió el veredicto, que enfureció a los seguidores del expresidente, quienes de inmediato amenazaron con convocar una Asamblea Constituyente para reformar la justicia. Quieren dejar una sola Corte-sastre a la medida del exmandatario.

Así las cosas, Colombia podría entrar en un túnel sin final, para satisfacer al CD, cuyo jefe cuenta con todas las garantías y recursos para defenderse. Hasta goza de una segunda instancia, con la ley “Uribito”. Nuestra Constitución garantiza una Justicia con Legalidad.

Entre tanto, el Presidente Duque interviene sin tener en cuenta que él es guardián de uno de los tres poderes independientes que gobiernan a Colombia. Su función primordial, está en la Casa de Nari, buscando soluciones rápidas para la sacar al país de la crisis a la que nos condujo el covid-19. Necesitamos fortalecer la economía y crear abundante empleo.

BLANCO: Me adelanto a las bodegas que tanto me amenazan e insultan: lo sucedido con el expresidente refuerza la democracia colombiana. ¡La ley es para todos!

NEGRO: Según Fedegán, Colombia es un país de cafres, por atreverse a tocar a Uribe.

Bogotá, D. C, 8 de agosto de 2020

*Periodista. Exdirector del Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper.   

Por José G Hernández.- Si algo es inherente al Estado de Derecho es la independencia de jueces y tribunales para adoptar sus decisiones. No deben ser susceptibles de influencia mediante halagos, críticas, premios o estímulos económicos, burocráticos o de otra índole; ni pueden ser sometidos a presión, y menos aún amenazados, intimidados o amedrentados. Ninguno de esos elementos externos, así sea muy fuerte, debe ser suficiente para romper la imparcialidad o la incorruptible fortaleza del togado. Si éste cede a semejantes tentativas de influjo, es indigno y no merece la confianza en él depositada.

El buen juez está por encima de los intereses en juego en el asunto sobre el cual conoce, pues no puede inclinarse ante ellos -ni en favor ni en contra-. Su compromiso es uno y exclusivo: la aplicación recta e imparcial de la justicia, siempre con estricta y clara sujeción a la ley, con miras a la realización de la justicia. Su función consiste en traer la norma abstracta al caso específico, de modo que concrete y haga valer en el proceso el concepto de lo justo. Nada más, ni nada menos. Lo justo.”Juris dictio”. Decir el Derecho.

Del “ojo de la justicia” (dikes ophtalmós) hablaban los griegos en la antigüedad. Interpretada esa referencia a la luz de los criterios del Derecho moderno acerca de la función judicial, hoy entendemos que el juez, en cuanto depositario de una atribución estatal que imprime carácter -la de administrar justicia-, es el garante principal de la vigencia de la democracia, de las leyes y de los derechos. Como decía Simón Bolívar, “la Justicia es la reina de las virtudes republicanas y solamente con ella se sostienen la igualdad y la libertad”.

A propósito de decisiones recientes o por adoptar en estrados, cabe recordar: en el Estado de Derecho es imperativo que se respeten las competencias de cada órgano. No es de recibo la práctica de moda, que pretende someter decisiones judiciales a consulta con el público. Providencias filtradas o imaginadas se llevan al supuesto dictamen de la opinión, que es mayoritaria solo en apariencia porque lo expresado en redes carece del rigor propio de las consultas electorales. Y, en materia de justicia es grave, porque se presiona a los jueces.

Los asuntos puestos al conocimiento de la administración de justicia no corresponden a la opinión, ni ella puede pronunciarse ignorando los hechos y el Derecho aplicable.

Preguntar a la opinión pública, que no tiene los elementos de juicio -fácticos ni jurídicos-, si alguien es o no penalmente responsable; si es culpable o inocente; detenido o libre; si debe ser condenado o absuelto; no contribuye a la justicia, sino que la obstaculiza y la desfigura. Esas conclusiones las deben adoptar los jueces, que para eso están. Allí no caben los plebiscitos. Lo que se falle o resuelva no depende de la opinión, sino de lo encontrado en el proceso y según la ley por los jueces competentes, con plena observancia de las garantías constitucionales.

Someter eso a consulta en redes sociales no solo implica sustituir los trámites procesales mediante inapropiadas figuras mediáticas, sino que implica irrespeto y presión indebida sobre los jueces y tribunales.

Bogotá, D. C, 5 de agosto de 2020

*Expresidente de la Corte Constitucional   

Por Víctor G. Ricardo*.-La apertura y el cierre de los aeropuertos y los vuelos, tanto nacionales como internacionales, es una responsabilidad exclusiva del Gobierno nacional y bajo ningún punto de vista debe entenderse que las autoridades regionales o municipales tienen la facultad para regularlo.

Otra cosa es que el Ministro del ramo y el director de la Aeronáutica Civil tengan conversaciones con autoridades regionales para concertar ciertos temas de índole local, pero nunca dejando en las autoridades regionales la decisión de abrir o cerrar nuestra conectividad área.

El país y el mundo entiende que en Colombia se hubieran cerrado temporalmente los aeropuertos, como sucedió en algunos otros países de los distintos continentes,  mientras los sistemas de salud se adecuaban, se compraban las pruebas o tests para el coronavirus, se adquirían los reactivos necesarios para su análisis e incluso dotaba al sistema de salud de los elementos necesarios para hacer frente a la pandemia y adecuaban nuevas camas de cuidados intensivos con los respiradores necesarios para el tratamiento esta enfermedad.

Así mismo el país y el mundo entienden que el cierre temporal resultó necesario mientras se implementaban y adoptaban protocolos de bioseguridad y promovían normas sociales de comportamiento necesarias por la llegada del coronavirus.  Pero lo que el país y el mundo no entienden es que logrados estos objetivos mantengamos al país aislado de la comunidad internacional e incluso de nuestras propias regiones a nivel nacional.

Los sistemas de transporte son necesarios e indispensables en la vida actual.  Los aeropuertos y los vuelos además de ser un servicio necesario de los países, hacen parte del sistema de seguridad nacional, de su estrategia de competitividad, de su estrategia comercial y en este momento de la agenda de reactivación económica y de incorporación con el mundo.

Lo anterior basta para entender el por qué su funcionamiento no debe depender de las autoridades locales sino exclusivamente del gobierno nacional que tiene la capacidad de estudiar el momento y las necesidades de la nación.

Es urgente que se analice con prontitud la necesidad de abrirlos para el bien de la economía del país, claro está que con los protocolos a que haya lugar como ya lo dije y que ya están siendo implementados y usados en distintos países del mundo, y todo ello acompañado de una estricta cultura ciudadana.

Frente a este último aspecto no me cansaré de insistir en mis artículos que lo más importante no es el cierre de las actividades, sino el concientizarnos que de nosotros depende la salud propia y de los demás. Esta es la mejor fórmula para poder sobrevivir a esta pandemia.  De ahí la importancia de usar tapabocas, guardar las distancias adecuadas entre cada una de las personas, lavarse las manos cada vez que se pueda y desinfectar todo objeto recibido o los zapatos antes de entrar a sus casas.

Si no es así, por aislamientos que se decreten o cierre de aeropuertos que se definan no vamos a poder superar el reto.  Se calcula que el pico de la pandemia hoy en día se presentará no solo en unas fechas determinadas para todo el país, sino que dependerá de las normas que cada región ha adoptado y por tanto serán en fechas distintas.  Tenemos que estar preparados y entender que nos tenemos que acostumbrar a convivir con este virus abriendo con responsabilidad nuestras actividades y sus instrumentos de apoyo como son los aeropuertos, hasta tanto en el mundo no se descubra y se pruebe la vacuna.

Lo más importante hoy es la conciencia social acompañada de una disciplina ciudadana. Si no es así los riesgos serán mayores para todos.

Bogotá, D. C, 5 de agosto de 2020

*Excomisionado de Paz

Por Clara López*.- La verdad preocupa y por eso sigue la disputa. En su fallo sobre el acuerdo de paz, la Corte Constitucional eximió, de manera controvertible, a los terceros y agentes civiles del Estado de comparecer obligatoriamente ante la JEP.

En el marco de un Congreso a media máquina se ha iniciado una nueva arremetida contra el proceso de paz. El presidente Iván Duque interpeló a la presidenta de la JEP por una supuesta falta de resultados. El primer mandatario no podía haber olvidado que entre la aprobación del Acuerdo del Colón en 2016 y la puesta la marcha de la JEP se interpusieron, entre otros obstáculos, sus objeciones a la ley estatutaria que le restaron dos años a los cuatro que aducía en su reclamo. Al ser impreciso con la fecha, el presidente quiso mimetizar en ineficacia, las presiones indebidas que está ejerciendo hacia sus magistrados para que obvien el debido proceso y los acuerdos de paz, hoy Constitución y ley, con referencia específica a los casos contra los reincorporados de las Farc.

De otra parte, Juan Carlos Pinzón, presidente de ProBogotá, una fundación impulsada por el empresariado capitalino, y el general en retiro Juan Salcedo Lora secundaron con imputaciones de supuesto sesgo político a la Comisión de la Verdad (CEV), por la cancelación de un simposio donde el impenitente coronel, compareciente ante la JEP y precandidato presidencial, Hernán Mejía Gutiérrez, fungiría de experto académico sobre el tema de los falsos positivos, por los cuales está siendo juzgado. Una cosa es la comparecencia oficial para aportar verdad y otra muy distinta e inapropiada, la utilización de los foros académicos de la Comisión como plataforma de legitimación pública de su comportamiento, lo cual puede hacer en otros espacios.

La verdad preocupa y por eso sigue la disputa. En su fallo sobre el acuerdo de paz, la Corte Constitucional eximió, de manera controvertible, a los terceros y agentes civiles del Estado de comparecer obligatoriamente ante la JEP. Se trata de empresarios y particulares que patrocinaron y financiaron a los grupos paramilitares y que mucho tienen que aportar a la verdad respecto de las estructuras de poder regional que subsisten de ese malsano amasijo de política, plata y criminalidad. Poco después, el gobierno intentó privar a la CEV del acceso a la información de la fuerza pública sobre lo sucedido durante el conflicto armado, alegando motivos de seguridad nacional. Recientemente se ha pretendido acudir a la “magistratura de opinión” para anticipar condenas sobre reclutamiento de menores de edad con el fin de singularizar a las guerrillas de las FARC como los centrales responsables de las atrocidades cometidas por todos los actores del conflicto armado.

La verdad debe ser plural y reflejar los sucesos que comprometen la responsabilidad de todos los involucrados, incluidos los terceros comparecientes voluntarios, los paramilitares, los miembros de la fuerza pública, los agentes civiles del Estado y, desde luego, las Farc. Una verdad parcial, que apunte a la responsabilidad de una sola de las partes, no producirá la reconciliación y reducción de la violencia como instrumento político que busca el sistema integral de justicia transicional del acuerdo de paz. Ahora la guerra parecería ser una confrontación mediática por verdades parciales que puedan servir las finalidades de una facción, en desmedro de la verdad completa que merecen las víctimas de todos los actores armados y la sociedad en su conjunto.

Con seguridad, la CEV estará estudiando las sustanciosas sentencias de Justicia y Paz que condenan a Mancuso, Jorge 40 y otros comandantes de las AUC y que dieron lugar a 16.980 compulsas de copias a la Fiscalía General. De esas, solamente 2.574 están en investigación: 830 de agentes del Estado, 488 de miembros de la fuerza pública y 1.256 civiles. Muchos de ellos han solicitado ingreso a la JEP de manera voluntaria, para obtener beneficios a cambio de aportar verdad.

Es esa verdad completa, de las Farc, de los agentes civiles y uniformados del Estado y de los terceros patrocinadores y financiadores de los paramilitares, la que permitirá desarticular la máquina de reproducción de despojo de tierras, corrupción electoral y favorecimiento de actividades ilegales, por parte de actores ilegales y también legales, que sigue su curso. Solo con la verdad plural y completa se logrará consolidar el tránsito hacia la paz.

Bogotá, D. C, 4 de agosto de 2020

*Exalcaldesa de Bogotá, Exministra de Trabajo

Por Guillermo García Realpe*.- En abril de 2020 la actual dirección del Instituto Colombiano Agropecuario, emprendió una gran cruzada con la intención de tercerizar varios servicios de los que actualmente presta esa entidad y se valió del Acuerdo 002 para tal fin. 

Desde el momento en que se conoció tal documento, todas las alarmas se prendieron, toda vez que la tercerización, conllevaría de paso a la privatización del instituto más importante en materia de control sanitario y fitosanitario del país. 

A pesar de la fuerte oposición de muchos sectores, el proceso continuo a tal punto que se volvió una seria amenaza para los campesinos, los productores y en general los usuarios del ICA que serían sometidos a acceder a los mismos servicios, pero a través de unos particulares que asumirían esas funciones en un proceso de tercerización. 

Surgieron muchos interrogantes, muchas preocupaciones alrededor de este acuerdo y cómo no sí en su artículo tercero se promulga básicamente la sesión y el objeto misional del ICA. El tema de control y vigilancia es muy complicado cederlo, no puede ceder el Estado las funciones fundamentales de sus entidades. Es inconstitucional reemplazar las funciones del ICA en unos gremios que son quienes finalmente están detrás de la tercerización de la entidad. 

Decir que no se privatiza, pero si se terceriza, es como cuando se entregaban los acueductos 20 o 30 años en operación a los privados. También el artículo 12 hace referencia a los costos de los usuarios, los terceros van a cobrar sus servicios y eso también es un mal mensaje, que el Estado colombiano aun tercerizando ciertas actividades se les cobre a los usuarios y menos en tiempos de pandemia con la actual situación crítica que ya todos conocemos. 

Otro de los muchos interrogantes que nos hacíamos es ¿qué ocurriría en una falla del tercero, quién responde; el tercero, el ICA o el Estado? De la misma forma si se terceriza, los particulares van a hacer jueces y actores, ellos mismos se van a controlar.  Otra seria preocupación era que también se pudiera presentar un desangre de planta de personal, es decir del recurso humano, bueno, de experiencia, capacitado, en fin, sería la segunda arremetida que tendría el ICA en materia laboral, ya la primera se realizó hace varios años y bajo la actual situación grave en materia laboral que vive el país por cuenta de la contingencia, no nos podemos dar el lujo de engrosar la cifra de desempleo nacional. 

Todas estas preocupaciones fueron llevadas al seno de la Comisión Quinta a un debate de control político citado por los catorce senadores que integramos esta célula legislativa, donde fueron citados el Ministro de Agricultura, Rodolfo Zea, la directora del ICA, Deyanira Barrero e invitada la Contraloría General de la República. 

Fue un debate amplio, con garantías donde se escucharon los diferentes planteamientos de las partes. Al final, el ministro le dio la buena noticia al país, manifestó que llevará al consejo directivo del ICA la proposición de derogatoria de este Acuerdo 002, muy inconveniente para el desarrollo agropecuario de Colombia. 

Hay que reconocer que el ministro asumió una posición muy consecuente con lo que le había planteado el país entero, los sectores campesinos, productivos, sectores congresionales, órganos de control como la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación, hubo un amplio consenso de la revocatoria de ese acuerdo. 

Ahora bien, lo que hay que hacer es poner todo el empeño y la voluntad política para centrarse en fortalecer el ICA, ante algunas de sus precariedades institucionales y científicas. Se debe robustecer también el Ministerio de Agricultura. 

En fin, tenemos toda nuestra disposición de apoyar las buenas iniciativas, de la misma forma el país cuenta con una muy buena herramienta como lo es la ley 1876 de 2018 que creó el Sistema de Innovación Agropecuaria, nuestro campo colombiano lo que hoy necesita de forma inmediata y urgente es que haya asistencia técnica, acceso a tecnología, innovación, que se extienda el servicio sin cobrarlo, que haya un acompañamiento en los procesos de producción, procesamiento, venta y mercadeo y se debe recuperar y proteger el aparato productivo y recuperar el empleo que se ha perdido a raíz de la pandemia. 

Ganamos el debate, ganó el campo, ganaron los productores de nuestro país y esa ya es una muy buena noticia para Colombia.

Bogotá 3 de agosto de 2020

*Senador Liberal

@GGarciaRealpe