Opinión

Por: José Félix Lafaurie Rivera*.- Regresaron las “movilizaciones” convertidas en orgías de violencia; volvió la zozobra y las dificultades para los más pobres; volvió la amenaza de Paro y destrucción económica, ya convocado por Petro, como si no tuviéramos suficiente con la pandemia; vuelve el caos como arma política.

El abuso de fuerza de dos policías contra un ciudadano fue un verdadero “papayaso” para los interesados en desestabilizar el país y resucitar como redentores. Su conducta fue desproporcionada y bárbara, y deberán responder individualmente a la justicia.

Pero…y qué de la conducta social, qué del linchamiento mediático de la Policía como institución, y del linchamiento físico, de la cacería de policías que también vimos en las redes; qué del vandalismo, que no solo desencadenó más muertes, sino un escenario de caos y destrucción. ¿Quién responde?

Quien debería hacerlo en Bogotá no lo hace. En agosto de 2019, Claudia López exclamaba ante los medios: ¡Yo voy a ser la jefa de la Policía, voy a coordinar la seguridad como principal prioridad!, pero olvidó esa promesa prioritaria y le escurrió el bulto a esa responsabilidad, a juzgar por las manifestaciones violentas de 2019, por la reaparición del vandalismo el 9 de septiembre y por sus propias declaraciones.

Claudia López ha demostrado ser todo, menos jefa de la Policía. En lugar de presidir la sala de crisis mientras la ciudad ardía, prefirió hacer una Mesa de DD HH y Convivencia para poner en la picota pública a la Policía Nacional.

En sus declaraciones ha sido instigadora: “Los invito a que nos movilicemos con indignación, pero no a la destrucción”, pero ella sabe que la movilización pacífica es el escenario para la infiltración del vandalismo, algo que también sabe el señor Petro, dedicado a hurgar en las heridas individuales para sacar la gente a las calles y, detrás de la gente…, los vándalos.

Ha sido evasiva de sus responsabilidades. La jefa de la Policía no le puede exigir a la Policía que pida perdón, si ella misma no lo hace. ¡Es la jefa! Es evasivo sumarse a la corriente y pedirles -qué digo-, exigirles al presidente y al Congreso una reforma estructural de la Policía. Eso es lo que todos pedimos, pero no la respuesta de la directa responsable del orden público en la ciudad. Es populismo barato que la jefa pida una Policía “desarmada” en una ciudad violenta y armada hasta los dientes por las mafias.

También devino en criminalista y directora de Medicina Legal, pues sin pruebas de balística ni dictámenes forenses, sentenció, pública y sumariamente, que todas las heridas y muertes fueron causadas por la Policía Metropolitana, cuerpo del cual ella es ¡la jefa! No se trata de encubrir a la Policía, pero tampoco de negarle la presunción de inocencia, sobre todo cuando los macabros videos mostraron vándalos armados.

Su sesgo ideológico le cierra un ojo y le impide la objetividad. Los vecinos de Villa Luz en Bogotá estaban asustados en sus casas; no salieron a destruir su propio barrio. ¿Quién lo hizo? Los mismos que destruyeron CAIS, quemaron buses y robaron donde pudieron; los mismos que, a la misma hora y de la misma forma, atacaron en otros barrios de la ciudad.

Es algo orquestado; una clara estrategia: Invitar a movilizaciones pacíficas, como la alcaldesa ¡en plena pandemia!, infiltrar vándalos y, luego, justificar la violencia como respuesta indignada y espontánea de las gentes de bien, algo a lo que se suman con mucho de cinismo y poco de objetividad algunos medios, voceros del “centrosantismo” que, mientras tanto, como Petro, sonríen mirando con codicia hacia 2022.

Bogotá, D. C, 13 de septiembre de 2020

*Presidente de FEDEGAN

@jflafaurie

Por José G. Hernández*.- De conformidad con el artículo 20 de la Carta Política, se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, así como la de informar y recibir información veraz e imparcial.

La Corte Constitucional ha subrayado, respecto a la libertad de expresión, que implica la plena posibilidad de asumir posiciones críticas en los asuntos objeto del interés colectivo. Agrega que “es inalienable la libertad que tiene cada uno de manifestar sin coacciones ni temores su personal opinión -favorable o desfavorable- sobre la manera como se conducen los destinos comunes y acerca de la aceptación o rechazo que, en su criterio, merecen los responsables de esa conducción. Ello representa, además, para los individuos, una forma de participar en las decisiones que los afectan, garantizada en el artículo 2 de la Carta Política”. (Sentencia SU-667/98).

Para la Corte, “el ordenamiento jurídico al estudiar y proteger integralmente a la persona, debe asegurar las actividades más intrínsecas de ésta como el pensamiento entendido como la facultad que tiene el humano de producir ideas, darles un orden, asociarlas a conceptos, circunstancias, cosas o sujetos”. (Sentencia T-244/18).

En cuanto al derecho a la información, enseña la jurisprudencia constitucional que es "de doble vía, en cuanto no está contemplado, ni en nuestra Constitución ni en ordenamiento ni declaración alguna, como la sola posibilidad de emitir informaciones, sino que se extiende necesariamente al receptor de las informaciones y, más aún, las normas constitucionales tienden a calificar cuáles son las condiciones en que el sujeto pasivo tiene derecho a recibir las informaciones que le son enviadas. No siendo un derecho en un solo y exclusivo sentido, la confluencia de las dos vertientes, la procedente de quien emite informaciones y la alusiva a quien las recibe, cuyo derecho es tan valioso como el de aquél, se constituyen en el verdadero concepto del derecho a la información”. (Sentencia T-512/92).

Son derechos fundamentales en una democracia, garantizados en la Constitución y en los Tratados Internacionales, pero son derechos diferentes. El uno asegura que toda persona pueda manifestar con entera libertad -de forma y contenido- su pensamiento, opiniones, críticas, conceptos, enfoques en torno a lo que acontece; sobre las más variadas situaciones, decisiones y políticas, o acerca de todo aquello que quiera mirar desde su propia e inalienable perspectiva. El otro alude a la presentación, objetiva e imparcial, completa, ante el público y con estricta fidelidad, de informaciones, noticias, datos, hechos; de lo que sucede, se conoce o se descubre; sobre los acontecimientos, su devenir y su desarrollo y seguimiento.

Una cosa es opinar y otra informar. A diferencia de una práctica que se ha venido observando en algunos medios -en perjuicio de los sujetos pasivos de la información, que deben recibirla imparcial y objetiva-, no se deben confundir. Ni es correcto manipular o tergiversar la información en beneficio de las propias opiniones o intereses políticos o de cualquiera otra índole.

Si la información objetiva y cierta es un derecho básico, resulta indebido encapsular en ella el querer, los objetivos o la posición política del informante.

Bogotá, D. C, 12 de septiembre de 2020

*Expresidente de la Corte Constitucional 

Por Jairo Gómez*.- Explotó la olla de presión social. Estaba al límite. Sólo necesitaba de un motivo para que detonara toda esa ira represada por culpa de la crisis social y económica que evidenció la pandemia y hoy la está haciendo mucho más crítica.

Sí, el asesinato del abogado Javier Ordoñez hizo que la furia contenida impulsara a los ciudadanos a la calle a protestar, no sólo por el abuso de la policía, sino por el desasosiego que está provocando en cada uno de los colombianos la incertidumbre de un futuro exiguo en oportunidades, un crecimiento vertiginoso del desempleo y una economía diseñada para forzar la ruina de la gente, el medio ambiente y nuestra seguridad.

Un muerto provocó la llamada primavera árabe (2012 a 2015) y en muchos países se desprendieron manifestaciones exigiendo reformas sociales y políticas. En unos se lograron, en otros no. Colombia no es la excepción. Es claro que la Policía, también el Ejército, la Armada y la FAC, es decir toda la Fuerza Pública, requiere de una gran reforma constitucional e institucional, pero la sociedad reclama enmiendas esenciales en la justicia, la política y, básicamente, en el armazón económico y social. No más corrupción, por favor.

Pero no. Siempre nos quedamos en la anécdota, en los propósitos y se aplazan esos necesarios cambios. Nos asaltan estas movilizaciones y la reacción inmediata es hablar de la coyuntura. Esa es la imperecedera narrativa. Ahora queremos ahogar el verdadero clamor de la gente en la reforma a la Policía (hago este paréntesis para hablar de la Policía y la coyuntura, pero ya regreso al punto central). Claro, se trata de una entidad podrida, desde su generalato hasta sus bases policiales. Dirán que no es bueno generalizar y seguramente es cierto, pero los indicios indican que ya no son unas manzanas podridas, es el árbol completo el que hiede a corrupción y desgobierno.

Mientras el centelleante Ministro de Defensa busca la fiebre en las sábanas para desviar responsabilidades, nos revela, como gran cosa, que las redes sociales fueron las culpables de la movilización de este miércoles. Descubrió que el agua moja. Claro ministro, por fortuna existen las redes de lo contrario usted, sus policías y los Medios de Comunicación convencionales hubieran seguido manipulando el asesinato del Abogado para mostrárnoslo como un “procedimiento policial”.

Por su parte, la alcaldesa Claudia López, llama a la movilización pacífica. “La violencia -argumenta- trae más violencia”. Sin embargo, el miércoles era un muerto y el jueves se elevó a siete ciudadanos que perdieron la vida a manos de la policía. Se comprobó que hubo uso indiscriminado de armas de fuego por parte de los uniformados, dijo la alcaldesa. Es verdad, la violencia genera más violencia; pero pretender quedarse en el fútil argumento de que la solución está en reformar la policía es optar por la política del avestruz. ¿No cree la alcaldesa, por ejemplo, que los 370 millones de dólares que el gobierno Duque decidió entregarle a la extranjera Avianca, pudo haber desencadenado, también, en esta ira acumulada de los impotentes ciudadanos?

Y entonces aquí, vuelvo al punto central, el de fondo. El que va más allá de la muerte del Abogado. El que está llevando a los colombianos a vivir en la ruina, en la desesperanza. Cómo así que el Gobierno Duque y su flamante Ministro de Hacienda nos hablan de 117 billones de pesos para solucionar la crisis de la pandemia y nunca nos dijeron a los colombianos, los directos aportantes de esos dineros, de qué rubros del presupuesto nacional salieron. ¿Cómo se los han gastado? ¿En dónde los invirtieron y a quiénes favorecieron? Todo es una opacidad absoluta.

El resultado es: más desempleo, el 25%. Cientos de miles de pequeñas y medinas empresas quebradas. El comercio en la bancarrota. Y nuestros campesinos desplazados de sus tierras viviendo su propia suerte a manos de grupos armados ilegales. Mientras tanto, los terratenientes (azucareros, palmeros, ganaderos, incluso narcotraficantes) disfrutan de protección oficial. Las poderosas organizaciones como El GEA (Grupo Empresarial Antioqueño), Sarmiento Ángulo, Ardila Lulle, Santo Domingo, gozan de buena salud. Son y serán los grandes beneficiarios de la pandemia. En cambio, en la otra orilla, la de los colombianos de a pie, los que sin duda pagaremos la crisis del coronavirus; esos sin futuro a corto y mediano plazo predestinados a una vida desastrosa, que lleven del bulto. El hambre y la miseria, serán su común denominador.

Todo lo anteriormente descrito, no lo duden, está detrás de las movilizaciones del miércoles. Vaticino que esto será una espiral incontenible de protestas. La gente se mamó del miedo y el autoritarismo implantado por la pandemia. La calle recobrará su protagonismo y con ello, seguro, habrá más represión, más muertos y, lo digo con certeza, amenazarán a los ciudadanos con más recortes a las libertades individuales o con un balazo cuyo costo sale de nuestros propios bolsillos. No se puede esperar otra cosa, ese es el talante (dictador) de este frívolo mocoso que nos gobierna.

Bogotá, D. C, 11 de septiembre de 2020

*Periodista. Analista Político

@jairotevi

Por Víctor G Ricardo*.- En días recientes ha habido mucha especulación mediática respecto de la potencial adquisición de la empresa qué le presta el servicio de Energía a casi toda la costa de nuestro país. El intento del Gobierno por recuperar la calidad y procurar la continuidad de dicho servicio inició hace ya varios años con la noticia de su intervención, así como la posterior noticia del litigio al respecto, que retumbó tanto en España como en Colombia (domicilio de la casa matriz -Gas Natural Fenosa SdG, ahora reconocida como Naturgy, y de Electricaribe S.A. E.S.P., respectivamente) y hoy en día, no sabemos, si encontrará su solución.

En los medios es evidente que múltiples alcaldes están en desacuerdo con dicha prestación. Incluso recientemente mencionaban estar en contra de que estas empresas sean vendidas a nuevos operadores como EPM y EnerPereira y considerar más conveniente que sea el Gobierno quien continúe con la operación de dichas empresas.

En otras publicaciones, se cuestiona el interés de los potenciales inversionistas en recibir dichas empresas y en algunos otros incluso se habla, que el Gobierno está regalando las mismas o pagando billones para que estos las reciban. En Medellín, la idea que EPM reciba una empresa llena de problemas como Electricaribe, le provoca nauseas a muchos, no se si por la operación en sí, por la falta de fe en que EPM pueda sacar este negocio adelante o por el miedo a que los recursos de este departamento se vean afectados por las inversiones que serán necesarias para solucionar los defectos de dicho negocio y sacar adelante una empresa como Electricaribe.

Ahora bien, ¿qué tanto de todo esto es cierto? Definitivamente, no parece ser una coincidencia la cantidad de noticias adversas a esta operación. Para nadie es un secreto que Electricaribe enfrenta grandes retos y bastantes adversarios a su operación. Pero, ¿por qué no podremos los Colombianos confiar en que las cosas se manejan con la transparencia y el cuidado que requiere el deber constitucional del Estado de impedir que el servicio en la costa continúe su deterioro?

Hace algunos meses incluso, vimos congresistas publicar críticas respecto de la operación que adelanta el gobierno nacional y la agente interventora de esta empresa. No corresponde a líderes políticos o representantes de la ciudadanía especular respecto de temas tan sensibles para la sostenibilidad de nuestro país como lo es este. Es deber de los órganos de vigilancia, revisar las operaciones que se adelantan y confirmar que las mismas velen por el mejor interés de la sociedad y del país. Por mi parte, confío en que las actuaciones que se adelantan no buscan llenar los bolsillos de unos pocos sino garantizar un músculo financiero para que millones de colombianos puedan disfrutar de un derecho fundamental y de un servicio público tan esencial como lo es la electricidad y la energía en general.

Lo peor sería que continuáramos teniendo una empresa que si no se moderniza y maneja con eficiencia y transparencia, lo que pronto podría ocurrir es que la oscuridad le llegue a muchos compatriotas.  

Bogotá D. C, 8 de septiembre de 2020

*Excomisionado de Paz.

Por Juan Camilo Restrepo*.- Hace pocos días La Patria de Manizales me invitó a un chat virtual con el gobernador y otros dirigentes del departamento de Caldas. El objetivo era recoger opiniones sobre lo que debería hacerse para ayudar a la reconstrucción del tejido económico y laboral del departamento, gravemente golpeado por la pandemia.

Mi recomendación fue sencilla: es tal la multitud de ayudas, de créditos, de subsidios y de apoyos que el gobierno o las agencias especializadas han ido anunciando a cuentagotas por estos días, que un departamento como Caldas debería organizar una secretaria especializada o adecuar alguna de las existentes, única y exclusivamente dedicada a llevar el inventario de las ayudas ofrecidas. Y servir, así como puente informativo para direccionar hacia las empresas, comerciantes y agricultores de la región esas ayudas. Apoyándose naturalmente en los municipios del departamento.

Vale la pena recordar que en España el gobierno de Madrid ha resuelto apoyarse en los miles de ayuntamientos, o sea, municipios que allí existen, para informar a la España profunda sobre la panoplia de apoyos y ayudas que se han arbitrado desde Madrid. Se busca así llenar el vacío informativo que existe sobre el sinnúmero de apoyos que se han dispuesto por el gobierno central. De la misma manera que se habla de un bache digital entre el centro y las regiones, podemos afirmar que existe un bache informativo entre el centro y la periferia. No todas las empresas que ameritan ayudas tienen la capacidad de Avianca para gestionar auxilios.

El diagnóstico que se hizo en España fue el de que una gran parte de las ayudas dispuestas por el gobierno o por las instituciones de crédito de carácter central no fluían aguas abajo, simplemente porque lo decidido en la cúspide no lo conocían las bases.

Algo por el estilo sucede en Colombia. Basta escuchar el programa televisivo presidencial de las seis de la tarde para darse cuenta de la cantidad de anuncios y ofertas que cada día hace el gobierno de Bogotá para los damnificados por la pandemia. La pregunta, sin embargo, es: ¿Cuántas de estas ayudas efectivamente son conocidas y aprovechadas por las comunidades regionales? ¿Cuántos de estos potenciales beneficiarios de la catarata de créditos subsidiados, de apoyos al empleo, de líneas de crédito garantizadas por el fondo de garantías, etc., etc., están desperdiciándose simple y llanamente por falta de información? No es una mera casualidad que un gran porcentaje de los cupos del fondo nacional de garantías se hayan quedado sin utilizar en esta emergencia.

En Colombia no tenemos un sistema centralizado para consultar todas las ayudas que se han dispuesto para los desvalidos de la pandemia, como existe en otros países. Juan Carlos Echeverri hizo recientemente un valioso ejercicio, sumando acá y restando allá, tratando de poner junta la información hoy dispersa de que se dispone. Y logró así dibujar un interesante mapa regional de las ayudas. Mostrando algunas protuberantes incongruencias entre pobreza y ayudas. Cosa que debía ser posible consultar fácilmente si existiera una página web oficial bien diseñada, como existe en Nueva Zelandia.

Afortunadamente para Caldas y para los demás departamentos del eje cafetero, la caficultura ha sido una de las actividades menos golpeadas por la pandemia. La cosecha se ha podido recolectar normalmente, ha salido una cosecha abundante, y los precios internacionales han sido aceptables. La caficultura -por primera vez en décadas- ha podido sortear una emergencia sin una crisis mayúscula.

Naturalmente, la gran recuperación del tejido social y empresarial la veremos cuando la apertura de la actividad económica que se ha anunciado para la primera semana de septiembre en todo el país arranque. Romper prudentemente las cadenas de la cerrazón a la que estuvo sometida la economía nacional por más de cinco   meses es la clave para iniciar el arduo y largo camino (pues no será corto) de la recuperación económica.

Mientras tanto hay que aprovechar al máximo el abanico de ayuda y subsidios que se han venido organizando. Y para eso, las gobernaciones y los municipios, a través de secretarías especializadas, que puedan actuar como correas de transmisión informativa hacia los potenciales beneficiarios, juegan un papel invaluable. Este es el típico asunto que no se puede dejar solamente al cuidado de las autoridades bogotanas o de las entidades con domicilio principal en la capital. Hay que “platanizar” como decía Mario Gómez Estrada este mosaico de ayudas para que las aprovechen las regiones. Donde finalmente están sus destinatarios principales.

Bogotá, D. C, 7 de septiembre de 2020

*Abogado y Economista. Exministro de Estado.

Por Clara López Obregón*.- Warren Buffet, el multimillonario estadounidense que descubrió que su secretaria pagaba proporcionalmente más impuestos que él, afirmó en 2006: "Hay guerra de clases… pero es mi clase, la clase rica, la que está haciendo la guerra, y estamos ganando". Al escucharlo, el escritor Ben Stein le alertó que cuando alguien habla así lo acusan de estar fomentando la lucha de clases.

Traigo a colación esta referencia porque la revista SEMANA, en su edición 2000, hace un comentario que llama a la reflexión. Afirma que, a pesar de la violencia, la corrupción y el narcotráfico, Colombia ha logrado en los últimos 38 años un importante progreso en derechos y condiciones de vida sin recurrir a “costosas revoluciones”. Pero ¿no será que Colombia sí ha experimentado una revolución?

El año 1989, como bien lo recuerda María Elvira Samper, representó un punto de inflexión. Cuando asesinaron a Galán, en una entrevista con Ted Koppel en ABC Nite line, expresé que el magnicidio estaba dirigido a montar un narcoestado en Colombia. También fue el año de la caída del muro de Berlín y del Consenso de Washington. Lo primero inició el fin de la guerra fría y lo segundo dio comienzo a la globalización neoliberal de la mano del fundamentalismo del mercado y del desmonte de la función distributiva del estado.

Con la Constitución de 1991, Colombia enfrentó el reto del copamiento criminal de la política y facilitó el cambio del modelo económico. Fue una constitución ecléctica que le devolvió al país legitimidad y fe en sus instituciones políticas. El progresismo se sintió reivindicado con la carta de derechos, la tutela, la autonomía territorial y el reconocimiento de la diversidad, entre otros grandes avances, muchos de los cuales se reversaron o se quedaron en el papel.

Los emisarios del Consenso de Washington también sentaron sus reales con la cuota inicial del banco emisor limitado a controlar la inflación, el desmonte del Estado interventor, la apertura hacia la privatización de lo público y la pasmosa facilidad para reformar en adelante la constitución. Así, “pasito a pasito, muy suavecito”, se abrió paso la revolución que describió Warren Buffet.

Con la nueva constitución avanzó el desmonte de las agencias del Estado que servían al campo, la privatización de los servicios públicos y sociales, la reducción los derechos laborales, la desregulación financiera y la entrega del manejo del ahorro pensional a grandes consorcios privados. El sistema tributario perdió progresividad al reducirse la carga tributaria del capital y aumentarse el IVA para los demás.

Bajo el modelo neoliberal se registraron reducciones importantes en la pobreza que no se pueden soslayar, pero tampoco sobreestimar. De manera simultánea, mientras la población y el producto interno bruto (PIB) crecían, aunque a menor ritmo que durante el modelo anterior, se rebajó la participación del trabajo y aumentó la del capital en el ingreso nacional.

Fue creciendo un desequilibrio social inmenso que no se refleja en las encuestas de hogares porque no incorporan en sus muestras al uno por ciento más rico. Y lo más grave, se retiró al Estado del campo cuando arreciaba la violencia y crecían la insurgencia armada y el paramilitarismo, con su estela de desplazamiento forzado y despojo de tierras.

Desde antes de la pandemia, ese modelo económico concentrador de riqueza mostraba señales de agotamiento. Las movilizaciones sociales y la pandemia dejaron al desnudo las falencias del mercado a ultranza, el Estado mínimo y la privatización de la salud. Se hacen indispensables cambios estructurales que introduzcan equidad social y sostenibilidad ambiental. En lo político, urge separar el dinero de las elecciones para que la concentración de poder económico no sea tan determinante en las decisiones distributivas de la sociedad.

Quienes con su lenguaje polarizante han logrado capturar el pensamiento de un sector importante de la sociedad, promueven el miedo al cambio y el odio por quienes lo impulsan. Pero la economía y la política pueden dar otra vez un vuelco como en 1989-91. Colombia vivió una revolución y está preparada para otra. Hoy el cambio estructural en democracia no solo es posible sino deseable.

Bogotá, 8 de septiembre de 2020

*Exalcaldesa de Bogotá, Ex ministra de Trabajo

Por Guillermo García Realpe* –. Un nuevo intento del partido de gobierno por instaurar en Colombia la nefasta técnica del fracking, fue derrotada por las mayorías de la plenaria del Senado durante la discusión del proyecto de ley 200/2020 el cual regula y organiza el Sistema General de Regalías. 

El senado le dijo no al fracking como técnica de explotación y de petróleo y gas, es un triunfo de los colombianos que abogamos por la vida, por la naturaleza para hoy y, sobre todo para las próximas generaciones. 

El artículo 210, el último de esa iniciativa abría la puerta para que nuestro país iniciará ese proceso. Era un artículo que tenía observaciones legales y constitucionales, pues no conformaba unidad de materia con lo que se aprobó del proyecto en su conjunto con el nuevo Sistema General de Regalías que fundamentalmente es un proyecto de distribución de recursos, de compensaciones especialmente ambientales hacia las entidades territoriales. Este tiene que ver prácticamente con la autorización de un esquema técnico agresivo de explotación de hidrocarburos en Colombia que hoy lo tiene en análisis muy serio toda la institucionalidad administrativa y de justicia en el país. 

En primer lugar, la Corte Constitucional ha establecido seis pasos para que en Colombia empiece a operar el fracking o el fracturamiento de rocas o explotación de yacimientos no convencionales. Esos seis puntos no se han cumplido aún. El Consejo de Estado ha suspendido decretos que pretendieron regular algunas iniciativas ilegales en materia de explotaciones de petróleos e hidrocarburos con este sistema y por otro lado se esta en el esquema de impulso de los proyectos pilotos de investigación integral, etapa que no se ha agotado, la esta impulsando a disgusto de muchos colombianos, pero en esa tarea esta. Por otro lado, no se ha pronunciado la Agencia Nacional de Licencias Ambientales -ANLA-, y otras autoridades administrativas en esta temática. 

Aquí estamos avanzando en autorizar temas de regalías en un método que en Colombia aún no es legal y que no ha surtido todos los trámites y más grave aún que le está haciendo reducción en los niveles de cobros de regalías a un sistema técnico agresivo con la naturaleza, el medio ambiente, la vida y la salud de las comunidades en las regiones donde se pretende instaurar. ¿Cómo es posible que un esquema absolutamente más agresivo con la naturaleza vaya a pagar menos en regalías? eso es un contrasentido, por eso nosotros y muchos sectores en el Congreso de la República votamos en contra de ese artículo. 

Ahora, el siguiente paso será la conciliación del texto con Cámara y llegar a consensos definidos en puntos tan complejos como el establecido en el suprimido artículo 210 el cual mantenía y extendía beneficios tributarios al fracking en Colombia. Se espera que en los próximos días se surta este proceso y haya una votación definitiva al informe que entreguen los conciliadores. 

Sea como sea, éste es un importante precedente y un mensaje poderoso que da el Senado a los ciudadanos y al país en general. Nosotros como defensores de la vida, del agua, de la naturaleza, de los ecosistemas, seguiremos atentos a defender nuestro medio ambiente, necesitamos hacer la transición hacia una sociedad conservacionista y no depredadora con la naturaleza, necesitamos valorar, proteger y cuidar todo aquello que simbolice vida y oponernos a las amenazas que el fracking representa para nuestro país. 

Es momento de que Colombia empiece la transición a las energías renovables, a energías limpias y no mantenga su apuesta en esa economía fósil representada en el petróleo, el carbón, el gas y otros combustibles, que van en declive y que en caso de permanecer puede acabar con la vida misma. Por eso, centraremos todos nuestros esfuerzos para que Colombia haga el tránsito de esa economía fósil; tan nociva, hacia una economía de energías limpias, donde este la agroindustria, la fibra óptica y donde se tenga en cuenta por supuesto su matriz energética. Hacia allá tenemos que ir y no dar un salto al vacío insistiendo en una práctica que lo único que dejara es un desastre ambiental de enormes proporciones en muchas regiones del país. 

De nosotros depende seguir por la senda de una sociedad depredadora o dar un giro de 360 grados y convertirnos en una sociedad conservacionista y en #PazConLaNaturaleza. 

Bogotá, D. C, 7 de septiembre de 2020

*Senador Liberal

@GGarciaRealpe

Por Mauricio Cabrera Galvis*.- Ante el anuncio del gobierno de que otorgará un crédito a Avianca hasta por USD 370 millones, se ha generado una enorme controversia en la que creo que se deben diferenciar cuatro preguntas: ¿Por qué se debe rescatar a Avianca? ¿Por qué un crédito y no una capitalización? ¿Por qué no se hace lo mismo con otras empresas?, y ¿cuáles son los términos y condiciones del crédito?.

Mi opinión sobre las dos primeras preguntas la escribí hace cuatro meses en varios medios. Decía, y sigo creyendo, que había que evitar la quiebra y desaparición de Avianca y las demás aerolíneas que facilitan la movilidad en este país con montañas y túneles unidireccionales, pero sin tren. Decía también que lo que había que rescatar era a la empresa y sus puestos de trabajo y no a sus dueños, y que la forma para hacerlo era capitalizándola y diluyendo a sus actuales accionistas, por supuesto dándoles la posibilidad de que recompren sus acciones.

En lo que respecta al apoyo oficial a otras empresas, no solo aerolíneas sino empresas estratégicas de todos los sectores, considero que es una responsabilidad que el gobierno tiene que asumir, aún usando créditos del Banco de la República como lo ha propuesto el presidente de la Andi. Más aún, al apoyar a Avianca el gobierno tiene la obligación de hacerlo con las demás para mostrar que no hay privilegios en el uso de los recursos públicos.

Dado que el gobierno optó por la modalidad del crédito y no de la capitalización, es indispensable que los términos y condiciones del mismo, sean muy bien definidos para evitar que haya subsidios injustificados y, sobretodo que se pierdan los recursos. Unas cuantas sugestiones para ese propósito.

Lo primero que debería exigir el gobierno es que Avianca vuelva a tener domicilio fiscal en Colombia. Es aceptable que sus propietarios sean extranjeros, pero no que se entreguen dineros del Estado colombiano a una empresa panameña, ni siquiera con el pretexto de que pagan muchos impuestos en Colombia, porque esos impuestos los pagan los usuarios y no la empresa.

En segundo lugar, está el tema del control de la empresa. Es práctica usual que cuando una empresa ha perdido buena parte de su patrimonio, los prestamistas se convierten en sus verdaderos dueños y toman asiento en la junta directiva para controlar el uso de los recursos aportados. También es usual que se exija a los dueños la pignoración de las acciones, como lo tuvo que hacer el señor Efromovich para recibir el préstamo de United Airlines. El gobierno colombiano no puede exigir menos.

Finalmente, las garantías. Suponiendo que se ofrece una excelente garantía real, hay una pregunta crucial, ¿Qué garantía hay de que se respeten esas garantías? (y valga la redundancia). La pregunta es relevante porque en el actual proceso de reestructuración, a los tenedores de bonos que tenían garantías reales, se las están quitando y convirtiendo su deuda en subordinada si no aceptan condonar el 80%.

Se ha dicho que el crédito del gobierno es privilegiado y tiene prelación sobre las deudas antiguas de Avianca. Es cierto, pero ¿cómo prevenir que si se vuelve a complicar la situación de la empresa y se hace necesaria otra reestructuración, ese crédito no pierda las garantías que hoy le ofrecen, y lo conviertan en deuda subordinada, o tenga que condonar una parte?

Cali, 6 de septiembre de 2020

*Filósofo y Economista. Consultor.

Por Amylkar D. Acosta M*.- El proyecto de Presupuesto para la vigencia de 2021 tiene un monto de $313.9 billones, un 15.5% mayor que los $271.7 billones del 2020. Pero, si descontamos el rubro correspondiente al servicio de la deuda ($75.9 billones), 6.7% del PIB, que es el que más crece (41.6%) y el que más pesa con el  24.1% de la totalidad de los recursos, el crecimiento del Presupuesto es de sólo 0.3 puntos porcentuales, al pasar del 20.7% del PIB al 21% (¡!). Esa preponderancia del servicio de la deuda la justifica el Ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla diciendo que su monto y participación en el proyecto de presupuesto está “en consonancia con el perfil de vencimientos, la sustitución de pasivos por títulos de deuda pública y el mayor nivel de endeudamiento en el 2020”. Se refiere a las tan criticadas prácticas, alejadas de la ortodoxia fiscal, que han caracterizado la gestión fiscal del Ministro Carrasquilla de “recontratar” la deuda pública y de hacer pasar el gasto público por financiamiento para hurtarle el cuerpo a la Regla fiscal.

A ello se viene a sumar el hecho de que, en concepto del Observatorio Fiscal de la Universidad Pontificia Javeriana, “la falta de detalle parece ser la nota predominante en el proyecto de Presupuesto General para el próximo año. Este nivel de opacidad se asemeja mucho a la forma vaga en que se ha detallado la utilización –y en muchos casos, la fuente y el destino– de los recursos dispuestos para la atención de la emergencia provocada por la pandemia”.

Esos polvos tenían que traer estos lodos, el endeudamiento de la Nación es cada día mayor y el servicio de la deuda también. Como lo había sostenido ANIF antes de la pandemia, “la deuda del Gobierno Nacional Central, como porcentaje del PIB, “estará pasando del 44% en 2014 hacia el 54.2% del PIB en 2022 (o a niveles superiores), el tener en cuenta la emisión de TES para pagar deudas flotantes de la salud y de demandas a la Nación” incluso sin contar las novedades del Presupuesto del 2020.

La crisis de la pandemia sólo ha exacerbado esta acuciante realidad, la misma que condujo, antes de la pandemia, a la rebaja de la calificación de la deuda soberana de la Nación por parte de tres firmas calificadoras de riesgo, que está al borde de perder la calificación inversionista. Riesgo este inminente ante el sólo anuncio del Ministro carrasquilla de llevar la deuda hasta el 65.6% del PIB en 2020, así anuncie, pensando con el deseo, que a partir del 2022 empezaría a caer hasta el 53.5% al final del mandato del Presidente Iván Duque. Ya lo advirtió Fitch Ratings, según esta firma calificadora de riesgo, “las métricas soberanas de Colombia se han deteriorado aún más desde la rebaja de abril a BBB-”.

Es de destacar que rubros tan importantes como el de la agricultura, ciencia y tecnología, el Ministerio del trabajo, tan importantes de cara a la reactivación de la economía en la postpandemia tienen importantes recortes con respecto al Presupuesto de 2020, del orden de -7.7%, -30% y - 7.4%, respectivamente. Es muy llamativo que la reducción del 45% y el 14% de las partidas para la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) y para la Agencia Nacional de Tierras (ANT), respectivamente, no obstante que las mismas están en el corazón del Acuerdo Final con las FARC que el Estado debe honrar. Además, llama poderosamente la atención que el Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME) prácticamente desaparece, pues los recursos asignados al mismo caen el - 87.6%, al pasar de $25 billones a sólo $3.1 billones. Es como si se asumiera que el impacto de la pandemia y sus secuelas desaparecieran como por arte de birlibirloque el 31 de diciembre de este año. Según el Ministro Carrasquilla el choque de la pandemia “se irá mitigando en los próximos meses” y por ello “para 2021 se proyecta un retiro parcial y equilibrado de los mayores gastos incurridos en el presente año”.

Al determinar las fuentes de financiamiento quedan muchas dudas. Según estimativos del Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana, que dirige el investigador Luis Carlos Reyes, este proyecto de presupuesto está desfinanciado en $39.1 billones, aproximadamente. Según el Ministerio de Hacienda dicho hueco se cubriría apelando a la enajenación de activos por valor de $12 billones y los otros $27.1 provendrían de algo tan difuso como son los “otros recursos de capitales”, sin especificar cuáles. Aunque se plantea, como alternativa, la refinanciación de $22.2 billones, pagando deuda con más deuda, como se ha venido haciendo con la deuda por parte del Ministro Carrasquilla, haciendo pasar gasto por financiamiento, aún quedarían por cubrir $16.9 billones.

 Es muy importante señalar, hablando de los ingresos corrientes de la Nación (ICN), que se aspira a recaudar $152 billones, apenas $6 billones menos de lo que se esperaba recaudar en 2020 antes de la pandemia, sobreestimando el recaudo esperado. Como afirma José Ignacio López, Director de Investigaciones Económicas de Corficolombiana, desde el Marco Fiscal de Mediano Plazo se advertía que las cuentas lucían relativamente optimistas. Afirma él que “se espera un crecimiento importante de ingresos corrientes para una recuperación muy importante de la economía. Los ingresos tributarios crecerían 13% y eso nos parece ambicioso…pensamos que la recuperación será lenta”.

Además, en el  Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) se aprobó un déficit fiscal del - 8% compatible con una caída del PIB del - 5.5%, pero todo indica que va a estar más cerca de la previsión del Banco de la República que está en un rango entre - 10% y - 6%, con un escenario central del – 8.5% o de la del FMI de -7.8%. El Ministro Carrasquilla, con su optimismo panglosiano, aspira y espera un raudo y fuerte rebote del crecimiento de la economía en 2021  con un ritmo de 6.6%, estabilizándose en una tasa de crecimiento de 4.77% en los tres años subsiguientes. Sin embargo, para FEDESARROLLO “el panorama de crecimiento económico para 2020 – 2030 luce desalentador, con un ritmo proyectado de 2.5% anual”.

Cota, septiembre 2 de 2020

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Por José Félix Lafaurie Rivera*.- ¡En 1994!, ¡con autorización del INCORA!, Joaquín le vendió libremente su parcela a Víctor, otro campesino de Riosucio, Santander.

En 2011, ¡17 años después!, ya expedida la Ley 1448, Joaquín, que nunca se desplazó, decide que vendió presionado, se declara víctima, solicita restitución, el juez le da la razón y el pobre Víctor, ya anciano, que nunca lo amenazó y pagó lo pactado, 20 años después termina despojado por el Estado que autorizó el negocio.

Es una tragedia repetida, por cuenta de sentencias que convierten en “opositores” a campesinos “de buena fe” que les compraron a avivatos devenidos en “víctimas”, por una ley necesaria -siempre lo he dicho- frente al despojo de narcoterroristas de toda laya, pero con fisuras que la convirtieron, paradójicamente, en instrumento de despojo estatal.

No obstante, para Ariel Ávila, “pazólogo”, “violentólogo” y “tierrólogo” del “farcsantismo”, la cosa es al contrario; no existen terceros de buena fe, y Víctor es uno de esos perversos “civiles que se quedaron con la tierra despojada”, a quienes la senadora María Fernanda Cabal pretende beneficiar en un proyecto que “legaliza el despojo y deja desamparados a campesinos que fueron desarraigados”…, como el “pobre bandido Joaquín”.

Así lo afirma en su reciente líbelo -¿Quién despojó la tierra en Colombia?-, con mentiras basadas en un informe de “Forjando Futuros”, otra ONG como “PARES” y su antecesora “Arco Iris”, de Ávila y el exeleno León Valencia, y muchas otras que tuvieron con Santos ocho años de “vacas gordas”, ordeñando la cooperación internacional y los recursos de nuestros impuestos.

Ávila vive de “ordeñar” alimentando estigmas. Entre Petro y Santos le mantuvieron un promedio anual de 50 milloncitos en variados contratos durante 2013-2016, que incluyeron hasta la Policía Nacional y el ICBF. Entre 2014 y 2016, la Alcaldía de Santa Marta -Carlos Caicedo, actual gobernador- les ayudó a sus amigos de PARES con 1.300 millones. En 2018, “Judicial Watch”, fundación contra la corrupción en Estados Unidos, denunció que Nuevo Arco Iris, PARES y Las Dos Orillas, recibieron ¡al menos un millón de dólares! de USAID.

La fuente de Ávila, Forjando Futuros, se precia de haber recibido cooperación internacional por ¡5 millones de euros!, y recursos del estado colombiano por ¡9 millones de euros más!

Es la rentabilidad de la mentira: Que son 6,5 millones las hectáreas despojadas, cuando el mismo Santos se comprometió a restituir 2,4 que estimaban despojadas. Hoy, después de 10 años y un gasto presupuestal de más de dos billones, a julio 30 la URT reportó 382.755 hectáreas restituidas.

Que “las guerrillas” solo despojaron el 16% es otra mentira. El fiscal de la época tasaba su emporio terrateniente en billones y un informe de El Tiempo (2018), con cifras de la URT, afirmaba que “… el 44 % de los despojos, según lo nombran las víctimas en su declaración, los hizo la guerrilla de las Farc…”.

Ávila, PARES y Forjando Futuro son un botón de la muestra de ONG de izquierda dedicadas al ordeño de recursos. Platica mal gastada en estudios y mentiras, mientras se profundiza la pobreza, como hizo la reforma agraria durante décadas, pues el 54% de las restituciones tiene un área inferior a cinco hectáreas, es decir, pobres que lo seguirán siendo, detrás de los cuales no hay un paramilitar ni un guerrillero.

Más haría el Gobierno concentrando recursos para brindar verdaderas soluciones a quienes fueron despojados, excluyendo avivatos y dejando de “cebar” a quienes, montados a hombros de la tragedia humana, se dedican al ordeño infame de la ingenua cooperación internacional, y de los recursos escasos del presupuesto. ¡No más vagabundería!

Bogotá, D. C, 5 de septiembre de 2020

*Presidente de FEDEGAN

@jflafaurie