Opinión

Por José Felix  Lafaurie*.- El 2 de octubre de 2016 será recordado como el día en que la democracia fue asaltada en su esencia; el día en que el pueblo habló en las urnas, pero fue silenciado por la peor de las violencias, la que se ejerce desde el poder que ese mismo pueblo otorgó en esas mismas urnas de la democracia.

Cuando Santos se terció la banda presidencial en 2010, tenía claro que iba a negociar con las Farc, a “tramar” al país con “la paz” y a desdecirse de las posiciones que defendió como ministro de Defensa, para afirmar que el país no enfrentaba una amenaza narcoterrorista, sino un “conflicto interno”.

Tenía claro que iba a traicionar a sus electores, no por negociar, sino por el alcance de esas negociaciones, entre ¡iguales!, que no buscaban la reinserción al Estado de Derecho, sino su transformación a partir de las exigencias farianas, legitimando medio siglo de violencia con la impunidad de una justicia a la medida.

En 2014 no solo volvió a mentirle al país, pues hacía rato se había declarado enemigo de la reelección -después de la suya, claro-, sino que acudió a la trampa del hacker para sacar del camino a Óscar Iván Zuluaga, que lo superó en primera vuelta. Todo valía por “la paz”, para la que Santos se sentía “indispensable”.

A poco andar de su primer periodo iniciaron conversaciones “secretas”, que lo siguieron siendo, no porque se supiera o no de ellas, sino porque se adelantaron a espaldas del país y sin ningún tipo de participación ciudadana, aparte del show mediático para legitimar la Reforma Rural Integral, que desencadenó la persecución a FEDEGÁN, y de otros “espectáculos” con algunas víctimas ingenuas en favor del Acuerdo.

El plebiscito, que Santos convocó en un exceso de arrogancia, le fue adverso y, como era algo que no podía suceder, abrió un espacio dizque para buscar un consenso con los partidarios del NO triunfador, que fueron nuevamente traicionados con la introducción de cambios “cosméticos”¸ sin que se tocaran los temas innegociables para las Farc, comenzando por la impunidad total. Luego vendría la vergonzosa bendición de la Corte Constitucional, que selló la consumación del asalto a la democracia.

Cuatro años después, el centrosantismo y la izquierda, incluidos los nuevos parlamentarios, no elegidos sino impuestos por el Acuerdo -otro asalto a la democracia-, patalean ante un gobierno generoso que brega por cumplirlo en lo cumplible, mientras la negada amenaza narcoterrorista persiste, el campo está inundado de coca, las ciudades de la protesta permanente con que amenazó Petro, la paz estable y duradera nunca llegó y, en su reemplazo, nace una nueva Marquetalia liderada por el exjefe negociador, uniformada y armada en el vecindario, para apoyar a un nuevo sátrapa disfrazado de demócrata, mientras el país distrae la pandemia embobado con viejas telenovelas.

Bogotá, D. C,  4 de octubre de 2020

*Presidente de FEDEGAN

@jflafaurie

Por Gabriel Ortiz*.- La protesta puede desaparecer en Colombia, ante el desdén con el que el presidente Duque y su partido valoran la justicia. Desde el momento en que uno de los poderes empezó a investigar ciertas actuaciones de personajes allegados a esas toldas, se armaron verdaderos batallones de francotiradores que con sus “Esmad-escopetas 12” y demás armamento, quieren dejar coja nuestra democracia.

Una tutela, ese milagroso mecanismo que nació con la Constitución del 91, le aplicó valiente freno a las pretensiones del alto gobierno para impedir que la gente mirara las injusticias y atropellos. La soberbia, el orgullo y los humos enfurecen a los gobernantes, cuando la crítica los toca. Esa la razón para que sean tan fastidiosas las protestas.

La Corte Suprema de Justicia se atrevió a defender a una población que con paciencia ha soportado el maltrato y la discriminación. Por ello salió cartel en mano a las calles. Hubo desde luego, infiltrados de parte y parte, muertos, heridos, torturados y desaparecidos.

Esto elevó la arrogancia de los militantes de la mano firme y el corazón grande. El oído Jefe de Estado estuvo a punto de hacer explosión, ante las atronadoras consejas de sus más cercanos. La crisis no había llegado, hasta cuando se recibió en Casa de Nari, un fallo de la CSJ ordenando al Ministro de Defensa pedir perdón por los abusos y excesos de la fuerza de la policía en el paro nacional del 2019. El enfurecido funcionario, quiso burlar la orden y echó mano a una actuación similar de meses anteriores.

Duque respaldó a su ministro y lanzó una perentoria advertencia a la Corte advirtiendo que “los fallos se acatan -lo cual no había ocurrido- pero las fallas se discuten”. Quería así, eludir el mandato.

Curioso que un egresado de la Sergio Arboleda actúe de esta manera. Duque salió de la Escuela de Derecho que fundaron el doctor Rodrigo Noguera Laborde, exministro y catedrático de tantas universidades; Álvaro Gómez Hurtado, maestro como ninguno; Raimundo Emiliani, Álvaro Leyva y Gabriel Melo, grandes defensores de los derechos constitucionales. El educador de muchas generaciones se fijó la labor de rescatar el derecho y la jurisprudencia, que habían caído a las “facultades de garaje”. Él, con Gómez Hurtado, se dio a la tarea de formar juristas, profesionales cultos y humanistas, propósito que conserva el hijo del primero, Rodrigo Noguera, actual rector.

Parece que los propósitos de los insignes fundadores de la Sergio no han cobijado al egresado Iván Duque, quién desconoce hoy el respeto que un jurista de semejante centro debe profesar, defender y proyectar. Gran enseñanza habría entregado a su pueblo, con un simple gesto de respeto por la ley, la Corte y las tres ramas del poder que aún existen en Colombia. Señor Presidente: la ley es dura, pero es la ley.

BLANCO: Biden ganó. Trump estaba desconcertado, demacrado, desconcentrado y despistado. No le salió la burla.

NEGRO: Increíble que se haya recibido el “puente acordeón”. Que desastre.

Bogotá, D. C, 3 de octubre de 2020

*Exdirector del Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper.

Por Alonso Ojeda Awad*.- Es muy preocupante reconocerlo, la nuestra es una sociedad que marcha sin rumbo, al garete, en medio de una mar tempestuosa llena de opiniones contradictorias, cargadas de un profundo odio ancestral que se niega a sí misma la urgente necesidad de encontrar mínimos acuerdos antes de que sea demasiado tarde y que la presencia de múltiples escollos, peligrosos y desafiantes peñascos, no nos lleven inexorablemente a eclosiones definitivas.

La terrible pandemia del Covid-19 no ha hecho otra cosa que destapar nuestras profundas fallas que arrastramos como una sociedad feudal y mafiosa, donde la tierra solo sirve de engorde para los intereses de privilegiadas familias, negando la oportunidad suprema de la modernización a los centenares de campesinos que caminan como errantes por este su país. Un país lleno de alambre púas para proteger la improductiva tierra de los terratenientes, latifundistas y ganaderos, quienes no pagan ni siquiera el impuesto predial.

Por estas razones, las de no haber desarrollado correcta y armoniosamente el campo y mantenerlo bajo estructuras feudales, con relaciones de producción equivalentes a las del siervo y el señor feudal es la razón por la que el campo debe expulsar sistemáticamente una mano de obra mal paga y no reconocida, que llega a las ciudades a aumentar los grandes cordones de miseria y donde la posibilidad real de un trabajo honrado con salarios y prestaciones decentes es un imposible.

La situación del desempleo en las ciudades colombianas es realmente explosiva. Los alarmantes índices hablan por sí solos. En Cúcuta el índice de desempleo supera el 28%, lo mismo que en algunas ciudades del eje cafetero. Hay zonas en la costa caribe donde el desempleo es del 50% o más y ni que decir de la costa pacífica donde los niveles de hambre y miseria son alarmantes e inaceptables.

Frente a esta calamidad el gobierno de Duque solo atina a ofrecer, sin cumplir, planes de ayuda económica y financiación para microempresas que no dejan de ser mentiras camufladas de solidaridad. Es inmenso el número de colombianos que se cansaron de tocar las puertas de los bancos solicitando las ayudas económicas para superar las dificultades presentes y les ha tocado cerrar sus negocios, aumentar la fila de los perjudicados por la pandemia y por los incumplimientos del gobierno.

Y qué decir de la forma altanera y agresiva como se aplasta la constitucional protesta ciudadana, aprobada en la Carta Magna y hoy frente a las mortales agresiones de la policía. Es necesario que salga la Honorable Corte Suprema de Justicia a decirle al gobierno que la policía nacional debe respetar las manifestaciones públicas y más bien ayudar a que estas se desarrollen en un ambiente de respeto entre los participantes y la autoridad y no convertir estos espacios en francas contiendas callejeras.

La Honorable Corte ordenó al ministro de la Defensa Carlos Holmes Trujillo pedirle perdón a la sociedad colombiana por las muertes de civiles con armas oficiales, posición que el ministro Trujillo no ha cumplido y busca, sin razón, justificaciones jurídicas que no encontrará.

Para cerrar este desastre nacional las masacres se han recrudecido en forma impresionante en todo el territorio nacional sin que se vea el papel sancionatorio y de justicia que debe cumplir un Estado responsable y serio. Estamos frente un desgobierno que no ve y no acierta a corregir el rumbo equivocado en que está conduciendo a la nación colombiana.

Solo un esfuerzo unitario y verdaderamente democrático hará posible retornar por los caminos urgentes de la Paz y la reconciliación cumpliendo los honrosos Acuerdos de Paz que fueron firmados en La Habana, Cuba, contando con la solidaria presencia de la Comunidad Internacional y la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Bogotá, D. C, 3 de octubre de 2020

Exembajador de Colombia

Por Jairo Gómez*.- Sorprendieron los medios escritos en sus paginas internas con un aviso en el que dicen “Creemos en el periodismo” y, al mismo tiempo, se auto felicitan: “gracias, periodistas, por mantenernos bien informados”.

Auto lavándose su propia imagen proscriben una serie de palabras que van en contra, cree uno que es lo que quieren decir, del buen periodismo; y entonces, tachados los vocablos vetados, nos los enumeran: “falsedad, descontextualización, partidismo, intereses, imprecisión, condescendencia, intrusión, fuentes dudosas, desinformación, parcialidad, vaguedad, ambigüedad, mentiras y manipulación”.

Se presume que esa campaña tiene como objetivo atacar las redes sociales. También lo hacen en la Radio, en donde la propaganda que embiste contra la credibilidad de las redes de manera sistemática, se deja escuchar cada hora. Si ese es el sentido del aviso y la campaña radial, creo que perdieron la pelea. Demasiado tarde. Esa batalla está perdida. Los colombianos decidieron migrar a las redes sociales porque están convencidos de que los medios de comunicación obran y hacen todo eso que proscriben y pretenden rechazar. Ya no comen cuento, descubrieron que los medios son despóticos, sigilosos y arrogantes.

Ese ha sido el periodismo por veintitantos lustros en Colombia; no se puede tapar el sol con un dedo. Deliberadamente nos han falseado la realidad; descontextualizado nuestra propia historia; han sido partidistas a morir, sin sonrojarse; interesados hasta más no poder, su documento de identidad son sus dueños, y periodista que se salga del redil, se va; imprecisos hasta más no poder, pareciera que el objetivo es confundir; condescendientes ni se diga, solo vasta con escuchar o leer una entrevista; intrusos, ellos mismos, en el pensamiento independiente de las personas; no hablaría de fuentes dudosas, más bien de dudosas fuentes que buscan inclinar la balanza; desinformación a ultranza, a veces ni siquiera sutil, es descarada; parcialidad por doquier, en época electoral se exacerba; vaguedad en la información cuando esta no es conveniente, asunto casi cotidiano; la ambigüedad es consciente pues tiene que ver, obviamente, con sus propios intereses; mentiras, creo que la rectificación lo dice todo; y la manipulación, es, creo yo, la principal causa por la que la gente decidió buscar otros espacios de información.

No es auto lavándose la imagen como se le compite a las redes sociales, tampoco con avisos y sistemática propaganda radial para desprestigiarlas; por qué no hacer una auto crítica y preguntarse ¿qué están haciendo mal? ¿Por qué el lector, el radioescucha o televidente decidió buscar otras alternativas? ¿No se preguntan los medios de comunicación, por qué los potentes rating de sintonía en los espacios radiales y la televisión, se les derrumbaron? ¿Tampoco se preguntan sobre el contenido de sus noticias? ¿Cómo hacer más creíble ese contenido?

No se hace periodismo con rigor, se vende información y si es oficial mucho mejor. Las tales “Unidades de Investigación” son un chiste. En el caso de los noticieros de televisión, estos terminaron haciendo de las video-cámaras de seguridad una de sus principales fuentes de información para vender “carroña informativa”; pero además proveniente de dudosas fuentes de información que también tienen sus propios intereses. En el caso de los medios escritos se estrellaron con la nutrida presencia de portales de información alternativos que hoy son competencia directa y que publican lo que los medios tradicionales ignoran, no se sabe por qué.

No han querido entender que la tecnología cambió las correlaciones de fuerza y que llegó para quedarse más allá de las críticas que le hagan a las redes sociales.

Los medios de comunicación hoy enfrentan una crisis de credibilidad de primer orden, una de las más intensas e inestables, por ello acuden a esa campaña sucia para tratar de subsanar una catástrofe irreversible, pero, insisto, perdieron la batalla con la redes sociales. En contraste, los medios que le apuestan al periodismo independiente se ganan  un espacio creíble, incluso el apoyo en las mismas redes. Hacer buen periodismo tiene su recompensa y fortalece la democracia.

(Nota al margen, pero muy importante: ¿cuándo nos contarán, la Policía y el Ejército,  quiénes son los directores de medios de comunicación que hacen parte de la reserva de su estructura institucional?).

@jairotevi   

(Lead: Los colombianos… Ya no comen cuento, descubrieron que los medios son despóticos, sigilosos y arrogantes.)

Por Robinson Castillo*.- Digitalizar nuestra democracia es un proceso irreversible. Actualmente asistimos a las elecciones con normas del siglo pasado. Lo que se nos avecina es un reto sin precedentes, estaremos a un click del votante.

El primer obstáculo es la barrera cultural. La costumbre de la urna de cartón es más fuerte que el voto electrónico, las personas sienten confianza que fue una decisión muy personal y tienen la certeza que no se alterará. Es cuestión de tiempo la adopción virtual. Las democracias se basan en las elecciones.

El mecanismo mejorará la participación. Las experiencias en los países que se aplica este sistema, han dado resultados satisfactorios. Hay que poner la tecnología en el corazón de la democracia.

Más tecnología pero también más política. No todo puede quedarse en el estricto instrumento, es clave estimular la participación y modernizar una democracia encapsulada en el pasado.

En Colombia estamos con un rezago descomunal en materia de normas electorales. Las reglas de juego para todos los procesos de elección son del siglo pasado, específicamente de 1986. En ese año nos visitó el Papa Juan Pablo II, Argentina ganó el mundial de fútbol celebrado en México, el partido liberal retorna al poder con el triunfo de Virgilio Barco y al finalizar el 86 asesinaron al Director de El Espectador Guillermo Cano. Así de antiguo se encuentra nuestro vigente sistema electoral.

Vivimos en el mundo jurásico electoral. Y no es que seamos los más veloces para establecer reformas. Fue hasta el año 1990 cuando se introdujo la tarjeta para votar, que reemplazó las papeletas que tantas dudas generaron en la transparencia de los comicios. Pero si miramos el retrovisor, solo hasta 1957 fue posible que las mujeres votaran. ¡Qué machismo tan descarado!

Actualmente se tramita en el Congreso una reforma al Código Electoral. ¿Y qué es un Código? Viene del latín codex libro de leyes o principios; y el que está en discusión es de amplio apetito: 191 artículos. Pero muy necesario y urgente.

Dentro de los cambios que plantea el nuevo Código se destaca la forma de ejercer el derecho al voto. Y se mezclan nuevas modalidades: manual, electrónico mixto presencial, electrónico remoto y el anticipado. Así se pondría fin a la democracia pre histórica.

El factor tiempo también se toca. Aunque en muchas democracias hay variación de horarios para votar, en Colombia según la nueva reforma se extenderá una hora. Iremos de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Una hora más para reflexionar a quién le rayan la cara en el tarjetón o solo con un click.

Un gran defensor de esta modernización es el consultor español Antonio Sola, al considerar que este tipo de avances promueven una mayor participación ciudadana y devolverá a la gente la responsabilidad de gobernar. Y enfatiza que estos avances no se pueden detener, simplemente llegarán.

“Nuestros países empiezan a estar preparados para la democracia digital directa y, por ende, para el voto electrónico” nos comentó Antonio Sola para este artículo.

El desafío del Registrador Nacional Alexander Vega, el Consejo Nacional Electoral y por supuesto el Congreso de la República, es inmenso. Tienen una oportunidad única, la única oportunidad de mejorar la democracia. ¿Utopía o realidad? Ellos tienen la respuesta.

El colombiano sigue asistiendo a votar usando una tecnología inventada hace 400 años: la imprenta. Lo digital democratiza más la política. Hay que darle F5 de inmediato a las normas electorales.

No se trata de una misión espacial a Marte. La preocupación gira frente a varios intentos fallidos de reforma, pero llegó la hora de entregarle a la ciudadanía herramientas de hoy para elegir y no seguir eligiendo con instrumentos del pasado.

Hay que liquidar el pasado electoral. Entramos a la democracia digital o la democracia digital elegirá por nosotros.

La pregunta incómoda

¿Incumplió el ex pdte Santos su promesa de no meterse en política?

Bogotá, D. C, 1 de octubre de 2020

*Comunicador Social - Periodista.

Por José G. Hernández*.- Repitamos una vez más que son bases fundamentales del Estado Social y Democrático de Derecho -se supone que Colombia lo es- tanto la garantía de protección y efectividad de los derechos humanos como la separación de funciones entre las ramas y órganos del poder público y en particular el respeto a las decisiones judiciales. Los tres elementos que han sido objeto de consideración en el debate generado a raíz de acciones de tutela incoadas por varias personas y falladas por jueces y tribunales.

Como lo ha sostenido la Corte Constitucional (Sentencia SU-747 de 1998, entre otras), por una parte, “la actividad del Estado está regida por las normas jurídicas, es decir que se ciñe al derecho. La norma jurídica fundamental es la Constitución, lo cual implica que toda la actividad del Estado debe realizarse dentro del marco de la última. En esta situación se habla entonces de Estado constitucional de derecho”.

Por otro lado, es evidente que, además de la aplicación efectiva de los principios democráticos en el acceso y el ejercicio del poder, la organización estatal tiene por objeto primordial aquello que señala sin ambages el preámbulo constitucional: “…fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo”. En tal sentido, es primordial la función del Estado de observar y procurar la realización de los fundamentos del sistema jurídico (Art. 1 C.P.): el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. Y, claro está, la cristalización de fines esenciales del Estado (Art. 2 C.P.) tales como “…promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación”.

Eso implica que, tal como lo subraya también la Corte, “…la acción del Estado debe dirigirse a garantizarle a los asociados condiciones de vida dignas. (…) No se reduce a exigir de éste que no interfiera o recorte las libertades de las personas, sino que también exige que el mismo se ponga en movimiento para contrarrestar las desigualdades sociales existentes y para ofrecerle a todos las oportunidades necesarias para desarrollar sus aptitudes y para superar los apremios materiales”.

Más allá de discutir si el Gobierno está de acuerdo o no con decisiones judiciales que lo obligan a hacer o a dejar de hacer algo -pues, le agraden o no los dictados judiciales, debe cumplirlos de manera oportuna y real-, hemos de preguntarnos si en la época presente, visto cuanto de luctuoso e inhumano viene ocurriendo (masacres, exterminio de líderes sociales, muertes por coronavirus, pésima alimentación de los niños, corrupción, extralimitaciones en el uso de la fuerza, entre muchos males), nuestro Estado viene cumpliendo los mandatos constitucionales, y si es de verdad un Estado Social y Democrático de Derecho.

Bogotá, D. C, 1 de octubre de 2020

*Expresidente de la Corte Constitucional

Por Víctor G Ricardo*.- Estamos viviendo en Colombia una etapa bastante difícil, originada por varios puntos que de no resolverse, no sabemos con claridad cuál será nuestro próximo destino.

Empecemos por la pandemia, un hecho absolutamente imprevisible, que ha golpeado a la mayoría de los países del mundo y que no tendrá solución real, hasta tanto no se descubra la vacuna y más que se descubra ésta, que llegue el momento en que se pueda usar y aplicar a todas las personas de manera masiva en todos los países y continentes.

La pandemia en Colombia, a pesar de las medidas que ha tomado el gobierno tanto nacional como los gobiernos regionales, ha dejado, además de las pérdidas y afectaciones importantes en salud y vidas humanas, un número muy grande de empresas quebradas en las distintas áreas de la economía.    Los más afectados han sido los negocios del sector turístico y de entretenimiento como los hoteles, transportadores aéreos y terrestres, restaurantes y todas  aquellas actividades que se desarrollan como dependientes de este sector.   Pero más allá de estos sectores específicos, de manera generalizada muchas empresas han tenido que prescindir de sus empleados, en menor o mayor proporción, con la tristeza de perder talento muy valioso y personas que hacen la cultura, reflejan la misión y exitosamente dirigen la visión de sus negocios.  Como desenlace de esta situación, podemos observar que el desempleo que ha dejado la pandemia es de más de 5.000.000 de personas llegando las cifras generales de desempleo a un total de 15.000.000 de desocupados, cifra altamente alarmante.

En adición a lo anterior, la inseguridad que hoy se vive en la mayoría del territorio nacional es muy preocupante y en algunos casos angustiosa.  En este frente no solo se trata de un aumento de los delincuentes comunes fruto del desempleo, el hambre y la inmigración proveniente de países fronterizos con mayores dificultades, sino que también se trata de los grupos de alzados en armas tanto guerrilleros como los vinculados al narcotráfico, que en su afán de controlar zonas del territorio, han llegado  a presentar mayores delitos como las masacres de los últimos días.  Si a esta situación le añadimos las muertes que por errores de personas dependientes de la fuerza pública se han presentado y que han tenido como consecuencia la indignación de la opinión pública, el ambiente no podría ser peor.

Pero como si lo anterior fuera poco, resulta altamente preocupante que este escenario de contracción económica, desempleo, inseguridad  y errores de la fuerza pública, que ya de por sí constituyen los ingredientes de un coctel bastante peligroso, los mismos se empiezan a mezclar en un ambiente de polarización y ataque institucional sin precedentes.

En este contexto es inconcebible la actitud de autoridades como la Alcaldesa de Bogotá, que ha resuelto disparar desde adentro de la administración contra la policía, olvidando que es ella como Alcaldesa, según la norma constitucional, la jefe de policía de la capital de la república, motivando a la ciudadanía con su actitud y palabras, a las protesta donde se produjo la destrucción de más de 56 CAIS de la policía y el atraco y  saqueó de muchos locales comerciales. Si bien la policía necesita de una serie de reformas que se hacen necesarias a la mayor brevedad,  por la evolución y cambios que se han dado a través de los años, debe quedar muy claro que son las personas las que cometen errores, que son las personas las que deben recibir el castigo de la justicia  y que nuestras autoridades no pueden sobre la base de errores de ciertas personas afectar la institucionalidad que tanto requiere nuestro país.

Otro ejemplo de liderazgo inadecuado en contra de las políticas de Estado y el necesario fortalecimiento de nuestra institucionalidad lo vemos en materia de paz, donde el país sigue tratando el tema como una política de gobiernos de turno y no como una política de Estado, como debe ser.  En este tema ver como de una orilla ideológica a otra se usa la paz para fines politiqueros, o tener que registrar asesinatos de líderes sociales o de exguerrilleros que se acogieron al acuerdo de paz, o incluso presenciar como  en el marco de la justicia transicional los líderes de las FARC niegan que en sus filas guerrilleras tenían menores de edad, es un verdadero absurdo y es un insulto al país y a la comunidad internacional, que debilita fuertemente el acuerdo firmado y hace muy poco factible que se logre una paz sólida y duradera.

Como se observa no solo estamos ante retos inmensos en lo económico y social, sino igualmente enfrentamos un escenario de gran de inestabilidad política e institucional que exige una posición clara de nuestros líderes. Con tristeza lo que uno ve es que en la gran mayoría, por no decir que en todos los casos, hay una ausencia de liderazgo y no hay conexión con la ciudadanía ni los hechos que suceden.

Se hace urgente, si es que no queremos llegar pronto al fondo del abismo, un liderazgo para ponerle orden al descuadernamiento, como diría el doctor Carlos Lleras Restrepo, que estamos viviendo. El tiempo se nos está agotando y la velocidad de las protestas de inconformidad es mayor, la mayoría de las cuales se están manipulando con intereses políticos oscuros y sin ningún compromiso con la el futuro de nuestra patria.

Hoy lo que se necesita es la unión de todas las fuerzas tanto políticas como económicas del país y en especial de sus líderes, para hacerle frente a todas las dificultades que estamos viviendo incluidos el choque de trenes entre las ramas del poder público y los ataques contra la institucionalidad.

Bogotá, D. C, 29 de septiembre de 2020

*Excomisionado de Paz.

Por Juan Camilo Restrepo.- El Gobierno insiste en que está invirtiendo 11 puntos porcentuales del PIB en la lucha contra la pandemia y en ayudas a los sectores más golpeados por el coronavirus. O sea 11 billones de pesos. Si hemos de creerle, lo menos que se puede solicitar es que explique adecuadamente esa cifra. Y que, si se suman peras con manzanas para llegar a ese monto, se diga con claridad cuáles son peras y cuáles manzanas. Cosa que no se está haciendo.

Veamos. En primer lugar, nadie está publicando dentro del Gobierno una información consolidada sobre las inversiones y gastos de la pandemia. Debería hacerlo en Ministerio de Hacienda, como sucede en la contabilidad fiscal de otros países. Por el contrario: El presidente en el programa televisivo de las 6 pm, y los ministros y viceministros por su lado, anuncian a diario partidas y partiditas sectoriales. Con el loable propósito de apoyar la recuperación económica. Pero nadie está consolidando esos gastos que se notifican jubilosamente. Se informa profusamente sobre los árboles: pero nadie se está tomando el trabajo de medir el tamaño del bosque.

En segundo lugar, se anuncian cifras heterogéneas. Unas veces se trata de partidas presupuestales que se están ejecutando. En otras de meras apropiaciones que aún no se han comprometidas o que tienen financiamiento incierto. Parece que en ocasiones se suman las ayudas de liquidez del Banco de la República con los recursos del presupuesto nacional. A veces se habla de los gastos que se van a realizar en la vigencia presupuestal en curso, en otras las que tendrán lugar en vigencias futuras. No faltan ocasiones en que se revuelven cifras de meras contingencias (como cuendo se habla del potencial para otorgar respaldos a las empresas por el Fondo Nacional de Garantías gracias a las capitalizaciones que a este fondo se le han hecho) con las garantías efectivamente otorgadas. Y, en fin, se informa indistintamente de lo que se está gastando en la pandemia en términos de caja con lo que son meras expectativas de gasto que se pueden dar o no en el futuro. Un revoltillo total, en síntesis.

Hace poco se informó en la discusión del presupuesto del año entrante (cuyo debate debe concluirse antes del 20 de octubre), que además de las privatizaciones previstas para la vigencia del 2021 (bastante improbables por cierto de 12,5 billones) subsiste un déficit de financiación de las apropiaciones de $30 billones según cálculos de la Contraloría. ¿Cómo se va a atender ese déficit? Aunque durante las discusiones del presupuesto se han hecho algunos recortes a ciertas partidas del gasto (en especial el rubro del servicio de la deuda), el déficit sigue siendo muy grande. ¿Qué hacer? Probablemente habrá que recurrir a más endeudamiento, pues por el momento se ha descartado una reforma tributaria. O a congelaciones de los gastos previstas para la recuperación de la economía a lo largo del año entrante.

Y, nótese: un déficit de $30 billones es más del doble del valor que esgrimió el Gobierno en el 2019 para justificar su primera reforma tributaria, que luego se transformó en la ley de financiamiento empresarial. En las partidas de inversión del presupuesto del año entrante es donde deben aparecer buena parte de los gastos que el Gobierno se dispone a ejecutar para recuperar la economía. Sin embargo, una buena porción de esas autorizaciones de gasto está desfinanciada, o sea: tienen una ejecución incierta dentro del presupuesto.

Cifras van y cifras vienen frenéticamente. Uno no sabe realmente a qué atenerse. En el discurso del presidente de 20 de julio sobre los “cuatro compromisos por Colombia” se habló de que las inversiones para la recuperación económica serían de $100 billones. Ahora el viceministro Zarate sale a decirle a la revista Dinero que serán de $ 170 billones. ¿Al fin qué?

En conclusión: hace falta claridad y orden en las cifras fiscales del país. Se anuncian al menudeo muchos gastos. Pero a la hora de la verdad la información resulta fragmentada e incompleta. A veces parecería que está dirigida más a la galería que a otra cosa. Frecuentemente se suman peras con manzanas. Y, en todo caso, no se está informando bien sobre la panorámica general del gasto contra cíclico. Atiborrar con cifras dispersas todos los días a la opinión pública no es sinónimo de buena información.

Bogotá, D. C 29 de septiembre de 2020

*Abogado Y Economista. Exministro de Estado.

Por Amylkar Acosta*.- Mis palabras en la plenaria del Senado de la República, en 1998, al oponerme a la privatización de la prestación del servicio de energía en la región Caribe, afirmando que íbamos a salir de las llamas para caer en las brasas, resultaron premonitorias. 22 años después podemos decir que la calidad de la prestación de este servicio esencial por parte de Electricaribe no está mejor que cuando estuvo peor.

Electricaribe, con sus continuos y prolongados cortes de energía, muchas veces disfrazados con supuestos “mantenimientos”, que superaban las 90 horas/ año, el doble del promedio nacional de 45.5 horas/año, así como las recurrentes oscilaciones de voltaje con el consiguiente daño de los electrodomésticos, se convirtió en una pesadilla para sus resignados usuarios.

Como lo afirmó la Superintendencia al momento de proceder  a intervenirla el 14 de noviembre de 2016, “la toma de posesión de Electricaribe es una decisión proporcional a los hechos que le sirvieron de fundamento”. Y no era para menos. La intervención de Electricaribe por parte de la Superintendencia derivó en su liquidación y la apertura posteriormente de un proceso para el cambio de operador de red del mercado del Caribe, el cual terminó segmentándose en dos, Caribe Mar y Caribe Sol.

Electricaribe recibió una inyección mediante el Fondo empresarial de la Superintendencia de $5.4 billones. Esta cifra se desagrega de la siguiente manera: $4.1 billones para mantener su operación, $460.000 millones de garantías para respaldar la compra de la energía y créditos y $860.000 millones para invertir en la infraestructura en las redes de transmisión local y de distribución.

En el entretanto, se aprobó a través del Plan Nacional de Desarrollo un salvavidas para mantener a flote a la empresa y posibilitar la consecución de los dos nuevos operadores. Al tiempo que la Nación asumió el pasivo pensional y prestacional de $1.53 billones, se facultó al Gobierno Nacional “para establecer un régimen transitorio especial en materia tarifaria…con el fin de asegurar la prestación eficiente y sostenible del servicio”.

Las condiciones, entonces, estaban dadas para el relevo de Electricaribe como operador. El pasado 20 de marzo, como resultado de una subasta la Superintendencia de Servicios le adjudico el mercado de Caribe Mar a las Empresas públicas de Medellín, que comprende los departamentos de Bolívar, Córdoba, Sucre y Cesar y el de Caribe Sol, que comprende los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira al Consorcio Energía de la Costa.

Entre los compromisos adquiridos por los dos operadores está la inversión de $10 billones en los próximos 10 años para mejorar la calidad de la prestación del servicio. Se espera y se aspira que, ahora que se apaga Electricaribe y a partir del 1º de octubre los nuevos operadores asumen el control y la prestación del servicio, cese la horrible noche que hemos padecido sus usuarios y se le ponga coto a los abusos y atropellos de los cuales hemos sido objeto. ¡Que así sea!

Bogotá, D. C, 28 de septiembre de 2020

*Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía.

www.amylkaracosta.net

Por: Guilllermo García Realpe*.-Desde hace algunos meses hemos tenido dialogo con el ex ministro Eduardo Díaz Uribe, defensor de la vida en Colombia y particularmente en el Chocó y nos interesó a la bancada de liberales social demócratas sobre Tribugá, ese inmenso santuario de flora y de fauna que hoy abordaremos. 

Mucho se ha escuchado de una joya ambiental sobre el Chocó Pacífico y biodiverso llamada el Golfo de Tribugá, una región rodeada por miles de hectáreas de áreas protegidas, hábitat y refugio de peces, ballenas y otro tipo de fauna marítima y también en la zona territorial. Posee, además, miles de hectáreas de ocho especies de manglar, cientos de miles de hectáreas para alimentación de aves migratorias; por sí fuera poco, tiene un corredor enorme de migración de la ballena jorobada y el principal, es el lugar número 24 más biodiverso del mundo. A pesar de todo esto, sectores políticos y empresariales de algunas regiones insisten en avanzar en el proyecto de establecer allí un puerto. 

Los promotores de la idea, la Sociedad Arquímedes, afirma que su mega proyecto traduciría mejorar las condiciones de vida de los habitantes de Nuquí y zonas adyacentes, cuando esa misma realidad ya demostrada durante décadas en Buenaventura y Tumaco es todo lo contrario. Es decir, una teoría descabellada.

Instalar en esa zona del Pacífico otro puerto, pues no es conveniente, por razones ambientales, económicas y técnicas. El impacto ambiental seria de enormes proporciones, se pondrían en riesgo a por lo menos 1500 ballenas jorobadas que cada año transitan por este corredor marino, además acabarían con la mitad de los manglares que allí habitan, se afectarían directamente 114.438 hectáreas de zonas protegidas, en el área marina y el Parque Nacional Natural Utría, y se rompería la conectividad entre los ecosistemas marinos y costeros de la región. La construcción de la hoy inexistente carretera o vía férrea, necesaria para acceder al puerto, implicaría romper la conexión de la Serranía del Baudó y del Chocó biogeográfico uno de los “puntos calientes” de biodiversidad a nivel mundial. 

Y ni qué decir de los impactos económicos y socioculturales para las comunidades de la región. Actualmente en Tribugá tienen asiento más de 170 personas representadas en 30 familias del consejo comunitario y por lo menos 200 indígenas que llegaron desplazados de sus territorios y que dependen del ecoturismo comunitario, la pesca responsable y los servicios ambientales, entre otros. Poblaciones sumamente vulnerables. Desplazarlos nuevamente no sería la mejor solución. 

Nuestro país no necesita un nuevo puerto. Ya es suficiente con los que tenemos, basta con aplicarles una buena dosis de inversión para su modernización, incluso con menos recursos de los que valdría Tribugá tendríamos un puerto de Buenaventura repotencializado y mucho más competitivo. Ejecutar Tribugá costaría US$800 millones, mientras que dragar el puerto de Buenaventura costaría   US$258 millones, ¡ni la mitad de ese valor! ¿Ven la gran diferencia? 

Ahora bien, llegar a Tribugá desde Bogotá, Manizales, Pereira, Armenia y Cali es mucho más lejos que ir a Buenaventura. No olvidemos que lo que más perjudica la competitividad de Colombia en materia portuaria son los altos costos del transporte interno, que representan 36,6% del costo total. 

Necesitamos que el Gobierno le apueste al desarrollo de la infraestructura ya existente, por ejemplo, es  muy importante desarrollar a Buenaventura, la capacidad del puerto todavía no está copada, pero igualmente el Pacífico tiene un puerto con vías de acceso y hay que desarrollarlo más, como es el puerto de Tumaco, allá se requiere un desarrollo integral, en el tema de carga, de comercio internacional, en turismo y como puerto exportador o importador de combustible estratégico  que no lo tiene el pacífico colombiano y como puerto exportador de la producción cafetera del eje cafetero del sur de Colombia que es Cauca, Nariño, Huila y por supuesto la producción ganadera de la Amazonía colombiana. 

Sin embargo, parecen no desfallecer, pues el pasado 26 de agosto el Gobernador del Chocó convocó mediante Decreto 0201 a sesiones extraordinarias de la Asamblea Departamental e incluyó un proyecto de Ordenanza, que tiene como objetivo declarar el Puerto de Tribugá y su infraestructura conexa como Obra de Utilidad Pública e Interés Social. Consideramos que esta declaratoria es inconveniente tanto para las comunidades como para el país, ya que supone la legalización de relaciones de expropiación, enajenación y dominación abiertamente inconstitucionales. 

No es aceptable que, a través de procesos administrativos, se violenten los derechos de propiedad colectiva que a ese territorio tienen las comunidades afrocolombianas e indígenas. Como tampoco es sensato que se quebranten los derechos a la cultura, a la participación y la jurisdicción propia que le asisten a las comunidades del territorio. 

Exhortamos al Gobierno Nacional, a la Gobernación del Chocó y a las entidades competentes a que, en lugar de promover iniciativas que van en contravía de los derechos colectivos de las comunidades de la zona y  de la riqueza ambiental y la biodiversidad del país,  promuevan la inversión y el fortalecimiento del modelo de desarrollo propio de las comunidades, basado en la pesca artesanal responsable, el ecoturismo, la agricultura, la protección del medioambiente, la preservación de saberes tradicionales, las áreas protegidas, entre otros. Este es un modelo que las comunidades vienen consolidando desde hace décadas y que apunta a la sostenibilidad del territorio y sus recursos. Más bien el gobierno regional debe hacer inversiones en bienes básicos que habilitan derechos de los ciudadanos, la paz y convivencia del territorio, la región y el departamento como salud, educación, energía eléctrica, agua potable y saneamiento básico, comunicaciones, todos tan precarios en una región tan rica como el Chocó. 

Asimismo, nos sumamos a las voces que invitan al Gobierno Nacional, a la Procuraduría General de la Nación, a la Contraloría General de la República y a las autoridades competentes revisar montos y destino de los aportes que diferentes entes territoriales han realizado a la Sociedad Arquímedes, promotora de este mega proyecto. 

Bogotá, D. C, 28 de septiembre de 2020

*Senador Liberal

@GGarciaRealpe