Opinión

Por: Víctor G Ricardo*.- Estamos ante unas elecciones decisivas, pues: (i) la crisis sanitaria y económica no tiene precedentes; (ii) Estados Unidos es un país fuertemente polarizado e incluso muchos analistas dicen que está al borde del abismo; y (iii) los principios y valores fundamentales de la vida norteamericana (democracia, separación de poderes, entre otros) están en tela de juicio.

El reciente nombramiento de la jueza del Supremo es un ejemplo ya que la marcará el devenir de la justicia en las próximas décadas (son puestos vitalicios). Además, es llamativo que hemos llegado a esta situación sin que exista una amenaza externa (aunque se intenta echar la culpa de todos los males a China).

Estas elecciones se han convertido en un referéndum sobre la gestión de Trump. No es una contienda electoral normal entre dos candidatos.

La sorpresa de la elección de Trump en 2016 hizo que todo el mundo sea cauteloso a pesar de que las encuestas reflejen una amplia mayoría que apoya a Biden. Lo importante es llegar a los 270 votos electorales. Hoy, Biden tiene una ventaja significativa en Wisconsin, Michigan y Pennsylvania, los estados que le dieron la victoria a Trump en 2016. Será decisivo lo que ocurra en Texas, Ohio, Georgia y Florida. Por su parte, para Trump poder ganar, no puede perder ninguno de estos Estados por lo que el 3 de noviembre habrá que estar muy pendientes de lo que ocurre, sobre todo en la Florida, pues si Trump pierde allí, prácticamente ya no tendría nada que hacer.

El 3 de noviembre además habrá que ser muy cauteloso por la importancia que tiene en esta elección el voto por correo porque (i) se estima que el 70% del voto por correo es demócrata; (ii) en muchos Estados se tardará en contar dichos votos; y (iii) esta modalidad de voto es la más susceptible de ser anulada por defectos formales. Algunas estimaciones dicen que hasta 1 millón de votos por correo pueden ser anulados, lo que sin duda afectará el conteo final.

Los medios de comunicación tienen un papel esencial el día de las elecciones. Deben ser prudentes en la gestión de la información y en el anuncio de los resultados. Los datos iniciales pueden inducir a error.Lo normal es que esos datos iniciales den la victoria a Trump pero hay que saber esperar a tener datos suficientes.

Todo apunta a una victoria demócrata en el Senado, por lo que los republicanos perderían la cámara alta. Una Administración Biden con un Senado demócrata haría, sin duda, las cosas más fáciles a la hora de aprobar diferentes temas.

En cuanto a América Latina: la campaña ha estado centrada en cuestiones de política interior aunque también ha habido referencias a la política exterior. Se espera, en general, un cambio de tono en las relaciones con terceros países, un retorno al multilateralismo, fortalecimiento de la relación transatlántica. Si gana Biden, se espera un tono más respetuoso en las relaciones con la región. EEUU acogerá en 2021 la Cumbre de las Américas que será una buena oportunidad para demostrar ese cambio. Este, se notará en especial en las relaciones con México y América Central. No se esperan grandes cambios en cuanto a Venezuela o Cuba y mucho menos en Nicaragua. Sin embargo, si se estima que habrá más oportunidad para la negociación en el caso de Venezuela, quizás a través de la utilización de sanciones como herramienta para conseguir fines políticos (como liberación de presos políticos o el calendario electoral).

Por nuestra parte, Colombia es un aliado estratégico de EEUU, y la política de EEUU hacia Colombia cuenta con el apoyo de los 2 partidos. Ahora bien, seguramente cambiará el tono si gana Biden ya que Trump estuvo siempre muy centrado en temas de seguridad, narcotráfico y erradicación de cultivos. El apoyo económico a Colombia continuará siendo una pieza fundamental de la relación (programa America Crece por ejemplo). Por el lado comercial y en relación con la inversión, si gana Biden y los demócratas se hacen con el Senado será más fácil aprobar ayudas a Colombia. Se espera que el senador Menendez se convierta en presidente de la comisión de relaciones Exteriores del Senado; él conoce muy bien a Colombia. Por otro lado existe un buen entendimiento del Presidente Trump con el Presidente Duque, pero sin duda Duque sabrá hacerse amigo de Biden.

Biden tiene más afinidad con la región que Trump, la conoce mejor y refleja mayor interés. No olvidemos que Biden fue uno de los líderes en la construcción del plan Colombia en su calidad de Vicepresidente de los Estados Unidos. Así mismo, se espera que la candidata a la Vicepresidencia, Kamala Harris asuma el protagonismo en América Latina, como hiciera Biden durante su época como Vicepresidente.

Todo vendrá marcado por la recuperación económica en la etapa post covid y los paquetes de ayuda que se den a América Latina como región más fuertemente golpeada.

Ya veremos qué sucede el 3 de noviembre.

Bogotá, D. C, 29 de octubre de 2020

*Excomisionado de Paz.

Por Clara López Obregón*.- El país y el mundo tienen dos caminos para afrontar la crisis económica que la pandemia aceleró y profundizó. Seguir como veníamos o dar el viraje para afrontar los acuciantes problemas de la crisis climática, la desigualdad y el peligroso avance del autoritarismo democrático, una contradicción de términos, pero que está en pleno desarrollo. Un documento de política pública para la reactivación recientemente colgado para comentarios en la página web del Departamento Nacional de Planeación (DNP), luego descolgado ante la imprudencia de hacerlo la víspera de las movilizaciones sociales de esta semana, y nuevamente colgado, pero censurado, abre el debate de cómo y para quién son esas políticas.

El borrador inicial centraba la reactivación en la reducción de costos laborales, tributarios y regulatorios de las empresas cuando el problema central no es de oferta sino de demanda. La mampara, como de costumbre, son las pymes y famiempresas informales que no producen suficiente para asegurar un salario formal a sus gestores. Estas pertenecen a la economía de subsistencia que merecería tratamiento preferencial para salir del círculo vicioso de la baja productividad y pobreza.

Pero la gran empresa formal está en otro estadio y es aquí donde debe analizarse con detenimiento la llamada reducción de costos que no es otra cosa que el aumento de utilidades privadas a costas del trabajo y del Estado. Ello se logra por vía de la reducción de garantías laborales y cargas impositivas que están en plena capacidad de pagar como lo atestiguan los registros de utilidades antes, durante y después de la pandemia.

La llamada flexibilización laboral y la reducción de impuestos son las directas responsables de la creciente concentración de ingresos y riqueza que esa sí, frena la innovación, la competencia y la productividad. Tan grande es la riqueza acumulada en la cúspide que el presidente de la ANDI, en representación de los “cacaos”, ofreció al gobierno sufragar seis meses adicionales del bono solidario que a la postre no concretó.

Lo más problemático es que la agenda de precarización laboral que traía el documento del DNP es la misma que presentó el Consejo Nacional Gremial en la reunión en que ofrecieron al candidato Duque su respaldo para la segunda vuelta presidencial. Fue esta la primera vez que los gremios, supuestamente apolíticos, pues reúnen afiliados de todas las parcialidades y partidos, se pronunciaron por una sola opción. La sutileza consiste en que esta asociación gremial que reúne al grueso de los gremios del país tomó partido de manera institucional y viene reclamando y obteniendo del gobierno un tratamiento privilegiado para sus intereses, incluso más allá de lo planteado públicamente.

Es el caso del decreto 1174 de 2020, mal denominado “piso de protección social” que autoriza un remedo de contrato laboral a tiempo parcial por debajo del salario mínimo y sin prestaciones sociales. Estas quedan a cargo del Estado y del propio asalariado precarizado a quien con ingresos sub mínimos se le exigirá ahorrar para un retiro misérrimo. Un estudio de la fundación canadiense Cuso International alerta que se trata del llamado “contrato cero”. Es el mismo aplicado por la gigante minorista Walmart en EE. UU. para explotar a su fuerza laboral con horarios aleatorios, pago por horas y exigencia fáctica de estar disponible tiempo completo. Los empresarios formales se beneficiarán con una reducción del 35% de los costos laborales del trabajo no calificado, monto que pasará del bolsillo débil al fuerte.

El nuevo borrador del documento del DNP ya no trae las propuestas de precarización laboral. Se remite a las recomendaciones de la Misión de Empleo que todavía no ha entregado sus conclusiones, pero que desde ya el gobierno dice compartir. La administración Duque pretende camuflar las indicaciones de los gremios bajo el manto de la supuesta neutralidad técnica de los expertos. El diálogo social se vuelve nugatorio pues ya no es tripartita sino de dos contra uno, gobierno y empresarios coaligados contra el trabajo. No se pueden aceptar decisiones desatinadas del gobierno en interés de la concentración del capital que conduce a tal concentración del poder político que se configura una democracia autoritaria.

Bogotá, D. C, 28 de octubre de 2020

*Exalcaldesa de Bogotá y Exministra de Trabajo

Por: Guillermo García Realpe* . - El pasado jueves 22 de octubre será una fecha que, para la democracia, para el país y para la política tendrá su significación. Será un testimonio de la actitud inescrupulosa de una mayoría en el Senado de la República que no les importó atropellar ni la ley, ni la Constitución y tampoco, los principios y la ética pública. 

Había una sesión de dos hechos de control político, uno convocado por el senador Roy Barreras, entorno a la gestión del Ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo, sobre temas de seguridad nacional, orden público y asuntos de esa cartera. Y había una segunda parte de la sesión que tenía que ver con la moción de censura convocada por el senador Jorge Enrique Robledo y un número plural de más de diez senadores, con el objeto de evaluar lo relacionado con la presencia de tropas extranjeras, tropas de los Estados Unidos en Colombia sin la respectiva autorización contemplada en el artículo 173 de la Constitución política, que establece que el Senado de la República y el Consejo de Estado son las instituciones competentes para autorizar al ejecutivo el permiso de ingreso y tránsito de tropas extranjeras en el país. 

Se cumplió el primer acápite de esta sesión, con una intervención brillante, magistral, que felicitamos y reconocimos del senador Roy Barreras, quien preparó con mucha información, con mucho fundamento y un profundo análisis sobre la ineficiencia del Ministerio de la Defensa, del mismo ministro y de la conducción de la fuerza pública en el país. Muchos hechos documentados, con testimonios, vídeos y otro tipo de pruebas muy graves, sobre, por ejemplo, la muerte del cooperante italiano ocurrida en San Vicente del Caguán, en el Caquetá, que tiene claras muestras de haber sido asesinado por haber documentado en fechas anteriores lo relacionado con el bombardeo en zonas del Caquetá y Meta donde murieron varios niños y que ocasionó el retiro del anterior Ministro de Defensa, Guillermo Botero. 

También hechos delicados como la ocurrencia de más de 173 masacres entre el año 2019 y lo que va del 2020 y en las cuales han muerto muchos niños, muchos jóvenes, muchos estudiantes a manos de grupos armados ilegales, a manos de organizaciones oscuras ante la pérdida del territorio que prácticamente ha condenado a las regiones a este estado de cosas sin que el Ministerio de la Defensa asuma la conducción responsable y eficiente de la fuerza pública. Razón tienen las encuestadoras cuando muestran que en la opinión nacional ya no tienen la favorabilidad, ni la Policía, ni el Ejército por estos resultados y no es responsabilidad de una tropa, es responsabilidad de la conducción del gobierno nacional, en cabeza del Ministro de Defensa, quien es el responsable político- administrativo, no podrá ser responsable penal, pero tiene que responderle al país por todo lo que viene ocurriendo. 

Y de la misma manera hay muchos otros hechos, además de las masacres, entre ellas, la de los ocho jóvenes estudiantes en el municipio de Samaniego, Nariño, Leiva también en Nariño, de los estudiantes que caen a manos de movimientos armados ilegales que han ensangrentado nuestros departamentos de Nariño, el Cauca y otras regiones de Colombia como los Montes de María, el Catatumbo, el bajo Cauca antioqueño, etc, sin que exista por parte del gobierno y de las instituciones de control, prácticamente respuestas. Simplemente se obtienen manifestaciones, anuncios, comunicados, pero no resultados. 

Hubo un ataque bastante agresivo contra Roy Barreras y contra quienes convocamos este debate que lo hicimos con argumentos, solo se recibió de la bancada de gobierno, insultos, descalificaciones, agresiones personales, especialmente al senador Roy Barreras, pero ni respuestas de la bancada de gobierno, ni tampoco del ministro de Defensa, que no dio respuesta concreta a los hechos. 

Hasta ahí las cosas iban bien, no para el gobierno, sino para la institucionalidad porque venía llevándose bien la sesión en su primera parte como ya la hemos descrito, pero cuando iba darse paso a la segunda parte del debate con la moción de censura por los hechos de la presencia de tropas extranjeras, senadores del Centro Democrático y de los partidos aliados al gobierno sacaron una proposición en la cual daban el paz y salvo de una buena gestión del ministro de la Defensa, pero también manifestando que por fallo de una tutela por parte del Consejo de Estado ya no se requería el control político de moción de censura sobre el tema de la presencia de tropas extranjeras, algo traído de los cabellos, sin ningún fundamento formal de ese criterio y menos en fundamento legal y constitucional. 

La moción, estaba aprobada formalmente por parte del Senado como lo establecen los mecanismos de control político y de garantías del derecho de la oposición, ya se había convocado el debate y con la firma del número de senadores establecidos en la ley y en la Constitución, con ellos tenía que llevarse a cabo la segunda parte de la sesión. 

¿Qué pasó? De manera irreglamentaria, inescrupulosa, atropellando, 58 senadores manifestaron que no debía adelantarse el debate de moción censura, algo absolutamente irreglamentario, que raya con un comportamiento, además de inescrupuloso, indecoroso, antiético en la función pública, conlleva responsabilidades disciplinarias y penales porque se ha configurado con ello, un posible prevaricato, abuso de autoridad y abuso de función pública por parte de los 58 senadores y que prácticamente la información por parte de otros colegas que, van a recibir la respectiva denuncia, demanda penal ante la Corte Suprema de Justicia para que respondan por este hecho absolutamente ilegal y violatorio de los principios de la democracia en nuestro país. 

No hay respeto, se trata de una manifestación de dictadura, promovida desde el gobierno y con el aval de 58 senadores que tendrán que responderle no solamente a la Corte Suprema de Justicia, sino al país. No puede haber en Colombia ese tipo de comportamientos, mucho se ha criticado en nuestro país el “castrochavismo”, la dictadura de Venezuela, el comportamiento de los parlamentarios en ese caso de los diputados, pero acá en Colombia están haciendo algo similar de lo que se hace en Venezuela, donde se atropella a la oposición y aquí está haciéndose algo igual o peor. 

Esto será un grave antecedente para la democracia colombiana y qué nos esperará si eso lo hace el gobierno con el acompañamiento de las mayorías en el Senado de la República. ¿Qué nos esperará a los colombianos? creemos que vendrán días más graves para el país en materia de política y de democracia, estemos preparados.

Bogotá, D. C, 27 de octubre de 2020

* Senador Liberal

@GGarciaRealpe

Por Mauricio Cabrera Galvis*. - El contundente triunfo electoral en Bolivia del candidato del Movimiento al Socialismo (MAS) demuestra una vez más la vigencia y popularidad de los programas de la izquierda democrática en América Latina, máxime cuando este triunfo se dio contra toda la maquinaria de un gobierno de extrema derecha que se tomó el poder por un golpe de estado y usó todos los medios, hasta los legales, para tratar de mantenerlo.

El triunfador fue Luis Arce, quien fuera el ministro de Hacienda durante casi todos los tres períodos de Evo Morales y se considera como el arquitecto del milagro económico boliviano. Con el 52,5% de los votos derrotó en primera vuelta a los dos candidatos de la derecha, mayoría absoluta que confirmó que el triunfo de Evo en las elecciones del año pasado no había sido resultado de un fraude como quiso hacer creer el desprestigiado señor Almagro, secretario de la OEA.

No hay duda de que el apoyo popular al partido socialista, que se mantiene mayoritario después de 15 años de la primera victoria de Evo, se debe a los excelentes resultados de su gobierno. Bolivia fue el país latinoamericano que logró mayores avances económicos y sociales en lo corrido del siglo.

Según los datos de la Cepal, la población en situación de pobreza se redujo del 66,6% al 35,1%, mientras que la disminución de la pobreza absoluta fue aún mayor: del 45,5% al 14,7%. Como consecuencia, Bolivia dejó de ser el país más desigual de la región y el índice de Gini bajó de 61.2 a 43.8.

Contradiciendo la tesis neoliberal de que es necesario crecer la torta primero para luego repartirla, estos impresionantes logros en la mejora de la calidad de vida de los más pobres no afectaron el crecimiento económico, ni espantaron a los inversionistas. Por el contrario, el PIB boliviano pasó de 9.000 a 40.000 millones de dólares y no solo no hubo fuga de capitales sino que la inversión extranjera volvió a ser positiva y la tasa de cambio se revaluó de 8 a 7 pesos bolivianos.

En el 2005 tuve la oportunidad de participar en una misión de las Naciones Unidas en Bolivia para asesorar en el diseño de las políticas económicas primero a los candidatos y, después de las elecciones, al gobierno recién elegido del MAS. Las perspectivas eran pesimistas, pues como el país había aplicado sin éxito todas recetas neoliberales del Consenso de Washington, el crecimiento estaba estancado y la pobreza seguía creciendo.

Elemento clave del cambio de rumbo fue la decisión de Evo de nacionalizar los hidrocarburos, medida que adoptó el 1 de mayo de 2006 para sorpresa de todos, incluso de la misión de la ONU que en ese momento estábamos en La Paz. Con la recuperación del gas, que estaba siendo exportado por las multinacionales a precios irrisorios, el gobierno tuvo los recursos para adelantar sus ambiciosas reformas sociales.

Cuando a Evo le preguntaron si pensaba implantar el socialismo en Bolivia respondió así: “Si socialismo significa una vida mejor, con igualdad y justicia, y que no tendremos problemas sociales y económicos, entonces es bienvenido”. Eso no es el fantasma del castrochavismo con el que quieren asustarnos para el 2022, ni es copiar el modelo venezolano que quebró ese país. Es el liberalismo social demócrata que necesitamos en Colombia para que todos vivan mejor.

Bogotá, D. C, 25 de octubre de 2020

*Filósofo y Economista. Consultor.

Por Juan Camilo Restrepo*. - Lo que sucedió la semana pasada con el borrador del documento Conpes, que planteaba una serie de propuestas para flexibilizar el mercado laboral, es a la vez patético y aleccionador.

Patético, pues es difícil recordar en la picaresca administrativa del país un episodio tan lamentable. Planeación Nacional prepara y divulga un documento muy completo sobre las medidas que deberían tomarse para reactivar el crecimiento y el empleo que, como sabemos, van a quedar destrozados con la pandemia. Y es Planeación misma la que lo divulga profusamente entre los medios.

El documento tenía un capítulo muy serio sobre las medidas que se deben adoptar con relación a uno de los temas más cruciales: la flexibilización del mercado laboral. Por diversas razones, los costos que acarrea la generación de un nuevo puesto de trabajo en Colombia son de los más altos de la región. Y cuando vayamos a rescatar de las cenizas el mercado laboral destrozado que nos dejará la pandemia, éste, sin lugar a duda, será uno de capítulos obligados que tendremos que enfrentar. En cierta manera las propuestas de Planeación que aparecían en este borrador del documento Conpes constituían la primera cuota de la tan esperada reforma laboral.

Pues bien: a las pocas horas de haber sido divulgado el documento aparecieron las primeras críticas. No hay propuesta sobre temas de fondo que no suscite aplausos y reproches en una sociedad conflictiva como la nuestra. Y ante estos primeros fogonazos, Planeación Nacional procedió temblorosa a retirar los trozos conflictivos del documento. Aduciendo que no lo había leído aún el Presidente ni el gabinete, que apenas era un borrador, que solo era para recoger opiniones del público, etc. Es decir, se asustó con la piel del tigre que ni siquiera habían matado aún.

El episodio también es aleccionador. Una entidad tan importante como Planeación no puede salir a decir que cuando hace una propuesta no es la voz del Gobierno la que habla. Ni puede tampoco, al primer gruñido, salir corriendo y no enfrentar el debate. Los temas se aclimatan es con la discusión pública: no con el silencio. En este caso, se trataba de un asunto que resulta fundamental para el futuro del mercado laboral del país: ¿Cómo es que vamos a bajar los costos astronómicos que tiene la generación de empleo en Colombia?

Lo más grave de este episodio de polichinela es que quizás se haya malogrado antes de empezar la posibilidad de iniciar el gran debate de la reforma laboral que espera el país. No va a ser fácil retomar el tema luego de esta salida temerosa de Planeación Nacional. A la cual, no es difícil adivinar, le debieron jalar las orejas desde la Casa de Nariño. El capítulo de la flexibilización laboral hacía parte de un documento más amplio del Conpes dedicado a recapitular todas las políticas que se pondrán en marcha para recuperar la economía. Pero parece que fue tal el regaño presidencial que el capítulo de flexibilización laboral corrieron a sacarlo del documento que estaba colgado en la página web de Planeación.

Pues tal es el estilo presidencial. Cualquier acción de política pública que genera puntos de vista encontrados, que no satisfaga a todo el mundo, prefiere esquivarla en vez de afrontarla. Olvidando que el oficio de gobernar es imposible ejercerlo bien si se pretende darle gusto a todo el mundo.

Este episodio del malogrado documento Conpes hace parte de la tradición de las iniciativas gubernamentales que, una vez hechas públicas, se desmontan desde la casa presidencial con un trino o con un regaño. Recordemos que esto mismo le pasó al ministro de Hacienda con algunas de sus iniciativas tributarias concernientes al IVA. Lo cual, además, trasluce grave descoordinación al interior del Gobierno.

Por último, este episodio demuestra también por qué no vamos a tener reformas estructurales en lo que queda de este Gobierno: si no se atreven a frentear temas delicados como los que implican reformas de suyo difíciles como la fiscal, la pensional, la de temas laborales (a la que se refería el reversazo de Planeación Nacional), es obvio que todos estos asuntos quedarán para el próximo gobierno. O sea, para dentro de tres o cuatro años.

Abdón Espinosa Valderrama solía decir a sus colaboradores: “no olviden que gobernar es apurar”. Sabio consejo que hemos ignorado por completo.

Bogotá, D. E, 25 de octubre de 2020

*Abogado y Economista. Exministro de Estado.

Por Amylkar D. Acosta M *. - Según el economista Jefe del BID Eric Parrado, “Latinoamérica se ha vuelto el epicentro de la pandemia y al mismo tiempo registra el impacto más profundo en términos de actividad económica. Las proyecciones de pérdida de ingresos y empleo en 2020 superan a las de los países desarrollados, Asia emergente y África Subsahariana. En ambos frentes hemos tenido los mayores problemas”. 

Y, como lo afirmó recientemente el Presidente de la ANDI Bruce Mac Master que “los efectos que tuvo la cuarentena sobre Colombia fueron significativamente mayores que en otros países en términos económicos” y añadiría yo que en términos sociales también.

Como lo advierte el profesor de Estudios Avanzados de la Universidad de Chile Pablo Lacoste, este mayor impacto no es sólo en el desempeño de la economía, “esta será la región más afectada debido a su vulnerabilidad social. Después de la pandemia, se va a descubrir que los niveles de pobreza habrán trepado del 30% al 50% en muchos países. Esto se da por razones estructurales y sistémicas”. 

Así como las preexistencias en las personas las predispone y las hace más propensas a contraer el nuevo coronavirus de la COVID - 19 y si se contagian tienen una mayor probabilidad de un desenlace fatal, las economías con preexistencias de falencias en sus fundamentales también corren la misma suerte. Y, desde luego, al entrar la economía a la unidad de cuidados intensivos, los estragos sociales que arrastraba consigo, también preexistentes, se agudizan y se acentúan, que es cuanto ha venido dándose desde que se declaró oficialmente la pandemia y se empezaron a tomar las medidas para contenerla y mitigarla. 

En efecto, según informe reciente del Director del DANE Juan Daniel Oviedo, el año anterior el índice de la pobreza monetaria y el de la pobreza extrema que se había reducido a los niveles 34.7% y 8.2%, respectivamente, en 2018, se elevaron hasta el 35.7% y 9.6% en 2019. Ello significó un punto porcentual en el índice de la pobreza monetaria, 661.899 de personas que cayeron por debajo de la línea de pobreza monetaria, para completar los 17.4 millones, al tiempo que 728.955 personas pasaron de la pobreza monetaria a la pobreza extrema, totalizando los 4.6 millones. Cabe destacar que no sólo se retrocedió en el terreno ganado en el mejoramiento de los índices de pobreza, sino que también se volvió a deteriorar el coeficiente Gini que mide el grado de desigualdad de ingresos, al pasar del 0.508 en 2018 a 0.526 en 2019. Ello no es de extrañar, habida cuenta que en el año 2019 mientras el 20% más rico de la población experimentó un incremento en sus ingresos el 20% más pobre los vio reducidos en 6.2%.

En concepto del Director del DANE “el aumento en la incidencia de la pobreza puede estar asociado al incremento de la tasa de desempleo que se registró entre 2018 y 2019”, al pasar del 9.7% al 10.5%, agravada ahora con la pandemia. El caso más patético es el de la franja de los ninis, que es como se conocen los jóvenes que ni estudian ni trabajan y que son quienes han llevado la peor parte en esta crisis. Según datos del DANE (con corte a 2019) ellos representaron el 18.3% de la población entre los 14 y los 28 años en Bogotá.

También en su caso, como en el de las mujeres, es notorio el sesgo en su contra de la afectación en sus oportunidades de empleo y/o trabajo. Según el DANE, “se estima que si un joven habita en un lugar con estratificación social 1 o 2, la probabilidad de que ni estudie ni trabaje es del 46.5%, cifra que contrasta con quienes viven en estratos 5 o 6, donde la posibilidad es apenas del 14.3%. El panorama para las mujeres de escasos recursos es más complejo, pues la falta de oportunidades llega al 62.8%”.

Un estudio reciente de la Facultad de economía de la Universidad de los Andes, que analizó el caso de Bogotá es muy revelador: “un ciudadano que vive en un barrio de estrato 1 tiene 10 veces más probabilidad de ser hospitalizado o fallecer por el nuevo coronavirus y 6 veces más posibilidades de ingresar a una Unidad de cuidados intensivos (UCI) comparado con una persona que resida en estrato 6”. Y concluye que “la mayor tasa de contagios y muertes en estos grupos apunta a la desigualdad socioeconómica”.

Un estudio similar de la Universidad de los Andes pone de manifiesto que el COVID – 19 ataca con mayor rudeza a los más pobres, así como a las comunidades negras e indígenas, por tener menos acceso a los servicios de salud, agua potable y saneamiento básico, amén de su mayor afectación de la desnutrición, el hacinamiento y la informalidad laboral.

Bogotá, octubre 24 de 2020

*Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía

www.amylkaracosta.net

Por Jorge Enrique Robledo* . - El sabotaje a la Moción de Censura contra Carlos Holmes Trujillo, el ministro de Defensa que desacredita a la fuerza pública porque ha mentido y engañado para que él y el presidente Duque violaran la ley, es de lo peor que ha pasado en la historia del Senado. Por la decisión duquista de matonear para proteger a un funcionario indigno y porque esos 58 senadores, encabezados por Arturo Char –quien nunca debió ser electo presidente– prevaricaron descaradamente y agredieron a la oposición.

Pues los servidores públicos solo podemos hacer lo que nos esté autorizado por la ley y no existe norma que permita no tramitar una moción de censura, una vez la ha solicitado el diez por ciento de los senadores, como ocurrió. También fue un brutal rompimiento de la Ley 5 de 1992, del reglamento del Congreso, aprobar una proposición impidiendo la Moción. Y engañaron al decir que no podía hacerse el debate por alguna decisión del Consejo de Estado, como si la corrupción que les es propia a las mentiras, engaños e ilegalidades se esfumara de esa manera y ellos tuvieran la potestad de decirnos qué podemos y qué no podemos decir los que no le vendimos nuestra conciencia al pésimo gobierno de Iván Duque. El degeneramiento político hace carrera entre los congresistas amamantados por la Casa de Nariño.

¿Por qué actuaron así si contaban con votos suficientes para ganar la Moción de Censura contra Holmes aunque no tuvieran la razón y sabiendo que Duque puede además encimarle la Cruz de Boyacá a este engolado burócrata de casi todos los gobiernos, la misma que le regaló a Macías?

Porque, fieles defensores del “todo vale” del que derivan su éxito político, no se atreven a resistirse a lo que les indiquen en la Casa de Nariño y sus mensajeros en el Senado, de lo que depende su adicción a la mermelada. Vergonzosa condición la de todos o casi todos los senadores del Centro Democrático y los de Cambio Radical, la U, el conservatismo, el liberalismo y Colombia Justa Libres, que fueron uribistas y santistas y ahora son duquistas.

Porque así hagan demagogia maquillando su matonería con falsas invocaciones democráticas, lo que intentan es imponer en Colombia la concepción despótica de que como ganaron la Presidencia pueden pisotear la separación de los poderes y los derechos de las minorías, fundamentos de la democracia constitucional, sometiendo al Congreso por las “buenas” de endulzarlo y a la Justicia a las patadas. Y ojo. Clase de primer año de derecho: no existe democracia porque se elija al Presidente, sino porque se elige y, además, este respeta las normas y no actúa inspirado por ningún tirano.

Porque les dio miedo que los colombianos conocieran los detalles con los que Duque violó la Constitución al autorizar tropas norteamericanas en Colombia y la volvió a violar cuando el Tribunal Administrativo de Cundinamarca le ordenó que le pidiera permiso al Senado sobre esos militares y además le rechazó que no le hubiera consultado al Consejo de Estado, con lo que rompió dos artículos de la Constitución, el 173.4 y el 231. Y no es que Duque y Holmes ignoren que los acuerdos con otros países son actos complejos que exigen que decidan el poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Lo que pasa es que les importa un pepino pasarse por la faja las normas que juraron cumplir y que no hay artículo en la Constitución –¡ninguno, no mientan más!– que autorice que militares de EE.UU. actúen en Colombia, más allá del tránsito. Pero la razón principal para estos actos que los avergüenzan reside en su vocación de alfombras.

Porque también intentaron que no se supiera en detalle que las órdenes del Tribunal a Duque fueron dos: si quiere tropas gringas en Colombia, primero, pídale permiso al Senado. Y como usted las puso a actuar violando la Constitución, tiene plazo de 48 horas para suspenderles la autorización, exigencia que Duque acató, con lo que reconoció que el Tribunal sí podía darle órdenes. Pero a la par se puso de acuerdo con Holmes para no tramitar el permiso del Senado, para lo cual recurrieron al fraude de decir que sí lo hacían. Para ese efecto el minDefensa se consiguió unas cartas de 69 senadores duquistas que nunca se votaron ni aprobaron en el Senado, que no decide por cartas, y con las que, mintiendo nuevamente, Trujillo les dijo a los medios –en su cinismo, ¡37 veces!–, que esa era la aprobación exigida por los jueces, fraude que el presidente y el secretario del Senado le destaparon dejándolo al desnudo.

Y porque, por último, en la Moción de Censura los senadores duquistas iban a tener que explicarles a los colombianos si en el fraude de las cartas de falsa aprobación legal montado por Holmes Trujillo habían actuado como compinches de un ministro tramposo o como idiotas útiles.

Bogotá, 24 de octubre de 2020

*Senador del Polo Democrático Alternativo

@JERobledo

Por Mons. Joselito Carreño Quiñones*.- Los pueblos indígenas no se les ha reconocido como lo que verdaderamente son, pueblos con una gran riqueza cultural milenaria,  con una gran sabiduría ancestral que los ha convertido en los más grandes guardianes de los bosques, de los recursos hídricos, de la fauna y de la flora.

Ellos todavía conservan en gran medida el sentido de comunión con toda nuestra casa común, el sentido de ser administradores y no dueños de la tierra y de todos los recursos naturales. Ellos tienen mucho que enseñarnos a nosotros los que nos consideramos aparentemente "civilizados"  y superiores a ellos. Ellos han sufrido el exterminio por parte de los colonizadores.

La historia de la presencia colonizadora y evangelizadora en Latinoamérica ha estado causando el exterminio cultural, espiritual y también físico de muchos de los  pueblos indígenas. Ellos han sido usados tanto por los varones de la droga, como por la insurgencia armada para cultivar la coca y saber que es el eslabón más débil y más mal pagado de toda la cadena del narcotráfico nacional e internacional.

Y que ese primer eslabón ha sufrido las consecuencias del envenenamiento con el glifosato y que solo el 0.8 % del costo en el mercado Internacional es que se les paga por cultivar la coca, por poner en riesgo sus vidas, por las masacres y el envenenamiento con el glifosato. Todas estas realidades las sufren nuestros pueblos indígenas y todavía se les estigmatiza,  se les desprecia y  se les hace semejante desplante después de recorrer  tan larga travesía para pedir ser escuchados por el Presidente de la República, en actitud completamente pacífica y totalmente respetuosa.

Bogotá, D. C, 24 de octubre de 2020

Mons. Joselito Carreño Quiñones

Vicario Apostólico de Inírida

Por: José Félix Lafaurie Rivera*.- Es políticamente correcto acusar de asesino al ministro de Defensa porque murieron niños en un bombardeo contra un grupo ilegal, pero a los dueños de “la moral política” no les parece incorrecto que los menores estuvieran en ese campamento, reclutados violando sus derechos fundamentales.

Es políticamente correcto defender el derecho a la protesta pacífica, que el gobierno nunca ha coartado, pero no es políticamente incorrecto violar el derecho de los colombianos a la salud con la irresponsable correría de la minga, y ahora resulta que debemos agradecerles su “buen comportamiento”, al punto que los reinsertados siguen su ejemplo y marchan hacia Bogotá.

Es políticamente correcto que la minga culpe al gobierno de los asesinatos de líderes sociales a manos del narcotráfico, pero no parece incorrecto dedicarse al cultivo de coca en sus resguardos, albergar narcotraficantes y sacar a machete limpio a la Fuerza Pública.

Es políticamente correcto reclamar justicia por esos asesinatos, pero no es incorrecto proclamar, cuando les conviene, total autonomía de esa justicia cuya aplicación reclaman.

Es políticamente correcto atacar al presidente porque no fue al Cauca ni se prestó al “juicio político”, pero no fue incorrecta la “silla vacía” de la minga en 2019, cuando se negó a conversar con un presidente que fue hasta Caldono a escucharlos.

Es políticamente correcto que una alcaldesa exija “humildad” al presidente frente a la minga, pero no es incorrecto abandonar su deber frente a ocho millones de bogotanos para defender, como causa propia, el derecho a la protesta de unos pocos.

Son políticamente correctas las consultas locales contra la explotación petrolera, pero no es incorrecto reclamar regalías ni demandar gasolina y gas, que no son malos si provienen de otros municipios.

Es políticamente correcto rechazar la aspersión aérea con argumentos ambientales y de salud, pero no parece incorrecto guardar silencio frente a la deforestación cocalera y el daño que la droga causa a nuestra juventud.

En este país de “realidad invertida” era políticamente incorrecto estar en desacuerdo con el Acuerdo fariano, y más de medio país que votó “NO” fue estigmatizado como “enemigo de la paz”. Eso no fue políticamente incorrecto, ni lo fue atropellar la voluntad popular y violentar la democracia.

En Colombia, defender el derecho constitucional a la legítima propiedad de la tierra es políticamente incorrecto y quien lo haga es tildado de terrateniente, explotador y paramilitar, y me ahorro los calificativos vulgares; pero eso no es políticamente incorrecto.

Yo cuestioné constructivamente el componente de restitución de la Ley 1448, porque viola los derechos a la presunción de inocencia, la seguridad jurídica y la confianza legítima; y Ariel Ávila me acusó, sin más ni más, de organizar “ejércitos antirestitución”, y no pasa nada, porque semejante infamia no es políticamente incorrecta.

María Fernanda Cabal levantó la bandera políticamente incorrecta de denunciar el “despojo oficial” de la Ley 1448, por cuenta de falsos reclamantes apoyados en un sistema justo en su concepción pero antijurídico en su desarrollo. Ha recibido por ello toda clase de insultos y amenazas efectivas, pero eso no es políticamente incorrecto.

¿Qué es políticamente correcto?, ¿acaso lo políticamente conveniente, lo que produce aplausos y votos? ¿Por qué lo “políticamente correcto” coincide solamente con las posturas ideológicas de la izquierda y el centrosantismo?

Porque ese doble discurso es parte de su estrategia de “inversión de la realidad”; el canto de sirena que buscar mostrar lo malo como bueno y viceversa, y frente al cual debemos amarrarnos al mástil de la democracia, para no estrellarnos con el caos, el hambre y la pobreza que agobian al vecindario.

Bogotá, D. C, 24 de octubre de 2020

*Presidente de FEDEGAN

@jflafaurie

Cuando la Minga Indígena, Afro, Campesina y Popular llegó a Bogotá después de una larga marcha desde sus territorios ancestrales, proclamó a los cuatro vientos su compromiso inclaudicable con la VIDA, tuve la profunda sensación de que, el presidente Duque iba a reunirse con ellos para enviarle un mensaje de Paz y esperanza al mundo, desde esta tierra golpeada por la muerte y la violencia.

Pero no fue así. El presidente en una pequeñez impresionante prefirió esconderse otra vez. Tras las cámaras de la televisión donde todos los días adelanta su ya fastidioso programa, desconoció olímpicamente la voz autorizada y serena que venía creciendo desde las profundidades del Cauca, ganando adhesiones y respaldo a partir del momento en que atravesó el Valle, remontó La Línea y se proyectó hacia Soacha y Bogotá.

La Minga fue recibida con alegría y el retumbar de sus tambores tribales anunciaban nuevos y esperanzadores tiempos para la sufrida sociedad colombiana. La Iglesia Católica la recibió con renovadas esperanzas y sin dobleces le recomendó al presidente Duque recibirla e iniciar un periodo de anhelos nacionales, que permitiera ir cubriendo el inmenso costo social que el Estado tiene adquirido con la sociedad colombiana.

Era un momento especial para el presidente Duque si quería ratificar las condiciones de líder que exigimos los colombianos, y de este modo se decidiera y procurara el gran gesto de conducir a esta sociedad terrateniente y mafiosa a una realmente campesina, justa, solidaria e identificada con nuestros valores ancestrales de características indígenas y afroamericanas.

Pero no fue así. Iván Duque volvió a mostrar su bajo talante, ratificó ese conocimiento que es “viral” en todo el país: Él no es el presidente, si no el sub presidente, porque el presidente es Álvaro Uribe Vélez. Mientras los colombianos esperábamos que él se hubiese reunido con la Minga para ganar como nación el respeto que nos merecemos ante los organismos internacionales, el presidente Duque se dedicó a escuchar las voces de los más recalcitrantes miembros del Centro Democrático, que tienen una visión elitista y antidemocrática de la política, unidos a los intereses terratenientes que son hegemónicos en el Cauca y el Valle.  Como lo anotó el periodista Hernando Corral en su escrito: “Ayer los indígenas regresaron a su región de origen y dieron demostraciones de civilidad, a pesar de la torpeza y la arrogancia del Presidente Duque, de negarse a conversar con esta singular representación indígena”.

El presidente desechó una oportunidad única de dar una clase magistral de democracia, habiéndose sentado a escuchar los planteamientos auténticos de sectores ampliamente representativos de nuestra sociedad, quienes le hubiesen transmitido de primera mano información vital de esas conflictivas regiones, para que pudiese enrumbarlas correctamente. Pero no fue así, solo atinó en forma esquizofrénica a enviar a su Comisionado de Paz al Cauca, para hablar con las comunidades indígenas, cuando era de conocimiento mundial, que ellas estaban en la plaza de Bolívar. Increíble situación que denotó un profundo desconocimiento de la realidad nacional.

Estamos lejos los colombianos de tener un presidente que exprese el verdadero sentido democrático, que valga la pena recordar: “Democracia, es el gobierno del pueblo”. Más bien parecen gobernantes de las épocas coloniales, cumplidores de órdenes de personajes externos, traicionando sus sagradas obligaciones, y en cambio sí, conduciendo a nuestra nación hacia el desfiladero autoritario.

Las comunidades ancestrales se están haciendo sentir con la fuerza organizativa que reclaman las nuevas coyunturas políticas. Bolivia acaba de dar su veredicto. Nuevamente el poder eleccionario está en sus pueblos indígenas. Bienvenidas las nuevas autoridades que con urgencia reclaman nuestros desarticulados países.

Bogotá, D. C, 24 de octubre de 2020

*Exembajador en Colombia