Opinión
Por: Guillermo García Realpe*.- A más de dos años del gobierno Duque, el país aún no parece encontrar el rumbo en aspectos cruciales, no hay un norte claro, con objetivos definidos y políticas públicas contundentes, tampoco grandes reformas, y el piloto parece más concentrado en alistar el libreto diario de su programa de televisión que enfrentar los verdaderos problemas de los colombianos.
Por todos es conocido el difícil momento de la economía nacional, también del empleo que para cifras del mes de octubre, según el DANE alcanzó el 15,7%, la baja productividad, la crisis del sector agropecuario, el regular manejo de la pandemia, la inseguridad desbordada, la poca efectividad para evitar el exterminio de los líderes sociales, indígenas, excombatientes, defensores de derechos humanos y líderes de restitución de tierras, sumado al poco interés en avanzar en el desarrollo de los programas del posconflicto, hacen que la gestión gubernamental este pasando desapercibida por la mayoría de los ciudadanos.
Ahora bien, por sí fuera poco, se conoció en los últimos días un informe de la Comisión de Política de Drogas para el hemisferio occidental, órgano creado por la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, el cual analiza los impactos de dicha política en el continente y ¡oh sorpresa! El gobierno Duque sale muy mal parado, es decir, el informe “raja” al gobierno colombiano en aspectos cruciales de la lucha antidrogas.
La Comisión hace un completo análisis del Plan Colombia ejecutado en nuestro país desde el año 2000, en el entonces gobierno del Presidente Pastrana y que concluyó en el 2016, bajo el gobierno Santos.
Además de cuantificar la inversión económica del Plan Colombia que ascendió a 10 billones de dólares, y cuyo fin principal era frenar la producción de cocaína y que el Estado mantuviera el control frente a la insurgencia y otros grupos armados ilegales, pues sólo se logró a medias. En uno de los seis capítulos del informe, la Comisión advierte que Colombia ganó terreno frente a las guerrillas y otros actores ilegales, más no pasó el examen en lo fundamental que era controlar la producción de narcóticos y hoy lamentablemente seguimos encabezando el deshonroso primer lugar en ser el principal productor de cocaína en el mundo.
Pero ahí no para todo, los expertos que integran esa Comisión, entre ellos dos colombianos, advierten de la ineficacia de usar el glifosato como mecanismo de lucha antidrogas, señalan textualmente que la aspersión aérea no es efectiva, es mucho más costosa y aleja a las comunidades rurales que terminan viendo al Estado como “un actor opresor que busca matarlos de hambre y empobrecerlos”.
El estudio a cambio recomienda que se deben centrar esfuerzos en la destrucción de laboratorios y en la incautación de los químicos que se usan para la producción de alcaloides, toda vez que es un proceso menos costoso y más eficiente y de menor impacto en las comunidades.
Pero, además, señala otras medidas que deben implementarse, muchas de ellas contenidas en los Acuerdos de Paz de La Habana, pero que éste gobierno poco quiere adelantar, como la construcción de red vial terciaria, es decir, más y mejores vías rurales, también la implementación a cabalidad de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial -PDET- en 170 municipios, pero sin desfinanciarlos y ejecutando en los tiempos establecidos que son 15 años.
El gobierno en otros aspectos de suma importancia también avanza a cuenta gotas como la titulación de tierras, en la protección a líderes sociales también se raja, cifras de organismos muy serios como la Fundación Ideas Para la Paz, indican que han asesinado a 448 líderes sociales, y 243 excombatientes de las Farc.
En términos generales el informe firmado por asesores del presidente electo Joe Biden, deja muy mal parado al gobierno colombiano y bajo ese análisis las relaciones bilaterales con el nuevo gobierno estadounidense a partir de enero no serán fáciles, primero por los bajos indicadores de lucha antinarcóticos y segundo, por haberse parcializado y participar indebidamente en la campaña electoral del país del norte tomando partido directo por el hoy derrotado Donal Trump, ambas cosas le pasarán factura al lánguido gobierno Duque, ojalá los colombianos no paguemos los platos rotos por la mala gestión y por la poca experiencia de intervenir en asuntos externos de otros países.
Todo lo contenido en ese informe ha sido advertido desde mucho antes por expertos nacionales al gobierno colombiano, pero este, por estar secuestrado en la ideología, el dogma y la doctrina del Centro Democrático, ha hecho caso omiso y ahí están los penosos resultados.
Bogotá, D. C, 7 de diciembre de 2020
*Senador Partido Liberal
@GGarciaRealpe
Por Juan Camilo Restrepo*. - En el congreso de Fedegán se hizo gran algarabía con el cuento de que los principales terratenientes del país son los indígenas. Se dijo con una cierta fruición, que exculpa responsabilidades propias, que los indígenas que representan 4,4% de la población del país poseían 66 millones de hectáreas. O sea: lo que tácitamente se dijo fue: dejemos de buscar aguas arriba a los acumuladores de tierras. Debemos dejar de preocuparnos de los despojados quienes hoy buscan afanosamente la restitución de sus tierras que les fueron arrebatadas a sangre y fuego. ¿Para qué? Si ya sabemos quiénes son los grandes terratenientes.
Pues bien: las cosas no son así de simples como las plantea Fedegán. Resulta que el Presidente Barco sí les otorgó a las comunidades indígenas grandes extensiones comunitarias en la cuenca amazónica, pero no para que hicieran agricultura ni mucho menos ganadería o minería. Los empoderó del cuidado de un buen pedazo de la Amazonía para que cuidaran la floresta, el bosque y los ríos.
O sea: no se puede honestamente argumentar que, porque las comunidades indígenas tienen propiedad comunal sobre extensas regiones amazónicas, por la razón histórica que acabamos de mencionar, ello significa que en otras comarcas del país gocen de la misma holgura. Por el contrario, en otras partes de la geografía nacional (donde los indígenas viven apeñuscados arrancándole a una tierra estéril su sustento, como es el caso de Boyacá, Nariño, Antioquia, Choco, Córdoba, Cauca, entre otros) la situación es de minifundio asfixiante. Que no está muy lejos de explicar por qué el malestar de los frecuentes brotes de malestar social que allí se han detectado.
Si no queremos seguir viendo “mingas” cada vez más agresivas y brotes de estallido social más frecuentes, hay que empezar por ponerle seriedad y objetividad al análisis de la propiedad agraria en Colombia. Comenzando por la propiedad comunitaria indígena que no debe servir como festón para arrancar aplausos en las asambleas gremiales.
El país tiene entre manos una decisión que debe afrontar con seriedad. ¿Va a darle cumplimiento cabal al punto número uno de los acuerdos de La Habana sobre política rural integral, o va a comenzar a torpedearlo como lo viene haciendo con la JEP?
Los conflictos agrarios del país que están todavía sin resolver, (aunque se han hecho avances inéditos como el trabajo realizado por la unidad de restitución de tierras que tantos enemigos abiertos y embozados tiene, y el laudable esfuerzo para poner en marcha el catastro multipropósito) no se van a solucionar con una caricatura de la situación agraria de Colombia como parece haber surgido de la estadística auto consoladora descubierta por la asamblea de Fedegan.
En el territorio colombiano hay más de cuarenta y cuatro millones de hectáreas dedicadas a ganadería extensiva y cubiertas por praderas descuidadas y suelos degradados. La cabaña ganadera actual nos permite mantener el tercer hato de América Latina para atender el mercado externo y el interno en la mitad del área ocupada. Con un esfuerzo complementario en riego y drenaje en lo que estamos bastante atrasados y de mejoramiento de praderas podríamos liberar 10 o 15 millones de hectáreas para la agricultura moderna, donde pueden convivir perfectamente las grandes, medianas y pequeñas unidades. Somos uno de los pocos países del mundo que puede aumentar en estas magnitudes su frontera agrícola.
Los conflictos agrarios siguen estando a la raíz de buena parte del estallido social que empieza a advertirse en el magma que está saliendo a flote con esta pandemia. Según Planeación hoy hay cuatro millones más de pobres de los que teníamos antes de que llegara el coronavirus. El problema agrario no se va a resolver echándole la culpa a los indígenas, que no la tienen, sino cuando, primero, le demos cabal cumplimiento al acuerdo número uno de La Habana; y segundo, le prestemos la debida atención presupuestal para avanzar hacia una moderna y equitativa política agraria. Pero no como la que parece querer Fedegán.
Bogotá, D. C, 7 de diciembre de 2020
Abogado y Economista. Exministro de Estado.
Por Mauricio Cabrera Galvis*.- El argumento más usado este año por el gobierno y los empresarios para justificar un aumento mínimo del salario mínimo es la necesidad de generar nuevos puestos de trabajo para superar el aumento del desempleo que nos ha dejado la pandemia. Es un argumento equivocado tanto en el diagnóstico que lo sustenta, como en las consecuencias que tiene aplicar esta receta.
El diagnóstico subyacente es la tradicional miopía ortodoxa que solo considera el salario como el precio de la mercancía trabajo, por lo cual su aumento lleva a que disminuya la demanda de trabajo y aumente el desempleo. No hay duda de que, al nivel micro, el trabajo es uno de los factores de producción, y por lo tanto su costo afecta algunas veces el precio de venta de los productos y la inflación, pero casi siempre lo que afecta es la distribución de las ganancias con el otro factor de producción, que es el capital de los dueños de las empresas. Pero esto es solo una cara de la moneda.
La otra cara es el papel que cumplen los salarios a nivel macro: son los ingresos de la mayoría de la población, que determinan su capacidad adquisitiva y, por lo tanto, la cantidad de bienes y servicios que pueden comprar, es decir lo que las empresas pueden vender. En otras palabras, los salarios son el principal determinante del consumo de los hogares, que a su vez es el principal componente de la demanda interna.
Desde esta otra cara de la moneda, un aumento generalizado de los salarios puede disminuir el desempleo porque para vender más las empresas tendrán que aumentar su producción y contratar más trabajadores para hacerlo. Fue lo que descubrió Henry Ford cuando decidió subir de 3 a 5 dólares el salario de los trabajadores, lo que les dio la posibilidad de comprar los carros que producían, con lo que se aumentaron las ventas y las utilidades de Mr. Ford.
Como en economía no hay verdades absolutas, es indispensable analizar cuál de las distintas teorías es más aplicable a cada situación concreta. Ese análisis nos lleva a la conclusión de que en las actuales circunstancias es posible y necesario un mayor aumento del salario mínimo sin que se acelere la inflación ni aumente el desempleo.
En efecto, el principal problema de la economía colombiana hoy es la debilidad de la demanda. El PIB se ha contraído 8% porque la gente se quedó sin ingresos para comprar y las empresas han tenido que despedir a millones de trabajadores no porque los salarios fueran muy altos sino porque disminuyeron sus ventas. De hecho, con el subsidio del PAEF el gobierno asumió una parte del costo de la nómina, pero aún así muchas empresas no han podido reenganchar trabajadores y solo lo hacen cuando aumentan sus ventas.
En el mundo real la primera pregunta que se hace un empresario, grande o pequeño, ante la posibilidad de contratar un trabajador es ¿lo necesito para aumentar mi producción, o para mejorar la calidad de mis productos y servicios y así poder vender más? ¿Tengo clientes que me compren? Solo si esta pregunta tiene una respuesta positiva se plantea la segunda, ¿cuánto me cuesta contratar ese trabajador? Y lo que ese empresario le diría al economista que quiere explicarle cómo funciona el mercado laboral es sencillo: ¡Es la demanda, estúpido!
Cali, 6 de diciembre de 2020
*Filósofo, Economista. Consultor.
Por Juan Manuel Galán*. - Desde que empecé a construir la ley de cannabis medicinal para Colombia siempre tuve claros cuatro (4) principios fundamentales: accesibilidad, calidad, seguridad y precio. El primero se plasmó para que los productos terapéuticos a base de cannabis sean de fácil alcance a todos los colombianos; el segundo en cuanto a que los medicamentos deban responder a estándares de calidad aceptados por las comunidades científicas; el tercero a que se deban garantizar las condiciones de higiene y seguridad en los procesos de fabricación, comercialización y utilización final y, por último, en cuanto a que se debe establecer un precio que permita a los pacientes de enfermedades crónicas y terminales, acceder a estos como tratamiento.
Por tales motivos, luego de cuatro años de la entrada en vigencia de esta norma y viendo como estos principios no se han aplicado en su espíritu ni el Estado ha asumido la responsabilidad de garantizarlos, decidí en compañía de destacadas personas como Natalia Tangarife, Paola Cubillos, Raquel Peyarube y Rafael Amador, Jaime Olaya, Humberto Díez, Fabio Aristizábal, Henry Muñoz, Danilo Moreno, Mariana de Córdoba, Mateo Díez, Simón y Daniel Vergara, crear y darle vida a Procanacol (Pro cannabis Colombia). Esta Asociación nace con la firme convicción de promover el desarrollo, implementación y ampliación de los diferentes usos medicinales, científicos e industriales del cannabis.
De tal forma que nuestros esfuerzos estarán orientados hacia los derechos de los pacientes, aspectos sociales, productivos, científicos, técnicos y políticas públicas que generen progreso e inclusión a todos los productores de cannabis. Sin embargo, es importante recalcar que nuestro enfoque será para los pequeños y medianos cultivadores que en la actualidad presentan grandes retos, conociendo que han hecho enormes sacrificios para poder llegar a una producción que les permite exportar sus productos.
Es por esto que existen cuatro grandes retos que debemos asumir. Me refiero al acceso en Colombia, la facilitación de las exportaciones, depuración de licencias y los cupos. Tales aspectos son los que hemos identificado como el gran “cuello de botella” para una industria que, según Fedesarrollo, le ha significado al país U$500 millones en inversión extranjera, $20 mil millones por concepto de licencias y que para 2030 podría generar más de 26 mil empleos agrícolas.
El desafío es muy grande porque también debemos eliminar el estigma que hay sobre el cannabis en Colombia, donde aún se le ve como la “mata que mata”. No, esto ha cambiado y debe verse en el colectivo como la “mata que sana”. Hay mucho por hacer, pero las ganas y sobretodo el bienestar de los pacientes serán nuestra finalidad.
Bogotá, D. C, 6 de diciembre de 2020
Exsenador del Partido Liberal de Colombia
Por: José Félix Lafaurie Rivera*.- La Junta Directiva del Banco de la República tomará la decisión sobre nuevo gerente general de la entidad, posición que no solo es estratégica para la estabilidad económica del país, sino que se considera “coronación” de carrera para economistas de primer nivel, entre los cuales está el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, uno de los candidatos a suceder a Juan José Echavarría.
Valga decir primero, que no voy a ocultar mi aprecio personal hacia el ministro, lo cual no impide una opinión informada, a partir de lo que, a mi juicio, necesita el país en la mayor crisis económica en su historia por los efectos demoledores de la pandemia, frente a la cual se requiere un banquero central a la altura de la gravedad del momento y las exigencias de la recuperación.
El nuevo gerente del Banco Central debe ser un economista respetable tanto a nivel nacional como internacional, porque el país no está para aventuras, sino para estrategias técnicas y programáticas. Ese economista es Carrasquilla, el ministro que creó el Marco Fiscal de Mediano Plazo, documento de planeación económica que hoy les da confianza a todos los actores económicos.
El Banco, cuya Junta Directiva es presidida por el ministro de Hacienda, sin menoscabo de su autonomía de origen constitucional, necesita un gerente eminentemente técnico, algo básico frente a las presiones políticas de siempre. Carrasquilla ha demostrado serlo, no solo frente a propuestas y decisiones impopulares pero necesarias, sino, inclusive, frente a su propio jefe, el presidente, porque disentir respetuosamente en lo que no toca principios fundamentales y sin lesionar el principio de autoridad, es condición que honra al funcionario.
La experiencia de Carrasquilla es sobresaliente, no solo en el Banco, del que fue gerente técnico, sino como ministro de Hacienda en dos ocasiones marcadas por severas crisis. Durante el primer gobierno de Uribe sostuvo los recursos para la Seguridad Democrática, redujo la deuda y sentó las bases que restauraron la confianza inversionista.
Durante el gobierno Duque, hasta antes de la pandemia, habían mejorado todos los indicadores y el primer trimestre de 2020 fue el de mejor desempeño en la región, lo que deja ver su capacidad de manejo de crisis y ha permitido gestionar recursos que superarán los ¡117 billones!, incluida la ampliación del cupo del FMI hasta 17.300 millones de dólares, signo inequívoco de confianza internacional en la conducción económica del país.
Pero frente a mi opinión informada, está la de quienes tienen una opinión “autorizada”. Para Juan Carlos Echeverry, exministro de Santos y expresidente de Ecopetrol, Carrasquilla es el economista que más se ha formado para ser banquero central; que ha formado desde la cátedra a buena parte del equipo del Banco, lleva 35 años escribiendo sobre economía y banca central, y es además “el tipo más independiente del mundo”.
No obstante, tiene enemigos su aspiración. Los que lo descalifican por “uribista” caen en la mezquindad de la polarización y desconocen su talante técnico. Carrasquilla no es político; fue director programático de la campaña Duque, como Echavarría, otro gran economista, lo fue de la campaña Santos, sin que ello fuera impedimento para llegar a la Gerencia.
No faltan los que afirman que es otro capítulo de la toma de posiciones estratégicas por parte del presidente Duque, otra invención de la izquierda y el “centrosantismo”, como la de Kalmanovits, que se atreve a vaticinar que el Banco quedará en manos del Gobierno, perderá su reputación internacional, se abusará de la emisión y otras tantas suposiciones injustificadas.
La de Carrasquilla, una aspiración legítima. Ojalá acierte en su decisión la Junta del Banco Central.
Bogotá, D. C, 6 de diciembre de 2020
*Presidente de FEDEGAN
@jflafaurie
Por Mons. Víctor Manuel Ochoa Cadavid*.- Vivimos tiempos difíciles, y en medio de la crisis de salud que ha provocado la COVID-19, la terrible situación invernal que ha hecho sufrir a muchos, nos disponemos a iniciar un nuevo Año Litúrgico, ya que el calendario de las celebraciones de la Iglesia se rige, no por la sucesión de días y meses que se registran en el almanaque, sino por una forma muy especial de contar el tiempo, el cual se basa en la fecha de la Pascua y que ordena todas las celebraciones en un ciclo colmado de signos y celebraciones que constituyen el Año Litúrgico, en este caso ya el 2021. Hemos concluido el Año Litúrgico con la Solemnidad de Cristo Rey del Universo y comenzaremos este domingo, el santo Tiempo del Adviento.
La Iglesia del Señor está llamada a dar gloria a su Dios. Su misión es anunciar con la Palabra, la vida y el culto, la presencia de Dios en la historia, manifestar a Cristo glorioso en medio de las realidades del mundo, celebrando visiblemente su triunfo sobre la muerte. Ya lo decimos en nuestras celebraciones: Anunciamos tu muerte, proclamamos tu Resurrección, ven Señor Jesús. Este es el centro de nuestra fe y, hacia este anuncio gozoso corre y trabaja todo nuestro plan pastoral, queremos poner a Jesús en el corazón y en la vida de todos los hijos de la Iglesia.
Iniciamos el Año Litúrgico con el tiempo del ADVIENTO, esta vivencia de la liturgia, nos pone de frente a las celebraciones con cuatro semanas que preceden la santa Navidad, que siempre tiene fecha fija: el 25 de diciembre. La preparamos con un Tiempo de gracia que va permitiéndonos escuchar en la Palabra y celebrar en la liturgia diaria, un camino recorrido por los profetas, animado por los consejos sabios de los Apóstoles, e ilustrado con la narración histórica de dos acontecimientos: el primero, el nacimiento de Jesús en la historia; el segundo, la segunda venida del Señor, la que esperamos como consumación de la historia humana y victoria definitiva de Dios.
El tiempo preparatorio se llama Adviento, se usan vestiduras moradas, se leen los profetas que anuncian a Cristo, se prepara su venida con oraciones que le dicen al Señor que venga nuevamente: “Ven, Señor Jesús”. Se destaca en este Tiempo, la Virgen María, que nos enseña a esperar con fe la segunda venida del Señor.
Son cuatro domingos de Adviento. En ellos se celebra la esperanza y la alegría de saber que el Señor llega con su poder y con su paz a inundar los corazones de los que ama con la luz de la vida, con la fuerza renovadora de su amor.
El Adviento se celebra en las cuatro semanas anteriores al 25 de diciembre, comenzando, precisamente en esta última semana de noviembre. Nuestro ADVIENTO hemos de vivirlo en la realidad concreta de una sociedad que necesita reavivar la esperanza, promover una experiencia de caridad con tantos signos de dolor como los que vive el mundo, vivir estos días en la promoción de la fraternidad que, a la luz del Evangelio se llama: caridad.
Hay signos muy especiales para este Tiempo: En primer lugar, el mismo tiempo ya es un signo. Cuatro domingos y cuatro semanas que nos recuerdan la preparación del pueblo de Israel para la llegada del Mesías, la voz de los profetas que anuncian la presencia del Señor y Salvador, la figura protagónica de San Juan Bautista que va disponiendo el resto de Israel, es decir, los pocos que aún esperaban la salvación, y que quiere advertir sobre la inminencia del inicio de la misión de Jesús. Es central en el adviento la figura de María, la Virgen fiel, la Madre de la esperanza, que se convierte en sigo de fidelidad y en modelo de fe para todos nosotros.
Nuestro Adviento debe ser una escuela de caridad, iluminada por la fe y la esperanza, nos debe renovar en el deseo de ser presencia del Señor en el corazón de tantos que sufren, ser signo del amor de Dios en la vida de quienes nos muestran en su rostro doliente la llamada del Señor, a vivir más fraternalmente, a estar cerca de los enfermos, de los niños, de los ancianos, de tantas realidades en las que este tiempo de celebración y de alegría se ve ensombrecido por el flagelo de la enfermedad y la pandemia.
Es tiempo de anuncio de la Palabra en una predicación esperanzadora, en una promoción de muchos y muy significativos momentos de evangelización: la Fiesta de la Inmaculada, fiesta de luz y de esperanza; la Novena de Navidad, que entre nosotros es “madrugarle a la esperanza” para abrir con el clarear del día unas jornadas de anuncio del Evangelio y de gozosa proclamación de una fe que reconoce en Jesús el que nos libra “de la cárcel triste que labró el pecado” y el que quiere ser “consuelo del triste y luz del desterrado”. Desde ahora, los invito a usar con gran alegría, todos, la Novena de Navidad que ha preparado el Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Cúcuta y que pueden encontrar en sus parroquias.
Adviento es entonces una escuela de esperanza, una escuela de confianza, unas jornadas en las que adornamos el corazón con la luz de la fe y llenamos nuestras vidas con la certeza del amor de Dios que nunca abandona a sus hijos amados.
En este tiempo nos llenamos de luces, de signos externos, que nos tienen que llevar a Jesucristo, que es la “luz de las gentes”, que alumbra la tiniebla del pecado y del mal en el mundo. Él pone su luz dónde hay tristeza, muerte, desesperanza. Que vivamos con respeto y silencio, con esperanza este tiempo que nos prepara a un encuentro con el Evangelio viviente del Padre, Jesucristo mismo.
Miremos al pesebre con esperanza, con los ojos puestos en la Santa Virgen y en San José, que se dedican a servir a Dios, esperando al Salvador y Redentor. Buen ADVIENTO para todos, para sus familias.
Bogotá, D. C, 6 de diciembre de 2020
*Obispo de la Diócesis de Cúcuta
Por Amylkar D. Acosta M*.- El siglo XIX fue el escenario de una gran tensión política entre quienes defendían el centralismo y quienes propendían por el federalismo. Dos destacadas figuras del radicalismo liberal defendieron con ardentía el federalismo, fueron ellos Rafael Núñez, quien afirmara en 1855 que “la federación es nuestra tierra prometida” y Juan José Nieto, único Presidente afrodescendiente que ha tenido Colombia Juan José Nieto, quien en una misiva dirigida a su amigo el General Francisco de Paula Santander le dijo que él era “federalista por opinión informada y no por caprichos del corazón”.
Años después Rafael Núñez adjuró de sus convicciones federalistas, para abrazar la de sus detractores, con quienes hizo causa común como converso para darle un viraje de 180 grados a las instituciones políticas colombianas. Y se justificó aduciendo que “el gobierno general (léase Gobierno central) no es, por tanto, sino simple delegatario revestido de especiales atribuciones administrativas por la voluntad de los Estados (federados)”.
Este fue el preámbulo de la centenaria Constitución de 1886. En esta nueva Constitución se consagró la fórmula dicotómica de la centralización política y la descentralización administrativa en el marco de una República unitaria. Pero, la verdad sea dicha, durante su vigencia prevaleció la centralización política sobre la descentralización administrativa, acentuada por el agobiante régimen presidencial que nos rige.
El hito más importante de la descentralización en Colombia tuvo lugar en la administración del liberal Carlos lleras Restrepo. El paso más importante se dio con la creación, mediante una reforma constitucional en 1968, del Situado fiscal, una bolsa de recursos de transferencias para las entidades territoriales y la creación de una serie de institutos descentralizados, con los cuales se desconcentraron recursos, al tiempo que se delegaban funciones propias del Gobierno central.
En 1991 se expide una nueva Constitución Política pluralista que vino a ocupar el lugar de la confesional de 1886 inspirada por los regeneracionistas Rafael Núñez y Miguel Antonio Caro. En la misma se estableció “un Estado Social de Derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales”. De esta manera se avanzó, al ir más allá del concepto de descentralización administrativa para consagrar el principio de la autonomía territorial en sus artículos 1º y 287. Como lo dejó establecido el ex presidente del Consejo de Estado Javier Henao Hidrón, “se entiende por descentralización la capacidad de gestión administrativa y la autonomía como la capacidad de decisión política”.
El año entrante se cumplen los primeros 30 años de esta Carta y durante estas tres décadas no sólo no hemos avanzado un ápice en materia de autonomía, sino que se ha venido dando un proceso de recentralización. El situado fiscal, que devino en el Sistema General de Participaciones (SGP), que estaba llamado a fortalecer la gestión territorial mediante un aumento progresivo del porcentaje de los ingresos corrientes de la Nación, sufrió una mengua por cuenta de los actos legislativos 01 de 2001 y 04 de 2007. A consecuencia de estos, los departamentos y municipios del país dejaron de recibir entre los años 2002 y 2015 $108 billones, aproximadamente, recursos estos que le quitaron a la salud, a la educación y al agua potable, que es la destinación específica que tienen los recursos del SGP.
Lo más grave, es que se ha venido dando una descentralización disfuncional, consistente en delegarle a las entidades territoriales funciones, pero sin recursos, violando el artículo 356 de la Constitución el cual dice que “no se podrán descentralizar responsabilidades sin la previa asignación de los recursos fiscales suficientes para atenderlas”. El Congreso de la República sólo se ha limitado a facultar al Gobierno nacional para crear una Comisión de expertos para que le proponga un texto para dicha reforma, sin que hasta el momento se sepa algo de sus resultados.
La situación para los departamentos y municipios se agrava en la medida que, como lo acota el ex constituyente y ex ministro de Estado Carlos Rodado Noriega, “nuestros niveles intermedios de gobierno son débiles, viven de rentas decadentes…Las frecuentes reformas tributarias que se aprueban en el Congreso sólo se ocupan del fortalecimiento de los tributos que recauda la Nación y poca o ninguna atención se les brinda a los tributos de los entes subnacionales”.
En efecto, desde la Ley 49 de 1990 hasta la Ley 2009 de 2019 se han aprobado 17 reformas tributarias y todas, absolutamente todas, para arbitrarle recursos a la Nación y ninguna para arbitrarle recursos a las entidades territoriales, lo cual ha redundado en un debilitamiento de las finanzas territoriales. De allí que de cada $100 que se recaudan por concepto de impuestos $83.5 van para la Nación, mientras que los municipios y los departamentos se tienen que conformar con sólo $11.9 y $4.6, respectivamente. De allí la pertinencia y oportunidad de darle curso, con carácter urgente, a las recomendaciones de la Comisión de expertos creada al amparo de la Ley 1943 de 2018 para el fortalecimiento de los fiscos territoriales.
Llegó la hora de barajar y volver a repartir los recursos públicos, hoy concentrados en el Gobierno central en desmedro de las entidades territoriales, a través de la reforma del SGP y de los tributos territoriales, de tal manera que se equilibren las cargas entre la Nación y los territorios. Ello es tanto más urgente en la medida que la crisis pandémica ha ahondado la crisis fiscal de las entidades territoriales, en momentos que, para recuperar y reactivar la economía, se requiere un impulso desde las regiones y para enfrentar sus secuelas sociales se pueda dar la concurrencia entre Nación y entidades territoriales para paliar sus deplorables efectos.
Bogotá, diciembre 5 de 2020
Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía
www.amylkaracosta.net
Por Jorge Enrique Robledo*- Aunque algunos lo nieguen, como Donald Trump, hay pruebas científicas de sobra para demostrar que la tierra sí se está calentando. Y ese cambio del clima provoca graves daños, como que zonas costeras queden por debajo del nivel del mar, modificaciones en los ciclos del agua con inundaciones o sequías, pérdidas de áreas de cultivo y nuevas enfermedades o agravamientos de las actuales en plantas, animales y personas.
El calentamiento global lo causan los Gases de Efecto Invernadero (GEI), en especial dos: el dióxido de carbono (CO2), generado por la quema de combustibles fósiles –petróleo, carbón– en las termoeléctricas, el transporte y la industria. El otro gas es el metano que emiten el ganado y el descongelamiento del permafrost, que además expele CO2. Y son parte importante del problema la deforestación y su conversión en pasturas, porque selvas y bosques actúan como sumideros de carbono, es decir, atrapan el CO2 que de otra manera iría a la atmósfera, reduciendo así el aumento del efecto invernadero que calienta la tierra.
El debate se centra entonces en qué hacer, tanto con las causas del cambio climático como con sus efectos, dos problemas relacionados pero diferentes que deben ser atendidos al mismo tiempo, para lo cual hay que conocer y entender las cifras globales y las de cada país.
El grupo de los 20 países con economías mayores aporta el 80 por ciento del total de los GEI y entre EEUU, la Unión Europea, China, Japón y Rusia ponen el 48 por ciento, en tanto Colombia apenas emite el 0,32 ciento, según el Banco Mundial. Detallando, cada norteamericano aporta al año 19,38 toneladas de esos gases, un alemán 11,44 y un colombiano 3,47. Si reducimos entonces a cero nuestra contribución a los GEI por generación de electricidad y transporte –cosa en realidad imposible de lograr–, el 0,32 por ciento apenas bajaría a 0,31 y 0,28, respectivamente, verdades que demuestran que somos más víctimas que causantes del problema. Y es importante saber además que el 50 por ciento del aporte de Colombia a los GEI viene de sus áreas rurales, en particular de la deforestación y los pastizales, al reducir el área de los sumideros de carbono.
El senador Gustavo Petro, en un trino, señaló que era un “error” de mi parte el mencionado 0,32 por ciento de GEI de Colombia porque a esa cifra había que sumarle, dijo, los GEI que “emiten en otros lugares del mundo sus exportaciones de carbón y petróleo”. Pero esa afirmación no resiste análisis. Porque es equivocado contabilizar dos veces la misma emisión, allá y aquí, y porque si el país deja de exportar combustibles fósiles, otros lo reemplazarán. Es innecesario exagerar la gravedad del problema y hacerlo puede llevar a errores en lo que debemos hacer.
La otra verdad que debe conocerse es de signo positivo. Han caído en forma notable los costos de generar electricidad con energía solar y eólica, que no producen CO2, y de usar vehículos eléctricos, que no consumen o lo hacen en bastante menor medida combustibles fósiles. Según la Agencia Internacional de Energía (AIE), el costo de producir el kilovatio hora con energía solar se ha reducido de 0,38 a 0,03 dólares, en tanto el de la eólica ha disminuido de 0,09 a 0,05. Según esta agencia, la energía solar fotovoltaica es la “fuente de electricidad más barata de la historia”. Y entre 2010 y 2020, las baterías para los vehículos cayeron de 650 dólares el kilovatio hora a 150 y deben bajar a 80 para 2025.
La mala noticia es que los países que más GEI le aportan al calentamiento global no están reduciendo sus emisiones al ritmo que prometieron. Y no lo hacen a pesar de que ellos, los más grandes productores de GEI por su mayor desarrollo y por los altos niveles de vida de sus habitantes, son también los que tienen más capacidad de gasto público. Mientras que ese gasto es de solo 1.866 dólares por habitante al año en Colombia, llega a 22.092 en Estados Unidos –casi 12 veces más–, a 17.275 en el Reino Unido y a 14.377 en Japón, por ejemplo.
El análisis del conjunto de estas cifras me lleva a proponer que Colombia actúe –sin olvidar que sus flacos recursos públicos son más escasos por la pandemia–, al mismo tiempo, en las dos partes del problema: reducir sus GEI y mitigar los efectos del calentamiento, su mayor urgencia, porque sus perniciosos efectos ya están ocurriendo. En cuanto a los GEI, lo que más puede aportar y a menor costo presupuestal es reducir la deforestación de la Amazonia y el Pacífico biogeográfico. Y nada se resolverá a nivel mundial ni en Colombia si los países que más GEI producen no los recortan, por lo que el presidente de la República debe unirse a una cruzada mundial para que estos cumplan con sus deberes globales.
Bogotá, 5 de diciembre de 2020.
Senador Por la Dignidad
@JERobledo
Por Gabriel Ortiz*.- Todo se ha ido degradando, en la medida en que pasa el tiempo. Las excelsas virtudes y engaños que se predicaban para captar votos de fanáticos creyentes que esperaban salvar la patria, se van desdibujando más rápido de lo esperado.
El vespertino “lavadero de manos de las 6”, se desgasta a pasos tan agigantados, como los que ha alcanzado el covid-19 infectando víctimas. El Presidente Duque, se monta en cuanto acto existe, o evento le fabrican, para expresar las proezas de su gobierno y las grandes esperanzas que tiene Colombia en los 21 meses que aún nos faltan.
Inaugura lo que observa o se encuentra a su paso. Sus asesores montan el libreto de cada “magna” obra, a la que haya necesidad de cortar cinta tricolor para permitir que opere. Su gran capacidad de comunicador, le permite a su público disfrutar de los embelecos y artimañas, que desde las tarimas muestra, ofrece y envuelve en la imaginación de sus adoradores.
El más pavoroso huracán, el tenebroso incendio, los frecuentes derrumbes y las tragedias asombrosas, respaldan sus elocuentes palabras ante las víctimas. Todo está acompañado de ofertas de dinero y obras relámpago, que pocas veces llegan a recuperar los daños.
Y así pasan los días y las noches desde, esa borrascosa tarde, cuando un “bachiller”, le señaló el camino a seguir por cuatro años. La maldición de los 48 meses que tendría que soportar una paz, a la que le engarzó el remoquete de “legalidad”; esa que debía diezmar e impedir que arropara a una población que ambicionaba un respiro de tranquilidad desde hacía 60 años. Se desconocía si el objetivo era: odiar la paz, o zurrar y sacudir a un pueblo lleno de esperanzas.
Hay ocasiones en que el Presidente escapa a las órdenes de su mentor y de quienes quieren aprovecharlo.
Esa lucidez lo lleva a reconciliarse consigo mismo y encontrar las fallas que le ocultan. Recobra la sensatez que le permite descubrir los abusos de quienes lo rodean y cometen tropelías como las de robar los dineros del ICBF, o vender alimentos en descomposición para los niños. Otros –muchos, muchos- reinstalan la llamada “mermelada” en casi todas las dependencias del Estado.
Duque en sus destellos de conciencia, los descubre y los califica de “ratas de alcantarilla”, epíteto del que se burlan, porque sus escondites son las cloacas y sumideros.
Como no hay nada oculto bajo el sol, todos esos desafueros pueden salir a la luz pública, a tal punto que si no actúa, las ratas lo aturdirán y se convertirán en la amenaza, que cierto exsenador presiente. Ojo con el 22.
BLANCO: Formidable la Carta Ambiental que puso en marcha Jorge Hernando Pedraza en su Comunidad Andina.
NEGRO: Con Pulgarcito se repite la historia: comete el delito, lo encarcelan, renuncia al Senado, la Fiscalía lo libera y el abogado celebra. Justicia sin legalidad.
Bogotá, D. C, 5 de diciembre de 2020
Periodista. Exdirector del Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper.
Por Jairo Gómez*.- Me tomé la tarea de comparar el contundente debate de las fuerzas alternativas en el Congreso sobre el entrampamiento contra la paz que diseñó, calculó y perversamente manipuló Néstor Humberto Martínez Neira, para aniquilar el Acuerdo del Teatro Colón, con las 56 páginas del capítulo 8 “el Caso Santrihc”, publicado en su libro: “La Dos Caras de la Paz”.
Resultado: es un texto mentiroso y embustero. No se puede ser más ruin y deshonesto con un país que, por defender intereses propios y ajenos, un individuo haga uso de sus funciones, en este caso de la Fiscalía, para meterle un misil y volar en mil pedazos un pacto que salvó vidas.
Su texto es un relato personal mal escrito que al compararse línea por línea con los argumentos de los senadores, demuestra que los documentos revelados en detalle por los senadores evidencian la sevicia y la excesiva maldad con que el exfiscal, en connivencia con la DEA, actuó para concebir el burdo montaje.
El patrón del entrampamiento no daba lugar a equivocaciones: aniquilar el Acuerdo de Paz implicaba que una vez extraditados los dos objetivos principales del montaje, Santrich y Márquez, firmantes del Acuerdo, los más de trece mil guerrilleros que dejaron las armas volverían a la insurgencia; no obstante, lo logró parcialmente.
Volar en mil pedazos el Acuerdo acabaría de inmediato con la JEP ergo, las posibilidades de conocer la verdad sobre lo sucedido en esta guerra desde el lado del establecimiento y su aparato armado -La Fuerza Pública- se desvanecerían; prevalecerían la opacidad y el ocultamiento cómplice de sus crímenes de lesa humanidad. Ese era, sin duda alguna, el resultado final de la mezquindad de Martínez Neira contra la Paz que deja entrever en su libro.
Entrampar el Acuerdo de Paz tenía un fin: la extradición; por ello la cifra de los cinco kilos de cocaína, ni más ni menos, garantizaría el indicment desde una corte de los Estados Unidos. Según los senadores con dineros públicos la Fiscalía compró el alijo para montar lo que técnicamente denominaría una “operación controlada”. Tema que en su acomodado texto no menciona el rústico Fiscal, es más, cuando renunció reconoció la entrega de la droga en ese operativo y hoy lo niega. Nada fue fortuito, todo fue pensado milimétricamente; al palurdo plan no se llegó por accidente como pretende venderlo el exfiscal en su libro “Las Dos Caras de la Paz”.
Martínez Neira es un camaleón profesional; tras su paso por el pomposo cargo de Ministro de la Presidencia (que aprovechó para hacer acuerdos secretos con el uribismo), logró su objetivo de llegar a la Fiscalía para hacer lo que hizo; evidencia que sugiere la pregunta del porqué el presidente Juan Manuel Santos, a sabiendas de la perversa personalidad de Martínez Neira y su proclividad a la traición, lo prefirió en el ente acusador. Ahora, cabría una interpelación: ¿prefirió sacrificar un respaldo necesario del Fiscal al Acuerdo de Paz a cambio de que le tapara el escándalo de Odebrecht? El Premio Nobel de paz, hasta hoy, sobre el entrampamiento a la Paz, no ha dicho, esta boca es mía.
Otra gran inquietud que irrumpe sin respuesta es cómo los periodistas cayeron redondos ante semejante montaje y nunca se preguntaron y muchos menos investigaron si esas supuestas pruebas de la Fiscalía tenían algún sustento legal y qué tan sólidas eran contra el exnegociador de paz. Creo que con sólo leer el capítulo 8 hubieran surgido muchos interrogantes sobre el caso. Tampoco se investigó que hacían agentes de la DEA, enviados por un país extranjero, inmersos en un operativo de esa envergadura y en territorio colombiano entrampando el proceso de paz. Ni siquiera se le cuestionó a Martínez Neira el desprecio con que trató a la JEP al negarle las supuestas pruebas en el caso Santrich y cómo desdice de la institución en el libro de marras.
Lo cierto es que el entrampamiento contra la Paz tuvo un éxito parcial y logró la reacción equivocada y traicionera de Santrich y Márquez de regresar a las armas; también consiguió que se privilegiara la agenda de la nueva guerra mientras la implementación del acuerdo apenas sobrevive y las amenazas de acabar la JEP y aniquilar la verdad persisten. Entre tanto, hay que reconocer que Martínez Neira, ese chabacano personaje, y el subversivo misil contra la Paz, quedarán en la impunidad.
Bogotá, D. C, 2 de diciembre de 2020
*Periodista. Analista Político.
@jairotevi
