Opinión
Por José G. Hernández* .- El 9 de diciembre de 1990 acudimos los colombianos a las urnas con el objeto de resolver, en ejercicio de la soberanía popular, si se convocaba una asamblea constituyente para expedir una nueva Constitución, así como para elegir los setenta delegatarios que habrían de integrarla.
La propuesta inicial no apuntaba a la derogación sino a la reforma de la centenaria Carta de 1886, en medio de una grave crisis generada por la violencia y el terrorismo. Se buscaba aprobar una enmienda constitucional, por un procedimiento diferente al del acto legislativo del Congreso, única que autorizaba la normatividad vigente según Acto Legislativo 3 de 1910 y Plebiscito de 1957.
El entonces presidente de la República Virgilio Barco había insistido en la reforma, pero sus intentos habían sido en vano. El plebiscito no llegó a ser convocado por falta de apoyo político y porque, a pesar de una reciente sentencia de la Corte Suprema, se pensaba que ese mecanismo estaba excluido como válido para enmendar la Constitución. El Acuerdo de la Casa de Nariño, firmado con el expresidente Misael Pastrana -que contemplaba un referendo-, fue suspendido por el Consejo de Estado, en cuyo criterio se proyectaba un procedimiento inconstitucional. El proyecto de Acto Legislativo, tramitado en el Congreso en 1988, se hundió a última hora por causa de un “mico” introducido en el texto contra la extradición.
Tras el asesinato de cuatro candidatos presidenciales, el último de ellos Luis Carlos Galán Sarmiento, los estudiantes universitarios, seguidos por muchos ciudadanos contra la insoportable violencia que reinaba en el país, marcharon en silencio en distintas ciudades, conformaron el movimiento “Todavía podemos salvar a Colombia” y propusieron la Séptima Papeleta para consultar en las urnas, durante las elecciones del 11 de marzo de 1990, sobre las posibilidades de una asamblea constitucional.
La votación con la séptima papeleta no fue contabilizada oficialmente, pues el Registrador Nacional del Estado Civil alegó la inexistencia de una norma legal que lo autorizara para el efecto, además de dificultades logísticas. Por tanto, los casi dos millones de votos informales obtenidos merced a la diligente actividad estudiantil no tuvieron un efecto jurídico, aunque sí político, ya que el Presidente Barco, mediante Decreto Legislativo 927 de 1990 (de Estado de Sitio) -declarado exequible por la Corte Suprema-, facultó a la organización electoral para adoptar todas las medidas conducentes a la posibilidad de integrar una Asamblea Constitucional.
Posesionado el nuevo presidente, César Gaviria Trujillo, expidió, previo acuerdo con los partidos políticos, un segundo decreto de Estado de Sitio -el 1926 de 1990-, que fijó los elementos necesarios para la conformación de la Asamblea, el número de constituyentes y su período y daba lugar a una corta campaña de los aspirantes a delegatarios, con miras a la elección popular. El Decreto fue declarado constitucional por la Corte Suprema de Justicia, con la salvedad del temario y del control jurídico sobre los actos de la Asamblea, que a la misma Corte confiaba la norma. Así, pues, sesionaría -como en efecto ocurrió- una Asamblea Constituyente, con pleno poder para expedir una nueva Carta Política, derogando la de 1886 y sus reformas.
Bogotá, D. C, 2 de diciembre de 2020
*Expresidente de la Corte Constitucional
Por Víctor G. Ricardo.- En Bogotá y las demás ciudades del país nos encontramos viviendo una gran crisis en la seguridad ciudadana. Han aumentado, y preocupan mucho a la ciudadanía, los robos de carros, de bicicletas, celulares, y en general los atracos en las calles, robos en residencias y oficinas, secuestros exprés y demás actos de delincuencia, tanto en sectores urbanos como rurales. Lo que es aún peor es que los delincuentes cada vez son menos pasivos y acuden más a la agresión y la violencia para lograr su cometido.
Pero resulta que en la mayoría de los casos las estrategias son las mismas, y no por coincidencia; se repiten porque se trata de las mismas bandas criminales que, aunque generan un patrón más que obvio y evidente, por algún motivo no son capturados y, de serlo, son liberados por los jueces y así continúan haciendo de las suyas.
Además, dicha situación se ve reflejada en el desmejoramiento en los avances de proyectos económicos e incluso de la inversión extranjera, por no decir que en su estancamiento.
En el caso de la capital, cada hora se presentan 9 nuevos atracos. Es decir que al día son 216, al mes 6.480 y de seguir así al año sería 77.760 sólo en Bogotá. Una cifra nunca antes vista. Las bandas de delincuentes están creciendo y un número importante de inmigrantes están involucrados en las mismas. Para quienes residimos en la capital de nuestro país, como en varias de las municipalidades de Colombia, es muy preocupante que todos los días se sienta más inseguridad en las calles sin ver acciones efectivas que busquen controlar esta circunstancia.
Lo más preocupante de todo es que también hay una crisis en la cúpula de la Policía Nacional, donde el Director General está siendo investigado por la Procuraduría General y la Fiscalía, por presuntos delitos de corrupción, denunciados por el inspector general de esa institución. Cuando los altos mandos de una institución armada se encuentran enfrentados, es urgente que el Gobierno actúe con rapidez, cortando por lo sano, para que esta clase de eventos no se vean reflejados en el personal de la institución o lleven a la anarquía en su comportamiento operacional, pues la conducta de los directivos puede llegar a ser ejemplo en sus subalternos y es ahí cuando se llega a una grave situación en el cumplimiento de sus objetivos.
Es que hasta a los medios de comunicación llegan historias de agentes de la policía que, ante grabaciones hechas por ciudadanos de su actitud en el ejercicio de las funciones que le corresponden a su cargo, acuden a la violencia bárbara, infame e ilícita. Abusan de su poder para no verse despojado de él, incluso haciendo uso del arma, cuya finalidad es la protección de los residentes, para amenazar a los mismos.
A propósito del nuevo Código de Policía, es importante que primero eduquen e inculquen sus principios y valores en debida forma a los agentes a quienes corresponde velar por su cumplimento. De lo contrario, aumentará el abuso de poder y se continuará perdiendo la esencia y razón de ser de dicho organismo.
Bogotá, D. C, 2 de diciembre de 2020
*Excomisionado de Paz
Por: Guillermo García Realpe* .- En Colombia lastimosamente en los últimos años ha venido haciendo carrera la fórmula de acudir a artimañas, mentiras, difamaciones y juego sucio para ganar las elecciones, es una nefasta práctica política que no solo sucede en lo local y regional, sino que también ha trascendido a lo nacional y quién iba a pensar, también traspaso fronteras.
En tiempos de elecciones, vemos como, en pequeños pueblos de Colombia se pierde todo tipo de tolerancia y respeto por las ideas contrarias y se convierte la temporada eleccionaria en una guerra sin cuartel, que deja enemigos incluso en el mismo entorno familiar, esto se debe a un nivel de fanatismo desbordado y al gran grado de polarización que vive el país que para nada contribuye a generar un clima de armonía en las regiones.
Aquí hacer que la gente salga a votar “verraca” parece haberles funcionado, sobre todo al actual partido de gobierno que, como ya recordamos, acudió a una serie de mentiras y tergiversaciones para que ganara el NO en el plebiscito por la Paz del 2 de octubre de 2016.
Fue un tiempo en que se dijo de todo, que el país se iba a convertir en una segunda Venezuela, que el gobierno Santos le entregaría Colombia a las FARC, que los subsidios para los menos favorecidos se iban a acabar, que el “castro-chavismo” se tomaría el poder, que “Timochenko” sería candidato presidencial, una senadora del Centro Democrático dijo incluso, que si ganaba el Sí se les quitaría el 7% a los pensionados, un pastor en Barranquilla fue más allá y dijo que la firma del acuerdo de paz fue un rito satánico, un sinfín de embustes que al final caló entre la opinión pública nacional, con los resultados que ya todos conocemos.
Es más, en su momento a través de un auto, el Consejo de Estado, señaló a través de la magistrada Lucy Bermúdez, que existió una supuesta “violencia sicológica” derivada de engaños de la campaña del No contra los acuerdos de paz. ¡Algo muy grave!
Situación similar sucedió luego con la campaña presidencial que terminó por llevar a Iván Duque a la Casa de Nariño. En época electoral, las redes sociales fueron inundadas con mensajes confusos y con noticias falsas, se dijo, por ejemplo, que Gustavo Petro es “castrochavista” y que de ser presidente aplicaría un programa de gobierno que llevaría al país a una crisis similar a la venezolana. Además, que apelaban a su pasado para reforzar la estrategia de desprestigio.
Pero si por Colombia llueve, por Estados Unidos no escampa. Recientemente los comicios presidenciales en el país del norte estuvieron pasados de términos y de señalamientos de unos y otros, pero principalmente de Trump hacia Biden.
Trump fue desbordadamente deshonesto, en primer lugar, mintió sobre el manejo que le dio a la crisis de la pandemia, dijo que “estamos doblando la esquina, se va a ir” y hoy Estados Unidos, es el país, lamentablemente con más casos de personas fallecidas en el mundo y la cifra de contagios ya reboza los 12 millones.
El saliente presidente estadounidense también arremetió contra el voto por correo, señalando de ser un mecanismo que se presta para el fraude, se fue con toda en sindicaciones contra su oponente y al mejor estilo de la política nacional lo “graduó” también de “Castro-chavista”, una práctica que no les funcionó a los Republicanos, pues en Estados Unidos, los electores, literalmente no comen cuento a ese tipo de afirmaciones y más se centran en las propuestas de campaña. Fue tanto el desespero de Trump, que se atrevió a decir que si ganaba Biden acabaría con una tradición como la navidad y la celebración del Día de Acción de Gracias. Algo totalmente salido de los cabellos.
Todo esto lo que demuestra es que el poder no tiene límites, que en muchos casos quienes aspirar a ostentar una dignidad en una corporación pública rompen todos los límites con tal de lograrlo, e incluso, recurren al exterminio físico de sus oponentes para sacarlos del camino y en nuestro país infortunadamente sí que tenemos casos, sobre todo en aspiraciones a alcaldías.
Ojalá todas estas prácticas logren extirparse de la política definitivamente, pero para ello, también se necesita del concurso de los electores, que son quienes llevan al poder a las personas, necesitamos ciudadanos preparados para la democracia, que no se dejen sobornar, que estudien las propuestas de los candidatos, que lean más, que voten a conciencia y sobre todo que elijan a los mejores, y que no se dejen engañar con mentiras por quienes aspiran a gobernarlos.
Bogotá, D. C, 30 de noviembre de 2020
*Senador del Partido Liberal
@GGarciaRealpe
Por Mauricio Cabrera Galvis*.- Preocupan los hallazgos de la última encuesta de opinión de Invamer y Noticias Caracol. Dos de cada tres colombianos creen que las cosas en el país van por mal camino; la mayoría piensa que están empeorando todos los aspectos económicos y sociales, mayoría que llega hasta el 90% en temas como el desempleo, la inseguridad o la corrupción.
Si bien el manejo de la pandemia puede contribuir al pesimismo colectivo, otro preocupante hallazgo de la encuesta que no tiene relación con el Covid es la pérdida de confianza en todas las instituciones del país. Hasta la Iglesia y los medios de comunicación registran una caída de 10 puntos en su imagen positiva. Un caso que debe prender las alarmas es el de las Fuerzas Militares. Siguen teniendo una mayoría favorable (58%, frente a 35% desfavorable), pero el aumento de la opinión negativa es muy grande: era 16% al empezar este Gobierno, y ahora es 35%. El caso de la Policía es peor porque hoy es mayor la opinión desfavorable que subió de 29% a 50%, mientras que la favorable cayó de 64% a 44%. Esto es grave porque las Fuerzas Militares llegaron a ser la institución más respetada por los colombianos, y además desempeñan un papel fundamental en la paz y la seguridad del país. Pero la pérdida de imagen no es el resultado de una campaña de desprestigio de políticos y medios de comunicación, sino de hechos reales de abusos, uso excesivo de la fuerza, violaciones y hasta asesinatos extrajudiciales. La culpa no es del mensajero que divulga la noticia, sino de quien la produce. En unas fuerzas con más de 500.000 efectivos –que son seres humanos y no ángeles, y errar es humano- es imposible que no haya abusos y hasta delitos. Pero la confianza en la institución no se pierde porque se cometan excesos sino porque no se reconocen, no se sancionan y no se piden disculpas.
Un ejemplo de lo que se debe hacer frente a estos excesos lo dio el ejercito de Australia. Su unidad élite fue muy exitosa en 19 años de guerra contra los talibanes en Afganistán, pero había muchos rumores de ejecuciones de prisioneros fuera de combate y asesinatos de civiles para aumentar el conteo de bajas enemigas; además aquellos soldados que se atrevían a denunciar los atropellos eran amenazados y desacreditados. Hasta acá, hechos muy parecidos a lo que sucede en Colombia. La diferencia está en la respuesta del alto mando australiano. En lugar de dejar pasar los rumores y refugiarse en el “espíritu de cuerpo” ordenó una investigación exhaustiva que comprobó las atrocidades de la unidad élite; a los responsables directos les abrió juicio penal y a sus superiores les atribuyó la responsabilidad de lo sucedido. El NYT recoge las declaraciones del comandante del ejército australiano, general Angus Campbell: “La Fuerza de Defensa australiana ha sido correctamente juzgada por acusaciones de graves falta de conducta, que son ciertas y profundamente preocupantes”. Públicamente ofreció disculpas al pueblo de Afganistán y procedió a suprimir el segundo escuadrón del regimiento especial del ejército, que son como los lanceros colombianos. Esta posición fue criticada por algunos, pero el ejército australiano salió fortalecido y más respetado con esa respuesta a los hechos deshonrosos. Así se construye la confianza en las instituciones a pesar de los errores de algunos de sus miembros.
Cali, 29 de noviembre de 2020
*Filósofo y Economista. Consultor.
Por Amylkar D. Acosta M*.- No he podido dar con la autoría de esta genial metáfora, para darle el crédito correspondiente, portadora de un potente mensaje keynesiano en momentos en los que hasta sus más acérrimos críticos y los más recalcitrantes alabarderos del neoliberalismo han terminado por aceptar su teoría y sus prescripciones para enfrentar situaciones tan criticas de la economía en barrena como la actual, a consecuencia de las medidas de prevención primero, de contención después y de mitigación actualmente de la pandemia del COVID-19.
Dicho texto, titulado La deuda de la prostituta, cuenta que “en agosto, en una pequeña ciudad de la costa, en plena temporada cae una lluvia torrencial y hace varios días que la ciudad parece desierta. Hace tiempo que la crisis viene azotando este lugar, todos tienen deudas y viven a base de créditos. Por fortuna llega un millonario forrado de dinero y entra en el único pequeño hotel del lugar, pide una habitación, pone un billete de 100 Euros en la mesa de la recepcionista y se va a ver las habitaciones. El jefe del hotel agarra el billete y sale corriendo a pagar su deuda con el carnicero. Este toma el billete y sale corriendo a pagar su deuda con el criador de cerdos. Al momento este sale corriendo para pagar lo que le debe al molino proveedor de alimentos para animales.
El dueño del molino toma el billete al vuelo y corre a liquidar su deuda con María, la prostituta a la cual hace tiempo no le paga, en tiempos de crisis hasta ella ofrece servicios a crédito. La prostituta con el billete en la mano sale para el pequeño hotel, donde había traído a sus clientes las últimas veces y que todavía no había pagado y le entrega el billete al dueño del hotel. En este momento baja el millonario, que acaba de echarle un vistazo a las habitaciones, dice que no le convence ninguna, toma el billete y se va. Nadie ha ganado un centavo, pero ahora toda la ciudad vive sin deudas y mira el futuro con confianza”.
La moraleja de esta metáfora nos lleva al ejemplo que puso Keynes para ilustrar su teoría que ha servido de fundamento a las políticas contracíclicas, ya sea para conjurar la recesión o para salir de ella, estimulando la demanda mediante la generación de empleo y las transferencias monetarias a los más vulnerables. Como lo dijo él, refiriéndose a la gran crisis de los años 30 del siglo pasado, “era mejor hacer un pozo y volverlo a tapar que tener gente desocupada”. Y no era para menos, pues al promoverse y ejecutarse obras públicas por parte del Estado se genera empleo, ingreso, capacidad adquisitiva, capacidad de compra y de esta manera, como lo planteó Keynes, se activaba el multiplicador de la inversión productiva, estimulando el crecimiento del PIB. De allí se sigue, como corolario, la importancia de la intervención del Estado en la economía, sobre todo en momentos en los que la economía entra en recesión, en procura de aminorar su contracción e impulsar su recuperación y su reactivación.
La piedra miliar sobre la cual descansa la teoría keynesiana fue su reformulación de la Ley de Say, también conocida como Ley de los mercados, según la cual “toda oferta crea su propia demanda”, partiendo de la base que la demanda está en función de la producción y que sólo esta podía generar una mayor demanda. Es decir, según esta Ley cuanto mayor sea la oferta de bienes y servicios, la misma, per se, genera más riqueza, la que a su vez se traduciría en una mayor demanda de los mismos, dando lugar a una especie de circulo virtuoso del crecimiento de la economía. Por ello atribuía las crisis a fallas del lado de la oferta y no del lado de la demanda.
De ello se sigue la preeminencia y prominencia del mercado, considerado como el Deus ex machina, liberado al albedrío de la mano invisible de Adam Smith, de la economía, magnificado por el Consenso de Washington, el cual plantea en su decálogo la necesidad de la desregulación y la relegación del Estado al asiento trasero, en donde no interfiera las leyes del mercado. Por lo demás, el fracaso de la estrategia del Gobierno de aupar el crecimiento de la economía y la promoción del empleo incentivando “la mayor oferta de bienes y servicios” manteniendo y ampliando las gabelas impositivas a las empresas dan buena cuenta de la falacia de la Ley de Say.
Keynes le dio la vuelta e invirtió los términos de dicha Ley, pues para él es “la demanda la que crea su propia oferta”. Según Keynes, “la Ley de Say suponía implícitamente que el sistema económico operaba siempre a plena capacidad, de modo que una nueva actividad sustituía a otra actividad y que nunca era una actividad adicional…Sin embargo, una teoría basada en ese supuesto es claramente inadecuada para abordar los problemas del desempleo y del ciclo económico”.
A propósito, el Gobierno Nacional frente a la actual crisis se ha quedado corto, por cicatero, como lo ha delatado el Observatorio fiscal de la Universidad Pontificia Javeriana al señalar que hasta la fecha, 9 meses después de declarada la Emergencia económica y social a raiz de la pandemia del COVID – 19, de los $25.5 billones del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME), “sólo el 48% de ese presupuesto, unos $12.1 billones, se han usado efectivamente para atender la crisis sanitaria y económica por la pandemia”.
En concepto de su Director Luis Carlos Reyes, el Gobierno “ha decidido que es preferible ahorrar que invertir en la recuperación de las consecuencias económicas de la pandemia” y también de las sociales. Ello explica en gran medida la lentitud de la recuperación de la economía, ya que, como lo sostiene la ex ministra Cecilia López “sin demanda no hay reactivación” y ella no se dinamiza si no se genera empleo de emergencia y se amplían las transferencias monetarias a quienes lo han perdido y carecen de un ingreso.
Santa Marta, noviembre 28 de 2020
Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía
www.amylkaracosta.net
Por Jorge Enrique Robledo*.- Suele decirse que las crisis son oportunidades, dándole a la palabra oportunidades la connotación de mejorar las cosas, a pesar de que también puede significar lo contrario. Por ejemplo, la debacle financiera global de 2008 no disminuyó el poder ni las ventajas de la banca que provocó el desastre, sino que los aumentó.
Ocho meses después de estallada la crisis de la pandemia, deben de andar frustrados quienes hablaron del fin del neoliberalismo y de la oportunidad de alcanzar cambios positivos con facilidad. Porque lo cierto es que los grandes poderes globales, a los que Duque les cumple con sumisión, tienen como primer objetivo engatusar a la opinión pública para que no haya transformaciones de fondo, en particular en los países de desarrollo menor.
Que la ortodoxia neoliberal ahora permita mayores endeudamientos públicos y déficits fiscales no debe entenderse como modificaciones de fondo del muy regresivo modelo económico de capitalismo salvaje y poderosos amigotes. Porque son para alargarle la vida, haciéndolo más regresivo y menos democrático.
El trato de Duque al sistema de salud sirve de ejemplo de cómo usar la crisis en mala dirección. Ahí está que no usó los grandes poderes que le dio la emergencia económica para efectuar cambios positivos, sino que los empleó para ratificar a las EPS como los reyes del sistema, con derecho a someter a su arbitrio a los pacientes, los trabajadores de la salud y las IPS públicas y privadas.
Y de eso se trata el Proyecto de Ley 010 para reformar el sistema de salud en trámite, que no es para mejorarlo sino para empeorarlo, como tiene que ser con un proyecto originado en Germán Vargas Lleras, famoso por sus vínculos con las EPS y la alta burocracia estatal, incluido Fernando Ruiz Gómez, quien saltó de viceministro de salud a alto empleado de Luis Carlos Sarmiento Angulo en la gran clínica que está montando, para luego terminar como ministro. La perniciosa puerta giratoria. Cómo será de mala la propuesta, que Duque le dio mensaje de urgencia a su trámite e insiste en ella, a pesar del generalizado rechazo del sector.
El eje del proyecto consiste en empeorar un sistema de salud diseñado desde el principio (1993) para tener como primerísimo beneficiario la intermediación financiera de las EPS. El cambio de nombre que se propone tiene como único fin engañar. La ley va tras concentrar en muy pocas EPS el negocio –eliminando a las restantes, a las más débiles–, a las que además les facilita la integración vertical con sus propias clínicas, achicando o arruinando a las que no hagan parte de esos gigantes económicos, que acapararán además a los restantes negocios –comerciales, industriales, etc.– relacionados con la salud. Y esto y más que no cabe detallar en este artículo, para que sean trasnacionales las que monopolicen todo el sector –lo que ya viene ocurriendo con fuerza– y exporten a sus casas matrices el ahorro nacional.
Para agrandarles más el negocio a las EPS, que ya manejan 30 billones de pesos anuales de platas públicas, la Ley 010 también promueve anexarles los regímenes especiales –Ecopetrol, fuerza pública y magisterio–, con lo que esas intermediarias se harán a las cotizaciones de otro millón de familias. E introduce las asociaciones entre las clínicas privadas y los hospitales públicos, de manera que los que no se cierren de estos, sean anexados por el puñado de monopolios foráneos que se impondrá en todo, incluido someter a lo que se les antoje a los pacientes, los trabajadores de la salud y las IPS privadas independientes que sobrevivan. Y es notorio que la ley en trámite no ataca la corrupción, auténtico cáncer del sistema de salud.
Este es otro ejemplo de cómo en Colombia están usando la pandemia para profundizar en la peor economía de mercado concebible: subdesarrollada y desnacionalizada y muy desigual socialmente hablando, llena de desempleados y pobres, corrupta y violenta, todo lo cual puede hacernos inviables como país dentro de términos mínimamente civilizados.
Cuánta falta le hace a Colombia construir un gran pacto nacional que reconozca lo mal que estamos como país y que se proponga alcanzar las modificaciones económicas, sociales y políticas que han modernizado a los países del mundo que se lo han propuesto.
Coletilla: probado quedó en el debate en el Senado que el minDefensa Holmes Trujillo debe salir de su cargo porque mintió, engañó y violó la ley para que Iván Duque, también contra las normas legales, autorizara tropas de EE.UU. en Colombia (ver y leer mi debate en este enlace: La verdad sobre el ministro de Defensa https://jorgerobledo.com/la-verdad-sobre-el-ministro-de-defensa/)
Bogotá, 29 de noviembre de 2020.
*Senador del Polo Democrático Alternativo
@JERobledo
Por: José Félix Lafaurie Rivera*.- Sí. Nos gusta conjugar ese verbo en Fedegán. Hoy, una vez más, le cumplimos a los ganaderos de Colombia con la celebración del 38º Congreso Nacional de Ganaderos, “Una ganadería para el cambio”; un evento de primer nivel, concebido, planeado y ejecutado dentro de las estrecheces, pero también dentro de las oportunidades de la virtualidad.
Nuestro 38º Congreso fue un evento que, al margen de la natural parcialidad de una autoevaluación, pero sin innecesarias modestias, no dudo en calificar de muy exitoso, no solo desde el punto de vista técnico y comunicacional, que fue totalmente “in house”, lo que me enorgullece como presidente de una organización con esa capacidad de gestión, sino desde el más importante de la relevancia de su agenda académica y de quienes intervinieron en ella. No alcanzo a pasar por todos los temas, pero quiero recapacitar sobre algunos de ellos.
Fue emocionante escuchar a expertos internacionales que ven a nuestro país desde afuera, asegurar con convicción lo que, paradójicamente, no hemos querido ver o no hemos podido concretar en dos aspectos fundamentales: primero, que Colombia tiene las ventajas, la capacidad y las condiciones; lo tiene todo, incluido un hato más grande que el de Australia, para ser una potencia exportadora de carne para el mundo.
Y segundo, que Colombia es un ejemplo a nivel ¡mundial!, en ganadería sostenible a partir de Sistemas Silvopastoriles –somos “famosos” afirmaba uno de ellos–, y que esa es una de las llaves de la transformación cuantitativa y cualitativa de la ganadería colombiana.
Fueron reveladores los testimonios del expresidente de FEDENAGA en Venezuela y de María Corina Machado, de lo que sucedió en su país en términos de destrucción del sector agropecuario y de la economía en general; y de lo que puede pasar en el nuestro, que está en la Agenda desestabilizadora del Foro de Sao Paulo y, ahora, del Grupo de Puebla, como ficha de ese proyecto errático del Socialismo del Siglo XXI.
Fue esperanzador, sin embargo, el parte de confianza que nos dieron el ministro de Defensa y el director general de la Policía, en cuanto a la lucha decidida contra el narcotráfico principalmente, el “verdadero enemigo” en palabras de Carlos Holmes Trujillo.
Interesantísimo, para legos y especialistas, el conversatorio que manejo con maestría Óscar Iván Zuluaga sobre la economía de pospandemia, con la participación de connotados economistas y del ministro Carrasquilla, quien nos mostró un escenario sin demagogias ni maquillajes, porque la situación es difícil, pero con el optimismo que demanda la recuperación, sustentado en un presupuesto de inversión sin precedentes.
Al presidente Duque, nuestra gratitud por su deferencia y por la claridad en sus mensajes a los ganaderos, entre los que resalto su compromiso con dos de nuestros grandes objetivos: la ganadería sostenible a partir de Sistemas Silvopastoriles, y el proyecto exportador para llegar a más mercados con carne colombiana y dejar corta la meta de 500 millones de dólares en exportaciones.
Fue importante la presencia del Gobierno Nacional a través de los ministros de Agricultura y Desarrollo Rural; Defensa Nacional; Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible; Hacienda y Crédito Público; Comercio, Industria y Turismo, y de los demás funcionarios que enriquecieron con su aporte nuestro Congreso.
Nuestra gratitud al expresidente Uribe, ganadero de excelencia también, quien nos brindó las palabras de clausura con su apreciación certera de la realidad nacional.
A los ganaderos y ganaderas de Colombia: ¡Gracias!
Nota bene: La transmisión por TVAgro, impecable. La nota discordante: la agresividad de los malquerientes de FEDEGÁN y la ganadería, que generó interrupciones en la transmisión por redes. Como siempre…, nos volvimos a levantar.
Bogotá, D. C, 29 de noviembre de 2020
*Presidente de FEDEGAN
@jflafaurie
Por Gabriel Ortiz*.- De un tiempo para acá son muchas las personas que se preguntan quiénes son los poseedores de la verdad, a quién hay que creerle o quiénes son los fabricantes de una realidad que pueda ser reconocida por uno de los bandos en que se divide la opinión pública.
Hasta hace un tiempo había acusadores y acusados, culpables e inocentes, buenos y malos. Se hablaba y se creía. Se investigaba y, con base en ello, se acusaba, condenaba, indultaba o absolvía.
Hace cuatro años, tras ardua lucha por alcanzar promesas y propósitos que nos dieran un baño de reconciliación, perdón y tranquilidad, se firmó un acuerdo que alejó a muchos de las armas, de los bienes usurpados y de la interminable guerra de los 60 años.
Eran millares de frases llenas de esperanza, que se rubricaron en Cartagena y el Teatro Colón.
Los promotores del conflicto montaron en cólera desde el inicio de las primeras conversaciones en La Habana, y hasta crearon empresas para evitar una tregua. Muchos temían, y siguen temerosos, por las soluciones que trae la paz. Bandoleros, paramilitares, guerrilleros, usurpadores y malhechores no admiten que las cosas vuelvan a sus cauces normales. Los aterra que se vacíen sus bolsillos y que fértiles fincas regresen a los titulares de antaño. Por todo eso troquelaron la palabra trizas, para reducir el proceso de paz.
El Gobierno, a cuenta gotas, ha aportado los implementos que requiere este elogiado compromiso, tan exaltado por un mundo que vive sediento de paz y reconciliación. Ese que hizo merecedor del Premio Nobel de Paz a un colombiano. El que hoy mantiene a más de 13 mil personas dedicadas a la producción.
Aún subsisten inconformes, de lado y lado -como ocurre en todos los procesos de paz del mundo- que siguen fuera de la ley, angustiando a los reinsertados o dedicados a asesinar líderes.
De ahí que sea necesario mantener un organismo tan valioso y necesario como la JEP, a donde deben llegar los que estuvieron en el conflicto. Es una jurisdicción a la que hay que creerle, al igual que a quienes confiesan sus crímenes, incluidos los de las motosierras, que “saben mucho de muchos, que tienen mucho poder”.
Si las Farc o los paramilitares dicen que cometieron crímenes hay que creerles. En ello estuvieron y actuaron. Buscar, por odio o venganza, otros culpables es avieso e indigno.
El Presidente Duque dice con arrogancia: “yo mando aquí”, para alejar de la JEP a los paras, a quienes notifica que “mientras sea presidente de Colombia” no les permitirá ir a ese tribunal. Al mismo tiempo califica la “verdad de los exfarc, de amañada.
Nadie discute al Presidente su mandato. Pero hay serias dudas sobre su apoyo a la paz firmada y blindada.
BLANCO: Los medios de comunicación son uno: prensa, radio, tv y redes. Pero el alivio del Gobierno no contempla estos últimos.
NEGRO: Se nos fue Iván Parra, “Parrita”, gran señor, gran amigo.
Bogotá, D. C, 27 de noviembre de 2020
*Periodista. Exdirector del Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper.
Por José G. Hernández*.- Ante lo que está ocurriendo en Colombia -con noticias diarias que, en medio de la pandemia, registran sin cesar asesinatos de líderes sociales, defensores de derechos humanos, indígenas, jóvenes, maestros, políticos, desmovilizados; y que dan cuenta del regreso de las masacres, las amenazas de paramilitares y grupos delictivos de diferentes tendencias-, la sociedad tiene que exigir al Estado que cumpla su función.
Ante una incomprensible indolencia gubernamental, seguimos asistiendo al pasajero y cuotidiano reporte sobre la masacre del día, pronto desplazada en los medios y redes por noticias relacionadas con las candidaturas presidenciales emergentes, las peleas entre derecha, izquierda y centro, el fútbol, las declaraciones de la JEP y contra la JEP, los cambios de columnistas en las revistas y la reactivación económica. En consecuencia, siguen adelante -sin mayor alarma- las amenazas de muerte y las matanzas, a cuyos escenarios llegan tardíamente las autoridades para contabilizar el número de muertos y para ofrecer recompensas, prometiendo siempre que no habrá impunidad.
Estamos, sin ninguna duda, ante una gravísima y crítica situación en materia de Derechos Humanos. Lo cual parece no haber sido visto por el Ejecutivo en territorio colombiano, mientras, en cambio, solicita investigación y sanción al venezolano por violación de esos mismos derechos. Como si aquí no estuviera pasando nada. Como si cada acto criminal, al pasar desapercibido, no existiera. Lo cual ha llevado a organizaciones humanitarias a formular solicitudes ante la Corte Penal Internacional para obtener su intervención al respecto. Eso no sería necesario en tanto los mecanismos internos de protección y defensa de los derechos y de lucha contra la impunidad operaran de verdad, pues los tribunales internacionales son complementarios y solamente actúan de manera subsidiaria. Cuando los medios internos no funcionan.
Si verdaderamente el Estado colombiano conoce y es consciente de su misión -más allá de la popularidad de sus máximas autoridades-; si es respetuoso de los Tratados Internacionales y del bloque de constitucionalidad; y si es protector de los derechos y las garantías, si realmente es humanitario; si entiende que una de sus finalidades esenciales es la de asegurar ante todo la vigencia efectiva de valores como la convivencia -que, por definición, exige como presupuesto la garantía de la vida-, la dignidad de la persona humana, la justicia, la igualdad y la paz; si este es un Estado social y democrático de Derecho, no son comprensibles ni aceptables la actual indolencia, la incapacidad, la extrema frialdad de nuestras autoridades ante la ola criminal que se ha adueñado del país.
Según los artículos 1, 2, 5 y 11 de la Carta Política, el Estado ha sido instituido con la finalidad esencial de garantizar los derechos inalienables de todas las personas dentro del territorio -la vida, el primero de ellos-. El Presidente de la República -reza el artículo 188- “simboliza la unidad nacional y al jurar el cumplimiento de la Constitución y de las leyes, se obliga a garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos”. En tal sentido, debería ejercer un liderazgo nacional, no el de un partido, para lograr los fines estatales.
Bogotá, D. C, 25 de noviembre de 2020
*expresidente de la Corte Constitucional
Aquí lamentablemente siguen insistiendo en proteger a los poderosos, al gran empresariado y a los ricos de este país, sacrificando a los pequeños y medianos empresarios y también por supuesto a la clase media que son la gran mayoría de colombianos.
Son múltiples las salidas en falso del gobierno, se aprovechan de los decretos legislativos para de por medio meter gabelas e incentivos a los grandes y estimular así a un ínfimo porcentaje que representa la gran riqueza nacional en materia económica.
Vemos con gran preocupación como en el decreto 1090 de 2020, el gobierno nacional sigue dando gabelas arancelarias a la industria internacional sacrificando el producto nacional, en esta ocasión la normativa muy bien diseñada para época de pandemia, les da grandes ventajas a los fabricantes extranjeros, que desde el pasado 3 de agosto, los envíos que hacen a nuestro país vía correo por un monto inferior a los US$200 ya dejaron de estar sujetos al pago de arancel y de IVA. ¡Increíble pero cierto!
El argumento del gobierno nacional es que está cumpliendo compromisos internacionales pendientes y que es necesario impulsar el comercio electrónico, lo que indudablemente se traduce en una muy seria amenaza al producto nacional, y especialmente a la industria de nuestro país.
Lo contemplado en el mencionado decreto les abre las puertas a gigantes como Amazon que tiene inundado los mercados internacionales con una cantidad de productos que para el caso de esta excepción arancelaria rondan entre 35 y 200 dólares. Es decir, la normativa colombiana hecha a la medida de los intereses extranjeros, desplazando a la industria nacional dedicada a la elaboración de productos como zapatos, ropa, electrodomésticos, y otros productos de uso diario también producidos en Colombia y de excelente calidad, es decir, les da a los de allá una ventaja del 19% en competitividad, ¿y los de acá?, ¿qué se jodan? Ese es el gran interrogante que aún no logran resolver desde la Casa de Nariño.
Es inadmisible y reprochable desde todo punto de vista que, en momentos en que la industria nacional y cuando nuestros productores, pequeños y medianos empresarios requieren la mano amiga del gobierno, este les dé la espalda y prefiera privilegiar los intereses externos por encima de lo nuestro, tan golpeado por la actual crisis que vivimos por cuenta de la pandemia.
Cuando más se debiera proteger la industria colombiana para recuperar el empleo perdido en la pandemia, el decreto 1090 de 2020 permite este exabrupto que legaliza el equivalente al histórico contrabando y por supuesto allana el camino para el lavado de dólares, como bien lo refiere el columnista Marc Eichman de Vanguardia.
Es evidente que la exención de aranceles y de IVA pone en desventaja a la producción nacional contra la importación de bienes del exterior, pues, aunque lo nuestro no paga aranceles, sí está sujeto al pago de IVA.
Llegó el momento para que el gobierno recupere el camino, restablezca su rumbo y replantee todas estas decisiones contraproducentes para la industria nacional y para el producto colombiano, no podemos ver cómo se sigue protegiendo a la gran empresa internacional y lo de aquí quede rezagado a migajas presupuestales que se traducen en pañitos de agua tibia, pero que para nada contribuyen a una solución de fondo a los graves problemas que atraviesan en materia financiera y de productividad.
Nadie entiende esa lógica del gobierno que busca por todos los medios estimular, proteger y favorecer a los empresarios extranjeros y a las multinacionales, y mientras tanto el producto nacional pasando tragos amargos y por ese mismo orden otros sectores como el agropecuario hoy están sumados en una enorme crisis, ya vemos el caso por ejemplo de los papicultores afectados por el bajo consumo, mientras se siguen autorizando la importación de cerca de 60 mil toneladas provenientes de mercados de Europa y Estados Unidos, entre tanto nuestros papicultores tienen que salir con sus cosechas a las carreteras nacionales y a los peajes a feriar su producto a precios irrisorios.
Y ni qué decir de los paneleros, los lecheros y demás trabajadores del agro que a pesar de su aguda situación nos siguen garantizando la seguridad alimentaria, sobreponiéndose a las circunstancias mezquinas y ruines del gobierno nacional.
Pero bueno, ya a este gobierno le queda poco, no se sintonizo definitivamente con la realidad nacional, no escucho el clamor de sus gentes y he ahí los nefastos resultados.
Bogotá, D. C, 23 de noviembre de 2020
*Senador Liberal
