Opinión
Por Gabriel Ortiz*.- Con la aparición del Presidente Duque una madrugada, con casaca verde eléctrico de la policía, se llegó a pensar que se trataba de una de esas apariciones que los políticos populistas utilizan para captar pueblo y atesorar votaciones.
Era un tétrico amanecer oloroso a muerte y regado de sangre en un CAI de barriada bogotana. Allí se había protagonizado una criminal acción de varios policías que no toleraron la presencia de un ciudadano, que celebraba con amigos cualquier momento de sus vidas.
La divulgación del hecho inundó medios y redes porque, sin que importara a los febriles agentes, este fue registrado por las usuales cámaras que hacen parte de los celulares modernos.
Se dieron toda suerte de versiones por parte de la policía, que cada vez confundían más a la opinión pública, que reclamaba castigo ejemplar.
En la mente de la gente, que en estos casos traga menos entero, se multiplicaban las críticas a la gendarmería que conforma los cuerpos policivos. Crecía el clamor por una reforma radical. Inclusive se pedía que pasara a depender del Ministerio de Interior, como suele suceder en casi todos los países.
El Presidente y su titular de Defensa, le daban vueltas al tema, buscando una solución que permitiera innovar, corregir, transformar, o eso que tenemos que hacer con el país después de la pandemia: reactivar el cuerpo policiaco.
Pasaron muchos días y la cosa seguía igual. La encrucijada envolvía la policía. Inclusive se conocieron corrupciones con dineros para ciertas construcciones, que se disipaban, porque a los encargados de las averiguaciones, los enviaron a interminables vacaciones. El Jefe del Estado, no aguantó más. Encomendó al Ministro Trujillo acelerar las tareas de renovación y ordenamiento de los verdes. Era necesario actuar con firmeza y rapidez. Todos los frentes necesitaban remedio. Hurgaron y revolvieron trayectorias y hojas de vida de los mejores, sobresalientes, correctos y destacados hombres –que los hay los hay- para encomendarle el saneamiento del cuerpo en el cual descansa la tranquilidad de una nación. Se debía recuperar la confianza y alejar el temor de la ciudadanía cuando tenga que acudir a su policía. El uniforme que vistió Duque esa madrugada, debía enorgullecer a sus portadores, despertarles la fe, la ilusión y la fidelidad.
Un alto oficial y un puñado de subalternos, encajaron en el esquema trazado por Duque y Trujillo. Eran dignos del verde eléctrico que los arropa y llenan las exigencias para que, a partir del 23 de diciembre, recuperen la policía colombiana. Jorge Luis Vargas será el encargado. Un hombre, un general experto en inteligencia, que tanta falta le hace a la institución, debe portar el estandarte de la nueva policía, que ojalá, marche al lado de la civilidad y la comunidad. Que la droga y sus crímenes, sean controlados por otro cuerpo. Esa es la policía que reclaman los colombianos.
BLANCO: Feliz Navidad para esta patria.
BLANCO: ¡Tapabocas, lavado de manos y aislamiento!
Bogotá, D. E, 25 de diciembre de 2020
*Periodista. Exdirector del Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper
Por José G. Hernández*.- Sin duda el personaje -por cierto, macabro- del año 2020 no puede ser otro que el coronavirus -Covid 19-, que ya causó, está causando y seguirá causando tantas muertes y tanto dolor en el mundo entero y, por supuesto, en Colombia, en donde el Gobierno no lo ve tan grave porque los contagios y los fallecimientos “están concentrados en cinco municipios” y porque afectan primordialmente a los mayores de 70 años. Y porque, además, en su criterio, lo más importante es la reactivación económica, aunque para lograrla sea indispensable el riesgo de los días sin IVA, las numerosas excepciones que se contemplaron durante el tiempo de aislamiento obligatorio y la delegación en los alcaldes de toda la responsabilidad de control sobre la expansión del virus.
No menos importante para el Ejecutivo es el impulso a la imagen presidencial, mediante la contratación de un costoso programa de televisión diario -de poca utilidad en cuanto a su pretendido objeto-, transmitido en horario triple A en todos los canales, el cual -según se anuncia- será ampliado, con otros espacios a cargo del Jefe del Estado, especialmente para entrevistas en tiempo de pandemia electoral, con personajes como Leopoldo López, Guaidó y demás líderes de la oposición venezolana y políticos colombianos. ¿Relación de todo eso con el Covid y con la obligación de las autoridades de cumplir los artículos constitucionales 2 -protección a todas las personas residentes en nuestro territorio en su vida, su salud y demás derechos- y 49 -atención a la salud y el saneamiento ambiental como servicios públicos a cargo del Estado-? Muy dudosa.
Se ha anunciado también la pronta adquisición de cuarenta millones de vacunas para los colombianos, lo que corresponde apenas al más elemental deber del Gobierno, vistas las graves consecuencias del virus en nuestro territorio, hoy con más de doscientas muertes diarias y doce mil o trece mil nuevos contagios en pocas horas.
Desde luego, a esos nefastos efectos de la transmisión del Covid-19 han contribuido en buena medida la indisciplina, la falta de criterio y la irresponsabilidad de muchos, que no parecen haberse dado cuenta del peligro al que se exponen individualmente -y, lo peor, a sus familiares, allegados y vecinos- cuando no utilizan el tapabocas, se pelean con el agua y el jabón, no observan las medidas mínimas de bioseguridad, organizan parrandas completamente innecesarias, celebran triunfos de sus equipos favoritos sin ningún cuidado, y creen que la Navidad 2020 y el Año Nuevo 2021 son normales, que la congestión es inofensiva y que el virus pasará por alto las reuniones etílicas y las aglomeraciones para compra de regalos. Digamos al respecto: El mejor regalo de Navidad para nuestros familiares: no llevarles el contagio.
Eso en cuanto a un personaje del año. A su lado, otro, no menos nefasto, sobre el cual el Estado colombiano perdió todo control, es el crimen. Las masacres, los asesinatos de líderes sociales, defensores de derechos humanos, indígenas, campesinos, desmovilizados. Los excesos de fuerza policial. La violencia en el interior de las familias. Los crímenes contra los menores, el más reciente de los cuales -el de una niña de dos años a manos de su padre, obnubilado por la droga "recreativa"- nos ha estrujado el corazón.
Bogotá, D. C, 24 de diciembre de 2020
*Expresidente de la Corte Constitucional
Por Carlos Villota Santacruz*.- Desde 1900 no se veía la alta polarización en los Estados Unidos, como sucedió en la última jornada electoral. Una cita que dejó como ganador al Demócrata Joe Baiden.
En medio del "climax" de la pandemia del Covid-19, el actual inquilino de la Casa Blanca Donald Trump se niega a reconocer el triunfo de Baiden. "Un hecho que incrementará la polarización en los primeros 100 días de la nueva administración".
Curiosamente, el país del norte que "sacó pecho" por décadas de ser una de las naciones más estables del mundo, hoy ese escenario no parece tan claro, a los ojos de los ciudadanos norteamericanos y la comunidad hispana que supera las 40 millones de personas.
Adicionalmente, nunca en la historia del país, un presidente en ejercicio se había negado a abandonar la sede presidencial, anunciando que su candidatura en el año 2024.
Todo este enrarecido clima político, en medio de la pandemia del Covid-19, que en Estados Unidos ha sido muy agresivo, hasta colapsar el sistema de salud y dejar más de 100 mil muertos. Algo nunca visto en materia de salud pública. Una responsabilidad que por constitución está en manos del Gobierno.
El destino del país está en manos de los ciudadanos. Por fuera de los partidos Demócrata y Republicano. La razón. Colocar en la misma "canasta" al Covid-19 y la política, se puede elevar en una "bomba social y económica". Su resultado puede ser igual o más catastrófico que la pandemia.
A propósito de este comentario. Usted que piensa. E mail
Bogotá, D. C, 23 de diciembre de 2020
Twitter @villocol
Por Juan Camilo Restrepo*.- En los últimos días la Corte Constitucional le ha dado tres fuertes golpes a la política fiscal del gobierno: en primer lugar, tumbó la sobretasa que se había establecido a los consumidores de energía de altos ingresos para sufragar gastos de empresas en dificultades como Electricaribe, que tiene inmensos pasivos a su cargo (incluidos los pensionales que superan el billón de pesos) y que iban a ser atendidos parcialmente con esta sobre tasa; en segundo lugar, declaró inconstitucionales las contribuciones que se habían fijado con cargo a los contribuyentes y a favor de la comisión de agua potable y la Superintendencia de Servicios Públicos para atender gastos de funcionamiento de estas dos entidades; y, en tercer lugar, declaró contraria a la Constitución la norma del Plan de Desarrollo que establecía una contribución especial para financiar procesos de consultas previas. Esta última determinación es especialmente grave pues, además de que la saturación de consultas previas está entorpeciendo la realización de muchas obras de infraestructura, el Ministerio del Interior se queda ahora sin recursos para promoverlas.
Estas tres sentencias de la Corte reivindican el principio de legalidad que debe enmarcar la imposición de cualquier tributo y que está consagrado en el artículo 338 de nuestra Carta política. Es el arco toral del derecho tributario en toda democracia. No hay impuestos sin representación, es decir, sin que el Congreso fije todas las modalidades y detalles de los impuestos. Y si se trata de contribuciones, éstas solo deben imponerse para recuperar total o parcialmente a través de tarifas los costos incurridos por el Estado. No deben utilizarse para atender gastos de funcionamiento ordinarios de las entidades públicas.
Estas tres advertencias de la Corte Constitucional es bueno tenerlas presentes ahora que nos disponemos a diseñar y tramitar una nueva reforma tributaria que, según insiste el Ministro de Hacienda, se presentara en el primer trimestre del 2021.
El torrente de legislación presidencial a que ha dado lugar la pandemia (centenares de decretos) han conducido a perderle el respeto a los procedimientos para la imposición de nuevos tributos o contribuciones. Se establecieron a porrillo y ahora, muchos de ellos, comienzan a caer en el cedazo de la Corte Constitucional por defectos en su diseño o por inobservancia del principio de legalidad que rige nuestro derecho tributario. “No taxation without representation”.
Desde antiguo, lo más delicado que hace un parlamento es establecer tributos a los ciudadanos. Más aún: el parlamentarismo moderno nació cuando los congresistas reivindicaron para sí la delicada tarea de gravar a los ciudadanos. Lo que hoy es labor de los congresos y no del ejecutivo que solo puede serlo en circunstancias excepcionales. Pero en uno y otro caso deben seguirse puntillosamente las reglas de la legalidad tributaria que, entre nosotros, están consagradas en el artículo 338 de la Carta Política.
Ya comenzó también el habitual fuego amigo entre el palacio de Nariño y el Ministerio de Hacienda sobre la oportunidad de la reforma tributaria. Entre el presidente Duque y el ministro Carrasquilla. El primero dice que mientras no se supere la pandemia no habrá reforma. El segundo que se presentará de todas maneras en el primer trimestre del 2021. Mal mensaje para los mercados estas constantes contradicciones.
Estas tres campanadas de alerta dadas en buena hora por la Corte Constitucional deben servir para recordar el sumo cuidado con que se debe tratar todo lo relacionado con los nuevos tributos o las contribuciones a los ciudadanos. La vocación democrática de Colombia depende de que estos principios se respeten con todo rigor.
Bogotá, D. C, 22 de diciembre de 2020
*Abogado y Economista. Exministro de Estado.
Por Clara López Obregón*.- Los referendos marcarán el debate público y el activismo de calle de 2021. Hasta la fecha, se han anunciado cinco y otros más están en preparación. Los proponentes buscan el apoyo ciudadano a propuestas que de ser aprobadas deben ser obligatoriamente adoptadas por el Congreso de la República.
Se trata de un proceso dispendioso y costoso. Fácilmente, la realización de cada referendo puede valerle al erario $140.000 millones. Más allá del costo público, este mecanismo ejercita la deliberación pública en función de temas que deben responder a las necesidades sentidas de la ciudadanía. Con todo, muchos señalan que detrás de los referendos se esconden intereses políticos de parcialidades o candidaturas que aprovecharían el instrumento para iniciar campañas presidenciales con antelación a lo permitido por las normas electorales.
En momento de crisis económica, desempleo, deuda pública en uno de los niveles más altos de la historia, con la vida en riesgo por cuenta de la pandemia y la falta de seguridad, las distintas iniciativas de referendo, especialmente las que comparten la necesidad de un cambio real, pueden convertirse en el espacio de encuentro para buscar acuerdos, pactos fundamentales, de cara a las necesidades urgentes y sentidas del país. Es momento de grandeza, es momento para superar la competencia ególatra de quién recoge más firmas y votos, es el momento para que los sectores políticos y sociales democráticos, progresistas, independientes y alternativos dialoguen y encuentren puntos de acuerdo en pro de las soluciones que la gente demanda ante la crisis.
Varios de los referendos anunciados tocan temas de gran importancia e interés común. La renta básica o salario ciudadano puede ser un emblemático punto de encuentro. Fue objeto de un proyecto de ley de las bancadas independientes y de oposición que por poco sale aprobado en el Congreso. Las centrales obreras la han incorporado en la discusión del salario mínimo y hace parte del pliego unificado de la movilización social.
Otros temas centrales son la educación superior gratuita, el subsidio preferencial a las nóminas de las pequeñas empresas de la economía popular, un programa público de empleo, la definición de un marco tributario progresivo, la extensión del plazo para la implementación del Acuerdo de Paz, la pensión universal, el servicio social alterno al militar, el reconocimiento de los campesinos como una comunidad sujeta a especial protección del Estado, la defensa ambiental, la garantía del derecho a la salud y la reglamentación legal de la revocatoria del presidente que incumpla el voto programático, entre otros.
Es un excelente haz de propuestas que aterrizan problemas sentidos de la gente. De lograr su unificación en un solo referendo común, las fuerzas alternativas que se autodenominan de centroizquierda y de la vida darían un primer paso hacia una coalición exitosa. Estamos ante la oportunidad de ser superiores a nuestras diferencias para unirnos en pro de la Colombia que soñamos. Un gran referendo común es la oportunidad para reencontrar el camino conjunto que el país exige.
Bogotá, D. C, 22 de diciembre de 2020
*Exalcaldesa de Bogotá, Exministra de Trabajo.
Por Guillermo García Realpe*.- El 2020, sin duda, por donde se le mire fue un año totalmente atípico, trajo graves afectaciones mundiales en el tema de salud, en la economía de las naciones y por supuesto afectó la productividad y por consiguiente la empleabilidad. Colombia, no fue la excepción.
Nuestro país vive una grave crisis económica y la pandemia la agudizó, de tal manera que alcanzó históricas tasas de desempleo, la última cifra dada por el DANE refleja un 14,7% de desocupación para el mes de octubre. Algo enormemente preocupante.
Bajo ese oscuro panorama, es necesario entre todos aunar esfuerzos que permitan subsanar gradualmente la crisis y retornar a la normalidad a medida que la amenaza de la covid 19 vaya minimizándose, tarea para nada fácil.
Este año, nos obligó literal, a cambiar todas nuestras rutinas laborales y de cotidianidad, nos llevó a explorar facetas antes desconocidas por muchos y apelar a la tecnología, para a través de la virtualidad desarrollar nuestras actividades diarias, de trabajo y demás. El Congreso de la República, también tuvo que acogerse a este nuevo mecanismo, que, aunque dispendioso también para muchos, en últimas permitió adelantar las funciones del legislativo en materia de elaboración de leyes y convocar al debate de control político.
En el caso nuestro, tengo que, primero, agradecer la solidaridad de todos mis colegas de la Comisión Quinta del Senado, que el pasado 22 de julio por unanimidad me eligieron como el presidente de una de las células legislativas más importantes que tiene el Congreso.
Dicho esto, empezamos a diseñar un trabajo juicioso, disciplinado y sobre todo responsable pensando en los más altos intereses del país. Y aunque en la Comisión Quinta, todas las sesiones se han hecho de manera virtual, ese no ha sido impedimento para haber sacado adelante importantes proyectos que hacen su curso para convertirse en leyes de la República.
Dentro del balance legislativo de este semestre, podemos indicar que, desarrollamos un total de 29 sesiones, de las cuales 15 para trámite y debate de proyectos y 14 para adelantar debates de control político. Realizamos también un total de ocho audiencias públicas sobre sensibles temas nacionales, sobre todo en temas agropecuarios, ambientales y sociales.
Pusimos al descubierto a varios operadores de servicios públicos que estaban abusando en el cobro de las tarifas a sus usuarios y convocamos el debate para brindar soluciones definitivas y fue así como se logró una baja sustancial en el precio de las tarifas.
Asimismo, como defensor de lo público, emprendimos una cruzada conjunta, para evitar la enajenación de valiosos activos del país como ECOPETROL y CENIT, que estaban en serias amenazas por cuenta del Decreto 811 de 2020. Fue así, como en audiencia pública del pasado 20 de agosto se alertó al país y a la opinión pública, y semanas después, la Corte Constitucional, tumbó dicho Decreto, el 23 de septiembre de 2020 y con ello quedaron a salvo. También el Instituto Colombiano Agropecuario ICA, estaba bajo amenaza de que varios de sus servicios fueran tercerizados, tal como lo establecía el Acuerdo 002 de 2020, al final del debate, el Ministro de Agricultura, cabeza de la junta directiva del ICA, anunció su derogación.
Frente a la grave crisis que viven las 350 mil familias paneleras del país, adelantamos un debate de control político para visibilizar todos los factores que tienen hoy en serias dificultades a este renglón de la economía y analizamos también el fantasma de una posible patente que ronda y que amenaza al gremio productor. Por unanimidad, la Comisión Quinta mostró su desacuerdo con la patente y pidió respetuosamente a la Superintendencia de Industria y Comercio negar dicha solicitud. De igual manera, se abogó por el mejoramiento de la red vial terciaria, vital para que los campesinos saquen a tiempo sus productos y sean competitivos en los mercados.
La crisis de los papicultores y productores de yuca también fue abordada mediante audiencia pública con la participación de diversos actores, entre ellos los ministros de Agricultura y Comercio, gremios, productores y congresistas. Se habló de la imperiosa necesidad de aumentar el presupuesto para el agro, el cual, inicialmente estaba en $1,7 billones y con el aporte de la Comisión Quinta y los debates en el Congreso, el rubro fue fortalecido y ahora el campo colombiano contará para la vigencia 2021 con un total de $2,2 billones, una cifra que no es muy alta, pero que sí ayudara a impactar favorablemente muchas de las preocupaciones que hoy tienen los 12 millones de hombres y mujeres que habitan la gran ruralidad colombiana.
Presentamos también varios proyectos de ley de nuestra autoría, entre los cuales podemos destacar el que prohíbe el uso del glifosato y sus derivados como mecanismo en la lucha antidrogas, de igual manera el proyecto “Por medio de la cual se otorga el Reconocimiento Jurídico Diferencial a los niños, niñas y adolescentes en situación de desplazamiento forzado en Colombia y se dictan otras disposiciones” y el Proyecto de Ley 306 de 2020 “Por medio del cual se declara el 2021 como el año nacional de los Océanos y se ordena la conmemoración del día de los Océanos el 8 de junio de cada año”.
Adicional a ello somos coautores de una serie de iniciativas de gran importancia para el país como el proyecto que pretende prohibir el fracking en Colombia, el de solicitar licencia ambiental para la exploración minera, y un sin número de proyectos más.
En nuestra condición de ponentes realizamos un trabajo serio en dos proyectos que hoy son leyes de la República, la ley 2046 de Compras Públicas Locales y la ley 2056 de 2020 que establece el nuevo Sistema General de Regalías. La primera, trae enormes bondades a los pequeños y medianos productores y también a las asociaciones de campesinos, la segunda ley, trae grandes beneficios para las regiones y los municipios más pobres, pero también para el medio ambiente. Esta ley puede llegar a percibir cerca de un billón de pesos al año, lo que equivale a un 142% más de los recursos asignados en el presupuesto general de la Nación para el 2020 solo para el componente ambiental.
Como pueden ver, es un balance legislativo amplio, serio, direccionado a atender las más grandes problemáticas nacionales, esperamos que el próximo año retornemos con nuevas propuestas y proyectos que redunden en beneficio de todos los colombianos.
Bogotá, D. C, 21 de diciembre de 2020
*Senador Liberal
@GGarciaRealpe
Por Jorge Enrique Robledo*.- Entre 2002 y 2006, hicimos numerosos debates en el Senado, en la Comisión Quinta y en la plenaria, demostrando lo mal que le iba a ir a Colombia con el TLC con Estados Unidos. Libramos otros hasta el 2012, cuando el Tratado entró en aplicación, luego de que con la lucha democrática impidiéramos que se aplicara desde enero de 2007, como lo pretendía el presidente Álvaro Uribe. Alguien debería calcular las inmensas pérdidas que le evitamos al país con este aplazamiento de cinco años.
La controversia se libró principalmente con los ministros Andrés Felipe Arias y Jorge Humberto Botero, esté último el encargado de dirigir las “negociaciones” del TLC, entre comillas, porque en realidad fue un contrato de adhesión a lo decidido en Washington. Según Eugenio Marulanda, uno de los asistentes a la reunión con Álvaro Uribe y Robert Zoellick en la que se inició la “negociación”, el representante comercial de Estados Unidos y luego presidente del Banco Mundial advirtió: “Listo, se hace el acuerdo. Pero nosotros ponemos las condiciones. Lo toman o lo dejan” (El Espectador, Agt.10.03).
Los debates consistieron en que los opositores demostramos con cifras y análisis lo mal que nos iba a ir con el “libre” comercio, en tanto los voceros del gobierno, sin dar una sola prueba, hacían afirmaciones que ni siquiera intentaban demostrar –porque les era imposible–, pero que sí contenían la carnada de que con el TLC los colombianos viviríamos como gringos. Según estos precursores de los fake news, ¡Colombia, y manteniendo muy alto el costo país, iba a vencer a una potencia económica que en 2007 tenía un PIB setenta veces mayor y que competía con el respaldo de enormes subsidios!.
En representación de los intermediarios ganadores con estos tratados, Jorge Humberto Botero fue capaz de afirmar: “Mil y mil gracias, por los subsidios agrícolas extranjeros” (La Patria, May.16.04), subsidios que llevan treinta años destruyendo el agro nacional. Y también dijo que para qué producir nuestros alimentos en Colombia si podíamos importarlos y pagarlos con la plata de las exportaciones petroleras y mineras, aplicación de la teoría falaz de las ventajas comparativas, la misma que los países desarrollados recetan pero que no aplican. ¡Y si esto lo impusieron contra la comida, se imaginan lo que habrán hecho contra la industria!
Lo positivo de la entrada en vigencia de ese TLC y de otros, como el firmado con la Unión Europea, fue que la experiencia probó quiénes tenían la razón, si quienes los presentaron, sin ruborizarse, como sanalotodos, o quienes advertimos sobre sus funestas consecuencias. Y ahí están las cifras irrefutables, publicadas en esta columna y en muchas otras partes, confirmando que a Colombia en su conjunto le ha ido como a los perros en misa.
Pero hace poco salió en Semana (Dic.03.20) Jorge Humberto Botero a repetir, empeorados, los mismos dogmatismos irresponsables de hace años. Porque fue capaz de afirmar que a Colombia le ha ido muy bien –ni el brutal desempleo de antes de la pandemia lo conmueve–, y que si algo falla, es porque falta facilitar todavía más las importaciones y porque los trabajadores y los empresarios colombianos son unos avivatos a los que les gusta abusar de sus privilegios contra el país.
Aunque ya había pruebas de sobra, repetir este disparate tantos años después confirma lo que ya se sabía: que con los colombianos promotores del “libre” comercio no ha habido nunca un debate serio, con pruebas en la mano, con razones y argumentos, tendiente a demostrar qué es positivo para Colombia en su conjunto y no solo para unos cuántos. Porque lo que siempre hemos tenido al frente son recitadores de doctrinas importadas que se sabe que en Colombia operan al revés de lo que prometen, según las incontables pruebas que así lo establecen. Y que lo máximo que de verdad nos ofrecen es que cada uno finque su éxito en salvarse como pueda, en no parecer colombiano, para mantenerse o volverse parte de ese escaso 20 por ciento al que pertenecemos los sectores menos atrasados y pobres del país.
Mi invitación es a no atender estos cantos de sirena reencauchados, a unirnos –sectores populares, clases medias y empresarios–, para sacar a Colombia de la mediocridad a la que la han sometido los malos gobiernos, impidiéndonos ser un país de primer nivel.
Coletilla: Muchos hechos anuncian que a Colombia le va a ir mal con las vacunas del coronavirus, víctima de las políticas retardatarias globales que tanto les gustan a Iván Duque y a otros, a cada vez menos. Al respecto, citaré a debate de control político en el Senado.
Bogotá, 21 de diciembre de 2020
Senador de Colombia
@JERobledo
Por Mauricio Cabrera Galvis*.- La magnitud de las fluctuaciones del precio del dólar en el 2020 han superado cualquier registro histórico. Con la llegada del coronavirus en los primeros tres meses del año se devaluó 25%, pasando de $3.250 a un máximo de $4.081. Después estuvo fluctuando con una leve tendencia bajista que se aceleró desde noviembre pasado, de manera que en mes y medio perdió más de $400 pesos, llegando a un mínimo de $3.420.
Estas fluctuaciones fueron generalizadas en la tasa de cambio de todos los mercados emergentes. Con la pandemia algunas monedas incluso perdieron más valor frente al dólar que el peso colombiano. El real brasileño y la libra turca se devaluaron más del 40%, y el peso mexicano el 35%; otras fueron menos afectadas: el peso chileno perdió el 18% de su valor y el sol peruano solo el 10%.
Al cierre del año la mayoría de estas monedas se han recuperado, pero en general en esos países el precio del dólar es un poco más alto que al inicio del 2020, con los casos extremos de Brasil y Turquía donde si se termina el año con una devaluación del orden del 30%. Caso preocupante para Colombia por el abaratamiento de las importaciones de esos dos países, que han crecido mucho en los últimos años.
Como los economistas y los analistas del mercado lo mejor que hacen es tratar predecir el pasado, y muchas veces ni siquiera en eso aciertan, han dado múltiples explicaciones a este comportamiento. Las causas de la abrupta devaluación de principios del año son más o menos claras: la caída del precio del petróleo, que perdió dos terceras partes de su valor, y la huida de los capitales golondrina, en un contexto de gran incertidumbre ante el desarrollo de la pandemia.
En cuanto al desplome del precio del dólar desde noviembre, que en Colombia ha sido más acelerado que en otros países emergentes, se han mencionado tres causas posibles: una, el retorno de los flujos de capital a los países emergentes, explicado por la abundante liquidez mundial creada por los bancos centrales de Estados Unidos y Europa, y las bajas tasas de intereses en esos mercados. Otra, la recuperación del precio del petróleo que debe disminuir el déficit de la balanza de pagos, y la tercera la expectativa del mercado por la monetización de los dólares del crédito del FMI al gobierno.
Aunque estos tres factores están incidiendo en el comportamiento de corto plazo de los agentes del mercado, hay dudas sobre sus efectos de mediano y largo plazo. Empezando por el último, el gobierno dio una señal muy clara de no querer distorsionar la tasa de cambio con la monetización de sus créditos externos, y por eso el Banco de la República le compró directamente USD1.500 millones, con lo cual no aumentó la oferta de divisas en el mercado.
El regreso de los capitales golondrina no es todavía muy grande, pues la balanza cambiaria solo registra ingresos por este concepto de USD500 millones, y el neto de la cuenta de capital del sector privado es negativo en casi USD18.000 millones. Finalmente, la recuperación del precio del petróleo no será suficiente para compensar el aumento de las importaciones que se dará con la recuperación económica, de manera que el déficit comercial será más alto el año entrante.
Cali, 20 de diciembre de 2020
Filósofo y Economista. Consultor.
Por Amylkar D. Acosta M*.- Habíamos advertido de las nefastas consecuencias que se podían derivar del auto proferido hace un año por la Sección Tercera del Consejo de Estado en respuesta a una demanda por un supuesto desacato por parte de la multinacional Drumond de las medidas cautelares tomadas por la misma corporación suspendiendo las normas concernientes al uso de la técnica del fracking en Colombia.
A raíz de la demanda de nulidad interpuesta contra tales actos administrativos expedidos por parte del Gobierno Nacional entre los años 2013 y 2014, el Consejo de Estado mediante providencia fechada el 8 de noviembre de 2018 decretó dicha suspensión, con lo cual en la práctica conllevaba una moratoria del uso del fracking en todo el territorio nacional.
Así como en todo yacimiento de petróleo este se encuentra asociado con el gas, en todo yacimiento de carbón entre los intersticios de este se aloja el gas metano asociado a los mantos de carbón (CBM, por sus siglas en inglés). Colombia, en donde el gas escasea y sus reservas a duras penas le alcanzan para sólo 10 años, tiene en los yacimientos de carbón un gran potencial in situ, según Arthur D Little Inc (2007), de 6.9 terapies cúbicos, casi el doble de las reservas probadas remanentes, que el país está en mora de aprovechar.
Desde años atrás DRUMOND viene autogenerando la energía que demanda su operación utilizando este gas como combustible. Intempestivamente, el Consejo de Estado al resolver un incidente de desacato de las medidas cautelares por él dispuestas, alegando que la operación adelantada por la DRUMOND en el campo de La Loma (Cesar) iba a contrapelo de las mismas, decretó como medida cautelar la suspensión de sus operaciones, aduciendo que estas les aplicaban “los efectos jurídicos de una técnica suspendida”. Si bien el CBM se puede catalogar como Yacimiento no convencional, de ello no se sigue que se tenga que utilizar para extraerlo la “técnica suspendida” del fracking.
Error garrafal del Consejo de Estado al confundir la estimulación hidráulica, que se viene utilizando en el país por espacio de más de 60 años tanto en yacimientos convencionales como no convencionales con la técnica del fracking. Sin embargo, en su fallo la sección tercera del Consejo de Estado asume, con cierta ligereza, que la estimulación hidráulica y el fracking son una y la misma cosa.
La técnica del Fracking comporta la perforación de pozos horizontales, además de los verticales y, a diferencia de otras técnicas de estimulación, se apela a la estimulación hidráulica multietapa, amén de que sólo es aplicable en aquellos yacimientos no convencionales tipo shale. Esta y sólo esta es la forma cómo puede penetrarse la llamada roca generadora en la cual está atrapado el hidrocarburo para que fluya y pueda ser extraído.
A contrario sensu, como lo afirmó el Presidente de DRUMOND José Miguel Linares en su alegato, “los pozos de gas de mantos de carbón actualmente en operación por Drummond son pozos verticales perforados en una formación geológica no de tipo “shale” y que requieren estimulación hidráulica convencional, una única vez, en pocas etapas, como se hace en pozos convencionales”. Así de claro!
De haber prosperado la tesis que dio lugar a esta medida cautelar, ello habría conllevado a la virtual parálisis de toda la actividad de la industria petrolera en el país, lo cual sería impensable en este momento cuando la dependencia de la economía colombiana con respecto a la misma es protuberante. Ello hubiera sido equivalente a una moratoria total de la actividad petrolera en Colombia con todas sus consecuencias.
Por fortuna, enhorabuena, al no encontrar méritos en la acción de nulidad que había dado lugar a la medida cautelar de marras, la Sección tercera del Consejo de Estado acaba de revocarla y en consecuencia la DRUMOND podrá reanudar sus actividades en los 15 pozos Caporo Norte de gas metano en La Loma, a las que se le había puesto el freno de mano. Aduce la Alta corporación en su auto, al referirse a la actividad adelantada por DRUMOND, que “al decidirse si la medida cautelar fue desacatada no puede considerarse que, porque la resolución y el decreto que regulaban una actividad fueron suspendidas y esa actividad quedó sin regulación, tal actividad quedó prohibida a partir de la medida".
Se explica, además, en dicha providencia que para la suspenderla “era necesario que esa actividad quedara expresamente prohibida y además estuviese descrita y delimitada con precisión en la providencia que decretó la medida cautelar". Y este no era el caso. Por ello advierte, en una clara referencia al desaguisado del auto que se revoca, que "no resulta procedente considerar en el auto en el que se declara el desacato, que en la medida cautelar se prohibieron las actividades de exploración, explotación y producción en yacimientos no convencionales, bajo cualquier modalidad de estimulación (vertical u horizontal), y que los únicos proyectos no afectados por la medida son aquellos en los cuales ya no se esté realizando ninguna labor, como lo entendió el magistrado sustanciador en el auto suplicado". Definitivamente a esa medida cautelar le faltó cautela y sindéresis.
Esta decisión ha sido de buen recibo por parte de la industria petrolera y augura un buen futuro para la recuperación de las reservas de gas del país en momentos en los que más lo requiere y de paso con ello, contrariamente a lo que piensan y alegan los detractores de esta actividad, se hará una gran contribución para alcanzar la meta, ahora más ambiciosa, de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para el 2030 en un 51%.
Bogotá, diciembre 19 de 2020
*Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía.
www.amylkaracosta.net
Por José Felix Lafaurie Rivera*.- Con esa invocación a la alegría comienza un villancico de esos que se están perdiendo en el Alzheimer colectivo por la tradición. Este diciembre lo cantaremos, aunque la alegría resulte más esquiva que en años anteriores, pues a las naturales angustias e incertidumbres, hoy se suman la zozobra por la salud y la vida por cuenta de la pandemia, el dolor de quienes todo lo perdieron por fenómenos climáticos arrasadores, la frustración de una paz que no llegó, y la amenaza de la inseguridad que atemoriza a los colombianos en campos y ciudades.
En Bogotá la situación es alarmante. En noviembre, la Secretaría de Seguridad presentó su rendición de cuentas con cifras acumuladas que se muestran alentadoras, pero que esconden una realidad diferente si se leen en el contexto de la pandemia.
No es un logro que el robo de carros disminuya apenas 10,3% en una ciudad vacía de carros durante cuatro meses. Cuando empezaron a salir masivamente, en septiembre, este delito creció ¡22%! frente al mismo mes de 2019. No es logro que el robo a establecimientos comerciales disminuya 42%, cuando durante meses solo estuvieron abiertos los de actividades esenciales y hoy muchos permanecen cerrados. No es logro que las lesiones personales disminuyan 30%, si están cerrados los lugares de rumba y borrachera donde se produce la mayoría.
No tengo como calcularlo, pero me temo que, corregidas las bases por el efecto de una ciudad paralizada y semivacía durante meses, la realidad es otra, más cercana a la percepción de inseguridad que agobia a los bogotanos. Así lo demuestran dos delitos muy significativos: el robo de bicicletas, que se disparó 35,8% frente a 2019, con gran impacto social, pues una bicicleta es divertimento para algunos, pero medio de transporte y de trabajo para muchos.
El más preocupante, sin embargo, el delito contra la vida: el homicidio; igual, en una ciudad semivacía durante meses y con mayor facilidad de vigilancia; a octubre había crecido 1,5%, con 835 víctimas, entre las que no está, entre otros, Wilfredo, asesinado en este mes de diciembre que debería ser de alegría; humilde celador, padre de cuatro hijos ya “levantados” —el menor de 17 años— y cuatro veces abuelo.
¿Qué hay detrás de esta situación? Muchos factores, entre otros, la capacidad de reacción de la Policía, afectada por una campaña de estigmatización que busca neutralizarla y deslegitimarla ante la sociedad, promovida por la alcaldesa misma; la incapacidad de la alcaldesa como Jefe de Policía de la ciudad; y uno que, al parecer, no midió la Secretaría de Seguridad: el microtráfico.
La guerra del microtráfico por el control de “territorios urbanos”, como la de su hermano de sangre, la del narcotráfico por el control territorial en el campo, están detrás de la mayoría de homicidios en el país, aunque se obstinen en negarlo quienes se oponen a la aspersión con glifosato, la alcaldesa entre ellos, para acabar con la maldición de las 200.000 hectáreas.
En Cali, habían sido asesinadas más de 900 personas a octubre, y si en Medellín se ha presentado una sensible disminución —346 al 10 de diciembre—, en gran parte obedece a que, desde 2019, las bandas del microtráfico que tenían disparado el homicidio sellaron un pacto para “hacerse pasito”.
Diciembre…, mes de alegría, de ilusión, de luz y paz; así prosigue el villancico. Aunque no sea fácil, pues la alegría, como expresión de la felicidad permanente, es una utopía que perseguimos para dar sentido a nuestras vidas, les deseo a mis lectores toda la alegría posible y paz en el corazón en esta Navidad.
Nota Bene: A mis lectores les deseo toda la alegría posible y paz en el corazón en estas festividades. Feliz Navidad!!
Bogotá, D. C, 20 de diciembre de 2020
*Presidente de FEDEGAN.
@jflafaurie
