Opinión

Por Gabriel Ortiz *.- “Dios los cría…” suele decirse de quienes luego se juntan para el bien o para el mal. Esos que sigilosamente van tras lo divino o lo humano para lucrarse. Los hay por todas partes. Son maestros en el arte de lo venal.

Todo esto lleva a la gente a tratar de entender cómo los acusados de cometer delitos contra la sociedad, la patria, o las más sagradas normas, solo reciben castigos severos o veniales, según el clan, organismo, gueto, casta o tribu a los que pertenezcan. Todo depende de la dignidad, función o fuero.

En este país las cosas se amañan, se disfrazan o se orientan, según el personaje involucrado y su preeminencia. Y lo más curioso es que los culpables de los delitos pueden cambiar de la noche a la mañana de figuración para evadir la ley. Así, pueden pasar de culpables a inocentes. Una repentina transmutación de estatus, convierte el delito en virtud y los barrotes de una celda en sitios de recreación.

Los desmanes se convierten en ascetismo, vivezas o genialidades que merecen perdón. La ley es dura, pero es la ley, reza el derecho. Pero en estos casos, la ley es blanda, benéfica y a la medida. Es la falsa ley.

Tal vez esa es nuestra condición y todos comulgamos con esta manera de actuar, de exculpar. Leguleyos o encopetados juristas se pasean como reyes por los medios de comunicación, haciendo alarde de sabiduría, malicia o destreza para desviar leyes y normas. Embrutecen a la gente citando leyes que modifican leyes; parágrafos que anulan literales y enmiendas que reglamentan todo.

La “sabiduría” de los flamantes bufetes enreda las leyes y convierten en culpables a los inocentes.

Esa es la dinámica de la corrupción imperante en Colombia. Nadie le teme a la justicia, porque la maraña en la que se mueve, permite inclusive que, hasta los reos o bandidos se burlen de ella y propongan eliminarla de tajo, o fijar mecanismos que garanticen su manejo.

Los congresos, instaurados por constituciones de países democráticos, también son fruto de “orientaciones” muy bien estructuradas para beneficio de los corruptos. Se logra, mediante elecciones de mesas directivas dóciles que los gobiernos, grupos de presión o gremios, puedan dirigirlos hacia orillas nefastas. Dádivas, ofertas pecaminosas (mermeladas) o permanencias aseguradas de sus miembros, tuercen sus designios. En épocas como la actual, se vuelven virtuales para asegurar la pereza y el manejo.

Dios los cría y ellos se juntan para señalarnos lo que se nos viene encima, como ocurre con un Centro Democrático amenazante, que pregona abiertamente que permanecerá por siempre en el poder. Reformas de extrema derecha, propias de regímenes de opinión. Por fortuna no todos los colombianos pertenecen a esas teorías políticas y nos salvarán del “ojo 2022”.

BLANCO: El golazo de Falcao, que nadie se explica por qué está en la banca.

NEGRO: Nuestros indígenas, no podrán conocer los dorados esplendores de la Casa de Nari.

Bogotá, D. C, 17 de octubre de 2020

*Periodista. Exdirector del Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper.

Por Alonso Ojeda Awad * .- Guardo un profundo respeto y solidaridad por los pueblos indígenas, no solo de Colombia sino del mundo entero. No podemos aceptar que el capitalismo salvaje, agresivo y mortal, ponga en el ojo de su ataque a las sufridas comunidades indígenas, cuyo único pecado es el de desarrollar unas formas de vida y de cultura que garanticen la supervivencia de todo el contexto biológico y ecológico en este único planeta azul hasta ahora conocido y que llamamos Tierra.

La brutal agresión contra los pueblos indígenas comenzó desde el trágico momento en que a América arribaron las fuerzas invasoras de España, dando inició a la larga masacre indígena que no termina aún. El reconocido escritor Antonio Caballero en su famosa obra “Historia de Colombia y sus oligarquías” refiere así textualmente esta pavorosa situación: “Se calcula que el noventa y cinco por ciento de los pobladores indígenas de América perecieron en los primeros cien años después de la llegada de los invasores encabezados por Cristóbal Colon, reduciéndose de cien millones a solo tres millones, por obra de las matanzas primero y de los malos tratos luego, de las inhumanas condiciones de trabajo impuestas por los nuevos amos y sobre todo, las pestes que trajeron”.

Esta sistemática aniquilación no ha parado, y se ha reactivado peligrosamente en el último año, presentándose múltiples asesinatos y masacres de miembros de las comunidades indígenas sin que medie ninguna reacción clara de defensa por parte del gobierno de Iván Duque. Por esta razón se ha proclamado la Minga Social y Comunitaria por la defensa de la vida, el territorio, la democracia y la Paz.

Su primer planteamiento es: “Por la Vida”. Impactados hemos visto como la mano asesina penetra sigilosamente las comunidades indígenas para producir la muerte en forma de masacres de líderes y sus familiares, sin que la justicia colombiana responda ante este genocidio.

El segundo planteamiento es: El Territorio. Las multinacionales mineras junto con los consorcios económicos están destruyendo los recursos naturales como selvas y bosques, envenenando los ríos, despojándolos del agua cristalina de las montañas, produciendo el desplazamiento criminal de comunidades enteras a las grandes ciudades para que se mueran de hambre, y continuar arrebatándoles sus tierras milenarias, destruyendo su cultura.

El tercer planteamiento: Por la Democracia. La Minga cuestiona al gobierno de Iván Duque por no respetar el ordenamiento jurídico de la nación y pretender desviar las decisiones centrales de la Corte Suprema de Justicia, para favorecer sus oscuros intereses. Además, orienta su política apoderándose de todos los órganos de control, para arremeter con su vocación neoliberal contra los sectores más empobrecidos de la sociedad. Hay en este gobierno un desconocimiento sistemático de los Derechos Humanos y de los derechos de las mayorías de los colombianos.

La Minga expresa su profundo compromiso con los Acuerdos de Paz firmados en La Habana Cuba, y rechaza la actitud de este gobierno en querer hacer trizas los esfuerzos de Paz, poniendo en vilo la estabilidad democrática de la nación. Exige garantizar el Derecho de las víctimas y expresa su profunda preocupación por el avance del paramilitarismo en los territorios de las comunidades indígenas y a nivel nacional.

El gobierno debe respetar la convocatoria de los pueblos indígenas, acoger sus sabias recomendaciones y su profunda razón de ser. Debe garantizarles el derecho a sus tierras, las que les fueron arrebatadas a sangre y fuego. Ellos son los portadores de los verdaderos saberes ancestrales que nacieron en estas tierras hace más de 20.000 años y ante esta debacle mundial deben ser escuchados con profundo respeto, reconocimiento, serenidad y acatamiento.

Bogotá, D. C, 17 de octubre de 2020

*Exembajador de Colombia

Por Robinson Castillo*.- En Colombia aparecen candidatos presidenciales hasta donde no se creía que estaban. Pero para llegar a la Casa de Nariño se requiere más que la simple intención. En esta ocasión les relato la historia contraria, aquellos que estuvieron a punto de gobernar a nuestro país, pero se quedaron en el club de los presidenciables fallidos.

Y no son pocos. Las razones que les impidieron lograr su sueño político no solo pasa por la matemática electoral, la violencia también influyó. La insobornable realidad es que nunca lo lograron. Empecemos.

En 1950 debió ser presidente Jorge Eliécer Gaitán, pero, dos años antes fue asesinado y ese hecho inatajable puso fin a lo probable. El líder liberal había sido alcalde de Bogotá, dos veces ministro y congresista. El 9 de abril es fecha histórica y sangrienta de aquel medio día de 1948.

Otro liberal con la misma energía de Gaitán, también fue abruptamente separado del camino hacia la Casa de Nariño, se trata de Luis Carlos Galán, quien fue concejal de Bogotá, ministro y congresista. Es considerado uno de los grandes políticos del siglo XX. Y mataron al hombre, no las ideas.

Si hay un conservador que mereció ser presidente, ese fue Alvaro Gómez Hurtado, quien aspiró en tres oportunidades, pero nunca logró que el electorado conectara con el gran perfil de estadista que ostentaba. En 1995 fue asesinado. Fue el fin de lo fundamental.

Uno más que hizo tripleta de candidaturas fue Horacio Serpa. Muchos afirman y con razón, que ser escudero del expresidente Samper, le costó alcanzar su propósito. ¡La presidencia de la república le hizo mamola!

Una mujer casi logra un giro en la historia. Se trata de Noemi Sanín, quien en 1998 quedó de tercera en las elecciones presidenciales, posteriormente hizo otros dos intentos, pero el machismo consagrado se lo impidió. Nos perdimos de una gran presidenta.

Tal vez el ex guerrillero más moderado también brilló en las elecciones presidenciales de 1990, con más del 12 por ciento de los votos obtuvo el tercer lugar, tras reemplazar al asesinado candidato Carlos Pizarro. Ese fue Antonio Navarro, después lo intentó de nuevo pero no brilló. El hombre de “Palabra que sí” la presidencia le dijo no.

Un sindicalista como Lucho Garzón dejó las protestas y se metió en la política, alcanzó un tercer lugar en las presidenciales de 2002, que le sirvió para ganar la alcaldía de Bogotá un año después. El denominado “Lula da Silva” colombiano, quien intentó de nuevo la presidencia, pero el tiempo de luz propia se había apagado.

El singular protagonista en 2010 fue Antanas Mockus, por primera vez alguien por fuera de los partidos tradicionales, pasaba a la segunda vuelta presidencial, ganaba en las encuestas, pero en las urnas su propia zanahoria le dio garrote.

Un nieto de ex presidente de la república, como Germán Vargas Lleras, con dos candidaturas a sus espaldas, comienza a tocar las puertas del club de los presidenciables fallidos, pero en su actual posición como columnista e influencia activa en la política, no parece resignarse. En cualquier momento lo intentará, créanlo y no lo olviden.

Cierra esta lista otro ex guerrillero del M-19 , el actual senador Gustavo Petro, con dos intentos fallidos por lograr la presidencia, pero con el antecedente de ser el único hombre de izquierda en alcanzar un segundo puesto con más de 8 millones de votos en la pasada contienda. Va por una tercera candidatura en 2022.

Los golpes electorales, destierros políticos, coscorrones mediáticos, lenguajes incendiarios, posiciones tibias, hacen parte del largo inventario por ajustar de muchos candidatos. El ego presidencialista los separa de la realidad.

Los que buscan la presidencia creen tener la cura para las dolencias de la nación, pero en ocasiones la nación les causa dolencia a ellos.

La pregunta incómoda

¿Estaría de acuerdo con ampliar a cinco años el período presidencial?

Bogotá, D. C, 14 de octubre de 2020

*Comunicador Social-Periodista.

Por José G. Hernández*.- No tomo partido en el caso del expresidente Álvaro Uribe. Como todas las personas, a la luz de la Constitución, goza de la presunción de inocencia, que solamente una sentencia judicial definitiva podrá desvirtuar.

Respecto a su libertad, las dos decisiones judiciales hasta ahora adoptadas provinieron de jueces competentes, estuvieron sustentadas y, aunque puedan verse como contradictorias -cual si la Juez de Garantías hubiese “corregido” a la Corte Suprema-, no es así. Si alguna contradicción existe, proviene del confuso sistema vigente.

En efecto, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia gozaba de competencia, según lo dispuesto en el artículo 235 de la Constitución, modificado por el Acto Legislativo 1 de 2018, en cuanto Uribe gozaba de fuero ante ella como Senador de la República, y actuó dentro de las reglas dispuestas en la Ley 600 de 2000 -anterior Código de Procedimiento Penal-, aunque los hechos eran muy posteriores a su derogación y al cambio de sistema -de mixto a acusatorio (Acto Legislativo 3 de 2002)-, por cuanto el nuevo Código (Ley 906 de 2004) estableció en su artículo 533  que, si bien la nueva legislación entraba a regir para los delitos cometidos con posterioridad al 1o. de enero del año 2005, “los casos de que trata el numeral 3 del artículo 235 de la Constitución Política continuarán su trámite por la Ley 600 de 2000”. El numeral en mención, en concordancia con el 186, establecía en ese momento (hoy es el 4) el fuero para los miembros del Congreso, en cabeza exclusiva de la Corte Suprema de Justicia.

La Juez de Garantías 30 de Bogotá también actuó dentro de su competencia y obró dentro de las reglas aplicables. El expresidente renunció a su curul, y, por tanto, toda vez que los hechos punibles sobre los cuales recaía el proceso no guardaban relación con sus funciones (Art. 235, parágrafo, C.P.), perdió el fuero, y la Corte Suprema perdió competencia. Así que la Juez no entró en contradicción material con lo dispuesto por la Corte sobre privación de la libertad, sencillamente porque lo único que debía resolver era si, a la luz del nuevo sistema, podía una persona sin fuero permanecer privada de su libertad sin haber mediado una imputación de cargos, exigida en la Ley 906 como requisito previo para decidir si se impone o no tal medida de aseguramiento. Y la Juez consideró que, aunque el doctor Uribe había rendido indagatoria ante la Sala de Instrucción, esa diligencia no equivalía, en materia de garantías, a la de imputación, señalada en las disposiciones sobre sistema penal acusatorio. Lo dejó en libertad, y, en mi criterio, era lo que correspondía, si se aplicaban los principios pro homine y pro libertarte -a favor del derecho y de la libertad, aun en caso de duda-.

Es válida la segunda decisión judicial, como también, en su momento, lo había sido la primera.

Hacia el futuro se debería corregir el actual diseño del sistema jurídico, reconsiderar el complicado sistema de fueros, propiciar un principio de igualdad ante la justicia y evitar que las personas puedan escoger a sus jueces.

Bogotá, D. C, 14 de octubre de 2020

*Expresidente de la Corte Constitucional

Por Clara López Obregón*.- La verdad que unos califican de “verdadera” es algo muy inasible, difícil de concretar. Como afirmó Oscar Wilde: “La verdad es raramente pura y nunca simple”. En la polarización de la política que se continúa con la guerra y que regresa a la política cuando esta termina, cada facción tiene su propia verdad.

Esta se expresa en el relato propio que la acomoda a cada visión de país y a la lealtad de grupo. Para superar este inconveniente, es necesario realizar nuevos acuerdos en que todos los actores del conflicto sean conminados a decir la verdad, amparados en las mismas condiciones y beneficios.

Las dificultades son tan complejas que incluso el grupo de intelectuales comisionado por la mesa de La Habana para escribir ensayos sobre las causas del conflicto no encontró el camino para conciliar sus visiones antagónicas.

Más fácil resulta, aun cuando no menos controversial, el destape de los secretos de guerra, así un lado se niegue a creer la versión del rival, adversario o enemigo. Así ha pasado con la confesión pública del senador Julián Gallo sobre su papel en el asesinato de Álvaro Gómez, 25 años después de los hechos. Incluso ese largo periodo sirve para colocarle al dicho un manto de duda. Pero resulta que nadie ha reclamado todavía la autoría de los asesinatos de Jaime Pardo Leal, Bernardo Jaramillo y Carlos Pizarro Leongómez sucedidos con anterioridad. No me refiero a quién disparó el arma, sino a quién o quiénes dieron la orden.

Tampoco sabemos quién ordenó la muerte de Jorge Eliécer Gaitán en 1948 o de Rafael Uribe Uribe en 1914, aunque se tejen muchas hipótesis. Son innumerables los sorprendentes y bien guardados secretos de guerra que es necesario conocer. Las atrocidades no son monopolio de uno u otro partícipe del conflicto armado. De ahí que se requieran acuerdos para conocer la verdad completa.

Desafortunadamente, este tema tan crucial para la reconciliación quedó mal diseñado en los acuerdos de paz. Para empezar, no contemplaron la comparecencia ante la justicia transicional de los paramilitares, actores de primera línea en el conflicto armado como parte de la estrategia contrainsurgente. Bajo la jurisdicción de la justicia especial para la paz (JEP) quedaban obligatoriamente sometidos, por cuerdas separadas pero simétricas, los demás actores involucrados: exguerrilleros, miembros de la fuerza pública, civiles y servidores públicos no combatientes.

La Corte desmejoró esa fórmula incompleta al establecer que los civiles y servidores públicos no combatientes no tenían obligación de comparecer y dio un plazo fijo que se venció el pasado 6 de septiembre para que lo hicieran voluntariamente. También enredó las cosas al extender el fuero presidencial o exclusión de la JEP a los congresistas, quienes también podrán someterse voluntariamente. Lo que se ha generado es un nudo de anzuelos jurídico que es necesario ordenar, política y no judicialmente que sería un cuento de no acabar.

Para que haya verdad completa o por lo menos la sumatoria de todas las verdades parciales, todos deben decir la verdad en la misma jurisdicción y bajo las mismas reglas. Ello requiere nuevos acuerdos en la forma de una negociación política que debe intentarse, aún en medio de la polarización. Esa negociación deberían intentarla las bancadas del Congreso, no ejerciendo el músculo de las mayorías que no resolvería el problema, sino el arte del consenso parlamentario.

Qué edificante sería un consenso en que todos, absolutamente todos, se pusieran de acuerdo en una sola cosa: no matonear al rival, adversario o enemigo; ni favorecer a la propia parcialidad para concretar la verdad completa de todos los bandos. En ausencia de un acuerdo, seguirá indefinidamente la estéril confrontación por la verdad.

La paz política exige el reconocimiento de todas las víctimas y de la reparación primera, que es la verdad sobre el caso de cada cual. Es mucho pedir para medio siglo de guerra, pero no se puede aspirar a menos. Empresarios, exguerrilleros, oficiales de la fuerza pública, políticos y parapolíticos y los jefes de las AUC, todos -absolutamente todos- deben confesar los secretos de guerra. Es la dura verdad.

Bogotá, D, C, 14 de octubre de 2020

*Exalcaldesa de Bogotá, Exministra de Trabajo.

Por: Guillermo García Realpe *.– Eran las 10:20 de la mañana del jueves dos de noviembre de 1995 cuando el país se estremeció con la noticia del magnicidio del líder conservador Álvaro Gómez Hurtado, un político que a todas luces ganaba importantes espacios con miras a llegar a la Presidencia de la República años después. 

Gómez Hurtado, quien salía de la Universidad Sergio Arboleda, donde dictaba clases, fue abordado por hombres armados que lo interceptaron y le dispararon en varias oportunidades y a pesar de que llegó con vida a la clínica del Country, minutos después falleció. 

A partir de ese momento se desencadenó una ola de hipótesis para esclarecer la muerte del político y periodista, se tejieron varias versiones durante años para dar con los responsables tanto intelectuales como materiales del crimen. 

Una de las versiones con mayor relevancia es la que apunta a que Gómez, era la persona escogida por un grupo de conspiradores al gobierno del entonces presidente Ernesto Samper para dar un golpe de Estado y derrocarlo y que en su reemplazo asumiera como primer mandatario, propuesta que fue rechazada por el dirigente conservador, lo que, sin duda, fue su boleto a la muerte. 

Otra versión proveniente del narcotráfico inculpa al expresidente Samper y al exministro Horacio Serpa en ser los determinadores del magnicidio de uno de sus más feroces opositores, sin que ello fuera probado a lo largo de los años, incluso, ambos han salido a manifestar en reiteradas ocasiones que no tienen nada que ver en este delicado y penoso crimen. 

El lamentable suceso del magnicidio de Gómez Hurtado, desencadenó meses después una oleada de muertes selectivas de personas que aparentemente conocían los orígenes de su muerte, todo ese hilo del crimen originó una serie de investigaciones en los organismos competentes -sin que hoy hayan sido esclarecidos-, tanto así que el magnicidio fue declarado por la Fiscalía General de la Nación, el 19 de diciembre de 2017, como crimen de lesa humanidad, al considerarlo como una forma de "política de exterminio o aniquilamiento”. 

Hoy a pocas semanas de cumplirse los 25 años del trágico hecho, el país se sorprendió con la confesión reciente que hicieran los máximos dirigentes de la extinta FARC, quienes reconocieron la autoría del execrable hecho y también la de otros cinco ilustres colombianos, entre ellos, el ex comisionado de paz, Jesús Antonio Bejarano, ocurrido el 15 de septiembre de 1999 al interior de la Universidad Nacional. Este anuncio ya había sido dado a conocer ante la Jurisdicción Especial de Paz -JEP-, mediante carta enviada por los líderes de la ex guerrilla. 

La noticia de que cinco lustros después se conociesen a los verdaderos responsables del asesinato de quien fuera además uno de los presidentes de la Constituyente del 91, dejó frío al país y en general a la clase política nacional, pues con ese reconocimiento por parte de las FARC, se pone fin a un ciclo interminable de acusaciones y mantos de dudas sobre los genuinos determinadores del hecho. 

Pero como todo en Colombia, al saberse de la noticia difundida por los principales líderes de la ex FARC, salieron nuevamente las voces que quieren seguir sembrando cizaña alrededor del crimen de Gómez Hurtado, descalificando, dudando y hasta afirmando que la guerrilla no tuvo nada que ver en su muerte. El magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, es un hecho grave, doloroso, pero la confesión de las FARC se constituye en un testimonio para llegar a la verdad. 

Esto demuestra que el proceso de paz sí sirvió en materia de la verdad, pues la guerrilla cumplió, se desarmó, está asistiendo ante la JEP y están contando la verdad no sólo de hechos tristes como el que hoy describimos, sino también de episodios abominables como el reconocimiento del reclutamiento de menores, el aborto entre las combatientes y otra serie de hechos que se cometieron durante el conflicto armado en Colombia por más de cincuenta años. 

Ojalá todo esto nos sirva como sociedad a encontrarnos como colombianos, para aprender a perdonar, a reconciliarnos y a comprometernos a que nunca más el país revivirá esos horribles días de muerte, violencia y desolación que sólo deja la violencia y la guerra.

¡Qué viva la Paz!

Bogotá, D. C, 13 de octubre de 2020

*Senador Liberal

@GGarciaRealpe

Por Jairo Gómez*.- La verdad, a pasos agigantados, se abre paso. Dos cartas recientes dejan entrever que el  camino para lograr la reconciliación es, definitivamente, la verdad; dejar a un lado tanta mentira y erradicar la manipulación de la historia reciente de nuestro país debe ser un propósito nacional.

Caiga quien caiga, así sea medio país, los colombianos tenemos el inalienable derecho de conocer la verdad sobre quiénes y porqué apadrinaron el conflicto armado, llámense guerrilleros, civiles o militares; quienes financiaron el horror de la guerra y con qué propósitos; porqué desde instancias de responsabilidad institucional, amparándose en injustificables fueros, utilizaron ese poder para perseguir y matar a sus oponentes y convertir los campos colombianos en verdaderos océanos de sangre.  

Hablo de dos cartas: la de los exFARC hoy sometidos a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) asumiendo responsabilidad temprana sobre seis asesinatos, y la de Salvatore Mancuso al exministro Álvaro Leyva, en la que reitera su compromiso de contar todo lo que sabe, tras confirmar, de puño y letra, lo que era un secreto a voces: “fui extraditado para callarme”.

La verdad en Colombia tiene muchas aristas y orígenes. En el caso de los exFARC corresponde narrar detalladamente los pormenores del conflicto interno armado desde su accionar de guerra, probarlo y verificarlo ante los magistrados de la JEP; aquí no se trata de relatar su verdad y pare de contar, no es así; de comprobárseles que mienten perderán todos los beneficios.

Se lanzaron al agua y sorprendieron al asumir responsabilidad en el asesinato del líder de derecha Álvaro Gómez Hurtado y de Chucho Bejarano. Secreto bien guardado. Adjudicarse tamaña responsabilidad no es una dato menor y lo tendrán que demostrar con pruebas verificables ante la JEP, so pena, repito, de perder todos los beneficios. El papel lo aguanta todo, pero en el caso de la verdad con ocasión del conflicto interno armado, no.  

Vamos con Mancuso: que diga lo que dijo, revela la perfidia con que se manejó el acuerdo entre el gobierno de Álvaro Uribe y los líderes paramilitares que aceptaron someterse a la a la Ley de Justicia y Paz. Según se ha dicho, ese sometimiento tenía un fin: la extradición. Esa perversidad se hizo patente cuando a alias ´Jorge 40´ (Rodrigo Tovar Pupo), le notificaron que sería extraditado a Estados Unidos: “nos traicionaron” gritaba con profundo dolor.

Sin duda esa estrategia se hizo notoria cuando los exjefes paramilitares desde las cárceles de Estados Unidos dijeron estar dispuestos a contar todo lo que saben. “Le reitero, como lo manifesté de forma verbal, que estoy dispuesto a comparecer ante la Comisión de la Verdad (…) mi compromiso de verdad, reparación y no repetición, les prometí que no les voy a fallar y no lo haré; la verdad no puede seguir sirviendo para beneficiar a intereses oscuros”, dijo Mancuso en su carta del 7 de septiembre al exministro Leyva.

A esa verdad es a la que le temen la mayoría de las élites de este país y por supuesto a las aberraciones de la guerra civil no declarada en Colombia. Lo dicho por los excombatientes sobre el magnicidio del líder conservador puso patas arriba el proceso y evidenció cómo se manipula la justicia en Colombia; sobre ese específico caso se tejieron quirúrgicamente versiones y pruebas que apuntaban a otros responsables e incluso se llegó a condenar a una persona a 40 años de cárcel por haber apretado supuestamente el gatillo.

La verdad comenzó a dar sus frutos y estremeció a los administradores de justicia de ayer y hoy que salieron a lavarse las manos y a poner en duda la autoría de los confesos exguerrilleros. ¿Qué justicia tenemos? Es lo que hay que preguntarse; ¿cómo la familia del inmolado Gómez Hurtado compró la versión de un crimen de Estado y dejó que se politizara el crimen? Esa verdad también hay que saberla. ¿Qué hizo la fiscalía? ¿De dónde salieron las pruebas? ¿Cómo fueron construyendo versiones para implicar a personas inocentes con el designio de hacernos creer que se trataba de un crimen de Estado? Y los ficales de hace 25 años y los de hoy ¿qué? Da risa, también se declararon sorprendidos.    

El Acuerdo de Paz comenzó a dar sus frutos con una gran diferencia: el pacto suscrito entre el gobierno Santos y las FARC implicó taxativamente el reconocimiento de un conflicto interno que permitió negociar una paz política con alcance constitucional que obliga a los excombatientes a decir verdad y reparar a las víctimas; mientras el Acuerdo que le impuso Álvaro Uribe a los paramilitares, que no era político sino de sometimiento a la justicia, le permitió a su antojo jugar con la suerte de los jefes de las autodefensas. Por eso los extraditó. “Para extraditar la verdad”, como bien lo dijo Mancuso.

El gran “Movimiento Nacional por la Verdad”, propuesto por el exministro Álvaro Leyva, debe ser una realidad y como bien lo explica es el camino que nos “abrirá la trocha que nos conducirá a la paz integral”. Los enemigos de la verdad no pasarán.
Bogotá, D. C, 13 de octubre de 2020

*Periodista. Analista Político.

@jairotevi

Por Mauricio Cabrera Galvis*.- ¿Cuáles son las propuestas de la academia para reactivar la economía ante la crisis de la pandemia? Para dar elementos para responder esta pregunta, el diario Portafolio hizo un interesante sondeo entre los decanos de las facultades de Economía de 6 universidades colombianas, 3 de Bogotá -Nacional, Javeriana, Externado- y 3 de provincia –Icesi, Eafit y del Norte.

Por definición la academia es plural y diversa, por lo que no es posible decir que la opinión de los decanos sea una posición oficial de la universidad, ni mucho menos que todos los profesores de las facultades tengan que aceptarla como una orden; sin embargo si refleja una tendencia de cuál puede ser la orientación mayoritaria de la línea de formación que están recibiendo los jóvenes economistas.

Lo primero que resalta en las respuestas es el consenso total sobre la necesidad de aumentar el gasto público financiado con mayor endeudamiento y de políticas para generar empleo. En dos recetas coinciden todos: una, políticas públicas para la generación de empleo y otra, mayor inversión pública en obras de infraestructura; además varios de ellos plantean el aumento de las transferencias y subsidios del Estado tanto a los hogares (Ingreso solidario), como a las empresas para defender el empleo (PAEF).

Es un cambio total de paradigma. Ahora todos somos keynesianos. Atrás quedaron las épocas en que las obsesiones de los economistas eran la inflación y el déficit fiscal, y el remedio el recorte el gasto público junto con la restricción monetaria. Es posible que en el futuro vuelvan a aparecer estos problemas, pero ante la gravedad y las características de la crisis actual la academia tiene la sensatez de reconocer que el problema actual es la falta de demanda y que la intervención del Estado es indispensable ante las limitaciones y equivocaciones de las fuerzas del mercado.

No están solos los decanos en su nueva visión. Hasta el FMI ha dejado de lado su tradicional exigencia de austeridad fiscal y reducción de la deuda pública, y por primera vez está haciendo prestamos directos a los gobiernos como el de Colombia –ya no a los bancos centrales- para financiar el gasto público. Por su parte los bancos centrales dan más énfasis al objetivo de generar empleo y hasta se planean metas de aumentar la inflación. Sorpresas te da la vida.

Es interesante también señalar lo que no dicen los decanos, es decir las políticas de reactivación que no contemplan dentro de sus propuestas. Tres ausencias son significativas: el papel de los entes territoriales, la vivienda y las exportaciones.

Solo uno de los decanos menciona que los programas de obras públicas deben ser intensivos en mano de obra, y que los deben ejecutar departamentos y municipios. Tal vez es un rezago de centralismo que, aún para los decanos que viven en provincia, solo sea relevante el gasto público del gobierno central y no presten atención a la crisis fiscal de los gobiernos territoriales, que no han recibido ninguna ayuda del nivel nacional.

También llama la atención que no incluyan los estímulos a la vivienda, que es uno de los programas estrellas del gobierno. En cuanto a las exportaciones, tal vez son conscientes de que la pandemia ha llevado al cierre de las economías, y que se debe volver la mirada a la protección y expansión del mercado interno. Otro significativo cambio de paradigma.

Cali 11 de octubre de 2020

*Filósofo y Economista. Consultor.

Por Juan Camilo Restrepo *.- Con plazos “calentanos” se entienden aquellos compromisos que se van a cumplir más adelante…cuando se pueda. Pero sin comprometerse en fechas precisas. Podemos decir que a las grandes reformas que necesita el país les ha fijado el gobierno “plazos calentanos”.

Es el estilo del gobierno del presidente Duque. Le gusta anunciar todo aquello que sabe que genera aplausos colectivos y que no suscitan polémica. Pero tiene aversión para afrontar asuntos duros que puedan levantar descontento. Prefiere dejarlos nebulosamente para más adelante: con “plazos calentanos”.

Hace seis meses estuve en la presentación del informe que rindió la comisión que estudió el tema de reformas al mercado de capitales. Allí se dijo que el gobierno se aprestaba a radicar bajo la forma de proyectos de ley dichas recomendaciones. Nada se hizo en un semestre. La semana pasada volvió a decirse que pronto se presentarían proyectos de ley al respecto. Hace tres meses se presentaron las conclusiones de la comisión que estudió el tema de la tributación de las entidades territoriales, otra de las grandes urgencias fiscales del país. Lo mismo. Todos pensamos que se procedería a llevar rápido al congreso las conclusiones de esta importante comisión. Nada de eso sucedió. Entraron al anaquel de los asuntos apremiantes con “plazos calentanos”.

Otro tanto ha sucedido con la reforma tributaria, con la pensional, con la laboral, con la de la justicia. Nada se mueve, aunque la semana pasada hubo nuevamente anuncios del ministro de Hacienda de que, ahora sí, se estaban preparando los esperados proyectos de ley. De vez en cuando se menciona que hay comisiones de expertos estudiando el tema, pero de ahí no pasan las cosas. Y a todas estas el tiempo corre y el resplandor del implacable reloj de sol del cuatrienio comienza a calentar las espaldas de este gobierno.

Es el ADN gubernamental: postergar los asuntos estructurales difíciles. Por el momento, claro, se anuncian diariamente desde la tribuna del programa televisivo de las 6pm todo tipo de ayudas para los damnificados de la pandemia. Lo cual está muy bien. A nadie le chocan este tipo de noticias: que tal subsidio a la nómina se posterga por seis meses, que tal nueva actividad queda exenta del IVA, que la ayuda para el pago de la prima de fin de año se prorroga, que se reabrió tal aeropuerto, y así por el estilo. También en las últimas semanas se le está poniendo cierto énfasis en avanzar en las obras de infraestructura que este gobierno encontró iniciadas, lo que por supuesto es plausible. Pero ninguno de estos anuncios enfrenta los temas duros de las reformas estructurales que tanto necesita el país.

El argumento de que estamos todavía en pandemia no deja de ser especioso. Si todo lo complicado se va a dejar para “cuando pase la pandemia”; y si por el contrario estamos viendo que ésta se prolonga y que más bien habrá que enfrentar nuevos brotes, es evidente que todo lo complejo aunque sea apremiante se quedó para el próximo gobierno. Pues al actual se le va a ir el último año hábil que le queda -antes que entremos en campaña electoral- manejando el día a día de pandemia y el acordeón de los confinamientos. Pero sin meterle el diente a los temas duros: para estos últimos habrá comisiones de expertos, foros, anuncios y “plazos calentanos”. Pero nada más.

Y es una lástima. Reformas como la tributaria, como la pensional, como la de asuntos laborales para revivir el empleo, como la misma de la justicia, no toman menos de un año de arduo trabajo parlamentario. Y eso suponiendo que se construye de antemano un gran pacto político para sacarlas adelante, que tampoco se ve por ninguna parte. Esto quiere decir que antes del 2022 o del 2023 no habrá reformas estructurales en Colombia. Y para ese entonces puede ser muy tarde.

Mientras tanto solo nos quedará como máscara de oxígeno fiscal continuar subiendo los índices del endeudamiento público para financiar los gastos de la pandemia: es el camino inexorable cuando se entra en la lógica de los “plazos calentanos”.

Bogotá, D. C, 11 de octubre de 2020

*Abogado y Economista. Exministro de Estado.

Por: José Félix Lafaurie Rivera*.-  ¿Quién organiza y financia el vandalismo en las manifestaciones pacíficas que nunca lo son? Los elenos reivindicaron su estrategia de infiltración y está probada la de las disidencias. ¿Y qué financia al ELN, a las disidencias farianas y a todos los grupos ilegales? El narcotráfico.

¿Quién asesina líderes sociales, reclamantes de tierras o, simplemente, miembros de Juntas de Acción Comunal, de las que hay una en cada vereda de cada municipio? El ELN, las disidencias y demás mafias ¿Y qué tienen en común todos ellos? El narcotráfico.

Narcotráfico en los campos, microtráfico en las ciudades pervirtiendo a nuestra juventud. Recogimos de la basura la vergüenza de ser otra vez el primer productor de coca del mundo, y hoy cargamos también con la vergüenza –y la desgracia– de ser un país consumidor.

Durante el gobierno Santos y bajo la presión extorsiva de las negociaciones con las Farc, y también de los gobiernos de Chávez y Maduro en Venezuela y de Correa en Ecuador, se prohibió la aspersión aérea con glifosato, se derrumbó la lucha contra el narcotráfico y el país pasó de 47.000 hectáreas de coca y bajando, a 210.000 y subiendo, hasta que en 2019 el gobierno Duque detuvo esa tendencia.

¿Quiénes eran los responsables de que eso no sucediera? Los ministros de Defensa de Santos, que incumplieron su misión constitucional, sin que les adelantaran moción de censura los mismos congresistas que hoy, reforzados por los que consiguieron curul gratis, persiguieron con dos mociones al exministro Botero y hoy pretenden acorralar a Trujillo porque no les gustó la forma como pidió disculpas, que tampoco le gustó a nuestra politizada justicia.

Los protagonistas son los mismos: la izquierda y el centrosantismo, interesados en defender los aberrantes compromisos con las Farc a los que llaman “paz”. El montaje es el mismo: acusar al Gobierno de revictimizar, cuando son ellos los que manosean a las víctimas como bandera política; acusar al Gobierno de una violencia que ellos mismos propician, impidiendo la lucha contra el narcotráfico, promoviendo la protesta permanente y paralizante, y azuzando la violencia y el odio contra el presidente.

La estrategia es la misma: el discurso antigobiernista y el insulto vociferante. Al Gobierno lo tildaron de dictadura civil, autoritarismo democrático, violador de la libertad de prensa y mentiroso, para citar lo menos; y al ministro de indigno, estúpido, truculento, mentiroso, prepotente, manipulador, incapaz y mezquino, entre otras diatribas.

¿Qué ministro le sirve a la oposición? Ninguno, porque el ataque no es contra el ministro sino contra el Ministerio, contra la Seguridad Nacional que se quiere debilitar y contra la Fuerza Pública que se quiere deslegitimar; ayer fue Zapateiro y hoy Atehortúa. No importa el general o el ministro; lo que importa es golpear al Gobierno.

Los atacantes son los mismos que impiden la lucha contra las drogas que generan la violencia, de la cual, por ello, son también responsables. Responsables de seguir maniatando la seguridad del país para que prosperen la violencia y el caos, y así, emerger en 2022 como salvadores e imponernos el socialismo de la vecindad.

Nota bene. Irresponsables las ONG, los animalistas, vegetarianos y veganos extremos, que promueven el “Día sin carne” sin pensar en los miles de campesinos que viven de la ganadería, ni en los empleos de la cadena cárnica en plena pandemia; sin pensar, sobre todo, en el desarrollo adecuado de millones de niños, porque la ausencia de proteína animal perjudica su salud. FEDEGÁN seguirá defendiendo de semejante irresponsabilidad la noble labor de producir carne y leche, y la importancia insustituible de estos dos alimentos.

Bogotá, D. C, 11 de  octubre de 2020

*Presidente de Fedegan

@jflafaurie