Opinión
Por Gabriel Ortiz*.- Los gremios, los indígenas, las organizaciones sociales y en general el público, esperan que el gobierno restablezca las garantías que reclama la sociedad para recuperar sus derechos. Especialmente esos que permiten a la comunidad solicitar el cumplimiento de las obligaciones y promesas que los Estados deben entregar, otorgar y proporcionar sin exigir nada a cambio.
En nuestro medio, no hay día, no hay semana, no hay mes, en que la gente no tenga que llamar la atención a sus gobernantes, por las omisiones y desobediencias. Cuando no se infringen normas, plazos o montos por cuenta de la corrupción campante, es la memoria o negligencia de altos, medianos o pequeños funcionarios la que falla. Y no hay quién pueda sancionarlos o urgirlos a actuar.
El “papeleo” y el clamor no cesan para evitar los desacatos, porque nunca hay sanciones para los infractores. Y las pocas que se advierten están blindadas y amparadas por la corrupción.
Es ahí en donde empiezan a despertar los movimientos de protesta y las reclamaciones de millones de colombianos desesperados.
Las centrales obreras, los indígenas, las agremiaciones y demás entidades que se ocupan de buscar bienestar para los ultrajados, despliegan reclamaciones que rara vez son escuchadas. Los más altos funcionarios, esos de la cumbre, solo atienden a quienes los eligieron y a quienes de la noche a la mañana, producto de la “mermelada” los apoyan. Así manejan todo, y así burlan los derechos de las gentes. Las protestas se desconocen, las difaman, mancillan y desprestigian. Les aplican el rótulo de violentas o infiltradas.
Estamos ahora, en un período de enfado, contrariedad y ofuscación, que impulsa a las gentes a marchar para defender sus derechos, mientras el gobierno y sus amigos, olvidan que la protesta es un derecho fundamental. La Constitución colombiana la consagra y las Naciones Unidas dicen categóricamente que no se puede prohibir, ni restringir, ni bloquear, ni dispersar, ni perturbar. Solo pide que sea pacífica.
Nada más pacífico, ni civilizado, ni ordenado, ni justificado, que la minga que adelantaron nuestros indígenas. La ciudadanía salió a lo largo y ancho de carreteras, calles y parques a respaldarlos. Por donde pasaban, en los sitios donde se alojaban, dejaban cultura, compostura, aseo y orden. No hubo queja alguna, más que de quienes les aplicaban el odio que enloquece a los colombianos que se creen los dueños de lo que nos queda.
La minga y el paro del 21, nos dejan grandes enseñanzas: no se necesitan smad, ni extremas medidas. Tampoco exagerados, contradictorios e inverosímiles y anormales protocolos, como los que se inventaron para evitar los reclamos de una sociedad que soporta desempleo, extrema pobreza, desconsuelo, angustia, ausencia de Estado y hambre. Al pueblo, a la comunidad y a la sociedad no se atropellan con manos duras y paradójicos protocolos.
BLANCO: El ejemplo que dieron las fuerzas vivas durante el paro del 21.
NEGRO: El recorte presupuestal que se aplicó a la paz.
Bogotá, D. C, 23 de octubre de 2020
*Periodista. Exdirector del Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper.
Por Robinson Castillo*.- A Gabo no le gustaba dar entrevistas. “El que quiera saber qué opino que lea mis libros” solía decir el Nobel nacido en Aracataca. Y con esta licencia que dio en vida, ahora puedo hacerle una entrevista celestial.
Un 21 de octubre de 1982, La Academia Sueca le informó por teléfono a Gabriel García Márquez que era ganador del Premio Nobel de Literatura, gracias a Cien Años de Soledad y a su amplia obra que retrató una zona olvidada del mundo: Latinoamérica. Se cumplen 38 años de la hazaña del realismo mágico.
Un artículo de Gabo en la revista Cambio; del 16 de julio de 2001, el Nobel relató el épico episodio para lograr su novela cumbre. Se me antojó ponerle muchas preguntas a varias anécdotas y surgió esta entrevista celestial.
Robinson Castillo: ¿Cómo llegó la inspiración para comenzar a escribir Cien Años de Soledad?
Gabriel García Márquez: Desde hacía tiempo me atormentaba la idea de una novela desmesurada, no sólo distinta de cuanto había escrito hasta entonces, sino de cuanto había leído. De pronto, a principios de 1965, me sentí fulminado por un cataclismo del alma. Me senté a la máquina para escribir una frase inicial que no podía soportar dentro de mí: Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo.
RC: ¿ Y se dedicó de lleno a terminarla?
GGM: Desde entonces no me interrumpí un solo día en una especie de sueño demoledor, hasta la línea final en que Macondo se lo llevó el carajo.
RC: ¿ Su esposa Mercedes fue clave para mantener la maltrecha economía familiar?
GGM: Mercedes se hizo cargo de todo cuando acabamos de fatigar a los amigos. Logró créditos sin esperanza con la tendera del barrio y el carnicero de la esquina. El toro negro de la miseria nos embestía por todos lados.
RC: ¿Y cuál era su principal preocupación en esa escasez económica?
GGM: Uno de mis problemas más apremiantes era el papel para la máquina de escribir. Mercedes se gastaba medio presupuesto doméstico en pirámides de resmas de papel que no duraban la semana.
R.C: ¿Exactamente cuándo terminó la novela?
GGM: A fines de agosto, de un día para otro, se me apareció a la vuelta de la esquina el final de la novela.
R.C: ¿Cómo surgió el título de su obra?
GGM: No recuerdo si entonces tenía el título de la novela, ni dónde ni cuándo ni cómo se me ocurrió. Ninguno de los amigos de entonces ha podido precisarlo.
R.C: ¿Quién fue el primer lector del original?
GGM: Alvaro Mutis fue el primer lector de la copia definitiva, aún antes de mandarla a imprenta.
R.C: ¿Cómo fue el contacto con la editorial argentina?
GGM: Nunca he sabido cómo fue que en esos días recibí una carta intempestiva de Paco Porrúa – de quien nunca había oído hablar- en la que me solicitaba para la editorial Sudamericana los derechos de mis libros. El único consuelo que se me ocurrió fue contestarle que estaba a punto de terminar una novela muy larga y sin compromisos.
R.C: Pero el dinero no alcanzaba para enviar los originales hasta Argentina
GGM: Era un paquete de quinientas noventa cuartillas. El empleado del correo puso el paquete en la balanza, hizo sus cálculos mentales, y dijo:
-Son ochenta y dos pesos- Mercedes contó los billetes y las monedas sueltas que llevaba en la cartera, y me enfrentó a la realidad: Sólo tenemos cincuenta y tres.
R.C: ¿ Y entonces?
GGM: Abrimos el paquete, lo dividimos en dos partes iguales y mandamos a Buenos Aires sólo la mitad.
R.C: ¿Y la otra mitad?
GGM: Encontramos dos cosas apenas empeñables: el calentador de mi estudio y una batidora.
R.C: Mercedes que le dijo
GGM: Lo único que falta ahora –dijo- es que la novela sea mala.
Sin la realidad no hay magia. Hay que seguir leyendo a Gabo y lograr entrevistas, allí donde hay muchas respuestas.
Bogotá, D. C, 21 de octubre de 2020
*Comunicador Social- Periodista
Por José G. Hernández*.- El Diccionario de la Lengua define la censura como “intervención que practica el censor en el contenido o en la forma de una obra, atendiendo a razones ideológicas, morales o políticas”. “Aplicar un control ético, político o religioso sobre algo o alguien”. El Diccionario Enciclopédico Vox apunta que consiste en “examinar y formar juicio el censor [de un texto, un filme, etc.]”.
Dice la Corte Constitucional (Sentencia T-505 de 2000) que hay censura siempre “que se verifica el contenido de lo que un medio de comunicación quiere informar, publicar, transmitir o expresar, con la finalidad de supeditar la divulgación de ese contenido a permiso, autorización o previo examen -así no lo prohíban-, o al recorte, adaptación, adición o reforma del material que se piensa difundir. Prohibir, recoger, suspender, interrumpir o suprimir la emisión o publicación del producto elaborado por el medio son modalidades de censura, aunque también lo es, a juicio de la Corte, el sólo hecho de que se exija el previo trámite de una inspección oficial sobre el contenido o el sentido de lo publicable; el visto bueno o la supervisión de lo que se emite o imprime, pues la sujeción al dictamen de la autoridad es, de suyo, lesiva de la libertad de expresión o del derecho a la información, según el caso”.
El censor puede ser un agente estatal, un líder religioso o político, un empresario, un editor, un juez o tribunal, o -internamente- el medio de comunicación para el cual trabaja quien informa o se expresa. Y, en general, todo aquél que goce de poder suficiente para interferir de cualquier forma, directa o indirecta, una comunicación (expresión o información), para impedir que llegue a sus destinatarios o para que llegue desfigurada o recortada.
Aunque la aplican en Colombia, cada vez con más frecuencia, la censura está prohibida por el art. 20 de la Constitución: "No habrá censura". Lo cual no se opone a la responsabilidad social de los medios de comunicación, ni a la que se deriva del ejercicio indebido del derecho a la información cuando afecta otros derechos fundamentales como la honra, el honor, el buen nombre o la intimidad de las personas.
Desde luego, no constituye censura la protección a los menores de edad para evitar daño a su intimidad y formación respecto a material pornográfico o violento, o cuando la tecnología mal usada facilita su acceso a formas comunicativas que pueden afectarlos o ponerlos en peligro.
Sí es censura la sanción o amenaza de sanción -penal, disciplinaria, laboral o administrativa- por el hecho de publicar una información u opinión.
Denunciar la censura, si la hay, es -entonces- un deber, no una falta, y menos un delito. Quien viola el orden jurídico es quien censura, no quien denuncia. De allí que no entendamos la razón para que se imputen cargos en materia penal a la periodista que denunció una orden de censura contra determinado programa de televisión. La comisión de una conducta ilícita, delictiva, corrupta o indebida, o el plan para incurrir en ella, no pueden ser actos amparados por la reserva. Deben ser revelados, denunciados, investigados y sancionados.
Bogotá, D. C, 21 de octubre de 2020
*Expresidente de la Corte Constitucional
Por Víctor G. Ricardo*.- Nunca habíamos vivido en Colombia una crisis de liderazgo en los partidos y movimientos políticos del país como la actual.
En estos momentos el país requiere de compromiso y acción de sus fuerzas políticas para superar la crisis de la pandemia y en general del país; en el caso del coronavirus nos ha dejado un número muy grande de personas contagiadas. A la fecha, este número llega casi a un millón de personas, de los cuales por fortuna se han recuperado 850.000 pero desafortunadamente han fallecido cerca de 30.000. Esto, en un país con una alta cifra de desempleo y muchas empresas en crisis o desaparecidas, genera graves problemas económicos. Además de esto, no se ve liderazgo en la clase política colombiana sino, por el contrario, lo que se observa es ausencia de ideas y polarización política que lleva es a que los enemigos de la institucionalidad ganen terreno y provoquen un desorden que aprovechan políticamente para herir el Estado de derecho y lograr avances en su estrategia por llegar al poder. Así, buscan hacer cambios radicales a nuestro sistema económico y político, como otros lo han logrado en países como Venezuela.
¿Dónde está la acción de las directivas de partidos tradicionales como el Conservador, el liberal y los movimientos que se han desprendido de ellos, distintas a sus aspiraciones burocráticas?
Mientras tanto, aquellos que han sido comprometidos por casos de corrupción no han recibido el castigo ejemplar que requieren y muchos otros que después de haber recibido dineros corruptos recibieron castigos tan suaves que hoy ya los tienen en las calles disfrutando de la riqueza mal habida.
¿Qué se hicieron los idearios de los partidos y las estrategias en el cumplimento de objetivos que ayuden a sacarnos de esta triste crisis?
Por su parte, las fuerzas de izquierda están en plena acción, capitalizando el descontento, las angustias y las necesidades que hoy muchos sufren. Se encuentran promoviendo movilizaciones de inconformismo que les dan dividendos y les permiten lograr avances políticos.
Llegó el momento de exigir a los líderes de los partidos tradicionales responsabilidad, acción y la implementación de ideas que permitan, junto con el Gobierno, salir de esta encrucijada en la que estamos. De lo contrario vamos directo al abismo más profundo y a permitir el triunfo de fuerzas políticas que lo que quieren es transformar nuestro sistema económico y social para terminar igual que lo que están viviendo varios países de Latinoamérica.
Así mismo, hay que fortalecer nuestros compromisos para luchar contra los enemigos comunes, como son el narcotráfico y sus bandas de violencia, la corrupción y sus protagonistas, la pobreza y la desigualdad, la delincuencia común, los alzados en armas y aquellos que quieren llegar al poder a través de la destrucción y la promoción de la anarquía. Si no lo hacemos ya, posiblemente no lo podremos hacer en el futuro, porque ya será demasiado tarde.
Bogotá, D. C, 21 de octubre de 2020
*Excomisionado de Paz
Por Jairo Gómez*.- No sé si ustedes tienen la misma percepción, pero cada día que pasa veo al Centro Democrático (CD) y a su líder Álvaro Uribe Vélez, muy cercanos al discurso que profesaba el Nacional Socialismo de Alemania en la década de los treinta del siglo pasado, hace casi cien años.
Enfrascados en la retórica antimarxista y antisemita, el líder y sus aliados, vivían obsesionados con aniquilar cualquier vestigio de izquierda en el parlamento alemán y aniquilar cualquier presencia judía; y, embebidos de odio, hicieron de la propaganda el mejor instrumento para difundir el miedo, estigmatizar y perseguir a quien reivindicase esas ideas en un ambiente que demonizaba cualquier intento de oposición.
Esa estrategia, como la del Nacional Socialismo, es la que viene aplicando el CD bajo la égida de su caudillo, el expresidente Uribe Vélez. Tras recuperar la libertad aprovechó la incondicional vitrina de algunos medios de comunicación para despacharse contra sus enemigos políticos y contraatacó, con la intención de lanzarle un misil, a la MINGA indígena a través de un manifiesto político de seis puntos para acusarla de querer implantar “el socialismo” en tierras colombianas.
En ese ampuloso manifiesto, Uribe Vélez, revela, sin duda, el proyecto electoral de cara al 2022; se trata de una proclamación de la derecha extrema que no dará juego a matices de ninguna índole: “o están conmigo o están contra mí”. Es una declaración que no ofrece nada en concreto, salvo una lucha frontal contra el socialismo (curioso, no habla del manido castrochavismo).
Para justificar sus temores sobre la MINGA, Uribe Vélez, señala a los indígenas de querer implantar una “cultura, ideología y política del socialismo a través de una presentación torcida de la historia”. Vea pues, él (Uribe Vélez) que la borró de la academia (la historia) para ocultar las infinitas fechorías de la clase dirigente de este país y las propias también, acusa a los indígenas de querer torcer la historia, cuando ellos, por esencia ancestral, son la historia misma; existen, incluso, antes de que existiese el socialismo. ¡Por favor!
Ahora, pretender acusarlos de utilizar, óigase bien, de” utilizar la democracia, DDHH, derechos a la protesta, libertad de expresión para defender sus acciones violentas y (de) negar esos derechos a quienes señalaron como sus enemigos”, es la perversa y malévola interpretación que hace cualquier caudillo cuando considera que aún domina los pensamientos y sentimientos de la mayoría de los colombianos. Si esto nos delirar, entonces ¿qué es?
Continúa la diatriba contra la MINGA y dice: “Ojo con la minga: debemos fortalecer nuestro ideario de un país seguro, democrático, con gran vigor de empresa privada, emprendimiento, y cohesión social”. Según él (Uribe Vélez) a los indígenas hay que excluirlos: ni son empresarios, ni dignifican la actividad privada y, mucho menos, son poblaciones que socialmente cohesionen el proyecto político que su facción partidista propone; es decir, hay que desaparecerlos. Esto si es la tapa.
E insiste: “Ojo con la Minga: al odio de clases, motor socialista, al propósito de destruir empresa privada y libertades, cuyo resultado impide avances en el tejido social, opongamos la economía fraterna y la creatividad del emprendimiento individual, garantes de la armonía social”. Esto es cinismo en su máxima expresión. Según él (Uribe Vélez) los indígenas son la enfermedad colombiana, el tumor que ha envenenado e infectado a lo largo de la historia la sangre de sus hermanos menores; es decir, la MINGA, es el enemigo mortal de Colombia.
“Ojo con la Minga: cuando el diálogo socialista es un engaño para justificar el vandalismo y avanzar hacia la implantación totalitaria, el estado democrático tiene que anticiparse con ejercicio de autoridad”. Este señor (Uribe Vélez), como buen caudillo que es, recurre al miedo, al terror, al pánico, estigmatiza al adversario, lo persigue, busca reducirlo para promover la violencia oficial, la represión y el castigo. Acorralado quiere implantar lo que le endosa a la MINGA, una dictadura.
No lo quería mencionar pero lo voy a hacer con todas sus letras: ese era Hitler y así actuó cuando quiso, por todos los medios, desaparecer a los marxistas y judíos; LoG mismo hace Uribe Vélez a través de su ampuloso manifiesto, si fuera por él (Uribe Vélez) desaparecería de la faz de la tierra a nuestros millones de indígenas, una comunidad ancestral que se le opone a su proyecto feudal, señorial, terrateniente, excluyente y paramilitar.
Se lee este manifiesto, que diría yo, es casi una sentencia contra la movilización indígena, y se entiende por qué el estómago agradecido del Presidente Duque, no quiere reunirse con la MINGA.
Bogotá, D. C, 21 de octubre de 2020
*Periodista y Analista Político
@jairotevi
Por: Guillermo García Realpe*.- En abril de 2019 durante 27 días el país vio cómo se paralizó el suroccidente colombiano por cuenta de la minga indígena que masivamente se movilizó para exigir el cumplimiento de sus derechos y garantías a la preservación de la vida en sus territorios.
Durante largas semanas departamentos como el Cauca, Nariño, Valle y en general todo el pacífico colombiano vieron como la economía regional y la productividad se paralizaba por la falta de un consenso oportuno entre el gobierno nacional y los líderes indígenas.
Año y medio después, la situación se repite, no precisamente por los puntos de la agenda que finalmente en buena parte fue concertada en aquella oportunidad, hoy la minga nuevamente se moviliza exigiendo, en primer lugar, que el presidente de la República los escuche, pues en esa oportunidad y a finales de 2019 también los dejó plantados.
Temas como el respeto a la vida, a su autonomía territorial, que cese el asedio por parte de grupos armados ilegales, que se implementen los acuerdos de Paz, entre otros, son parte de la agenda que esta vez los indígenas buscan sea escuchada por Iván Duque.
En principio, se buscó un acercamiento en Cali, pero nuevamente el presidente no acudió a la cita, situación que obligó a la minga a desplazarse a la ciudad de Bogotá en donde esperan que esta vez sí sean escuchados por el Jefe de Estado.
Hay que señalar que esta es una minga pacífica, propositiva, sin vías de hecho, lo que demuestra el ánimo conciliador de los pueblos indígenas, ojalá la soberbia, el dogma y el sectarismo político de algunos sectores del partido de gobierno no se impongan en las decisiones del ejecutivo y echen al traste las buenas intenciones de los marchantes.
Pues ya hemos visto como desde diversos sectores quieren deslegitimar el derecho a la protesta, a estigmatizar a los indígenas de guerrilleros, de aliados del narcotráfico, de obstaculizar las políticas del gobierno, en fin, toda una serie de sindicaciones y apelativos que indirectamente hacen daño a las comunidades que lo único que quieren y buscan es vivir en paz y que no sigan siendo exterminados.
Señores, la minga no está infiltrada como lo quieren hacer ver, los marchantes provienen de la gran provincia colombiana y no hacen parte de ningún grupo armado ilegal, también quieren hacerle creer a la opinión pública nacional que la minga va incrementar los casos de covid. Entonces pregunto, ¿las aglomeraciones de los días sin IVA cuando salieron 500 mil o más colombianos no son dañinas y la de siete mil indígenas que exigen reclamaciones sociales sí? buscan excusas y pretextos en el más mínimo detalle para evadir responsabilidades.
Esa estigmatización de la cual es víctima los pueblos indígenas sí que es dañina. Bien es sabido que el Cauca, también Nariño y otras regiones han sido escenario de muerte y barbarie en los últimos meses, en donde los violentos siguen imponiendo terror y zozobra sin que haya poder alguno desde las instancias oficiales para frenar el baño de sangre que se vive en el sur occidente colombiano. Es por eso que marcha la minga, exigiendo garantías para la vida, respeto por sus líderes y que cese el exterminio en sus territorios.
De acuerdo a Indepaz, desde el año 2016 han sido asesinados 269 líderes indígenas en Colombia, de los cuales 242 luego de la firma del Acuerdo de Paz y 167 durante la presidencia de Iván Duque (al 8 de junio de 2020) y durante lo corrido del 2020 ya son 47 los líderes indígenas exterminados en diferentes zonas del país. Un baño de sangre de enormes proporciones sin lugar a dudas. Y además están documentadas en Colombia más de 65 masacres en los diferentes territorios.
Bienvenida la protesta pacífica, bienvenida la minga a Bogotá, somos más los que queremos un país con garantías para la vida, donde cese el odio y la violencia y donde renazca la paz, la reconciliación nacional, el respeto por la diferencia y donde la guerra sea cosa del pasado.
Bogotá, D. C, 19 de octubre de 2020
*Senador Liberal
@GGarciaRealpe
Juan Camilo Restrepo*.- A medida que pasa el tiempo de la pandemia se va viendo una dosis alta de entusiasmo gubernamental acompañado de una protuberante oscuridad en la presentación de las cifras.
Todos los días se anuncian ayudas para tal o cual sector, pero nadie está consolidándolas. Hay como una especie de frenesí informativo, pero no existe una presentación global de dichas ayudas. El programa presidencial de las 6 de la tarde es especialmente rico en anuncios de ayudas sectoriales pero pobre en información consolidada.
Esto explica que empiecen a salir cifras discordantes: por ejemplo, mientras el presidente Duque insiste en que está invirtiendo 11% del PIB en los apoyos a las empresas o a las personas naturales que han resultado afectadas por el coronavirus, entidades como la Cepal informan que uno de los países de la región que menos está invirtiendo en esta emergencia es Colombia, que apenas está destinando a este propósito 2,5% del PIB. Últimamente el ministro de hacienda dijo en entrevista al Tiempo que eran 3,5%. No son diferencias menores.
Una primera recomendación al Gobierno sería entonces que organizara cuanto antes una página web como tienen en Nueva Zelandia para que, en tiempo real, y con acceso de todo el mundo, se pudiera constatar exactamente cuánto se está invirtiendo realmente en el programa contra cíclico del gasto público.
Las contradicciones gubernamentales, por la carencia de esta información agregada y consolidada, abundan. Por ejemplo: el Presidente Duque informó en su discurso ante las cámaras del veinte de julio sobre un programa que denominó “los cuatro compromisos por la recuperación económica” sobre un programa a dos años cuyo costo ascendería a 100 billones de pesos. Pocos días después el viceministro de Hacienda Zarate le informó a la revista Dinero que el costo del mismo programa no sería de $ 100 billones sino de $170 billones. ¿Qué tal la discrepancia, 70%?
Una segunda recomendación sería: la próxima reforma tributaria que ya se ha anunciado pero que no se sabe cuánndo se presentará, forzosamente tendrá que ocuparse de cómo podar el frondoso árbol de las exenciones, gabelas, minoraciones y regímenes de privilegio tributario. Más aún: este será probablemente el objeto central del que tendrá que ocuparse dicha reforma. El costo de los privilegios tributarios asciende en la fecha a $ 92, 4 billones, de los cuales la rama más frondosa es la del IVA cuyas gabelas montan a la pasmosa cifra anual de $74, 9 billones. Así las cosas, el gobierno ha convocado una misión de expertos internacionales cuyas recomendaciones se espera estén listas en el primer semestre del año entrante. No se necesita ser un zahorí para anticipar que buena parte de las recomendaciones de esta misión versará sobre la urgencia imperiosa de podar la frondosa rama de las gabelas del IVA. Si esto es así, ¿cómo se explica que todos los días sigan saliendo anuncios que reducen o eliminan el IVA para nuevos sectores? Esto no va a hacer nada fácil la implementación de las recomendaciones de los expertos extranjeros convocados y, por el contrario, va a crear más hechos cumplidos en el campo ya minado y costoso en que se ha convertido el IVA.
Tercera recomendación: que el Gobierno diga con claridad cuando presentará las reformas estructurales que tanto necesita el país: tributaria, pensional, laboral, justicia, etc. Hasta el momento solo se han tomado medidas de “primeros auxilios” pero las reformas de fondo se han postergado. Y como van las cosas, se van a quedar para el próximo gobierno. En menos de un año estaremos en plena campaña electoral. Y prácticamente ninguna de estas reformas estructurales se ha comenzado a estudiar. No hay tampoco el menor asomo de que se esté trabajando en un gran acuerdo político como el que requerirían tan delicadas reformas.
A veces da la impresión de que el gobierno Duque se ha conformado con ser el diligente enfermero de los primeros auxilios, pero que la delicada cirugía de las reformas estructurales se la quiere dejar a los médicos del próximo gobierno.
Bogotá, D. C, 19 de octubre de 2020
*Abogado y Economista. Exministro de Estado
Por Mauricio Cabrera Galvis*.- Mientras estábamos preocupados porque la crisis económica generada por la pandemia nos iba a hacer retroceder y perder los avances de varios años en la lucha contra la pobreza, nos cayó como una baldado de agua fría la noticia del DANE de que antes del COVID-19 en Colombia ya estaba aumentando la pobreza y la indigencia, a pesar del crecimiento económico.
En efecto, según el DANE el porcentaje de colombianos que viven en situación de pobreza subió de 46% a 47.5%; parece poco, solo 1.5%, pero en la vida real es una tragedia pues son 661.899 personas que pasaron a ser pobres. También aumentó en 728.955 el número de personas viviendo en pobreza extrema, con lo cual este índice pasó de 8.2% a 9.6%.
Una nota técnica para entender estos índices. Una persona está en situación de pobreza cuando su ingreso mensual es menor a $327.674, o sea que un hogar de 4 personas es pobre si su ingreso mensual es menor de $1.3 millones, es decir 1.5 salarios mínimos. Para la pobreza extrema el ingreso per cápita debe ser menor a $137.350, y el de una familia de cuatro personas menor a $549.400. Eso es sobrevivir en la miseria.
La explicación aritmética del aumento de los pobres e indigentes es simple: esos miles de hogares sufrieron una disminución de sus ingresos que ahora no les alcanzan siquiera para cubrir sus necesidades básicas. La explicación económica y política es más compleja: ¿Por qué disminuyen los ingresos de tantas familias en un año en que la economía creció 3.4%, el PIB per cápita 1%, y nos enorgullecíamos de ser el país latinoamericano con mejor desempeño?
La respuesta a este interrogante es bien conocida y la comprueban las mismas cifras del DANE: No basta el crecimiento total sino que es necesario ver como se distribuye. El año pasado solo el 20% más rico de la población tuvo un aumento en sus ingresos, mientras que para el resto de los hogares disminuyeron. Dramático el caso del 20% más pobre que sufrió una pérdida del 6.2%, mientras que en los dos siguientes quintiles la disminución fue de 2.3% y 1.3% respectivamente.
Preocupa sobremanera la situación del campo colombiano, donde los más pobres perdieron el 8.7% de sus ingresos, y los siguientes quintiles el 6.7% y el 3.0%
Cuando los frutos del crecimiento no se reparten entre todos los ciudadanos, la consecuencia inmediata es que aumenta la desigualdad. En el reporte del DANE se muestra que índice Gini pasó de 0.508 en 2017 a 0.526 el año pasado, con lo cual Colombia volverá al podio de los países más desiguales del mundo.
Estos resultados, anteriores a la pandemia, muestran que algo no está funcionando bien en el Pacto por la Equidad planteado por el gobierno como su plan de desarrollo, y que no se va a lograr el objetivo de la igualdad de oportunidades para todos los colombianos. El futuro no será de todos si el presente es de unos pocos.* * *
ADENDA. Nos siguen matando. 231 líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados en lo que va de este aciago 2020; también 51 excombatientes que le apostaron a la Paz y entregaron sus armas; 63 masacres indiscriminadas con 268 víctimas inocentes. Se anuncian investigaciones exhaustivas, se identifican unos cuantos autores materiales, pero sigue corriendo la sangre. ¿Hasta cuándo?
Bogotá, D. C, 18 de octubre de 2020
*Filósofo y Economista. Consultor
Por Amylkar D. Acosta M*.- Enhorabuena el Contralor General de la República Carlos Felipe Córdoba ha resuelto establecer el Registro Nacional de obras inconclusas en las que están comprometidos recursos públicos, más conocidas como elefantes blancos, que por mandato de la Ley 2020 del 17 de julio de 2020 debe ubicarlas e identificarlas “con el fin de definir su terminación, demolición o las acciones requeridas para concretar su destinación definitiva”.
En este país abundan como la verdolaga las obras que se han quedado a medio palo, convertidas en monumentos a la negligencia, la desidia y la incuria oficial. A ojo de buen cubero, según el Contralor General su número supera los 1.400 proyectos, en los cuales se han invertido $25 billones, aproximadamente, faltando datos de otros municipios y departamentos del país.
Esta Ley les da un plazo de un año a alcaldes y gobernadores para que reporten el catálogo de obras inconclusas y abandonadas a su propia suerte en su jurisdicción, pero en su cruzada el Contralor General les dio un plazo perentorio hasta el 17 de octubre para que lo hagan a su Dirección de Informe, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI), el cual ha sido prolongado un mes más. Según lo ha anunciado su incumplimiento les puede acarrear consecuencias de índole fiscal y disciplinaria. Con motivo de la sanción de la Ley el Presidente de la República Iván Duque manifestó que “este país tiene que acabar esa idea nefasta donde si la obra la empezó un gobierno, el que le sigue no la termina”.
Y no le falta razón, pues la manida promesa de “construir sobre lo construido” suele ser sólo retórica, la obsesión de los nuevos mandatarios es la de alcanzar victorias tempranas echando mano de los mangos bajitos y muy poco dados a sembrar semillas cuando estas sean de tardío rendimiento.
Ello los lleva a dejar de lado aquellos proyectos que según sus cálculos, por el limitado período de gobierno, no alcanzarían a cortar la cinta en su inauguración y a abandonar aquellos que sus predecesores dejaron iniciados. Ello se traduce en la dilapidación en unos casos y en la ineficiencia en la inversión en otras. A Colombia, definitivamente, le hace mucho daño que el largo plazo se reduzca a sólo cuatro años, que es el período constitucional de los presidentes, los gobernadores y los alcaldes.
Según los registros preliminares de la Contraloría General, los departamentos punteros en el listado de elefantes blancos son, en su orden, Tolima con 96, Antioquia con 92, Boyacá con 84, Bolivar con 83, Meta con 82, Valle con 81, Nariño con 72, Cundinamarca con 71 y Arauca con 66. Pero, cuando se consideran los proyectos más costosos, de mayor impacto y relievancia, se destacan tres que se llevan la palma: el túnel unidireccional de La linea, el Puente Pumarejo y la Represa del Ranchería. Estos tres elefantes blancos son fuera de serie y la Contraloría General les debería poner la lupa.
Si se la pone a la Represa del Ranchería en el Departamento de La guajira se van a llevar muchas sorpresas. Este es un proyecto multipropósito, que tiene por objeto irrigar 18.536 hectáreas de cuatro de sus municipios (Barrancas, Fonseca, Distracción y San Juan del Cesar), generar entre 7 y 10 MW de energía y el suministro de agua potable a 9 de los 15 municipios del Departamento.
Este proyecto no ha contado con suerte: en 1998 cuando estuvo a punto de adjudicarse el contrato para su diseño y construcción en la administración Samper, se malogró al declararse desierta la licitación por parte de su sucesor Andrés Pastrana. Luego, en la administración Uribe se revive el proyecto, se construye la presa El Cercado a un costo de $638.000 millones, la cual se inauguró en diciembre de 2010. Y desde entonces allí están embalsados 190 millones de metros cúbicos de agua, mientras a la gente y a la tierra nadie les calma la sed.
Mientras no se construya la segunda fase de este proyecto, que comprende el sistema de riego, drenaje y la red de conducción principal, secundaria y predial, amén de la red de conducción de los acueductos, la represa del Ranchería seguirá siendo un elefante blanco.
Razón tuvo el ex contralor Edgardo Maya, quien no dudó en señalar que “se pudo evidenciar que a mayo de 2018 el cumplimiento del objetivo y fines planteados en el proyecto para lo cual se desarrolló la obra objeto del mismo, no se ha concretado; salvo el objetivo relacionado con el caudal del Río”. La Auditoría efectuada a este proyecto arrojó hallazgos tanto fiscales, por un presunto detrimento patrimonial, como administrativos y disciplinarios “por la gestión antieconómica que ha presentado el proyecto”. Así de claro!
Bogotá, octubre 17 de 2020
Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía
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Por: José Félix Lafaurie Rivera * .- Dizque este es un país “presidencialista”, dicen quienes lo preferirían “parlamentarista” –qué susto con nuestra clase política– o, mejor aún, “socialista”.
Dizque este es un país “presidencialista”, dicen quienes lo preferirían “parlamentarista” –qué susto con nuestra clase política– o, mejor aún, “socialista”.
Para allá vamos desde la Constitución del 91, que le dio poder a los jueces, que hoy eligen y cogobiernan, y a las “comunidades”, que hoy exigen y cogobiernan, pretendiendo decirle al presidente lo que puede y no puede hacer; lo que debe y no debe hacer.
El nuestro es, cada vez más, un país “comunitarista”, condición que suena previa a uno “comunista” y que inspiró la “constituyente de 2017”, pues no otra cosa fue el Acuerdo con las Farc: una constituyente ilegítima y a espaldas del país, con la bendición –vaya paradoja– de la Corte Constitucional.
Esas comunidades que son protagonistas del acuerdo fariano; con derecho a participar en las instancias decisorias del gobierno, es decir, a “cogobernar”, son las mismas controladas por las Farc y el ELN en inmensas zonas rurales desde hace décadas, y las absorbidas ideológicamente por la izquierda en las ciudades, a través del movimiento sindical (FECODE, CUT, USO, FENALTRASE, ASONAL JUDICIAL, etc.) y de una diversidad de ONG y de movimientos “progresistas”, que les sonríen “de ladito”, y otros “de frente”, al Foro de Sao Paulo y al socialismo bolivariano.
Una de ellas es la minga, una unión de “comunidades” detrás de la cual está el Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, y, valga la redundancia, detrás del cual estuvieron siempre las Farc –sexto frente y Columna Móvil Jacobo Arenas–, con pactos de convivencia y de “formación ideológica” firmados desde los ochenta, los cuales –claro–, niega el senador Feliciano Valencia, el mismo que pretende chantajear al presidente, “citándolo” a Cali a “rendir cuentas”.
“El debate es con Duque… y punto”, sentenció arrogante, después de despreciar el diálogo con los ministros. No se trata en esta ocasión, de pedir plata, que el CRIC ya ha recibido mucha y está siendo investigado por la Contraloría. No se trata de pedir tierras, porque en 2019, después del chantaje violento en la Panamericana durante casi un mes, recibieron 90.000 millones para compra de tierras y ya no hay en Cauca más tierra que comprarles, pues ya son dueños del ¡40%! del departamento.
¿De qué se trata entonces? El asesinato de líderes sociales es apenas la bandera mediática, pues ellos saben que el victimario es el narcotráfico, a cuya erradicación se oponen hasta con violencia contra la Fuerza Pública. El mismo Valencia confiesa que se trata de un “debate político” sobre “temas estructurales”: glifosato, “fracking”, Acuerdo de Escazú, reforma laboral, modelo económico, cumplimiento del acuerdo, etc.
Y ni siquiera se trata de eso, sino de un montaje, una verdadera opereta. El CRIC de Valencia contaba con la negativa del presidente, después de lo sucedido en 2019, cuando Duque aceptó la “invitación”, pero no accedió a un debate imposible frente a una muchedumbre vociferante e infiltrada, que lo que quería era matoneo presidencial en vivo y en directo.
De eso se trata. La minga lo chantajea; el presidente se niega; la minga lo acusa de los asesinatos y de indiferencia frente a los “autopobreteados” indígenas; la marcha prosigue con su irresponsable amenaza contra la salud de los colombianos y, vaya casualidad, coincide en Bogotá con el paro de FECODE y con el también irresponsable Paro Nacional de la CUT para el 21, en plena pandemia y cuando el país clama por reactivación. Aparecerán, como siempre, los vándalos; la arrogante alcaldesa culpará al presidente por no arrodillarse con “humildad”, todo ello mientras… Petro sonríe satisfecho tras bambalinas.
Bogotá, D. C, 17 de octubre de 2020
*Presidente de FEDEGAN
@jflafaurie
