Opinión

Por Amylkar D. Acosta M*.- Cursa en el Congreso el Proyecto de ley que reglamenta el Acto legislativo 05 de 2019, modificatorio del Acto legislativo 05 de 2011 que reformó el régimen de regalías. Dicho proyecto ha debido ser presentado a más tardar el 30 de marzo, como lo dispuso el propio Acto legislativo, pero sólo se hizo el 5 de agosto; por su parte el Congreso tiene plazo para su aprobación el 30 de agosto, de lo contrario quedaría facultado el ejecutivo para expedirlo mediante Decreto legislativo.

Estamos, entonces, ante una situación litigiosa entre el Congreso y el ejecutivo, que podría derivar en demandas posteriores en el evento que el primero no alcance a expedir la Ley y el segundo la expida por Decreto. Podría alegarse que el ejecutivo, al no cumplir con la radicación a su debido tiempo del proyecto de ley, perdió la competencia y en consecuencia no la podría reasumir para expedirla alegando su propia culpa de la tardanza en su presentación extemporánea.

El Acto legislativo busca mejorar la participación de los departamentos y municipios productores y portuarios, la cual se vio reducida sensiblemente con la reforma del 2011. Con mucha razón dijo la ex directora del DNP Gloria Alonso, que si no se les mejora su participación “ni los productores ni los no productores van a ver las regalías”.

En efecto, pasarán de recibir el 10% al 20% y los municipios recibirán adicionalmente un 5%. Pero para que, como dijo la ex ministra de Minas y Energía María Fernanda Suárez, haya“más plata para los productores y para los no productores también”, se echa mano de los recursos del Fondo de Ahorro y Estabilización (FAE). Ello es preocupante, sobre todo después que el Gobierno Nacional dispuso de los $14.8 billones ahorrados en el FAE y en el Fondo de Pensiones Territorial para financiar el Fondo de Mitigación Emergencias. Dicho sea de paso, esta Ley debería establecer una fecha límite para que tales recursos les sean reintegrados a las regiones.

Tal vez el mayor cuestionamiento por parte de alcaldes y gobernadores a este Proyecto es con relación al Fondo de Inversión Regional, el cual recibiría el 34% de los recursos. Por una parte, porque los departamentos y municipios pierden el control del 50% de tales recursos que irían a una bolsa concursable y de contera la viabilización de los proyectos quedaría en cabeza de los ministerios y departamentos administrativos, lo cual conculca el principio de la autonomía territorial consagrado en la Constitución Política.

Y, como si lo anterior fuera poco, el Gobierno central, a través del DNP asumiría la Secretaria técnica de la Comisión Rectora del SGR y también la del OCAD de Inversión regional, haciendo a un lado las secretarías técnicas de los OCAD regionales, disponiendo además de los recursos con los que estas cuentan actualmente para su desempeño, aproximadamente $120.000 millones, que pasarían a manos del DNP.

Cota, agosto 17 de 2020

*Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía

www.amylkaracosta.net

Por Juan Camilo Restrepo*.- La publicación del libro póstumo de Alfredo Molano, “Cartas a Antonia”, me ha hecho reflexionar sobre las cosas maravillosas que probablemente cada uno tiene para contar de lo que ha hecho durante esta larga pandemia. Yo quiero contar la mía.

Mi nieta, que también se llama Antonia, vive fuera de Bogotá. Y hemos establecido la costumbre, religiosamente cumplida todos los días del encerramiento, de hablarnos quince o veinte minutos por teléfono. Al comienzo las charlas eran un poco monótonas y repetitivas. Hasta que un buen día se nos ocurrió que yo le leería dos o tres capítulos del “Quijote” en cada conversación y ella tomaría nota de las palabras del español del siglo XVI -el de Cervantes- que no entendiera, y que haría resúmenes de las aventuras del caballero de la Triste Figura y de Sancho Panza a medida que fuéramos avanzando en la lectura. Ya vamos terminando la primera parte del libro y la experiencia ha sido formidable. Espero terminar de leerle el libro completo antes de que finalice el confinamiento.

El ejercicio de abuelazgo a larga distancia ha sido inolvidable tanto para la nieta como para mí. Para ella, pues ha podido adentrarse en las bellezas de nuestra lengua y saborearlas con naturalidad. Cada día de lectura va acompaña de una pequeña información que procuro darle sobre los contextos históricos de los diversos capítulos: Lepanto; la lucha por el mediterráneo en los tiempos de Felipe II  que fueron  también los de Cervantes y de los cuales nos dejó un  testimonio soberbio  Fernando Braudel; la expulsión de los moros de España; la Santa Hermandad y la inquisición; América ante los ojos del español del siglo XVI, de lo que  hay tantos testimonios en el Quijote como  aquel del cautivo que se encuentra en la venta con el oidor, su hermano, que iba camino a tomar posesión en la audiencia de Méjico.

Nos hemos apoyado con mi nieta en otros materiales, como, por ejemplo, aquel que terminó siendo el libro póstumo de Belisario Betancur titulado: “Canoa. Cervantes y Don Quijote en las Indias” (dejo al cuidado de la curiosidad del lector que quiera averiguarlo porqué Belisario tituló “Canoa” este encantador libro), en el que recopiló doce espléndidas conferencias que a lo largo de los años pronunció en diversos foros cervantinos o en congresos de la lengua española.

El departamento de cine de la universidad nacional presentó también por estos días un bien logrado largometraje sobre Don Quijote en Bogotá.

Las enseñanzas del Quijote siempre guardan actualidad y destilan sabiduría. Como el consejo que el caballero de la Triste Figura le da a su escudero (ahora que vivimos en una época de atosigamiento de leyes y decretos) cuando Sancho se disponía a tomar posesión como gobernador de la ínsula Barataria:

“No hagas muchas pragmáticas; y si las hicieres, procura que sean buenas y, sobre todo, que se guarden y cumplan. Que las pragmáticas que no se guardan, lo mismo es que si no lo fuesen: antes dan a entender que el príncipe que tuvo discreción y autoridad para hacerlas, no tuvo valor para hacer que se guardasen”.

Esta experiencia de la pandemia deja muchas enseñanzas; pero la principal de ellas es que el Quijote es y seguirá siendo una novela para todas las épocas y para todas las edades.

Y, claro, queda flotando en la imaginación la pregunta que también se hace Belisario en una de sus conferencias: ¿Qué habría pasado si a Cervantes no le hubieran negado -como le negaron- el oficio en América que solicitó tan ahincadamente? ¿Se habría escrito el Quijote de todas maneras? ¿O el trópico se habría tragado la imaginación del príncipe de las letras castellanas y su obra maestra nunca habría visto la luz? Un enigma que afortunadamente ya lo resolvieron los más de cuatro siglos de andadura del Quijote por la geografía en que nos cupo la fortuna vivir a quienes hablamos la hermosa lengua del caballero de la Triste Figura.

Bogotá, D. C, 17 de agosto de 2020

*Abogado y Economista. Exministro de Estado

Jorge Enrique Robledo* Aunque el candidato Iván Duque se comprometió a no suscribir más TLC (bit.ly/3fYmTPp), acaba de dejar en firme uno con Israel y tramita otros con el Reino Unido y Japón, tratados que le imponen a Colombia perder en los intercambios económicos, con consecuencias destructivas para el empleo y la producción nacionales.

Con Japón, por ejemplo, sucederá lo mismo que con los TLC suscritos con Estados Unidos y la Unión Europea, en los que el exiguo aumento de las exportaciones se hizo a costa de aumentar más las importaciones y empeorar la balanza comercial. Así están las cifras con los japonenses: hoy les vendemos 500 millones de dólares menos de lo que les compramos, pérdida que se agravará sin aranceles, quitándole además al Estado ingresos por 160 millones de dólares.

La pérdida se concentrará en la industria –y es falso que se gane algo equiparable en exportaciones agrarias–, donde se generan los mejores empleos y la mayor creación de riqueza, condenando todavía más a Colombia a sus islotes de modernidad en un océano de atraso científico y tecnológico, malos empleos y desempleo, pobreza y hambre. Exceptuados los intermediarios criollos que ganan con estas políticas, el país es perdedor en unos negocios de mula y jinete que explican en buena parte el profundo daño del covid-19, no por casualidad concentrado en enfermar y matar dentro de las legiones de pobres que nos avergüenzan ante el mundo.

Pero lo peor de estas decisiones de Duque y de sus socios en el reparto de beneficios recíprocos es que así también proclaman que en nada importante cambiará lo que hacían antes de abril, a pesar de que la grave crisis ya venía pitando y a contravía de todo lo que ha enseñado la pandemia. Por el contrario. Se han dedicado a manipular las cifras para engañar con la falacia de que todo “iba bien”, jugándole a que en el futuro esa mentira sea más creíble, mientras envenenan la controversia política para no debatir sobre el tipo de economía de mercado que necesita Colombia. Si la de corte colonial –en extremo dependiente de la minería y la deuda externa– o una que desarrolle al país y reduzca la desigualdad social.

Entre lo más pernicioso del “libre” comercio está la renuncia a industrializar a Colombia, incluido el crimen de destruirle una gran parte de la base industrial construida durante décadas y mucho de lo logrado en agroindustria, decisión que también implica impedir el avance científico-técnico, la base de todo progreso. Y que para efectos del Covid-19 nos puso en la peor de las circunstancias: que tantos carezcan de lo mínimo para poder prevenirse del contagio y que se haya hecho evidente la gran debilidad tecnológica para enfrentar el virus, al igual que para aportar en el diseño y fabricación de medicamentos y vacunas, poniéndonos bajo la tiranía de lo que impongan las trasnacionales y los países que sí se han construido sobre la base de producir y trabajar con los conocimientos más complejos.

Con el “libre” comercio, a Colombia la pusieron entonces en la condición más subalterna, la de simple consumidor de lo que saquen al mercado los países productores de medicinas y vacunas, en una competencia que se libra con reglas tan leoninas como las de las patentes de 20 años, cuyo fin son los monopolios que les imponen a los consumidores precios exorbitantes e impiden o ralentizan el progreso científico-técnico.

E Iván Duque, ese yes-man por excelencia, ya asumió como positivo para los colombianos bailar al son que le toquen, para lo que le firmó un pacto secreto a la trasnacional norteamericana Pfizer sobre su vacuna, acuerdo que, según el viceministro de Hacienda, puede llevar al país a perder la plata que se pague por ella (bit.ly/3hakMJu). Y ese negocio, como es obvio, no será secreto para los jefes de Pfizer ni para los del alto gobierno ni para los intermediarios y comisionistas que merodean en torno a ganancias tan grandes como la que resultarán de vacunar a miles de millones de personas, tierra abonada para abusos, fraudes y corruptelas.

Para enfatizar en por qué se necesita un activo control de la sociedad civil sobre esta vacuna y sobre el gobierno (bit.ly/344IH9H), estas son parte de las incertidumbres que la rodean: ¿cuándo, quién y dónde la creará y producirá, requerirá de una o más dosis, cuál será su grado de eficacia y su costo, precio y ganancia, en cuánto tiempo y en qué orden se vacunarán los colombianos, la pagará el Estado y será o no gratuita para todos?

Bogotá, 16 de agosto de 2020

*@JERobledo

Por Mauricio Cabrera Galvis*.- Para entender mejor qué significa la caída del PIB de 15.7% que acaba de confirmar el DANE para el segundo trimestre del año es conveniente analizar el desempeño de cada uno de sus componentes y compararlo tanto con nuestra propia historia como con el resultado de otros países.

En lo internacional, podría dar cierto consuelo saber que el PIB de USA registró una caída de 32.9% en el mismo período. Pero es una comparación equivocada, porque lo que allá se registra es la tasa anual de la variación trimestral, es decir el cambio en un trimestre multiplicado por 4. Con esa forma de medir, la caída del PIB que registraría Colombia sería cerca del 60%, es decir que el supuesto consuelo se convertiría en angustia.

Si vemos los datos comparables del comportamiento trimestral del PIB en los países de la OECD, a Colombia le va mal. Solo México y España tienen una caída superior a la del país (18.5% y 17.3% respectivamente), mientras que en los otros 15 países de la lista la contracción es menor. Se destacan los casos de Chile y Corea con una caída trimestral de “solo” 5.8% y 3.3%; Chile más afectado que Colombia por el Covid-19, mientras que Corea sí lo controló con gran rapidez.

Respecto de nuestra propia historia, el único antecedente que tenemos es la gran recesión durante el gobierno de Pastrana: en el segundo trimestre de 1999 se registró una caída de 6.8%, es decir menos de la mitad de la de ahora, pero con componentes diferentes. En ese entonces lo que más se redujo fue la inversión (caída del 48%), mientras que el consumo privado solo bajó 6.8% y las exportaciones continuaron creciendo a un ritmo del 6.1%.

En la recesión actual la inversión ha caído un poco menos (-32%), pero el consumo privado ha sido mucho más afectado (-18%) y, como es una crisis internacional, las exportaciones también han sufrido una reducción del 25%. En ambas coyunturas lo único que ha repuntado un poco y atemperado la crisis es el consumo del gobierno: en 1999 creció 3% y ahora 1,6%. Eso si sorprende que con todos los anuncios de ayudas oficiales el crecimiento del gasto público haya sido tan pequeño.

Dado que el consumo de los hogares representa el 70% del PIB, se puede afirmar que su reducción es la principal causa de la actual recesión, lo que plantea un serio interrogante sobre la forma y la velocidad con la que puede darse la recuperación del crecimiento, porque esa caída no se puede atribuir solo a la falta de ingresos o al cierre de la economía, también está el miedo al virus, y entonces los que tienen recursos no consumen porque les da susto salir a gastar, y los que no tienen porque no pueden comprar.

En Estados Unidos las cuantiosas transferencias a los desempleados, y las ayudas a la nómina de las empresas aumentaron el ingreso disponible de las familias en un asombroso 42% en el trimestre, pero aún así el consumo de los hogares cayó 10.5%. La gente prefirió guardarse la plática, y la tasa de ahorro subió del 9.5% al 25.7%. En Colombia las ayudas oficiales han sido mucho menores y, aunque no hay datos todavía, es de suponer que el ingreso disponible de las familias se ha reducido, lo que complica más las posibilidades de la reactivación.

Cali 16 de agosto de 2020

**Filósofo y Economista. Consultor.

Por Juan Manuel Galán*.- Entre las diversas promesas que hizo el presidente Iván Duque durante su campaña, se destaca la que comentó en un foro de la “RAP Caribe”, donde se comprometió a fortalecer las regiones y los departamentos del país. Su compromiso parecía que fuera a cumplirse, ya que en su discurso de posesión señaló: “Colombia tiene que reducir las brechas entre ricos y pobres, eliminar las distancias entre regiones que acarician el desarrollo y otras que se sienten atrapadas en la exclusión y la miseria”.

Así las cosas y mostrando compromiso, sancionó la ley de regiones, de la cual tuve la oportunidad de ser ponente para fortalecer la capacidad administrativa y funcional de las regiones administrativas de planificación, dar la posibilidad de asignarles recursos del presupuesto general de la Nación, formular y presentar proyectos de inversión en el sistema general de regalías y acceder a cualquier fuente de financiación del Estado. Con esto se buscaba evitar que los gobernadores vinieran a Bogotá entre semana a “mendigarle” recursos para proyectos a los entes gubernamentales y así cumplir con sus objetivos, mejorando la calidad de vida de sus ciudadanos.

Sin embargo, al parecer todo quedó en palabras, ya el gobierno nacional le da la “espalda” a los territorios con la radicación tardía del proyecto de ley que regula la organización y el funcionamiento del sistema general de regalías. Esta iniciativa que busca centralizar aún más la ejecución de estos importantes dineros para proyectos locales, al no especificar cuáles pueden ser avalados por los departamentos, les usurpa de una manera descarada la potestad de decidir en qué invertir. Además, elimina las secretarías técnicas que ahora estarán a cargo del DNP, quien administraría los recursos que estaban destinados al fortalecimiento de las entidades y que representa cerca de 125.000 millones de pesos.

Lo anterior significa que ya no serán los gobernadores, quienes conocen sus realidades y falencias, los que decidirán el destino de su departamento, sino un funcionario desde un escritorio en Bogotá quien a su criterio resolverá qué se hace y que no. Lo anterior es un golpe mortal a los grandes esfuerzos para progresar en el tema del fortalecimiento regional y al que tanto tiempo se le había dedicado. Es una lástima que todavía se estigmatice a los gobernadores y a quienes representan, frustrando de nuevo que Colombia sea de una vez por todas un país de regiones.

Bogotá, D. C, 16 de agosto de 2020

*Exsenador Liberal

Por José Félix Lafaurie*.- Colombia parece sufrir la enfermedad de Urbach-Wiethe, que inhibe al cerebro para reconocer el peligro y quien la padece, sencillamente..., no siente miedo. Qué falta hoy nos hace el miedo frente a la amenaza que se cierne sobre la democracia y el futuro del país.

Al Centro Democrático, durante la campaña del plebiscito y el triunfo del NO, se le acusó de usar el miedo como argumento electoral, y hoy me pregunto si no es legítimo frente a una amenaza real. No se trata de vivir asustados; sino de reconocer el peligro para enfrentarlo.

La amenaza era real: impunidad, negación del secuestro, reclutamiento y abuso de menores, no devolución de bienes ilícitos, no reparación y ninguna garantía de no repetición, pues ahí están las disidencias y el país infestado de coca. Combinación, pura y dura, de todas las formas de lucha.

Colombia está amenazada y es necesario sentir miedo para salvarnos de una carrera temeraria hacia el precipicio, como en Venezuela. Después de ocho años de polarización inventada por el “farcsantismo” y de estigmatización como “enemigos de la paz”, Iván Duque llegó a la presidencia ofreciendo una rama de olivo para reunificar el país alrededor de su futuro, pero su propuesta generosa y dialogante fue malentendida como debilidad y despreciada, con la amenaza cumplida de mantener al pueblo en las calles.

El centrosantismo, que casi le entrega el país a las Farc, que clamaba venganza por su derrota plebiscitaria, que necesitaba legitimar su atropello a la democracia y sufría la abstinencia de “mermelada”, se sumó a esa campaña de desestabilización que, en su último capítulo, no solo cobra como trofeo la libertad de Álvaro Uribe, sino que aprovecha con mezquindad el sufrimiento de los colombianos para atacar a un gobierno que ha hecho todo por proteger su salud, sus vidas y sus empleos.

Sí; es la combinación de las fuerzas de lucha: la desestabilización del narcotráfico y la violencia rural; la del microtráfico y la violencia urbana; la protesta callejera que sigue latente y convocada; la guerra política contra Duque desde el Congreso; la mediática desde las redes y los medios que aún pagan su gratitud; y la jurídica contra el Centro Democrático, con una justicia que mete a un patriota a la cárcel y deja a los apátridas en el Congreso; una justicia que se quitó la venda para escoger a quién acusa, a quién escucha y a quién le cree.

Es el socialismo fallido, disfrazado de “progresismo”, auspiciado desde La Habana, Caracas, São Paulo y ahora desde Puebla; listo para el zarpazo en 2022.

Erasmo elogió la locura, en un intento por salvar a la cristiandad y la sociedad renacentista; yo, sin pretensiones, me arriesgo a un “elogio del miedo” como mecanismo de supervivencia para un país amenazado.

Más vale tener miedo. Elogiado sea, si con ello contenemos la amenaza y salvamos a Colombia.

Bogotá, D. C, 15 de agosto de 2020

*Presidente FEDEGAN

Por: Mons. Fernando Chica Arellano* - El día 9 de agosto se celebró, como cada año, el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Hablamos de unos 476 millones de personas que habitan en 90 países, representando el 6,75% de la población mundial. Sus condiciones de vida están marcadas por la exclusión, la discriminación y la pobreza; por mencionar un único dato, las estadísticas oficiales indican que las poblaciones indígenas tienen una probabilidad tres veces más alta de vivir en pobreza extrema que el resto de sus connacionales. ¿Cuál es la situación de los pueblos indígenas en medio de la pandemia de covid-19?.

Sin querer ser exhaustivo, es importante recordar, en primer lugar, que a lo largo de la historia hemos conocido numerosos episodios en los que una epidemia de tipo vírico o bacteriano ha diezmado la población indígena, debido a que no existen las mismas defensas en los diversos grupos humanos.

El caso más conocido y dramático tuvo lugar en la América de los siglos XVI y XVII, cuando la viruela, el sarampión, la gripe, el tifus, la peste bubónica y otras enfermedades infecciosas esquilmaron la población local, en un grado incluso más intenso que las guerras de conquista o la explotación laboral. A mediados del siglo XX, un brote de sarampión redujo al pueblo Yanomaní, en Venezuela y Brasil, a un tercio de su población previa. También en estos tiempos de covid-19 hay unos riesgos específicos para estas poblaciones tan vulnerables.

La crisis sanitaria de covid-19 se entrelaza con una crisis social, como hemos visto en muchas zonas del planeta. En este caso, particularmente, constatamos que a las dificultades epidemiológicas (especialmente agudas en el caso de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario o "no contactados") se suman una serie de graves limitaciones estructurales, que afectan tanto a los pueblos originarios que viven en las zonas rurales como a los indígenas urbanos. Se trata de realidades tan básicas como el acceso a agua limpia y sancamiento, el sostenimiento de los medios tradicionales de subsistencia (por ejemplo, en el pueblo de Ruanda) o la ausencia de una cobertura sanitaria (por ejemplo, entre los Navajos de Estados Unidos).

La pandemia de coronavirus está mostrando la importancia de articular correctamente los diversos niveles de atención médica. Mientras los pueblos indígenas sufran de malnutrición y no puedan ejercer la soberanía alimentaria, es claro que quedarán muy debilitados para hacer frente a cualquier enfermedad. Los fallos estructurales y el abandono sistemático de las poblaciones indígenas amazónicas por parte de los diversos estados se han puesto de manifiesto de modo dramático en esta coyuntura. A este respecto, cabe señalar que la Iglesia en territorio amazónico está escribiendo bellas páginas de solidaridad para salir al encuentro de los enfermos por covid-19, sobre todo entre los indígenas.

De acuerdo con los datos de la Red Eclesial Panamazónica (REPAM), a finales del pasado mes de julio, había 27.517 personas de pueblos indígenas contagiadas por covid-19, de las 1.108 habían fallecido.  Unos 190 pueblos o nacionalidades indígenas han sido afectados por la pandemia en los nueve países que conforman la Panamazonía.  De manera particular, se está viendo cómo el coronavirus golpea a los indígenas ancianos, como en otras zonas del planeta, privando así de una fuente irremplazable de sabiduría ancestral.

Cabe destacar, entre otros muchos nombres, el fallecimiento por covid-19 en el Perú del líder del pueblo Awajún Santiago Manuin, activo colaborador con la Iglesia local, que fue recibido por el Papa Francisco en el encuentro con los pueblos de la Amazonía, en enero de 2018.

En medio de toda esta dolorosa situación, debemos subrayar la resiliencia de los pueblos indígenas, que es precisamente la temática escogida por las Naciones Unidas para la celebración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas en 2020. Ante una patología tan novedosa como la covid-19, para la que no existe aún un tratamiento que permita curar la enfermedad, resulta muy conveniente controlar de manera temprana los síntomas. En este ámbito, se han constatado iniciativas exitosas con prácticas de medicina tradicional entre los pueblos indígenas de Canadá, Colombia, Nepal y Congo, entre otros. Otra iniciativa relevante tiene que ver con el ritual tradicional del "KrohYee" (cierre de la aldea) entre el pueblo Karen de Tailandia, que se ha recuperado en el contexto de convid-19. Prácticas semejantes se han realizado en Malasia, Bangladesh y en diversos países de América Latina. Resulta evidente la importancia que tiene, para ello, el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas y el derecho efectivo al territorio integral ancestral.

El Papa Francisco, en su exhortación apostólica Querida Amazonía, escribió: "Nuestro sueño es el de una Amazonía que integre y promueva a todos sus habitantes para que puedan consolidar un ‘buen vivir’. Pero hace falta un grito profético una ardua tarea por los más pobres" (n. 8). Y en el número 52 añadió: "Si el llamado de Dios necesita de una escucha atenta del clamor de los pobres y de la tierra al mismo tiempo, para nosotros el grito de la Amazonía al Creador, es semejante al grito del Pueblo de Dios en Egipto (cf. Ex 3,7). Es un grito de esclavitud y abandono, que clama por la libertad". La celebración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas en estos tiempos de covid-19, supone, para todos nosotros, una llamada a escuchar este grito y a responder a él con nuestra plegaria humilde y nuestra solidaridad activa.

Bogotá, D. C, 15 de agosto de 2020

*Observador Permanente de la Santa Sede ante la FAO

Por Gabriel Ortiz*.- Madrugar en Colombia y, en medio de un aniversario pandémico, es una locura. Los diarios, la radio, la TV y las redes llenan el vaso de pesimismo a un pueblo que aspira vislumbrar panoramas de convivencia, armonía y respeto por los tres poderes y la constitución; sin odios, sin atropellos ni asesinatos de líderes, jóvenes y niños. Un país con futuro amable y prometedor.

La velocidad que toman las horas cargadas de calamidad y desventura, penetran el cerebro de una población que, anhela despertar en un nuevo día con esperanza de vida y bienestar.

Habitamos en un territorio que se casó con el infortunio, hasta que la muerte los separe. Por ello las malas noticias alteran, angustian y conmueven, día tras día, a 50 millones. Cada información conlleva el sello de la corrupción. Somos campeones mundiales de ese deshonor, del que muchos se enorgullecen y se lucran.

Si tomamos al azar un despertar, nos encontramos con Hidroituango en medio de drásticas medidas para recuperar despilfarros y malos manejos del pasado. Instantes después se nos informa que a pocas cuadras de la residencia privada del Presidente una banda de atracadores venezolanos asaltan y maltratan a más de 20 ciclistas, los torturan y les roban sus bicicletas. Corre el reloj y nos cuentan que en Cali fueron degollados 5 niños afros, que se recreaban con los vientos de agosto y sus cometas. Luego, que en la Costa a otro niño le fue cercenado un brazo, por su orientación sexual. Como la justicia es sabia, dejó sin efecto el suplicio al que Duque quiso someter a millones de colombianos, cuyo único delito era tener más de 70 años. Faltaban muchas noticias. La nueva bomba no se hizo esperar: el ex presidente Uribe reapareció utilizando el twitter, para revelarle al país que había sido reseñado como “el preso 1087985” de Colombia. Explicó que el hecho se produjo por compra de testimonios a Farc. Apareció preocupado y pálido ante la cámara que registró su mensaje al país.

Tomada al azar, esta fue una mañana plagada de noticias, todas ellas preocupantes y con mucha proyección.

Paso así un amanecer cualquiera, que entregó poco alentadoras encuestas para el gobierno, el pueblo y las instituciones nacionales.

El zoom muestra un vaso repleto de pesimismo, polarización, odio, inequidad, intolerancia, pandemia y cuanta plaga existe. ¿Estaremos en incertidumbre, o en crisis?

BLANCO: La alcaldesa le da un alivio a los bogotanos: congela el predial por 2 años.

NEGRO: La banca no baja intereses, como lo hizo el Emisor.

Bogotá, D. C, 14 de agosto de 2020

*Periodista. Ex director del Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper.    

Por José G. Hernández*.- En el Estado de Derecho, gobernantes y gobernados están todos sujetos a lo previsto en la Constitución y las leyes. Hay unas reglas de juego puestas en vigencia por el Constituyente a nombre del pueblo y por órganos competentes, con miras a la realización de los valores que la sociedad profesa. A ellas, debida y oportunamente divulgadas y conocidas por el conglomerado, se someten tanto el ejercicio de la función pública como el comportamiento de los particulares. Su observancia garantiza la pacífica convivencia y la vigencia de un orden justo.

Se supone que, como lo expresa la Carta Política de 1991, Colombia es un Estado Social y Democrático de Derecho; que las ramas del poder público tienen funciones separadas; que los jueces y tribunales son independientes del gobierno, y que éste, lejos de obstaculizar o interferir, debe apoyar y asegurar el cumplimiento de las providencias y decisiones que aquéllos adoptan en los procesos, según las normas vigentes.

Por supuesto, esas reglas -inclusive las constitucionales- pueden ser modificadas o ajustadas cuando así lo requiera la sociedad, para que el orden jurídico no sea desbordado por la evolución de los acontecimientos en materia social, económica, política o de cualquier otra índole. Sabemos que hay constituciones flexibles -las consuetudinarias- y constituciones rígidas -las escritas-, pero la rigidez de éstas no puede ser tal que las convierta en absolutamente irreformables.

Estamos de acuerdo con el concepto de “sentimiento constitucional” del que hablara el tratadista alemán Karl Loewenstein (1891-1973): un vínculo que se establece entre el pueblo y su ordenamiento fundamental. En cuanto obra humana, ninguna Constitución es perfecta, pero, como regla básica destinada a introducir y mantener el orden y la justicia, a limitar y a controlar el ejercicio del poder político, debe gozar de una mínima y razonable estabilidad. Es decir, aunque no es irreformable, ni debe permanecer indefinidamente pétrea, tampoco puede estar siendo modificada a cada paso por razones puramente coyunturales o accidentales, sino cuando verdaderamente se necesite para el mejor gobierno de la sociedad.

En el caso colombiano, la Constitución de 1991 -modificando la disposición que, desde 1910, confiaba exclusivamente al Congreso el poder de reforma- prevé tres modalidades de modificación constitucional: acto legislativo del Congreso, decisión de una asamblea constituyente y determinación del pueblo, mediante referendo.

Hasta hoy, a los veintinueve años de su vigencia, la Constitución ha sido reformada en cincuenta y cinco oportunidades, mediante actos legislativos, algunos de ellos declarados inexequibles total o parcialmente por la Corte Constitucional. Las más recientes reformas, la que permite la pena de prisión perpetua y la que crea la Región Metropolitana de Bogotá y Cundinamarca.

Son muchos los asuntos respecto a los cuales se han venido proponiendo reformas, entre otros el de la administración de justicia. Sin duda, algunos ajustes deben ser introducidos a la Constitución para garantizar a los colombianos el acceso efectivo y oportuno a la jurisdicción, pero se debe estructurar una reforma integral y bien pensada. No como respuesta de algún sector político a una específica decisión judicial. Menos todavía en plena pandemia y sin saber cuáles serían los cambios propuestos.

Bogotá, D. C, 12 de agosto de 2020

*Expresidente de la Corte Constitucional

Por Guillermo García Realpe*.- El acontecimiento de esta semana, sin lugar a dudas, fue la detención ordenada por la Sala de Instrucción Criminal de la Corte Suprema de Justicia del senador Álvaro Uribe Vélez y esto por supuesto causó un terremoto político en todo el país, en todos los sectores. 

Hubo pronunciamientos del mundo político, del mismo presidente de la República, prácticamente rompiendo su magistratura de primera autoridad del país que debe guardar neutralidad y universalidad en sus posiciones y en sus pronunciamientos, ya es el presidente de todos los colombianos, pero también se pronunció el Consejo Gremial, algo absolutamente tropicalista y muy excepcional en los países del mundo, particularmente en Colombia, algo muy exótico diría yo. 

Pero también los medios de comunicación, las redes ni se diga como dicen nuestras abuelas, en fin, todo el país se pronunció y cada quien fijando su posición, su opinión, su querer o su odio, porque en Colombia está siendo corriente además del artificio en política, la publicidad del inmediatismo, de la evidencia pública, de las comunicaciones; el odio está tomando parte en la opinión colombiana, por ende, como consecuencia de esto no habrá formación de opinión serena, fundada, sino explosiones de opinión como viene ocurriendo desde unos años para acá y esta semana prácticamente fue el culmen de esas explosiones. 

Pues cual más expresaba según como se siente en la fiesta, la senadora Paola Holguín del Centro Democrático con un llamado a la reserva activa como que promoviendo otro bogotazo del que causó la muerte de Jorge Eliécer Gaitán en 1948 o cuando hubo hechos graves en la historia del país con las guerras civiles, el llamado a la reserva activa, es un llamado a la confrontación a una reacción absolutamente desmedida, desproporcionada contra el país, contra el Estado, contra el mismo gobierno y contra la institucionalidad integral. 

Por otro lado, la senadora Paloma Valencia, pedía ¡Constituyente ya! por una decisión judicial en determinado sentido, en este caso la detención del senador Álvaro Uribe Vélez. La pregunta es ¿sino hubiese medida de aseguramiento, entonces no habría habido propuesta de constituyente? esa sería la conclusión y entonces ¿las constituyentes para que son? Para cuando un juez o para cuando una autoridad me condene o me sancione o tampoco habría constituyente sí a mí me deja libre, eso no tiene ninguna fortaleza democrática, republicana o institucional. El tema de una constituyente es un tema histórico en Colombia o en cualquier país, es un tema de gran calado que se convocan constituyentes para un cambio en sistemas sociales y políticos de las naciones, no es un capricho de alguien que reaccione de manera airada, con cabeza caliente ante un hecho de la justicia, una constituyente es un hecho para medirlo la sociedad en general, pero con cabeza fría y tiene que tener toda la racionalidad jurídica, institucional, social, académica y hasta científica. Tiene que ser un mecanismo pertinente, sí es para solucionar un determinado problema, ¿para qué se arrasa la Constitución del 91?, claro que hay que hacer reforma a la justicia y otras, como la reforma política y electoral y reformas contra la corrupción que es el problema fundamental en Colombia, pero tumbar la Constitución del 91 por la decisión de un juez de la República no tiene proporción alguna lo vuelvo a repetir. 

También plantear un disgusto, un distanciamiento y prácticamente una división dentro de los partidos de gobierno, especialmente del Centro Democrático acusando al presidente que no fue lo suficientemente contundente en evitar la providencia de la Corte Suprema de Justicia o acusar a la Ministra de Justicia, a la doctora Margarita Cabello, que como exmagistrada de ese alto tribunal no intrigó, no se movió o no persuadió para evitar esa medida, eso es absolutamente extremo y prácticamente el Centro Democrático está amenazando con declararse independiente, esa es una circunstancia muy complicada también y prácticamente están demostrando las horas de vuelo, que no tienen el kilometraje  y no tienen el talante para gobernar o ser partido de gobierno, siguen en reacciones desmedidas, airadas, hasta absolutamente ruidosas y altisonantes, no son actitudes políticas serenas, ni mesuradas, ni racionales. 

Ahora, han colocado al presidente Duque en una circunstancia absolutamente incomoda, si bien él, se pronunció de manera indebida porque está violentando su competencia y su jurisdicción de presidente de todos los colombianos, hoy lo someten a una situación muy delicada. Entre el radicalismo, entre el dogmatismo, una doctrina de derecha extrema de ciertos sectores del Centro Democrático y la democracia en Colombia, lo ponen a escoger entre el presidente con talante, con visión estratégica para todo el país y también jugándose su prestigio en el mundo entero, en las naciones de Europa, de América, etc, que estarán muy pendientes de analizar sus decisiones y sus actitudes o darles gusto a la ultraderecha de su partido, está en una grave sin salida y a eso lo han sometido ciertos sectores que tienen la cabeza caliente y no dimensionan el largo plazo en la institucionalidad colombiana. 

Por otro lado, el tema si fue proporcional o desproporcional la medida de la detención que tenia derecho el expresidente Uribe a defenderse en libertad, eso no depende de los jueces, eso no es un acto de voluntariedad, de rigurosidad o de una actitud de favorabilidad, eso depende de los hechos y las circunstancias del inculpado, sí el inculpado con sus hechos, con sus abogados, con sus defensores no ofrece garantías al proceso, esa decisión se justifica, pero sí el inculpado no hubiese interferido en pruebas en declaraciones, en testigos, pues otra había sido la actitud. 

Hubo dos decisiones, una para el senador Uribe y otra para el Representante Álvaro Hernán Prada, pues si bien forman parte del mismo expediente, los dos han tenido comportamientos diferentes, tampoco se puede inculpar a los jueces porque ellos lo que tienen que hacer es comparar unos hechos con lo que les ordena la ley. Aquí se está entre los derechos y las garantías del inculpado y el deber fundamental de aplicar justicia por parte del operador según la Constitución y las normas penales. 

En todo caso el país vive hoy un tsunami político. 

Bogotá, D. C, 10 de agosto de 2020

*Senador Liberal

@GGarciaRealpe