Opinión

Por Clara López Obregón*.- Está haciendo carrera amenazar y buscar castigar a quienes expresan opiniones que se apartan del consenso gobernante. El tema es de vital repercusión porque las sociedades donde se acalla la crítica y la oposición no merecen el calificativo de democráticas. La libre expresión lo es hasta en su forma, así los poderosos tomen ofensa por su contenido y talante. La actitud respetuosa de los poderosos ante a la crítica es una medida de su carácter democrático, así como la reacción vengativa, muestra de autoritarismo y debilidad argumentativa.

El clima de polarización hace difícil identificar la intolerancia y la censura. No es suficiente con admitir que todas las opiniones y posiciones son igualmente valederas. En la deliberación pública, debe ser posible expresar los diversos puntos de vista sin exponerse a las venganzas grandes y pequeñas del poder. A quiénes ponen la unidad nacional como mampara, se les debe recordar que, si bien todos atravesamos la misma tormenta, no todos vamos en el mismo barco. Hay intereses contradictorios entre sí, modos distintos de percibir cómo mejor servir el bien común y, también, distintos significados de las mismas palabras que se disputan la opinión.

Los contenidos cuentan y por eso los consensos no surgen de la imposición sino de la construcción compartida en la toma de decisiones. Cuando se habla de paz, por ejemplo, no todos la definen igual. Conforme al diccionario, unos la consideran una “situación o estado en que no hay guerra ni luchas entre dos o más partes enfrentadas” y otros un “acuerdo para poner fin a una guerra”. Son dos miradas que llevan a conclusiones muy diferentes. Lo mismo pasa con la palabra “libertad”. En su acepción expansiva es promesa de más participación, mejores condiciones laborales, más educación pública, frente a su definición conservadora de privilegiar los derechos de propiedad y ampliar la libertad económica. 

El problema surge cuando en el debate se quiere imponer un consenso a la brava, como aquel ¿por qué no se calla?” que le espetó el Rey Juan Carlos al presidente Hugo Chávez. Hay distintas formas de callar la crítica, la mayor parte de ellas, respaldadas en algún poder de hacer daño, ya sea oficial, mediático, económico, laboral o de ostracismo social. Tal es el caso de la afirmación, “la manera como a usted le han mandado a hacer las preguntas”, que utilizó el consejero presidencial Emilio Archila con la intención de deslegitimar elq ejercicio crítico del periodismo de María Jimena Duzán; o de la exigencia del senador uribista Gabriel Velasco, de trasladar lejos a Monseñor Darío Monsalve, la vozq censora de los pobladores postergados del Pacífico, por manifestar que el presidente Iván Duque sostenía una “venganza genocida” contra el acuerdo de paz. Mención especial merece la declaración del poder económico de la ANDI, tan afín al gobierno, que descalifica de inconstitucional, sin mencionarlo, el llamado a la desobediencia civil del opositor Gustavo Petro, quién sacó el 42 por ciento de los votos en las pasadas elecciones presidenciales.

De más en más, la respuesta a la crítica va envuelta en el empaque antidemocrático de la censura. Si no le gusta lo que oye, en vez de atender el fondo de asunto, se exige el despido del crítico o se deslegitima su ejercicio profesional o político, para que otros, por ejemplo, la fiscalía, hagan la tarea. Esa reacción es autoritaria pues los que ostentan poder o sus áulicos pretenden silenciar la libre expresión con la amenaza de consecuencias negativas para quién hace o permite la crítica, como en los casos del Instituto Hernán Echavarría Olózaga y del general Zapateiro, que mencioné en pasada columna.

Prefiero la lección del Padre Francisco de Roux ante las críticas de sesgo hechas a la Comisión de la Verdad que preside: “Nunca vamos a ganar la confianza de todos, pero es el momento de mostrar que estamos abiertos a la escucha plural, al contraste y la construcción de la convivencia entre diferentes.” Asumir la crítica para contrastar y crecer y no ceder ante el clamor de la censura son deberes propios de la deliberación democrática.

Bogotá, D. C, 22 de julio de 2020

*Exalcaldesa de Bogotá y Exministra de Trabajo

Por Víctor G. Ricardo*.- La instalación del Congreso de la República mediante los sistemas de teleconferencia resultó ser un gran éxito. Durante dicho acto de instalación, el país escuchó al Presidente de la República, Iván Duque Márquez, haciendo un balance de sus dos años de gobierno, del manejo que ha dado a la pandemia y la necesidad de que todas las instituciones del Estado actúen de manera coordinada y solidaria.

Así mismo, el Presidente del Congreso hizo un balance del último periodo, manifestando que a pesar de la pandemia, el Congreso de la República le ha cumplido al país sesionando de manera virtual e incluso estudiando y debatiendo proyectos de ley que fueron expedidos mediante tal mecanismo.

Por su parte, la vocera de la oposición también tuvo la posibilidad de hacer uso de la palabra y criticó varios aspectos de las ejecuciones del Gobierno y del acontecer nacional.

La instalación fue seguida por el Presidente y los Ministros del despacho, como por los altos funcionarios de las distintas ramas del poder público y altos mandos de las Fuerzas Armadas, además de los miles de televidentes.

Este mecanismo que se debió utilizar por el fenómeno que nos afecta del coronavirus, ya había recibido la bendición de la Corte Constitucional, lo que también fue básico para avalar el procedimiento que las Cámaras del Congreso habían utilizado para el estudio y aprobación de las Leyes expedidas en las sesiones pasadas.

Esto es una muestra de lo que nos va dejando la pandemia. Nuevas formas de trabajar y utilizar nuestro tiempo, sin necesidad de asistir a las oficinas o salones de reuniones, como es el caso del Congreso de Colombia.

Ahora se inicia un nuevo período de sesiones donde el país espera que los congresistas además de ejercer el control político, realicen debates sobre los temas de interés nacional y demuestren su trabajo estudiando, debatiendo y expidiendo las Leyes que el desarrollo y necesidades del país requieren.

No se trata de presentar más de 120 iniciativas, cómo se dice en el lenguaje popular sobre lo divino y lo humano, como anunció alguna fuerza política, sino de iniciativas importantes y trascendentales para el país.

Por otra parte, El Ejecutivo tendrá una agenda de iniciativas urgentes y básicas para el momento actual que vivimos, que el Congreso debe estudiar y debatir y así contar con las herramientas que permitan afrontar esta pandemia que crece todos los días y que se espera que el llamado pico solo llegue hasta el mes de septiembre, donde tendremos un número de contagiados bastante alto, cuando será necesario tener tanto el sistema hospitalario como los mecanismos sociales de ayuda y financiamiento a las empresas para lograr sobrevivir en estos momentos tan difíciles para la vida humana y el país, mientras esperamos que la vacuna que se anuncia desde Oxford, como en algunos otros lugares, tengan éxito en sus pruebas y puedan poderse implementar en el mundo y, así, llegar a nuestro país.

Colombia entera espera que nuestro Congreso demuestre gran trabajo en estos momentos tan difíciles -de consecuencias sociales y económicas- por los que estamos atravesando, eligiendo a los mejores como Magistrados de la Corte Constitucional que correspondan, al nuevo Procurador General de la Nación y al nuevo Defensor del Pueblo, quienes deben cumplir sus deberes en cada caso, más aún cuando se requiere castigar la corrupción y ejercer la defensa de los derechos humanos. Así cumplirán con objetivos que son fundamentales en la vida democrática de un país.

Bogotá, D. C, 22 de julio de 2020

*Excomisionado de Paz

Por Farid Escobar Pinedo*.- La muerte de cualquier ser humano me disminuye, afirmó John Donne, poeta inglés del Siglo XVI. En verdad nos debe disminuir si se tiene en cuenta que somos parte de un solo engranaje al que llamamos sociedad; todos cumplimos un rol, una tarea qué articulada, refleja la dinámica de la compleja máquina de la vida colectiva. 

El 16 de marzo de 2020, una noticia originada en Cartagena debió disminuirnos profundamente: Arnold de Jesús Ricardo Iregui, fue contado como la primera víctima fatal del nuevo Coronavirus SARS-COV-2 (COVID-19). El despliegue informativo del fallecimiento del humilde taxista fue bastante amplio en los días siguientes, sin saber que entre el 15 y 26 de febrero, otras dos personas habían sucumbido ante el letal “francotirador” invisible. 

Al momento de escribir esta columna, los informes oficiales dan fe de 7.000 personas muertas a causa de las complicaciones de salud que produce La Covid -19. Es decir, cada día mueren en Colombia, en promedio, 58,3 contagiados; cada 25 minutos un compatriota nuestro deja de respirar y emprende el camino del no retorno; lo peor es que el número de decesos aumentará en los próximos días, según advierten los expertos. 

Para atender esta aterradora cifra de muertes diarias, el Ministerio de Salud, mediante las ORIENTACIONES PARA EL MANEJO, TRASLADO Y DISPOSICIÓN FINAL DE CADÁVERES POR SARS-COV-2 (COVID-19) – VERSIÓN 05., ha dispuesto un protocolo estricto sobre los cadáveres – Covid o Sospechosos del virus. Bajo este rigor, los fallecidos deben ser trasladados en el menor tiempo posible a un crematorio o a un cementerio, para su inmediata sepultura, evitando “la realización de rituales fúnebres que conlleven reuniones o aglomeraciones de personas”; mujeres, hombres y niños sin dolientes presentes, sin quien de manera próxima les de el último adíos. Muertos silentes que le gritan a los vivos la importancia y urgencia de cuidarnos, de cumplir con las medidas sanitarias y de bioseguridad. 

La otra cara de la moneda la representan los deudos, los familiares o amigos impotentes a los que no se les permite ver los cuerpos de sus padres, de sus hermanos, de sus hijos, de sus esposas, de la persona que gozaba de su afecto. El asunto no es nada fácil; la representación sociocultural y psicológica del Duelo en nuestro país tiene una marcada connotación. Despedir a nuestros muertos es sagrado, es imperante y si se quiere, parte de la sanación emocional que necesita quien ha perdido un ser querido. Cambiar en 120 días las costumbres y ritos mortuorios que se practican hace cientos de años, produce un impacto psicosocial de gran consideración. 

La situación enmascara un problema complejo y preocupante; la falta de solidaridad, de sensibilidad, de sentirnos disminuidos por la muerte de un ser humano ha tenido como respuesta la representación del estado “vivo” de quien ha dejado de existir; el entorno inmediato del difunto, no quiere que sea parte de una estadística fría, así no tenga conexión con la epidemia; no quiere que se “vaya” sin honores y por tal motivo es despedido con Champeta y licor, como en Codazzy – Cesar; con parranda y acordeón, como en Distracción – La Guajira o “marcando” un gol, como en Tunja. A esta tragedia que aflige a muchos colombianos, el Gobierno de Duque responde con días sin IVA, que muestran manadas de compulsivos compradores que posiblemente reafirmarán en corto tiempo EL GRITO SILENTE DE LOS MUERTOS – COVID. 

Bogotá, D. C, 21 de julio de 2020 

*Abogado y Periodista.

Por Guillermo García Realpe*.- Inicia la tercera legislatura del Congreso de la República con enormes retos y grandes desafíos en materia de agenda legislativa y, aunque las sesiones virtuales se mantendrán por ahora debido a las obvias razones de la actual contingencia, el legislativo no puede ser inferior a sus grandes responsabilidades con el país. 

Colombia necesita avanzar en las grandes transformaciones sociales, económicas, políticas, de salud, de lucha contra la corrupción, de defensa de la naturaleza y el medio ambiente, en garantizar los temas de paz y que los programas del posconflicto se lleven a feliz término, en fin, necesitamos avanzar como nación en resolver los grandes problemas que hoy aquejan a la población y que se han agudizado en materia de productividad y empleabilidad por culpa de la pandemia generada por la covid 19. 

Se requiere entonces de un gran pacto nacional y de un acuerdo político entre los diversos sectores para reconstruir al país, para que Colombia recupere su vida productiva y para que los compatriotas que perdieron sus empleos, vuelvan a sus fuentes laborales. 

En ese orden de ideas, necesitamos despertar entre la población un sentimiento nacionalista, que compremos los productos hechos en Colombia, que apoyemos a nuestros campesinos, que evitemos las grandes superficies y volvamos a la tienda de barrio, que cambiemos las grandes marcas por el sello nacional que también es de muy buena calidad, que consumamos lo nuestro primero; en resumen, que colombiano compre colombiano. Pero también necesitamos que el Gobierno Nacional emprenda una gran cruzada que permita combatir a fondo el contrabando, ese grave flagelo que tanto mal le hace a nuestra economía y a muchos sectores nacionales. 

Es absolutamente indispensable el concurso de todos en esta nueva etapa que hoy afrontamos, estamos seguros que de esta situación salimos, pero necesitamos del compromiso de cada colombiano, desde las distintas esferas en que nos encontremos debemos ser propositivos y aportar a la recuperación del país. 

El Congreso de la República, así sea desde la virtualidad debe también ser protagonista en las grandes decisiones nacionales, debe apostarle a tramitar las grandes reformas que hoy necesita el país, por ejemplo, en materia de salud, es urgente hacerle profundos cambios al actual sistema que se convirtió en un negocio y no en un derecho de los usuarios. Hay que hacer una reforma política que permita combatir la corrupción electoral, donde se implementen las listas cerradas, el voto obligatorio y electrónico, donde haya financiación estatal de campañas y donde tengamos un órgano electoral independiente. 

Tenemos que avanzar en leyes fuertes que permitan combatir a fondo la corrupción, ese grave flagelo que sigue carcomiendo no sólo el sector público, sino privado. En la legislatura anterior se aprobó el proyecto de los pliegos únicos y ese es una revitalizadora noticia, pero hace falta más. 

Estaremos del lado de las buenas iniciativas, las que vayan encaminadas a defender los intereses de todos los colombianos, las que apoyen a los pequeños y medianos empresarios, al pequeño productor, al campesinado en general, a los sectores informales, a los transportadores, a los taxistas, a los peluqueros, a los restaurantes, al sector hotelero, en fin, a quienes día tras día mueven nuestra economía desde sus emprendimientos. 

En temas legislativos de nuestra propia cosecha, seguiremos impulsando distintas iniciativas encaminadas sobre todo a la defensa de nuestra naturaleza y medio ambiente. Por ejemplo, insistiremos en el proyecto de NO al fracking en Colombia, por considerar que es una practica nociva que no sólo atenta contra la salud humana, sino porque es una seria amenaza para nuestros ecosistemas, para las fuentes hídricas, para el medio ambiente en general. 

Vamos a presentar nuevamente el proyecto que prohíbe el uso del glifosato en Colombia, creemos que el herbicida no es la salida, hay alternativas más eficaces para la lucha contra el narcotráfico, como son la sustitución voluntaria de cultivos y la erradicación manual, donde se pase de la economía ilegal a una cultura de legalidad con proyectos productivos rentables y donde se recupere el tejido social. 

Insistiremos de la misma manera en la prohibición de plásticos de un único uso, necesitamos proteger nuestros mares, nuestra naturaleza, de esa amenaza latente que tanta contaminación le genera al planeta. Ya Colombia cuenta con la ley 1973 de 2019, una ley piloto que impulsamos desde el Congreso con sendas ponencias nuestras y que le permiten hoy al archipiélago de San Andrés y Providencia, Santa Catalina e Islas Menores la prohibición de plásticos de un único uso en suelo isleño, necesitamos replicar esta iniciativa en otras regiones del país. 

La reforma a las Corporaciones Autónomas Regionales CAR´S, también volveremos a tramitarla, estas entidades han sido politizadas y muchas de ellas perdieron su verdadera misión para la cual fueron creadas, siendo también blanco de corrupción. 

Otro importante proyecto que hoy goza de buen ambiente en el Congreso y del cual soy su ponente es el acto legislativo que reforma el actual sistema de distribución de las regalías, necesitamos que lleguen más recursos a las regiones, necesitamos que el daño ambiental sea compensado de alguna manera. 

De tal suerte que estos son algunos proyectos que impulsaremos en esta nueva legislatura y la virtualidad no será impedimento para sacarlos adelante, esperamos que el Congreso esté a la altura para que los ciudadanos confíen en su poder legislativo. 

Bogotá, D. C, 20 de julio de 2020

*Senador Liberal

@GGarciaRealpe

Por Juan Camilo Restrepo*.- De no ser por los informes del Cerac y del Instituto Kroc (centro de investigación sobre procesos de paz anexo a la Universidad de Notre Dame) que tienen el mandato de evaluar la implementación de los acuerdos de paz, quedaría la sensación que todo marcha a las mil maravillas.

Aunque las declaraciones del presidente Duque o de su consejero Archila sobre los acuerdos finales de paz suelen tener un plausible tono de compromiso en el que no se adivina ningún ánimo para hacer trizas los acuerdos, cuando se desciende a los hechos concretos se evidencia un bache grande entre los dichos y las realidades.

El último informe del instituto Kroc (dice la Silla Vacía de julio 10 de 2020) “revela un panorama desalentador. Si el ritmo de la implementación continúa igual durante los dos últimos años del gobierno Duque, sólo la mitad de las disposiciones contempladas para implementarse entre 2020 y 2022 estarán completas al final de su mandato. Esto significa que para entonces la construcción de la paz estaré en cuidados intensivos. Solo el 25% de las disposiciones del acuerdo se han implementado completamente. Sin embargo, el 23% se habían completado para agosto 2018, lo que quiere decir que en 2019 solo se completó un 2% de las disposiciones”, concluye.

Algunas informaciones gubernamentales parecen buscar más la propaganda que la realidad. Por ejemplo, hace poco se divulgó con bombos y platillos por la agencia de tierras la noticia de que ya se había completado un millón de hectáreas (30%) del fondo de tierra creado por los acuerdos finales de paz.

Pero se dejó de informar que 400.000 hectáreas de ese millón es un predio denominado curiosamente “el baldío”, que desde hace más de 40 años está ocupado por cerca de 2.000 familias. Y que por lo tanto carece de vocación para ser entregado a campesinos “sin tierras o con tierra insuficiente” como rezan los acuerdos de La Habana. Por otra parte, este fondo de tierras apenas ha distribuido -según ha trascendido- 1.700 hectáreas. O sea, nada. Esto sería bueno que lo clarificaran los responsables de la agencia de tierras.

Las leyes necesarias para impulsar el acuerdo sobre política agraria integral de que trata el punto número uno de los acuerdos de paz también ha tenido un desarrollo melancólico. Esta es la hora, por ejemplo, que ni la ley de tierras ni la que tiene como propósito actualizar las normas sobre riego y drenaje (que tanto necesita Colombia) han podido avanzar en sus respectivos trámites parlamentarios.

Se habla frecuentemente de la suerte de los Pdet: se informa puntual y profusamente sobre la más mínima inversión que allí se hace. Olvidando que esta figura territorial, aunque valiosa, es apenas una mínima porción de los acuerdos de paz que permite focalizar la inversión del Estado en los 172 municipios más pobres y marginados del país. Los Pdets son importantes, pero no son el todo del asunto.

Todo esto es bueno ponerlo en la perspectiva del coronavirus. Como ya lo han señalado todas las estimaciones serias que están saliendo, la crisis de la pandemia va a dejar en el país una cantidad de pobres mayor que la que hoy hay; y unas condiciones de indigencia aún mayores. 

Dicho de otro modo: la pandemia va a exacerbar la mala distribución del ingreso en Colombia. Y puede agrietar por lo tanto la seguridad alimentaria que, recordémoslo, no solo consiste en restricciones que puedan darse en la oferta de alimentos en un momento dado sino también en la incapacidad de segmentos débiles y empobrecidos de la población para adquirir la cantidad requerida de calorías. Ya entidades como la FAO empiezan a alertar sobre este grave riesgo que plantea el coronavirus.

De allí que el cumplimiento cabal (dentro de los cronogramas que exige el posconflicto que se extienden naturalmente en varios años) de los programas y objetivos que contempla la “reforma rural integral “que aparece en los compromisos de La Habana debe ser uno de los referentes fundamentales de las políticas públicas del país en adelante.

Infortunadamente, como lo advierten informes independientes como los del instituto Kroc de la Universidad de Notre Dame ya citado, nos estamos quedando rezagados en el cumplimiento de metas.

El manejo del día a día de la pandemia no puede hacernos olvidar que existen también otros aspectos de políticas públicas -como la implementación de los acuerdos de paz- que no pueden dejarse de lado.

Bogotá, D. C, 29 de julio de 2020

*Abogado y Economista. Exministro de Estado.

Por Amylkar D. Acosta M*.- Se repite la historia. En el año 2011 se aprobó una reforma al régimen vigente de las regalías mediante el Acto legislativo 05 de ese mismo año. Según el entonces Ministro de Hacienda Juan Carlos Echeverri, los ingresos provenientes de las regalías iban a “aumentar de manera sustancial” y que por lo tanto había que “cambiarle la gobernabilidad y esparcirlas en todo el territorio nacional y no sólo focalizarlas en ciertos sitios”. Según sus cálculos, después de haberse recibido por dicho concepto $46.6 billones en el lapso comprendido entre 2000 y 2011, se esperaba recibir $94.8 billones entre 2012 y 2020.

Pero, justamente ese mismo año sirvió de punto de inflexión, a partir del cual empezaron a derrumbarse los precios del carbón, el oro y el ferroníquel primero y posteriormente, a partir de mediados de 2014, cayeron también los precios del petróleo, después de un largo ciclo de precios altos de las materias primas. Ello, como era de esperarse, repercutió en una sensible reducción de las regalías, de tal suerte que entre 2012  y 2018 se recibieron, a duras penas, $52.1 billones.

A consecuencia del “cambio de gobernabilidad” de dicha reforma, los departamentos y municipios productores y portuarios vieron reducirse drásticamente las regalías directas que recibían, afectadas por partida doble, toda vez que después de recibir en promedio por dicho concepto el 74% de la totalidad de las regalías a percibir sólo el 10% como asignación directa y de contera, tal porcentaje se ha venido aplicando sobre un monto menor de regalías con respecto al 2011 y los años anteriores. 

Ello, desde luego, provocó un gran descontento y una gran inconformidad en las regiones en donde operan las empresas que extraen los recursos naturales no renovables (RNNR), exacerbando la conflictividad social y el rechazo de dicha actividad, poniendo en riesgo la viabilidad de los proyectos extractivos. La saliente Ministra de Minas y Energía María Fernanda Suárez, lo percibió y lo dijo claramente, “las regiones productoras no están satisfechas con las regalías que reciben hoy”. Lo propio manifestó la ex directora del DNP Gloria Alonso, “si no les hacemos ver a las regiones productoras los beneficios que puede traer la explotación de los recursos naturales no renovables, ni los productores ni los no productores van a ver las regalías”.

Este es el origen del Acto legislativo 05 de 2019, modificatorio del Acto legislativo 05 de 2011. Se dispuso, entonces, barajar para volver a repartir las regalías, redistribuyéndolas de tal forma que a los departamentos y municipios productores y portuarios se les mejorara su participación. En efecto, en virtud de esta reforma se le duplica dicha participación pasando la asignación directa del 10% al 20%. Como lo afirmó la ex ministra de Minas y Energía, con esta reforma “estamos devolviendo el péndulo y yo espero que esta reforma sea el equilibrio justo, en donde hay más plata para los productores de manera importante y para los no productores también”.

Pero, cabe preguntarse, cómo hacer para lograr que haya “más plata para los productores y para los no productores también”. Ímproba tarea esta, tan difícil como lograr la cuadratura del circulo. Pero, este acertijo lo resolvió la ex ministra: la respuesta está en el desahorro de los recursos del Fondo de Ahorro y Estabilización (FAE) del Sistema General de Regalías (SGR), que después de contar con el 30% de este y verse reducido al 20% en el Acto legislativo 04 de 2017, ahora se ve reducido a su mínima expresión, del 4.5%. Como dijo la Ministra,“se ahorra menos”, “ese es el sacrificio” remató diciendo. Preocupa sobremanera que, en adelante, las regiones no van a ahorrar, como lo venían haciendo, parte de los recursos provenientes de las regalías para cuando sobrevengan las épocas de vacas flacas. 

El hecho cierto es que este incremento del 10% al 20% de la asignación directa de las regalías para los departamentos y municipios productores y portuarios no se va a sentir porque, coincidencialmente, tal como sucedió con la reforma de 2011, las regalías se están viendo afectadas por la caída tanto de los precios como de la producción del carbón y del petróleo, los cuales contribuyen con el 85% de las regalías que se generan por la explotación de RNNR. Huelga decir que las regalías son los únicos recursos ciertos con los que cuentan las regiones para financiar sus proyectos de inversión.

Aunque con esta reforma se dio un paso importante al simplificar el SGR, queremos plantear le algunas acotaciones. Si bien se suprimieron los órganos colegiados de administración y decisión (OCAD), que nunca funcionaron de la mejor manera, pervive el del fondo de “inversión regional”, en el que se fusionan el Fondo de Desarrollo Regional (FDR) y el Fondo de Compensación Regional (FCR) del SGR. Y, lo que es más grave, se establece que la viabilización de los proyectos que se financien con tales recursos se mantendrá en cabeza de los ministerios y de los departamentos administrativos del orden nacional, menoscabando la autonomía territorial consagrada en  los artículos 1º , 3º y el 287 de la Constitución Política.

La oportunidad para introducirle los ajustes requeridos, entre ellos la supresión del odioso veto, es el proyecto de ley que reglamentará el Acto legislativo 05 de 2019, el cual,  por omisión del Congreso, al no darle trámite en las sesiones que se clausuraron el pasado 20 de junio, habilitó, como lo prevé el Parágrafo 2º transitorio del artículo 1º de dicho Acto legislativo, al Presidente de la República Iván Duque para expedirla mediante Decreto – Ley, en orden a garantizar “la operación del Sistema según el nuevo marco constitucional”. Dada la importancia, trascendencia y la sensibilidad regional que despierta esta Ley, es de esperarse que su texto sea concertado con las regiones, las cuales al fin y al cabo son las titulares de los recursos provenientes de las regalías.

Cota, julio 18 de 2020

*Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía

www.amylkaracosta.net

Por Jorge Enrique Robledo*.-  Hace unos días, El Espectador, El Tiempo y Semana hicieron noticia con la respuesta del Fiscal Daniel Hernández a un derecho de petición del defensor de Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez en el proceso penal contra la corrupción del Consorcio Ruta del Sol 2 (Odebrecht y Corficolombiana-Grupo Aval). Los artículos dijeron que el Fiscal informó que los directivos corruptos de Odebrecht con los que él se reunió en Sao Pablo, Brasil, “no señalaron a Sarmiento”, una llamativa manera de absolverlo.

Hernández agregó que su visita a Brasil fue motivada por el debate de noviembre de 2018, debate que si no tumbó a Néstor Humberto Martínez fue porque, con el cambiazo provocado por el famoso video de Petro, le impusieron otro tema de conversación al país. Por lo que cuenta Hernández, nadie de la Justicia de Brasil asistió a la reunión, seguramente porque el Fiscal Martínez nunca celebró un acuerdo de colaboración con ella, como el que sí hizo Perú y con muy buenos resultados. ¿Puede usted, señor fiscal Hernández, mostrar el documento oficial de lo que pasó ese día o se trató de una charla informal?

La carta absolutoria del Fiscal Hernández cita a otro Fiscal delegado, que en diciembre de 2018 había señalado: “nunca se mencionó algún tipo de actuación con relevancia penal, relacionada con los representantes del Grupo Aval, salvo el nombre de José Elías Melo” (bastardillas aquí). ¡Apenas eso! Un asunto menor y sin relevancia que Melo fuera nada menos que el presidente de Corficolombiana, poderosa empresa del Grupo Aval, en ese momento con detención domiciliaria y acusado de ser coautor del soborno de 6,5 millones de dólares con el que el Consorcio Ruta del Sol 2 (Odebrecht-Grupo Aval) se compró ese contrato ilegal. Hernández además reforzó la absolución con una mentira: que el brasileño de Odebrecht, Luis Bueno, quien tomó parte en el soborno, no dijo nada que tocara a los Sarmiento en el juicio que condenó a Melo.

Como si fuera poco, la respuesta de Hernández al abogado de Sarmiento Gutiérrez tiene fecha del 1 de julio de 2020, 14 meses después de que hubiera sido condenado a casi 12 años de cárcel José Elías Melo, subalterno de los Sarmiento, hijo y padre. Otro hecho muy relevante silenciado por este fiscal en su carta absolutoria.

En su respuesta, filtrada por alguien a los medios, Hernández tampoco informó que el juez que condenó a Melo también le pidió a la Fiscalía que investigara a Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez y a los directivos del Grupo Aval Carlos Gustavo Ramírez, vicepresidente de Corficolombiana, y Mauricio Millán, uno de los directivos de Aval en el Consorcio, a la par que a María Victoria Guarín, la esposa de un alto directivo del Grupo Aval denunciada por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) por sus actos en la licitación de la Ruta del Sol 2 desde la Corporación Financiera Internacional, caso por el que la SIC también denunció a Sarmiento Gutiérrez en la Fiscalía.

Y que el Fiscal Hernández sí mintió en su respuesta al abogado de Sarmiento Gutiérrez lo prueba que el exdirectivo de Odebrecht en Colombia, Luis Bueno, le declaró al juez que Melo le pidió tratar la corrupción “exclusivamente con él, y que él iba a informarle a Luis Carlos Sarmiento Junior sobre el trato con Gabriel” García Morales, el viceministro de Vías que sobornaron con los 6,5 millones de dólares. 

Sobre Daniel Hernández debe agregarse que el Fiscal General Ad Hoc, Leonardo Espinosa –quien reemplazó a Martínez Neira en parte del proceso y cumpliendo él sí con sus deberes–, lo acusó formalmente por no haber denunciado a Otto Bula Bula por “los delitos de lavado de activos y concierto para delinquir”.

En diciembre se cumplen cuatro años de estallado este escándalo, en el que la Fiscalía ha dicho que hubo sobornos por 32,5 millones de dólares, de los que solo se sabe quiénes pagaron 6,5 millones. Muy poco se ha demostrado sobre los altos funcionarios y políticos que los recibieron. Peor, bien difícil. Por la mediocridad de las investigaciones, este caso gravísimo tiende a terminar en que Melo pagó el soborno de su bolsillo y sin contarles nada a sus jefes, a quienes enriqueció con ese delito, o en que los de Odebrecht pagaron de sus arcas la parte que le tocaba al Grupo Aval, subsidiándolo en los 10,7 millones de dólares que les correspondía. Y no son chistes (wp.me/a99Bcq-2ST).

Coletilla: constituye una descarada agresión política a los colombianos que los duquistas se empeñen en imponer en la presidencia del Senado a Arturo Char, sobre quien la Corte Suprema dijo: “del acervo probatorio estudiado por la sala (sobre Aída Merlano) se da cuenta de la presunta realización de conductas punibles por parte del senador Arturo Char (…) se compulsarán copias para que se les investigue penalmente” a él y a otros.

Bogotá, 17 de julio de 2020.

*Senador del Polo Democrático Alternativo

@JERobledo

Por: José Félix Lafaurie Rivera*.- En medio de la pandemia, la gran industria láctea ha vuelto con una estrategia conocida, o mejor, sufrida desde siempre por los ganaderos: Una de sus empresas oprime el botón rojo de ¡ENLECHADA!, para justificar una reducción del precio y la disminución de las compras a los ganaderos, lo cual arrastra a todo el mercado formal y al inmenso mercado informal de leche cruda, en el que ya el ganadero recibe un precio que no retribuye su esfuerzo.

Los economistas llaman “oligopsonio” al mercado imperfecto en que muchos compradores tratan de venderle a muy pocos vendedores, convertidos en “dioses” de la plaza, haciendo, literalmente, lo que “les viene en gana” decidiendo a quién comprar y a quién no, cuánto comprar y a qué precio; en fin, decidiendo quién vive y muere en el mercado.

Esa ha sido la posición de la industria láctea frente a sus proveedores, los ganaderos. El esfuerzo de 320.000 de ellos, la mayoría pequeños productores, saca al mercado más de 7.300 millones de litros de leche, pero la industria formal acopia menos del 50%; apenas 3.241 millones en 2019, concentrado en seis grandes empresas con el 60% del acopio formal.

No obstante, la industria no está interesada en aumentar su capacidad de procesamiento, porque solo comprando la mitad de la producción “mangonea” en el mercado, y ese enorme margen de leche que se distribuye y consume cruda, sin higienización ni garantía de inocuidad, siglo y medio después del descubrimiento de Pasteur, le sirve para gritar en cualquier momento ¡ENLECHADA! y cuadrar sus utilidades a costa del ganadero.

Pero –ya lo dije– la industria no está interesada en crecer, sobre todo con productos diferenciados para sectores menos favorecidos, con menos empaque, publicidad y menor precio. Tampoco tiene mayor presión para hacerlo, mientras que los gobiernos sí han cedido a la de los “cruderos”, que bajo el argumento de “lo social” esconden verdaderas mafias que se lucran del esfuerzo ganadero. En Colombia, en pleno siglo XXI, la comercialización de leche cruda debería estar prohibida en ciudades de más de 100.000 habitantes, pero la política pública se detuvo en este aspecto durante la era Santos.

El Decreto 616 de 2006 estableció el reglamento técnico para la leche “que se obtenga, procese, envase, transporte, comercialice, expenda, importe o exporte en el país”. La idea era modernizar el sector frente a la suscripción de TLC con productores mundiales como USA y la UE, pero los Tratados se firmaron y la modernización y ampliación del procesamiento nunca se dio, con argumentos populistas bajo la presión de los cruderos y el desinterés de la industria, que veía en los TLC la oportunidad para importar leche barata y anunciar falsas enlechadas. Para mayo ya habían comprado ¡40.000 toneladas!; cerca de 400 mil litros que dejaron de comprarle al ganadero colombiano.

El argumento de “enlechada” para bajar 5 % el precio al ganadero y reducir 10 % el acopio, como pretende la gran industria, además de falso, pues no hubo déficit de oferta en el verano, ni hoy hay exceso –si lo hubiera, para qué importar–, pone al borde de la quiebra a cerca de 300.000 familias, una verdadera infamia en medio de la pandemia.

Hoy la utilidad de la cadena se concentra en la industria y el comercio, cuando lo que necesita el país es leche colombiana para todos, a precio asequible, con utilidad razonable para esos eslabones, y un precio decente para el ganadero, porque sin él…no habría nada.

Por ello, en representación de los campesinos que a diario madrugan al ordeño, lanzamos al Gobierno un SOS lechero.

Bogotá, D. C, 18 de julio 2020

*Presidente de FEDEGAN

@jflafaurie

Por Gabriel Ortiz*.- Esta pandemia que castiga a un mundo insensato, destructor, indolente, inequitativo, atropella a Colombia con mayor virulencia, porque ha encontrado terreno abonado para que coronavirus haga de las suyas. El frenesí lleva, sin control y sin mesura, a nuestra dirigencia a olvidar su misión, porque la sabiduría se resquebrajó. El liderazgo camina sin rumbo certero; a brincos estimulados por una despistada turba que absorbe, sin hastiarse, odio y desenfreno. Gravitamos entre covid-19, el tropel sin IVA de junio-19 que tantos muertos y contagiados sigue dejando, el malogrado julio-19 y el Populismo-19.  

Con la mirada perdida, esta comunidad a la que le han saqueado la esperanza, cree enfocar sus ojos en una vacuna para derrotar la plaga, mientras otros montan bacanales para lucrarse del descontrol.

Los científicos no desmayan. Sus encierros son herméticos e interminables. Quieren inyectar coraje a un mundo que transita con desánimo y angustia.

Aquí se nos fue la mano. Cuando llegó la plaga, se actuó con el egoísmo que reina cuando la corrupción extiende sus alas para llegar a la presa.

Las primeras órdenes fueron anteponiendo sanciones, castigos, encierros y peroratas irreflexivas. Olvidaron que la humanidad requiere educación, instrucción y ejemplo para actuar correctamente. Presidente y alcaldesa de Bogotá, entraron en controversias permanentes que confundieron a la comunidad y la impulsaron a la desobediencia. Aparecieron las primeras encuestas que hacen las veces de los tres poderes. Gobiernan y determinan los caminos a seguir. El Jefe de Estado se desbordó con sus atardeceres pregones televisivos, de los que ningún mandatario anterior había abusado. Eran repetición y repetidera. Con menos intensidad y sin tanta pantalla, lo hacía la Alcaldesa. Ambos  Intimidaban con “falta esto y falta aquello, no hay esperanzas de un medicamento. Quien incumpla paga”. Ninguna campaña educativa, ni orientadora. Decretos, resoluciones, directrices y protocolos, sin ton y poco son, eran el plato diario.

Como el gobierno Duque quiso “defender a los abuelitos”, encerró la sabiduría y con sus millares de Altos Comisionados y Consejeros, creyó acertar. Tarde, muy tarde vino a percatarse del error, pero no lo acepta. Se lo cobrará, lo que quede de la “rebelión de las canas”, con millones de votos al CD, Centro Duque. Las cosas seguirán tal cual, porque el populismo-19, y demás 19, reinarán hasta que aparezca la vacuna o desaparezca la ñeñe política.

BLANCO: El país ha respondido a la prensa libre. Apoyó a El Espectador, como lo hizo con Noticias Uno. Justo homenaje a don Guillermo Cano.

NEGRO: La virtualidad será el covid-19 del Congreso.

Bogotá, D. C, 17 de julio de 2020

Periodista. Exdirector del Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper.  

Por José G. Hernández*.- Como es sabido, la Corte Constitucional ha declarado inexequible el artículo 12 del Decreto Legislativo 491 de 2020, expedido por el presidente de la República en ejercicio de las facultades excepcionales propias del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, por calamidad pública -ni más ni menos, la generada por la expansión del Covid-19-. Según el precepto hallado inconstitucional, “…sin perjuicio de las disposiciones contenidas en las normas vigentes, los órganos, corporaciones, salas, juntas o consejos colegiados, de todas las ramas del poder público y en todos los órdenes territoriales, podrán realizar sesiones no presenciales…”

No era un decreto exclusivo para el Congreso, como equivocadamente se difundió en los medios. Éstos, -por carecer en su momento de la información completa- presentaron el fallo diciendo que habían caído las sesiones virtuales del Congreso. Mejor dicho, le quedaban prohibidas, y desde el 20 de julio debían ser presenciales, lo cual, aparte de no ser verdad, habría sido absurdo, grave y peligroso. Implicaba poco menos que lanzar al riesgo de contagio a los integrantes de todas las instituciones a las que se refería la norma (órganos, corporaciones, salas, juntas o consejos colegiados, de todas las ramas del poder público y en todos los órdenes territoriales).

El motivo de la inconstitucionalidad se explicó después mediante comunicado: no eran inexequibles las sesiones virtuales en sí mismas (la sentencia se profirió por vía virtual) sino que, con la expedición del decreto fue lesionada la autonomía del Congreso para determinar cómo ejercer sus competencias. Y no era necesaria la expedición del decreto, porque las corporaciones y órganos aludidos gozaban de plena autonomía para resolver cómo llevar a cabo sus sesiones. Argumento contradictorio.

Aunque hemos criticado varias de las medidas dictadas durante esta crisis, el pésimo manejo del confinamiento y el uso abusivo de facultades, lo cierto es que esta norma no violaba la Constitución. No afectaba la autonomía del Congreso ni de institución alguna porque era apenas una autorización para que los órganos respectivos resolvieran dentro de la órbita de sus competencias.

La votación fue apretada en la Corte. Cuatro magistrados, con buenas razones, salvaron su voto. Coincidimos con ellos. Era una disposición con fuerza de ley que podía, por conexidad con los hechos invocados al declarar el Estado de Emergencia, hacer claridad y poner fin a la polémica que se había suscitado entre miembros del Congreso acerca de si los reglamentos vigentes permitían o no sesionar virtualmente.

Además, como dijeron los disidentes, a diez días del inicio de las sesiones ordinarias, se ha generado “una incertidumbre institucional de inmenso calado. La decisión no aclara si el Congreso puede sesionar de manera no presencial al menos para reformar su propio reglamento”. Y se preguntan: “¿Qué ocurrirá si -por razones de salubridad o logísticas- no puede conformarse el quórum presencial para deliberar o para decidir? En este escenario, ¿quedará entonces la República sin un Congreso que pueda funcionar?

Añadimos: ¿Cómo funcionará el Congreso desde el 20 de julio si antes no se publica la sentencia firmada por todos los magistrados y con los salvamentos de voto? Porque el comunicado carece de toda fuerza jurídica.

Bogotá, D. C, 17 de julio de 2020

*Expresidente de la Corete Constitucional