Opinión
Por Víctor G. Ricardo*.- Dice el himno del llano en, palabras del inolvidable Arnulfo Briceño, “Embrujo Verde donde el azul del cielo se confunde con tu suelo en la inmensa lejanía”. Estas son estrofas bellas pero con sentido oculto que pueden tomarse como que la magnitud de la naturaleza no sólo es embrujo sino suelo, quizá para recordar que hasta allí llega la maledicencia de actores y gobernantes que pasan y se van, dejando amarguras miserias y rastrojos de ese paisaje inolvidable, pero… ¿Por qué? ¿De dónde surge esta reflexión que más que reclamo es un gemido de impotencia? Impotencia ante lo que han significado, para ser breve, la historia de titulares como “Refinerías”, Chirajaras, Matapalos y dirigentes encarcelados sin condena, ni vergüenza, al amparo de electores amnésicos.
Pero hagamos un alto para otro título aterrador “Bioenergy”, una esperanza que llega a un municipio casi existente, solo vigente en la realidad de señores feudales que lo defendieron de la vecindad de un país, que no logró envolverlos en la realidad de la Colombia llanera. De la rapiña entre las armas y las falsas promesas, ni de la existencia de manos armadas de diferentes calibres y motivaciones, logró surgir Puerto López entre armas buenas y calibres perversos, entre cultivos de pastos para producir carne y otros para avivar la imaginación.
En plena crisis de angustia de un llano petrolero que inundo la llanura con esperanzas imposibles de cumplir, sembrando paraísos deleznables para luego huir sin dejar en su partida, más que el desasosiego del regreso a la pobreza, de los suelos estériles agravados por la contaminación del dinero fácil y los fenoles del aceite en su herencia maligna, sobre las aguas cristalinas.
Pero llegó la esperanza merecida, la transformación de las siembras ruinosas, en creación de materia prima requerida por la revolución energética de” Combustibles Amables”, en una labor que además enriquecería los suelos y tal vez haría posible el renacer del “Embrujo Verde” del juglar del Meta.
Lamentablemente, de la mano del despilfarro del petróleo estatal, se inflaron los precios de las tierras, se creó un comercio abusivo que entrego toda su codicia ante una demanda elástica, que nunca ha conocido el verdadero valor del dinero.
En una inversión inflada por la generosidad del dinero fácil del energético estatal, se invierten activos por más de US$ 760 millones de dólares en un Disney de la fantasía, a cuyo lado crecieron impuestos prediales impagables, con el patrocinio de alcaldes abusivos, y subieron los salarios a niveles imposible de absorber por otras actividades de menor brillantez.
Y eso, como todo paraíso sin sustento, se derrumba no sólo por la realidad que aquí presentamos, sino por la competencia del mismo Estado colombiano que permitió la importación de materiales sucedáneos a precios subsidiados por nuestros patrones del imperio norteño, para terminar en el epílogo con una frase conocida “Ahora quien podrá salvarnos” ante una quiebra que al valor de hoy puede alcanzar los US$ 512 millones.
Pobre Llanura.
Bogotá, D. C, 8 de julio de 2020
*Ex comisionado de Paz
Por Juan Camilo Restrepo*.- No sé si sea cierta la noticia que circuló hace algunos días según la cual Perú está gastando 11% de su PIB en combatir la pandemia. Lo que es cierto es que el Gobierno colombiano, como para no quedarse atrás de los peruanos, salió presuroso a decir que nosotros también estábamos gastando el 11% de nuestro PIB en el mismo propósito ($111 billones). Así Lo afirmó el Presidente Duque, quién para demostrarlo terminó sumando peras con manzanas: metiendo en un mismo canasto las inyecciones de liquidez del Banco de la República y los apoyos presupuestales propiamente dichos.
Pues bien: el Marco Fiscal de Mediano Plazo (documento oficial del Ministerio de Hacienda de Colombia) divulgado la semana pasada, acaba de poner las cosas en su justa realidad: apenas estamos gastando en la pandemia 2,5% del PIB y en la capitalización del Fondo de Garantías 0,3%. Lo que significa un total de 28 billones (una parte ya se giró, la otra no).
Tiendo a creer que es más confiable la cifra del Ministerio de Hacienda que la de la Presidencia. Ésta última fue lanzada como para no “quedarnos atrás del Perú”. Pero para nada más. Y claro, lo importante no es tanto la cifra agregada de cuánto dinero se dispone en el papel sino que esas platas lleguen pronto y cumplidamente a los propósitos esperados.
Este episodio de las cifras contradictorias pone de presente una protuberante opacidad en la manera como se vienen haciendo anuncios sobre las finanzas públicas del país.
Por ejemplo: se desliza la noticia -aunque no se reafirma paladinamente- que se venderán activos públicos para complementar los fondos requeridos en la lucha contra el coronavirus. Pero no se dice claramente en cuáles activos se está pensando ni cuándo se espera venderlos. Se hacen anuncios en puntillas, sigilosamente. Queda la impresión que el Ministerio de Hacienda habla de manera elusiva para que la opinión pública y los sindicatos se le vayan a venir encima. Y no enfrenta asuntos difíciles rotundamente. Además: debe recordarse que la venta de un activo público toma por lo menos tres años, con lo cual el producido de su venta es improbable que llegue a tiempo.
Igual sucede con la indispensable reforma tributaria que se anuncia habrá de venir inexorablemente. Se dice por boca de los viceministros que presentaron el Marco Fiscal de Mediano Plazo que ella sólo se presentará cuando pase la pandemia. ¿Cuándo? ¿Ya se está preparando dicha reforma?
Otro tanto sucede con la comisión de expertos que se creó para revisar las gabelas y privilegios tributarios. Sus recomendaciones sólo estarán disponibles en 18 meses. Muy tarde. Para ese momento el gobierno Duque ya estará con el sol a las espaldas. Y la reforma tributaria (una de cuyas piezas esenciales es la poda del frondoso ramaje de los privilegios tributarios que se han venido otorgando) quedará para el próximo gobierno.
Como van las cosas, el gobierno Duque no alcanzará a sacar ni la reforma pensional, ni la laboral, ni la tributaria. El día a día de la gestión de la pandemia le está imponiendo el menesteroso destino de pasar en blanco en cuanto a las grandes reformas que el país requiere con apremio.
En España están ensayando un experimento al que vale la pena seguirle la pista. En plena pandemia el gobierno Sánchez está tratando de construir un gran pacto político con todos los partidos políticos, o al menos con gran parte de ellos, sobre las reformas estructurales que deberán implementarse en España una vez pase la pandemia. Un nuevo “pacto de la Moncloa”. Acá deberíamos ir pensando en algo parecido.
Bogotá, D. C, 5 de julio de 2020
*Abogado y Economista. Exministro de Estado
Por: Guillermo García Realpe*.- En días pasados junto a un grupo de congresistas presentamos una acción de tutela para que se declarara el estado inconstitucional de la presencia de tropas norteamericanas en suelo colombiano.
Esta acción jurídica fue fallada recientemente por el Tribunal de Cundinamarca que nos dio la razón en las pretensiones jurídicas ahí interpuestas y fue así como un juez de la República declaró la ilegalidad de la presencia de militares sin la debida autorización o consulta del Senado.
El Tribunal de Cundinamarca tuteló el derecho fundamental a la participación política, al debido proceso establecido en el artículo 173 de la Constitución Nacional, restableció el equilibrio de poderes de nuestro estado social de derecho obligando al control político, la autorización del Senado de la República y el concepto previo del Consejo de Estado para el tránsito o paso de tropas extranjeras por el país, ¡es un triunfo de la democracia!
Recordemos que desde el pasado primero de junio arribó a Colombia un grupo de militares norteamericanos pertenecientes a una brigada de Asistencia de Fuerza de Seguridad (SFAB por sus siglas en inglés), que vendría para supuestamente ayudar a nuestro país en su lucha contra el narcotráfico en estratégicas zonas de la geografía nacional.
Sin embargo este hecho, el de la circulación de tropa extranjera en el país, debió ser autorizado por el Congreso de la República, hecho que se pasó por alto por el propio Gobierno Nacional en cabeza del Ministerio de Defensa, vulnerando el artículo 173-4 de nuestra carta magna.
No obstante, a pesar del quebramiento normativo, el Gobierno Duque avanzó y dio vía libre para que las tropas gringas aterrizarán en suelo del departamento de Norte de Santander, donde inicialmente apoyadas por la Fuerza de Tarea Vulcano realizarían en conjunto actividades de lucha antinarcóticos en la vasta región del Catatumbo.
Éste gravísimo hecho, no sólo alteró el equilibrio de poderes y la independencia de la rama legislativa, sino que puso en evidencia la ruptura de uno de los elementos fundamentales consagrados en la Constitución Política: la soberanía nacional. El órgano legislativo no es una rueda suelta, sino que sobre éste recae el poder popular, porque en el Congreso están los representantes del pueblo, elegidos democráticamente para representar sus intereses legítimos. Entonces surge la pregunta ¿estamos dispuestos a ceder nuestra soberanía, a ceder lo que es nuestro?, porque cuando el Presidente de la República omite preguntarle al Congreso sobre el asunto que nos convoca, está omitiendo automáticamente preguntarle a todos los colombianos ahí representados.
Ahora bien, el Gobierno es consciente de que esas tropas norteamericanas entraron sin permiso del Congreso y del mismo Consejo de Estado, cuando se omite esto, el Ministro de Defensa está yendo en contra de la Constitución Nacional y más grave, que siendo avisado, siendo notificado por todos los órganos con poder de decisión, hizo caso omiso y avanzó en su propósito. Y esa decisión del jefe de la cartera de Defensa es una disposición contraria a la Constitución y por ende vulnera la soberanía nacional, lo que en la práctica configuraría un prevaricato.
Surge entonces un defraudamiento institucional que rompe la debida colaboración armónica, por consiguiente se rompe el sistema de pesos y contrapesos y no sólo eso, se está rompiendo el Estado Social de Derecho consagrado en el artículo 1º de nuestra Constitución, lo que nos lleva a un Estado absolutista y dictatorial que le entrega la soberanía nacional a unas tropas extranjeras.
El país aún no conoce la verdad y los detalles de este nuevo episodio binacional de colaboración en temas militares y de inteligencia, aspectos por ejemplo como la totalidad de los convenios administrativos, la Carta de Acuerdo o el rango de acción de las tropas son elementos desconocidos hoy por el Congreso de la República y por la opinión pública nacional.
Fue así como recientemente el Tribunal de Cundinamarca falló tutelar los derechos fundamentales a la participación política y al debido proceso constitucional de los accionantes y ordena al Presidente de la República suspender los efectos jurídicos de la autorización para cualquier actividad de esa brigada militar en el territorio nacional mientras el Senado de la República asume su función privativa de control político que puede ejercer en todo tiempo de conformidad con los artículos 138 y 173-4 de la Constitución política.
El fallo del Tribunal de Cundinamarca hace justicia y sin duda ¡Es un triunfo de nuestra soberanía nacional!
Bogotá, D. C, 6 de julio de 2020
*Senador Liberal.
@GGarciaRealpe
Por Mauricio Cabrera Galvis*.- Todos queremos que acabe la cuarentena. A nivel personal porque queremos volver a encontrarnos con los amigos, al trabajo normal, al deporte, la diversión y demás actividades cotidianas. En lo económico porque se necesita reactivar la producción, el comercio y los servicios para salir de esta recesión y recuperar los millones de empleos perdidos.
La gran pregunta es cómo y cuándo hacerlo para que no se acelere la expansión del virus ni se ponga en peligro la salud y la vida de la población. Lo complicado del asunto es que nadie tiene una respuesta cierta porque no se ha logrado descifrar el comportamiento del Covid-19, aunque la experiencia de otros países debe dar algunas pautas de la estrategia a seguir.
Entre los modelos de reapertura de la economía se destacan por sus diferencias, y los resultados obtenidos, el de los países europeos más afectados por la pandemia –Italia, Francia o España-, y el de los Estados Unidos.
En Italia el confinamiento total duró unos tres meses en la región norte del país. Ese país fue el primero que impuso una cuarentena total desde finales de febrero. A pesar de las medidas tempranas la expansión del contagio fue acelerada y solo un mes después, a finales de marzo, se llegó a tener en un día más de 6.000 casos y 900 muertos, que colapsaron el sistema de salud.
Con la cuarentena, la masificación de los test y el control epidemiológico, el número de casos nuevos empezó a descender y desde mediados de abril el número diario de recuperados empezó a ser superior al de los contagiados, de manera que los casos activos empezaron a disminuir. Sin embargo, el levantamiento paulatino de la cuarentena solo se hizo un mes más tarde cuando el promedio de nuevos casos era de unos 600 diarios, y cada día se recuperaban más de 2.000 pacientes. La reapertura continúa sin problemas.
En Estados Unidos aparecieron los primeros casos en enero, pero el gobierno se demoró unos dos meses para adoptar medidas de aislamiento y restricciones. Así llegaron a principios de abril a un primer pico de unos 30.000 casos diarios, que se fue bajando lentamente hasta unos 20.000 al comenzar el mes de junio. Sin embargo, el número de recuperados se mantuvo en promedio por debajo de 15.000 diarios, de manera que los casos activos siguieron aumentando, aunque si se redujo a la mitad la cantidad de muertos.
Los afanes electorales de los gobernadores republicanos llevaron a levantar las medidas de aislamiento desde finales de mayo, cuando no estaba controlado el contagio, y el resultado ha sido un nuevo pico de infectados que supera los 50.000 casos diarios, con gran presión sobre los sistemas de salud. Como resultado varios estados han impuesto una segunda cuarentena cerrando playas y sitios públicos, con el consiguiente impacto sobre el empleo.
¿Cuál modelo debemos seguir en Colombia? ¿Apertura temprana o cuando esté controlada la expansión del virus?
Cali, 5 de julio de 2020
*Filósofo y Economista. Consultor.
Por Amylkar D. Acosta M*.- Este 4 de julio se cumplen 29 años de la promulgación de la Constitución Política de 1991, la cual vino a reemplazar la centenaria Constitución de 1886. Entre otras cosas, estas dos constituciones han sido las únicas, de las tantas que han regido en Colombia desde los albores de su independencia hace doscientos años, cuya vigencia ha perdurado más de veinte años.
Fue tanta la premura en su trámite, aprobación y proclamación que a sus 380 artículos iniciales hubo que añadirles 59 transitorios y hasta fe de erratas, amén de que la rúbrica del triunvirato que presidió la Constituyente (Horacio Serpa, Álvaro Gómez y Antonio Navarro) se estampó en unas hojas en blanco virginal, pues su texto definitivo sólo estuvo a punto en la penumbra de la madrugada del 7 de julio, según hizo constar el Secretario General de la Constituyente Jacobo Pérez Escobar, quien además fungió como Notario de lo actuado en la misma.
La Constituyente que le dio vida a la nueva Carta tuvo como antecedentes los frustráneos intentos de reformar la Constitución por parte del ex presidente Alfonso López Michelsen primero, quien propuso en 1976 integrar para tal efecto una “pequeña constituyente” y luego sería el ex presidente Virgilio Barco Vargas quien propuso en 1988 la convocatoria de una consulta popular con el fin de derogar el artículo 218 de la Constitución de 1886, que reservaba la facultad de reformar la Constitución al Congreso de la República como constituyente derivado.
Ante el bloqueo, que impedía la reforma a la Constitución y la urgencia de sintonizarla con las nuevas realidades, surgió un movimiento espontáneo de la sociedad civil tendiente a remover dicho obstáculo, el cual se encarnó en la “séptima papeleta” promovida desde el claustro de la Universidad del Rosario y acaudillada por el actual Procurador General de la Nación Fernando Carrillo. Se trataba de sumar una “papeleta” más en las urnas habilitadas para la llamada elección de “mitaca”.
A renglón seguido el ex presidente Cesar Gaviria, previo acuerdo político protocolizado el 2 de agosto de 1990 con las principales fuerzas políticas del país, apelando una vez más a la declaratoria del Estado de sitio, expidió el Decreto 1.926 del 24 de agosto del mismo año convocando la elección de la Asamblea constitucional, la cual tuvo lugar el 9 de diciembre. En efecto se dio la elección de los delegados que integrarían la Asamblea constitucional, la cual una vez instalada y a poco andar se declara omnímoda, contando para ello con el espaldarazo de la alta Corte. Y fue así como la Asamblea Constitucional elegida para reformar la Constitución de 1886 se transmutó y erigió en Asamblea constituyente y terminó dándole al país una nueva Carta Política.
La Constitución Política de 1991 consagró en Colombia el Estado social de derecho y se caracteriza por ser garantista y por promover la participación ciudadana. A este propósito y en el entendido que los derechos ciudadanos conllevan también deberes, bien vale la pena traer a colación lo dicho por Mahatma Gandhi: “si descuidando nuestros deberes corremos tras nuestros derechos, estos se nos escaparán como un fuego fatuo”. Conviene también, cuando se dice en la Constitución que “todas las personas nacen libres e iguales ante la Ley”, recordar al caudillo Jorge Eliecer Gaitán cuando afirmó que “el pueblo no demanda la igualdad retórica ante la Ley, sino la igualdad real ante la vida”. La igualdad, la no discriminación racial y la equidad de género siguen siendo una asignatura pendiente en el país.
La Constitución de 1991, además, dejó claramente establecido que Colombia es un país de regiones, multiétnico y multicultural, pero no por ello se ha avanzado más allá de este reconocimiento. No obstante que la Constituyente de 1991 fue más allá del principio de la descentralización, reconocida en la Constitución de 1886, para consagrar el de la autonomía territorial, en estos 29 años no sólo no se ha avanzado en lo que respecta a la autonomía territorial sino que se ha venido dando un acelerado proceso de recentralización, ahondando de paso aún más las brechas interregionales.
En materia de estabilidad jurídica hay un marcado contraste entre la Constitución de 1886 y la de 1991, mientras aquella fue objeto de 70 reformas en sus 104 años de vigencia, esta última, en lo corrido desde su entrada en vigor, ha experimentado ya 53 enmiendas (¡!), batiendo record los años 2011 y 2019 con 6 y 5 reformas a la Carta Magna, respectivamente. El contraste es mayor cuando se hace la comparación con otros países, empezando por EEUU cuya Constitución data desde 1787 y 230 años después, sólo había registrado 27 enmiendas hasta el 2017. Le han terminado dando la razón al ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, inmolado en el Holocausto del Palacio de Justicia, Manuel Gaona Cruz, cuando dijo premonitoriamente que abrigaba el temor de que la Constitución Política se tornara en una Carta a la carta.
El ex senador y ex ministro Carlos Holguín Sardi, a este propósito, no dudó en señalar que “es evidente que se ha convertido en una especie de deporte de los parlamentarios, manosear la Constitución y eso es un símbolo de nuestro subdesarrollo cultural y político”. Cabe acotar al respecto que esta reformitis aguda le inflige un grave daño a la institucionalidad democrática, sometida a los vaivenes y veleidades del fetichismo normativo, como lo llama el ex ministro de Estado Alfonso Gómez Méndez, que practican quienes creen resolver todos los problemas del país cambiando la Constitución y la Ley. A juicio del premio Nobel de Economía Douglas North, si hay algo que conspira contra las posibilidades de crecimiento y desarrollo de la economía en un país, junto con los costos de transacción, es la inseguridad jurídica.
Cota, julio 5 de 2020
*Economista. Ex presidente del Congreso y Ex ministro de Estado.
www.amylkaracosta.net
Por Jorge Enrique Robledo*.- Según el DANE, en mayo pasado, la población desocupada en el país llegó a la inmensa cantidad de 4,9 millones, el 21,4 por ciento del total, y mujeres y jóvenes más de la mitad, el 25,4 y 26,6 por ciento, respectivamente.
Y eso que las cifras, con lo pésimo que se ven, están embellecidas por la forma de la estadística. Porque los llamados “inactivos” no suman como personas sin empleo, pues, según la DANE, carecen de él pero ya ni lo buscan, agotados e indignados por no encontrarlo. Y estos crecieron en el último año de 14,5 a 17,8 millones.
La estadística también enmascara este dolorosísimo problema social –el peor de Colombia y el que les da base a los demás–, porque los trabajadores informales aparecen como empleados, aunque por norma el rebusque no les brinda unas condiciones de vida siquiera decorosas. Y la informalidad colombiana aparece entre las mayores del mundo. En 2016, y era peor al finalizar el año pasado y ahora ni se diga, en ese sector sufrían 60 de cada cien personas, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Y también suaviza la apariencia del desempleo nacional que cinco millones de colombianos hayan tenido que irse a otros países, donde sí consiguieron los empleos que les negaron aquí y donde han dejado la merecida fama de ser excelentes trabajadores.
Se dice rápido desempleo, pero para entenderlo bien hay que relacionarlo con la pobreza, la miseria y el hambre, con enfermarse y morir por males que la medicina sabe tratar, con viviendas pésimas o malas –¡y ahora hacinados por la pandemia!– y con que tantas mujeres se ven obligadas a prostituirse, con la coacción, la violencia y la droga que la acompañan. Se dice rápido desempleo, pero son legiones los jóvenes que si logran graduarse en la universidad, no encuentran quien los contrate y los que sí, les imponen inestabilidad laboral, bajos salarios y hasta labores como las que son comunes en la docencia, en las que solo les pagan diez meses al año. Se dice rápido desempleo, pero se pasa por alto qué significa ser viejos y enfermos y además pobres o paupérrimos, porque no pudieron pensionarse.
El desempleo implica además –y de esto tan grave se habla muy poco– que no se supere el subdesarrollo nacional, el mismo fenómeno que lo causa. Porque impone rebusques de baja o nula productividad, lo que también lastra la creación de más y mejor riqueza, bases insustituibles del empleo y el progreso de los países. Y cierra el cuadro de esta tragedia que la escasa capacidad de compra de cesantes e informales tampoco jalona con el vigor necesario la industria, el agro y los demás sectores. Luego el primer pacto nacional que necesita Colombia es el de crear empleo, empleo y más empleo, estable y bien remunerado, objetivo que no puede lograrse sin modificar las causas de la desocupación, que el duquismo, en un relato falaz, intenta reducir a la pandemia.
Entre las fallas graves de Duque en el manejo de la pandemia está no proponerse que el Estado respalde con mayores recursos a los ciudadanos empobrecidos y a la actividad económica, como desde Keynes se sabe que debe hacerse en una crisis como esta, entre otras razones, para aumentar la capacidad de compra y la producción, generadoras del empleo que a su vez las respalda. Pero sin medidas adicionales –como lo prueba la experiencia de los 30 años anteriores–, más gasto se convierte en mayores importaciones, que no solo no estimulan la producción en Colombia sino que le hacen daño. Y se probó también que la ortodoxia neoliberal significa que los ingresos por minería y deuda externa se usan para destruir producción y trabajo nacional, porque financian las compras externas excesivas, y tampoco estimulan las exportaciones.
En el debate sobre las soluciones, no es serio entonces que se prohíba mencionar, entre las causas de la crisis, la apertura de los noventa y los TLC, que nos arrebataron –y esto lo saben los conocedores– uno a uno todos los instrumentos que usaron los países que sí desarrollaron sus economías de mercado, en tanto nos ofrecieron reemplazarlos con falacias y baratijas, como demostró la experiencia. Solo el dogmatismo con el que se defienden unos tratados que nos presentan como inmodificables, cuando sí pueden cambiarse, explica que no se plantee una política de sustitución de importaciones, cuidando, como es obvio, hacerlo sin excesos.
Coletilla: Aurelio Suárez calculó que el aporte del gobierno por la pandemia es de 320 mil pesos por persona al mes, y por solo tres meses, es decir, 95 centavos de dólar al día. Y el Banco Mundial pone el ingreso de pobre en 5,5 dólares diarios.
Bogotá, D. C, 3 de julio de 2020.
*Senador del Polo Democrático Alternativo
@JERobledo
Por José Félix Lafaurie Rivera*.- A qué juega Ernesto Samper, expresidente de la República y, en tal condición, excomandante de las Fuerzas Militares de Colombia, cuando afirma que en el ejército hay “soldados entrenados” para violar a menores de edad. ¡Casi nada!
Algunos columnistas tildaron la acusación de “canalla” y yo le sumo traidora, calificativos escasos para la gravedad de la afrenta, proveniente de un presidente cuestionado por el ingreso de dineros del Cartel de Cali a su campaña, delito confesado por sus lugartenientes, Fernando Botero y Santiago Medina, que para sumarle traición al asunto, pagaron cárcel, algo que llevó a la tumba a Medina y al exilio a Botero, mientras también moría “la monita retrechera” en circunstancias “oscuras”, y la investigación también en el remedo de justicia de la Comisión de Acusaciones de la Cámara.
Después de la vergonzosa preclusión, que para nada fue demostración de inocencia, Samper debió, como poco, retirarse de la vida pública, pero aún se pavonea con su elefante a cuestas, dando entrevistas a medios complacientes y, de contera, hasta tiempo le sobró para ser “calanchín” del Socialismo Bolivariano como secretario de ¡Unasur!, la frustrada pretensión de armar su propia OEA con Cuba y sin Estados Unidos.
Allá pelechó con petrodólares venezolanos hasta donde alcanzaron, conspirando contra las democracias con el Foro de Sao Paulo a sus espaldas, y callando frente al apoyo al narcoterrorismo de las Farc y el ELN, mientras se convertía en defensor de la “legalización”, algo “in” en expresidentes que fracasaron en la lucha contra las drogas o cedieron a sus intereses; y ahora reencarna como integrante del “Grupo de Puebla”, que más parece un grupo de convictos.
A qué juegan su hermano Daniel y su sobrino Daniel, que hoy, camuflados de “chistosos”, se unen en cofradía a un tercer Daniel, no “el travieso”, sino el artero escritor de libelos que se dice “periodista”, para atacar obsesivamente a Álvaro Uribe y, por ese camino, al Centro Democrático, al presidente Duque y, ahora, a las Fuerzas Militares.
A qué juegan sumándose a esa campaña de estigmatización de la Fuerza Pública, una estrategia que viene desde los noventa, cuando, después del fracaso del Caguán, Pastrana le apuesta a la modernización militar y, luego, Uribe implementa la Seguridad Democrática y saca a los generales de sus clubes y a los soldados de sus cuarteles, para enfrentar la violencia narcoterrorista que asolaba al país; un proceso con lunares y dificultades, pero exitoso, aunque haya terminado con otra traición conocida y 200.000 hectáreas de coca.
Medio país condenó esa traición y está en la primera línea de defensa de nuestras Fuerzas Militares y de Policía, gracias a cuyo sacrificio Colombia volvió a ser viable, aunque ese esfuerzo se haya perdido y, por eso, hoy más que nunca, necesitamos una Fuerza Pública fortalecida y apoyada para recuperar la seguridad como bien público y derecho ciudadano.
Parte de ese apoyo es desenmascarar tan peligrosa manipulación de la opinión pública, que busca –a eso juegan– neutralizar la acción contra el narcotráfico y la ilegalidad, con el apoyo taimado del centro-santismo, preocupado en defender el Nobel y sus compromisos de impunidad con las Farc bajo la mesa; y con el interés, no escondido sino explícito, de afectar la reputación de las Fuerzas Militares para mantener una situación de “inestabilidad”, que pueda erigir al populismo socialista de la izquierda como solución redentora.
En el ejército, como en todas las organizaciones humanas, hay manzanas podridas; pero toda nuestra Fuerza Pública es expresión de dignidad, pundonor y coraje, que han sido la salvación de la patria y lo seguirán siendo.
Bogotá, D. C, 5 de julio de 2020
*Presidente de FEDEGAN
@jflafaurie
Por Gabriel Ortíz*.- Los acostumbrados contrapesos gubernamentales, desaparecieron de Colombia. Ahora ser amigo es lo único que vale, porque la hegemonía renació en la tarde del 7 de agosto de 2018. Muchos tenían espanto por la iniciación del tercer período del innombrable. Consideraban que el nuevo presidente, haría lo que su mentor le ordenara. Pero Uribe se quedó chiquito, porque una camarilla implacable lo desvía con furor y sin descanso, mientras este CD (centro Duque) muestra debilidad.
A Duque se le apareció covid-19 y le rescató el poder. Su gobierno es ¨derrochón¨. Nombramientos y contratos marchan a la par con las dos reformas tributarias, que incluyeron el pago de la campaña.
Esa la razón para que solo hayan quedado dos, de los ¨3 Mosqueteros¨. Discrétamente Carrillo partió cobija, mientras espera su reemplazo que, desde luego, será ficha de CD.
El Fiscal Barbosa, dijo siente avergonzado con lo del covid, pero recupera sus cabales cuando pasea y viatica recorriendo atractivos sitios turísticos. Con su amigo mosquetero contralor, aprovechó el puente del San Pedro. Disfrutaron con sus esposas del mar de los siete colores, mientras el país sufría los rigores del confinamiento y las islas estaban bajo el toque de queda por el virus. En flamantes aviones oficiales gratuitos se trasladaron, para ¨inspeccionar y controlar la corrupción en San Andrés y Providencia. Con fruñido seño miraron los excesivos costos de las ayudas para los damnificados por parte del gobernador, mientras pasaban por la calle opuesta del discutido hotel del esposo de la Vice.
Magnates del turismo, propietarios de hoteles y atracciones, estuvieron cerca de ellos todo el tiempo, llenándolos de atenciones y escondiendo al gobernador para evitar sospechas sobre lo que este había hecho por debajo de la mesa. No se vio más de un raizal. Les sacaron el cuerpo.
La despedida fue esplendida en larga mesa, en donde la única incomodidad eran los tapabocas y las láminas plásticas transparentes que les protegían los ojos. Esas que posiblemente les impidieron ver lo que debían investigar. Con la piel dorada, los dos mosqueteros y sus esposas, damas que se cruzan en altas posiciones de sus despachos, usaron de nuevo los aviones oficiales para regresar a la Capital. El vigilante amigo del presidente, tenía que anticiparle al CD, Centro Democrático, que practicaría una inspección sobre la elección de Duque con plata de la ñeñepolítica. Fin de ¨El Paseo 5¨.
BLANCO: Aparecen más vacunas que covid.
NEGRO: Los US$300.000 de Oswaldo Cisneros al CD, para elegir a Iván.
Bogotá, D. C, 2 de julio de 2020
*Periodista. Exdirector del Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper.
Por José G. Hernández*.- Sin ser exhaustivos -porque cada día hay en nuestro territorio nuevas y peores formas de comportamiento antisocial, que no parecen propias de una sociedad civilizada-, hechos recientes mueven a la reflexión y al análisis. Basta pensar en el atroz crimen cometido en el Batallón San Mateo, en el departamento de Risaralda: secuestro, maltrato y acceso carnal violento agravado, que ya aceptaron haber cometido siete soldados armados, contra una indefensa niña indígena, sometida y dominada por la fuerza.
Si a tan vergonzoso hecho agregamos los desalojos arbitrarios adelantados en estos días por unidades policiales mediante actos de innecesaria violencia, que dejan niños muertos; los ya cotidianos asesinatos de líderes sociales, indígenas, campesinos y desmovilizados en distintas regiones del país; nuevas ejecuciones extrajudiciales; auge del narcotráfico; inseguridad; asaltos a residencias y establecimientos de comercio; insolidaridad; amenazas y ataques a los médicos y personal sanitario en razón de sus funciones; aprovechamiento de la pandemia para obtener fines ilícitos; corrupción…, en fin, lo que tenemos es el desolador panorama de una sociedad enferma, y no sólo por coronavirus.
Ahora bien, hablando de enfermedad y de pandemia, están próximos acontecimientos -también graves- de otro tipo: el segundo día sin IVA (programado para el viernes); el prematuro regreso de los niños a las aulas, a clases presenciales, en el que insiste el Gobierno pese a las advertencias sobre el inmenso riesgo que ello comporta; la reanudación de vuelos comerciales; la reapertura de industrias, obras, comercios e iglesias; la salida de mucha gente a las calles en plena pandemia, gracias a las muchas excepciones previstas en decretos legislativos dictados con el pretexto de reactivar la economía. Todo eso, precisamente cuando el número de contagios es cada vez mayor y el de muertes por día aumenta de modo alarmante en el país, sin que se tenga una adecuada infraestructura hospitalaria para los indispensables cuidados intensivos.
¿Será esto razonable y proporcionado a las circunstancias? No. Por encima de la economía están los derechos a la vida y a la salud. No lo han entendido, o no lo quieren entender, y el peligro es grande, e infortunadamente, las reglas y políticas al respecto no son claras.
Las autoridades (arts. 2, 5, 68 y 93 de la Constitución, entre otros), están creadas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, salud y derechos, entre ellos los de los niños, que son fundamentales y prevalentes (Art. 44), y el Estado se obliga (Art. 13) a promover las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y a adoptar medidas en favor de grupos discriminados o marginados, así como a proteger especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta, y a sancionar los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.
El presidente de la República dice que “tenemos que aprender a convivir con el coronavirus”. Pero, aunque es cierto que las personas podemos y debemos asumir actitudes prudentes y cuidadosas, el Estado no puede evadir sus propias responsabilidades, ni estimular las causas de contagio, llevando a las gentes a “conmorir” con el Covid-19.
Bogotá, D. C, 1 de julio de 2020
*Expresidente de la Corte Constitucional
Por Víctor G. Ricardo*.- Ecopetrol ha resuelto cerrar la planta de Bioenergy en Puerto López, en el Meta, lo cual conlleva un duro golpe tanto para el municipio, como para el departamento y la región, ya que implica el fin de 750 empleos directos ( 75% de la región), generando cada un 4 más indirectos.
Allí se tenían 20.000 hectáreas sembradas de caña de azúcar, reforestadas 325 hectáreas en bosque nativo y se adelantaba la producción de combustible limpio. La planta con una capacidad de 500.000 litros diarios de etanol, una de las inversiones que además aportaban a la paz del país y se había convertido en el mayor proyecto agroindustrial de los Llanos Orientales. Por otra parte allí se produce una tercera parte del alcohol carburante que hoy se consume en Colombia. De allí radica la importancia de este proyecto y lo crucial que sería que el gobierno garantizara la continuidad de su operación.
Luego de tres años de operación, el cierre de esta destilería de etanol de caña de azúcar se dará a pesar de ser una de las más modernas del mundo, con la posibilidad de producir el 30% del alcohol carburante que se le adiciona a la gasolina consumida en el territorio nacional. Los inversionistas del campo recibirán un desalentador mensaje al presenciar el colapso del proyecto pionero de la agroindustria, al que le apostó el mismo Gobierno a través de Ecopetrol.
Se inició la construcción de la planta en abril de 2010. Entonces, se estimaba para su construcción una duración de dos años y un costo de 344 millones de dólares. Sin embargo, fue terminado cinco años después, en abril de 2017 y se contabilizó un valor de 850 millones de dólares. El proyecto fue financiado en su mayor parte con Bancolombia, quien ahora se convierte en su principal acreedor, adeudándosele unos 400 mil millones de pesos, principal tarea de su liquidador el Dr. Rubén Darío Lizarralde.
Seguramente ahora lo que sucederá es que la planta se venderá por partes a precios de remate, los cultivos de caña se destruirán con los consecuentes problemas fitosanitarios y miles de empleos directos e indirectos se perderán. Lo peor de esta tragedia empresarial será la pérdida de confianza e iniciativa de las personas del campo y de los inversionistas para emprender los proyectos de gran alcance agroindustrial que demanda el país, en aras de jalonar su productividad y competitividad.
Será un retroceso gigante que nos restringirá el anhelo de sembrar las 4.5 millones de sábanas fértiles, aptas para la agricultura, que seguirán desaprovechadas en la Altillanura.
La liquidación en la que está entrando Bioenergy sólo podría reversarse ante la aparición de una fórmula financiera que sea viable para la empresa y aceptada por los acreedores, lo cual es difícil mientras las proyecciones de los bancos se basen en la accidentada historia de la empresa. Por esa razón es fundamental la participación del Gobierno con una operación de rescate financiero a una de sus empresas. Entre otras opciones, quizás sería viable que el Gobierno adquiriera parcial o totalmente la deuda para capitalizarla posteriormente. Es su responsabilidad agotar todas las posibilidades financieras para salvar un activo nacional de la mayor importancia, en el que no solo se han hecho grandes inversiones, sino que también representa una pieza estratégica para el desarrollo agroindustrial, con su consecuente aporte a la seguridad alimentaria y energética del país.
Bogotá, D. C, 1 de julio de 2020
*Excomisionado de Paz
