Opinión

Por Clara López*.- Aún antes de la pandemia, el malestar social se venía manifestando, y masivamente, como lo constató la sorpresiva afluencia de marchantes el 21N. Si bien el gobierno criticó la multiplicidad de demandas reunidas por el comité de paro, la realidad es que tenían por común denominador, la desigualdad y la falta de representación. Son las dos caras de la plutocratización del poder que monopoliza la representación en interés propio y genera la aceleración de la concentración de la riqueza y los ingresos. El fenómeno es mundial y no exclusivamente colombiano, aunque el país registra los índices más agudos de concentración de la tierra, la propiedad accionaria, los activos productivos y del acceso efectivo a los bienes públicos, en su mayor parte, privatizados.

En su libro, Capital e Ideología, Thomas Piketty, con un acervo estadístico formidable, muestra cómo la participación del decil (10 %) superior en la escala de ingresos recibía en 1980, entre el 25 y el 35 por ciento del ingreso total, frente a entre el 35 y 55 por ciento en 2018 y subiendo. Lo más sensible es que esa concentración creciente de la renta mundial se ha producido en detrimento del 50 por ciento más pobre. Otras estadísticas muestran el vaciamiento del medio que, en América Latina, según la OCDE, comprende el 40 por ciento de la población caracterizada como clase media vulnerable o en vía de empobrecimiento aún antes del coronavirus.

Este panorama se debe a cómo se han venido instrumentalizando las herramientas inventadas por la sociedad para distribuir el producto social, en favor de quienes, mediante el poder económico, mueven las cuerdas del poder político para legislar, reglamentar y juzgar a su favor. Dichas herramientas son la tributación progresiva, la educación gratuita, el sistema laboral, el sufragio y la salud pública universal, dentro de un régimen de propiedad privada expansivo en su protección, pero no en su acceso para quienes carecen de ella.

En la post pandemia no se podrá evitar la deliberación pública alrededor del pacto social incumplido del Estado social de derecho de la Constitución de 1991. El país tendrá que recorrer el camino del mejoramiento de los ingresos de la población vulnerable por conducto de aumentos sustanciales y sucesivos en el salario mínimo legal, especialmente en esta coyuntura cuando debe estimularse la demanda para evitar la deflación que ya se asoma. Aunque ello cubre a apenas el diez por ciento de la fuerza laboral y a los pensionados de salario mínimo, tiene su efecto indirecto  sobre la escala general, pero no es suficiente. Debe completarse con la renta básica garantizada para quienes no lleguen al umbral del salario mínimo.

Para abordar el problema de la productividad laboral debe reversarse la reprimarización de la economía y la concentración de la tierra de los últimos años. Estos dos factores han sido un ejercicio de suma cero. Sin los eslabones comunicantes del avance tecnológico de la industrialización y la reforma rural integral, las exportaciones de materias primas no aportan a la productividad, pero tampoco a la fiscalidad ni al empleo. La productividad nacional se ha reducido del 78 por ciento de la de los países de Europa en los años cincuenta, a menos del 40 por ciento en la actualidad y su escaso aporte al fisco y al empleo no se compadece con el daño ambiental y las exigencias del cambio climático.

Finalmente, debemos recuperar el papel protagónico del Estado en la provisión de los bienes públicos de salud y educación pública, gratuita y de calidad, en esta nueva etapa, de la educación superior que es el principal nivelador, al lado del sistema tributario progresivo que garantizará los recursos públicos para reconstruir el pacto social. Y que no se diga que Colombia no cuenta con la base material para sostener el Estado que requiere y no el remedio que se ha visto a gatas para enfrentar la pandemia.

La fórmula mágica del desarrollo económico que se debe impulsar en medio de la recesión pandémica es democracia de calidad, Estado social fuerte, fiscalidad progresiva, mercado competitivo, transición ecológica y trabajo bien remunerado.

Bogotá, D. D, 1 de julio de 2020

*Exalcaldesa de Bogotá y Exministra de Trabajo

Por Guillermo García Realpe*.- En medio de la situación crítica que vive el país en materia de salud, de crisis social, económica, alimentaria, que demanda la atención nacional, la atención pública y la discusión institucional, incluso del Congreso de la República en medio de los debates de control político, de los decretos que se expidieron en medio de la emergencia que fueron más de 160 en diferentes aspectos, pasó por alto el haberle dado mucha más importancia al proyecto de ley que tiene  que ver con los pliegos únicos en contratación oficial. 

Hubo mucha más discusión alrededor de la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños y niñas y también otras iniciativas que de pronto tengan mucha importancia, pero sí se nos preguntase a nosotros cuál fue el proyecto fundamental de mayor importancia, de mayor envergadura para el país, para la suerte de la administración pública, sin duda alguna, el proyecto que tiene que ver con uniformar los términos de referencia, los pliegos únicos para la contratación pública a todos los niveles, en temas de infraestructura, sector eléctrico, suministros, conectividad, educación, temas de salud, en fin. 

Éste es un gran avance en la lucha contra la corrupción en Colombia, muchos sectores se pronunciaron pero no tuvo la trascendencia que de verdad debe darse a esta iniciativa, yo diría que a partir de la sanción presidencial ya como ley de la República, las cosas para el sector público van a cambiar mucho, tanto en el escenario nacional, regional o departamental  y en lo local. Prácticamente se cambian las reglas de juego que anteriormente existía de que se abusaba por parte de las distintas administraciones de los términos de referencia que, antes de convertirse en un punto de equilibrio, de objetividad, de garantía, se convertía en instrumento de favorecimiento a través de indicar prácticamente desde los términos de referencia, desde las condiciones iniciales de un proceso de contratación a un beneficiado en particular, normalmente amigos de los gobernadores, de los alcaldes y de los gobiernos nacionales y muchas veces financiadores de campaña y entonces esa era la manera de pagarles sus aportes o inversiones económicas a las respectivas candidaturas. 

Por lo tanto, de aquí en adelante ya les queda muy difícil a alcaldes y gobernadores y al gobierno nacional  favorecer de manera selectiva y directa a sus amigos. Con esto, van a haber muchos efectos, en primer lugar  se va a mejorar la calidad del gasto, va a haber más eficiencia en el gasto público y por lo tanto también habrá efectividad e impacto de las obras públicas y de contratación en los servicios públicos, pues van a ganar quienes hagan mejor propuesta , quienes tengan mejor experiencia, mayor fortaleza en conocimiento para el tema por el cual han sido convocados y por supuesto las obras se van a ejecutar con mayor garantía de cumplimiento y de alcances de las metas  y de los objetivos que persigue la contratación pública. 

Van a ganar las comunidades, van a ganar las regiones donde este efecto se va a reflejar con obras, puentes, carreteras, construcciones o servicios  que efectivamente se van a recibir en el tiempo, en la calidad y con tarifas y valores justos. Van a perder las maquinarias y los gobiernos de amigos, los gobiernos de compadres y van a perder quienes basen sus campañas proyectadas a recibir coimas o entregar porcentajes en las obras públicas. 

Esto lo que refleja es que para las próximas campañas políticas habrán menos recursos, inicialmente al Congreso de la República y posteriormente alcaldías y gobernaciones porque sabrá los contratistas, sabrán los tales inversionistas que no habrá manera de que los mandatarios electos devuelvan sus recursos o de pagarles sus aportes millonarios de campaña. Habrá campañas más moderadas, más económicas por supuesto y esto también mejorará la política, optimizará la calidad de candidaturas a los diferentes cargos de elección popular y por lo tanto se mejorará el servicio público. 

En razón a que la competencia política se había basado siempre o en altísimo grado en competencia de maquinaria y de recursos, con ocasión y aprobación de éste proyecto de ley, tendrán oportunidades buenos académicos, buenos líderes sociales, buenos profesionales, estudiantes que no tenían opción en otras circunstancias de competencia de recursos y de maquinaria, ahora tendremos gente que será reconocida por la opinión como los mencionados, más líderes ambientalistas, animalistas, gente que procura por una mejor sociedad en todos los frentes. 

Es una buena noticia y ojalá se aplique y hagamos aplicar esa ley todos los colombianos, que en esto se concentren los veedores ciudadanos, el control social y por supuesto que los organismos de control como la Contraloría General de la República y la Fiscalía y Procuraduría General de la Nación, pues tiene ya mejores elementos para aplicar su control, tanto fiscal, también penal y disciplinario para quienes infrinjan la ley. 

Ese es un gran avance y hay que darle toda la importancia a este proyecto, que con la sanción será ley de la República  y que tendrá que cumplirse, es una muy buena noticia para el servicio público y para la comunidad y las regiones. 

Bogotá, D. C, 29 de junio de 2020

*Senador del Partido Liberal

@GGarciaRealpe

Por Mauricio Cabrera Galvis*.-PDET. Esta extraña sigla, que significa Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial, es uno de los principales instrumentos para la construcción de la Paz y la reconciliación en nuestro país. Se trata de un mecanismo que busca que la Reforma Rural integral llegue a los territorios más pobres y afectados por el conflicto armado, promoviendo la economía campesina y mejorando la calidad de vida de sus pobladores.

Para estos planes se seleccionaron 170 municipios donde habitan casi 7 millones de personas, de las cuales casi el 50% son pobres, en claro contraste con el resto del país donde los pobres son menos del 25%. Es otra Colombia rural en la que todos los indicadores de servicios básicos –salud, educación, vivienda, acueducto y alcantarillado- son peores que en el país urbano.

Los municipios PDET también son significativos para la política de protección ambiental y la lucha contra el narcotráfico. Lo primero porque en ellos está el 45% del área de los parques nacionales, y lo segundo porque concentran el 90% de los cultivos de coca y marihuana.

Los PDET son el mayor ejercicio de planeación participativa realizado en el país. Comunidades, organizaciones sociales, comunales y comunitarias, grupos étnicos, víctimas, sociedad civil, sector privado, academia, gobiernos municipales y departamentales, en total más de 200.000 personas, contribuyeron a elaborar 16 planes de acción de transformación regional (PATR) con 32.800 iniciativas que se plasmaron en pactos comunitarios en 11.000 veredas y pactos municipales en cada uno de los 170 municipios.

Con esta hoja de ruta ya definida, y en medio de la crisis económica generada por la pandemia del Covid-19, acelerar la inversión pública y privada en las zonas PDET se convierte en una excelente oportunidad para lograr dos objetivos: de una parte contribuir a la reactivación de la economía y la recuperación de los 5 millones de empleos perdidos, y de otra disminuir la brecha social y pagar la deuda histórica con la ruralidad colombiana, abandonada por el Estado desde siempre.

Con este doble objetivo en mente el Consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación (llamado antes Consejero para el Posconflicto) organizó el foro “Acelerar los PDET para reactivar la economía” en el que conversaron funcionarios que diseñaron los PDET en el gobierno anterior con los que los están implementando en el actual gobierno , en un espacio ajeno a la polarización que caracteriza otros debates sobre los temas de Paz. Es un ejemplo digno de imitar.

Tres conclusiones importantes, entre los muchos aportes que se hicieron. Primera, las inversiones en zonas PDET –vías terciarias, acueducto, infraestructura de salud, etc., tienen un alto impacto en la reactivación y la generación de empleo. Segunda, hay suficientes recursos públicos ya asignados para la ejecución de estas obras, y estímulos para que el sector privado también invierta. Tercera, con la participación de los mandatarios territoriales hay que diseñar esquemas de gerencia para acelerar la ejecución de los recursos y vigilar que no sean capturados por la corrupción.

Coletilla. Las zonas PDET son esperanza pero también tragedia y muerte. Solo este año, ha sido asesinado un líder social cada 36 horas, y la mayoría en estos territorios. Desde que se firmó el Acuerdo de Paz ya van 442 asesinatos. No más líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados, es un grito que debe convertirse en clamor nacional para detener esa masacre.

Cali 28 de junio de 2020

*Filósofo y Economista. Consultor.

Por Amylkar D. Acosta M*.- Este 28 de junio se cumple el primer aniversario de la sanción de la Ley 1962 de 2019 de fortalecimiento de las regiones administrativas y de planificación (RAP), la cual vino a corregirle la plana a una Ley inicua, inocua y vacua, que es como yo he calificado la mal llamada Ley orgánica de ordenamiento territorial (LOOT) 1454 de 2011. Esta, en lugar de desarrollar la norma constitucional que es la tarea del legislador, se limitó a transcribirla sin ir más allá de la misma, malográndose esta oportunidad de avanzar en el propósito de darle al país la que llamó apropiadamente el Maestro Orlando Fals Borda la Ley Madre. Este fue un verdadero parto de los montes.

El Congreso de la República al aprobar la LOOT de marras hizo suyo el retruécano de Giuseppe Tomasi di Lampedusa: “si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie”. Y eso fue lo que hizo. Para soslayar y de paso bloquear la constitución tanto de las RAP como de las regiones como entidades territoriales (RET), como lo prescriben los artículos 306 y 307 de la Constitución Política, respectivamente, le dieron rienda a la creatividad del legislador. Privilegiaron figuras como la Asociatividad entre las entidades territoriales, que no requieren de ley orgánica, pues se pueden dar al amparo de la Ley ordinaria 489 de 1998, así como las regiones de planificación y gestión (RPG), al tiempo que le cerró literalmente las fuentes de financiamiento de las RAP.

De allí que el mayor mérito de la Ley de fortalecimiento de las RAP es que al tiempo que allanó el camino para que las RAP fortalecidas sirvan de escala técnica, como debe ser, para constituirse a la postre en entidades territoriales, derogó el artículo 32 de la LOOT que indujo a las RAP a un coma profundo del cual despertaron gracias a esta nueva Ley. Y no lo decimos a humo de paja, es que al disponer que por cuenta del funcionamiento de las RAP  “no se generará gasto del Presupuesto General de la Nación, ni del Sistema general de Participaciones (SGP), ni del Sistema General de Regalías (SGR)”, las condenaba a su estado vegetativo y su ineluctable defunción por inanición.

La Ley de fortalecimiento de las RAP no sólo derogó dicho artículo sino que le abrió varias fuentes de financiación a las mismas. Se dice, explícitamente que “el Gobierno Nacional podrá asignar una partida en las leyes de presupuesto general de la Nación (PGN) para cofinanciar el cumplimiento de las atribuciones conferidas”. También podrán las RAP gestionar recursos de cofinanciación con los distintos niveles de gobierno, así como de cooperación internacional y, cómo no, a través de las alianzas público-privadas. 

Y algo muy importante, se les faculta a las RAP para que estas puedan presentar proyectos, siempre de impacto regional, para su trámite y aprobación por parte de los órganos colegiados de administración y decisión (OCAD) y la asignación de recursos para el financiamiento de los mismos provenientes del SGR, amén de la ejecución de los mismos. Igualmente podrán presentarse por parte de las RAP proyectos de impacto regional a los distintos fondos de cofinanciación de los que dispone el Gobierno Nacional y así acceder a contrapartidas provenientes del PGN. También podrán contar con recursos provenientes del crédito público.

Hoy, más que nunca, se requiere la integración regional y el empoderamiento de las RAP para encarar los retos que les plantea la pandemia, que ha afectado el fisco tanto de la Nación como de las entidades territoriales, para lo cual se impone la conjugación de esfuerzos y las sinergias tanto entre el Gobierno central, los departamentos y municipios como entre estos últimos. Como es bien sabido los ingresos propios de libre destinación (IPLD), las transferencias del SGP y los provenientes del SGR han tenido y van a tener en lo que resta del año una caída sin precedentes, justo cuando se requieren mayores recursos para afrontar y enfrentar la pandemia del COVID - 19 y sus secuelas, que impactarán el empleo, el ingreso y el bienestar en los territorios. 

Como se recordará el Gobierno Nacional echó mano, mediante el Decreto – ley 444 de 2020, de los recursos ahorrados por las entidades territoriales en el Fondo de Ahorro y Estabilización (FAE) y en el Fondo Nacional de Pensiones de las entidades territoriales (FONPET) del SGR para financiar el Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME). Con tal fin tomó, inconsultamente, aproximadamente $14 billones de ellos, según se ha dicho en calidad de préstamo, en los momentos en los que los departamentos y municipios más los necesitaban.

Está por verse cuándo será ese cuándo que se les reintegre a las regiones dichos recursos, sobre todo si se tiene en cuenta que el déficit fiscal de la Nación para este año se calcula que puede llegar al - 8% y su deuda pública puede superar el 64% del PIB. Huelga decir que, merced al Acto legislativo 05 de 2019, que reformó el SGR, tanto el FAE como el FONPET se marchitarán, de modo que las regiones no van a contar con este ahorro hacia el futuro. Como en la fábula de la cigarra y la hormiga, se está asumiendo el papel de la holgazana cigarra en momentos en los que el invierno acecha.

Hay dos tareas impostergables de los que se deberán apersonar las RAP. Se trata de la reforma para fortalecer el SGP, para lo cual la Ley de fortalecimiento dispuso crear una Misión de descentralización, la cual deberá presentar sus recomendaciones al Congreso de la República. De otra parte, mediante la Ley 1943 de 2018 se creó una Comisión de expertos que deberá hacer lo propio con respecto a los tributos territoriales y su robustecimiento. Ambas iniciativas serán cruciales para las regiones y no se pueden dejar al garete. Finalmente, reiteramos nuestro llamado al Presidente Iván Duque para que, ahora que ha quedado facultado para decretar con fuerza de Ley la reglamentación del Acto legislativo 05 de 2019, su texto sea concertado con los alcaldes y gobernadores.

Cota, junio 27 de 2020

*Economista. Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía.

www.amylkaracosta.net 

Juan Camilo Restrepo*.- En la última novela de Posteguillo (“Y Julia retó a los Dioses”) aparece una batalla campal en el Olimpo entre los dioses: unos en favor de Julia Domna, la esposa de Septimio Severo, y otros en su contra.

Durante el día sin IVA de la semana pasada en Colombia debió suceder algo similar: se enfrentaron Mercurio (el dios del comercio) y Asclepios (el dios de los médicos). Con el resultado ya conocido: triunfó apabullantemente el dios del comercio sobre el de los médicos.

Pero claro, con la ayuda de Zeus (el dios del gobierno) que terció descaradamente en favor de los comerciantes: si las ventas durante el día sin IVA fueron, como lo ha anunciado el director de la Dian cercanas a los 5 billones de pesos, ello significa que la renuncia al recaudo del IVA que asumió el fisco nacional para animar esta feria del consumo suntuario ascendió a cerca de un billón de pesos. Que no es poca cosa.

¿Y todo esto para beneficiar a quién?

¿A la reactivación de la economía? Es muy discutible que ello sea así. Uno de los grandes enigmas de estos días sin IVA es que ellos pueden no ser otra cosa que un anticipo de consumos que de todas maneras se iban a hacer. O sea, que la gente que compró, por ejemplo, un televisor, ya tenía pensado adquirirlo. Con lo cual lo único que se logró fue anticipar para el mágico día su decisión de compra.

Pero además: ¿es este el tipo de estímulo a la demanda que debería tener prioridad en el proceso apremiante de reactivación de la economía y del empleo en que está sumida Colombia? Todo indica que no. Paradójicamente el día sin IVA coincidió con la divulgación por parte del DANE de los datos de caída en la economía que se registró en abril: menos 20%; porcentaje que tristemente coinciden también con los datos de desempleo divulgados para el mes de abril: 20%. Una y otra cifra sin precedentes en la historia reciente del país.

Entonces, ¿una efímera inyección consumista de un día va a reactivar el crecimiento y el empleo? Hay que dudar que ello sea así. Aunque sean tres las inyecciones que se apliquen con los tres días sin IVA. La verdadera reactivación comenzará cuando la industria, el transporte, el turismo y el comercio, entre otros, empiecen a reanimarse y a funcionar normalmente. Observando por supuesto las normas de bioseguridad requeridas. Mientras tanto, estos días sin IVA no son más que epilépticas inyecciones consumistas cuyos efectos se van a diluir más temprano que tarde.

Pero además: inyecciones que son altamente chocantes. El espectáculo de montoneras de compradores básicamente de electrodomésticos, la mayoría de los cuales importados, peleándose a dentelladas y codazos estos consumos suntuarios, deja la desagradable sensación de indiferencia hacia los cerca de nueve millones de hogares a los cuales la pandemia ha dejado o desempleados, o en una situación de precariedad que no les permite comprar ni siquiera un mercado. Ojalá las reglamentaciones que se anuncian para los dos días restantes sin IVA a fin de evitar aglomeraciones resulten eficaces: ya que de todas maneras, y con no poca arrogancia, se anunció que de todas maneras se harían.

Con toda razón el New York Times y la agencia Bloomberg se refirieron con sorna a Colombia preguntándose si es que no sabíamos que había llegado el coronavirus. Y si no éramos conscientes de los riesgos que estas aglomeraciones representaban. Los expertos han señalado que los efectos indeseables vía nuevos contagios que dejarán estos 98 focos de congestión que hubo en el país -y que al gobierno le parecieron pocos- se verán en las próximas dos o tres semanas.

A quien sí benefició este atolondrado día sin IVA fue a unas pocas grandes cadenas comerciales que vendieron jubilosas y agotaron sus inventarios de electrodomésticos. Pero es bien discutible que alguien más hubiera salido beneficiado.

Si: hubo el pasado viernes 19 de junio una batalla entre los dioses. Y todo indica que el vencedor fue el dios del comercio en demérito del dios de la medicina.

Bogotá, D. E, 28 de junio de 2020

*Abogado y Economista. Exministro de Estado.

Por: José Félix Lafaurie Rivera*.- Cuando leo el borrador del decreto sobre hipoteca inversa, coincido con algunos analistas y con el Gobierno en que no es una solución al problema pensional, pero sí un instrumento que, debidamente reglamentado y protegido de la voracidad del sistema financiero, representa una opción para quienes trabajaron toda su vida por “tener donde caerse muertos” y, literalmente, les está sucediendo, porque se quedaron con su casa y una pensión mínima o, simplemente, sin ingresos.

Pero también caigo en cuenta de que el decreto, como muchas cosas en este país desde hace más de medio siglo, está concebido con mentalidad “urbana”, como si la “pobreza oculta” fuera un problema exclusivo de las ciudades; de ancianos abandonados en casas también semiabandonadas, porque los hijos se fueron, “algunos sin decir adiós”, como en la canción, o porque, en su propia lucha, solo los pueden ayudar un día sí, un día no.

“Mi abuelo tenía mucha tierra”, cuenta Juan. Son historias de nostalgia que se escuchan en las noches campesinas, en boca de ancianos atrapados en su pobreza, que en el campo no es “oculta”, pero sí marcada por la indiferencia, porque en el imaginario de la gran sociedad urbana, y a veces del Estado, hay una identificación perversa entre campesino y pobreza.

Sigue Juan con su historia: Mis abuelos tenían mucha tierra, pero también diez hijos, y la que no fueron vendiendo se la repartieron. Mis padres tuvieron seis y nosotros cuatro, que tendrán que repartirse esta parcelita cuando faltemos.

Es la historia de la fragmentación minifundista de la tierra hasta niveles que no son económicamente rentables para garantizar la subsistencia, y que deja abandonados a campesinos ancianos en la trampa de pobreza de la propiedad de su parcela; un problema que se extiende a lo que podríamos llamar la “clase media baja rural”, como también se ha encontrado en las ciudades, con la pobreza oculta de ancianos propietarios de estratos intermedios que, sin embargo, no pueden “comer casa”.

En el campo son ancianos propietarios de tierras valiosas, que se quedaron solos y sin recursos ni fuerzas para generar ingresos con ellas, pues, en contra de otro estereotipo urbano, la tierra sí “lo da todo”, pero no gratis ni fácil. El trabajo de la tierra es esforzado, requiere de inversión permanente y gran parte de su rentabilidad se queda en intermediarios y procesadores.

“Viven como pobres y mueren como ricos”, es otro aforismo rural que retrata esta cruda realidad de pequeños y medianos propietarios rurales que han dedicado su vida al trabajo de la tierra; que no saben de sistemas pensionales, ni de cesantías, ni de cajas de compensación -rarezas urbanas-, y que al final de los tiempos se quedan solos, y solo con su tierra.

Para ellos, la hipoteca inversa rural debe ser también una opción que les garantice un ingreso en su vejez; pero reglamentada y vigilada, no solo para blindarla de los criterios de riesgo y utilidad del sector financiero, que excluyen al pequeño propietario, sino para que las tierras disponibles cuando los herederos decidan no honrar el crédito, en lugar de ser feriadas en subasta por los bancos, puedan ser compradas por la Agencia Nacional de Tierras para los programas de distribución a campesinos sin tierra o con tierra insuficiente; siempre bajo el criterio de no profundizar el minifundio improductivo, que hace más pobres a los pobres del campo. 

N.B. Agosto 2019: ¡Yo voy a ser la jefa de la Policía; voy a coordinar la seguridad como principal prioridad! ¿Qué pasó con esa promesa? Bogotá pide auxilio.

Bogotá, D. E, 26 de junio de 2020

@jflafaurie

*Presidente de Fedegan

Por Gabriel Ortiz.- Más de 35 mil millones costó la campaña del Presidente Duque y en Colombia todo tiene su costo. Como ganador electoral, debe azotar chequeras.

La mermelada ha embadurnado cuanta cosa se requiere. Ha movido las reformas tributarias, el entierro de las mociones de censura, la sumisión del Congreso virtual para evacuar iniciativas gubernamentales. ¡Todo tiene un costo!

Duque ha cumplido a sus patrocinadores, pero necesitaba opacar al Ñeñe y el dinero bajo la mesa. Como anillo al dedo le cayó el coronavirus. Lo ha usado para todo. No hay negocio que, durante los 100 días de encierro, no tenga impreso el sello covid-19. El dinero ha rodado ¨con emergencia¨ y sin control. El Jefe de Estado se tomó, como cualquier mandatario bananero, la televisión para sembrar pánico diario con su espacio: ¨El estrés de las Seis¨, tiempo durante el cual angustia, sobresalta, aturde y desvela a los colombianos con pésimas noticias. Nunca imprime optimismo.

Duque se dedicó, desde un principio a los venezolanos. Hasta trajo a Guaydó apoyado por un frente paramilitar, porque Maduro tenía ¨las horas contadas¨. Hoy Trump lo dejó solo, al igual que Iván a sus votantes.

Nadie entiende esta manera de gobernar, ni siquiera su vice, que lo desconoce como jefe. Por ello no le informó la experticia de su joven hermano, en negocios ¨fáciles¨.

Sus campañas divulgativas están gastadas. Hay que ajustarlas y explicar lo de los soldados gringos, el aumento de la producción de coca, el desastre económico y bueno… la hecatombe que armó para favorecer a sus patrocinadores: la banca y las grandes superficies, con el covid-back, del viernes 19 de junio.

Le faltaron canas para ordenar el populista día sin IVA, que solo se aplicó a contados artículos importados por los grandes, mientras los pequeños, que no aportaron a la campaña, no tuvieron oportunidad.  

No calculó lo que podría ocurrir cuando se abrieran las puertas a millones de colombianos que, estaban confinados y aburridos desde hacía 90 días. Febrilmente salieron de sus 4 paredes, credibanco en mano, liquidación de prestaciones, exigua prima y ganas de libertad. Cargaron con artículos que, la pobreza los obligará a devolver en poco tiempo. Cambiaron 19% de IVA para la Dian, por 29% del interés bancario por usar las tarjetas.   

Después del desastre, Duque pidió no buscar culpables. Él sabe que todo tiene un costo y debe pagarse. ¿Qué vendrá después?  

BLANCO: Las advertencias de Juan Camilo Restrepo sobre la economía para el covid-19.

NEGRO: ¿Tendremos qué pagar los avisos de Uribe?

Bogotá, D. C, 25 de junio de 2020

*Periodista. Exdirector del Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper.

Por Jairo Gómez*.- Dice un dicho por ahí que “no es prudente vender la piel del oso antes de cazarlo” y esto fue lo que exactamente le sucedió al ex asesor de Seguridad Nacional de Trump, John Bolton, con el fallido “Golpe de Estado” contra Nicolás Maduro en abril del año 2019.

Bolton pasó de ser un hombre de entera confianza de Trump a perder los afectos de la oficina oval no sólo por oponerse a las políticas que el presidente y el secretario de Estado Pompeo habían diseñado para mitigar las fricciones diplomáticas con Irán y Afganistán, sino por no cumplir lo que prometió: derrocar al régimen de Nicolás Maduro.

Tras calificar de incompetente a Bolton por el manejo de asuntos como el de Venezuela, Trump decidió despedirlo fulminantemente por tuiter: “Informé anoche a John Bolton que ya no se requieren sus servicios en la Casa Blanca. Tuve fuertes desacuerdos con muchas de sus sugerencias, así como otros en el gobierno”.

Leí con detenimiento la versión de Bolton en su libro “La Habitación donde ocurrió: memorias de la Casa Blanca”, sobre sus fracasadas gestiones para sacar a Maduro del poder. En 48 páginas terminó lavándose las manos, achacándole la responsabilidad del fracaso golpista a la oposición venezolana y a ese líder de papel que él mismo ayudo a construir y se lo metió por los ojos a Trump y al Secretario Pompeo, Juan Guaidó.

Más allá de sus recomendaciones golpistas y de la propuesta de atiborrar de sanciones económicas al régimen chavista que todos conocemos, hay un episodio interesante que narra el exasesor y en él Colombia jugó un papel importante: se trata de la intentona de golpe del 30 de abril de 2019 en el que Bolton le aseguró a Trump que Maduro caería, que las condiciones estaban dadas para tumbar al líder venezolano, tras menospreciar las acciones que tomaría su adversario para impedirlo.  

Cuenta Bolton en su libro que “Padrino (Ministro de Defensa de Venezuela) había ido a reunirse con Guaidó y que pensaba decirle pronto a Maduro que ya era hora de que se marchara. Padrino se decía estar acompañado de trescientos militares que afirmaron haberse librado de los cubanos, pero después supimos que esta información (tanto el supuesto encuentro como el acompañamiento militar) era incorrecta”. Todo parece indicar que el halcón y curtido Bolton, el Secretario Pompeo y la Casa Blanca, cayeron en la trampa. ¿Nunca se preguntaron Bolton, sus jefes y sus aliados que se trataba de una trampa? ¿No sería esa una estratagema para verificar la lealtad de los militares con el presidente Maduro?

Tal vez el orgullo de sentirse agraciado por el país más poderoso del mundo no le permitió a Bolton reconocer que los cubanos son maestros en inteligencia político-militar aprendida durante los aciagos años de la guerra fría; pero además su destreza la han corroborado con creces al enfrentar a su enemigo más poderoso: Estados Unidos, país del que han tenido que soportar las agresiones más audaces y violentas durante 70 años de revolución y que conocen en detalle cómo actúa la inteligencia americana y, por supuesto, al predecible Donald Trump.

Relata el curtido halcón que la “Operación Libertad” era prácticamente un hecho pues al parecer se contaba con la alianza firme de varios militares del régimen que querían salir de Maduro, pero acepta el fracaso de la operación: “Sin embargo, poco después conocimos que la información sobre la base aérea La Carlota no era verídica, y que Guaidó y López (Leopoldo que al parecer había sido liberado como parte de la estrategia) nunca estuvieron realmente dentro de dicha base. Además, en apenas unas horas se demostró que no eran ciertos los informes de que unidades militares que respaldaban a Guaidó habían tomado al menos el control de algunas estaciones de radio y televisión”. Ésta situación descontroló a Bolton y no supo darle explicaciones a Trump.

¿No sería ésta una estratagema para verificar la lealtad de los militares con el presidente Maduro? ¿Estaría detrás de esta estrategia la inteligencia cubano-venezolana? ¿Convencieron a la oposición, a sus aliados estadounidenses y al llamado Grupo de Lima de que había descontento al interior de la fuerza armada y que el golpe era factible? Sin duda eso pudo haber sucedido, porque como cuentan los medios el día del supuesto golpe de Estado, López y Guaidó llegaron a La Carlota y nadie, ningún militar de la Guardia, se encontraba ahí. La respuesta a esos interrogantes nunca los vamos a saber y como era obvio el “infalible” Bolton no los iba a contemplar en su libro.

En mi opinión la inteligencia cubano-venezolana no sólo se burló de Trump, Pompeo y Bolton, también lo hizo del llamado “Grupo de Lima” que estuvo al tanto de la operación en cabeza del Canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo. Literalmente les mamaron gallo. Cayeron redondos.

Y, para concluir, viene otra parte de la historia: dicen que, molestos por esta mamada de gallo, el gobierno de Colombia, creo yo que en consonancia con Bolton, decidió cobrarle a Cuba su osadía y reclamó en extradición a los cabecillas del ELN; ante el evidente rechazo del Gobierno de Diaz Cané, se abría el camino para que Donald Trump incluyera a Cuba en la lista de los países que no colaboran en la lucha contra el terrorismo. Otra parte de esta historia que no cuenta Bolton, creo yo.  

Bogotá, D. C, 25 de junio de 2020

*Periodista. Analista Político.

@jairotevi     

Por José G. Hernández*.- Con independencia de la discusión sobre si la reforma aprobada por el Congreso, que contempla la prisión perpetua para violadores y asesinos de niños -asunto que definirá la Corte Constitucional si, como es probable, se presentan demandas de inconstitucionalidad por razones de forma o por una posible sustitución de la Constitución-, conviene subrayar que lo importante, más que el tipo de penas aplicable a esos criminales, es la necesidad apremiante de buscar mecanismos efectivos y reales con miras a la protección de los derechos de los niños, que -como proclama en la teoría el artículo 44 de la Constitución- prevalecen sobre los derechos de los demás.

Según expresa la norma, la familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación “de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos”, todos calificados por la misma Constitución como fundamentales: “La vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión”. Añade que los menores “serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia”.

Infortunadamente, los hechos demuestran que lo dispuesto en éste y otros preceptos  constitucionales, en la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 (aprobada por el Congreso colombiano mediante Ley 12 de 1991), en el Código de Infancia y Adolescencia (Ley 1098 de 2006), en el Código Penal, en el Civil, en las normas sobre bienestar familiar, en los convenios de OIT; en la jurisprudencia de los altos tribunales, no se traduce en la realidad. Ocurre lo contrario. Es como si en el interior de la sociedad se moviera un elemento maligno empeñado en producir exactamente los fenómenos opuestos a tan exigentes reglas. Las normas van por un lado y la suerte y el sufrimiento de los niños por otra.

Los niños son las principales víctimas del conflicto armado (que no ha terminado, pese al Acuerdo de Paz de 2016); de las minas anti personas; de la violencia sexual; de la pornografía; de la pólvora que se quema en diciembre; de las balas perdidas que dispara un borracho irresponsable; del abandono; del trabajo infantil -una inaceptable forma de esclavitud-; de la mendicidad; de la violencia en el interior de la familia; del acoso escolar; del hambre y la desnutrición; de la pobreza; de la imposibilidad de educarse.

Nada de eso se soluciona, ni se mitiga, al conjuro de disposiciones penales. Ya hay suficientes normas. Que se cumplan. Lo que debemos emprender todos -Estado, sociedad, familias, iglesias, establecimientos educativos, jueces, autoridades seccionales y locales, medios de comunicación- es una cruzada nacional por una cultura de respeto y amparo a los niños en todo sentido.

Bogotá, D. C 24 de junio de 2020

*Expresidente de la Corte Constitucional.

Por Víctor G. Ricardo.- El anuncio, en el sentido que EU presentará un candidato a la Presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo, rompiendo con 60 años de tradición según la cual el banco venía siendo conducido desde su fundación por un latinoamericano, ha generado tanto sorpresa como preocupación.

La misma preocupación y sorpresa que genera que ya gobiernos latinoamericanos hayan salido inmediatamente con un comunicado de apoyo a dicha candidatura, pareciendo cumplir pautas expedidas desde Washington y sin seguramente reflexionar sobre las implicaciones de esta nominación.

Por otra parte, lo que no entendemos los latinoamericanos es cómo nuestros mandatarios no llegan a un acuerdo y promueven un candidato latinoamericano. ¿Será que no hay liderazgo en la región en materia de política internacional? Personalmente, dudo que esta sea la razón.

Nos enfrentamos ante un doble dilema:

Por una parte, como se ha venido mencionando en repetidas ocasiones e incluso varios expresidentes de la región (Fernando Henrique Cardoso, Ricardo Lagos, Ernesto Zedillo, Julio María Sanguinetti y un expresidente colombiano afirmaron de manera solemne en una declaración), ‘se está rompiendo no sólo con una norma protocolaria sino con el espíritu con el que el banco fue creado, en 1958: se acordaba que la sede estuviera en Washington pero la dirección debía corresponder a un latinoamericano’.

Este es, además, el espíritu imperante en demás bancos de desarrollo regionales (africano, asiático) y en otros organismos financieros internacionales, como son el Banco Mundial (presidido por un estadounidense) y el Fondo Monetario Internacional (presidido por un europeo). Se trata, en esencia, de preservar el equilibrio. Son reglas del juego no escritas pero esenciales para el buen funcionamiento de las instituciones y para que impere la confianza entre los distintos socios. Si quebramos la confianza difícilmente logremos avanzar en unos objetivos comunes.

Por otra parte, la sorpresa y la preocupación derivan del momento actual en que EU decide presentar un candidato a un organismo multilateral. A punto de comenzar oficialmente la campaña electoral para las elecciones presidenciales de noviembre, el mandato del Presidente Trump se ha caracterizado por su rechazo al multilateralismo (durante su administración  EU se salió de varios organismos internacionales, siendo el de la OMS el caso más reciente), ha defendido la idea de America First (suspendiendo, por ejemplo, ayudas a países centroamericanos por no realizar, a su juicio, suficientes esfuerzos en materia de inmigración, o amenazando con aranceles a México por el mismo motivo) y, sobre todo, ha liderado un endurecimiento de posiciones hacia otros países. Mauricio Claver-Carone, de ascendencia cubana, actual asesor presidencial para América Latina en la Casa Blanca es considerado el ideólogo de esa línea dura.

Cabe, por tanto, plantearse, si un organismo de desarrollo como el BID debe correr el riesgo de politizarse y ojalá así no suceda, ponerse al servicio de los intereses políticos de un país.

En un momento como el actual, en el que América Latina está siendo duramente golpeada por el Covid-19, con una crisis económica y social en camino como consecuencia de la pandemia, la región no debería permitirse el lujo que la institución que por excelencia que ha servido y sirve al desarrollo de los países de manera eficaz, se convierta en una herramienta con la que Estados Unidos pueda perseguir sus fines políticos en América Latina. Y tampoco que la institución sea utilizada con fines electoralistas para conseguir los tan ansiados y necesarios votos latinos de Estados como la Florida.

Por tanto, es necesario que los países de la región reflexionen sobre el apoyo.

Bogotá, D. C, 24 de junio de 2020

*Excomisionado de Paz