Opinión

Por Víctor G. Ricardo*.- Las nuevas medidas de restricción, especialmente en las distintas zonas de la capital, llenan nuevamente de incertidumbre tanto a la ciudadanía como a la industria, el comercio y, en general, a la clase empresarial.

Mucho he venido insistiendo, a través de esta columna, en que hay estudios que demuestran que el coronavirus se previene más con medidas de disciplina social que de cuarentena. Si todos los ciudadanos usáramos tapabocas, cuidáramos de las distancias entre unos y otros, saliéramos cuando realmente se requiere, respetáramos los consejos que dan las autoridades y cambiáramos nuestras costumbres sociales de manera extraordinaria mientras se descubre la vacuna contra este virus, otra sería el desarrollo de esta pandemia.

Lo que sí es muy molesto para la ciudadanía y extremadamente malo para la institucionalidad es la forma como la alcaldesa de Bogotá pretende manejar la ciudad frente a este tema. Siempre que da declaraciones está expresando pullas contra el Gobierno nacional, jugando con la sicología de la capital y haciendo política de una forma que no es admirable ni admisible.

Sobre todo, cuando fácil resulta para la Alcaldesa criticar a un Gobierno que, entre otras cosas, ha sido escogido en el mundo entero como uno de los ejemplos de manejo serio y responsable del coronavirus. La Alcaldesa pretende volver una pandemia en un tema político y sobretodo, irresponsablemente en un acto de populismo personal frente a sus notorios intereses políticos.

Esta actitud no sólo es grave y debería ser controlada por los órganos competentes, sino que ya está causando un malestar general.

Intentar mostrarse como que ella es la que toma medidas en defensa de la vida de los colombianos, entrega soluciones de salud pública para la pandemia y reparte mercados y ayudas, que lo único que le falta es mandarlos con una tarjeta personal con su nombre, como si fueran regalos personales y no programas de Estado con recursos públicos, es por decir lo menos, engañoso y oportunista.

En días pasados llegó a afirmar que los respiradores que con tanto esfuerzo y dificultad ha adquirido el Gobierno nacional y que fueron entregados a las autoridades de Bogotá, en su mayoría no servían, lo que además de ser una afirmación mentirosa e irresponsable, resultó ser una manipulación mayúscula con intereses políticos, cuando lo único que había de por medio era la necesaria calibración de unos equipos requerida por la altura en que se encuentra la capital.

La Alcaldesa ha tomado como actitud desconocer la labor de los demás y mostrarse como la ejecutiva que siempre tiene la razón. Gran equivocación está cometiendo. El país y la comunidad internacional ya tienen claro que lo que sucede es que ella tiene una agenda personal política frente a la cual no le importa desdibujar la verdad y aprovechar toda circunstancia para sus propios intereses políticos.

Lo que hoy requiere el país es unidad de gobierno, apoyo entre autoridades y cumplimiento de las acciones públicas.

No solamente hay que cuidar de la salud de todos. También hay que cuidar que la economía no sufra una herida mortal. Si así fuera, la gente no se morirá de coronavirus sino de hambre.

Por esto hay que ser estadista para entender que las medidas que se tomen sean las mejores para la salud de los colombianos, como para la salud de la patria.

Bien ha hecho el Presidente de la República en no polemizar ante afirmaciones irrespetuosas y a veces salidas de la verdad de la Alcaldesa contra su administración. Pero todo tiene su límite.

Tenemos que exigir respeto institucional a los empleados públicos.

Bogotá, D, C, 17 de julio de 2020

*Excomisionado de Paz.

Por Jairo Gómez*.-  Para El Gobierno Duque el proceso de paz es sucio, dañino, embaucador, mentiroso, traicionero y, si siguiésemos buscándole sinónimos, las palabras no le alcanzarían para seguir desprestigiándolo hasta lograr hacerlo trizas, como evidentemente lo está haciendo.

Maliciosamente ha utilizado la tragedia viral que azota al mundo para embaucar a los colombianos en un discurso de prioridades deshonesto y abandonar a los exguerrilleros que dejaron sus armas, y le apostaron a un nuevo futuro para ellos y sus familias. Las desgarradoras imágenes de cerca de cien desmovilizados de FARC huyendo de Ituango, Antioquia, de la violencia paramilitar es  prueba fehaciente de que los quieren obligar a regresar a la guerra.

Duque con su premeditada decisión de negar el Acuerdo de Paz es el que incita y promueve la polarización frente a un tema que, aunque no lo valore, silenció muchos fusiles y le devolvió la esperanza a muchas regiones afectadas por el conflicto; sin embargo, nada hace a favor del Acuerdo, y en una actitud pusilánime permite que en los territorios de paz la extrema derecha paramilitar, bien armada, asuma el rol del exterminio de todo lo que huela a Líderes sociales, indígenas y excombatientes que dejaron sus armas y se reincorporaron a la vida civil.

“Todos los días despertamos con (la) noticia de una persona negra o indígena, que guardia indígena o cimarrona han sido amenazados. Desde la firma de Acuerdo de Paz han sido asesinadas 686 personas firmantes del acuerdo, líderes y defensoras (de los derechos humanos)”, dice preocupada en un trino Clemencia Carabalí, lideresa Social, defensora de Derechos Humanos y actualmente Presidenta de la Asociación de Mujeres Afrodescendientes del Norte del Cauca (ASOM).

Es el común denominador en medio de la pandemia; es como si esto hiciera parte de un plan macabro para callar a los líderes que se oponen a las estructuras mafiosas alentadas por políticos y terratenientes aliados al narcotráfico que, acompañados de amenazas, buscan aislar las voces disidentes, críticas y opositoras a esa estrategia perversa. (A propósito sería importante que “el hombre mejor preparado de su generación”, el Fiscal General, asumiera con decisión la tarea de erradicar estos fenómenos violentos que azuzan la guerra).  

Pero sabemos que eso no va a ocurrir; al contrario, como si se tratara de imponer la sobredosis religiosa, ahora aparecen los macarras de la moral, los responsables de los tocamientos impuros a crucificar a monseñor Darío Monsalve, una voz disidente comprometida con la paz como pocos prelados, porque se atrevió a decir lo que otros ocultan desde sus púlpitos y denunciar la perversa, negligente y deliberada política del gobierno Duque contra el acuerdo de paz: “…el gobierno (Duque) tiene un espíritu de venganza genocida para desvertebrar, desmembrar completamente la sociedad, las organizaciones sociales, la democracia” y lamentó que “le haya dado un manejo partidista-electoral a los acuerdos de paz, lo que ha hecho que se recrudezca la violencia contra los líderes sociales y desmovilizados”.

Nada es aislado y los francotiradores contra el Acuerdo de Paz, de manera estratégica, desde todos los flancos le disparan sin tregua; así lo hizo recientemente el exministro Pinzón Bueno, de quien conocemos sus ingentes esfuerzos, desde la cartera de Defensa, por destruir las negociaciones de paz que se adelantaban en La Habana.  

Si el exministro desconfía de las instituciones creadas a la sazón del Acuerdo de Paz, como lo dice en un escrito, hoy seguro desconfiará de su jefe, el Expresidente Santos, cosa que no es extraña en un personaje que se quiere convertir en el acólito más fiable para los intereses uribistas, alineándose con los postulados de la derecha extrema para lograr perversamente su fines políticos.

No le queda bien afinar su batería contra los miembros de la Comisión de la Verdad, cuya única tarea es precisamente develar la verdad de este conflicto armado; ¿A qué le teme? ¿A que se sepa la verdad de los falsos positivos, por ejemplo? ¿Esos que él mismo ayudo a ocultar durante su nefasto paso por el ministerio de Defensa?

Pero bueno, a estos enemigos agazapados de la paz, incluido Duque, les recordamos lo que sabiamente dice el historiador Ian Kershaw en su texto Ascenso y Crisis “…Solo aquellos que han sido testigos de primera mano de los horrores de la guerra comprenden en su plenitud lo que significa vivir en paz”.

Bogotá, D. C, 16 de julio de 2020

*Periodista. Analista Político.  

@jairotevi

El viacrucis del Senador Pulgar. 

Por Giovanny Décola*.- Sectores de opinión se han escandalizado ante los infortunados audios, donde presuntamente el Senador Eduardo Pulgar sirve de intermediario para sobornar a un Juez de la República. 

Como en Colombia, condenan primero los medios y luego las redes sociales, yo le tengo otra lectura a esos oscuros episodios, sin pretender justificar los mismos. Empiezo por decir, que jamás he votado por Eduardo Pulgar, ni he militado en su grupo político. 

De las informaciones hasta ahora conocidas, el Senador no es quien busca al Juez, es éste quien acompañado de la primera autoridad de su municipio (Alcalde de Usiacurí, Atlántico), van a su encuentro. El Juez al olfatear algo non sanctus, en la invitación que le hace el Alcalde, si de verdad era honesto, debió negarse acudir a la cita, tal como lo hace una dama decente, cuando huele una coartada… 

El juez, que en este caso, actúo como agente provocador de un delito que jamás se consumó, debe saber de antemano, que el grabar de manera oculta con su interlocutor, una conversación privada, es una vulneración a los derechos fundamentales, y que de utilizarse en un proceso administrativo o judicial, va en contravía del debido proceso, y que el juez como agente del Estado, hizo muy mal, al arroparse en su investidura para promover un juego sucio, que en este caso, lo convierte en el inductor de la conducta punible, pues es él quien a la larga va llevando a su interlocutor, con su pasividad o silencio cómplice, a que le propongan “un negocio” perturbador de las buenas costumbres. 

La intención del Juez, claramente no es evitar la consumación de un delito (Cohecho), pues era precisamente él, quien tenía la autoridad para fallar el proceso. Su intención, era constituir una prueba, que luego pudiera usarse para protervas intenciones, que podrían ir desde la primitiva extorsión hasta la incriminación y punición del provocado, o simplemente alimentar su ego, promoviéndose como un funcionario incorruptible, que a todas luces, es obvio que no lo es. 

Es el Juez, quien en este caso, despierta en el Senador, la idea de cometer un delito, cuya ejecución no se habría llevado sin la intervención de aquél. La Prueba provocada, obedece a una obtención ilegal de medios probatorios, que solo es plausible en la lucha contra el terrorismo, narcotráfico y lavado de activos, puesto que al aplicar en el campo penal el principio venire contra factum proprium, esto significa que el Estado no puede castigar a quien él mismo ha llevado al cometimiento del delito, que en este caso, quedó en una simple tentativa. La jurisprudencia alemana y luego la española, han considerado la prueba provocada como nula de pleno derecho, y cada día esa postura tiene más adeptos en jueces y doctrinantes. 

Será válida la prueba que provoca una mujer; quien le entrega el número de celular de su esposo a una dama muy seductora y despampanante, para que lo enamore, y luego con vídeo en mano de la infidelidad, presenta demanda de divorcio? Obvio que esa prueba será nula de pleno derecho, una vez se demuestre, que la misma, fue provocada. 

Un juez honesto, como lo pretende hacer ver el periodista Daniel Coronel, en su columna llamada “Pulgarcito”, está distante del que nos coloca como ejemplo. Un juez honesto, no se deja manosear de un Alcalde para ventilar procesos asignados a su despacho con ninguna persona. Si llevaba grabadora en mano, es porque ya sabía del tema que le podían tratar y dio pie, para que eso ocurriera. 

Ahora bien, suponiendo que el Juez, fue asaltado en su buena fe, y el encuentro se trató de alguna encerrona, él debió darlo por terminado ante la primera insinuación. Es más, como abogado que soy, sé que a un Juez pulquérrimo, ni siquiera le llegan insinuaciones perversas, pero este Juez, no solo dejó que se le insinuaran, sino que le dibujaran “el negocio”. 

Este episodio, me recordó a un Policía que fue condecorado por reprimir un delito y denunciar que lo intentaron sobornar, y al recibir el premio, dijo: “Me ofrecieron tan solo un millón por un delito tan grave…”. 

Será que el Juez, quería más de los 200 “barras” que le pintaron?

Bogotá, D. C, 16 de julio de 2020

*Abogado y Periodista.

Por: Guillermo García Realpe*.- La Corte Constitucional  durante más de tres días debatió la constitucionalidad o no de las sesiones virtuales del Congreso y de paso de otros órganos colegiados como las Asambleas Departamentales y Concejos distritales y Municipales, al final en una decisión mayoritaria de cinco votos a favor y cuatro salvamentos, tumbó dichas sesiones amparadas en el artículo 12 del Decreto legislativo 491 del 28 de marzo de 2020. 

La decisión del alto tribunal es una buena y revitalizadora noticia para nuestra democracia, porque garantiza la autonomía del Congreso de la República para determinar el ejercicio legislativo como cabeza de uno de los órganos del poder público de nuestro país. 

Ahora, con la decisión de la Corte se ordena la realización de las sesiones presenciales  del Congreso de la República, se nivelara la cancha de los poderes públicos, habrá más y mejores debates legislativos y de control político, habrá información pública y abierta. Queda entonces a salvo la defensa de la democracia, el equilibrio de poderes, la división tripartita, cada poder tiene su propia forma de gobierno. Se restablece el estado social de derecho, el debate, el control político, etc, la decisión de la Corte Constitucional trae enormes bondades. 

La sentencia solo surte efectos hacia futuro, las deliberaciones y decisiones virtuales del legislativo se entienden legítimamente emitidas por cuanto se presumía su constitucionalidad. Es decir, que toda esa cascada de proyectos e iniciativas de origen gubernamental y congresional aprobadas en jornadas maratónicas tienen plena validez, pues la Corte no declaró inexequibles las sesiones virtuales ya realizadas y menos los proyectos aprobados. 

La actual situación generada por la crisis del covid19, literalmente obligó al Congreso de la República a legislar desde una orilla distinta que nunca en los 209 de historia se había visto. Sin embargo se perdió prácticamente un mes de sesiones, porque por Ley 5ª es claro que el inicio de sesiones es a partir del 16 de marzo, pero por la pandemia y mientras se organizaba el tema logístico, las sesiones virtuales sólo empezaron a partir del 13 de abril. 

Durante casi los dos primeros meses virtuales el Congreso sólo desarrolló debates de control político, sin votaciones de proyectos, lo que no produjo alguna sensación positiva dentro de la opinión pública nacional, ni para la mayoría de los colombianos que vieron a un Congreso distraído de los grandes temas nacionales y poco protagonista en medio de la actual contingencia. 

Sin embargo de forma virtual se realizaron cerca de veinte sesiones plenarias donde se aprobaron al final de legislatura más de 25 proyectos, la mayoría, iniciativas de interés nacional. El Congreso en últimas pasó el examen, se le cumplió al país en proyectos muy importantes, se hizo el debate y el control  político, se aprobaron reformas constitucionales, en fin, el legislativo superó el reto de la virtualidad que para muchos de nosotros era un verdadero desafío. 

A partir del 20 de julio retornaremos al Capitolio nacional a las sesiones presenciales, recobraremos nuestro espacio habitual porque es allí donde vive la democracia, es éste el epicentro natural del debate político y porque es el escenario que reúne las distintas convergencias de opinión y de contraste de las ideas. En fin, es el lugar donde quienes representamos la voluntad popular debemos estar, para legislar por sus intereses. 

Eso sí, asistiremos con las debidas medidas de bioseguridad impartidas por el Ministerio de Salud Nacional, cuidando nuestra salud y la de los demás y legislando de forma juiciosa como siempre lo hemos hecho, necesitamos que esta tercera legislatura que inicia arroje buenos frutos para el país, que entre todos procuremos la recuperación social y económica y que la vida productiva y la empleabilidad de Colombia retornen a la normalidad, un reto nada fácil, pero no imposible. Esta es la gran tarea que todos los colombianos tenemos, ponernos la camiseta de Colombia y sacar al país de esta crisis tan aguda a la que nos sumió la actual pandemia. ¡De nuestra parte estamos más que listos!

Bogotá, D. C, 13 de julio de 2020

Senador Liberal

@GGarciaRealpe

Por Juan Camilo Restrepo*.- El viceministro de Hacienda, Dr. Londoño, anunció que se necesita una reforma tributaria para "cuando termine la pandemia", y que con ella se deben recaudar dos puntos del PIB. Lo que corresponde aproximadamente a veinte billones de pesos. No se sabe por supuesto cuándo terminará la pandemia. Pero lo que sí se conoce es que, a nivel gubernamental, poco o nada se ha estudiado todavía sobre cuál será el contenido que deba tener dicha reforma.

Por eso resulta útil empezar a estudiar desde ahora, así sea a nivel académico, algunas ideas generales sobre los contenidos deseables que debe contener la reforma que se viene. Por lo menos para que estén sobre la mesa del debate público cuando la reforma empiece a tomar forma.

Algo que es evidente y que lo ha puesto de relieve la pandemia es que la nueva reforma tributaria que se adopte -cualquiera que ella sea- debe buscar unos perfiles de equidad y de progresividad mucho más definidos de los que tiene nuestra legislación tributaria. Los estragos causados por el coronavirus han descubierto con patetismo los déficits inmensos de equidad de que adolece nuestra sociedad en muchos sentidos. Y uno de ellos, por supuesto, es el tributario.

Dicho examen académico puede comenzar con el tema fundamental del IVA: el tributo más importante de nuestra legislación fiscal junto con el impuesto a la renta. De la manera como se reformulen estos dos tributos dependerá el éxito o el fracaso que tenga la próxima reforma tributaria. Y si ella se aproximará o no a los objetivos de progresividad y de equidad.

Hay que empezar por recordar que el IVA responde en la actualidad por el 42% de los recaudos de las rentas nacionales y representa aproximadamente el 5,8% del PIB. No es, pues, un tema menor.

Una primera decisión que habrá que tomar es si en el escenario de la pospandemia se justificará mantener una tarifa general del 19% del IVA como la que rige actualmente. O si se debe retornar a la tarifa del 16% que existió hasta la ley 1819 de 2016.Cuando superemos el coronavirus y cuando esté sobre el tapete, el debate sobre cómo reanimar la economía y estimular el consumo (no a través de efímeras inyecciones consumistas como las que brindan los tres días sin IVA) sino de manera permanente, la reducción de la tarifa general del IVA es una opción que sin duda debe considerarse.

El aumento de la tarifa general del 16% al 19% fue en su momento una decisión desafortunada. Pero más desacertada sería mantenerla indefinidamente. Un documento reciente de Planeación nacional ("Estrategia para la implementación del mecanismo de compensación del impuesto a las ventas (IVA) a favor de la población más pobre y vulnerable", febrero de 2020), demostró que quienes resultaron más afectados negativamente con este aumento de la tarifa fueron los deciles inferiores de la población, es decir las personas menos favorecidas. Fue, pues, una medida regresiva.

Aunque se ha avanzado algo en corregir la dispersión tarifaria del IVA, ella sigue siendo muy alta. Esto favorece la evasión que contra lo que se buscó inicialmente cuando en 1985 el anterior impuesto a las ventas se transformó en impuesto al valor agregado durante el gobierno del presidente Betancur, los índices de evasión siguen siendo muy altos: cercanos al 40%.

Las actividades exentas y excluidas siguen siendo frondosas y casuistas. Una labor de simplificación se impone. En no poca medida el impuesto es extremadamente regresivo y propenso a la evasión por virtud de estas listas de exentas y excluidas, que más que a criterios predeterminados son el resultado de las capas acumuladas de decisiones apresuradas en múltiples reformas tributarias que se han ido superponiendo unas a otras. De hecho, cuando se analizan las minoraciones más costosas del sistema fiscal colombiano aparecen en primerísimo lugar las que se conceden a través del IVA.

El IVA debe tender hacia la mayor universalidad posible. Esta sería la mejor cura contra la preocupante evasión que hoy alcanza. Sería preferible una ampliación como ya se ha ensayado en el pasado sin éxito de su base (incluidos géneros de primera necesidad con una tarifa baja del 2% o 3%), que el tosco mecanismo de devolución a ciertos estratos que hoy se está ensayando.

Capítulo aparte merece la experiencia de los días sin IVA. Ha sido un festival consumista con un costo fiscal muy alto y de utilidad discutible. El fisco termina beneficiando a los consumidores con alta capacidad de gasto que ciertamente no son los más pobres. O sea, los días sin IVA terminan acentuando, en vez de atenuar, el carácter regresivo propio del impuesto indirecto al valor agregado (IVA).

Todos estos temas valen la pena empezar a desbrozarlos desde ahora, para que cuando llegue el momento de iniciar la discusión de la próxima reforma tributaria estén digeridos. Y nos evitemos nuevas y costosas improvisaciones.

Posdata: La visita de López Obrador esta semana a Trump, llena de innecesarias zalamerías del primero para con el segundo, me ha hecho recordar la ofensiva estatua que preside la entrada al edificio de la OEA en Washington: la del presidente norteamericano TAFT, el mismo que le arrebató a Méjico la mitad de su territorio en el siglo XIX. Ahora que se están derribando estatuas por todas partes, la primera que habría que derribar en un gesto de dignidad es la de TAFT que, inexplicablemente Méjico y los demás países miembros de la organización, permiten que sea la primera visión que tengan los visitantes de la OEA.

Bogotá, D. C, 12 de julio de 2020

*Abogado y Economista. Exministro de Estado.

Por Amylkar D. Acosta M*.- Ningún conglomerado humano resistiría más de 5 días sin contar con el servicio de electricidad, si esta llegara a fallar: en una 1 morirían todos los pacientes que están en las unidades de cuidados intensivos (UCI), en 15 horas se agotaría la insulina para inyectar a los pacientes que la requieren, en 20 horas dejaría de llegar el agua por la red de acueductos, en 1 día se descompondría la comida que se conserva en las neveras, en 2 días fallecería los bebes que estén en las unidades de neonatos, en 3 días el agua que permanece almacenada dejaría de ser potable y a partir del 5º día morirían los pacientes que requieren diálisis. Así de importante es la seguridad energética para un país.

Es sumamente importante la integralidad en el abordaje del sector y de la seguridad energética, tomando en consideración todas las fuentes primarias y secundarias de energía, sean ellas renovables o no renovables. Se requiere tener una visión holística, partiendo de la premisa de su interés estratégico nacional.

En el corto plazo Colombia debe hacer un gran esfuerzo tendiente a frenar la caída de las reservas de petróleo y gas, que ponen en riesgo el autoabastecimiento del país, pero se debe ser consciente de que, como lo dijo la ex secretaria ejecutiva de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CCMNUCC) Christine Figueres, refiriéndose a la industria petrolera pero que puede hacerse extensivo a la industria del carbón, a ellas les “llegó la hora de reconocer que es una actividad que tuvo su momento de sol, pero hoy ya está en el atardecer y tenemos que prudentemente buscarle alternativas rápidas ya”.

El año 2015 se constituyó en un hito histórico para la energía, pues ese año el Papa Francisco hizo pública su Encíclica Laudato sí´, sobre “el cuidado de la Casa común, de corte ambientalista, las Naciones Unidas acogió la iniciativa de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) promovida por Colombia, a través de la cual se promueve la protección del medioambiente y tuvo lugar la Cumbre de París, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio climático (COP21), suscribiéndose un Acuerdo por parte de 195 presidentes y jefes de Estado, entre ellos Colombia, que adquirió el compromiso de reducir en un 20% sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) hacia el2030.

La electricidad en Colombia apenas participa con el 17% de la matriz energética, es prioritaria la electrificación de la economía, sobre todo el transporte y la industria. Hay que promover el ahorro y la eficiencia tanto en la generación como en el transporte, la distribución y en el uso de la energía, incentivando la modernización y reconversión tecnológica de equipos y electrodomésticos.

Colombia cuenta con una arquitectura energética de clase mundial y un sistema regulatorio maduro. Se debe preservar la institucionalidad, pero sin caer en la autocomplacencia. Ha llegado la hora de salir de la zona de confort y prepararse para los cambios disruptivos propios de la Transición energética. Es clave la modernización del sector energético, que pasa por la digitalización la inteligencia artificial (IA) y la Big data de la operación y los procesos, teniendo al usuario y al consumidor en el centro.

La Transición energética se deberá traducir en una mayor diversificación de la Matriz energética integrando a esta las fuentes no convencionales de energías renovables (FNCER), entre ellas la biomasa, que sirve de materia prima para la producción de los biocombustibles y para la generación de electricidad. Gracias a las leyes 693 de 2001 y 939 de 2004, desde el año 2005 se estableció la obligatoriedad de las mezclas de etanol y biodiesel con el combustible motor y con la Ley 1715 de 2014 se le desbrozó el camino a las FNCER.

A los biocombustibles se debe la reducción de 2.5 millones de toneladas de CO2 y 130 toneladas de material particulado a la atmósfera anualmente. Adicionalmente contribuye con una capacidad instalada de generación de energía con la biomasa como insumo de más de 800 MW de potencia. Con la adjudicación el año pasado de 2.400 MW, aproximadamente, entre granjas solares y parques eólicas Colombia está dando un salto desde el 5% de participación actual de las FNCER en la matriz energética al 11% en 2023.

Las FNCER no deben considerarse como sustituto sino como complemento de las fuentes no convencionales, de tal suerte que las FNCER sirvan de respaldo a las fuentes convencionales y estas a aquellas. De esta manera se tendrá una matriz más robusta, más confiable y más resiliente frente al Cambio climático.

Se requiere que la seguridad energética se asuma como una política de Estado y no como política de gobierno. Este es un objetivo de largo aliento, en el que hay que perseverar para poder alcanzar sus objetivos. En el último Plan Nacional de Desarrollo (2018 – 2022) se dio un paso de la mayor importancia, al dejar claramente establecido que “la biodiversidad y la riqueza natural como activo estratégico de la nación”. Se sigue de lo anterior que la política y la acción  en materia de seguridad energética debe ser agresiva y continuada.

El sector energético está llamado a servir de dinamizador y apalancamiento de la reactivación económica en la post pandemia y con tal fin, a guisa de ejemplo, debe acompasarse el programa de vivienda que va a emprender el Gobierno Nacional con soluciones energéticas renovables. El Gobierno debe condicionar sus ayudas y apoyos a la empresa privada al compromiso de esta con los programas de transición energética.

*Economista. Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía.  

Cota, julio 11 de 2020

www.amylkaracosta.net

Por: José Félix Lafaurie Rivera*.- Estados Unidos no negocia con terroristas, pero un presidente demócrata no tuvo reparos en instar al gobierno colombiano a que hiciera lo que ellos no hacen, designó enviado especial a las negociaciones, ¡en Cuba!, y permitió que su secretario de Estado se reuniera con las Farc –el hoy prófugo Márquez incluido–, un grupo que estaba en su lista de terroristas desde 1997 y reconocido por la DEA como narcotraficante.

Ese apoyo, solicitado por Santos para apuntalar su proceso y su Nobel, estrechó los lazos del centro-santismo y de la izquierda con el partido demócrata, al punto que hasta las Farc olvidaron su “antiimperialismo yanqui” y se desbordaron en gratitud.

Los demócratas sienten suyo el Acuerdo y, en consecuencia, el apoyo de ayer se transformó, al vaivén de sus intereses políticos locales, en intervención sistemática e indebida en los asuntos internos de nuestro país, rayando en posiciones irrespetuosas e insultantes al gobierno colombiano.

En la semana que termina, 94 de ellos le escribieron al secretario de Estado, Mike Pompeo, pidiéndole “presionar”, sí, presionar al presidente Duque para que “se comprometa a cumplir el acuerdo de paz” y proteja a los líderes sociales que, según ellos, son asesinados por “La lentitud del Gobierno en implementar los acuerdos, su fracaso en llevar el Estado a las zonas de conflicto, y su imposibilidad de detener y/o castigar los ataques…”.

No satisfechos, exigen “desmantelar los nuevos grupos paramilitares” –¿cuáles?–, “financiar de manera adecuada la justicia transicional” -¿más?- y, no podían faltar, “acciones contundentes” contra miembros del Ejército responsables de presuntos delitos.

De hecho, una semana antes, un comunicado del famoso Senador Leahy se sumaba a la tesis apátrida de los hermanos Samper, de que los abusos sexuales de algunos militares no son casos aislados sino “un claro patrón de una cultura al interior de las Fuerzas Armadas que los tolera o ignora”.

Parece que el verano activa a los congresistas demócratas en su pretensión de “cogobernar” en Colombia. En mayo de 2019, el mismo Leahy, junto con otros dos colegas, le escribía al presidente Duque vetando los nombramientos de la cúpula militar a partir de un informe sesgado de Human Rights Watch, y poco después le exigía investigar a María Fernanda Cabal por su rechazo a las acusaciones infames de un periodista del NYT en contra del ejército y del gobierno, al que no bajaba de asesino.

En el mismo mes, 79 congresistas enviaron una carta a Pompeo muy parecida a la de los 94 de este año, en la que defienden el papel de la JEP y acusan al gobierno de debilitar o anular los compromisos del Acuerdo, de no desmantelar –otra vez– grupos sucesores del paramilitarismo, ni investigar sus nexos con elementos corruptos de la fuerza pública.

Al mes siguiente, en junio, doce más, en otra de sus cartas, acusaban al gobierno de no cumplir los compromisos del TLC en cuanto a empleo y protección al sindicalismo.

Y ahora…, ¿a qué juegan los demócratas? Cartas van, cartas vienen, acusaciones espurias, negacionismo del narcotráfico como causa de los asesinatos, la ilegalidad y la violencia, y exigencias insolentes al gobierno para que cumpla con lo que ya está cumpliendo. Pero claro; sus fuentes no son el diligente comisionado Archila, ni el comisionado Ceballos, ni los ministros ni el presidente Duque, sino sus amigos, los mismos interesados en desprestigiar al gobierno; es algo que se percibe en el “tono” de sus exigencias, que parece “libreteado” desde la oposición suicida, que busca abrirle paso al odio, a la desestabilización y a soluciones populistas que se asoman peligrosamente.

Bogotá, D. C, 11 de julio de 2020

*Presidente de Fedegan.

@jflafaurie

Por Gabriel Ortiz*.- Quería conocer el mundo y escalar al segundo pináculo. Esa meta le demandó titánicos sacrificios que fue superando aceleradamente. Se impuso esfuerzos sobrehumanos que le fueron devorando los mechones. Los libros que no leía los escribía. París fue su segundo deslumbre que no alcanzó a conocer por sus prioritarios estudios que empezaron con apuntes de Antonio Nariño. Quería dedicarse a los derechos humanos. Tras dos master, lo reclamo un doctorado, que al parecer lo apartó del hombre de los derechos. Dicen sus alumnos de muchas universidades a las que enalteció con su sabiduría, que si no fue el mejor, fue el segundo, profesor en distinguirse.

Cuando “ñeñe” hizo el milagro, encontró la manera de avanzar aceleradamente hacia un segundo lugar, en un gobierno que parecía apasionarse con la paz y los derechos humanos. Pero ante todo para conocer mundo. Cualquier viaje lo extasiaba. Conocer viaticando, era su pasión.  83 veces durante año y medio acarició las sillas aéreas; 15 al exterior, entre las cuales, una para recibir reparos por los asesinatos de líderes sociales. Prometió arreglar las cosas e invitar a un alto funcionario de los Derechos Humanos a corroborarlo, reunión que nunca se cumplió.

Luego estuvo muy ocupado en su campaña para la fiscalía –de bolsillo, dicen algunos-. Mostró nuevamente sus altísimas calidades que deslumbraron a sus electores. Era más preparado que un kumis y merecía el cargo.

Como quería conocer el mundo, ordenó como segunda gestión tras su posesión, preparar el jet de la fiscalía. Hasta entonces  solo Santodomingo, Ardila y De la Espriella, habían tenido jet ejecutivo, con sus propios recursos, no con dineros de los colombianos. Así nació “Fiscalía Airlines”.

Con jugosos viáticos se dedicó a conocer el mundo y lo hace con toda su familia.

Cuando volaba a 7.800 metros sobre el mar de los siete colores, descubrió su cenit: era el segundo hombre sobre ese mar. No se sabe si el primero era, Dios o Duque.

Este es el hombre que quiere conocer el mundo y dirigir el Anglosajón Sistema Penal Acusatorio que nos “clavó” la Constitución del 91. Este segundo de Colombia ha cometido tantos errores y desaciertos, que debería acudir a la letra “R” del diccionario. El mejor servicio a nuestra maltrecha justicia sería cambiar al derrochón.

BLANCO: El Espectador no desaparecerá, entrará a la era digital durante la semana e impresa los domingos.

NEGRO: Duque no quiere respetar a la “rebelión de las canas”. Dice que los viejos (abuelitos) deben estar encerrados.       

Bogotá, D. C, 10 de julio de 2020

*Periodista. Ex director del Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper.

Por Jairo Gómez*.- ¿Qué es lo que ven? ¿Están viendo algo parecido a lo que veo yo? El video es como un sinfín, la historia se repite una y otra vez y el relato no cambia, es el mismo de siempre desde la década de los años setenta cuando no eran aún los dineros de la cocaína los que financiaban campañas sino los de la “Bonanza marimbera”, es decir la marihuana.

La política tradicional clientelista, corrupta y adicta al dinero fácil, encontró en los narcos una colosal fuente de financiación y embriagados en un nihilismo negacionista de valores morales y éticos, los han utilizado por décadas a tal punto que les permitieron adueñarse, por ejemplo, de un banco, el de Los Trabajadores, y poner presidente de la República en los años noventa.  

“Si a uno se le mete un elefante a la casa, pues tiene que verlo…En la campaña hubo dineros de un origen supremamente dudoso”, sentenció en su momento Monseñor Pedro Rubiano y hoy esa concluyente metáfora se repite en cabeza del presidente Iván Duque.

Los narcos de siempre y de hoy siguen presentes en la política, siguen siendo los proveedores de millones de dólares para financiar campañas presidenciales, comprar curules en el Senado y la Cámara de Representantes y, con cómplices poderosos, se camuflan en diversas actividades económicas del país. El narco ahí, parodiando al inolvidable Jaime Garzón, asesinado precisamente por el narcoparamilitarismo que también puso presidente.

Relatos que se repiten. A Santiago Medina, el tesorero de la campaña a la presidencia de Samper, lo responsabilizaron del ingreso de los miles de millones provenientes de los narcos de Cali y encontraron en el anticuario el perfecto chivo expiatorio; lo mismo hicieron con “Cayita” Daza (asesora UTL del Senador Álvaro Uribe), a quien también pillaron en unas narcograbaciones conversando con el Ñene Hernández, reconocido narco de la costa norte, consiguiendo dineros para financiar la campaña del presidente Duque; a ella le dijeron que asumiera su responsabilidad y para evitar el impacto del narcoescándalo la Fiscalía miró para otro lado y la dejó fugar para Estados Unidos. Todos se lavan las manos para ocultar una verdad impostergable: los narcos siempre, desde los años setenta, incidieron, y lo hacen hoy, en la política colombiana.

La supuesta gran diferencia en votos con que Duque derrotó a Petro en la segunda vuelta presidencial no tardó en establecerse porqué se había logrado. Apareció el dinero del narcotráfico comprando votos, además de financiar la campaña. El presidente calla pero a medida que se conocen más grabaciones más conocemos los colombianos de la verdadera importancia del narco Ñeñe Hernández, en la campaña; en la última grabación revelada por los periodistas Martínez y Guillén, el Ñeñe dice, embriagado de euforia etilica: “Tenemos presidente hijueputa”.  

No es el candidato de la Colombia Humana el engañado o estafado electoralmente, somos los colombianos que fuimos a la urnas a depositar nuestro voto libremente. El presidente Duque debe una explicación que aún no ha dado. Un solo voto comprado por los narcos, es una elección fraudulenta, es una estafa, es una burla, eso no tiene vuelta de hoja.

Sin duda, en el país se evidencia una supremacía del dinero del narcotráfico sobre la política; esa política clientelista que tiene capturada las regiones, que sustenta su deber ser en los terratenientes -muchos, testaferros de los narcos- y poderes sucios establecidos. No es posible ocultarlo. Por eso existen el extinto Ñeñe Hernández, Memo Fantasma y los más de 200 “cartelitos”; por eso no nos debe sorprender que funcionarios del actual gobierno sigan siendo requeridos por la justicia para que expliquen sus relaciones con el narcoparamilitarismo como es el caso de la exministra y hoy Consejera de los Derechos Humanos Nancy Patricia Gutiérrez.

Por supuesto que en el oficio hay políticos decentes, pero un buen número de esos políticos han hecho del narcotráfico su propio partido, lo llevan a la vanguardia y, como tal, con ese delito dirigen y controlan el Estado.

Bogotá, D. C, 9 de julio de 2020

*Periodista. Analista Político.

@jairotevi     

Por José G. Hernández*.- Más allá del debate acerca del viaje de algunos funcionarios a San Andrés durante un puente festivo y de las interminables explicaciones al respecto, desde el punto de vista constitucional conviene dejar consignadas algunas precisiones sobre la estructura del Estado colombiano.

El señor Fiscal General de la Nación afirmó en la isla desempeñar el segundo cargo de mayor importancia en la Nación. Como era de esperar, en mi siguiente clase virtual de Derecho Constitucional -relativa a la parte orgánica de la Constitución-, los estudiantes de postgrado me interrogaron acerca de si esa afirmación era correcta.

La respuesta, naturalmente, fue negativa. Manifesté sobre el punto que el Fiscal General de la Nación es el servidor público elegido por la Corte Suprema de Justicia, que dirige el organismo encargado de ejercer la acción penal y de adelantar la investigación de los hechos que revistan las características de delitos, como lo dice el artículo 250 de la Carta; integrante, según el 116, de la rama judicial, no de la rama ejecutiva; no depende del presidente de la República, aunque él elabora la terna de candidatos para la elección; no tiene vocación presidencial, porque no está llamado a sustituir al presidente en sus faltas transitorias o definitivas, como sí ocurre con el  vicepresidente, aunque éste, mientras no sea llamado a desempeñar en cargo, permanece a la expectativa y no es tampoco la segunda autoridad del Ejecutivo.

El nivel de las funciones del Fiscal no es superior al de las que cumplen el Procurador, el Contralor o el Defensor del Pueblo, cabezas de órganos autónomos e independientes, como lo señala la Constitución. Y mucho menos prevalece sobre el Congreso o sobre las altas corporaciones judiciales -Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Consejo Superior de la Judicatura, Consejo Nacional Electoral-. Más aún: no decide sobre la libertad de las personas, lo que corresponde hoy exclusivamente a los jueces; son los jueces quienes toman las decisiones acerca de las acusaciones formuladas por la Fiscalía; y sobre posibles impedimentos o recusaciones del Fiscal decide, en un nivel superior, la Corte Suprema.

La importancia del cargo es indudable, pero de ahí a sostener que es el segundo en una supuesta escala jerárquica a nivel nacional hay mucha distancia. Y ello, por cuanto el sistema plasmado en la Constitución no es monárquico. Aunque el presidente de la República es Jefe del Estado, ello no implica que sea titular de un poder absoluto. Esa jefatura tiene expresión en el ejercicio de sus funciones como representante del Estado colombiano en el plano internacional, si bien sujeto al control político del Congreso y jurídico de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado.

El Poder Público es uno solo y el titular de la soberanía no es un monarca sino el pueblo. Hay tres ramas del poder -legislativa, ejecutiva, y judicial-, independientes entre sí, y órganos autónomos. Según expresa la Carta, los diferentes órganos tienen funciones separadas, pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines.

Apunte final: La Constitución de 1991 no fue promulgada el 4 sino el 7 de julio, mediante su publicación en la Gaceta Constitucional.

Bogotá, D. C, 8 de julio de 2020

*Expresidente de la Corte Constitucional