Opinión
Por Guillermo García Realpe.- En Colombia durante meses y prácticamente en un año completo se habló mucho nuevamente, porque no era la primera vez de la reforma constitucional para promover que en nuestro país se estableciese la cadena perpetua como condena a quienes violen y atenten contra la vida de los niños y las niñas en el país.
Finalmente el Congreso de la República aprobó está reforma constitucional al artículo 34. Hay que hacer un balance general de qué es y qué no es esa reforma. Es y se convirtió en una causa política del Gobierno, de muchos sectores y de varios partidos políticos en el Congreso. Se convirtió prácticamente en la única razón de mostrar una agenda legislativa, porque en Colombia no se aprobó por cuenta de este gobierno que ya lleva mitad de período, ninguna reforma a la justicia, ninguna reforma a la salud, tampoco hubo reforma política, ni electoral, ni ninguna otra reforma que requiere el país.
No le había salido al gobierno ni el tema de la reforma a la JEP, ni el tema a las objeciones, ni reformas a la ley 1448 de víctimas y muchas otras iniciativas fracasadas. También el gobierno se había dedicado a muchas actividades y acciones que no le contribuyen a nada al país. Por ejemplo, se dedicó mucho tiempo al tema de Venezuela, al tema de Maduro, al tema de Guaidó, al tema del Grupo de Lima, durante muchos meses, sin un resultado evidente, incluso intento dañar las relaciones con Cuba para hacer de eso una causa para agradar a los sectores de la derecha nacional.
Por supuesto que en medio de esto, Colombia hizo parte de por lo menos ese 1% de los países del mundo en apoyar el bloqueo económico a Cuba y también uno de los cuatro o cinco países del mundo en contra de más de 180 en la manifestación de Estados Unidos de declarar a Cuba como país colaborador de los grupos al margen de la ley en el caso del terrorismo internacional.
Entonces, en medio de la falta de gobierno, de resultados en la administración, de gestión, en cumplimiento de su programa de gobierno por supuesto, en cumplimiento de su Plan Nacional de Desarrollo, pues ha optado por este tipo de iniciativas que tienen impacto en algunos sectores no muy informados a nivel nacional.
También ha manifestado que el gran culpable en Colombia del narcotráfico es el campesino y por ende promover las fumigaciones, a sabiendas que el narcotráfico está más enquistado en los niveles superiores de la economía y de la política y también que se está trabajando mucho menos en interdicción y control de las salidas de las toneladas de cocaína que hoy como nunca salen por aeropuertos como El Dorado, por puertos, por vía aérea donde hay mucho aparato de control, pero que no funciona.
Entonces esa cadena perpetua se convierte en un embeleco más de tantos que el gobierno a cambio de buenos resultados le está ofreciendo al país. Para entusiasmar más a un sector y hablando del tema de la reforma a la Constitución para establecer la cadena perpetua, queremos manifestar nuestra hipótesis de trabajo.
Lo que aprobó el Congreso de la República definitivamente no previene el maltrato a las mujeres ni los abusos a los niños, por ejemplo, el tema de la creación del delito de feminicidio pasaron de cien casos en el 2015 a 800 casos después de crear el delito de feminicidio con altas penas, quiere decir que no se trabajó en la prevención del maltrato a las mujeres, ni en la prevención del abuso a las mujeres.
Que las alarmas que se prendan ante las autoridades se atiendan y se evite finalmente el feminicidio y el maltrato a las mujeres, eso va a ocurrir con los niños, no va a haber estrategia para evitar que los abusos ocurran, simplemente una supuesta sanción que no va hacer posible que se lleve a cabo por lo siguiente:
Primero, se aplicará como lo dice la reforma constitucional de manera excepcional. El juez que la imponga, manifiesta el artículo, dice que podrá y no que deberá. También se impone la cadena perpetua como techo y como medida más grave. Cuarto, tiene que ser consultada automáticamente ante el superior del juez o del Tribunal que tomó la medida. Quinto, tendrá que revisarse a los 25 años con el compromiso de resocialización. Impuesta una cadena perpetua, a los 25 años tiene que revisarse obligatoriamente como un derecho del delincuente abusador o asesino de niños. Entonces hoy estará celebrando el señor Rafael Uribe Noguera, asesino de la niña Yuliana Samboní porque hoy tiene que pagar mínimo 43 años efectivamente y va a pagar entonces, con esta reforma que lo ampara, 25 años no más. Él está celebrando. Está norma aligeró las cargas de ciertos señores como Garavito y el mencionado, también manifiesta que tendrá que haber una ley que se aprobará en el próximo año para reglamentar esta reforma constitucional y también sufrirá el análisis de constitucionalidad de la Corte Constitucional que va a observar por qué no se tramitó esa recusación ante la Comisión de Ética del Senado de la República contra los senadores de la Comisión Primera y se pasó la página muy rápido y se puso en consideración sin evacuarse éste fundamental requisito de procedibilidad.
Por eso, nosotros nos salimos de la discusión porque está viciada y esto lo va a expresar en su momento la Corte Constitucional, entonces los fuegos artificiales, los júbilos, los aplausos en la galería y la celebración del mismo gobierno y de varios sectores de la política colombiana son simplemente manifestaciones de un hecho que no le va a aportar nada al país.
Bogotá, D. C, 23 de junio de 2020
*Senador Partido Liberal
@GGarciaRealpe
Por Juan Camilo Restrepo*.- La directora - gerente del FMI, Kristalina Georgieva, en magnifica entrevista que concedió al País de Madrid el pasado 15 de junio, sintetizaba de la siguiente manera la receta del Fondo a los países atrapados por la grave recesión, apenas comparable a la registrada en los años treinta del siglo pasado: “Es lo que le estamos diciendo a los gobiernos: gasten tanto como puedan pero guarden los recibos”, dijo.
Esto no es sorprendente. Lo que es sorpresivo es que lo diga el mismísimo FMI guardián tradicional de la ortodoxia fiscal y monetaria. “Gasten cuanto puedan” es una expresión que aconseja un endeudamiento público rápido y cuantioso para financiar programas contra cíclicos orientados contrarrestar la caída violenta del PIB y la disparada del desempleo que, sin excepción, se observa en todos los países.
Y lo de “guardar los recibos” se refiere a la necesidad de llevar una buena contabilidad de las ayudas que otorguen los gobiernos. Pues en épocas de crisis no faltan avivatos que buscan sacar provecho del sin número de ayudas y subsidios que, angustiados, entregan los gobiernos a menudo sin suficiente cuidado.
Lo de “guardar los recibos” se traduce ahora en dispositivos que establecieron los miembros de la comisión de la regla fiscal para que en el intervalo en que no habrá vigencia del déficit fiscal autorizado, la misma comisión se constituye en un ente veedor de la prudencia fiscal; y en el presupuesto nacional se introducen normas para asegurar que así sea.
La suspensión hasta el 2022 de la regla fiscal que se acordó el lunes de esta semana encaja perfectamente dentro de la receta del FMI. Continuar con lo que se traía no tenía sentido. Como una masa de plastilina se había venido ampliando el déficit fiscal máximo permitido. Primero fue el 2,2% del PIB, luego el 4,9%, enseguida el 6,1%. Cada 15 días se estaba corriendo la cerca del límite de la talanquera de contención al endeudamiento tolerada por la regla fiscal. Hasta el punto que estaba empezando a carecer de sentido. Ya nadie la estaba mirando como un ancla, que es lo que se supone que debe ser una regla fiscal. Estuvo pues bien que se hubiera liberado hasta que pase la emergencia.
En adelante los límites del endeudamiento público los señalará la prudencia gubernamental y el mercado (el de multilaterales y de los bonos públicos), que serán los encargados de señalar las talanqueras del endeudamiento en el futuro. Lo que se adivina con esta medida de liberación es que la magnitud de la crisis y de las necesidades del gasto contra cíclico son mucho más profundas de lo que se había percibido en un comienzo.
Todo va a depender ahora de la velocidad de la recuperación de la economía y del empleo. Si el desconfinamiento funciona bien, si no hay recaídas de la pandemia y si hay disciplina social, los síntomas de la recuperación deben empezarse a ver en el segundo semestre del 2020. Será una recuperación tipo “V”.
Pero si la soltada de amarras de la economía no funciona bien, si hay indisciplina social, o si se presentan nuevos brotes de la pandemia que requieran confinamientos adicionales, la recuperación de la economía y del empleo se irá hasta el 2021, y tomará la forma de “W”.
Quizás por ello, quienes recomendaron la suspensión de la regla fiscal, la extendieron prudentemente hasta el 2021.
Bogotá, D. C, 22 de junio de 2020
*Abogado y Economista. Exministro de Estado.
Por Amylkar D. Acosta M*.- En días pasados el consultor Mauricio Cabrera tituló su columna de opinión diciendo que “hay que rescatar a Avianca” y comienza advirtiendo que “a riesgo de ser crucificado por las redes sociales debo decir que para el país es necesario que Avianca siga operando”. Y yo añadiría que no sólo Avianca sino Latam y las demás aerolíneas que conectan a Colombia y a Colombia con el mundo. Y más que rescatar a dichas empresas de lo que se trata es de proteger los 600 mil empleos que, entre directos e indirectos, generan, según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, amén de los US $7.500 millones que le aportan al PIB del país. Por lo demás, el transporte aéreo, al igual que las demás modalidades de transporte, es un servicio esencial vigilado y es el que pone en movimiento los ejes de la economía nacional, es el gran articulador del ecosistema productivo.
En el Decreto - Ley 811 del 4 de junio, uno de los últimos que expidió el Presidente Iván Duque al amparo de la Emergencia económica 2.0 dejó abierta la escotilla al darle vía libre al Gobierno Nacional para lanzarle un salvavidas a las empresas que estén al borde de la insolvencia, mediante la compra de acciones o participaciones en las mismas, con pacto de retracto, esto es que una vez superada la emergencia sus accionistas o propietarios se obligan a recomprarlas dentro del plazo que se convenga entre las partes. Ello, en tratándose de “empresas que desarrollen actividades de interés nacional”, tal es el caso de las aerolíneas.
Preocupa sobremanera que en dicho Decreto se deja una rendija para la eventual privatización de ISA o ECOPETROL, cuando alude a la facultad para enajenar “la participación accionaria del Estado…que posea en determinada empresa”. El único condicionamiento previsto es que los recursos provenientes de la venta “sean destinados para atender los efectos económicos adversos relacionados con la Emergencia económica”.
Y lo que se predica para el sector transportador aplica también a los demás sectores de la economía, todo el esfuerzo que ha venido haciendo el Gobierno en pro de las empresas, para evitar que se vayan a la quiebra, busca de paso poner a salvo los empleos que ellas generan. Las empresas, además de generar empleo productivo, producen bienes y servicios tanto para el mercado doméstico como para las exportaciones y de contera contribuyen a la financiación del Estado mediante el pago de impuestos. No se puede caer, entonces, en la desmesura del pasajero del avión al que poco le importaba que el mismo se siniestrara porque al fin y al cabo el avión no era de él (¡!). Como bien dice el Director del diario económico Portafolio Francisco Miranda, “una empresa que se hunde es el fin de un sueño y la parálisis de un piñón del motor económico de una sociedad”.
Eso sí, en nuestro concepto la ayuda oficial a las empresas deben ser temporales, acotadas y condicionadas. Temporales, porque deben responder y corresponder a la coyuntura que, como la actual, amerite la intervención del Estado; pero, una vez superadas las circunstancias que dieron lugar a ella debe cesar. Y no como ha ocurrido en el pasado, dado que, como dijo Miguel Antonio Caro, “en Colombia para que las cosas sean definitivas, deben ser transitorias”, pues es bien sabido que en nuestro medio no hay nada más permanente que las normas temporales. Debe evitarse, además, que haga carrera el oportunismo de quienes quieren aprovechar la coyuntura para pasar en volandas reformas a los regímenes laboral y pensional, en desmedro de los intereses de los trabajadores, con el espejismo de generar empleos.
Acotadas, porque dada la limitación de recursos con los que cuenta el Estado, se debe establecer un tratamiento diferencial y diferenciado según el tamaño de las empresas y su actividad, fijar prioridades, montos y plazos razonables. Es bien sabido que las MIPYMES, a diferencia de las grandes empresas, han tropezado con dificultades para acceder al crédito bancario, no obstante la liquidez y las garantías que el Gobierno les ha dispensado. En tratándose de los créditos para las MIPYMES, al igual que los recursos del programa Ingreso solidario, se han debido canalizar a través de las entidades públicas, como BANCOLDEX, FINDETER o el Banco Agrario y no mediante la intermediación de la banca comercial.
Condicionadas, de tal suerte que el apoyo a las empresas vaya en línea con las políticas estatales y no ocurra lo que en el pasado, por ejemplo que se desmontaron los parafiscales y se concedieron exenciones a cambio de que generaran empleo, no lo generaron pero se quedaron con los beneficios fiscales otorgados. Debería existir una cláusula de reversión, pues ante el incumplimiento se deben perder los beneficios recibidos. Así mismo, la ayuda y el apoyo a las empresas deben ser coherentes con las políticas públicas agenciadas por el Estado y las metas que este se propone.
Un ejemplo de ello fue lo que dispuso el Presidente Obama en EEUU para salvar de la quiebra a la industria automotriz, al condicionar la ayuda estatal a la mayor eficiencia de los motores que se fabricaran en lo sucesivo, teniendo como meta 54.5 millas de recorrido por galón de combustible para el 2025, teniendo como línea base las 35 millas recorridas. Esta medida iba en línea con su programa de eficiencia energética y de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, causantes del Cambio climático.
Esta crisis es de tal magnitud y gravedad que ha puesto en cuestión la sobrevivencia de la globalización como la conocemos y como ha venido operando. De hecho las cadenas globales de valor se han visto estropeadas y los países están replegándose hacia sus propias fronteras, replanteándose sus fuentes de suministro. De ello hay que tomar atenta nota. Viviremos una reconfiguración de la globalización, en la que prime la inclusión y la cohesión social, tan venida a menos en los tiempos que corren. Para su reinserción en la misma las autoridades económicas deberán ajustar sus políticas para dinamizar la economía y amortiguar los choques externos.
El signo de los tiempos es la incertidumbre, ya que no se puede prever cuánto va a durar esta pandemia, es más acaba de anunciar la Organización Mundial de la Salud (OMS) que lo peor está por venir, que la COVID-19 entró en una “fase nueva y peligrosa” y el epicentro de la misma se ha desplazado al continente americano. Por lo tanto, no se puede bajar la guardia!
Cota, junio 20 de 2020
*Economista. Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía
Por Mauricio Cabrera Galvis*.- El gran esfuerzo nacional que se ha hecho para controlar la propagación del Covid-19, con el alto costo que ha significado la cuarentena y el freno de la actividad económica, puede perderse por las aglomeraciones y el comportamiento irresponsable de almacenes que no aplicaron los protocolos de bioseguridad y miles de consumidores que arriesgaron su salud, y la de sus familias, por ganarse unos cuantos miles de pesos por comprar sin IVA.
Las redes sociales estallaron con imágenes y comentarios sobre esas multitudes insensatas, y con mucho humor negro señalaron las previsibles consecuencias. Algunos ejemplos: “Hoy es el día sin IVA, próximamente el día sin UCI”, “Ahora en las UCI’s toca abrir campo para colgar los televisores de 70” que están comprando”. Tola y Maruja también se despacharon con agudeza: “Comprando a crédito tiene el plus de que si te contagias de coronavirus solo pagarías las dos primeras cuotas”.
La realidad del costo del día sin IVA en la propagación del virus se conocerá dentro de dos semanas; mientras tanto hay que decir que el beneficio esperado será muy pequeño para la sociedad en su conjunto, es decir que si se trataba de estimular la reactivación de la economía esta es una medida ineficiente.
Para Fenalco no es ineficiente pues estima que las ventas sin IVA fueron del orden de $5 billones que les dejaron buenas ganancias. Lo que no se dice es que es probable que una buena parte de esas ventas de todas maneras se hubieran hecho porque eran compras aplazadas en 3 meses de cuarentena, o anticipadas para aprovechar los descuentos –si es que fueron reales-. En otras palabras el gobierno asumió un enorme costo fiscal innecesario, porque muchas compras de todas maneras se hubieran hecho sin necesidad del descuento.
Ineficiente también para estimular la producción doméstica, porque según los mismos comerciantes la mayor parte de las compras fueron de electrodomésticos, computadores y teléfonos, todos importados, y muy pocos productos nacionales. El DANE en Junio nos volverá a mostrar una tendencia recurrente de ventas del comercio creciendo mucho más que la industria manufacturera.
El ex ministro de hacienda Juan Camilo Restrepo preguntó: “¿este es el tipo de gasto publico adecuado para reactivar la economía? ¿Qué ganamos promoviendo consumos atropellados de electrodomésticos importados?”. La respuesta es que ganamos muy poco, y el gobierno podría limitar el próximo día sin IVA solo para la compra de productos nacionales.
El costo fiscal del día sin IVA no solo es ineficiente sino también regresivo pues no beneficia a los más pobres y vulnerables, sino a los estratos medios y altos que son los que tienen dinero para comprar televisores, o los bancos que incrementan la facturación con tarjetas de crédito de los que se endeudan para adquirirlas.
Con el monto de ventas sin IVA estimado por Fenalco, el gobierno deja de recibir unos $900.000 millones que se hubieran podido destinar a incrementar las exiguas ayudas que se están dando a los más pobres o para proteger el empleo.
Por ejemplo, ese fue el costo del primer mes del PAEF que solo dio $350.000 por empleado, o sea que hubieran podido dar el doble. También se hubieran podido triplicar los escasos $160.000 que dieron a 2 millones de familias en el programa de Ingreso Solidario. Esos serían estímulos más útiles y eficientes que otro día sin IVA.
Cali, 21 de junio de 2020
*Filósofo y Economista. Consultor.
Por José Félix Lafaurie Rivera*.-Hace unos días, el Consejero Presidencial para las Regiones, Federico Hoyos, resaltó a Montería y a Córdoba como modelos en atención de la COVID-19, y sorprende también el manejo de la pandemia en Bucaramanga, otra ciudad con cifras realmente ejemplares, que han facilitado la reapertura gradual e inteligente.
¿Cuál es la diferencia entre Montería y Bucaramanga con Bogotá?, y no me refiero a la evidente del tamaño y su complejidad asociada, sino a la diferencia de método, de “estilo gerencial”, de cómo enfrentar los problemas y cómo convocar a la ciudadanía, para que Bucaramanga tenga -cuando escribo- 9,5 contagiados por cada 100.000 habitantes frente a 81 en todo el país; un solo fallecimiento y ¡un solo caso activo! ocupando cama hospitalaria.
Cómo hizo el alcalde de Montería para convertir, en menos de treinta días, el coliseo Happy Lora en un hospital de campaña de primer nivel, que mereció la calificación del comisionado Hoyos como “una obra de altísima calidad tecnológica con todos los protocolos”.
Rigor, asertividad, planeación estratégica, trabajo en equipo, sin mesianismos ni arrogancias y sobre todo, empatía con sus colaboradores y sus gobernados. Detrás de sus resultados percibo un gran componente de lo que me atrevo a bautizar como “liderazgo empático” de sus alcaldes, frente a su antónimo, el “liderazgo antipático” de la alcaldesa bogotana; burgomaestres que prefieren convencer antes que regañar; que no confunden energía con altanería; que entienden que la complejidad de la situación exige discreción y método, “menos bulla y más trabajo”; que prefieren un bajo perfil mediático, sin aspavientos ni alharacas, opuesto al protagonismo excesivo, mas no para informar con serenidad y para educar, sino para contradecir con altisonancia, para señalar responsabilidades evadiendo las propias, y para “advertir”, con un tonito insoportable de sobradez mesiánica, de agitador sesentero, que no puedo dejar de relacionar como la versión femenina de su ex amigo Petro.
A Claudia López nada que venga del Gobierno le gusta. Si el presidente toma decisiones nacionales de orden público, como le compete, es autoritario y desconoce la autonomía local, pero si delega las decisiones locales en los gobernantes locales, como debe ser, está trasladando el problema a los alcaldes y se baña las manos. Si el Gobierno dice reactivación inteligente, ella entiende lanzar ciudadanos a las calles a que se enfermen. En mayo asustó a los bogotanos con ser culpables de la muerte de sus madres, y en junio advierte que el “Día sin IVA y del padre son doble riesgo de que se dispare el contagio”.
Claro que pueden ser un riesgo, que ella debe controlar como mandataria local y jefe de policía, pero la solución no puede ser su absurda posición inicial de confinamiento hasta que aparezca la vacuna, mientras no baja su propia guardia: regañar, regañar y regañar, hasta a sus propios colaboradores, cuando lo que se requiere es “convencer” y, si es necesario, ejercer su autoridad con firmeza y serenidad.
¿Cuál es la diferencia, no entre ciudades sino entre alcaldes? Que mientras los de Montería y Bucaramanga están aplicados de lleno a sus responsabilidades, Claudia no se baja del “bus de campaña”, y parece más preocupada en forjarse esa imagen de líder contestataria y vociferante que tanto le funciona a la izquierda populista, de la que hace parte esta “lideresa” que se vistió de “centro” para llegar a la alcaldía, y ahora, con su liderazgo antipático, ¿a dónde querrá llegar?
Nota bene. Todos soñamos con ver luz al final del túnel de la pandemia, pero a otros seis jóvenes militares “las disidencias” asesinas les arrebataron ese sueño. Paz en sus tumbas.
Bogotá, D. C, 22 de1 de junio de 2020
*Presidente de Fedegan
Por Gabriel Ortiz.- La pandemia nos ha llevado a un nuevo virus sin vacuna y sin remedio. Ni aquí, ni allá, ni más allá, hay ser que escape a la chiflada. Husmeando cómo el versado Juan Gossain, analiza en su última entrevista esta locura en que nos encontramos; cómo todo se achicó y todo enloqueció, podría concluir que el covid ataca sin piedad el cerebro de esta humanidad irreflexiva, que iluminó a Enrique Santos Discépolo para ¨parir¨ Cambalache. ¨Qué atropello a la razón¨, lo que viene ocurriendo en nuestro país.
Santos lo dijo con sabiduría y visión: ¨a nadie importa sin naciste honrao¨… ¨cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón¨ y mejor no seguir con la más famosa canción inspirada en ese pueblito portorriqueño, porque los ¨inmorales nos han igualao¨.
¿Será coronavirus, será el encierro, el atropello de dictatoriales protocolos, el engaño generalizado, o qué diablos, qué bicho nos ha picado para que nos encontremos dominados por este ¨despliegue de maldad insolente¨?
El covid quedó a la altura de su tamaño.Hemos entrado en una riña callejera que sobrepasa cualquier límite.
Descendimos al nivel de los rufianes de barriada. Nuestros líderes han perdido la razón. Se insultan, se agreden, se acusan, se mancillan y se exhiben como ejemplo a seguir, para las actuales y futuras generaciones. Casi todos quieren ser, o buscan eludir el paso lastimero y deshonrado que Colombia ha dado por culpa del narcotráfico. Ese tránsito se utiliza para distraer, tapar o lgalizar las huellas que unos y otros esconden y que pervierten por igual al ejecutivo, el legislativo, el judicial y a la sociedad.
Nuestro destino está penetrado por ¨cambalaches¨ que atacan la paz, fomentan guerrillas y paramilitares, matones de líderes y calificadores de extremistas -o comunistas- a los que piensan distinto. Los tradicionales partidos políticos dejaron de existir. Solo quedan movimientos de escasos principios políticos y corta duración. Empresas que compran votos, manejan grupos y a la vista de todo el mundo, imponen la corrupción.
En esas estamos. Da vergüenza como país, como sociedad y como seres humanos, asistir al ruedo de improperios que los dos que mandan se lanzan. Es lamentable que la Colombia de hoy sea, o de Uribe o de Petro. Esa es la írrita covid-demencia que ¨legaliza¨ este desastre.
BLANCO: La invasión de compradores de Estados Unidos y Europa que quieren comprar en Colombia, según Luis Fernando Velasco.
NEGRO: Nuestros animadores digitales desempleados, mientras gobernadora del Atlántico contrata a los de Plaza Sésamo para divulgar por TV acciones contra covid-19.
Bogotá, 20 de junio de 2020
*Periodista. Ex director del Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper.
Hay que luchar contra la idea de que el viejo es funcionalmente limitado (…) La mayoría de la población anciana no se halla impedida. Ricardo Moragas, gerontólogo.
Por Lorena Rubiano*.- En mi concepto, considero que el Estado no tiene constitucionalmente el respaldo legal para confinar indefinidamente a los ciudadanos mayores de 70 años, con el argumento de que los están protegiendo de la pandemia del Covid-19. El Estado debe respetar la autonomía y la dignidad humana, y no entrometerse en el ciudadano personal de la salud de cada quien, donde podría llegar sólo con recomendaciones y apoyos educativos.
Por eso creo que la tutela presentada por un importante grupo de colombianos que están por esas edades será fallada favorablemente, porque si alguien tiene experiencia y en esta clase de batallas por la vida con los mayores de edad.
Las medidas de cuarentena les violan a los mayores el máximo derecho, precisamente el de la vida, porque encerrados, sin producir, sin derecho al aire libre al ejercicio físico, a sentirse útil a la comunidad , a participar en todas las actividades económicas y sociales , con todas los cuidados que requiere protegerse del Covid-19, pues los están matando.
Los ciudadanos plantean que con las resoluciones 464 y 844 de 2020, además se les viola el derecho a la igualdad (art. 13 de la C.N.), libertad de locomoción (art.24 de la C.N.) y el libre desarrollo de la personalidad (art. 16 de la C.N.).
Entre los demandante se encuentran el exministro Rudolf Hommes, el exalcalde Maurice Armitage Cadavid y el exvicepresidente Humberto de la Calle, el asesor de Paz, y exconstituyente, Álvaro Leyva Durán, María Consuelo Cárdenas de Santamaría, María Mercedes Cuéllar López y Clara López Obregón.
El Gobierno no tuvo en cuenta que somos más indisciplinados los jóvenes que los mayores, y a nosotros se nos permite salir todos los días, por dos horas, que no las contabiliza nadie y precisamente así se les viola el Derecho a la Igualdad, con el argumento de que "están en especial riesgo".
Además de los argumentos legales y constitucionales, me parece que el más lógico y fuerte es el que se debe recurrir a la autodisciplina de todos los ciudadanos y no podemos aceptar que nos sometan a un nuevo orden mundial, a una vacuna única y a una disciplina con la que no estamos de acuerdo, cada cual debe cuidarse y responder por su propia vida, no el Estado obligándonos a determinados tratamientos, cada cual se puede curar con lo que quiera, con hasta con nuestra tradicional agua de panela con limón, y esas instrucciones de la OMS pueden, y parece ser cierto, tienen la finalidad de un control de la humanidad.
"Esto es un irrespeto a nuestra autonomía y es discriminatorio, pues el Estado no trata en forma semejante a las otras personas. Y eso es lo que cuestionamos", dicen en la tutela.
Es más grave para la salud el encerramiento que la libertad de locomoción.
Bogotá, D. C, 19 de junio de 2020
Por José G. Hernández*.- Es lamentable que instrumentos brindados por los avances de la tecnología -como es el caso de las redes sociales- no estén siendo aprovechados con un sentido positivo, para el beneficio general y para el mejor ejercicio de derechos esenciales como las libertades de expresión y opinión, el acceso a la información, la comunicación entre las personas, el sano debate político, jurídico o económico, sino como virtuales cuadriláteros en que se lucha sin lealtad ni valor, sin argumentos, sin dignidad, sin el mínimo respeto, sino mediante la injuria, la calumnia, el insulto, la falsa noticia y la amenaza, entre otras armas.
Las redes, en donde deberían circular de manera libre las ideas, los diversos enfoques y los conceptos -sin importar si son similares, complementarios, diferentes o contrarios-, se han ido degenerando por causa de su equivocado uso; por la bajeza que caracteriza algunas supuestas opiniones; por extendida inseguridad sobre la autenticidad de los datos que circulan; por los estrafalarios nombres falsos que ocultan la verdadera identidad de quien participa; por la presencia de grupos -que han dado en denominar “bodegas”- contratados, organizados y pagados con el sólo objeto de sembrar odio, cizaña, desprestigio en contra de personas con cuyo pensamiento no se coincide.
Por paradoja, las redes sociales ya no sirven para hacer uso de la libertad -como tendría que ser-, sino para cercenar la libertad. Para coartar el derecho de personas que, con el fin de eludir ataques, insultos y amenazas, se ven precisadas a la auto censura o al silencio y evitan escribir o decir lo que piensan. Se sacrifica la libertad.
Todo eso, como ya lo habíamos expresado, es cierto. Y no son pocos los que -con razón- se han alejado de las redes.
Pero un mal no se contrarresta con otro mal. El Estado no debe atender las propuestas de quienes consideran que funcionarios u organismos públicos deberían gozar de facultades para ordenar intervención oficial en redes y correos.
Entendemos que hay un proyecto de ley en ese sentido. Y la semana pasada, en las mismas redes, circuló un proyecto de decreto legislativo en que -sin ninguna relación con Covid-19, ni con la situación económica generada por la pandemia- se autorizaba a la Fiscalía General para solicitar a los jueces de control de garantías la suspensión inmediata y urgente de las direcciones IP, URL, cuentas de correos electrónicos o perfiles de redes sociales, o cualquier otro mecanismo de mensajería instantánea vinculada a delitos contra la integridad moral o la seguridad pública que pudiesen haber sido cometidos mediante el uso de las tecnologías.
Ni más ni menos, la censura, que está absolutamente prohibida en el artículo 20 de la Constitución Política y en los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos. Al parecer, el presidente Iván Duque -con toda razón- se negó a firmar semejante esperpento, que coincidió en el tiempo con una idea lanzada de modo irresponsable por el presidente Trump en sentido de “cerrar Twitter”.
Desde luego, hoy están vigentes los mecanismos procesales contra la calumnia y la injuria, y se han venido usando cada vez con mayor frecuencia, pero sin violar la Constitución, como algunos proponen.
Bogotá, D. C, 18 de junio de 2020
*Expresidente de la Corte Constitucional
Por Víctor G. Ricardo*.- Llevamos cerca de tres meses cumpliendo con las medidas de aislamiento adoptadas por el Gobierno. Inicialmente se ordenó un aislamiento general ante la llegada al país del Covid-19, fundamentalmente para frenar la propagación del virus y ganar tiempo para construir la infraestructura necesaria y conseguir los recursos fundamentales para afrontar la pandemia (ej. pruebas, reactivos, respiradores, entre otros).
Este proceso de aislamiento generó, como efecto colateral, una gran afectación a la economía requiriendo instrumentar por parte del Estado la emergencia económica, para poder dictar las medidas de alivio requeridas y para brindar apoyo a las empresas y a los ciudadanos respecto del cierre de las actividades y la pérdida de miles de empleos.
Ya se ha avanzado mucho en la preparación y adecuación del sistema de salud y aunque todavía falta por hacer, era necesario que el Gobierno tomara medidas para ir abriendo los distintos sectores de la economía nacional y regional, para como se dice en el lenguaje popular la gente puede salvar lo máximo que se pueda de sus empresas y actividades.
El Presidente Duque se ha visto en todo momento liderando la situación e impulsando las medidas adecuadas para poder enfrentar esta pandemia. Incluso ha ayudado a las empresas con la participación del Estado en el pago de salarios. Ha sido tan importante su trabajo que incluso distintas organizaciones internacionales ha destacado su papel y liderazgo.
Ahora ya abierta la mayoría de los sectores de la economía lo que sigue es más de disciplina y conciencia social de la ciudadanía, para que este virus no nos golpeé tan duro como lo ha hecho en otros países.
Sabemos bien que la cima del virus todavía no ha llegado y que aproximadamente faltarán más de sesenta días para que esto ocurra y podamos comenzar a descender en los contagios. Mientras tanto las cifras subirán. Pero de nosotros depende que haya menos contagios.
No es el momento para que la gente se descuide y empiecen una vida normal. Si bien es cierto que hasta que no se descubra la vacuna nos toca convivir con el virus, tenemos que cambiar los hábitos sociales y tomar cada uno conciencia de su propia responsabilidad y continuar en lo posible de trabajando desde nuestras casas, con la ayuda de Tecnología y que cuando salgamos lo hagamos con el cuidado de las recomendaciones que nos han hecho y que no son otras que siempre usar un buen tapabocas, guardar distancia entre cada uno de nosotros, estar lavándonos las manos coda ves que podamos, desinfectarnos con alguna frecuencia y no hacer reuniones grandes que sean estrictamente necesarias.
Un estudio llevado a cabo en la ciudad de Nueva York ha demostrado que si ‘todos’ usamos tapabocas y guardamos la distancia adecuada, el virus dejaría de transmitirse y sería, por ahora, el mejor remedio ante esta pandemia.
Solamente de nuestra responsabilidad y compromiso con nosotros mismos depende que salgamos mejor de esta pandemia y salvemos nuestras vidas.
Bogotá, D. C, 17 de junio de 2020
*Ex comisionado de Paz
Por Clara López Obregón.- A través de los años, demasiados en Colombia se han ido inmunizando frente a la muerte de inocentes. Cifras inimaginables de desapariciones forzadas, secuestros y degradaciones como los falsos positivos y el exterminio de la Unión Patriótica han erosionado la capacidad de indignación que el asesinato de una sola persona debe suscitar, como ha sucedido con George Floyd en Estados Unidos. Dio en la clave Martin Luther King cuando afirmó: “Lo preocupante no es la perversidad de los malvados sino la indiferencia de los buenos” y yo agregaría que también el miedo.
Desde que se firmó el acuerdo de paz, han sido sistemáticamente asesinados 500 líderes y lideresas. Se trata de personas fuera de lo común. Su vocación de servicio los llevó a abrazar causas colectivas en un mundo cada vez más insular e insolidario. Cuando asesinan a un líder social, un reclamante de restitución de tierras o una defensora de derechos humanos están descabezando a una comunidad, una causa y, con suficientes de ellos y ellas, a toda una generación, para dominar con el miedo que se funde con la indiferencia.
No se equivocaba Michel Forst, relator de Naciones Unidas, cuando sostuvo en febrero pasado que Colombia es uno de los países más peligrosos del mundo para la defensa de los derechos humanos. Las cifras solas no muestran la tragedia humana que hay detrás de cada caso. Por eso, un grupo de columnistas hemos querido recuperar los rostros y las vidas de algunos líderes asesinados y contar sus historias.
María Magdalena Cruz Rojas era una mujer de carácter, reconocida dentro de su comunidad por las iniciativas sociales que lideraba. Había impulsado asociaciones de mujeres para traer proyectos a la vereda donde sus gentes la habían elegido ya en dos oportunidades al cargo de secretaria de la junta de acción comunal. Cuando el 30 de marzo de 2018 fue asesinada por dos hombres encapuchados frente a su esposo e hijo, lideraba el movimiento de sustitución voluntaria de cultivos para uso ilícito en su vereda Unibrisas de Iteviare, en el municipio de Mapiripán, Meta, tristemente célebre por la masacre ejecutada por los paramilitares de los hermanos Castaño en 1997.
Tenía 52 años y le había contado al alcalde de las amenazas recibidas de un grupo armado opuesto a la sustitución de cultivos. Después de su asesinato, otros líderes de sustitución pertenecientes a la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana, Coccam, abandonaron la zona y con ellos el proceso que iba muy adelantado.
Emilsen Manyoma era una defensora afro de derechos humanos del corregimiento Bajo Calima del puerto de Buenaventura. Fue brutalmente asesinada junto a su esposo, Joe Javier Rodallega, el 14 de enero del año 2017. A sus 33 años, Emilsen había denunciado violaciones a los derechos humanos en el corregimiento de Bajo Calima y había apoyado varios procesos comunitarios en contra de la exploración petrolera y de la ubicación de un relleno sanitario dentro del Consejo Comunitario del Bajo Calima, del cual era integrante.
La defensora había comenzado su labor bajo el acompañamiento de la ONG Comisión Intereclesial de Justicia y Paz y, luego, se había convertido en vocera local de la Red de Comunidades Construyendo Paz en los Territorios, Conpaz. Según su organización, los últimos hechos que había denunciado estaban ligados a presuntas estructuras paramilitares en Buenaventura que han controlado la libre movilidad de los habitantes de la zona en busca de controlar la ruta del narcotráfico que se mueve hacia el Pacífico, en la desembocadura del río San Juan. "Se está muriendo más la gente por plomo que por covid-19, estamos en una ciudad sin Dios y sin ley; no hay autoridades que hagan cumplir las normas,” afirmó en abril un líder social del puerto.
La matanza de líderes y lideresas que no cede ni se detiene es el espejo en que deben mirarse el Gobierno y las instituciones en su conjunto. Su fracaso es inexcusable. Líderes no nacen todos los días, pero sí los matan sin respiro. A este paso naufraga la paz, naufraga la democracia, naufraga Colombia.
Bogotá, D, C, 17 de junio de 2020
*Ex alcaldesa de Bogotá y Ex ministra de Trabajo
