Opinión
Por Jorge Enrique Robledo*.- Al final de marzo pasado, el gobierno partió a Electricaribe en dos empresas –Caribe Mar y Caribe Sol– y se las vendió, respectivamente, a EPM y a un consorcio de Alberto Ríos Velilla. Al anunciarse la decisión, Natacha Avendaño, la Superintendente de Servicios Públicos a la que el presidente Duque puso a dar la cara, dijo que no revelaba los precios pagados porque el gobierno había determinado que fueran secretos. Al mismo tiempo y por confusión, Enerpereira, la empresa principal del consorcio de Ríos, informó que pagaron 285 mil millones de pesos por su parte, el 44 por ciento del total de Electricaribe, suma bajísima, como se verá. Que corrieran a borrar la cifra no evitó que se conociera (bit.ly/3gd1t2h), para vergüenza de la Casa de Nariño.
Ante mi requerimiento en el Senado, la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, no descalificó por falsos los 285 mil millones pero, viva, tampoco los reconoció, ratificó que las cifras eran secretas y se atrevió a defender el ocultamiento con la fábula de que “la nación no es una parte de la transacción” y que los pagos eran ocultos por “ser una transacción entre privados”, decires que entran a la galería de las mayores falacias oídas en el Congreso. Porque entre los vendedores de Electricaribe no hubo ni un solo actor –¡ni uno tan solo!– del sector privado, dado que, por decisión legal que castigó sus incumplimientos y abusos contra los usuarios, toda la propiedad de los españoles de Gas Natural Fenosa sobre Electricaribe pasó al Estado colombiano, hechos que indican que además estamos ante otra privatización.
Las siguientes son otras verdades que, con su secretismo y violando la Constitución, Duque y el Consejo de Ministros intentaron ocultarnos. La narrativa oficial sobre este engaño dice que Ríos Velilla –íntimo amigo de Germán Vargas Lleras, quien se volvió duquista días antes de esta operación financiera– compró una empresa quebrada que regalada es cara y, entonces, le quedamos debiendo el favor. Pero eso es falso porque el Estado, antes de venderla, le pagó todos sus pasivos, laborales, financieros y comerciales, a un costo de 5,89 billones de pesos, por lo que entrega, saneados y por escasos 285 mil millones, activos que valen 2,76 billones de pesos, además de 1,18 millones de usuarios que pagan facturas por dos billones de pesos al año. Una gran empresa cero kilómetros y una magnífica inversión, capaz de sobra de apalancar los créditos necesarios para hacer las inversiones que se requieren. Negocio de burro amarrado.
Van también en este negocio sastre, es decir, hecho a la medida del comprador, otras prebendas: por el régimen especial fijado por el Decreto 1645 de 2019 de Duque, las tarifas de electricidad de la Costa Caribe se encarecerán más que las del resto del país durante los próximos cinco años. Seguramente seguirán los subsidios oficiales a Caribe Sol, heredados también de Electricaribe, por unos 375 mil millones anuales. Y en realidad, el consorcio de Ríos no pagará 285 mil millones de pesos, porque entre los bienes que recibirá de Electricaribe se incluye otro regalo: 119 mil millones de pesos de una cartera que no tiene la naturaleza de difícil cobro por ser menor de 90 días.
En un país que no esté tan mal gobernado como este, Electricaribe, viable por el exclusivo esfuerzo del Estado y de los costeños, se hubiera mantenido dentro del sector público, como patrimonio de los departamentos de la Costa Caribe, de forma que, por la vía de las menores tarifas o de la reinversión de las utilidades, les sirviera a las comunidades de la región, idea que todavía puede y debe hacerse realidad.
Pero en la Colombia de los mismos con las mismas que tan bien representa Duque, el papel central del Estado no consiste en promover en serio el desarrollo y la reducción de las desigualdades sociales, sino en usarlo como instrumento de negociados como este.
Coletilla. En el debate que hicimos con Juan Luis Castro en el Senado demostramos lo equivocado de las medidas de Duque y Carrasquilla frente a la pandemia. El drama de los trabajadores de la salud ilustra su incapacidad hasta para introducir cambios mínimos pero importantes y urgentes en el reino de las EPS. Y se nota que ni los sectores sociales más empobrecidos ni los empleados y empresarios más afectados por el necesario distanciamiento social han recibido respaldo suficiente del Estado.
Y no lo han recibido porque Duque y Carrasquilla, presos de la ortodoxia neoliberal más cerril, han impuesto un gasto público escaso y la manera más costosa de financiarlo, criterios dejados de lado en casi todas partes en esta crisis. En el entretanto, la economía nacional sufre lo indecible, al debilitarse y arruinarse muchas formas de crear riqueza que sustentan el empleo, los ingresos y el gasto de los colombianos (bit.ly/3gdH3pS).
Bogotá, 22 de mayo de 2020.
Bogotá, D. C, 23 de mayo de 2020
@JERobledo
Por José Félix Lafaurie Rivera*.- ¿Se puede igualar a un elefante con un conejo, solo porque ambos son animales? Frente a una escasez de comida, y presionados por el tamaño amedrentador del elefante, lo alimentaríamos a costa del hambre de cien conejos, o distribuiríamos proporcionalmente la comida entre la gran población de conejos y los pocos elefantes.
Guardadas las imperfecciones de toda comparación, y saliéndome de los terrenos de Esopo, el fabulista casi mitológico de la literatura universal, eso es lo que ocurre con la caracterización de los productores agropecuarios como sujetos de crédito de fomento, lo cual acentúa las imperfecciones de ese mercado, que tienden a excluir a los productores rurales ligados a la tierra y, entre ellos, al pequeño, en beneficio de grandes productores -de elefantes- de otros eslabones de las cadenas.
Antes de la creación de la Caja Agraria, en 1931 no se diferenciaba a los productores por tamaño, porque el país todavía era “agropecuario”, la industria apenas nacía, no había ni rasgos del gran desarrollo urbano, el petróleo nos llegó tarde y los “servicios”, que hoy comparten hegemonía con los hidrocarburos, eran incipientes. Los recursos del Estado, entonces, fluían hacia la producción agropecuaria que sostenía la economía nacional.
Cuando se pierde esa posición hegemónica y empieza la declinación del campo, con todas sus consecuencias de abandono, ilegalidad y violencia, nacen las instituciones para “ayudarle” al productor rural, consolidadas en el Sistema Nacional de Crédito Agropecuario (1990), pero bajo la visión de “cadenas productivas”, que abrió las puertas a los eslabones de transformación, comercialización y servicios de apoyo, para competir por los recursos que, hasta entonces, habían sido exclusivos del productor primario. Y ahí fue cuando, volviendo a mi comparación fabulesca, se revolvieron conejos y elefantes a competir por comida escasa.
El sistema califica como pequeños productores a aquellos con activos hasta 284 millones, rango que tiene relación con otro parámetro de caracterización rural: la Unidad Agrícola Familiar, UAF: la cantidad de tierra para que una familia genere dos salarios mínimos, que llega a ser de más de ¡1.300 hectáreas! en el llano adentro, o apenas dos o tres en la Sabana de Bogotá, pero aquí o allá, con algunos animales, supera el rango estrecho del pequeño productor y las mejores condiciones de crédito.
Y si vamos a los grandes, para el sistema, “gran productor” de cualquier eslabón (conejo o elefante) es aquel con activos superiores a más de 4.000 millones, pero un gran productor primario, es decir, un agricultor o un ganadero que supere esa cota de activos, nunca podrá compararse ni competir con gigantes de la agroindustria, procesadoras de alimentos y cadenas de comercialización que se valoran en cifras billonarias. ¿A quién preferirá el banco? Pues al elefante. No es gratuito que la cartera sustitutiva, administrada con discrecionalidad por los bancos, acapare el 85 % de los créditos Finagro y que, de contera, el 75 % de esa torta se vaya a grandes empresas de otros sectores.
No se trata de excluir a otros eslabones o desvirtuar la visión de cadenas, sino de reconocer el peso “originario” del productor agropecuario en ellas. De la misma manera que se deben abrir cupos obligatorios para el eslabón primario en la cartera sustitutiva principalmente, es imperativo avanzar en una caracterización más racional, que no solo diferencie entre eslabones y tamaños, sino que amplíe los rangos a partir de la capacidad de generación de ingresos como factor de caracterización, para devolverle al productor rural el acceso al crédito de fomento.
Una vez más, la plata del campo…, para el campo.
Bogotá, D. C, 23 de mayo de 2020
*Presidente de Fedegán
@jflafaurie
Por Gabriel Ortiz*.- En Colombia, y seguramente en otros países, estamos ¨protolocos¨ con el exceso de normatividades. Nuestro gobierno, experto en desempolvar palabrejas para ¨gobernar¨ a su manera, fue a lo profundo del diccionario y se encontró con el término protocolo que sirve para todo: parafernalia, fasto o cuaderno.
Para lo divino y lo humano, pero ante todo para prohibir hasta lo prohibido. La Constitución ha sido superada por los protocolos. Estamos manejados, conducidos y atemorizados por la dictadura de los protocolos. La Constituyente, con la que nos amenaza el Centro Democrático, para asustar a un país que rechaza el autoritarismo incluyendo el venezolano, fue aplicada con esta lluvia de protocolos. Pocos entienden la palabrita, pero todos la deben acatar, sin chistar. Con los protocolos, encierran a los viejos, manipulan el transporte, aíslan pueblos y ciudades. Para todo hay protocolo. Por protocolo, el Congreso solo legisla sobre los carrieles de Jericó. La justicia se entiende protocolariamente a través de redes, excluyendo los expedientes de AIS. La Fiscalía amenaza.
El protocolo es más peligroso que el coronavirus. Puede aplicar exageradas multas o contaminantes prisiones.
Hay víctimas de protocolos por todas partes. Aquí y en el exterior. Los colombianos a quienes los alcanzaron en el exterior cuando se cerró Eldorado, están ¨protocolados¨ en pasillos de aeropuertos, en calles o arrimados a parientes o amigos caritativos, sin un peso, sin un dólar. Su ¨humanitaria¨ patria los conmina a comprar carísimos pasajes, para regresar, a pesar de disponer de los que adquirieron al emprender el viaje. Están a merced de contaminarse en su deambular por el exterior. Los curiosamente llamados vuelos humanitarios, parten de ciertos aeropuertos, hasta donde deben trasladarse los compatriotas en transportes costosos e inseguros. Los noticieros de televisión de Estados Unidos, muestran la forma lastimera e infrahumana que afrontan estos coombianos ¨protocoloabandonados¨. Si el gobierno permitiera los vuelos internacionales, podrían regresar con sus pasajes, no con los carísimos que deben comprar, porque como afirman algunos empleados consulares, detrás están dudosos contratos que demeritan la mano humanitaria del Estado. El único vuelo realmente humanitario fue el de China. Los demás llevan el sello del protocolo y sus lucrativas secuelas.
Tal vez ha hecho falta una racional campaña que divulgue los reales peligros de estos virus, para que los colombianos aprendamos a cuidarnos y tener una disciplina sanitaria segura para toda la población. Que Duque eduque para volvernos NOCOVID, sin necesidad de recurrir cada noche a sus dictatoriales y odiosos protocolos.
BLANCO: Los días sin IVA.
NEGRO: El protocolo para justificar lluvia toxica sobre Jamundí.
Bogotá, D. C, 22 de mayo de 2020
*Periodista, Exdirector del Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper.
Por Lorena Rubiano Fajardo.- El que siembra un campo, cultiva una flor o planta un árbol, es superior a los demás.” John Greenleaf Whittier
Con el decreto 523 del 7 de abril del 2020, aprovechando el pánico del Covid -19, el Gobierno no desperdició la oportunidad o el papayazo, para arrasar de un plumazo con lo poco que quedan de nuestra agricultura y por ende, acabar con nuestros campesinos. Y después se preguntan por qué nuestros campesinos se dedican a sembrar cultivos ilícitos.
El daño lo hicieron, al abrir las puertas a la importación de alimentos, especialmente de los Estados Unidos con cero arancel, sin ningún estudio sensato y realista, con la teoría de asegurar la alimentación de los colombianos y sin antes verificar que productos necesitaríamos, y sin ningún estudio sobre el impacto que produciría en la agricultura nacional y en el campesinado.
Sería estúpido pensar que el Gobierno no sabe que los productos agrícolas son subsidiados en los Estados Unidos, y que el departamento de Agricultura alentó a los productores del país del norte sobre este papayazo que inexpertos colombianos dieron para llenarnos de sus productos transgénicos.
Y cualquier parroquiano sabe que estos alimentos subsidiados llegaron, y llenarán las arcas de los importadores y quebrarán a nuestros campesinos, porque serán más baratos que el producto nacional.
Colombia un país netamente agrícola, ha perdido su rumbo y la posibilidad de convertirse en una de las despensas alimentarias más grandes del mundo. Hemos pasado de apostar a una gran reforma agrícola y aprovechar el potencial de la geografía colombiana y sus productivas tierras a depender de las importaciones y a fomentar el consumo de productos importados, cuando tenemos todo para desarrollar las buenas prácticas agrícolas y fomentar la exportación de productos netamente colombianos, con semillas nativas, propias y no transgénicas.
Al Gobierno del Presidente Duque ha demostrado que no tiene el menor interés de fomentar la producción agrícola y apoyar al campesino colombiano. Son más 390 mil productores agrícolas colombianos están al borde de la quiebra y pérdida total de sus productos, y la respuesta del Gobierno a los productores colombianos fue firmar el decreto donde autorizó la libre importación durante tres meses a la mayoría de los granos, cuyo principal proveedor es Washington y el país no experimenta un déficit especial de estas cereales con el pretexto de la necesidad de garantizar la seguridad alimentaria.
La situación en el mercado alimentario colombiano depende cada día más de los proveedores extranjeros y, sobre todo, de Estados Unidos. Por ejemplo, en 1990, Colombia importó 400 mil toneladas de alimentos, y en 2019, 14 millones de toneladas. Al mismo tiempo, el principal aumento se observa desde 2011, inmediatamente después de la firma del tratado de libre comercio con los Estados Unidos.
En verdad es infame el tratamiento que el Gobierno nos está dando a los productores nacionales, no nos falta sino inundar el país de panela importada, ya que el maíz, de nuestros ancestros chibchas, ya está muriendo, lo mataron las importaciones.
Apoyemos una compaña para incrementar el consumo y la compra de los productos de nuestros campesinos. Si desaparecemos, se extinguirá nuestra patria.
Bogotá, D. C, 22 de mayo de 2020
Por Jairo Gómez*.- Las medidas de excepción son para solucionar en el inmediato plazo problemas extraordinarios que provoca un hecho inusual e inesperado; pues bien, esto fue lo que ocurrió con la sorpresiva llegada del coronavirus que, dado su virulento contagio, confinó a la sociedad, paralizó todas las actividades cotidianas y puso al mundo entero patas arriba.
Por supuesto Colombia no fue la excepción y el gobierno de Duque, para sacarnos de la crítica e insospechada situación, decretó “…un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional». Eso se traduce en las facultades extraordinarias que la Constitución Política le da al jefe de Estado para gobernar en un estado de anormalidad. Hasta ahí todo bien.
Pero, siempre hay un pero, y es el calvario que comienzan a padecer los ciudadanos del común, es decir, los directos beneficiarios de las medidas, cuando quieren acceder a las supuestas ayudas o soluciones que en razón de la pandemia decretó el gobierno; calvario que significa hacer los trámites que son engorrosos y confusos y que además dependen de unas instancia que casi siempre lo complican todo. Esto, por ejemplo, viene ocurriendo con los bancos hoy en el foco de las críticas por su ineficiente (¿deliberada?) irrigación de los recursos que, depositados en sus cuentas, automáticamente generan millonarias ganancias como el Encaje Bancario de marras (500.000 millones de pesos). Y qué decir de los funcionarios de las entidades estatales que interpretan a su antojo los decretos del Gobierno poniendo toda clase de trabas y requisitos que en muchos casos no contemplan los decretos presidenciales.
Veamos el siguiente caso: la educación y los llamados créditos educativos decretados para solventar la crisis de muchas familias agobiadas económicamente, ya sea porque los padres se quedaron sin empleo, los ingresos disminuyeron o porque sus negocios entraron en quiebra. Pues bien, estas familias esperanzadas en las supuestas soluciones tienen el derecho de acceder a un crédito a través del Icetex, de acuerdo con el decreto 467 que busca solventar el pago de las matrículas de sus hijos tras una admisión expedita y simple, dada la situación de emergencia económica y la crisis provocada por el virus.
Se cree y así lo dice el sentido común, que las normas dictadas bajo el amparo de la emergencia económica son para incluir y no para excluir; sin embargo, la entidad crediticia que conocemos como el Icetex se inventó un requisito que no contempla el Decreto 467 y asegura que para poder aplicar a los créditos los estudiantes deben estar categorizados en los estratos 1,2 y 3, categorías que el decreto no estipula; pero para los insolidarios funcionarios de esa entidad crediticia, sí. Es decir, el presidente Duque es un vacuo mandatario.
Es tan patética la soberbia de esos funcionarios del Icetex que mientras el Decreto presidencial 467 en su artículo primero inciso 4 dice, en término generales, que para acceder a créditos nuevos no se necesitan codeudores, en esa entidad estos funcionarios aseguran, de nuevo, que sólo aplica para los estratos 1,2 y 3 y excluye a los estudiantes de los estratos 4, 5 y 6, cosa que tampoco estipula la norma.
Pero es tal la arrogancia de esa entidad que conozco de casos en los que varios estudiantes decidieron, repito, sin que el decreto lo exija, conseguir un codeudor y en tiempo récord y sin realizar un estudio concienzudo y serio de la petición, su solicitud fue rechazada sin tener en cuenta la pandemia y la crisis de bulto que hoy padecen las familias colombianas. ¿Estará el Icetex favoreciendo privilegios partidistas o políticos? La Procuraduría debería investigarlo.
Vale la pena aclararles a los pedantes funcionarios del Icetex que no se trata de familias “atenidas”, como diría la vicepresidenta Ramírez; ni tampoco de familias “aperezadas que buscan vivir de los subsidios”, como también lo diría un parlamentario del partido de gobierno Centro Democrático; son familias que reclaman un derecho, no un favor, pues son las que verdaderamente se metan la mano al bolsillo para pagar los impuestos; impuestos de los que ustedes derivan su sustento. Insolidarios y descarados.
Bogotá, D, C, 20 de mayo de 2020
*Periodista y analista político.
@jairotevi
Por Óscar Villamizar Meneses*.- García Rovira una de las siete provincias que conforman el Departamento de Santander, se le dio vida jurídica el 9 de mayo de 1853 en honor al profesor y militar Custodio García Rovira, es una de las regiones de mayor crecimiento en el oriente colombiano, basando su economía en la agricultura, la agroindustria y el comercio, entre otros; conformada por más de 1000 kilómetros de vías terciarias, por donde 5000 productores sacan entre 150 a 200 toneladas de papa a diferentes partes del país, sin contar con los demás productos agrarios que se producen.
El mal estado de las vías terciarias, la llegada de pandemia y alto precio de insumos agrarios ha hecho que muchos agricultores se declaren en quiebra; es necesario que el Gobierno Nacional genere solución al mal estado de las vías terciarias y que haya un apoyo real con esos 200 mil millones que a través del Ministerio de Agricultura se designaron para ayudar en la crisis al agro en Colombia.
En total, son 12 km de vías rurales los que se deben intervenir, en municipios tales como: Cerrito, Concepción, Málaga, Miranda, Enciso, Capitanejo, Carcasí, San Miguel, Macaravita, San Andrés, Molagavita, y Guaca. Sin contar que la vía principal y de acceso a la provincia, se encuentra en proyecto, sin mostrar mayores avances.
Ahora bien, además de las vías, la falta de fomento agropecuario, sobrecostos de los insumos, la insuficiente capacitación, la ausencia de asistencia técnica agropecuaria y la falta de créditos blandos, hacen difícil el desempeño de las buenas prácticas agropecuarias para pequeños y medianos productores de la provincia.
Los sueños de los Rovirenses tales como: La planta de lácteos y la planta de lavado y transformación de la papa entre otros importantes proyectos, son la razón de nuestra lucha ante el gobierno nacional y departamental.
Como Representante a la Cámara por el Departamento de Santander me veo en la obligación de hacer visible esta situación, como lo haré con las otras provincias, y pedirle al Gobierno Nacional, mayor inversión para esta zona del país, ya que debemos proporcionarle a nuestras familias campesinas las condiciones óptimas para producir, transportar y comercializar sus productos; facilitando obras de inversión para la construcción de placa huellas, mantenimiento vías terciarias, adquisición de maquinaria amarilla, incentivos y subsidios para la compra de insumos, como también créditos blandos con periodos de gracia y asistencia para que puedan tecnificar sus cultivos, comercializarlos, y tener ganancias que les permita seguir con optimismo habitando estas bellas tierras.
Bucaramanga, mayo 18 de 2020
Primer Vicepresidente de la Cámara de Representantes
Por Guillermo García Realpe.- En medio de la actual situación que para nada es fácil, pues muchas personas, muchos sectores y muchas empresas están teniendo serias dificultades sociales y económicas a raíz de la crisis por la que atraviesa los países. Es como si nos hubiera caído un meteorito, el impacto ha sido muy fuerte y los estragos a lo largo y ancho del mundo por el Covid-19 han sido terribles.
Ahora bien, en Colombia a los pocos días de que el Gobierno Nacional decretara la cuarentena, miles de compatriotas tenían apuros en el tema social, miles de familias ya no tenían provisiones de alimentos para garantizar su sustento, lo que nos demuestra que somos un país con muy poca capacidad de ahorro y eso se debe a múltiples factores, bien sea porque los núcleos familiares no tienen los ingresos suficientes y les toca enfrentar el día a día, otros porque tienen deudas con el sector financiero, o están sin una fuente de ingreso, o en el caso más extremo los que siempre han estado sumergidos en la pobreza absoluta y esta crisis agudizó su precaria situación.
Por eso en muchos pueblos y ciudades vemos en las fachadas de las casas un trapo rojo en señal de que quienes ahí viven están en una situación precaria de necesidad absoluta, es decir, simple y llanamente con problemas de hambre ante la falta de un ingreso y ese tristemente sigue siendo el común denominador en la geografía nacional.
La radiografía del país no es clara, la cifra de desempleo crecerá y según cálculos de FEDESARROLLO, en el peor de los casos al final de éste año alcanzaremos la penosa cifra del 19,5%, sin duda es un escenario patético.
Ya en febrero, antes de que entráramos en esta crisis el DANE anunció que la tasa de desempleo se ubicaba en el 12,2% con una población ocupada de 22 millones. Para marzo esa misma cifra creció al 12,6% siendo la tasa más alta en más de una década y siendo las mujeres el grupo poblacional más golpeado. En ese mismo mes el crecimiento económico del país se ubicó en -4,9%.
Ahora, las proyecciones del crecimiento del Producto Interno Bruto están calculadas en -2,6% en el escenario optimista, esto ubicaría a Colombia en el quinto lugar en América Latina y el Caribe, después de Argentina, Bolivia, Brasil y Chile. El escenario pesimista puede ser del -7%. Como sea, es un oscuro panorama sin lugar a dudas.
Para hacerle frente a esta situación tan hostil, desde el Congreso de la República, un grupo de 50 senadores de diversas corrientes políticas, hemos propuesto al Gobierno Nacional la urgente necesidad de que se promueva una Renta Básica Mensual para conjurar la crisis, es decir, que se garantice un mínimo vital de ingresos para el 71% de la población colombiana que hoy tiene apuros, esa propuesta equivaldría a unos $40 billones, una cifra astronómica, pero que con un esfuerzo fiscal se puede sacar adelante.
Por eso propusimos ampliar el impuesto al patrimonio, reasignar gastos del presupuesto nacional, reducir los gastos de funcionamiento que no sean indispensables, otras fuentes de financiación serían los recursos disponibles en el FOME, el recaudo del impuesto solidario covid19 creado mediante Decreto 568 del 2020, suspender los efectos de los beneficios tributarios de la Ley de Crecimiento Económico, solicitar un crédito directo al Banco de la República, garantizado en reservas internacionales, en desarrollo del artículo 373 de la Constitución. También Colombia tiene que buscar la renegociación de la deuda externa.
La iniciativa denominada “Propuesta Económica: el Estado como garante de la vida digna de la población y el sostenimiento de la economía” busca alcanzar un acuerdo nacional que permita a las ramas ejecutiva y legislativa trabajar de la mano para superar las amenazas y el daño causado por la expansión abrumadora del Covid-19.
La Renta Básica Mensual o como sea que la quieran llamar desde el Gobierno, buscaría otorgar un subsidio por valor de un salario mínimo mensual con todas las prestaciones sociales y legales ($1.409.000) que se entregaría a 3.5 millones de personas empleadas en actividades formales e independientes vulnerables a la crisis y entregarle también un salario mínimo ($877.000) a los 9.5 millones de hogares pobres, informales y vulnerables que tiene nuestro país. Con esta propuesta se beneficiaría 31 millones de personas en Colombia.
Esta propuesta tiene el doble efecto que, dé más ingresos, estimular el consumo y demanda nacional, que ojalá todos sean productos nacionales y no fruto de importaciones, ni contrabando, para promover el mejoramiento de la economía.
Ojalá el Gobierno Nacional la adopte, se haría justicia con millones de compatriotas que hoy están en una situación extrema de necesidad y pasando penurias para subsistir.
Bogotá, D. C, 18 de mayo de 2020
*Senador Liberal
@GGarciaRealpe
Por Mauricio Cabrera Galvis.- Las finanzas de municipios y departamentos también han sido afectadas por la pandemia, lo mismo que las empresas, colegios, universidades, trabajadores, independientes e informales, pero hasta ahora no han recibido ninguna ayuda del único que tiene la capacidad de ofrecerla, el Gobierno Nacional.
Los gobernadores, y sobre todo los alcaldes, son los que tienen que enfrentar directamente el hambre, el desespero, la indisciplina y los reclamos de la población, además de tener la responsabilidad directa sobre los sistemas de salud y educación. Todo ello les impone gastos adicionales que, si bien no son de la magnitud de los del Gobierno Nacional, si afectan sus maltrechas tesorerías.
El impacto más grave ha sido sobre sus ingresos, tanto tributarios como no tributarios, que han caído de manera significativa. Además de las transferencias de la Nación y las regalías, los departamentos dependen de los impuestos al vicio (licores y cigarrillos), al registro y a vehículos, mientras que los municipios los más importantes son el predial, el ICA y las sobretasas a la gasolina. Todos ellos están disminuyendo en su causación o en su recaudo.
La Federación Nacional de Departamentos (FDN) ha estimado que en abril los ingresos departamentales en promedio cayeron $290.000 millones, es decir el 45% frente al mismo mes del año pasado, siendo los más afectados el de vehículos (-90%) y el de Registro (-71%), mientras que el de licores “solo” ha caído 32%. Con la caída del recaudo del IVA a nivel nacional y de los ingresos petroleros, también habrá una reducción en las transferencias de la Nación.
No se conocen todavía datos de los municipios, parece que el gremio que los agrupa está dedicado a otros menesteres, pero la Dirección de Apoyo Fiscal del ministerio de Hacienda (DAF) ya montó un modelo para cuantificar el impacto económico del COVID-19 sobre los entes territoriales y está recolectando la información.
En relación a la pandemia, los departamentos y municipios están en una situación peor que las empresas, en la medida en que han visto reducir sus ingresos pero están manteniendo sus plantas de personal y además han tenido que incrementar sus gastos. En este sentido deberían tener apoyos similares a los que han recibido las empresas del gobierno nacional.
En primer lugar, para mantener el empleo en estas entidades debe tener acceso al programa de apoyo al empleo formal (PAEF) y recibir el 40% del salario mínimo para cada uno de sus empleados. Si se ha abierto esta posibilidad para todas las personas jurídicas, no hay razón para que los entes territoriales que han tenido una caída mayor al 20% en sus ingresos no reciban este apoyo.
En segundo lugar hay que ofrecerles nuevas alternativas de endeudamiento en condiciones preferenciales. Para no ser tachado de populista irresponsable no voy a proponer que se haga lo de Estados Unidos donde el banco central va a comprar miles de millones de dólares de bonos municipales, sino tan solo que se les ofrezca a los entes territoriales las mismas ayudas que se han dado al sector privado.
En este caso serían líneas de crédito de Findeter con tasas subsidiadas y garantías del gobierno nacional, hasta del 90%, para préstamos de los bancos comerciales. Además, que se les permita endeudarse con sus propios recursos que tienen en el Fonpet, como ya lo hizo el mismo gobierno.
Bogotá, D, C, 17 de mayo de 2020
*Filósofo y Economista. Consultor.
Por Amylkar D. Acosta M*.- El sector eléctrico colombiano, cuya matriz depende en un porcentaje del 67.8%, de la capacidad de generación hídrica, que lo torna muy vulnerable ante las inclemencias del tiempo. Pues bien, a consecuencia de la variabilidad climática, en los últimos 6 meses se han registrado, según el IDEAM, muy bajas precipitaciones, muy por debajo de los promedios históricos. Ello llevó a que en el I trimestre de este año el nivel promedio de los embalses de generación eléctrica se ubicara, según el Operador del Sistema XM, en 34.6%, en abril bajó aún más, hasta el 31.8% y al corte del 11 de mayo alcanzó mínimos históricos del 32.4%, el más bajo en 20 años para este mismo mes (¡!).
Ello conllevó un aumento de la participación, hasta el 34% de la generación térmica, que por ser más costosa presionó al alza el precio y ello se tradujo en una gran volatilidad del precio de la energía en Bolsa, que llegó a cotizarse en febrero a $500 el KWH, en el mes de marzo a $420 el KWH y en los últimos días ha oscilado alrededor de los $320 el KWH.
Como es bien sabido el precio de la energía incide en el cargo por generación de la tarifa de la energía. Lógicamente el impacto sobre esta última dependerá del grado de exposición en Bolsa por parte del Operador de red. ELECTRICARIBE y ENERTOLIMA, por tener una exposición del 35% y 30%, respectivamente, son las que llevan la peor parte.
Pero la mayor preocupación que embarga a la Ministra de Minas y Energía María Fernanda Suárez es que, según el IDEAM, aunque en el mes de mayo se espera que las precipitaciones se aproximen a los promedios históricos, su previsión de los aportes hídricos para los meses venideros de junio y julio estarían alejándose de la media histórica y nada asegura que en los meses subsiguientes tengan un comportamiento tal que permita la recuperación de los embalses. Y lo grave es que, pese a la hidrología crítica, las centrales hidráulicas han seguido generando al tope, sin reparar en las consecuencias que de ello se puedan derivar.
Como afirma el Director de Óptima Consultores Alejandro Lucio, en la medida que las plantas hidráulicas dependen en un porcentaje muy relevante de los contratos que firman con clientes y al tener el costo de generación más bajo, las mismas tienen un gran incentivo para seguir generando utilizando el agua de sus embalses, porque de lo contrario tendrían que salir a comprar la energía en Bolsa, pagándola alrededor de los $300 por KWH para poder cumplir sus compromisos contractuales pactados a precios que fluctúan alrededor de los $200 el KWH, perdiendo más de $100 por cada KWH vendido.
Esta fue la razón que llevó a la CREG a expedir, para comentarios, dos medidas cautelares, la Resolución 080 y la Resolución 081 con las cuales se busca evitar que “la recuperación económica del país no se vea limitada por riesgos en el suministro de energía”. La primera de ellas se fundamenta en el Estatuto para situaciones de riesgo de abastecimiento, contenido en la Resolución de la CREG 026 de 2014 que me tocó expedir como Ministro ante la inminencia del fenómeno del Niño de ese año. Con base en este Estatuto, en condiciones de riesgo, se puede activar un “mecanismo de embalsamiento y generación forzada” y se aplica “cuando el mercado no ha respondido a las señales de situaciones de riesgo de desabastecimiento”. Sobre todo ante los fundados temores que auguran escenarios prolongados de baja hidrología en los próximos 2 años. Y este es el caso.
Con expedición de esta Resolución se contempla la intervención del mercado, que no es inteligente y puede precipitar un desabastecimiento de energía en el futuro próximo, obligando a los generadores hídricos a reservar agua para recuperar los embalses, que para el inicio del verano 2020 - 2021, según los análisis de XM, debe alcanzar un nivel agregado del 70% y así poder sobreaguar la temporada seca que se avecina peligrosamente.
Complementariamente a la Resolución 80 de la CREG se acaba de expedir otra, la 081, también para consulta, tendiente a abrir una nueva convocatoria de una subasta de reconfiguración de compra de obligaciones de energía firme (OEF), en orden a asegurar el cumplimiento de las obligaciones totales de energía firme para lo que resta de este año y el entrante. Entre las consideraciones de dicha Resolución está “la necesidad de asignar oferta en firme adicional para cubrir la demanda objetivo en los períodos identificados”, 2020 – 2021 y 2021 – 2022.
Según el Presidente de ANDEG Alejandro Castañeda, con la misma, “lo que se busca es mitigar el riesgo de proyectos en construcción y si hay demoras en los mismos”. Es una realidad la incertidumbre en torno al atraso y la fecha de entrada de HIDROITUANGO, después de todas sus vicisitudes, como también de las dificultades y las demoras que ha representado el confinamiento para el alistamiento y la logística requerida para el cumplimiento del cronograma de la instalación de más de 2.200 MW de fuentes no convencionales de energías renovables (FNCER) contratadas el año anterior.
Hacia el futuro conviene que este sea uno de los aspectos de los cuales se ocupe el Gobierno Nacional y la CREG, a propósito de la puesta en marcha de las recomendaciones de la Misión de Transformación Energética, que pasa por la digitalización del Sistema. Situaciones de desacople entre la oferta y la demanda o de desbalance, como sucede actualmente, en lugar de tramitarse mediante la expedición en volandas de medidas regulatorias, sometidas a la falibilidad de los expertos y gestores, en lo sucesivo, se deberán resolver apelando a la tecnología de la Big Data y la inteligencia artificial. De esta manera, en lo sucesivo, se puede reducir al máximo la discrecionalidad en la toma de decisiones como esta por parte ya sea de los agentes del mercado y/o de la mano invisible de este.
Cota, mayo16 de 2020
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Por Juan Camilo Restrepo*.- La revista “The Economist”, que ha venido publicando una serie de excelentes informes con motivo de la pandemia, pronostica que al final del año 2020 los países en su conjunto llegarán a acumular deuda pública (como proporción del PIB ) equivalente al 122%. Y que el déficit fiscal mundial equivaldrá al 11% del PIB colectivo.
Estas cifras lo que nos está recordando es que la crisis actual llevará a los países- incluido el nuestro por supuesto- a utilizar el endeudamiento público como instrumento preeminente para obtener los recursos necesarios para financiar los programas de gasto público que la pandemia reclama.
Y no es raro que así acontezca. Es lo que ha sucedido siempre que un país, individualmente considerado, afronta una crisis mayúscula como la que estamos enfrentando. Crisis que reclama una actuación más rotunda de los Estados que aquella que se esperaría en épocas de normalidad.
Este es un fenómeno que se ha acentuado a partir del siglo XX cuando las responsabilidades del Estado se ensanchan; y cuando se afianzan en todas las Constituciones las responsabilidades gubernamentales en lo atinente a la seguridad social y al empleo.
No siempre fue así. En el siglo XIX el papel del Estado en el conjunto de la economía era mucho más discreto. Las guerras se ganaban (como sucedió casi siempre en Colombia en la triste historia de nuestras guerras civiles) por quien controlaba la imprenta para emitir papel moneda y las aduanas.
Por el contrario: cuando los mercados de capitales se desarrollaron y los mecanismos del crédito público se sofisticaron a finales del siglo XIX, las guerras se empezaron a financiar no tanto con la maquinita de emisión sino con endeudamiento público.
Una vez pasada la guerra o la emergencia, los Estados modernos empiezan a disminuir sus niveles de endeudamiento y a recoger parte al menos de la deuda contraída con más tributación; con algo de inflación (que licúa las deudas viejas); y ante todo con el buen crecimiento económico que suceden a las vacas flacas de las pandemias o de las guerras.
Lo que sucedió con la segunda guerra mundial -que las potencias aliadas ganaron básicamente elevando sus niveles de endeudamiento- es muy aleccionador. En el punto más alto de la guerra, el gobierno de los Estados Unidos llegó a acumular deuda pública equivalente al 112% del PIB y el Reino Unido al 259%. El 1980, la deuda pública del gobierno norteamericano como proporción del tamaño de su economía se había reducido al 60% y en el Reino Unido al 43%.
Este es el ciclo constante de las finanzas públicas, que tanto en Colombia como en el resto del mundo estamos iniciando con la pandemia. Naturalmente cada país guarda sus peculiaridades puesto que existen diferencias en la capacidad fiscal de cada quien. De allí que el tamaño relativo de las ayudas contra cíclicas sean distintas entre países: los más ricos pueden ayudar proporcionalmente más a los desvalidos y afectados que los más pobres.
Pero el patrón es el mismo: la primera oleada de necesidades se atiende con más endeudamiento estatal. Y luego, cuando las aguas vuelven a orillas más tranquilas y el crecimiento económico se reencuentra, disminuyen los niveles de la deuda pública y se recurre en mayor proporción a las fuentes tributarias y al dinamismo del crecimiento.
Este patrón empieza a “perfilarse” también en Colombia, para utilizar un verbo de moda .Ya se autorizó por parte de la comisión de la regla fiscal un incremento del nivel de endeudamiento del 2,2% del PIB al 6,1%. Esto, como lo analicé en artículo anterior, significará en plata blanca un aumento del endeudamiento del gobierno central en cerca de 53 billones de pesos. Y puede ser mayor.
Los detalles de toda esta gran ecuación financiera los conoceremos cuando se divulgue el nuevo Marco Fiscal de mediano plazo (MFMP) en junio, en el que se está trabajando según ha informado el Ministro de Hacienda.
Y luego, siguiendo la senda que marca la historia de manera constante, cuando pase la pandemia y sobre todo cuando se superen sus devastadores efectos sobre el crecimiento económico y el empleo, la deuda pública se hará discretamente a un lado para dejar el puesto protagónico en el escenario de la hacienda pública a los impuestos.
Bogotá, D. C, 17 de mayo de 2020
*Abogado y Economista. Exministro de Estado.
